Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00840-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2016-00840-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00840-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00840-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2022
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00840-01 (0709-2020).
Actor: EUGENIO MARÍN TORO Y OTROS.
Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL.
Trámite: APELACIÓN SENTENCIA - LEY 1437 DE 2011.
Decisión: CONFIRMA SENTENCIA QUE NEGÓ PRETENSIONES.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA
El proceso de la referencia viene con informe de la Secretaría 1, y cumplido el trámite
previsto en el artículo 2472 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, procede la Sala a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 25 de octubre de 20193
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda4, que negó las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES.
1.2 La demanda y sus fundamentos5.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6, los
demandantes7 a través de apoderado judicial, solicitaron la nulidad de los fallos
disciplinarios de 18 de febrero de 20158 y 19 de marzo de 20169 proferidos por el
Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
1 De 9 de agosto de 2021. Folio 238 del expediente, cuaderno principal.
2 Ley 1437 de 2011, artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…).
3 Visible en folio 173 del expediente, cuaderno principal.
4 Sala Tercera de Decisión; M.P. Juan Carlos Hincapié Mejía.
5 Visible en folio 7 del expediente, cuaderno principal.
6 Consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1437 de 2011, artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior. (…).
7Jhon Edwin Marín Saénz –sancionado con los actos demandados-; Lina Marcela Corrales García -esposa-,
quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Santiago Marín Corrales; Martha Cecilia
Sáenz -madre del disciplinado; Eugenio Marín Toro –padre del disciplinado-; Diana Milena Marín Sáenz –
hermana del disciplinado-.
8 Visible en folio 182 del expediente, cuaderno del expediente disciplinario.
9Visible en folio 216 del expediente, cuaderno del expediente disciplinario.
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
Pereira y el Inspector Delegado Regional Nº 3 de la Policía Nacional,
respectivamente, por medio de los cuales el señor Jhon Eduwin Marín Sáenz fue
sancionado con destitución del cargo de Patrullero adscrito a la Unidad Básica de
Investigación Criminal de La Virginia, Risaralda, e inhabilidad general de diez (10)
años.
Como consecuencia de lo anterior, el apoderado de la parte demandante solicitó a
título de restablecimiento que se condene a la entidad demandada a: 1) En relación
con el señor Jhon Eduwin Marín Sáenz, reintegrarlo al cargo que venía
desempeñando o a otro equivalente o de superior categoría, reconocerle los
asensos a que hubiere lugar, otorgarle el derecho al subsidio de vivienda de la Caja
Promotora de Vivienda Militar, pagarle los salarios y beneficios prestacionales
dejados de percibir sin solución de continuidad, indemnizarlo por daño emergente -
54 smlmv-, por perjuicios morales -100 smlmv- y por alteración en las condiciones
de existencia -100 smlmv-; 2) en cuanto a los demás demandantes, pagar por
perjuicios morales y alteración en las condiciones de existencia las siguientes
sumas: a Lina Marcela Corrales García -cónyuge- 100 smlmv, a Santiago Marín
Corrales -hijo- 80 smlmv, a Martha Cecilia Sáenz -madre- 50 smlmv, a Eugenio
Marín Toro -padre- 50 smlmv, y a Diana Milena Marín Sáenz -hermana- 50 smlmv;
3) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437
de 2011, así como indexar los valores solicitados; y 4) Pagar las costas del proceso.
La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada en la
demanda, así:
Afirmó el apoderado de los demandantes que, para los meses de octubre y
noviembre de 2013, el señor Jhon Eduwin Marín Sáenz fungía como Patrullero de
la Unidad Básica de Investigación Criminal, en el cargo de investigador adscrito
orgánicamente al Grupo de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio
Económico MEPER-DIJIN, ejerciendo sus funciones en la Estación de Policía La
Virginia, Risaralda, asignado como líder de la investigación penal adelantada en
contra de Edelberto de Jesús Chica Colorado “alias Chica”, contra quien además
había una recompensa por su captura.
Indicó que para la referida época, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia
profirió varias órdenes de captura, entre ellas la Nº 290007743 de 8 de octubre de
2013 contra el señor Edelberto de Jesús Chica Colorado -alias Chica- por los delitos
de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, razón
por la cual se realizó un operativo en conjunto SIJIN-SIPOL en el barrio La
Magdalena del municipio en cita, donde se logró la captura de once personas
2
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
quedando pendiente de capturar otras10 entre ellas “alias Chica” dado que no se
logró establecer su ubicación.
Expuso que con posterioridad el patrullero Víctor Rafael Gómez Rojas -Recolector
de información CAPA La Virginia- socializó y dio a conocer al personal de vigilancia
de la Estación de Policía La Virginia que las personas que no pudieron ser
capturadas seguían con la orden de captura vigente, pero pese a ello días después
al ser capturado el señor Edelberto de Jesús Chica Colorado -alias chica- y
trasladado a la referida Estación de Policía el señor patrullero Jhon Eduwin Marín
Sáenz hizo que lo dejaran libre argumentando que este no tenía asuntos judiciales
pendientes.
Expresó que en otra oportunidad el Subteniente Juan Darío Gómez Rico -
Subcomandante de la Estación de Policía La Virginia- en el mes de noviembre de
2013, condujo a “alias Chica” a las instalaciones policiales pero al preguntarle al
señor patrullero Jhon Eduwin Marín Sáenz por la orden de captura del referido
detenido éste le contestó que tenían que dejarlo libre porque no le figuraba ninguna.
Señaló que tiempo después -el 16 de febrero de 2014- el patrullero Jhon Eduwin
Marín Sáenz –ahora demandante- y otros uniformados capturaron a “alias Chica”
haciendo efectiva la orden de captura que había en contra de aquel de tiempo atrás
-por quien además había una recompensa económica para su captura-11.
Mencionó que por los hechos antes mencionados la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Pereira mediante auto de 5 de mayo de 201412
(i) dio apertura a indagación preliminar en contra del patrullero Jhon Eduwin Marín
Sáenz, (ii) citó a audiencia disciplinaria y (iii) le imputó a título de dolo la falta
gravísima del artículo 34 (numeral 9) de la Ley 1015 de 2006 -realizar una conducta
descrita en la ley como delito-, en concordancia con el artículo 414 del Código Penal
-prevaricato por omisión-13, en vista que, en todas las oportunidades en las cuales
el personal de vigilancia conducía hasta la Estación de Policía de La Virginia al
señor Edelberto de Jesús Chica Colorado “alias Chica” el ahora demandante
propició que lo dejaron libre negando la existencia de ordenes de captura en su
contra -pese a que contra aquel figuraba la Orden de Captura Nº290007743 de 8
de octubre de 2013 del Juez Promiscuo Municipal de La Virginia, documento que el
10 Quedaron pendientes de ser capturados los señores Natalia Andrea Gil Mosquera; Gloria Patricia Ramírez
Suarez -alias La Mona-; y Edelberto de Jesús Chica Colorado -alias Chica-.
11 La cual era conocida por el demandante, pues de conformidad con el material probatorio allegado al plenario,
se tiene que solicitó información al respecto al Fiscal 3 Especializado de Pereira mediante informe de
investigador de campo -FPJ- 11 De 30 de septiembre de 2013, Visible en folio 66 del expediente, cuaderno del
expediente disciplinario. Notando con extrañeza que el ahora demandante solicitó pago de información a fuente
humana por la ubicación del referido capturado, lo que a juicio de la entidad demandada denota su falta de ética
y profesionalismo, generando inconformismo por su comportamiento.
12 Visible en folio 4 del expediente, cuaderno del expediente disciplinario.
13 Ley 599 de 2000. ARTÍCULO 414. PREVARICATO POR OMISIÓN. El servidor público que omita, retarde,
rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
3
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
ahora demandante conocía pues lo había solicitado al Fiscal 3 Especializado de
Pereira mediante informe de investigador de campo -FPJ- 11 de 30 de septiembre
de 2013-.
Indicó que la Oficina de Control Disciplinario Interno MEPER mediante fallo de
primera instancia de 18 de febrero de 201514 sancionó al señor Jhon Eduwin Marín
Sáenz con destitución cargo de patrullero de la Policía Nacional e inhabilidad
general de diez (10) años por el cargo disciplinario imputado -decisión que fue
apelada-, y el Inspector Delegado de la Regional Nº 3 de la Policía Nacional
mediante fallo de segunda instancia de 19 de marzo de 201615 confirmó en su
integridad la sanción. Agregó que el Director General de la Policía expidió la
Resolución Nº02209 el 6 de mayo 201716 mediante la cual ejecutó el correctivo
disciplinario.
1.2 Las normas vulneradas y el concepto de la violación.
El apoderado judicial de los accionantes señaló como vulneradas las siguientes
disposiciones:
• Constitución Política, artículos 29 y 229
• Ley 734 de 2002, artículos 5, 6, 9, 13, 17, 19, 21, 28, 90, 92, 128, 140, 141 y
142.
• Ley 1015 de 2006, artículos 5, 6, 7, 11, 16, 18, 19 y 20.
Concepto de violación17.
Señaló el apoderado de los demandantes que, la autoridad disciplinaria demandada
vulneró el derecho al debido proceso y la garantía de defensa del señor Jhon
Eduwin Marín Sáenz, en atención a los siguientes argumentos:
Afirmó que la autoridad disciplinante vulneró el debido proceso por cuanto i) practicó
unas pruebas que no fueron decretadas, además no garantizó la participación del
investigado en la práctica de éstas; ii) negó el decreto de unas pruebas sin la debida
sustentación; iii) no permitió ejercer el derecho de contradicción sobre las
declaraciones del Capitán Héctor Manuel Sacristán -Subjefe Seccional de
Investigación Criminal MEPER-, del Subintendente Ferney Oberty Dominguez
Benavides, y del Subteniente Juan Darío Gómez Rico, pues si bien aparece una
comunicación de práctica de pruebas dirigida al disciplinado, éste no la recibió, ni
se enteró de la realización de dichas declaraciones, impidiéndole participar en ellas.
Aseveró que la autoridad disciplinaria incurrió en falsa motivación de los actos
sancionatorios, pues no tuvo en cuenta ni resolvió las dudas y contradicciones
14 Visible en folio 181 del expediente, cuaderno del expediente disciplinario.
15 Visible en folio 216 del expediente, cuaderno disciplinario.
16 Visible en folio 266 del expediente, cuaderno disciplinario.
17 Para efectos permitir una resolución ordenada de los argumentos de nulidad planteados por el actor en la
demanda, estos se agruparán en diferentes ítems. Visible en folio 7 del expediente, cuaderno principal.
4
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
presentadas en las declaraciones referidas en precedencia, por lo que nunca se
pudo establecer la presunta conducta del encartado.
Expuso que, el operador disciplinario vulneró el derecho de defensa del investigado
dado que, no le nombró un defensor de oficio, ni le advirtió en todo el proceso el
derecho que tenía de ser asistido por un abogado, razón por la cual, no contó con
la debida asesoría y defensa técnica.
Mencionó que el demandante realizó la conducta bajo una causal de exclusión de
responsabilidad, en vista que, actuó con la convicción errada e invencible de que su
proceder no constituia falta disciplinaria.
Indicó que la autoridad disciplinaria incurrió en indebida valoración probatoria, toda
vez que i) no se probó la afirmación según la cual “no existe duda que es
responsable, … al no demostrarse causal de exclusión de responsabilidad alguna”,
pues no se señaló cual era la prueba de la responsabilidad; ii) no se probó el
traumatismo e indisciplina que ameritara la sanción, al cual hizo referencia el
operador correctivo; y iii) no se probó que el disciplinado hubiera tenido acceso a la
orden de captura de “alias Chica”, ni que el pago de la recompensa lo haya recibido
o sea atribuible al disciplinado.
Refirió que aunado a lo anterior, la entidad demandada no estableció el número de
capturas que el fiscal le solicitó al juez, cuantas órdenes de captura le entregó el
Fiscal al Capitán de la Estación de Policía o cuantas éste entregó a sus subalternos
para hacerlas efectivas, por lo tanto no se probó que el disciplinado Jhon Eduwin
Marín Sáenz tuviera la orden de captura en su poder, que tuviera el deber de
ejecutarla, que tuviera ánimo de proteger al referido delincuente o que hubiera
participado en el cobro y pago de la información para la captura.
1.2 Contestación de la demanda18.
La Policía Nacional, a través de apoderada19 contestó la demanda oponiéndose a
las pretensiones del líbelo, con base en los siguientes argumentos:
Manifestó que el actor en su condición de funcionario de policía judicial, era líder y
coordinador de la investigación adelantada dentro del proceso penal
Nº66400610672201180442, además de haber suscrito el informe de investigador
de campo -FPJ- 11 de 30 de septiembre de 2013, dirigido al Fiscal 3 Especializado
de Pereira, mediante el cual informó sobre la actividad de policía judicial adelantada
hasta el momento y sugiriéndole que frente a los elementos materiales de prueba
aportados a la investigación, se solicitara al Juez de Control de Garantías la
expedición de las respectivas órdenes de captura para veintidós (22) personas
18 Visible en folio 102 del expediente, cuaderno principal.
19 Abogada Olga Patricia Castillo Bedoya.
5
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
relacionadas en el informe, entre las que se encontraba Edelberto de Jesús Chica
Colorado.
Expuso que de conformidad con lo anterior y con las declaraciones rendidas por el
Capitán Héctor Manuel Sacristán Franco -Subjefe de la Seccional de Investigación
Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira- y la del Intendente Henry Antonio
Patiño -Jefe de la Unidad Básica de Investigación Criminal de La Virginia- se
concluye que el disciplinado conocía de las órdenes de captura vigentes, por lo que,
obró en contra de su deber funcional, incurriendo en el tipo disciplinario endilgado.
Indicó que la autoridad disciplinaria respetó el debido proceso y las garantías
fundamentales del investigado como el derecho a la defensa, dado que, se le
brindaron todos los medios legales para ejercer sus prerrogativas legales y
constitucionales, y pudo contradecir las pruebas obrantes en el plenario.
Expresó que el instructor disciplinante estableció la modalidad de la conducta como
dolosa, ya que, el demandante tuvo conocimiento que la orden de captura estaba
vigente y se debía hacer efectiva en cualquier momento, bien fuera por los
funcionarios de policía judicial en el ejercicio propio de sus funciones, o por la policía
uniformada en desarrollo de su actividad policial.
Refirió que el fallador realizó una adecuada valoración probatoria, y contó con los
elementos de convicción necesarios para demostrar la ocurrencia del hecho, su
configuración como falta disciplinaria, el autor, su responsabilidad y la modalidad en
que se realizó.
1.3 La sentencia apelada20.
El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de primera instancia de 25 de
octubre de 2019, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:
Expuso que la autoridad disciplinaria no vulneró el debido proceso por indebida
valoración probatoria, toda vez que al señor Jhon Eduwin Marín Sáenz le fue
notificada en debida forma el lugar, fecha y hora para la recepción de las
declaraciones rendidas en el proceso disciplinario y que todos los elementos
probatorios fueron analizados por la autoridad disciplinaria bajo los criterios de la
sana crítica, por lo que no tiene asidero el argumento de nulidad acerca de
declaraciones irregulares, pues éstas no fueron los únicos elementos de juicio en
que se basó el fallador para tomar la decisión sancionatoria.
20 Visible en folio 173 del expediente, cuaderno principal.
6
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
Mencionó que la autoridad disciplinaria observó las garantías y prerrogativas
fundamentales que le asistían al investigado en materia probatoria, porque contó
con las oportunidades procesales para aportar y contradecir los elementos de
prueba allegados en su contra, presentó los recursos de ley pertinentes, y si bien
hubo algunos testimonios que fueron practicados sin su presencia, éste los
controvirtió en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia; así mismo, el disciplinante otorgó el valor o mérito a cada una de las
pruebas de manera razonada, encontrándose la decisión ajustada a derecho.
Explicó que, de conformidad con el material probatorio obrante en el proceso
disciplinario, se concluyó -con observancia del principio de in dubio pro disciplinado-
que el investigado incurrió en la falta disciplinaria endilgada referente a la realización
de una conducta descrita en la ley como delito -prevaricato por omisión-.
Indicó que los actos acusados no fueron proferidos con falsa motivación, toda vez
que, se acreditó que el demandante era el líder de la investigación penal seguida
en contra de Edelberto de Jesús Chica Colorado y otros, y que debía cumplir las
funciones establecidas en el Formato 2PP-FR-009 -denominado Descripción de
Cargos y Perfiles-, las cuales omitió por lo cual no existe duda que la entidad
demandada recaudó las pruebas necesarias para determinar la tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad de la conducta endilgada al encartado.
Refirió que la autoridad demandada encontró configurada la modalidad dolosa de la
conducta adelantada por el disciplinado, pues en el expediente no existe prueba
que demuestre la presunta imposibilidad de cumplir con sus funciones, por el
contrario, pese a conocer sus deberes y obligaciones propias de su cargo
voluntariamente decidió actuar en contravía de estos.
Expresó que la entidad demandada no vulneró el derecho de defensa del
investigado al no nombrarle un abogado de oficio, esto por cuanto, la defensa
técnica no es un presupuesto sine qua non del ejercicio de la potestad sancionatoria
en materia disciplinaria, por lo que, ello no puede ser considerado como una causal
de nulidad de los actos acusados.
1.4. El recurso de apelación21.
El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
Señaló que pese a los argumentos del Tribunal A quo existieron irregularidades en
la recepción de los testimonios de los señores patrullero Víctor Rafael Gómez Rojas,
Mayor Héctor Manuel Sacristán, Subteniente Juan Darío Gómez Rico, y
Subintendente Ferney Oberty Domínguez Benavides, por no permitirse la
21 Visible en folio 200 del expediente, cuaderno principal.
7
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
intervención del encartado en su práctica, por lo que éstos elementos de prueba no
debieron ser tenidos en cuenta por el fallador disciplinario, sin embargo, fueron
valorados al realizar el análisis de las pruebas allegadas al plenario en su conjunto.
Expresó que, el Tribunal A quo incurrió en indebida valoración probatoria, esto por
cuanto i) el IT. Wilton Hernando García Corona, señaló en su declaración la forma
cómo llevo a cabo la captura de “alias Chica” y en ninguna parte mencionó al
demandante, por lo que no se puede inferir que participara en la diligencia; ii) los
patrulleros Ariel Antonio Flores Taborda, Daniel Valverde Acevedo, Cesar Augusto
Pinilla Ocampo, Julián David Grajales Muñoz, y Jhon Harold Corrales, indicaron que
en ningún momento le fue indicado que contra “alias Chica” pesaba alguna orden
de captura, solamente sabían que eso se encontraba en proceso; y iii) los
patrulleros Gustavo Adolfo Herrera Hincapié, Guillermo Arturo López Corrales y el
ST. Hernando Daza Pérez dijeron no recordar los hechos motivo de la investigación
disciplinaria; y iv) el Capitán Héctor Manuel Sacristán Franco en su ampliación de
declaración22 dijo que no recuerda si el demandante se encontraba presente el día
de la entrega de las órdenes de captura, ni el número de éstas, contra que personas
fueron proferidas, ni si le hizo entrega de estas al disciplinado para su ejecución,
también narró el procedimiento de solicitud, expedición y registro en las bases de
datos, pues se venía presentando un desorden de gran magnitud para el registro de
estas.
Refirió que no obra en el expediente prueba de los presuntos traslados o
conducciones del señor Edelberto de Jesús Chica Colorado a las instalaciones
policiales, solo existe la versión del Patrullero Víctor Rafael Gómez Rojas, en su
queja y su ratificación.
Afirmó que el Fiscal 3 Especializado de Pereira certificó que las órdenes de captura
le fueron entregadas al capitán Héctor Manuel Sacristán y no al disciplinado;
tampoco existe prueba que permita establecer que efectivamente fue librada la
orden de captura contra Edelberto de Jesús Chica Colorado, esto por cuanto, el
Coordinador de Fiscalías Seccionales de La Virginia23, certificó que de las
investigaciones adelantadas por las unidades de Fiscalía de ese municipio no hay
solicitud de orden de captura; y tampoco se advierte la realización de las audiencias
de solicitud de orden de captura para los meses de octubre y noviembre de 2013,
en contra del referido.
Manifestó que el Tribunal A quo no tuvo en cuenta que se configuró la causal de
exclusión de responsabilidad de la conducta dispuesta en el numeral 6 del artículo
22 Visible en DVD, audio 5 – MEPER 2014 - 92 – Prueba 2, folio 163.
23 Dr. Cesar Augusto Franco García.
8
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
41 de la Ley 1015 de 200624, toda vez que, el señor Jhon Eduwin Marín Sáenz actuó
con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta
disciplinaria, pues al desconocer la existencia de la orden de captura en contra de
“alias Chica” no podía obrar de manera distinta; tampoco tiene asidero el argumento
que con su conducta afecto el servicio Policial, pues no hubo ningún perjuicio ya
que el señor en cita fue detenido meses después de la orden de captura emanada
en su contra, por lo que no se trató de un favorecimiento o encubrimiento, ni el citado
se fugó o evadió la justicia por culpa atribuible al demandante.
Expresó que la autoridad disciplinaria y el Tribunal A quo incurrieron en falsa
motivación, toda vez que, no es cierto que el demandante haya incurrido en una
conducta descrita en la ley como delito, pues no existe proceso penal en contra del
actor por los hechos investigados en materia disciplinaria, en ese sentido, la
autoridad policial debió haber formulado denuncia penal en contra del accionante,
pero no lo hizo, por lo tanto, es dable afirmar que tal conducta delictual no ocurrió.
Mencionó que el A quo inobservó que la autoridad disciplinaria no debió catalogar
la conducta bajo la modalidad de culpabilidad dolosa, pues el demandante en su rol
de líder investigador del caso logró la judicialización de 24 personas y la obtención
de un numero de órdenes de captura sin determinar, y era de su pleno interés lograr
un proceso investigativo exitoso que culminara con la captura de sus investigados,
sabiendo lo que ello representa al interior de una institución que concede especiales
reconocimiento a quienes lideran y concluyen con éxito en investigaciones de este
tipo.
1.5. Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público.
• Alegatos de la parte demandante25.
La parte demandante través de apoderado presentó alegatos de conclusión, con
base en los siguientes argumentos:
Manifestó que la autoridad disciplinaria de primera y segunda instancia emitió los
actos administrativos sancionatorios con desviación de poder, en vista que,
fundamentó sus decisiones en circunstancias y testimonios irregulares con el fin de
realizar señalamientos al encartado en cumplimiento de órdenes de sus superiores,
realizando una valoración sesgada de los hechos y una adecuación fáctica
inapropiada.
24 Artículo 41. Exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien
realice la conducta bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (…) 6. Con la convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
25 Visible en índice 12 del expediente digitalizado en SAMAI.
9
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
Señalo que el Tribunal A quo incurrió en indebida valoración probatoria, toda vez
que, está demostrado que las órdenes de captura fueron recibidas por sus
superiores, y no por el disciplinado, pues no existe prueba en el expediente que
acredite que él las recibió, aunado a ello, el oficio de 19 de Noviembre de 2014,
expedido por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana
de Pereira, da cuenta que dicha la orden de captura fue recibida por el Capitán
Héctor Manuel Sacristán.
Expuso que el Tribunal A quo no tuvo en cuenta que en el proceso disciplinario
hablaron y citaron la orden de captura, pero no se probó que ésta la hubiere tenido
en su poder el demandante; lo que sí está probado es que IT Wilton Hernando
García Corona, policial que realizó la captura26, acudió al juez para verificar el
requerimiento judicial del señor “alias Chica”, lo que indica que la orden de captura
no la tenía el disciplinado.
Aseveró que no existe nexo causal entre la conducta de Jhon Eduwin Marín Sáenz
y la no captura del señor “alias Chica” en un término menor al ocurrido, ya que no
tenía la orden de captura y por lo tanto la obligación de ejecutarla.
Afirmó que existe prueba que entre el actor y el patrullero Víctor Gómez Rojas
existían conflictos, por dineros de recompensas de capturas y problemas
económicos, como lo indica el capitán Sacristán27, y en ampliación de declaración28,
y de las declaraciones del Intendente Henry Antonio Patiño 29, y del IT. Wilton
Hernando García Corona30.
• Alegatos de la parte demandada.
La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal, tal como se
puede corroborar en el informe de secretaría de 9 de agosto de 202131.
• Concepto del Ministerio Público.
El Ministerio Público guardó silencio, como se puede constatar con el informe de
secretaría de 9 de agosto de 202132.
26 folio 185 del Cuaderno disciplinario.
27 a folio 8 y 9 del proceso disciplinario.
28 que obra en DVD, Traslado, Audiencia Proceso Disciplinario, audio 5 – MEPER 2014 - 92 – Pruebas minuto
00:22:10
29 Declaración que obra en DVD – traslado, audiencia de proceso disciplinario AUDIO MEPER-2014-92
PRUEBA 1.
30 folio 46 del proceso disciplinario o 52 digital del anexo 1.
31 Visible en folio 238 del expediente, cuaderno principal.
32 Visible en folio 238 del expediente, cuaderno principal.
10
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
II. CONSIDERACIONES.
2.1. Problemas jurídicos.
Analizados los argumentos del recurso de apelación, así como la decisión
impugnada, encuentra la Sala que para resolver el presente asunto deberá atender
los siguientes problemas jurídicos:
Primer problema jurídico: ¿Establecer si el A quo inobservó una violación del
debido proceso e indebida valoración probatoria –ilegitimidad de las pruebas de
cargo- por parte de la autoridad disciplinaria, en relación con la tipicidad de la
conducta imputada al disciplinado?
Para resolver el cuestionamiento jurídico propuesto por la Sala se deben abordar
los siguientes asuntos: i) el derecho fundamental al debido proceso disciplinario; ii)
La valoración probatoria en el régimen disciplinario como parte de las garantías
sustanciales del debido proceso y la ilegitimidad de las pruebas; y iii) el análisis en
concreto del cargo de apelación.
Segundo problema jurídico: ¿Determinar si el A quo pasó por alto los argumentos
del demandante referidos a la configuración de la causal de exoneración de
responsabilidad “de haber actuado bajo la convicción errada e invencible de que
su conducta no constituye falta disciplinaria” -numeral 6 del artículo 41 de la Ley
1015 de 2006-?
Para resolver el cuestionamiento jurídico propuesto por la Sala se debe abordar
previamente los siguientes asuntos: i) la causal de exoneración de responsabilidad
disciplinaria referida a “la convicción errada e invencible” de que la conducta no
constituye falta disciplinaria -Ley 1015 de 2006 artículo 41 numeral 6-; y ii) el
análisis en concreto del cargo de apelación.
Tercer problema jurídico: ¿Establecer si el A quo inobservó que la autoridad
disciplinaria incurrió en falsa motivación por inexistencia de una condena penal
previa en contra del investigado -ahora demandante- y haber omitido probar la
culpabilidad dolosa imputada?
Para resolver el cuestionamiento jurídico propuesto por la Sala se debe abordar
previamente los siguientes asuntos: i) la falsa motivación como casual de nulidad
de los actos administrativos sancionatorios; ii) La autonomía entre la jurisdicción
disciplinaria y penal; y iii) El análisis en concreto del cargo de apelación.
11
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
2.2. RESOLUCIÓN DEL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO, REFERIDO A LA
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO E INDEBIDA VALORACIÓN
PROBATORIA EN LA TIPICIDAD DE LA CONDUCTA IMPUTADA AL
DISCIPLINADO.
• El derecho fundamental al debido proceso disciplinario.
La Constitución Política en el artículo 29 consagró como derecho fundamental el
debió proceso33 a través de una serie de garantías procedimentales y sustanciales
aplicables tanto a las actuaciones judiciales como administrativas 34, en los
siguientes términos:
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.
En la anterior normativa están contenidas las garantías procedimentales y
sustanciales mínimas del debido proceso de obligatorio cumplimiento para las
autoridades judiciales y administrativas en los procedimientos que definan los
derechos de las personas (naturales o jurídicas).
Las garantías procedimentales hacen alusión a la realización de la actuación
disciplinaria “con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”,
esto es el adelantamiento de la actuación disciplinaria bajo los parámetros descritos
en las normas, etapas, impulso y términos correspondientes, mientras que las
garantías sustanciales comprende la legalidad de la sanción, del debate y los
medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultractividad de la ley, la
presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva, la defensa
material y técnica, la publicidad y celeridad y la contradicción y prohibición de doble
enjuiciamiento35.
33 De conformidad con la Constitución Política, TITULO II, DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS
DEBERES CAPITULO 1. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
34 Además de que el texto del artículo 29 de la Constitución Política así lo señala expresamente esto también
sido reconocido por la Corte Constitucional entre otras sentencias en la C-034 de 2014.
35 Como puede verse la mayoría de las garantías descritas en el artículo 29 constitucional relativos al debido
proceso están relacionados con aspectos sustanciales pues los aspectos procedimentales quedaron
consagrados en la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” o LEGALIDAD DEL
PROCESO o DEBIDO PROCESO PROCEDIMENTAL.
12
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política en concordancia con
el artículo 25 de la Convención Americana de derechos humanos que consagra la
obligación de los Estados que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos de propender por la tutela efectiva de los derechos de sus ciudadanos, el
control de los actos administrativos disciplinarios no puede limitarse a las garantías
procedimentales –como alguna vez lo sostuvo la jurisprudencia del Consejo de
Estado- sino que los jueces contenciosos administrativos están en la obligación de
asumir la revisión del cumplimiento de las garantías sustanciales del derecho
fundamental al debido proceso, en aras de que el control judicial de esos actos
administrativos cumpla con los estándares de plenitud exigidos por los instrumentos
internacionales de derechos humanos a los cuales el estado colombiano se ha
comprometido a respetar.
El artículo 6 de la Ley 734 de 2002 –código disciplinario único- señala que “El sujeto
disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia
formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso”, lo
cual implica que el legislador, en cumplimiento de las pautas establecidas por el
constituyente en el artículo 29 de la Constitución Política de manera especial otorgó
al debido proceso disciplinario una doble dimensión procedimental y sustancial.
El respeto al aspecto sustancial del debido proceso al que hace referencia el
legislador en la norma legal antes señalada –artículo 6 de la Ley 734 de 2002-,
implica la materialización y cumplimiento estricto de todas las garantías del
investigado –decantadas en el acápite previo de esta providencia36- entre estas la
legalidad (de la sanción, del debate y de los medios probatorios), la presunción de
inocencia y la proscripción de responsabilidad objetiva, que para el caso disciplinario
se decantan en no ser sancionado sino con base en las reglas sustanciales
establecidas en el régimen disciplinario.
Estas reglas sustanciales en materia disciplinaria implican: 1) la prueba de los
elementos que constituyen la responsabilidad disciplinaria de conformidad con el
diseño establecido por el legislador, esto es solo cuando la conducta es típica
(artículo 29 C. Pol. y art. 4 de la Ley 734 de 2002), antijurídica o sustancialmente
ilícita (art. 5 de la Ley 734 de 2002) y culpable (art. 13 de la Ley 734 de 2002), y 2)
el cumplimiento de los elementos probatorios permitidos, del régimen de análisis
probatorio y de los niveles de certeza establecidos por el legislador, para acreditar
los elementos que constituyen la responsabilidad.
36 Constitución Política, artículo 29. Las garantías sustanciales del debido proceso, comprende la legalidad de
la sanción, del debate y los medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultractividad de la ley, la
presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva, la defensa material y técnica, la
publicidad y celeridad y la contradicción y prohibición de doble enjuiciamiento.
13
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
• La valoración probatoria en el régimen disciplinario como parte de las
garantías sustanciales del debido proceso y la Ilegitimidad de las pruebas.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, en lo que refiere a la finalidad
de la prueba, que: “las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador
para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los
hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo
aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos”37. De manera que el
recaudo de la prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para
poder proferir un fallo sustentado en la realidad planteada por las evidencias
aportadas, siempre y cuando, éstas sean debidamente valoradas conforme a las
reglas y criterios que el propio ordenamiento jurídico establece -de conformidad con
las reglas de la sana crítica-.
Es así que el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se
adelantan contra los servidores públicos es el fijado en la Ley 734 de 2002 –
aplicable al régimen disciplinario de la Policía Nacional-. Precisamente el artículo
128 ibídem consagra la necesidad de que tanto el fallo disciplinario como toda
decisión interlocutoria esté fundamentada en las pruebas legalmente producidas y
aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa, en ese
sentido, la norma es clara en determinar que la carga de la prueba en estos
procesos le corresponde al Estado, lo que le impone el deber a la autoridad
disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, lo que deriva en la obligación
efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante
el trámite administrativo.
El artículo 129 de la Ley 734 de 2002, desarrolla el principio de investigación
integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario,
no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar
las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo. Lo anterior en
todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer en su favor.
En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo
141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana critica, de
manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en
que esta se fundamentó, en otras palabras, las pruebas son el fundamento que el
juez utiliza para fallar sobre el fondo de un asunto, en consecuencia, las pruebas y
su regulación adquieren especial importancia en la medida en que son el medio
preciso para lograr el cumplimiento de un derecho, además de constituirse en la
37 Sección Segunda, Subsección A, Rad. 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15). Sentencia de 25 de enero
de 2018; M.P. William Hernández Gómez. Actor: Ruby Del Carmen Acosta Bertel y otros.
14
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
condición sine qua non para que las decisiones se orienten por los postulados de la
verdad y la justicia; y el artículo 142 ibídem, dispuso, “Artículo 142. Prueba Para
Sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado.”.
Advierte la Sala que como no se trata de repetir en sede judicial la valoración
probatoria que realizó la entidad demandada en el procedimiento administrativo
sancionatorio, pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria, el examen integral
de legalidad se debe realizar en principio desde el contenido de los actos acusados
-y las acusaciones del demandante contencioso administrativo- frente al orden
jurídico superior al que estaban sometidos y los supuestos de hecho en que se
fundaron.
El tema de la ilegitimidad de la prueba debe ser analizado desde la perspectiva de
la fuente constitucional del proceso y los mismos fines del procedimiento
disciplinario; de forma expresa la Constitución Política estableció la regla de
exclusión de la prueba ilícita, disponiendo en el artículo 29, que: “es nula de pleno
derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”, otorgando especial
trascendencia al concepto de debido proceso, tanto en lo formal como en lo material,
lo que implica que las afectaciones a éste, en lo que concierne a la aportación de
medios de prueba de índole ilegítimos, cuando ello produce una infracción de
carácter sustancial daría lugar a la nulidad de pleno derecho y por tanto su exclusión
del proceso. A su turno, el artículo 6 de la ley 734 de 2002, determina que: “El sujeto
disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia
formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso”.
En varias decisiones el Consejo de Estado38 y la Corte Constitucional39 han
analizado el asunto de la prueba ilegítima para señalar que se aplica la regla de
exclusión que da lugar a la nulidad de pleno derecho de aquella obtenida con
violación del debido proceso en sentido sustancial, con lo cual se trata de dejar por
fuera la prueba obtenida ilegalmente y todas aquellas acciones que la sustentaron,
sin embargo ello no afecta el proceso en su validez, salvo que esta sea única o la
principal en que se sustentó la responsabilidad.
• Resolución del cargo de apelación referido al primer problema jurídico.
El recurrente afirmó que la autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por
tener en cuenta pruebas que no fueron allegadas al proceso válidamente, pues
valoró unos testimonios en los cuales no participó el interesado por no haber sido
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 18 de noviembre de 2021. Expediente: 110010325000201100574 00 (2201-2011). Demandante:
Germán Alonso Olano Becerra
39 Corte Constitucional sentencias SU-159 de 2002 y C-591 de 2005.
15
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
notificado de la fecha, hora y lugar de su práctica, por lo que no pudo ejercer su
derecho de contradicción frente a éstos.
Se tiene que los testimonios a los que hace referencia el demandante -ahora
apelante- son los rendidos por el señor Víctor Rafael Gómez Rojas -quejoso; el
Subteniente Juan Darío Gómez Rico y el Subintendente Ferney Oberty Domínguez
Benavides, en relación con los cuales si bien aquel no participó durante su práctica,
si fueron conocidos por éste en el proceso con lo cual tuvo la oportunidad de ejercer
la contradicción, y además, debe señalarse que éstos fueron analizados en por la
autoridad disciplinaria en conjunto con los otros medios de pruebas allegados al
proceso, lo cual indica claramente que no fueron los únicos ni los principales
elementos de juicio que sustentaron la responsabilidad disciplinaria.
La autoridad disciplinaria demandando tuvo en cuenta además los testimonios de:
i) el Intendente Wilton Hernando García -visible a folio 48 cuaderno de anexo-; ii) el
capitán Héctor Manuel Sacristán Franco -visible a folio 82 ídem-; iii) el Subteniente
Hernando Daza Pérez -folio 106 ídem-; iv) el Patrullero Guillermo Arturo López -folio
101 ídem-; v) el Patrullero Rutber Vega R -folio 102 ídem-; vi) el Patrullero Ariel
Antonio Flores Taborda -folio 103 ídem-; vii) el Patrullero Gustavo Adolfo Herrera
Hincapié -folio 104 ídem-; viii) el Patrullero Daniel Valverde Acevedo -folio 105 ídem-
; ix) el Patrullero Cesar Augusto Pinilla Ocampo -folio 106 ídem-; x) el Patrullero
Juan David Grajales Muñoz -folio 108 Ídem-; y xi) el patrullero Jhon Harold Corrales
-folio 109 ídem-,
Así mismo el ente disciplinado tuvo en cuenta otras documentales tales como: x) el
informe de novedad suscrito por Víctor Rafael Gómez Rojas y xi) el informe de
investigador de campo FPJ11 del 30 de septiembre de 2013 suscrito por el
demandante dirigido al Fiscal 3 Especializado de Pereira –con la cual se acreditó
que el disciplinado solicitó tramitar la orden de captura del señor Edelberto de Jesús
Chica, y por lo tanto conocía plenamente del requerimiento judicial que obraba en
contra de aquel-, pruebas estas principales para la acusación disciplinaria las cuales
fueron válidamente decretadas, practicadas y allegadas al proceso.
Observa la Sala que no tiene vocación de prosperar el cargo de nulidad presentado
por el recurrente, en cuanto a que la decisión sancionatoria se encuentra revestida
de nulidad porque el operador disciplinario tuvo en cuenta las declaraciones en
cuestión ya que, de las otras pruebas antes referidas se puede concluir sin lugar a
dudas que, el demandante incurrió en la falta disciplinaria que se le endilgó, descrita
penalmente como prevaricato por omisión.
Lo anterior toda vez que, se encuentra acreditado en el expediente que el
demandante -ahora apelante- era líder de la investigación seguida en contra de
16
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
Edelberto de Jesús Chica Colorado y había requerido a la Fiscalía la orden de
captura por lo cual conocía plenamente la situación jurídica de aquel, sin que pueda
ser excusa el que aquella no se hubiera cargado al sistema Operativo de la DIJIN e
Interpol -pues este no era el único medio para enterarse de la misma-. En
consecuencia de conformidad con el formato 2PP-FR-009 denominado “Descripción
de cargos y perfiles”40 es claro que el demandante omitió sus funciones pues fue
justamente con ocasión de su calidad de “líder de la investigación” que fue solicitado
su apoyo por los demás policiales cuando trasladaban al mencionado sujeto a la
Estación de Policía, dando como resultado que lo dejaran libre por la omisión en el
cumplimiento de sus funciones, observándose una actitud pasiva y displicente, ya
que en tal oportunidad se limitó a señalar la inexistencia de la referida orden sin
adelantar gestión alguna a sabiendas de su existencia.
Tampoco tiene asidero el reproche del recurrente referido a que la autoridad
disciplinaria vulneró el debido proceso, ya que, en el tramite disciplinario objeto de
litigio se observaron las garantías procesales y sustanciales que le asistían al
investigado, se le respetaron las oportunidades para presentar pruebas y ejercer el
derecho de defensa respecto de los medios probatorios allegados en su contra, así
mismo como se indicó previamente los testimonios practicados sin su presencia
fueron controvertidos por éste en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo
de primera instancia, el fallador le otorgó razonadamente el mérito a cada prueba y
estableció con claridad el aumento para negar el decreto de otras, valorando el
expediente de manera integral y de conformidad con las reglas de la sana crítica, lo
que llevó a la entidad disciplinante a la convicción de reprochar la conducta
cometida por el demandante.
De conformidad con lo anterior, para la Sala no existe duda que la autoridad
demandada recaudó las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad del
encartado, las analizó de acuerdo con las reglas de la sana crítica y finalmente
expuso las razones por las cuales se debía imponer la sanción.
40 Tenía como funciones: i) Apoyar con labores de campo los diferentes procesos investigativos, para que los
mismos se desarrollen de forma oportuna; ii) Coordinar con las autoridades judiciales la apertura y desarrollo
de las investigaciones y que sirvan de apoyo a la administración de justicia; iii) Coordinar con las Fiscalías y
entes de control, el aporte e intercambio de información para agilizar las investigaciones judiciales; iv)
Desarrollar los procesos y procedimientos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente y legal; v)
Cumplir de forma oportuna las órdenes y requerimientos del mando institucional y las propias unidades; vi)
Propender por la actualización y capacitación permanente, para el incremento de las competencias y efectivo
desarrollo de las funciones; vii) Elaborar y hacer el seguimiento, verificación y control de calidad a los informes
ejecutivos de campo producto del proceso investigativo; viii) Brindar la información necesaria para la elaboración
de informes de gestión, productos estadísticos y demás que sean pertinentes; ix) Guardar la reserva y
confiabilidad de los documentos e información que sea de su conocimiento; x) Informar semanalmente al jefe
de grupo sobre los avances de las investigaciones que ayudan a la prevención y control del crimen y la violencia,
la protección del ciudadano y la efectividad de la justicia; xi) Cumplir con los plazos establecidos de los
programas metodológicos, órdenes de trabajo y funciones de policía judicial que tiene a su cargo; xii) Participar
de forma oportuna y permanente en la implementación de sistemas de calidad en la dirección de investigación
criminal e interpol de cuando a la naturaleza de su dependencia; xiii) Realizar las actividades establecidas en
la gestión documental, aplicando la normatividad vigente; xiv) Las demás que le sean asignadas de acuerdo
con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo.
17
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
2.3. RESOLUCÍON DEL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO, REFERIDO A LA
CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
“DE HABER ACTUADO BAJO LA CONVICCIÓN ERRADA E INVENCIBLE DE
QUE SU CONDUCTA NO CONSTITUYE FALTA DISCIPLINARIA” -NUMERAL
6 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1015 DE 2006-.
• La causal de exoneración de responsabilidad disciplinaria referida a “la
convicción errada e invencible” de que la conducta no constituye falta
disciplinaria -Ley 1015 de 2006 artículo 41 numeral 6-.
En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217
(inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Carta Política, facultó al legislador para
determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.
En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario de
la Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso que son destinatarios: «[…]el
personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén prestando
servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que
la falta se haya cometido en servicio activo»; el artículo 58 prevé que el
procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la
institución será el establecido en la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique,
por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta normativa en lo
concerniente a la parte sustancial y el CDU o Ley 734 de 2002 en lo procedimental.
Ahora, en lo concerniente a las causales de exoneración de responsabilidades, se
encuentran descritas en el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006, que señala: “Artículo
41. Exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad
disciplinaria quien realice la conducta bajo cualquiera de las siguientes
circunstancias: 1. Por fuerza mayor o caso fortuito; 2. En estricto cumplimiento de
un deber Constitucional o Legal; 3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales; 4. Para proteger un derecho,
propio o ajeno, al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la
necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad; 5. Por insuperable
coacción ajena; 6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta
no constituye falta disciplinaria; 7. En situación de inimputabilidad. En tales
eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos
administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.
No habrá lugar a reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable
hubiere preordenado su comportamiento.”. (En negrilla la parte pertinente al caso
concreto).
Para abordar el problema jurídico, la Sala establece que hace necesario entrar a
definir previamente lo que se entiende por la antijuridicidad de la conducta, en
cuanto a los requisitos axiológicos para su configuración, en ese sentido, el artículo
18
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
4º de la Ley 1015 de 2006 estipula, “Ilicitud sustancial. La conducta de la persona
destinataria de esta ley será contraria a derecho cuando afecte el deber funcional
sin justificación alguna (…)» (Subraya de la Sala).
De conformidad con la norma trascrita, la falta será antijurídica cuando con el
comportamiento se afecte el deber funcional sin que medie justificación alguna
para sustentar la actuación u omisión. La jurisprudencia de esta corporación ha
señalado que la antijuridicidad en el derecho disciplinario, a diferencia de la
consagrada en el derecho penal, no se fundamenta en el daño a un bien jurídico
protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servicio público.
Debe señalarse que para que se configure la falta disciplinaria y la conducta sea
antijurídica no basta el solo incumplimiento formal del deber, sino que es menester
que la infracción de este sea “sustancial”, esto quiere decir, que la actuación u
omisión del servidor público debe desembocar en una real y efectiva afectación del
buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público.
En ese sentido se refirió la Corte Constitucional en la sentencia C-948 de 2002 al
estudiar la constitucionalidad del artículo 5º de la Ley 734 de 2002, norma que, si
bien no es la que rige el presente caso, el análisis efectuado con respecto a ella es
aplicable al artículo 4º de la Ley 1015 de 2006 en cuanto ambas disposiciones
guardan identidad en su contenido. En efecto el artículo 5º del CDU señala: “Artículo
5°. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna (…)” (Subraya de la Sala). De esta manera, lo dispuesto por
la Corte Constitucional en la sentencia mencionada es perfectamente aplicable
al sub lite y por tanto se citará la misma. Sostuvo la Corte:
“(…) como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron
en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que
dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales
se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el
ejercicio de sus funciones20. En este sentido y dado que, como lo señala
acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad
encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la
imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los
cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho
disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo
una función pública.
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el
que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se
reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento
formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por
lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho
deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y
por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de
la conducta.” (Subraya de la Sala).
Así las cosas, no es suficiente que el servidor público falte a sus deberes funcionales
para que exista la falta disciplinaria, en tanto es necesario que la actuación conlleve
19
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
una verdadera afectación de la función pública encomendada al disciplinado, lo que
significa que si la ilicitud no fue sustancial no es posible declarar la responsabilidad
disciplinaria.
Otro requisito que debe cumplirse para que exista antijuricidad de la conducta,
consiste en que la afectación del deber funcional debe originarse en una actuación
que no sea justificable por parte del disciplinado, lo que implica que para refutarla
es menester que este tenga una razón válida para haberla cometido.
Se tiene entonces, conforme lo señala el artículo 4 de la Ley 1015 de 2006, que la
falta disciplinaria es antijurídica: i) Cuando con la conducta se afecte el deber
funcional, siempre que la infracción de este sea sustancial, no solo formal y ii) Se
requiere que el servidor público haya actuado sin justificación válida, esto es,
que no se encuentre amparado en una causal de exclusión de
responsabilidad.
Las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria justifican la actuación
desplegada por el servidor público a tal punto que su configuración trae como
consecuencia la declaratoria de no culpabilidad del disciplinado, éstas causales
requieren un análisis particular en cada caso específico en atención a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos.
En lo que respecta a la fijada en el numeral 6º de la norma invocada consistente en
que no hay antijuridicidad -y por ello responsabilidad- cuando se actúa “Con la
convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”
debe decirse que la misma conlleva dos requisitos que deben confluir para que sea
aceptada por la autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento
errado y ii) Que el error sea invencible. El primero de los eventos citados se
materializa cuando el disciplinado actúa con sincera y total convicción que lo que
hace se encuentra conforme con lo señalado en el ordenamiento jurídico, esto es,
su proceder lo efectuó de buena fe; el segundo ítem hace alusión a que el error sea
invencible, lo que quiere significar que no era humanamente superable en
consideración a las condiciones personales del servidor público y las circunstancias
en las que se ejecutó la conducta41. En palabras de esta subsección el error es
invencible cuando su entidad sea tal que sea imposible salir de la equivocación42 lo
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera
ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez (e). Bogotá D. C. 27 de febrero de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-
2012-00888-00(2728-12). Actor: Albeiro Freddy Patiño Velasco. Demandado: Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. En esta providencia se analizó la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el
numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, la cual es idéntica a la que trae el numeral 6º del artículo 41
de la Ley 1015 de 2006 luego el análisis que trae es aplicable a ambas disposiciones.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero
ponente: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C.16 de julio de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00680-
00 (2622-11). Actor: Alba Leticia Chaves Jiménez. Demandado: Procuraduría Regional del Valle del Cauca.
20
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
que implica que “solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito
disciplinario se comete de buena fe43 por ignorancia invencible”.
Reunidos tales requisitos, el sujeto disciplinable no puede ser considerado
responsable a ni a título de dolo “porque en el encartado no hay la conciencia de la
ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede
ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para
determinar que su conducta no era contraria a la ley”44.
• Resolución de los cargos referidos al segundo problema jurídico.
La Sala analizará en dos ítems si la conducta desplegada por el patrullero Jhon
Eduwin Marín Sáenz es antijurídica. Así se estudiará sí con la misma se afectó el
deber funcional de forma sustancial y no solo formal, y sí el accionante actuó al
amparo de la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral 6
del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.
La Policía Nacional cumple una función primordial dentro de un Estado Social de
Derecho, pues su labor consiste en mantener las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas; debido a la importancia de la Policía
Nacional, es lógico que a sus miembros se les exija el más alto compromiso,
responsabilidad y respeto de la disciplina, en tanto la inobservancia del
cumplimiento cabal de sus funciones pone en riesgo los derechos de toda la
colectividad, por tal razón, también en el momento de analizarse la incursión en una
falta disciplinaria, la autoridad competente no puede valorar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar bajo las mismas consideraciones que se tienen en cuenta para
el análisis de las conductas desplegadas por los servidores públicos en general.
Así las cosas, en el sub examine, la falta de compromiso demandante ocasionó un
perjuicio en la prestación del servicio, puesto que, de conformidad con las funciones
que debía cumplir como miembro activo de la Policía Nacional se torna inaceptable
que comprometiera los derechos de los miembros de la comunidad al no permitir la
detención de Edelberto de Jesús Chica Colorado “alias Chica” cuando ya había sido
retenido en varias oportunidades y no se había hecho efectiva la orden de captura
que mediaba en su contra.
Bajo esa perspectiva teniendo presente que de conformidad con el perfil de su cargo
en la Policía Nacional el demandante tenía entre sus funciones “Apoyar con labores
de campo los diferentes procesos investigativos, para que los mismos se desarrollen
de forma oportuna; Coordinar con las autoridades judiciales la apertura y desarrollo
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero
ponente Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 7 de febrero de 2008. Radicación: 25000-23-25-000-2001-11811-
01(2941-05).
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D. C. 19 de marzo de 2015. Radicación: 11001-03-25-000-2009-
00132-00(1907-09). Actor: Helman Eliecer Soto Martínez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
21
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
de las investigaciones y que sirvan de apoyo a la administración de justicia;
Coordinar con las Fiscalías y entes de control, el aporte e intercambio de
información para agilizar las investigaciones judiciales; Cumplir de forma oportuna
las órdenes y requerimientos del mando institucional y las propias unidades;
Elaborar y hacer el seguimiento, verificación y control de calidad a los informes
ejecutivos de campo producto del proceso investigativo; Informar semanalmente al
jefe de grupo sobre los avances de las investigaciones que ayudan a la prevención
y control del crimen y la violencia, la protección del ciudadano y la efectividad de la
justicia; Cumplir con los plazos establecidos de los programas metodológicos,
órdenes de trabajo y funciones de policía judicial que tiene a su cargo”45, es claro
que le era exigible por lo menos actuar con rectitud y responder con la verdad ante
los varios requerimientos de sus compañeros en cuanto a la existencia de orden de
captura en contra del señor Edelberto de Jesús Chica Colorado, y sin embargo no
lo hizo propiciando así en varias oportunidades que luego de ser detenido éste fuera
dejado en libertad, con lo cual afectó el deber funcional de la institución -ilicitud
sustancial- y por tanto, se perturbó de manera inmediata el buen funcionamiento del
Estado.
Ahora, en cuanto al interrogante si el demandante actuó bajo la causal de exclusión
de responsabilidad -numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006-, se tiene que,
en el expediente no obra prueba que dé cuenta de la imposibilidad del demandante
de cumplir con sus funciones o que existiera un convencimiento errado en
relación con la orden de captura y menos aún que de haber existido tal error
este fuera invencible, por el contrario, toda la evidencia allegada al expediente es
concluyente en establecer que aquel pese a conocer los deberes y obligaciones
propias de su cargo las omitió en el evento especifico del suministro de información
sobre la orden de captura expedida en contra del señor Edelberto de Jesús Chica.
En este orden el supuesto error exonerarte responsabilidad en que el demandante
manifiesta haber incurrido no se encuentra configurado, toda vez que no cumple
con la característica de ser insuperable o invencible, ya que aquel pudo ser diligente
y realizar las tareas y las acciones pertinentes para salir de su supuesta percepción
equivocada frente a la existencia de la referida orden de captura, más aun cuando
obran pruebas en el expediente las cuales demuestran que el disciplinado estaba al
tanto de la situación jurídica Edelberto de Jesús Chica al punto que era el líder de
su investigación, había solicitado la tramitación de la orden de captura y cuando
ésta fue ordenada por el juez competente su superior en la entidad policial se la
asignó expresamente para que procurará la materialización, y pese a ello teniendo
ese conocimiento privilegiado del cual carecían los demás compañeros policiales -
al punto que éstos debían consultarle al disciplinado sobre el tema a efectos de
45 De conformidad con el formato 2PP-FR-009 denominado “Descripción de cargos y perfiles”.
22
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
dejar o no en libertad al retenido- éste en varias oportunidades omitió la verdad
teniendo como consecuencia el que se dejara en libertad a la persona que estaba
siendo requerida judicialmente. Por lo anterior para la Sala el cargo de apelación
bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.
2.4 RESOLUCIÓN DEL TERCER PROBLEMA JURÍDICO, REFERIDO A LA
FALSA MOTIVACIÓN POR INEXISTENCIA DE UNA CONDENA PENAL PREVIA
EN CONTRA DEL INVESTIGADO Y HABERSE OMITIDO PROBAR LA
CULPABILIDAD DOLOSA IMPUTADA.
• La falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos
sancionatorios.
Conforme a los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, que consagran las
acciones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos
administrativos pueden ser impugnados, ente otras causales, por falsa motivación
del acto; acorde con lo anterior, el Consejo de Estado46 ha indicado que los motivos
de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal
punto, que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto,
como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se
presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación.
Esta Corporación47 ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i)
los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea
por error o por razones engañosas o simuladas; ii) porque el autor del acto le ha
dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iii) porque
los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.
• La autonomía entre la jurisdicción disciplinaria y penal.
Tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Corporación ha dejado claro
que si bien los diferentes regímenes punitivos comparten elementos comunes, cada
una de ellos tiene su peculiaridad, en especial, el penal y el disciplinario, dado que,
la misma conducta puede ser sancionada en estos ámbitos sin que haya violación
al principio del non bis in idem.
En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 1996 hizo una
importante claridad cuando los mismos hechos se conocen por la autoridad penal y
disciplinaria:
“(…) la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes
jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico
que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la
conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios.
En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el
46 Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente
25000232400020080026501, magistrada ponente: María Claudia Rojas Lasso.
47 Ibidem.
23
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético
destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración
pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales
más amplios. “Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria
existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva
del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas
ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada
ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos
previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no
se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación
de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el
ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o
de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc.,
y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y
prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas
por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de
la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los
servidores estatales.”.
Igualmente el Consejo de Estado48 ha sostenido que los dos sistemas jurídicos -
penal y disciplinario- obedecen a reglas propias, tienen objetivos diferentes, como
diversas formas de imputación y culpabilidad, a tal punto que es legalmente factible
la existencia de faltas disciplinarias constitutivas y no constitutivas de ilícito penal.
En armonía con lo expuesto, la conclusión no puede ser otra diferente a la
independencia del proceso disciplinario del penal, eso sí, con la advertencia que
comparten entre otros aspectos, los principios rectores de tipicidad y legalidad,
integrando el debido proceso, de manera que para que se pueda configurar en
materia disciplinaria la infracción gravísima estipulada en el artículo 34 numeral 9
de la Ley 1015 de 2006 -realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título
de dolo- no es necesaria la existencia previa de un proceso o codena penal por los
mismos hechos.
• Resolución de los cargos de apelación referidos al tercer problema jurídico.
El recurrente argumentó que los actos administrativos sancionatorios fueron
expedidos con falsa motivación, esto por cuanto, no se encuentra acreditada la
existencia de la falta reprochada en el proceso disciplinario, esto es, haber incurrido
en una conducta descrita en la ley como delito a título de dolo, pues al actor no se
le adelantó una acción penal en su contra en la que hubiere sido condenado por
prevaricato por omisión, por lo que, la autoridad disciplinaria -a su juicio- no podía
imputarle, ni sancionarle por tal situación, como lo hizo, así mismo indicó que no se
probó que la conducta fuera cometida a título de dolo.
Para la Sala, el argumento planteado por el recurrente no tiene asidero, toda vez
que, no es cierto como se sugiere, que la inexistencia de un proceso penal previo o
la absolución o condena tomada en un proceso penal comunique sus efectos al
48Consejo de Estado, Radicado 1443, sentencia de 3 de noviembre de 1995, M.P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora.
24
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
proceso disciplinario, como si éste fuese un apéndice de aquel, o como si operara
una especie de prejudicialidad, pues como se explicó en acápite previo estas son
materias jurídicas de distinta índole –la penal y la disciplinaria- en la medida en que
persiguen fines y protegen bienes jurídicos diferentes 49, por lo que, el resultado en
una de estas disciplinas no afecta a la otra.
En ese sentido, en nada afecta al proceso disciplinario y a los actos sancionatorios
el que no se haya adelantado actuación penal previa en contra del encartado, pues
a la autoridad disciplinaria solo le correspondía hacer la adecuación típica respecto
de la falta que se le reprochó, establecer si efectivamente el investigado incurrió en
ésta, determinar la responsabilidad disciplinaria frente al hecho, y la modalidad de
culpabilidad de la conducta, lo cual se hizo plenamente.
En relación con esto último -la culpabilidad dolosa-, contrario a lo manifestado por
el demandante ésta fue acreditada por la autoridad disciplinaria de acuerdo con las
pruebas que obran el expediente, pues aquel, por su trayectoria en la institución así
como por la calidad de líder de investigación, tenía pleno conocimiento de los
deberes del cargo siendo conocedor que su conducta -omitir el deber de informar la
verdad en relación con la existencia de la orden de captura contra el señor Edelberto
de Jesús Chica- estaba al margen de los mismos (elemento cognitivo del dolo), y
aun así, voluntariamente incurrió en tal actividad ilegal (elemento volitivo del dolo)
pues no obra en el expediente prueba o argumento alguno que lleve a configurar
vicio -error, violencia, intimidación o coacción en su contra- que pudiera afectar la
libre determinación de su actuar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que los cargos del recurso de
apelación no tienen vocación de prosperidad, en consecuencia, por los motivos
señalados en esta providencia se confirmará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.
2.5 Otros aspectos procesales.
No se procederá a condenar en costas a la parte vencida, dado que en el prisma
del artículo 188 del CPACA no se advierte, en síntesis, abuso en la actuación, en la
medida en que, como lo ha sostenido esta Corporación 50, la demanda carece de
temeridad porque quien la presentó le asiste un fundamento razonable.
Tampoco se detecta una injustificada falta de colaboración o proceder con interés
meramente dilatorio que conduzca a considerar que incurrió en una conducta
49 El bien jurídico protegido por la norma penal es más amplio y genérico, pues se hallan involucrados los valores
e intereses de toda la sociedad. Por el contrario, el interés protegido por la acción disciplinaria es institucional,
es decir más reducido en su ámbito, pues en el caso de la Policía Nacional, priman las exigencias de
transparencia, confiabilidad, propia del manejo interno de la institución para responder a lo que la sociedad
espera de ella.
50 Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 1999; radicación 10775, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
25
Actores: Eugenio Marín Toro y otros.
Accionado: Policía Nacional
reprochable que la obligue a correr con los gastos realizados por la otra parte para
obtener un pronunciamiento judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
III. FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE, la sentencia de 25 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda
incoada por el señor Jhon Eduwin Marín Sáenz y otros51 contra los fallos
disciplinarios de 18 de febrero de 2015 y 19 de marzo de 2016 proferidos por el Jefe
de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira
y el Inspector Delegado Regional Nº 3 de la Policía Nacional, por medio de los
cuales aquel fue sancionado con destitución del cargo de Patrullero adscrito a la
Unidad Básica de Investigación Criminal de La Virginia (Risaralda) e inhabilidad
general de diez (10) años.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
51 Eugenio Marín Toro, Lina Marcela Corrales García, Santiago Marín Corrales, Martha Cecilia Sáenz y Diana
Milena Marín Sáenz.
26
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.