Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00928-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00928-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00928-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
18 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)1
Demandante : Uriel Cardona Salazar
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionando
contra la sentencia de 9 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda (sala segunda de decisión), mediante la cual
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control2. El señor Uriel Cardona Salazar, mediante apoderada,
ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que se
acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de los oficios 2-2016-002024 y 2-
2016-002139 de 20 y 27 de junio de 2016, respectivamente, mediante los
cuales el Sena negó el pago de prestaciones sociales al actor.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene al demandado a (i) reconocer y pagar al demandante «[…] las
acreencias laborales no canceladas […] desde el 31 de marzo de 2005 hasta
el 11 de diciembre de 2015», la «[…] indemnización por mora o salarios
caídos por falta de pago a la terminación del contrato de trabajo de la
totalidad de los salarios y prestaciones que el empleador adeuda al
trabajador […]» (sic) y la «[s]anción por no consignación de las cesantías al
Fondo [y] por no pago de los intereses a las cesantías […]» (sic); (ii)
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Índice 2 del SAMAI.
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
devolver lo descontado por retención en la fuente, (iii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA y (iv)
sufragar las costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que laboró como instructor
para el Sena desde el 31 de marzo de 2005 hasta el 11 de diciembre de 2015,
en el «Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial y Centro
Agropecuario», vinculado a través de contratos de prestación de servicios, sin
que se le reconociera ningún tipo de prestación laboral.
Que durante dicho interregno existió prestación personal del servicio,
remuneración, continuidad y subordinación, en la medida en que se le exigía
el cumplimiento de un horario de trabajo y se le imponían órdenes en cuanto
al tiempo, modo o cantidad de trabajo.
Dice que, mediante escrito de 13 de junio de 2016, reclamó de la demandada
el pago de las prestaciones laborales causadas por sus servicios, negado por
medio de los actos administrativos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 2, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y
125 de la Constitución Política; 27, 249 y 306 del Código Sustantivo del
Trabajo; 3, 4 y 59 de la Ley 79 de 1988; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, 3 de la
Ley 1233 de 2008, 63 de la Ley 1429 de 2010 y 3, 6, 10, 11 y 12 del Decreto
468 de 1990.
Arguye que el demandado vulneró las disposiciones antes mencionadas, toda
vez que «[…] no podía denominar como prestación de servicios personales
una labor que debe desempeñarse o bien por una relación legal y
reglamentaria o por un contrato de trabajo […]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda3. El accionado, por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y
otros no. Propuso los medios exceptivos denominados cobro de lo no debido
y prescripción.
3
Ibidem.
2
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
Como fundamentos de defensa, adujo que «[…] el SENA no ha celebrado
ningún tipo de contrato con el actor y […] el servicio de formación
profesional requerido por el SENA se contrató por esta entidad, mediante
procesos de selección pública regidos por la Ley 80 de 1993, con la
cooperativa de Trabajo Asociado – COTRASER, de la cual el actor era socio
cooperado y quien en una época fue COTRASER al SENA» (sic); y que las
comunicaciones que pudieron haber existido con el demandante correspondían
a la coordinación necesaria para el desarrollo de los contratos celebrados con
la aludida cooperativa de trabajo asociado.
1.6 La providencia apelada4. El Tribunal Administrativo de Risaralda (sala
segunda de decisión), en sentencia de 9 de abril de 2021, accedió parcialmente
a las súplicas del libelo introductorio (sin condena en costas), al considerar
que «[…] cuando el demandante desarrolló sus labores como instructor (que
comprende el de asesoría) y como supervisor de contratistas bajo la figura de
contratos de prestación de servicios y aun a través de la cooperativa de
trabajo asociado Cotraser, lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral,
en cuanto no fue desvirtuado por la entidad demandada el hecho de que éste
debía prestar sus servicios en forma permanente y personal, tornándose
evidente que su actividad no era realizada con la independencia y autonomía
propia de un contratista, a la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por
cuanto exigió una subordinación que corresponde a la naturaleza de una
relación laboral» (sic); y «[…] en segundo lugar, […] se puede determinar
una prestación personal y permanente del servicio y además que las labores
ejecutadas por el actor en su calidad de trabajador en misión para el Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA, evidencian la existencia de una verdadera
relación subordinada por la demandada, no de una relación de coordinación,
con mayor razón cuando quedó acreditado que la administración utilizó la
figura de la intermediación laboral con Cotraser para encubrir una
verdadera relación laboral, con desconocimiento de expresa prohibición legal
(Ley 1233 de 2008), y de los derechos laborales del actor […]» (sic).
Pese a lo anterior, declaró «[…] PROBADA PARCIALMENTE LA
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, respecto de los períodos comprendidos
entre el 31 de marzo de 2005 y el 30 de agosto de 2006, del 01 de septiembre
de 2006 al 28 de febrero de 2007, del 01 de marzo de 2007 al 30 de diciembre
de 2007, del 30 de mayo de 2008 al 30 de diciembre de 2008, del 02 de
4
Idem.
3
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
febrero de 2009 al 18 de diciembre de 2009 y del 27 de enero de 2010 al 26
de noviembre de 2010, salvedad hecha de las cotizaciones adeudadas al
sistema de seguridad social en pensiones, en tanto éstas son imprescriptibles»
(sic).
Por consiguiente, condenó al demandado a pagar al actor «[…] las
prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho conforme lo
devengado por el personal de planta que desempeña cargo similar de
instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tomando como base
los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de
servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la
existencia de la relación laboral, es decir, (del 18 de agosto de 2011 al 16 de
diciembre de 2011, del 25 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012, del 09 de
julio de 2012 al 15 de diciembre de 2012, del 25 de enero de 2013 al 16 de
diciembre de 2013, del 17 de enero de 2014 al 13 de diciembre de 2014 y del
26 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2015)» (sic); y «[…] por el
período en el cual el demandante fue vinculado a través de COTRASER esto
es, del 07 de febrero de 2011 al 30 de junio de 2011, […] al pago de las
diferencias prestacionales entre lo que se le reconoció y pagó al demandante
y las prestaciones sociales devengadas por el personal de planta de la
demandada con cargo similar de instructor, y que no fueron cubiertas por el
tercero empleador, las cuales se liquidaran con base en los honorarios
pactados entre el demandante y Cotraser […]» (sic)
Asimismo, ordenó cancelar «[…] en favor del demandante las diferencias que
surjan por virtud de los derechos prestacionales que aquí se ordenan, y que
impliquen variación del ingreso base para cotización de los aportes a la
seguridad social en pensión, teniendo en cuenta todo el período de ejecución
contractual (31 de marzo de 2005 al 11 de diciembre de 2015) […]» (sic); y
«[…] cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su
calidad de empleado […]». De igual modo, dispuso que la totalidad del
tiempo laborado se deberá computar para efectos pensionales.
1.7 El recurso de apelación5. El Sena, a través de apoderado, interpuso
recurso de apelación, al estimar que «[…] se observa que cuando de manera
definitiva se concluyó la relación contractual, entre SENA, y COOPERATIVA
5
Idem.
4
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
DE TRABAJO ASOCIADO COTRASER CTA, no se acudió por ningún medio
a solicitar, o presentar la reclamación administrativa ante el SENA, para
prevenir la prescripción de los contratos suscritos en esa etapa contractual, lo
que indica con meridiana claridad, que los contratos que se legalizaron al
inicio y terminaron con la Cooperativa de Trabajo Asociado, debieron en su
momento tener algún tipo de reclamación administrativa, ya que con esa
cooperativa y el SENA, no se volvió a firmar ningún contrato, lo que
necesariamente hace que se configure la prescripción de la totalidad de los
contratos suscritos con la Cooperativa de Trabajo de donde era enviado en
misión el socio cooperado» (sic). Además, «[s]i bien es cierto las labores del
contratista fueron labores personales en las cuales el contratista vinculado
por contrato de prestación de servicios, prestó las labores encomendadas en
el contrato, es decir, ejecuto las labores contractuales estipuladas en el objeto
contractual, también es cierto que en los contratos de prestación de servicios
que se firma para contratar los instructores para impartir la formación
profesional integral para el trabajo que imparte el SENA, en sus diferentes
Centros de Formación, se establece como meridiana claridad, que este tipo de
contratación permitida por la ley 80 de 1993 no es ilegal, es decir que
facultado en el art 32 de la ley se puede contratar servicios personales, por
las entidades estatales y que tal contratación no está prohibida, es decir es la
herramienta de contratación con la cual se puede contratar a personal idóneo
que no se encuentra en la planta de personal de la entidad, y que ello en si
NO GENERA NING[Ú]N VINCULO LABORAL, entre contratante y
contratista» (sic para toda la cita).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 2 de junio de 20216 y
admitido por esta Corporación a través de proveído de 20 de mayo de 20227,
en cumplimiento del artículo 247 del CPACA8; y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem el ente demandado presentó alegatos de
conclusión9, en los que consigna en forma idéntica los argumentos planteados
en su escrito de alzada.
6
Ibidem.
7
Índice 4 del SAMAI.
8
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
9
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI, índice 9.
5
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
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Uriel Cardona Salazar contra el Sena
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación,
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si (i) entre las partes se
configuró una relación laboral, a pesar de la vinculación del demandante
mediante contratos de prestación de servicios y por cooperativas de trabajo
asociado, en consecuencia, si le asiste el derecho al pago de las prestaciones
sociales no devengadas durante el tiempo que laboró como supervisor de
instructores, instructor y asesor de proyectos empresariales y cuando dirigió
unidades productivas de jóvenes rurales y desplazados en la regional Risaralda
del Sena, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades; y de ser cierta esta hipótesis; y (ii) si operó en forma parcial el
fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos laborales reclamados.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del primer problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.
3.4.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997,
2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron que «solo se realizarán para
fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el
servicio a contratar».
6
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Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista,
toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los
términos del contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún
caso […] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio,
la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de
una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de
impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
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denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196810, «Por el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de
un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública
y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer
a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
10
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
8
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sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también
que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de
prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de
tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes
en la administración pública debe realizarse con el personal de planta,
que corresponde a las personas que ingresaron a la administración
mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones
sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se
propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales11.
De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección
segunda12 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la
que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen
11
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de
27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-
1998-03542-01(0202-10).
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,
sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014).
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Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
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reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a
la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a
la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare
la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos
laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la
calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den
los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.4.2 Cooperativas de trabajo asociado. La Ley 79 de 1988, «Por la cual se
actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes
al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, «Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado»,
se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la
materia.
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su
trabajo; y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación
laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como
trabajadores en misión con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir
que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con los contratantes, y en tal caso, sus directivos serán
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solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a
favor del trabajador asociado.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201613, así:
En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado
como instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir las
obligaciones para con los trabajadores dependientes o subordinados.
Por ello, el Legislador consagro la prohibición de que las Cooperativas
de Trabajo Asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados
como trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores
propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitan que
respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció
que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su
trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones
económicas generadas a favor del trabajador asociado14. Sin perjuicio
de que queden incursas en causal de disolución y liquidación y que les
sea cancelada la personería jurídica15.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201716,
reiteró:
[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente en
que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se
debe dar aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o
comercial porque bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de
abril de 2016, expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
14
Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamenta la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado.
15
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de
las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y
Pre cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control
concurrente y se dictan otras disposiciones».
16
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo simulado por el
contrato cooperativo17.
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa
de trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor
dependiente, es decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el
propósito de atender funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres
elementos del contrato de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o
una labor en forma personal, (ii) subordinación y (iii) contraprestación por la
función desarrollada.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:
a) El actor prestó sus servicios como supervisor de instructores (con el fin de
coordinar actividades académicas), instructor y asesor de proyectos
empresariales y dirigió unidades productivas de jóvenes rurales y desplazados
en la regional Risaralda del Sena (según contratos celebrados entre las partes,
cuentas de cobro, actas de inicio y finalización de los contratos, planillas de
control de asistencia y de aportes a seguridad social, informes mensuales de
actividades y de ejecución de los contratos aportados con la demanda y
certificaciones emitidas por el Sena el 14 y 18 de abril de 201618), así:
Contrato y objeto Inicio Finalización Plazo de ejecución
1 6 (supervisión de instructores) 31/03/2005 30/08/2006 17 meses
2 22 (supervisión de instructores) 01/09/2006 28/02/2007 5 meses y 29 días
3 120 (asesoría a proyectos 30/05/2008 30/12/2008 7 meses
empresariales)
4 84 (direccionar unidades productivas 27/01/2010 26/11/2010 7 meses
de jóvenes rurales y desplazados)
5 178 (instructor) 18/08/2011 16/12/2011 3 meses y 29 días
6 101 (instructor) 25/01/2012 25/01/2012 5 meses y 5 días
7 817 y su otrosí (instructor) 09/07/2012 15/12/2012 5 meses y 3 días
8 420 (instructor) 25/01/2013 16/12/2013 10 meses y 22 días
17
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-
531 de 2015.
18
Índice 2 del SAMAI.
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Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
9 227 y su adición (instructor) 17/01/2014 13/12/2014 10 meses y 27 días
10 273 (instructor) 26/01/2015 11/12/2015 10 meses y 15 días
b) Certificación expedida el 3 de mayo de 2016 por la gerente liquidadora de
la Cooperativa de Trabajado Asociado Cotraser, en la que se indica que el
señor Uriel Cardona Salazar fue asociado de dicha cooperativa «desde el 1 de
marzo de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007, prestó sus servicios de
Trabajo Asociado como instructor en el Centro de Industria y Servicios y del
2 de febrero de 2009 a diciembre de 2009 y de enero de 2011 a junio de 2011
en el Centro de Servicios Agropecuarios del Servicio Nacional de Aprendizaje
-SENA Regional Risaralda» (sic); y según planillas de pago de la cooperativa
en las que se relaciona el nombre del actor19, las labores como trabajador
asociado se cancelaron en las siguientes vigencias:
Desde Hasta
«01-03-2007» (sic) 30-12-2007
02-02-2009 18-12-2009
07-02-2011 30-06-2011
c) Con los antecedentes administrativos de los actos acusados se aportan
contratos de prestación de servicios suscritos entre el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), regional Risaralda, y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Cotraser, entre los años 2007 y 2011, con el objeto de proveer servicios
profesionales de instructores para el centro de industria, instrumentación y
control de procesos, así como la prestación de servicios de trabajo asociado
atañederos al funcionamiento del centro agropecuario y del centro de
comercio y servicios del Sena (regional Risaralda); facturas de venta
expedidas por Cotraser por los servicios prestados y copia de las relaciones
mensuales detalladas de la ejecución de algunos de los contratos20, así:
Contrato Plazo de ejecución
1 4 de 16 de marzo de 2007 «164 días desde su perfeccionamiento»
2 16 de 2 de agosto de 2007 y su otrosí «144 días» (sic)
3 23 de 31 de octubre de 2007 y su otrosí «60 días» (sic)
4 28 del 17 de diciembre de 2007 15 días
5 49 de 6 de febrero de 2009 06/02/2009 a «30/04/2009» (sic)
6 118 de 14 de febrero de 2009 14/04/2009 a 31/12/2009
7 10 de 4 de febrero de 2011 y su otrosí 04/02/2011 a 30/06/2011
19
Ibidem.
20
Ib.
13
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
d) El 13 de junio de 2016 el demandante presentó reclamación con el fin de
que el accionado reconociera la existencia de un contrato realidad y, en
consecuencia, pagara las acreencias prestacionales propias del servicio entre
«marzo de 2005 y diciembre de 2015»21.
e) Oficios 2-2016-002024 y 2-2016-002139 de 20 y 27 de junio de 201622, en
su orden, a través de los cuales el Sena denegó la solicitud de la actora, citada
en la letra anterior, para lo cual adujo que su vinculación se ajustaba a lo
dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
por ende, no generan relación laboral de ningún tipo, ni prestaciones sociales
entre las partes.
f) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios23 de los
señores Pedro Eduardo Pineda Zuluaga y Juan Ángel Uribe Ladino, quienes
relataron circunstancias concernientes a la prestación de servicios del
demandante como instructor del Sena, así como su desempeño en las
funciones que le encargaban, el cumplimiento de horario y la supeditación a
funcionarios superiores de dicha entidad.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se advierte que el
accionante (i) prestó sus servicios al Sena en condición de supervisor de
instructores (con el fin de coordinar actividades académicas), instructor y
asesor de proyectos empresariales y dirigió unidades productivas de jóvenes
rurales y desplazados en la regional Risaralda, en forma interrumpida, desde el
31 de marzo de 2005 hasta el 11 de diciembre de 2015, vinculado a través de
contratos de prestación de servicios y en algunos lapsos como asociado de la
cooperativa Cotraser; y (ii) el 13 de junio de 2016 reclamó del accionado el
reconocimiento de un «contrato realidad» y, en consecuencia, el pago de las
acreencias prestacionales propias del servicio entre «marzo de 2005 y
diciembre de 2015», lo que le fue negado por medio de los actos
administrativos acusados, para lo cual se adujo que su vinculación se ajustaba
a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, por ende, no generan relación laboral de ningún tipo, ni prestaciones
sociales entre las partes.
Ahora bien, está demostrado, con la copia de los contratos de prestación de
21
Idem.
22
Ib.
23
Ibidem.
14
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servicios, las certificaciones emitidas por el Sena y la Cooperativa de Trabajo
Asociado Cotraser, demás documentos aportados y los testimonios
recaudados, la existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado,
(i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente el
demandante fue contratado por el accionado como supervisor de instructores
(con el fin de coordinar actividades académicas), instructor y asesor de
proyectos empresariales y para dirigir unidades productivas de jóvenes rurales
y desplazados, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue
quien prestó el servicio; y, por otro, (ii) la remuneración por el trabajo
cumplido, comoquiera que en dichos contratos se estipuló «VALOR y
FORMA DE PAGO» con cargo a los recursos presupuestales del ente estatal,
es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del
pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el
trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o
salario).
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por el actor y su verdadero alcance, con el fin de establecer si
existió o no.
El Sena fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales
consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria,
el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de
6 de agosto de 1957.
Posteriormente, la Ley 119 de 199424 dispone que el Sena es un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su artículo 2, consiste en «[…]
cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país».
Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en
24
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de
1992 y se dictan otras disposiciones».
15
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formar y capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que
cumple en desarrollo de su actividad, de lo que se colige que las labores
desempeñadas por el accionante como supervisor de instructores, instructor y
asesor de proyectos empresariales y al dirigir unidades productivas de jóvenes
rurales y desplazados son inherentes a su materialización, habida cuenta de
que no fueron temporales y están directamente relacionadas con ella.
En el mismo sentido, se tiene que, según el manual específico de funciones,
requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal del Sena, contenido en el Resolución 986 de 25 de mayo de 2007
(vigente entre 2007 y 2015), los cargos de instructor y profesional hacen parte
de dicha planta, con la descripción de las siguientes funciones:
[…]
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las
Políticas Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de
la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación
según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico
adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados
propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades
detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y
programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación
de conformidad con los módulos de formación y el calendario
institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de
acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las
responsabilidades institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo
de acuerdo con le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
INSTRUCTOR COORDINADOR ACADÉMICO [sic]:
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1. Gestionar los recursos educativos requeridos según el desarrollo de
los procesos formativos.
2. Programar acciones de Formación Profesional según las Políticas,
Plan Estratégico y metas establecidas.
3. Planificar la Formación y capacitación del personal a su cargo de
acuerdo con las necesidades identificadas.
4. Asesorar pedagógica y administrativamente al personal docente en la
ejecución de los programas y acciones según lo establecido en los
planes operativos.
5. Evaluar los procesos académicos y administrativos del área a su
cargo con base en la normatividad institucional vigente.
6. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
PROFESIONAL - CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL
Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los planes,
programas, proyectos y acciones del Centro de Formación Profesional,
para el cumplimiento de la misión institucional, las metas, políticas y
objetivos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
[…]
3. Planear, organizar, programar, coordinar, controlar y evaluar
acciones de formación para el empresarismo, de asesoría y apoyo para
el fortalecimiento y el desarrollo empresarial de las unidades
productivas, empresas y organizaciones del área de influencia.
4. Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar el programa
integral de bienestar de los aprendices del centro.
5. Organizar, coordinar y controlar las mesas sectoriales, soportándolas
metodológicamente y apoyar las funciones de la Secretaría técnica de
estas mesas, a fin de identificar los requerimientos de desempeño en el
trabajo para la definición y elaboración de normas de competencia
laboral y a partir de ellas orientar los programas de Formación
Profesional del SENA y la oferta educativa del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo, siguiendo las políticas y orientaciones de la
Dirección General.
6. Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar planes, programas
y proyectos para el reconocimiento y autorización de programas y
articulación de acciones de formación del Centro con las Instituciones
de Educación Media, Educación Superior, empresas y otras
organizaciones integrantes del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo, de acuerdo con las políticas de la Dirección General, para
garantizar movilidad y reconocimiento en la cadena de formación.
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Uriel Cardona Salazar contra el Sena
7. Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar planes programas
y proyectos para la suscripción de alianzas, convenios y acuerdos con
entidades u organizaciones públicas o privadas, para aunar esfuerzos,
recursos e impacto que le permitan al centro cumplir con las metas
institucionales, previa aprobación de la Dirección General o la
Dirección Regional según el caso.
8. Diseñar, organizar, coordinar, controlar, elaborar y ejecutar el plan de
mercadeo de los programas y servicios del Centro, implementando
mecanismos de retroalimentación con los empresarios, trabajadores y
demás usuarios, para que el portafolio de servicios responda a las
necesidades de la región, en coordinación con la Dirección General.
[…]25.
Las anteriores atribuciones guardan similitud con las ejercidas por el
demandante como supervisor de instructores (con el fin de coordinar
actividades académicas), instructor y asesor de proyectos empresariales y
cuando dirigió unidades productivas de jóvenes rurales y desplazados, puesto
que denotan una sujeción y dependencia de quien ejerce esos empleos, al
propio tiempo que corroboran que no puede existir coordinación para el
desarrollo de una presunta relación contractual para desempeñar esa labor,
toda vez que se trata de funciones que atañen a la esencia de la entidad
demandada.
Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de
prestación de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que
ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista
una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia
al pacto suscrito.
Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del servicio de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.
25
Información consultada en la página electrónica: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-
funciones.aspx
18
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Por consiguiente, se reitera que en el presente caso no puede hablarse de
coordinación, pues el desempeño de las funciones por parte del accionante
estaba sujeto a medidas y/o órdenes de la demandada, tales como: la
imposición de horario prácticamente inmodificable, debido al funcionamiento
de la institución; solicitudes de permisos, imposibilidad en la prestación del
servicio por otras personas, sino por el contratista; y, además, la situación
referente a que debía cumplir diferentes labores relacionadas con la entidad lo
que denota sin lugar a dudas que el accionado, en su condición de empleador,
tenía la posibilidad de disponer del trabajo del demandante, lo que demuestra
la existencia de una verdadera subordinación.
Por tanto, valoradas las pruebas en su conjunto, se colige que si bien el
demandante se vinculó al Sena a través de contratos de prestación de servicios
y por cooperativa de trabajo asociado, se desdibujaron las características
propias de estas figuras de vinculación, circunstancia que originó una relación
laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la
correspondiente subordinación.
La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del
contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el
proceso se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del
empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contrario se
afectan los derechos del trabajador.
Cabe anotar que pese a que se encuentran probados los elementos
configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio,
contraprestación y subordinación o dependencia), destaca la Sala que ello no
implica que la persona obtenga la condición de empleado público, puesto que
no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria
en armonía con el artículo 122 superior26.
26
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite
deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público […]».
19
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En tales condiciones, el argumento de apelación del ente estatal demandado,
referente a la inexistencia de subordinación, está desvirtuado y, en esa medida,
se confirmará la sentencia impugnada.
En cuanto al otro reparo del accionando, se procede a revisar lo atinente al
fenómeno prescriptivo, respecto del cual se advierte que hubo interrupciones
en forma considerable27 en el desarrollo de la actividad contractual, así:
Lapso Contrato Inicio Finalización
6 31/03/2005 30/08/2006
1 22 01/09/2006 28/02/2007
4, 16, 23 y 28 de 2011 (asociado Cotraser) 1628/03/2007 30/12/2007
Interrupción de 5 meses
120 30/05/2008 30/12/2008
2 49 y 118 (asociado Cotraser) 02/02/2009 18/12/2009
84 27/01/2010 26/11/2010
Interrupción de más de 2 meses
3 10 (asociado Cotraser) 07/02/2011 30/06/2011
Interrupción 31 días hábiles
178 18/08/2011 16/12/2011
101 25/01/2012 30/06/2012
4 817 y su otrosí 09/07/2012 15/12/2012
420 25/01/2013 16/12/2013
227 y su adición 17/01/2014 13/12/2014
273 26/01/2015 11/12/2015
Como el interesado formuló la respectiva petición ante el ente estatal el 13 de
junio de 2016, de cara a los tres primeros lapsos contractuales se encuentra
configurada la prescripción, por cuanto del 30 de junio de 2011 al 18 de agosto
de la misma anualidad trascurrieron 31 días hábiles sin que se registrara vínculo
contractual alguno (por lo que hubo solución de continuidad) y entre esta fecha
y la reclamación administrativa (13 de junio de 2016) pasaron más de tres años
(pero no desde la finalización del cuarto lapso); por ende, le asiste derecho a
que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales derivados del último
período de vinculación, al haber operado la prescripción trienal respecto de los
anteriores, excepto en lo referente a los aportes al sistema de seguridad social en
27
Al respecto, en sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 de la sección
segunda del Consejo de Estado, se estableció, como regla, «[…] un periodo de treinta (30) días hábiles, entre
la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el
cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente».
28
Se tiene en cuenta la fecha en que Cotraser y el Sena suscribieron el contrato de prestación de servicios 4 de
16 de marzo de 2007 y no como lo hizo el a quo desde el 1° de los mismos mes y año, porque del lapso
comprendido entre el 1° y el 15 de marzo de 2007 no obra ninguna orden de prestación de servicios suscrita
con el ente estatal demandado.
20
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
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Uriel Cardona Salazar contra el Sena
pensiones, por lo que se modificará la decisión del a quo en ese aspecto, en
cuanto a que la prescripción de las prestaciones sociales reconocidas operó para
los contratos ejecutados entre el 31 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2011.
En lo referente a la orden de cancelar «[…] en favor del demandante las
diferencias que surjan por virtud de los derechos prestacionales […] que
impliquen variación del ingreso base para cotización de los aportes a la
seguridad social en pensión, teniendo en cuenta todo el período de ejecución
contractual (31 de marzo de 2005 al 11 de diciembre de 2015) […]» (sic),
lo cierto es que, en atención a la regla de unificación fijada en la sentencia
SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 202129, esos recursos del
sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para
fines específicos y aunque no constituyen un crédito a favor del contratista,
el empleador debe cubrirlos, por tanto, no es dable que se le sufraguen
directamente al interesado, por lo que se revocará tal decisión.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, (i) se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; (ii) se
modificarán los numerales 1. y 2. de su parte decisoria, en el sentido de que la
prescripción de las prestaciones sociales reconocidas operó para los contratos
ejecutados entre el 31 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2011 y, por ende,
solo se reconocerán aquellas de carácter legal desde el 18 de agosto de 2011
hasta el 11 de diciembre de 2015; y (iii) se revocará el numeral 4. de su parte
dispositiva, que ordenó cancelar «[…] en favor del demandante las
diferencias que surjan por virtud de los derechos prestacionales […] que
impliquen variación del ingreso base para cotización de los aportes a la
seguridad social en pensión, teniendo en cuenta todo el período de ejecución
contractual (31 de marzo de 2005 al 11 de diciembre de 2015) […]» (sic).
29
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016). La regla de unificación fijada es «que frente a
la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es
improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal», con voto disidente por parte del suscrito ponente, porque la
devolución del porcentaje de cotizaciones al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones hace
parte del restablecimiento del derecho de la parte demandante (lo que estará sujeto al fenómeno prescriptivo),
y una decisión en contrario podría constituir un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad estatal
accionada. De igual manera, una cosa es que las entidades completen al sistema los aportes correspondientes a
pensión (que comporta un derecho imprescriptible), como se dejó sentado en la sentencia de unificación CE-
SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, y otra, la devolución de lo que el demandante tuvo que sufragar respecto del
porcentaje que correspondía a su empleador, que, se insiste, integra su restablecimiento del derecho.
21
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00928-02 (3456-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Uriel Cardona Salazar contra el Sena
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 9 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda (sala segunda de decisión), que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por el señor Uriel
Cardona Salazar contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), por las
razones expuestas en la parte motiva.
2°. Modifícanse los numerales 1. y 2. de la parte decisoria de la providencia
apelada, en el sentido de que la prescripción de las prestaciones sociales
reconocidas operó para los contratos ejecutados entre el 31 de marzo de 2005
y el 30 de junio de 2011 y, por ende, solo se reconocerán aquellas de carácter
legal desde el 18 de agosto de 2011 hasta el 11 de diciembre de 2015, de
conformidad con la motivación.
3°. Revócase el numeral 4. de la parte dispositiva de la sentencia impugnada,
que ordenó cancelar «[…] en favor del demandante las diferencias que surjan
por virtud de los derechos prestacionales […] que impliquen variación del
ingreso base para cotización de los aportes a la seguridad social en pensión,
teniendo en cuenta todo el período de ejecución contractual (31 de marzo de
2005 al 11 de diciembre de 2015) […]» (sic).
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
22
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