Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00931-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00931-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00931-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-2021)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
Demandado: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo del
municipio de Pereira (liquidado)
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), el señor Carlos Arturo Reyes Sánchez,
mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio 606 del 14 de junio de
2016, expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, por
medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de
seguridad social reclamados, así como la existencia de una relación laboral.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) declarar que entre aquel y la referida entidad existió una relación laboral producto
de la subordinación a que fue sujeto en la ejecución de los contratos de prestación
de servicios suscritos entre el 1° de julio de 2008 y el 1° de mayo de 2014; ii)
reconocer y pagar lo que corresponda por concepto de cesantías, intereses a las
cesantías, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
recargos dominicales, dotaciones de vestido y calzado y los demás salarios y
prestaciones que devengan los empleados de planta del municipio de Pereira; iii)
efectuar los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones;
y iv) condenar en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Carlos Arturo Reyes Sánchez prestó sus servicios personales y
remunerados para el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo del 1° de
julio de 2008 al 1° de mayo de 2014 como apoyo en la gestión en la asistencia
integral de «los adolescentes infractores de la ley penal», control de archivo,
inventario, entre otras actividades.
ii) Las labores desempeñadas requerían el cumplimiento de una jornada de ocho
horas diarias de lunes a viernes y algunos sábados.
iii) El 19 de mayo de 2016, solicitó el reconocimiento de los derechos deprecados;
sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio 606 del 14 de junio de 2016,
dio respuesta negativa a su petición.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política; 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo; 2, 3 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo; 17 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 8, 9,
10, 11 y 45 del Decreto 3135 de 1968; 43 a 49 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 58 y
59 del Decreto Ley 1042 de 1978; 32, 33 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 8 a 26 y
28 a 31 del Decreto 451 de 1984; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 20 y 204 de
la Ley 100 de 1993; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; y 12 de la Ley 780 de 2002.
Asimismo, invocó como violados los Decretos 1160 de 1947, 3118 de 1968; 3148
de 1968, 1848 de 1969, 1252 de 2000, 1919 de 2002, 372 de 2006; y las Leyes 244
de 1991, 21 de 1982, 50 de 1990, y 244 de 1995.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El vínculo contractual surgido entre las partes cumple con los tres elementos
propios de una relación de trabajo, subordinación, prestación personal y
remuneración, pues tuvo como objeto desarrollar actividades laborales dentro de
las instalaciones de la entidad, en las mismas condiciones de los empleados de
planta y pese a que se desarrolló por medio de contratos de prestación de servicios,
en realidad disfrazó la verdadera relación laboral que surgió entre las partes con el
fin de no pagar las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor.
ii) Así las cosas, el acto administrativo cuestionado es nulo por violación de las
normas jurídicas en que debían fundarse.
1.2. Contestación de la demanda
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
El apoderado del municipio de Pereira (sucesor procesal del hoy liquidado Instituto
de Cultura y Fomento al Turismo) se opuso a las pretensiones de la demanda1 al
indicar que el demandante manifestó haber laborado para el referido instituto,
entidad diferente al ente territorial.
Propuso las excepciones de inepta demanda por falta de requisitos formales o falta
de competencia por no agotamiento de la vía gubernativa o falta de reclamación
administrativa y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia escrita proferida el 18
de septiembre de 2020,2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:
i) El demandante pretende el reconocimiento de una relación laboral desde el 1°
de julio de 2008, pero de las pruebas allegadas se demostró que el vínculo inició el
15 de julio de 2008; en consecuencia, no existe certeza de algún tipo de vinculación
entre las partes del 1° al 14 de julio de 2008, pues no se pueden aceptar períodos
de prestación de servicios diferentes a los acreditados y respecto de los cuales no
se allegaron otras pruebas que demuestren el acuerdo de voluntades.
ii) Igualmente, se advierte que el actor solicitó el reconocimiento anotado hasta el
1° de mayo de 2014, empero de las pruebas descritas quedó debidamente
acreditado que prestó los servicios hasta el 22 de mayo de 2014; por consiguiente,
en garantía de los derechos y principios mínimos que cobijan las relaciones
laborales, se tendrá como probado el período del 2 al 22 de mayo de 2014.
iii) Con los elementos de prueba arrimados al plenario se encuentra debidamente
acreditado que el demandante prestó sus servicios al Instituto Municipal de Cultura
1 Expediente digital, índice 2 de la plataforma Samai, archivo
6_ED_ACTUACIONE_01CUADERNO1(.PDF)
2 Ibidem. Con ponencia del magistrado Leonardo Rodríguez Arango.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
y Fomento al Turismo con el propósito de realizar labores de gestión y apoyo en los
diversos programas del instituto y que se pactó una remuneración por dichos
servicios.
iv) En cuanto a la subordinación, según se aprecia en desarrollo del objeto
contractual el actor debía realizar, entre otras, actividades de apoyo operativo en la
organización y planificación logística de las actividades encaminadas a la promoción
de la ciudad de Pereira, especialmente en las fiestas de aniversario y fomento del
turismo; asistir operativamente a los eventos como el día del libro o el cumpleaños
de la biblioteca, concurso de escritores pereiranos, crear espacios de lectura; recibir
las trasferencias documentales de todas las direcciones del Instituto con el fin de
realizar el archivo central; efectuar el inventario de archivo en la base de datos;
cooperar en campañas de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios; y
hacer los inventarios de la red municipal de bibliotecas públicas satélites.
Adicionalmente, el testigo Héctor Fabio Bautista Hincapié, indicó que sabe que la
labor que desempeñó el actor en el Instituto era en la oficina con los contratistas, le
tocaba recibir todos los contratos y realizar la gestión para la suscripción y debida
ejecución de estos, de igual forma lo veía con muchos papeles, pues era el
encargado de todo lo que llegaba del Instituto; asimismo, que laboraba de 8:00 de
la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes.
v) Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que se demostró el elemento
de la subordinación, en la medida que al demandante le correspondía seguir las
directrices y orientaciones de los directores del instituto, realizando principalmente
labores de gestión y apoyo en los programas y actividades de esa dependencia,
inicialmente en el sector turístico y posteriormente con la red de bibliotecas públicas
y archivo, siendo indispensable su presencia para prestar servicios al usuario y a
los demás funcionarios, lo que demuestra que aquel no tenía autonomía en la
realización de su labor y que la función asignada no la podía realizar en otros
lugares. En consecuencia, resulta procedente el reconocimiento de las prestaciones
sociales solicitadas.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
vi) Sin embargo, operó en forma parcial el fenómeno prescriptivo, pues existió una
interrupción significativa en los contratos suscritos en el período comprendido entre
el 30 de septiembre de 2011 y el 31 de enero de 2012, que dio lugar a la terminación
o rompimiento del vínculo contractual. No así respecto de los intervalos posteriores
que no son significativos dentro del contexto de la relación laboral y «aunque se
observa que existe una interrupción significativa del 7 de agosto de 2013 al 21 de
octubre de 2013, lo cierto es que para este lapso el demandante tenía para
presentar la reclamación administrativa hasta el 7 de agosto de 2016 y como la
radicó el 19 de mayo de 2016, dicho periodo no prescribió».
Así pues, operó el referido fenómeno prescriptivo en relación con el derecho
causado con anterioridad al 1° de febrero de 2012, toda vez que la reclamación de
los períodos contractuales anteriores a esta fecha no tuvo lugar dentro del término
de los tres años siguientes a la culminación de la relación contractual respectiva.
vii) En lo atinente a la pretensión de reconocimiento y pago de dotación de calzado
y vestido de labor por el período en que laboró, como el accionante devengó un
monto superior a los dos salarios mínimos mensuales, no cumple con los
presupuestos normativos para su otorgamiento.
viii) Referente al pago de la prima de servicios, si bien en principio se había
concedido a funcionarios de entidades territoriales en virtud de la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad de la expresión «del orden territorial» contenida
en el artículo 1° del Decreto 1042 de 1978, no se puede perder de vista que la Corte
Constitucional en la sentencia C-402 de 2013 declaró exequible dicha frase, por lo
que debe atenderse los efectos de cosa juzgada constitucional.
ix) En torno a la solicitud de pago del trabajo dominical ha de indicarse no existe
ninguna prueba de su causación, pues el testigo relacionó los horarios normales
laborales, y ni siquiera se mencionó en el escrito de demanda que hubiese
desempeñado labores en esa jornada. Por tal razón no se accederá a ese
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
reconocimiento.
x) En suma, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto
de los períodos anteriores al 1° de febrero de 2012 y la nulidad del acto demandado;
ordenó al municipio de Pereira, como sucesor del instituto demandado a) pagar las
prestaciones laborales de orden legal, tomando como base los honorarios
contractuales de los períodos comprendidos entre el 1° de febrero y el 30 de
diciembre de 2012, el 8 de febrero y el 7 de agosto de 2013, el 22 de octubre y el
21 de diciembre de 2013 y el 23 de enero al 22 de mayo de 2014; b) pagar en favor
del demandante los porcentajes de cotización correspondientes a la seguridad
social que debió trasladar a los fondos respectivos, durante el período acreditado
en que prestó sus servicios y conforme la prescripción extintiva declarada, c) cotizar
al fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en
el porcentaje que le correspondería como empleador en todos los contratos de
prestación de servicios celebrados, d) computar para efectos pensionales el tiempo
laborado bajo la modalidad de prestación de servicios; y negó las demás
pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del municipio de Pereira interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar
las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:3
i) El hecho de que la entidad contratante esté continuamente ejerciendo
supervisión o vigilancia no puede ser un indicio que permita suponer la existencia
de subordinación, sino que obedece a la coordinación para el cumplimiento del
objeto del contrato y de los cometidos estatales.
ii) En defensa del erario deberán ser analizados nuevamente tanto los
testimonios traídos al proceso como la prueba documental adosada, en aras de
3 Ibidem.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
revocar la sentencia atacada, pues del análisis de estos no se extrae, como lo afirmó
el a quo, los elementos configurativos de la relación de trabajo.
iii) En gracia de discusión, el Tribunal se apartó de la sentencia de unificación
emitida por el Consejo de Estado respecto de la no procedencia del reconocimiento
de dotación y del conteo del término de prescripción cuando media, aunque sea, un
día de interrupción entre cada contrato de prestación de servicio suscrito.
11.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes no emitieron pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.4
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer si está probado en el expediente que entre el
señor Carlos Arturo Reyes Sánchez y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al
Turismo del municipio de Pereira (liquidado), existió una verdadera relación laboral
que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado
contractualmente.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
4 Ibidem.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-5 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización6, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.
5 Aprobada el 11 de abril de 1919.
6 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 7 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
7 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,
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ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».8
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».9
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
8 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.
9 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es
posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad,
y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la
Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo
inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del
artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una
relación laboral subordinada».
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.10
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.
10 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-
23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
14
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.11
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de
turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente,
tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,12 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
12 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.
15
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;13 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no podía delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.14
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
13 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del
contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
14 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».15
En ese orden, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.16
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
17
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80
de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre
el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En
el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato
realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual. (Negrillas fuera del texto)
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.17
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.
2.3. Hechos probados18
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante
17 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el
término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos
establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una
relación laboral cuya duración deba ser examinada.
18 Todas las pruebas que a continuación se relacionan se encuentran en el expediente digital,
índice 2 de la plataforma Samai, archivo 6_ED_ACTUACIONE_01CUADERNO1(.PDF).
19
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
De conformidad con la copia de las órdenes de prestación de servicios el señor
Carlos Arturo Reyes Sánchez tuvo las siguientes vinculaciones para prestar
servicios en el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo del municipio de
Pereira:
Órdenes de prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 097 15/07/2008 31/12/2008 5 meses Apoyo a la gestión en la logística
y 15 días para la ejecución y consolidación
de los corredores turísticos y las
actividades de promoción turística
que desarrolla la Dirección
Operativa de Fomento al Turismo.
2 294 09/03/2009 31/12/2009 9 meses Apoyo a la gestión en la logística
y 21 días para las diferentes actividades y
eventos desarrollados por parte de
la Dirección Operativa de la
biblioteca pública municipal Ramón
Correa Mejía
3 041 22/01/2010 21/06/2010 5 meses Apoyar a la biblioteca pública
municipal Ramón Correa Mejía,
fomentando la lectura a través del
4 125 15/07/2010 14/12/2010 5 meses préstamo de libros, cuentos,
revistas, folletos y periódicos, para
5 014 01/02/2011 30/09/2011 8 meses un mejor servicio al usuario
6 20120 01/02/2012 30/12/2012 11 meses Servicios técnicos a la gestión del
011 Instituto, en la sostenibilidad y
Adición custodia del archivo central e
histórico protegiendo el acervo
documental institucional, misional,
histórico y cultural
7 20130 08/02/2013 07/08/2013 6 meses Apoyo a la gestión en el desarrollo
043 del programa red municipal de
bibliotecas satélite
8 20130 22/10/2013 21/12/2013 2 meses Apoyo técnico en la promoción y
192 fomento a la lectura en desarrollo
del programa red municipal de
bibliotecas satélites
9 20140 23/01/2014 22/05/2014 4 meses Servicios técnicos de apoyo a le
083 gestión documental de la
hemeroteca, apoyando la
actualización permanente de los
inventarios y registrándolo en el
SIABUC en formato Excel
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
20
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
i) El 19 de mayo de 2016, el demandante, a través de su apoderada, en
ejercicio del derecho de petición solicitó al Instituto Municipal de Cultura y Fomento
al Turismo reconocer la existencia de la relación laboral dependiente entre aquel y
la entidad entre el 1° de julio de 2008 y el 1° de mayo de 2014; y como consecuencia
de ello pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las que tiene
derecho.
ii) El 14 de junio de 2016, mediante el Oficio 606, la directora general del Instituto
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo despachó de manera desfavorable las
pretensiones invocadas por carecer de fundamento legal. Contra la anterior
decisión la entidad no dio la oportunidad de interponer los recursos procedentes.
2.3.3. Otros medios probatorios
2.3.3.1. Testimoniales
El 26 de marzo de 2019, rindió testimonio el señor Héctor Fabio Bautista Hincapié,
quien en suma indicó lo siguiente:19
Usted ha sido llamado a declarar en un proceso donde el señor Carlos Arturo Reyes
a demandado al ahora municipio de Pereira, en su momento Instituto Municipal de
Cultura y Fomento al Turismo por efecto que unas relaciones contractuales, en voces
de la apoderada de la parte demandante, suscritas entre el 1° de julio de 2008 al 1°
de mayo de 2014 lo que hicieron fue encubrir una verdadera relación laboral entre el
señor demandante y la entidad, sírvase decirle al despacho todo lo que le conste en
relación con ese vínculo que sostuvieron los que ya se han mencionado. Contestó:
bueno, el vínculo es directamente con Carlos, yo con el tuve la oportunidad de trabajar
en un proceso político de los cuales Carlos fue al instituto de cultura a trabajar y yo
fui a otra entidad. Preguntado: pero pregunto por el vínculo que sostuvo Carlos Arturo
con el Instituto de Cultura. Contestó: Carlos tenía una labor en la oficina con
básicamente con los contratistas, el cumplía esa función en horarios de Oficina de
digamos de 8 a 12 y de 2 a 6, horarios completos pues todos los días, estamos
hablando de lunes a viernes o no recuerdo si el sábado también se involucraba.
Preguntado: en específico que le correspondía hacer a él con esos contratistas.
Contestó: pues, yo siempre que tenía la oportunidad de estar allá donde Carlos
siempre lo veía con las hojas en la mano funcionando con esa parte, eso es más o
menos lo que yo puedo decir en el momento. Preguntado: usted, lo que le conste, en
que época estuvo el señor Carlos Arturo prestando sus servicios. Contestó: estuvo
al rededor del año 2007 más o menos, ya en el instituto y hasta el 2014 más o menos,
19 Ibidem, grabación audiencia de pruebas.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
las fechas no las recuerdo porque, pues cuando a uno lo asignan allá hay mucho
movimiento para los ingresos. Preguntado: a usted por qué le consta esto. Contestó:
porque hicimos un proceso político y en política a uno lo ubican en esas entidades. Preguntado: y a usted por qué le consta que él prestaba los servicios en ese horario
que usted acaba de mencionar. Contestó: porque tuve la oportunidad de trabajar
también en otro momento yo estuve cuatro años en el instituto de cultura trabajando
y ahí si fuimos compañeros de trabajo. Preguntado: en qué año. Contestó: yo pienso
que la verdad fueron cuatro años, más o menos como del 10 al 14 si más o menos. Preguntado: cuando usted compartía labores con él quién les daba las órdenes. Contestó: las órdenes allá en el instituto las daba la Dra. Janeth Gómez que era la
directora de la biblioteca del área de la biblioteca pública y también lógicamente que
estamos a disposición de Adriana de la Pava que era la directora pues la encargada
de todo el instituto. Preguntado: qué tipo de órdenes les daba. Contestó: por decir
algo en mi labor yo estaba en el área de la biblioteca, yo trabajaba la parte nocturna
y yo era encargado de esa biblioteca en la parte de la noche, también tenía
oportunidad de trabajar en el día, había unos días que yo hacía labores de día. Preguntado: pero directamente que le hubiera dado órdenes a Carlos Arturo Reyes,
como lo hacía o qué tipo de órdenes le daba. Contestó: si, de contratos porque Carlos
tuvo la oportunidad a veces de tener contratos míos en la mano ayudándome a hacer
procesos allá. Preguntado: qué tipo de procesos. Contestó: pues el recibía los
contratos y todas las gestiones que se hacen cuando, de lo que manejan ellos allá,
uno lleva el contrato y hay otro proceso ahí con eso. Preguntado: hacían reuniones
que fueran ordenadas por el Instituto de Cultura. Contestó: pues si, si, si hubo
reuniones, yo recuerdo una que estuvimos por allá en la ruana no se Carlos si estuvo
esa vez que compartimos con todo el personal del instituto con Adriana con Jannet
con toda la gente del instituto de cultura de todas las áreas y estuvimos todos en esa
integración. Preguntado: era una integración o una reunión de trabajo. Contestó: si
celebramos algo de trabajo haciéndonos una invitación a todos los empleados. Preguntado: hubo interrupciones o trabajó derecho todos los años que usted
mencionó. Contestó: esos años pues que yo sepa fueron directos hasta el 14 que ya
vino el problema de ese contrato que se nos acabó el contrato básicamente yo
también tuve ese problema de retiro. Preguntado: estuvo enterado si Carlos Arturo
tuvo vacaciones. Contestó: la verdad es que cuando uno es contratista no hay
vacaciones […] Preguntado: en caso de que don Carlos por alguna razón debiera
ausentarse de su trabajo, él podía hacerlo libremente o él tenía que solicitar un
permiso previo. Contestó: no, no no, Carlos tenía que cumplir la función de 8 a 12 y
de 2 a 6 porque el contrato es básicamente estar toda la jornada ese tipo de contratos. Preguntado: qué debía hacer don Carlos que le requería estar todo el día en una
Oficina, cuáles eran las funciones que hacía don Carlos que necesitaba estar en una
oficina de 8 a 12 y de 2 a 6. Contestó. El siempre encargado de cuestiones de
Papelería, siempre estuvo funcionando con papeles, papeles acá, y lógicamente que
era el encargado, o ahí en esa parte de todo lo que llegaba del instituto le llegaba a
él de contratos. Preguntado: don Carlos podía decir que como estaba por contrato
de prestación de servicios podía delegar a una persona para que realizara las
funciones que estaban encomendadas a él. Contestó: no, no Carlos siempre el
tiempo que yo lo conocí él siempre estuvo allá cumpliendo su función de Oficina. Preguntado: usted en algún momento vio o se enteró de que le llamaran la atención
a Carlos por alguna circunstancia.
Contestó: pues la verdad yo nunca me enteré de
algo así porque Carlos era un buen empleado la gente lo quería porque era muy
servicial, a mí me consta porque a mí me sirvió en muchas cosas. Preguntado: usted
sabe por qué don Carlos dejó de trabajar en el instituto. Contestó: pues, yo tengo
que ser sincero acá, pues para mí, para mí, el empezó a tener un choque de pronto
allá o lo que yo tengo más claro que es que en política cuando uno pierde, perdemos
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
todos. Preguntado: a ustedes al momento de la terminación del contrato les dieron
alguna liquidación. Contestó: no, no no.
2.3.3.3. Documentales
Además, obran en el expediente copia del informe de actividades realizadas por el
señor Carlos Arturo Reyes Sánchez.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 18 de septiembre de 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, se formuló el recurso de apelación objeto de análisis en el que se afirmó,
entre otras cosas, que en el expediente no está probado el elemento de la
subordinación.
Así las cosas, para resolver la alzada se debe solucionar el siguiente interrogante.
2.4.1. ¿Está probado en el expediente que entre el señor Carlos Arturo Reyes
Sánchez y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo del
municipio de Pereira existió una relación laboral encubierta o subyacente que
permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente?
Es pertinente hacer énfasis en que en estos asuntos en los que se pretende
demostrar una relación laboral encubierta o subyacente, quien demanda debe
acreditar que no prestó un servicio de colaboración o coordinación en el marco de
las actividades contratadas y que, por el contrario, desarrolló funciones
permanentes o inherentes al objeto social de la entidad y que en el adelanto de la
ejecución contractual se configuraron los elementos relativos a i) la prestación
personal del servicio; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador; y, iii) la remuneración como retribución.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que
el demandante estuvo vinculado de manera intermitente con la entidad demandada;
sin embargo, en el proceso no se logró demostrar que la relación que los unió reúne
los elementos propios del contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
El demandante acredita la prestación personal del servicio, a través de los 9
contratos de prestación de servicios que se celebraron y que se detallaron en el
acápite de hechos probados de esta providencia.
El objeto de cada vinculación, en términos generales, fue prestar servicios como
apoyo a la gestión de actividades de promoción turística y en la biblioteca pública
municipal Ramon Correa Mejía.
2.4.1.2. Remuneración
En este caso, las órdenes de prestación de servicios constituyen prueba de que se
pactó una contraprestación mensual por los servicios prestados por el demandante.
2.4.1.3. Subordinación continuada
i) El lugar de trabajo. Del contenido de los contratos se extrae que el
demandante tuvo que prestar sus servicios personales entre las instalaciones del
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y de la Biblioteca Pública
Municipal. Asimismo, en algunas ocasiones las obligaciones contractuales
comprendían actividades encaminadas a fomentar y promover la lectura a través de
las instituciones educativas en el municipio de Pereira por lo que debía adelantar
visitas informativas; así como realizar campañas de promoción y difusión de
servicios bibliotecarios a la comunidad de entornos rurales y urbanos.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00931-01 (2035-21)
Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
ii) El horario de labores. De la prueba testimonial recaudada no se podría
afirmar inequívocamente la imposición de un horario o jornada de labores al
contratista por todo el período contractual reclamado. Nótese que el señor Héctor
Fabio Bautista Hincapié, vinculado en calidad de contratista en el Instituto Municipal
de Cultura y Fomento al Turismo entre los años 2010 y 2014 en su declaración
indicó que el señor Reyes Sánchez cumplía un horario de actividades de 8:00 am
a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, cuando prestaba servicios en las instalaciones del
referido instituto, pero nada referenció sobre el presunto horario o las funciones que
desarrollaba al interior de la Biblioteca Pública Municipal.
De igual modo se observa que al dossier no se aportó ningún otro soporte probatorio
(como cuadros de turnos, o de control de ingreso) que corrobore la afirmación de
que al actor se le exigía el cumplimiento de un horario o jornada entre los años 2008
y 2009,20 o que de forma clara precise la hora de inicio y/o terminación de aquella.
Sin embargo, en gracia de discusión, el hecho de que el demandante
presuntamente hubiera desarrollado sus labores a través de una jornada de trabajo
no acredita per se el elemento de la subordinación, en la medida en que dicha
circunstancia puede hacer parte de la necesaria coordinación que ha de existir entre
los extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera en que deben
prestarse los servicios.
La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo
cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados,
20 De igual manera, en la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas
actividades de la Administración (...) necesariamente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas (...)».
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación».21
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las pruebas
que se recaudaron con el propósito de acreditar este indicio fueron los contratos de
prestación de servicio y el testimonio del señor Héctor Fabio Bautista Hincapié.
En primer lugar, al revisar el contenido de los contratos se tiene que las obligaciones
que debía ejecutar el demandante eran actividades de apoyo operativo en la
organización y planificación logística de las actividades encaminadas a la promoción
turística de la ciudad de Pereira; así como crear espacios de lectura; recibir las
trasferencias documentales de todas las direcciones del Instituto con el fin de
realizar el archivo central; efectuar el inventario de archivo en la base de datos;
cooperar en campañas de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios; entre
otras, sin que del contenido de aquellas, per se, se pueda concluir directamente que
el ejercicio de su labor no se dio de manera coordinada o que estuvo sometido al
cumplimiento de órdenes.
En segundo lugar, el testimonio del único deponente no indica o hace énfasis en
que el señor Reyes Sánchez recibiera órdenes e instrucciones sobre la forma en
que debía prestar sus servicios o ejecutar el contrato, pues únicamente refirió que
«si, de contratos porque Carlos tuvo la oportunidad a veces de tener contratos míos
en la mano ayudándome a hacer procesos allá», cuando dio respuesta a la
pregunta: ¿pero directamente que le hubiera dado órdenes a Carlos Arturo Reyes,
como lo hacía o qué tipo de órdenes le daban?
Asimismo, agregó que el demandante tenía una labor de oficina «básicamente con
los contratistas», pero no logró especificar en qué consistían estas, o que le
correspondía hacer, tan solo afirmó que «yo siempre que tenía la oportunidad de
estar allá donde Carlos siempre lo veía con las hojas en la mano funcionando con
21 Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
esa parte, eso es más o menos lo que yo puedo decir en el momento».
Tampoco hizo énfasis alguno respecto de las actividades plasmadas en las
obligaciones contractuales de fomentar y promover la lectura a través de las
instituciones educativas en el municipio de Pereira o realizar campañas de
promoción y difusión de servicios bibliotecarios a la comunidad de entornos rurales
y urbanos, sino que se refirió a las labores de recepción documental referente a los
procesos de algunos contratistas, sin efectuar mayor precisión o explicación que
permitiera entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar que presuntamente
conoció como compañero del actor.
En ese orden, del estudio de las pruebas aportadas al dosier, bajo criterios de sana
crítica, no se extrae con un mínimo grado de certeza que se le exigiera al
demandante que ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de modo
impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se demostró su inserción en el círculo
rector u organizativo del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo o de la
Biblioteca Pública Municipal, pues más allá de las obligaciones contractuales
convenidas, no se acreditó con suficiencia que la demandada hubiera ejercido una
influencia decisiva sobre la forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus
deberes.
De suerte que la Sala no encuentre en el expediente otros medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan aseverar que el señor Carlos Arturo Reyes Sánchez
recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o
ejecutar el contrato.
En efecto, hechos como estos han determinado el criterio hermenéutico de esta
Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, precisándose que no
toda relación de servicios implica per se la existencia del elemento de la
subordinación, ya que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación de actividades.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
La Sección Segunda del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en controversias similares y ha concluido que entre contratante y
contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de
manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario,
o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que
reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.22
En suma, en este caso no se logró demostrar con grado de certeza la presunta
subordinación a la que estuvo sometida el demandante, tal como se afirmó en el
recurso de apelación interpuesto.
Por consiguiente, el acervo probatorio arrimado al proceso solo consigue demostrar
la prestación personal del servicio del demandante y la remuneración como
contratista, más no es posible establecer con total certeza si existió subordinación,
por consiguiente, la Sala revocará la decisión de primera instancia.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
22 Véase entre otras, la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente 05001233300020130081301
(3867-14), M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Así, debe entenderse que, con la anterior modificación, el juez está llamado a
analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica
de sus intervenciones para determinar si procede o no imponer costas a cargo de
alguna de ellas.
En el presente caso, en concordancia con el numeral 4 del artículo 365 del CGP,
pese a que se revocará la decisión apelada, se observa que los fundamentos
planteados tanto en la demanda como en el trámite de primera instancia no
presentan carencia de fundamentación legal. Contrario a ello, la parte actora
propuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y fue luego
del debate jurídico y probatorio que se determinó, en segunda instancia, la no
procedencia del derecho, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en
costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar el elemento de la subordinación continuada, propio de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes. En ese orden, se revocará la decisión de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
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Demandante: Carlos Arturo Reyes Sánchez
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 18 de septiembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda interpuesta por el señor Carlos Arturo Reyes Sánchez, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone, Negar las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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