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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00054-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00054-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el numeral 4 de la sentencia de primera instancia, en el proceso adelantado por Helmer Mazo Tafur en contra del municipio de Pereira, el cual quedará así: «Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira reconocer y pagar al demandante Helmer Mazo Tafur las siguientes prestaciones sociales y valores: Cesantías $11.209.100; intereses a las cesantías $375.285, prima de navidad $14.497.815; vacaciones $5.384.953 y prima de vacaciones $5.384.953; causados por la relación laboral encubierta existente entre las partes desde el 1 julio al 31 de octubre de 2011, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, del 2 de enero al 29 de febrero de 2012, del 1 de marzo al 30 de junio de 2012, del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012, del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2012, del 1 de noviembre al 11 de diciembre de 2012, del 12 al 31 de diciembre de 2012, del 2 de enero al 31 de mayo de 2013, del 15 de junio al 14 de agosto de 2013, del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2013, del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, del 16 al 31 de octubre de 2013, del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2013, del 2 de enero al 30 de abril de 2014, del 1 de mayo al 30 de junio de 2014, del 1 al 31 de julio de 2014, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2014, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, del 2 de enero al 1 de abril de 2015, del 2 de abril al 15 de junio de 2015, del 16 de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 66001-23-33-000-2017-00054-01 (6084-2019) Demandante: Helmer Mazo Tafur junio al 31 de diciembre de 2015, del 1 al 30 de enero de 2016, atendiendo la prescripción trienal, de acuerdo con las consideraciones de este fallo». SEGUNDO: REVOCAR el numeral 5 de la sentencia apelada. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia. CUARTO: NO CONDENAR en costas. QUINTO: RÉCONOZCASE personería para actuar a la abogada Natalia Puerta Trejos como representante judicial de los intereses del municipio de Pereira, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00054-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de agosto de 2025

Radicado: 54001-23-33-000-2019-00103-01(5593-2022)
Demandante: Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00054-01 (6084-2019)
Demandante: Helmer Mazo Tafur
Demandado: Municipio de Pereira

Tema: Relación laboral encubierta/celador

Decisión: Confirma parcialmente sentencia apelada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
del 26 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Que se declare la nulidad del Oficio 25929 del 1 de julio de 2016 y de la
Resolución 3415 del 27 de julio de 2016, mediante las cuales el municipio de
Pereira negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas
por el señor Helmer Mazo Tafur.

3. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se declare la existencia de una relación laboral entre las
partes. En consecuencia, pidió que se condene a la entidad territorial al
reconocimiento y pago al actor de las siguientes prestaciones sociales: cesantías,

1Cuaderno 1 del expediente – folio 87 y siguientes

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones, cuotas del sistema
de seguridad social en salud y aportes al sistema pensional que fueron asumidos
por el demandante durante el período en que laboró al servicio de la entidad.
Asimismo, solicitó que dichas prestaciones se liquidaran con base en lo
devengado por otro trabajador en un cargo equivalente, o en el valor pactado en
los contratos u órdenes de trabajo, si este fuera inferior.

4. También solicitó el pago indexado de las pretensiones, el reconocimiento
de los perjuicios morales causados con ocasión de su retiro del servicio, la
condena en costas y agencias en derecho a cargo de la entidad, y que se ordene
el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5. El señor Helmer Mazo Tafur prestó sus servicios como vigilante (celador)
en la Institución Educativa Escuela Boyacá, desde el 16 de julio de 2002 hasta el
31 de enero de 2016, mediante contratos de prestación de servicios.

6. La labor encomendada al actor fue ejecutada de manera personal y bajo
subordinación, pues atendía las instrucciones del empleador. Además, cumplía
un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., incluyendo domingos y festivos.

7. Indicó que, en los contratos, se especificó que su finalidad era la prestación
del servicio de vigilancia en el sitio que le fuera asignado, funciones de consejería
y «la vigilancia de los bienes inmuebles del establecimiento educativo
designado». Esto implicaba que el actor estuviera subordinado a las directrices
impartidas por la entidad.

8. El 31 de enero de 2016, finalizó la vinculación del actor con la entidad. Por
tal motivo, presentó reclamación administrativa el 9 de junio de 2016, solicitando
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales. No obstante, el municipio
de Pereira negó dichas peticiones mediante el Oficio 25929 del 1 de julio de 2016,
decisión que fue confirmada mediante la Resolución 3415 del 27 de julio del
mismo año.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9. Se invocaron como vulneradas las siguientes normas constitucionales:
artículos 2, 4, 13, 25, 53, 90, 123, 229 y 315. En cuanto a la normativa legal, se
citaron: el Decreto 2726 de 1945 (artículos 1 y 10); el Decreto 1333 de 1986
(artículos 291 a 296); el Decreto 3135 de 1968 (artículo 41); el Decreto 1848 de
1969 (artículo 102); la Ley 80 de 1993; el Código Sustantivo del Trabajo (artículos
5, 6, 21, 23, 35 y 65); y la Ley 50 de 1990 (artículos 77 y siguientes).

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

10. Respecto del concepto de violación, se explicó que los objetos de los
contratos de prestación de servicios evidencian que las actividades desarrolladas
por el actor estaban supeditadas a las directrices de un superior jerárquico
adscrito a la entidad contratante, lo cual desvirtúa la autonomía e independencia
que caracterizan este tipo de vinculación contractual.

11. Asimismo, se señaló que las funciones desempeñadas no fueron de
carácter temporal ni ocasional, dado que el actor prestó sus servicios durante
más de diez años a favor de la entidad demandada, lo que evidencia la existencia
de una relación laboral encubierta entre las partes.

1.4. Contestación de la demanda2

12. El municipio de Pereira contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones.

13. En relación con los hechos, la entidad señaló que no es cierto que el
contratista estuviera obligado al cumplimiento de un horario; que las funciones
del personal de planta difieren de las desempeñadas por quienes están
vinculados mediante contratos de prestación de servicios; y que las labores
ejecutadas no se encontraban sujetas a subordinación.

14. Por lo anterior, concluyó que entre las partes no existió una relación
laboral, sino una relación de coordinación. Si bien reconoció la existencia de
ciertos mecanismos de supervisión o la presentación de informes, sostuvo que
estos no configuran el elemento de subordinación necesario para la configuración
de un vínculo laboral. En consecuencia, consideró que el demandante no tiene
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas.

15. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i)
inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral; ii) inexistencia de causa
para demandar y cobro de lo no debido; iii) prescripción de los derechos
invocados; y iv) genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3

16. El Tribunal dictó sentencia el 26 de abril de 2019, declarando la nulidad del
Oficio 25929 del 1 de julio de 2016 y de la Resolución 3415 del 27 de julio del
mismo año, mediante las cuales el municipio de Pereira negó la existencia de
una relación laboral encubierta entre la entidad y el actor. Como consecuencia, y
a título de restablecimiento del derecho, reconoció la existencia de un contrato
realidad entre las partes.

2 Cuaderno 1 del expediente – folio 119 y siguientes
3Cuaderno 2 del expediente – folio 199 y siguientes

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17. El a quo explicó que las excepciones de mérito propuestas, por la entidad
—inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral, inexistencia de causa
para demandar y cobro de lo no debido— no constituyen verdaderas
excepciones. Lo anterior, por cuanto no se formularon hechos nuevos que por sí
solos modificaran, aplazaran o desvirtuaran los hechos de la demanda ni los
elementos estructurales de la relación laboral.

18. Para concluir la existencia de la relación laboral, el tribunal acreditó sus
elementos esenciales de la siguiente manera:

19. La prestación personal del servicio del actor en favor del municipio de
Pereira – Secretaría de Educación como vigilante en establecimientos educativos
se constató entre 16 de julio de 2002 y el 30 de enero de 20164, salvo
interrupciones, a partir de los contratos de prestación de servicios y los
certificados de cumplimiento de actividades proferidas por la Dirección
Administrativa de Prestación del Servicio Educativo y Administración de Plazas
Docentes del municipio de Pereira expedidos el 3 de diciembre de 2015 y el 22
de agosto de 2016. Asimismo, los testimonios recaudados en el proceso dieron
cuenta de las actividades realizadas por el actor por más de 13 años.

20. La remuneración se probó igualmente con cada uno de los contratos
allegados al plenario.

21. Sobre la subordinación, el tribunal concluyó que el actor cumplía turnos
de 12 horas diarias bajo las órdenes del rector del plantel educativo, quien
impartía instrucciones sobre sus funciones. Los objetos contractuales incluían
actividades de apoyo operativo, vigilancia de bienes muebles e inmuebles y
control de acceso a las instituciones educativas. Por lo que estas funciones, por
su naturaleza, excluyen la autonomía propia de una relación contractual de

4 En detalle, el tribunal especificó los tiempos en que se demostró la prestación personal del servicio en los

siguientes periodos: 16 de julio al 30 de diciembre de 2002, del 1 de febrero al 30 de abril de 2003, del 1 de
noviembre al 31 de diciembre de 2003, del 1 de enero al 31 de enero de 2004 , del 1 de mayo al 30 de junio
de 2004, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004, del 1 de enero al 28 de febrero de 2005, del 1 de
marzo al 30 de abril de 2005, del 1 al 31 de mayo de 2005, del 1 al 30 de junio de 2005, del 1 al 30 de julio
de 2005, del 1 al 30 de septiembre de 2005, del 1 al 31 de octubre de 2005, del 1 de noviembre al 31 de
diciembre de 2005, del 1 al 31 de enero de 2006, del 1 de febrero al 31 de marzo de 2006, del 7 de abril al
31 de mayo de 2006, del 1 de junio al 31 de julio de 2006, del 1 al 31 de agosto de 2006, del 2 de enero al
28 de febrero de 2007, del 1 de marzo al 30 de abril de 2007, del 1 de mayo al 30 de junio de 2007, del 1 al
5 de julio de 2007, del 6 de julio al 30 de septiembre de 2007, del 1 al 31 de octubre de 2007, del 1 al 30 de
noviembre de 2007, del 1 al 31 de diciembre de 2007, del 2 al 31 de enero de 2008, del 1 al 29 de febrero
de 2008, del 4 de marzo al 30 de diciembre de 2008, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, del 1 julio
al 31 de octubre de 2011, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, del 2 de enero al 29 de febrero
de 2012, del 1 de marzo al 30 de junio de 2012, del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012, del 16 de
septiembre al 31 de octubre de 2012, del 1 de noviembre al 11 de diciembre de 2012, del 12 al 31 de
diciembre de 2012, del 2 de enero al 31 de mayo de 2013, del 15 de junio al 14 de agosto de 2013, del 16
de agosto al 15 de septiembre de 2013, del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, del 16 al 31 de
octubre de 2013, del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2013, del 2 de enero al 30 de abril de 2014, del
1 de mayo al 30 de junio de 2014, del 1 al 31 de julio de 2014, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2014, del
1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, del 2 de enero al 1 de abril de 2015, del 2 de abril al 15 de junio
de 2015, del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015, del 1 al 30 de enero de 2016.
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servicios, como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado5.
22. En consecuencia, concluyó que, en aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre las formas, el actor tenía derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales causadas con ocasión del servicio prestado, al cómputo de
dicho tiempo para efectos pensionales y al pago de las cotizaciones
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

23. Ahora bien, el pago de las prestaciones sociales se ordenó realizarlos con
base en los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios.
Asimismo, el tribunal declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
extintiva del derecho de las prestaciones sociales causadas entre el 16 de julio
de 2002 al 31 de diciembre de 2009. Para ello, se explicó que en este período el
servicio del actor tuvo diferentes interrupciones de entre 1 y 3 meses, lo que
configuró la solución de continuidad. De manera que, por no presentar la
reclamación administrativa dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo, acaeció la prescripción trienal sobre las prestaciones sociales a las que
tenía derecho.

24. Por consiguiente, ordenó a la entidad demandada realizar el pago de las
prestaciones sociales de orden legal que tuviera derecho el demandante
(vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas legales a que haya
lugar) en el periodo correspondiente entre el 1 de julio de 2011 al 30 de enero
de 2016.

25. No obstante, dado que la prescripción no aplica respecto a los aportes al
Sistema de Seguridad Social, ordenó al municipio de Pereira pagar a favor del
demandante los porcentajes de cotización a pensión y salud que debió trasladar
a los fondos respectivos durante todo el período en que se acreditó la prestación
del servicio. Además, ordenó que la entidad para calcular el ingreso base de
cotización (IBC) pensional, tuviera en cuenta el valor de los honorarios, y si
existiere diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, realizar la cotización de las sumas faltantes por concepto de
aportes a pensión en el que le correspondía como empleador.

26. Respecto al reconocimiento de dotaciones de vestido y calzado, se
indicó que los honorarios recibidos por el demandante en el período en que se
reconoció el pago de las prestaciones sociales (1 de julio de 2011 al 30 de enero
de 2016) fueron inferiores a los dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes6, evento que lo hacía acreedor del pago de la dotación. Por lo tanto, se
condenó a la entidad a reconocer y pagar al demandante el compensatorio en
dinero de la dotación que debió recibir durante su servicio de la siguiente manera:

5 Al respecto, citó como precedente la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2007, rad.
05001233100020000472801. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia rad. Interno 2027-2012.
6 Conforme lo establecido en la Ley 70 de 1998 y el Decreto Reglamentario 1978 de 1989.

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i) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011, 1 dotación; ii) entre el 2 de
enero y el 31 de diciembre de 2012, 3 dotaciones; iii) entre el 2 de enero y el 31
de diciembre de 2013, 3 dotaciones; iv) entre el 2 de enero y el 31 de diciembre
de 2014, 3 dotaciones; y, v) entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2015, 3
dotaciones.

27. Finalmente, se negó el reconocimiento y pago de la prima de servicios,
cotizaciones efectuadas a la caja de compensación familiar y perjuicios morales
(sin condenas en costas).

1.6. Recursos de apelación

28. El municipio de Pereira7 presentó recurso de apelación, solicitando que
se revocara la decisión de primera instancia.

29. Como sustento, argumentó que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993
establece que, en ningún caso, los contratos de prestación de servicios generan
relación laboral ni dan lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. En tal
sentido, sostuvo que no puede considerarse que el demandante, en su calidad
de contratista, deba ser tratado como servidor público, dado que no se acreditó
la existencia del elemento de subordinación en el desarrollo de los contratos
celebrados.

30. En consecuencia, afirmó que el fallo de primera instancia desconoció la
voluntad de las partes, quienes de forma libre y consensuada celebraron los
contratos de prestación de servicios, en los que se establecieron expresamente
los derechos y obligaciones del contratista.

31. También cuestionó que el actor recurriera a la vía judicial para obtener la
declaratoria de existencia del contrato realidad sin aportar elementos de juicio
suficientes que permitieran establecer su configuración. Señaló, en particular,
que las pruebas obrantes en el proceso consisten principalmente en testimonios
rendidos por personas vinculadas a la entidad o con relación directa con el
demandante.

32. Por lo anterior, calificó como válida la motivación de los actos
administrativos demandados, pues en el plenario no obran los elementos
probatorios sólidos (testimonios o documentos) que permitan desvirtuar su
legalidad.

1.7. Trámite de segunda instancia

7 Cuaderno 2 del expediente – folio 225 y siguientes

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

33. Mediante proveído del 19 de noviembre de 20198 se admitió el recurso de
apelación. Posteriormente, a través de auto del 3 de febrero de 20209 se corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, luego, al
Ministerio Público para que rindiera concepto.
34. El demandante10 presentó escrito de alegatos en segunda instancia
solicitando que se confirmara la decisión, pues con las pruebas aportadas se
acreditó la existencia de la relación laboral entre las partes.

35. El municipio de Pereira11 allegó memorial de alegatos reiterando los
argumentos presentados en el recurso de apelación.

36. Asimismo, el Ministerio Público12 presentó concepto solicitando que se
confirmara la decisión de primera instancia.

37. Mediante proveído del 24 de noviembre de 202213, la Sala de Subsección
profirió auto de mejor proveer con el fin de que el municipio de Pereira, dentro
de los 10 días siguientes a partir de la notificación del auto: i) remitiera al proceso
copia íntegra y legible de todos los contratos de prestación de servicios suscritos
por la entidad con el señor Helmer Mazo Tafur, y ii) certificara con toda precisión,
las fechas en que el actor desarrolló sus actividades en virtud de los contratos de
prestación de servicios, en el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2002 y
el 30 de enero de 2016, especificando su intensidad horaria, mes a mes.

38. La solicitud probatoria fue reiterada mediante auto del 31 de octubre de
202314.

39. El municipio de Pereira15 contestó el requerimiento judicial a través de
memorial del 1 de diciembre de 2023.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

40. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

8 Cuaderno 2 del expediente – folio 238
9 Cuaderno 2 del expediente – folio 244
10 Cuaderno 2 del expediente – folio 249 y siguientes
11 Cuaderno 2 del expediente – folio 255 y siguientes
12 Cuaderno 2 del expediente – folio 287 y siguientes
13 Cuaderno 2 del expediente – folio 287 y siguientes
14 Cuaderno 2 del expediente – folio 290 y siguientes
15 Índice 43 aplicativo SAMAI segunda instancia.

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16.

2.2. Problema jurídico

41. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

42. ¿Entre el señor Helmer Mazo Tafur y el municipio de Pereira existió una
relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda, por haberse
acreditado los elementos de esta?

43. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual
acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte
actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocados en el escrito
inicial.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

44. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

45. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

46. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para

16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Demandante: Helmer Mazo Tafur

declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
47. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

48. Así las cosas, se evidencia que el actor cumplió con la carga de demostrar
la prestación personal de su servicio en favor del municipio de Pereira entre
16 de julio de 2002 y el 30 de enero de 2016, salvo interrupciones, a través de
la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios.

49. En ese sentido, con los documentos traídos al plenario por el demandante
y por la entidad al responder el requerimiento realizado en segunda instancia, se
extrae que los objetos, períodos y valores de los contratos suscritos
corresponden a los que a continuación se precisan:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
S.N.17 Celador 16/07/2002 30/12/2002 $ 347.339
Interrupción 22 días hábiles
S.N.18 Celador 1/02/2003 30/04/2003 $ 347.339

17 Sin número.
18Documento contenido en el oficio expedido por el municipio de Pereira, mediante el cual se da
cumplimiento al auto proferido en segunda instancia el 1 de noviembre de 2023 a través del cual sé que
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Demandante: Helmer Mazo Tafur

Interrupción 125 días hábiles
S.N.19 Celador 1/11/2003 31/12/2003 $ 347.339
S.N.20 Celador 1/01/2004 31/01/2004 $ 347.339
Interrupción 62 días hábiles
S.N.21 Prestar servicios de secretaria en el 1/05/2004 30/06/2004 $ 371.653
Centro Educativo y/o Institución
Educativa Byron Gaviria del
municipio de Pereira
Interrupción 63 días hábiles
S.N.22 Prestar sus servicios como celador 1/10/2004 31/12/2004 $ 371.653

S.N.23 Prestar sus servicios como celador 1/01/2005 28/02/2005 $ 396.032

S.N.24 Teniendo en cuenta la necesidad de 1/03/2005 30/04/2005 $ 1.460.000
garantizar la seguridad a los
establecimientos educativos de
naturaleza oficial, para proteger los
bienes muebles e inmuebles de los
mismos y así lograr la prestación del
servicio de Vigilancia, en el
establecimiento educativo de
naturaleza oficial Byron Gaviria
S.N.25 Vigilancia de los bienes muebles e 1/05/2005 31/05/2005 $ 730.000
inmuebles del establecimiento
S.N.26 educativo designado, el cual incluye 1/06/2005 30/06/2005 $ 730.000
además el de apoyar el control en el
acceso y salida del establecimiento
S.N.27 educativo del personal de 1/07/2005 30/07/2005 $ 730.000
educandos, docentes, personal
administrativo y en general, la
comunidad educativa.
Institución / Centro educativo
asignado: Byron Gaviria
Interrupción 47 días hábiles
S.N.28 Vigilancia de los bienes muebles e 1/09/2005 30/09/2005 $ 730.000
inmuebles del establecimiento
27929 educativo designado, el cual incluye 1/10/2005 31/10/2005 $ 730.000
además el de apoyar el control en el
acceso y salida del establecimiento
28230 educativo del personal de 1/11/2005 31/12/2005 $ 1.460.000
educandos, docentes, personal
15531 administrativo y en general, la 1/01/2006 31/01/2006 $ 730.000
comunidad educativa.
27632 Institución / Centro educativo 1/02/2006 31/03/2006 $ 1.460.000
asignado: Byron Gaviria
Interrupción 4 días hábiles
27733 Vigilancia de los bienes muebles e 7/04/2006 31/05/2006 $ 1.460.000
inmuebles del establecimiento

requiere a la parte demandada para que allegara los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes. Índice 42 aplicativo SAMAI segunda instancia.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22
Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

27534 educativo designado, el cual incluye 1/06/2006 31/07/2006 $ 1.460.000
además el de apoyar el control en el
27835 acceso y salida del establecimiento 1/08/2006 31/08/2006 $ 730.000
educativo del personal de
educandos, docentes, personal
administrativo y en general, la
comunidad educativa.
Establecimiento educativo Byron
Gaviria del municipio de Pereira o en
el establecimiento educativo donde
la Secretaría de Educación
Municipal de Pereira Requiera el
cumplimiento del objeto contractual.
Interrupción de 81 días hábiles
15736 Vigilancia de los bienes muebles e 2/01/2007 28/02/2007 $ 1.460.000
inmuebles del establecimiento
65737 educativo designado, el cual incluye 1/03/2007 30/04/2007 $ 1.533.000
además el de apoyar el control en el
acceso y salida del establecimiento
117438 educativo del personal de 1/05/2007 30/06/2007 $ 1.533.000
educandos, docentes, personal
171839 administrativo y en general, la 1/07/2007 5/07/2007 $ 127.750
comunidad educativa.
226040 Establecimiento educativo Byron 6/07/2007 30/09/2007 $ 2.171.750
Gaviria del municipio de Pereira o en
el establecimiento educativo donde
283441 1/10/2007 31/10/2007 $ 766.500
la Secretaría de Educación
Municipal de Pereira Requiera el
339242 cumplimiento del objeto contractual. 1/11/2007 30/11/2007 $ 766.500

396743 1/12/2007 31/12/2007 $ 766.500

15844 2/01/2008 31/01/2008 $ 817.166

72045 Prestar los servicios de portería en 1/02/2008 29/02/2008 $ 817.166
el establecimiento educativo Byron
Gaviria del municipio de Pereira o en
el Establecimiento educativo que la
Secretaría de Educación requiera
Interrupción de 1 día hábil
105346 Prestar los servicios de portería en 4/03/2008 30/12/2008 $ 8.062.704
el establecimiento educativo Byron
Gaviria del municipio de Pereira o en
el Establecimiento educativo que la
Secretaría de Educación requiera
17647 Prestar los servicios de Consejería 1/01/2009 31/12/2009 $ 10.639.500
en el Establecimiento Educativo
Hans Drews Arango del municipio
de Pereira, o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera por

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36
Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

necesidad del servicio y/o en la
SEM.
Interrupción de 1 años, 6 meses y 2 días (547 días)
16248 Prestar los servicios de Consejería 1/07/2011 31/10/2011 $ 4.235.796
en el Establecimiento Educativo
Hans Drews Arango del municipio
de Pereira, o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera por
necesidad del servicio y/o en la
SEM.
Contrato Adicionar en valor y tiempo el 1/11/2011 31/12/2011 $2.117.898
adicional 1 contrato 162 de 2011 (…).
al contrato
de
prestación
de servicios
16249
16150 Prestar los servicios de Consejería 2/01/2012 29/02/2012 $ 2.182.000
en el Establecimiento Educativo
Hans Drews Arango del municipio
de Pereira, o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera por
necesidad del servicio y/o en la
SEM.
80651 Prestación de servicios para realizar 1/03/2012 30/06/2012 $ 4.364.000
actividades de apoyo operativo y
asistencial en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira o
donde la Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por necesidad
del servicio.
Interrupción de 20 días hábiles
110352 Prestación de servicios para realizar 1/08/2012 15/09/2012 $ 1.636.500
actividades de apoyo operativo y
174453 asistencial en uno de los 16/09/2012 31/10/2012 $ 1.636.500
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira o
donde la Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por necesidad
del servicio.
237554 Prestación de servicios para realizar 1/11/2012 11/12/2012 $ 1.491.033
actividades de apoyo operativo y
asistencial en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira o
donde la Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por necesidad
del servicio.
Contrato Adicionar en tiempo y valor el 13/12/2012 31/12/2012 $7.272.333
adicional 1 contrato 2375 de 1 de noviembre de
al contrato 2012 (…).
de
prestación
de servicios
237555

48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.

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17356 Prestar servicios de apoyo a la 2/01/2013 31/05/2013 $ 5.673.200
gestión para realizar actividades
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales o donde la Secretaría de
Educación lo requiera
Interrupción de 8 días hábiles
1110067557 Prestar servicios de apoyo a la 15/06/2013 14/08/2013 $ 2.269.280
gestión para realizar actividades
1110154358 operativas en uno de los 16/08/2013 15/09/2013 $ 1.134.640
Establecimientos Educativos
Oficiales o donde la Secretaría de
1110220859 Educación lo requiera 16/09/2013 15/10/2013 $ 1.134.640

1110252560 16/10/2013 31/10/2013 $ 567.320

1110282061 1/11/2013 30/12/2013 $ 2.269.280

1110016262 2/01/2014 30/04/2014 $ 4.538.560

Contrato «Adicionar en valor y tiempo los 01/05/2014 30/06/2014 $2.269.280
adicional 1 contratos cuyo objeto es: Prestación
al contrato de servicios para realizar
de actividades de apoyo operativo y
prestación asistencial en uno de los
de servicios Establecimientos Educativos
1110016263 Oficiales del Municipio de Pereira o
donde la Secretaría de Educación
Municipal lo requiera»
1110084364 Prestar servicios de apoyo a la 1/07/2014 31/07/2014 $ 1.134.640
gestión para realizar actividades
1110151365 operativas en uno de los 1/08/2014 31/10/2014 $ 3.403.920
Establecimientos Educativos
Oficiales o donde la Secretaría de
1110202166 Educación lo requiera 1/11/2014 31/12/2014 $ 2.269.280

1110017867 2/01/2015 1/04/2015 $ 3.506.037

1110080868 2/04/2015 15/06/2015 $ 2.882.742

1110145869 16/06/2015 31/12/2015 $ 7.596.414

15670 1/01/2016 30/01/2016 $ 1.168.679

50. Ahora bien, de la lectura de los contratos, se observa que dentro de las
funciones asignadas al demandante se encontraban las de apoyo a la gestión

56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59
Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem.

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para realizar actividades como celador o conserje, así como diferentes acciones
operativas en los establecimientos educativos oficiales de la entidad.

51. En efecto, al detallar las obligaciones contractuales, se constata que el
demandante: controlaba y coordinaba el ingreso del personal autorizado a las
instituciones educativas; velaba por la puntual apertura y cierre de los portales y
accesos; comunicaba al supervisor de forma oportuna las inconsistencias y
anomalías que se presentaban en el desarrollo de las actividades; garantizaba
el orden en la comunidad educativa; velaba por el cuidado de los cuartos
contadores y motores de las entradas de energía eléctrica, sobre la conducción
general de las aguas fluviales en las terrazas, azoteas y patios de acceso por
servicios comunales; cumplía los turnos de conserjes que se le asignaban en
coordinación con el rector; y atendía cualquier situación administrativa durante
la ejecución de los contratos.

52. Asimismo, los testimonios recaudados en el proceso evidenciaron que las
actividades realizadas por el actor se encaminaron a las funciones de celaduría,
así como otras de índole operativas.

53. Por ejemplo, la señora María Eugenia Ríos Echeverry, quien fue rectora
de una de las instituciones educativas en las que prestó el servicio el
demandante, dijo: «El señor Elmer fue enviado por la Secretaría de Educación como
conserje a la institución educativa Hans Drews Arango, a la sede de la Unión (…)
conserje en los términos del contrato de la Secretaría de Educación y la persona que
ayuda y apoya en la portería y en los menesteres al interior de la institución, con personal
de apoyo (…) reitero, el cuidado, o sea, como la vigilancia y el apoyo en la parte interna
de que las aulas estuvieran en perfecto orden y organizadas, y el ingreso y salida a las
personas».

54. Asimismo, los señores Jorge Arturo Londoño Acevedo y Oscar Jiménez
García —quienes ejercieron el servicio de celadores al servicio de la entidad
demandada— y Carlos Alberto Osorio Arbeláez71 —que afirmó laborar con el
demandante desde el 2007— al unísono explicaron que las funciones del
demandante eran de celaduría.

55. Por otra parte, en cuanto la contraprestación, que se refiere a los
emolumentos recibidos por el contratista durante la ejecución de las actividades
convenidas, la Subsección observa que este requisito se prueba con la cláusula
de remuneración de los contratos suscritos, así como de la constancia de
cumplimiento de los contratos expedida por la entidad.

56. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, de conformidad

71 En detalle, el testigo dijo: «Yo llegué más o menos entre el 2007 al colegio Bayron Gaviria y él ya llevaba

un tiempo largo allí como celador. Allí trabajábamos en horarios de 12 horas, de 6 a 6, junto con el
compañero que tocará en el momento».
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con lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato».

57. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de
establecer si el contratista estuvo subordinado al municipio de Pereira durante la
ejecución de los contratos.

58. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

59. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que, como lugar
de trabajo, el demandante tuvo las Instituciones Educativas Byron Gaviria y
Hans Drews Arango del municipio de Pereira.

60. Por otra parte, con las declaraciones rendidas en el proceso, se deduce
que los horarios de labores que eran de 12 horas diarias.

61. En efecto, la señora María Eugenia Ríos Echeverry explicó que el actor
para cumplir sus funciones laboraba en horario de 12 horas por 24 de descanso72.
Asimismo, el señor Jiménez García afirmó que el demandante prestó su servicio
un horario de 12 horas comprendidas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. 73. El
señor Carlos Alberto Osorio Arbeláez, en igual sentido, adujo que cuando prestó
el servicio de celaduría con el demandante, las actividades se realizaban en
turnos de 12 horas74.

62. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

72 En detalle, la testigo dijo: «Ellos estaban en unos horarios, eran tres personas y cumplían horarios de 12

por 24, porque era también parte del apoyo logístico adentro y de vigilancia (…) Ellos trabajan 12 horas y
descansaban 24».
73 Sobre este aspecto el testigo dijo: «Como que entraba a las 6 de la mañana y en la tarde salía como a las

6 me parece, sí».
74 Al respecto dijo el testigo: «Allí trabajábamos en horarios de 12 horas, de 6 a 6, junto con el compañero

que tocará en el momento (…) Sí, era continuo, era continuo, doctor, era continuo, o sea, día con día, o sea,
solamente no estábamos allá del día que uno descansaba».
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63. El municipio de Pereira alegó en el recurso que el actor busca mediante
este proceso la declaratoria de una relación laboral sin que hubiese aportado las
pruebas que corroboraren la existencia del elemento de subordinación.

64. Para la Sala, no le asiste razón al recurrente, pues, el análisis del material
probatorio a la luz de las reglas jurisprudenciales emanadas de esta Sección
permite concluir que el demandante en la ejecución de sus actividades estuvo
sujeto a la dirección y el control efectivo de la entidad.

65. En efecto, con las pruebas documentales se acreditó que el señor Helmer
Mazo Tafur suscribió 50 contratos que tenían como objeto prestar servicios de
celaduría, conserje y acciones operativas y de mantenimiento en las Instituciones
Educativas Byron Gaviria y Hans Drews Arango del municipio de Pereira. De
modo que, como se explicó previamente, sus actividades se ceñían a procesos
de control de ingreso de personal, garantizar el orden en los lugares asignados,
cuidar y realizar mantenimiento de estos, cumplir con los turnos y las situaciones
administrativas asignadas, entre otras.

66. En otros términos, de acuerdo con las actividades fijadas, se evidencia que
la labor del actor se circunscribió al cuidado y custodia de personas y bienes del
establecimiento educativo donde ejecutaba los contratos. En consecuencia,
ejerció labores de vigilancia, connotación que en varios de los contratos se
consignó taxativamente y que corroboraron la señora Ríos Echeverry y los
señores Jorge Arturo Londoño Acevedo, Óscar Jiménez y Osorio Arbeláez.

67. En esa línea de ideas, conforme lo indicado por esta Sección, cuando se
presta el servicio de vigilancia es inadmisible afirmar la ejecución de actividades
temporales e independientes, por cuanto la labor contratada exige que se brinde
asistencia en seguridad de forma permanente y continuada, toda vez que «es
deber las entidades o establecimientos públicos y con mayor razón, si son del
sector educativo, garantizar la seguridad de las personas que concurren a las
mismas, así como también, de los bienes muebles y enseres que sean de
propiedad del ente respectivo y con los cuales, facilita la prestación de los
servicios para los cuales fueron creados»75.

68. Asimismo, la labor de vigilancia exige la continua y permanente prestación
personal del servicio de garantizar la seguridad de las instalaciones, el personal
y los bienes encomendados. Se resalta que en la mayoría de dichos contratos se
hizo énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad de los establecimientos
educativos y proteger los bienes muebles e inmuebles de los mismos, con el fin
de prestar de manera eficiente el servicio educativo. De igual manera, en otros

75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Expediente

Rad. Núm.: 66001-23-33-000-2013-00468-01(2093-15). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 19 de septiembre de 2024. Expediente Rad. Núm.: 66001-23-33-000-2019-00669-01 (3573-
2022).
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se encomendó el control en el acceso de la entrada y salida de la comunidad
educativa de la institución.

69. Tales actividades, además de ser permanentes, acorde con las reglas de
la sana crítica, no se pueden ejercer con independencia; escenario que exige le
continua necesidad de la prestación del servicio contratado y son parte del giro
ordinario de la entidad pública demandada. A lo que se suma que estaba
sometido a horarios y turnos de trabajo debido a la naturaleza de la labor
encomendada.

70. De modo pues, que, para la Subsección, existen elementos de juicio que
permiten concluir, contrario a lo indicado por la entidad en el recurso de alzada,
que en el ejercicio de las funciones desplegadas por el accionante comportó el
elemento de subordinación y no de coordinación; por cuanto es claro que no
podía desarrollar tal actividad sin estar sujeto a las órdenes e instrucciones
impartidas por sus superiores.

71. Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si
bien se declaró la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica
que el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues no median
los componentes a fin de declarar una relación legal o reglamentaria en los
términos del artículo 122 de la Carta Política.

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

72. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre
el demandante y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o
no de interrupción en alguno de sus períodos, para determinar la posible
prescripción trienal de los derechos prestacionales que deben ser reconocidos
de conformidad con lo ordenado en las sentencias de unificación de 26 de agosto
de 2016 proferida por esta Sección76 y de 9 de septiembre de 202177.

73. Así entonces, el material probatorio revela que el demandante inició
labores el 16 de julio de 2002 y culminó el 30 de enero de 2016. En dicho lapso
se presentaron las siguientes interrupciones superiores a 30 días:

1. 1 de mayo de 2003 al 31 de octubre de 2003 (125 días hábiles).

2. 1 de febrero de 2004 al 30 de abril de 2004 (62 días hábiles).

76 «1. Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el contrato realidad, en

particular en lo concerniente a la prescripción, en el sentido de que: (…) (vi) el estudio de la prescripción en
cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación
laboral;(…)» Consejo de Estado Sección Segunda Sentencia Unificación Bogotá, D.C, veinticinco 25 de
agosto de dos mil dieciséis (2016). Rad Int: (0088-2015). C.P: Carmelo Perdomo Cueter.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sentencia Unificación

Bogotá, D.C, 9 de septiembre de 2021. Rad SUJ-025-CE-S2-2021.
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Demandante: Helmer Mazo Tafur

3. 1 de julio de 2004 al 30 de septiembre de 2004 (63 días hábiles).

4. 31 de julio de 2005 al 31 de agosto de 2005 (47 días hábiles).

5. 1 de septiembre de 2006 al 1 de enero de 2007 (81 días hábiles).

6. 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011 (—547 días— 1 año, 6 meses
y 2 días).

74. De lo anterior, se advierte que se presentaron 6 interrupciones en el
servicio del actor superiores a los 30 días hábiles que ha dispuesto esta
Corporación jurisprudencialmente78, como término razonable para entender que
operó el fenómeno de la solución de continuidad entre cada uno de los contratos
de prestación de servicios.

75. Sobre ello, el tribunal consideró que se configuraba la prescripción trienal
de las prestaciones sociales causadas en favor del actor con anterioridad al 31
de diciembre de 2009, sin embargo, la Sala observa que, la última interrupción
superior a 30 días hábiles en los contratos sucedió entre el 1 de enero de 2010 y
el 30 de junio de 2011 por lo que la parte demandante tenía para presentar la
reclamación administrativa hasta el 30 de junio de 2014, y como solo lo efectuó
el 9 de junio de 2016, prescribió el derecho prestacional del 30 de junio de 2011
hacia atrás. Razón por la cual, se confirmará en este aspecto la sentencia
apelada.

76. No pasa lo mismo con el lapso comprendido entre el 1 de julio de 2011 y
el 30 de enero de 2016, pues en este lapso no hubo interrupciones superiores al
término que configura la solución de continuidad, y como la reclamación
administrativa fue presentada el 9 de junio de 2016 y la demanda el 6 de
diciembre de 2016, no se presentó la prescripción trienal de las prestaciones
sociales causadas en este período.

77. En consecuencia, el reconocimiento de las prestaciones sociales en favor
del actor, tal y como concluyó el tribunal, corresponderá al periodo comprendido
entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de enero de 2016.

Del reconocimiento de las prestaciones sociales en la sentencia de primera
instancia

78. Una vez corroborada la existencia de la relación laboral y los períodos que
sobre esta acaeció el fenómeno de prescripción, procede el estudio del
restablecimiento del derecho del actor.

78 SUJ-025-CE-S2-2021

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

79. En ese sentido, las sentencias de unificación SUJ2-005-16 de 25 de
agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, en cuanto
el restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de una relación
laboral, han señalado que deben tenerse en cuenta las prestaciones sociales del
orden legal recibidas por los servidores públicos de planta de la entidad de igual
categoría, liquidadas no sobre el salario de ellos, si no conforme a los
honorarios pactados en los respectivos contratos de prestación de
servicios.

80. Ahora bien, con la demanda, el actor solicitó el pago de los siguientes
emolumentos: cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios,
vacaciones, pago de las cuotas de la seguridad social en salud y aportes
pensionales cancelados durante el periodo que laboró en la entidad.

81. En primera instancia, el tribunal condenó a la entidad al reconocimiento y
pago en favor del demandante de las prestaciones sociales a las que tuviera
derecho, detallando en la parte motiva de la providencia que las prestaciones a
reconocer eran las de «vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas
legales a que haya lugar».

82. Además, precisó que el señor Mazo Tafur tenía derecho al pago de los
dineros compensatorios por las dotaciones que debió recibir en dicho periodo,
así como a la devolución de los dineros cancelados por este a los fondos
respectivos como aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y
pensión).

83. No obstante, el a quo negó el reconocimiento de la prima de servicios, la
devolución de las cotizaciones efectuadas a la caja de compensación familiar y
los perjuicios morales.

84. Dicho lo anterior, bajo el entendido de que en primera instancia se ordenó
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de orden legal, pero se
negó la procedencia de la prima de servicios, y sin que dicha decisión fuera
apelada por la parte demandante, para no afectar la no reformatio in pejus del
apelante único la Sala mantendrá esa decisión. Pero se precisarán los
reconocimientos efectuados por el a quo.

85. La dotación de calzado y vestido de labor fue prevista en la Ley 70 de
1988 para ser suministrados a los empleados del sector público. Entonces, el
Decreto 1978 de 1989, por medio del cual se reglamentó parcialmente la aludida
ley, determinó que los trabajadores permanentes vinculados mediante relación
legal y reglamentaria, o por contrato de trabajo, tienen derecho a que las
entidades (territoriales o nacionales) les suministren de forma gratuita cada 4
meses un par de zapatos y un vestido, siempre y cuando devengaran una
remuneración mensual inferior a dos salarios mínimos vigentes y hayan trabajado

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en la entidad por lo menos 3 meses de forma ininterrumpida. El suministro de los
elementos se debe hacer los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de
cada año.

86. En ese sentido, se verificará si el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la dotación y calzado con base en la comparativa
establecida entre los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes con el
promedio de los honorarios pactados entre cada contrato, teniendo en cuenta
que solo se reconocerán las prestaciones sociales entre el 1 de julio de 2011
hasta el 30 de enero de 2016:

Año Monto del salario Doble salario Promedio mensual
mínimo mínimo de honorarios
pactados para cada
contrato
2011 $535.600 $1.071.200 $886.625
2012 $566.700 $1.133.400 $1.091.000
2013 $589.700 $1.179.400 $1.134.640
2014 $616.000 $1.232.000 $1.134.640
2015 $644.350 $1.288.700 $1.168.679
2016 $689.455 $1.378.910 $1.168.679

87. Con lo expuesto, se advierte que el demandante devengó una asignación
mensual inferior a los dos salarios mínimos. Por tal motivo, siguiendo los
requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 1978 de 1989, le asiste el
derecho para el reconocimiento del dinero compensatorio por la dotación y
vestido que debió recibir por la entidad desde 1 de julio y el 31 de diciembre
de 2011, en la forma en como lo ordenó el tribunal en el numeral séptimo de la
sentencia recurrida.

88. Con relación a los reconocimientos prestacionales efectuados en primera
instancia «vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas legales a que
haya lugar», considera la Sala que son los regulados en los decretos 1042 y 1045
de 1978. De tal manera que, le asiste ese derecho al demandante en los montos
que a continuación se liquidan, sin precisarse otros para no afectar la no
reformatio in pejus del apelante único, que en este caso es la entidad
demandada:

Desde IPC IPC CESANTIA
# SALARIO INTERES
# meses TOTAL PRIMA DE
Dias PROMED. SOBRE LA PRIMA DE
complpor ANUAL CESANTIA NAVIDAD
por MENSUAL CESANTIA NAVIDAD
año SALARIOS INDEXADA
año POR AÑO INDEXADA

Año FINAL INICIAL INDEXADA

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75,43
2011 120 4 1.058.949
173,23 4.235.796 367.827 844.739 33.790 357.886 821.908
75,74
2011 60 2 1.058.949
173,23 2.117.898 180.185 412.114 8.242 177.717 406.469
76,87
2012 60 2 1.091.000
173,23 2.182.000 185.639 418.346 8.367 183.096 412.615
77,12
2012 120 4 1.091.000
173,23 4.364.000 378.960 851.234 34.049 368.718 828.228
77,25
2012 45 1,5 1.091.000
173,23 1.636.500 138.513 310.610 4.659 137.085 307.408
77,41
2012 45 1,5 1.091.000
173,23 1.636.500 138.513 309.968 4.650 137.085 306.773
76,87
2012 41 1,3 1.091.000
173,23 1.491.033 125.969 283.878 3.880 118.753 267.614
76,87
2012 15 0,5 727.333
173,23 363.667 30.464 68.651 343 30.358 68.413
77,78
2013 150 5 1.134.640
173,23 5.673.200 497.675 1.108.411 55.421 480.974 1.071.216
77,73
2013 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 193.065 430.266 8.605 190.420 424.372
78,14
2013 30 1 1.134.640
173,23 1.134.640 95.541 211.806 2.118 94.882 210.345
77,49
2013 30 1 1.134.640
173,23 1.134.640 95.541 213.582 2.136 94.882 212.109
77,49
2013 15 0,5 567.230
173,23 283.615 23.758 53.111 266 23.676 52.927
77,01
2013 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 193.065 434.289 8.686 190.420 428.340
78,99
2014 120 4 1.134.640
173,23 4.538.560 394.118 864.326 34.573 383.466 840.966
79,66
2014 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 193.065 419.842 8.397 190.420 414.090
80,03
2014 30 1 1.134.640
173,23 1.134.640 95.541 206.804 2.068 94.882 205.377
80,59
2014 90 3 1.134.640
173,23 3.403.920 292.586 628.920 18.868 286.615 616.085
80,54
2014 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 193.065 415.254 8.305 190.420 409.566
83,67
2015 120 4 876.509
173,23 3.506.036 304.456 630.345 25.214 296.228 613.308
83,55
2015 75 20,5 1.153.097
173,23 2.882.743 276.810 573.929 14.348 1.986.974 4.119.730
88,16
2015 195 6,5 1.168.679
173,23 7.596.414 676.541 1.329.369 86.409 647.322 1.271.955
90,05
2016 30 1 1.168.679
173,23 1.168.679 98.407 189.306 1.893 97.728 188.000
TOTA
L 11.209.100
5.169.301 375.285 6.760.004 14.497.815

# SALARIO
# meses TOTAL PRIMA DE
Dias PROMED. PRIMA DE
Desde IPC IPC complpor ANUAL VACACION VACACION VACACION
por MENSUAL VACACION
año SALARIOS INDEXADA
año POR AÑO

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

Año FINAL INICIAL INDEXADA

75,43
2011 120 4 1.058.949
173,23 4.235.796 176.492 405.324 176.492 405.324
75,74
2011 60 2 1.058.949
173,23 2.117.898 88.246 201.833 88.246 201.833
76,87
2012 60 2 1.091.000
173,23 2.182.000 90.917 204.885 90.917 204.885
77,12
2012 120 4 1.091.000
173,23 4.364.000 181.833 408.441 181.833 408.441
77,25
2012 45 1,5 1.091.000
173,23 1.636.500 68.188 152.908 68.188 152.908
77,41
2012 45 1,5 1.091.000
173,23 1.636.500 68.188 152.592 68.188 152.592
76,87
2012 41 1,3 1.091.000
173,23 1.491.033 62.126 140.005 62.126 140.005
76,87
2012 15 0,5 727.333
173,23 363.667 15.153 34.147 15.153 34.147
77,78
2013 150 5 1.134.640
173,23 5.673.200 236.383 526.468 236.383 526.468
77,73
2013 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 94.553 210.723 94.553 210.723
78,14
2013 30 1 1.134.640
173,23 1.134.640 47.277 104.809 47.277 104.809
77,49
2013 30 1 1.134.640
173,23 1.134.640 47.277 105.688 47.277 105.688
77,49
2013 15 0,5 567.230
173,23 283.615 11.817 26.418 11.817 26.418
77,01
2013 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 94.553 212.693 94.553 212.693
78,99
2014 120 4 1.134.640
173,23 4.538.560 189.107 414.723 189.107 414.723
79,66
2014 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 94.553 205.617 94.553 205.617
80,03
2014 30 1 1.134.640
173,23 1.134.640 47.277 102.333 47.277 102.333
80,59
2014 90 3 1.134.640
173,23 3.403.920 141.830 304.867 141.830 304.867
80,54
2014 60 2 1.134.640
173,23 2.269.280 94.553 203.371 94.553 203.371
83,67
2015 120 4 876.509
173,23 3.506.036 146.085 302.453 146.085 302.453
83,55
2015 75 20,5 1.153.097
173,23 2.882.743 120.114 249.041 120.114 249.041
88,16
2015 195 6,5 1.168.679
173,23 7.596.414 316.517 621.941 316.517 621.941
90,05
2016 30 1 1.168.679
173,23 1.168.679 48.695 93.675 48.695 93.675
TOTA
L
2.481.733 5.384.953 2.481.733 5.384.953

89. En resumen, además de la dotación de calzado y vestido de labor, el
demandante tiene derecho a los siguientes conceptos y valores indexados a la
fecha de esta sentencia: Cesantías $11.209.100; intereses a las cesantías

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$375.285, prima de navidad $14.497.815; vacaciones $5.384.953 y prima de
vacaciones $5.384.953.

Del pago de aportes de cotización en salud y pensión a la demandante

90. En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, sobre la
devolución de aportes a salud y pensión se dijo lo siguiente:

«162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en
armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella».

163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y
empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no
gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y
utilización para fines distintos a los consagrados en ella.

164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,73 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer».

165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, no es procedente
ordenar su evolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera,
de contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.

166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,

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es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

91. En ese orden de ideas, atendiendo a la sentencia en cita, la Sala considera
que la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y
pensiones ordenada por el tribunal de instancia es improcedente en las
relaciones laborales encubiertas. Ello, pues solamente se puede ordenar, en
caso de que se demuestren los elementos del contrato de trabajo, el pago
efectivo del porcentaje de cotización al fondo de pensiones al que se encuentre
afiliado el demandante por parte de la entidad pública, cuando hubiere diferencias
en el porcentaje que le correspondía como empleador; razón por la cual se
revocará el numeral 5 de la sentencia recurrida.

92. En suma, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró: la
nulidad de los actos acusados, la existencia de la relación laboral entre las partes
entre el 16 de julio de 2002 y el 30 de enero de 2016. El reconocimiento
prestacional se modificará (numeral cuarto de la sentencia) por haber quedado
probada la prescripción parcialmente del 30 de junio de 2011 hacia atrás, razón
por la cual esta excepción se declarará desde tal fecha.

93. Además, se confirmará el numeral 7 que condena a la entidad al pago
compensatorio del dinero compensatorio por la dotación y vestido, y se
revocará el numeral 5, a través de la cual se condenó a la entidad a pagar al
demandante el pago de los porcentajes correspondientes a pensión y salud que
debió trasladar en los porcentajes legales.

94. Por último, se confirmará los numerales restantes de la parte resolutiva de
la sentencia.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

95. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

96. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del

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Demandante: Helmer Mazo Tafur

derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

97. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida
considerando lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración
normativa autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

98. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.

99. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el numeral 4 de la sentencia de primera
instancia, en el proceso adelantado por Helmer Mazo Tafur en contra del
municipio de Pereira, el cual quedará así:

«Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE
CONDENA al municipio de Pereira reconocer y pagar al demandante Helmer
Mazo Tafur las siguientes prestaciones sociales y valores: Cesantías
$11.209.100; intereses a las cesantías $375.285, prima de navidad
$14.497.815; vacaciones $5.384.953 y prima de vacaciones $5.384.953;
causados por la relación laboral encubierta existente entre las partes
desde el 1 julio al 31 de octubre de 2011, del 1 de noviembre al 31 de diciembre
de 2011, del 2 de enero al 29 de febrero de 2012, del 1 de marzo al 30 de junio
de 2012, del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012, del 16 de septiembre al
31 de octubre de 2012, del 1 de noviembre al 11 de diciembre de 2012, del 12 al
31 de diciembre de 2012, del 2 de enero al 31 de mayo de 2013, del 15 de junio
al 14 de agosto de 2013, del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2013, del 16
de septiembre al 15 de octubre de 2013, del 16 al 31 de octubre de 2013, del 1
de noviembre al 30 de diciembre de 2013, del 2 de enero al 30 de abril de 2014,
del 1 de mayo al 30 de junio de 2014, del 1 al 31 de julio de 2014, del 1 de agosto
al 31 de octubre de 2014, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, del 2
de enero al 1 de abril de 2015, del 2 de abril al 15 de junio de 2015, del 16 de

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junio al 31 de diciembre de 2015, del 1 al 30 de enero de 2016, atendiendo la
prescripción trienal, de acuerdo con las consideraciones de este fallo».

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 5 de la sentencia apelada.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

QUINTO: RÉCONOZCASE personería para actuar a la abogada Natalia Puerta
Trejos como representante judicial de los intereses del municipio de Pereira,
conforme el memorial allegado al proceso visible en el índice 51 del aplicativo
SAMAI.

SEXTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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