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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00069-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala primera), que accedió a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Carlos Alberto Hernández Nieto contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a la parte motiva. 2º. Se abstiene la Sala de reconocer personería a la abogada Juliana Andrea 22 Corte Constitucional, sentencia C-736 de 2007 27 Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones Marmolejo Ceballos, en representación de Colpensiones, por lo indicado en la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00069-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Demandante : Carlos Alberto Hernández Nieto
Demandado : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación conforme a las
Leyes 33 y 62 de 1985

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 4 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda (sala primera), mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control1. El señor Carlos Alberto Hernández Nieto, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 230433 de 5 de
agosto de 2016 y GNR 327539 de 2 de noviembre siguiente y del acto ficto, «[…]
que surge negativo ante el silencio […] de resolver en término y de fondo el
recurso de apelación interpuesto el día 13 de septiembre de 2016 […]» (sic), por
medio de los cuales Colpensiones negó la pensión de jubilación al demandante.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada reconocer «la
pensión de jubilación […] a partir del 16 de enero de 2014 en cuantía del 75%
del promedio de lo cotizado […] en los diez (10) años anteriores al retiro del
servicio oficial […]» (sic), con los correspondientes ajustes y dar cumplimiento a
la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA; por último,
condenar en costas a la demandada.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el índice 2 del expediente digital contenido en
la herramienta electrónica Samai.

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que nació el 16 de enero de 1959 y
«prestó sus servicios […] en Monsanto Colombia INC (Empresa privada) […]»
desde el 10 de mayo de 1978 hasta el 31 de «mayo» de 1981, en el Terminal de
Transportes de Pereira entre el 23 de «marzo» de 1981 y el 20 de febrero de 2003
y en el municipio de Marsella del 1º de enero de 2004 al 31 de febrero de 2007; y
«el tiempo de servicios prestados […] tanto en el Terminal de Transportes de
Pereira como en el municipio de Marsella asciende a 9328 días, equivalentes a
25 años, 10 meses y 28 días».

Dice que solicitó de la demandada su pensión de jubilación, negada con los actos
acusados porque «[…] para el 01 de abril de 1994 contaba con más de 15 años
de servicios cotizados pero […] como solo cumpliría los 60 años de edad el 16
de enero de 2016 no sería beneficiario del régimen de transición y que no le es
aplicable la Ley 33 de 1985 por cuanto solo acredita 4 años y un día como
empleado oficial, razón por la cual solo tendría derecho a la pensión al cumplir
los 62 años» (sic); decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, ante el
cual la entidad guardó silencio.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 2, 6, 48 y 53 de la Constitución
Política; 36 de la Ley 100 de 1993, 27 y 29 de la Ley 6ª de 1945, 1º de la Ley 33
de 1985, 16 de la Ley 446 de 1998 y 138 y siguientes del CPACA; 12 del Decreto
1160 de 1994, 1º y 72 del Decreto 1848 de 1969 y 4 del Decreto 2757 de 2000.

Arguye que «[…] siendo beneficiario del régimen de transición, acumuló más de
veinte (20) años de servicios en una sociedad de economía mixta con el prestado
en [el] municipio de Marsella, la pensión se rige por la normativa anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 al cual pertenecía, que en este caso es
precisamente la Ley 33 de 1985»; por tanto, «[…] los aportes efectuados […]
como trabajador independiente luego de la desvinculación con el Estado, no son
necesarios para el reconocimiento de su pensión de jubilación, pues estas
cotizaciones incluso podrían utilizarse para compensar cualquier variación en el
aporte o aporte adicional por factores sobre los cuales en condición de
emplead[o] públic[o] cotizó, en el entendido de que el Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones no es más que una administradora de recursos» (sic).

1.5 Contestación de la demanda. La accionada, a través de apoderada, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones del libelo introductorio y se refirió a cada uno
de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y otros parcialmente. De
igual modo, propuso las excepciones denominadas inexistencia de la obligación
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Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

y prescripción.

Asevera que el demandante «para el 01 de abril de 1994, contaba con más de
15 años de servicios cotizados pero como solo cumpliría los 60 años de edad el
16 de enero de 2016 no podría ser beneficiario del régimen de transición y por
lo tanto no le es aplicable la Ley 33 de 1985 por cuanto solo acredita
aproximadamente 4 años y un día como empleado oficial, razón por la cual
solo tendría derecho a la pensión al momento que cumpla sus 62 años de edad.
Conforme a lo expuesto no es procedente acceder a la solicitud de pensión de
jubilación, tomando para el efecto el estudio de la vida laboral del demandante
y quedando ampliamente demostrado que el mismo aun no reúne los requisitos
de trabajador oficial, por lo tanto debe de esperarse a que cumpla los 62 años
de edad para lograr adquirir el estatus de pensionado» (sic).

1.6 La providencia apelada. El Tribunal Administrativo de Risaralda (sala
primera), mediante sentencia de 4 de junio de 2021, accedió a las súplicas de la
demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] el señor Carlos Alberto
Hernández Nieto, se desempeñó como gerente del Terminal de Transporte de
Pereira desde el 23 de Marzo de 1981 hasta el 20 de febrero do 2003, funciones
que de acuerdo con lo certificado por la misma entidad las cumplió en calidad
empleado privado; no obstante, no puede desconocerse la calidad de empleado
oficial, que en vigencia del Decreto 1848 de 1969 se le otorgó a las personas
naturales que trabajaban al servicio de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades
Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial
y Sociedades de Economía Mixta, definidos en los Artículos 5o.,6 y 8o. del
Decreto Legislativo 1050 de 1968, así como que a partir de la Constitución de
1991 en su artículo 123 desde un criterio orgánico se dejó claramente establecido
que tendrán la calidad de servidor público los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios,
definición en la que se enmarca las sociedades de economía mixta aún cuando el
capital público sea inferior al 90%, pero superior al 50%, y calidad que no se
descarta por el solo hecho que su relación laboral se rija por el Código Sustantivo
del Trabajo» (sic).

Argumenta que «[…] el demandante prestó sus servicios a dichas entidades por
un total de 25 años y 10 meses, lo que pone de manifiesto el cumplimiento del
requisito de tiempo de servicio para pensionarse conforme el artículo 1º de la Ley
33 de 1985, sin que sea necesario computar para el efecto los tiempos cotizados
como trabajador particular, pues basta con la sumatoria de los tiempos de
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Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

servicios públicos para cumplir con este presupuesto a la luz de los postulados
de la ley 33 de 1985 […]».

Sostiene que «[…] si bien el actor es beneficiario del régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993, lo cual le otorga el derecho a la aplicación de
la norma especial en pensiones contenida en la Ley 33 de 1985, el Ingreso Base
de Liquidación pensional es el previsto en aquella ley por la cual se creó el
sistema de seguridad social integral, conforme las sentencias de unificación
citadas, consistente en este caso en el promedio corresponde al promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento pensional, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE, ya que para la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de
1993 al actor le faltaban más de 10 años para adquirir el status de pensionado
que lo sería el 16 de enero de 2014, razón por la cual a la parte actora le asiste
el derecho a que su pensión le sea reconocida atendiendo el IBL previsto en el
artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es, teniendo como ingreso base de
liquidación el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al retiro del servicio oficial (31 de
diciembre de 2007) actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, y no
anteriores a la adquisición del status, comoquiera que si bien el actor siguió
cotizando hasta la adquisición del status, lo tiempos que se han teniendo en
cuenta para el reconocimiento de la pensión son únicamente los prestados al
servicio estatal, por lo tanto, se accederá al reconocimiento de la prestación en
los términos indicados» (sic).

Que «[…] accederá a las súplicas de la demanda, declarando la nulidad de los
actos acusados, y en consecuencia, se ordena a la Administradora Colombiana
de Pensiones – COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación al señor Carlos Alberto Hernández, en cuantía del 75% del salario
promedio el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al retiro del servicio oficial (31 de
diciembre de 2007), actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, desde el 16 de enero de 2014, fecha en que adquirió el
status de pensionado, teniendo en cuenta que la excepción de prescripción
propuesta por la entidad demandada, no se encuentra probada, por cuanto el
demandante cumplió el status 16 de enero de 2014 y la petición pensional fue
radicada ante la entidad demandada el 1º de julio de 2016, lo que significa que
no transcurrieron los 3 años que estipula el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
4

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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

aclarado por el artículo 1º del Decreto Nacional 3193 de 1968, y reglamentado
por el Decreto Nacional 1848 de 1969, para que se configura[ra] dicho fenómeno
[…]» (sic para toda la cita).

Concluye que «[…] resulta procedente indexar la primera mesada pensional,
pues las sumas de dinero que se deben tener en cuenta para liquidar la misma
están relacionadas con la época en que se produjo el retiro del servicio, y por el
transcurso del tiempo y los fenómenos inflacionarios perdió su poder adquisitivo
para la fecha en que el demandante adquirió el status pensional, situación que
afecta negativamente la cuantía pensional en detrimento de los derechos del
demandante y de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 48 y
53 de la Constitución Política» (sic).

1.7 El recurso de apelación. La entidad demandada, a través de apoderada,
interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] el accionante al 31 de
diciembre de 2014 no contaba con la edad requerida para acceder a la prestación
económica solicitada; por lo que si bien para la fecha contaba con 1,534 semanas
cotizadas, no acreditó la edad requerida, que para los hombres era de 60 años,
por lo que no cumple con los requisitos para el reconocimiento de la prestación
en virtud del Régimen Pensional descrito en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado
por el Decreto 758 de 1990, razón por la cual no es procedente el reconocimiento
de la pensión de vejez bajo estos términos […]».

Que «[…] el demandante no adquiere el derecho a una pensión de vejez bajo
estos postulados [Ley 33 de 1985], al no contar con 20 años de servicio cotizado
en el sector público, pues tan solo tiene cotizados al sector público un total de
1.440 días que equivalen a 206 semanas o 4 años, razón por la cual lo procedente
en derecho es negar el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos
solicitados. Por lo anterior, la única norma aplicable es la Ley 100 de 1993
modificada por la Ley 797 de 2003», por ende, «[s]i bien es cierto […] cumple
con el requisito de semanas exigidas al contar con 1534 semanas cotizadas,
también lo es que no cumple con la edad establecida por la Ley -62 años de edad
para los hombres-, puesto que a la fecha no cuenta con la edad requerida» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 15 de julio de 2021
y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de mayo de 2022, en

5

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; y en virtud de lo establecido en el
numeral 4 ibidem, el demandante presentó escrito de alegatos de conclusión para
reiterar sus argumentos de demanda3.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde en
esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación, de conformidad con las Leyes 33 y
62 de 1985; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no acreditó los
requisitos establecidos en dicha normativa, como lo aduce Colpensiones.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en
precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a
efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida
por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa
en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas
que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de
servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la
referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se
les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
6

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la
edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas,
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los
beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya). Respecto
de esta norma, la Corte Constitucional5 precisó:

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador
al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19936, tal como se
desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos,
fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una
expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales
que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del
régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación
ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban
afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios
o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación
no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en
el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto,
el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para
quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para
pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a
la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación

5
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
6
El artículo 36 indica: «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014,
fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los
hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,
y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15)
o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE» (negrilla fuera del texto).
7

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas
a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir
los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el
artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibidem solamente
ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales
sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de
reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley
100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende
por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte
superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por
este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como
mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la
pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el
régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:
8

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
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Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo
el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión
de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Lo anterior, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite
concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en
cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de
dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos
a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas
personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban
próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad,
el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de
la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó
un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar
la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a
pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad
futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta
que el periodo de transición abarcaría varias décadas7.

7
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de julio
de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran con 750
9

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las condiciones
para acceder a la pensión, es importante que ese cambio no resulte
traumático o desafortunado para aquellas personas que, si bien no
alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior,
sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían cotizando con la
confianza legítima que se pensionarían en las condiciones que los
cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder
conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza
y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a pensionarse, es
decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés
particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de
pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y
condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión,
por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar
de manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente,
para aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores,
podrían adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado en el inciso 3°. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor
aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente
entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá
determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado,
en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo
cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley
100 (1°. de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior
a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es
superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o
(iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo
21 ibidem.

Cabe anotar que en el fallo del Consejo de Estado, en el cual se precisó la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo
que dice relación con el ingreso base de liquidación pensional, la sala plena de
semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto
Legislativo.
10

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

esta Corporación advirtió que «[…] por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron
efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario
de la Ley 100 de 1993, se incorporaron al sistema general de pensiones a los
servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del
Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía
General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la
República; en cuyo artículo 6°. se estableció el salario mensual base para calcular
las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de
1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a)
asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando
sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación
cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f)
remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la
pensión de jubilación a la que se alude la presente demanda, la Sala se remite a
lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, que en relación con el asunto objeto de
examen dispone:

Artículo 1o. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le
pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio.
[…].

Obsérvese que la Ley 33 de 1985 prescribe, como requisitos para acceder a la
pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de los empleados oficiales, haber
servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegado a la edad de cincuenta
y cinco (55) años. Igualmente, determina que la cuantía será del 75% del salario
11

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

promedio.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario8 da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según registro civil de nacimiento, el accionante nació el 16 de enero de 1959.

b) Contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito por el Terminal de
Transportes de Pereira y el accionante de 23 de marzo de 1981 para desempeñar
el cargo de auxiliar de tesorería y contabilidad.

c) Acta 100 de 22 de octubre de 1987, por medio de la cual el actor asume el cargo
de gerente del aludido Terminal, en encargo, a partir del 26 de los mismos mes y
año.

d) Acta 104 de 13 de julio de 1988, con la que la junta directiva del Terminal de
Transportes de Pereira SA nombra al accionante como gerente.

e) Constancia emitida por el secretario administrativo del precitado Terminal, la
cual informa que «el día 26 de Octubre de 1987 del Dr. CARLOS ALBERTO
HERN[Á]NDEZ fue encargado de la Gerencia del TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PEREIRA, mediante Acta de Junta Directiva #100 celebrada
el 22 de Octubre de 1987. Fue nombrado en propiedad según Acta de Junta
Directiva #104 realizada el 13 de Julio de 1988, cargo que en la actualidad
desempeña» (sic).

f) Constancia elaborada por la jefe de talento humano del Terminal de
Transportes de Pereira SA el 4 de diciembre de 2017, conforme a la cual el
demandante laboró en esa empresa entre el 23 de marzo de 1981 y el 20 de febrero
de 2003 y su último cargo fue el de gerente.

g) «CERTIFICADO DE INFORMACI[Ó]N LABORAL» del municipio de
Marsella, según el cual el actor laboró como alcalde del 1º de enero de 2004 al 31
de diciembre de 2007.

h) Oficio 372-16 de 8 de abril de 2016, por medio del cual el Terminal de
Transportes de Pereira informa:

8
Documentos adjuntados en el índice 2 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
12

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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

[…]
2. Naturaleza Jurídica: La Sociedad es de carácter anónima, orden
municipal con un capital público del 68.88%, inferior al 90%-. Se
constituyó mediante la modalidad de Sociedad de Responsabilidad
Limitada y posteriormente se reformó a Sociedad Anónima, como se puede
observar en la Cámara de Comercio el cual se adjunta. Es una sociedad de
economía mixta que no fue autorizada por el Concejo Municipal ni creada
por la ley. Conforme al acuerdo municipal de 1973 se le autorizó al alcalde
invertir aproximadamente $5.000.000 en el Terminal (documento que se
adjunta).
[…]

3. La composición accionaria entre el 23 de marzo de 1981 y el 20 de
febrero de 2003 ha sido mixta, donde tanto el sector público como el
privado han tenido participación, y la misma ha variado de forma constante,
para el año 2003 la participación oficial era del 66,44% y la participación
privada del 33,56% [sic para toda la cita].

i) Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de
Comercio de Pereira, en el que se constata la inscripción de la constitución de la
persona jurídica denominada «TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA
LIMITADA», cuya razón social cambió a «TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PEREIRA S.A» por escritura pública 124 de 24 de enero de 1984 de la Notaría
Primera de Pereira.

j) Oficio 404-18 de 30 de abril de 2018, a través del cual el Terminal de
Transportes de Pereira SA relaciona los accionistas con su respectiva
participación de 1980 a 1987, de la siguiente manera:

AÑOS 1980 A 1983 (Según Escritura Pública 3072 de Diciembre 10 de
1980 Notaría Tercera)

SOCIO APORTE PORCENTAJE
Corporación Financiera $27.555.160 41.86%
del Transporte
Municipio de Pereira $27.401.290 41.63%
Instituto Deptal de $2.006.840 3.05%
Tránsito y Tte.
Instituto Nacional de $2.000.000 3.04%
Transporte
Lotería de Risaralda $60.400 0.09%
Mariela Ángel de Vallejo $709.620 1.08%
Rubén Sanín Mejía $3.992.390 6.07%
José I. Malca y Cía $416.390 0.63%

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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

Guillermo Arango Vega $315.240 0.48%
Logia Libres de Caldas $282.960 0.43%
Carlos Tulio Vallejo $236.550 0.36%
Gloria Elena Vallejo $236.550 0.36%
Olga Inés Vallejo $236.550 0.36%
Los Ángeles Ltda $167.550 0.25%
Alfonso Isaza $120.580 0.18%
Enrique Morales $83.060 0.13%
TOTAL CAPITAL $65.821.130 100%
PAGADO

AÑOS 1984 A 1987 (Según Escritura Pública 124 del 24 de Enero de 1984
de la Notaría Primera)

ACCIONISTA APORTE %
Corporación Financiera $57.555.160 48.8724
del Transporte
Municipio de Pereira $39.346.290 33.4105
Instituto Nacional de $12.000.000 10.1896
Transporte INTRA
Instituto Deptal de $2.006.840 1.7040
Tránsito y Tte.
Lotería de Risaralda $60.400 0.0512
Rubén Sanín Mejía $3.992.390 3.3901
Mariela Ángel de Vallejo $709.620 0.6025
Sucesores de José I. Malca $416.390 0.3535
y Cía
Guillermo Arango Vega $315.240 0.2676
Logia Libres de Caldas $282.960 0.1978
Carlos Tulio Vallejo $236.550 0.2008
Gloria Elena Vallejo $236.550 0.2008
Olga Inés Vallejo $236.550 0.2008
Los Ángeles Ltda $167.550 0.1422
Alfonso Isaza Mejía $120.580 0.1023
Enrique Morales G. $83.060 0.0705
TOTALES $117.766.130 100%

Es de anotar que entre el año 1984 y 1987 de acuerdo a los registros
existentes en la Cámara de Comercio no hubo modificación en la
composición Accionaria.

Adjuntamos además copia de las Actas de Asamblea de Accionistas desde
la No. 17 hasta la No.28[…].

14

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

Igualmente, señala que los accionistas y su porcentaje de participación desde 1981
hasta 2003 son:

Participación Pública 70.9643612%

Participación Privada 29.0356388% [sic].

k) Escritura pública 2833 de 20 de diciembre de 1973 de la Notaría Segunda de
Pereira, por la cual se constituye la persona jurídica denominada Terminal de
Transportes de Pereira Limitada.

l) Oficio de 13 de abril de 2020, con el que el gerente del Terminal de Transportes
de Pereira afirma que este «es una Sociedad Anónima con las características de
aquellas de Economía Mixta, del Orden Municipal, de segundo grado, conforme
a lo establecido en la Ley 489 de 1998, al Código de Comercio y demás normas
concordantes y reglamentarias. Fue constituida en el año 1973, bajo el nombre
de TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA LIMITADA, y el 24 de enero
de 1984 cambia su tipo societario, de Sociedad de Responsabilidad Limitada a
Sociedad Anónima, bajo el nombre de TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PEREIRA S.A., dotada de personería jurídica, patrimonio independiente y
autonomía administrativa y financiera; su actividad está sujeta al control y
vigilancia de la Superintendencia de Transporte» (sic).

m) Reporte de semanas cotizadas de Colpensiones de 23 de enero de 2017, que
da cuenta de que el actor acreditó 1.534,57 semanas, comprendidas entre el 10 de
mayo de 1978 y el 31 de diciembre de 2016; asimismo, certifica que cotizó al
sector privado como empleado de «MONSANTO COLOMBIANA» del 10 de
mayo de 1978 al 31 de mayo de 1981 (159,71 semanas) y en forma independiente
del 1º de julio de 2008 al 31 de diciembre de 20169 (68,57 semanas).

n) Resolución GNR 230433 de 5 de agosto de 2016, por cuyo conducto
Colpensiones negó la pensión de jubilación al actor, al estimar:

Que una vez realizada la respectiva revisión en el aplicativo de Historia
Laboral y confirmada la información con el aplicativo SIAFP, se evidencia
que el señor HERN[Á]NDEZ NIETO CARLOS ALBERTO, presenta
traslado del RAIS (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad)
PORVENIR al Régimen de prima media con prestación definida,
COLPENSIONES, con fecha de solicitud del 15 de Abril de 2008 y fecha
efectiva de traslado del 01 de Junio de 2008.

9
Con algunos períodos de interrupción
15

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

[…]
Que en razón a lo anterior, se llevó a cabo la respectiva revisión del
aplicativo de Historia Laboral, donde se evidencia que el señor
HERN[Á]NDEZ NIETO CARLOS ALBERTO, efectivamente acreditó
15 años de servicios al 01 de Abril de 1994, motivo por el cual, se llevará
a cabo el estudio de la prestación, dentro de los siguientes términos:

Que el peticionario cotizó los siguientes tiempos de servicio: […]

[...] el interesado acredita un total de 10,712 días laborados,
correspondientes a 1,530 semanas.

Que nació el 16 de enero de 1959 y actualmente cuenta con 57 años de
edad.

[…]
Que de conformidad con lo anterior, el señor HERN[Á]NDEZ NIETO
CARLOS ALBERTO cumple los 60 años de edad el 16 de Enero de 2019,
sin que sea procedente la aplicación de dicha norma [artículo 12 del
Decreto 758 de 1990], toda vez que el plazo máximo para acreditar los 60
años de edad era el 31 de Diciembre de 2014.

Que del mismo modo, según lo establecido por el Articulo 1 de la Ley 33
de 1985, que exige para acceder a la pensión de vejez acreditar 55 o más
años de edad y un mínimo de 20 años continuos o discontinuos de servicios
públicos; sin embargo, la norma en comento no le es aplicable toda vez que
el asegurado no acredita 20 años laborados exclusivamente en entidades
públicas, toda vez que únicamente cuenta con 4 años, y 1 día.

Que en razón a lo anterior, se procederá a realizar el estudio de la presente
prestación, a la luz de la Ley 797 de 2003.

[…]
Que en consideración a lo anterior, si bien […] acredita el requisito mínimo
de semanas de cotización (1.300 para el año 2015), no cumple con el
requisito de edad exigida (62 años), toda vez que a la fecha cuenta con 57
años de edad [sic para toda la cita].

o) Contra la anterior determinación el actor interpuso recursos de reposición y en
subsidio de apelación, el primero desatado de manera desfavorable con
Resolución GNR 327539 de 2 de noviembre de 2016 y el segundo no fue resuelto
por la entidad.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el accionante nació
el 16 de enero de 1959 y prestó sus servicios en el Terminal de Transportes de
Pereira SA, en calidad de auxiliar de tesorería y contabilidad desde el 23 de marzo
de 1981 y luego en condición de gerente entre el 26 de octubre de 1987 y el 20 de
16

Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

febrero de 2003 (21 años, 10 meses y 28 días); y en el municipio de Marsella, en
calidad de alcalde del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007 (4 años),
para un total de tiempo de servicios prestados de 25 años, 10 meses y 28 días; (ii)
asimismo, realizó aportes pensionales al sector privado como empleado de
«MONSANTO COLOMBIANA» desde el 10 de mayo de 1978 hasta el 31 de mayo
de 1981 (159,71 semanas) y en forma independiente del 1º de julio de 2008 al 31
de diciembre de 201610 (68,57 semanas); y (iii) por medio de Resolución GNR
230433 de 5 de agosto de 2016, Colpensiones negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación al demandante, al considerar que no acreditó los requisitos
establecidos en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 (Decreto 758 de 1990
y Ley 33 de 1985) y tampoco los exigidos en esta normativa; contra la cual
interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero desatado
de manera desfavorable por conducto de Resolución GNR 327539 de 2 de
noviembre de ese año y el segundo no fue resuelto por la entidad.

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que el demandante está amparado por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 30 de junio de 199511 tenía
más de 15 años de cotizaciones y a la entrada en vigor del Acto legislativo 1 de
2005 (25 de julio de esa anualidad) contaba con más de 750 semanas.

Ahora bien, en el escrito de alzada, Colpensiones afirma que el actor no cumplió
los 20 años de servicios al Estado, razón por la que no es dable el
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de
1985, pues, a su juicio, el tiempo laborado en el Terminal de Transportes de
Pereira SA no es computable como público.

En el sub lite, se tiene que el accionante acreditó que trabajó para el Terminal
de Transportes de Pereira SA durante 21 años, 10 meses y 28 días (entre el 23
de marzo de 1981 y el 20 de febrero de 2003), período sobre el cual recae la
inconformidad de la apelante, pero en sede administrativa la entidad demandada
no tuvo en cuenta dicho interregno como laborado al sector público, contrario a
lo determinado por el Tribunal de instancia.

10
Con algunos períodos de interrupción
11
Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores
públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la
fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».
17

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Sobre este aspecto, cabe precisar que, de acuerdo con la Ley 15 de 1959 12, «el
Gobierno en representación del Estado y por mandato de esta Ley, intervendrá
en la industria del transporte automotor tanto urbano como en servicio por
carreteras, para la movilización de cargas y pasajeros, con los siguientes
objetivos: a) Organizar y patrocinar empresas públicas, privadas o mixtas de
carácter distrital, municipal, departamental o nacional, pudiendo expropiar o
adquirir los equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización o
arreglo contractual sobre pago: b) Reglamentar el funcionamiento de dichas
empresas y prestación de sus servicios […]».

Luego, mediante Decreto 3157 de 198413, el Gobierno nacional definió los
objetivos para intervenir en las actividades de las terminales de transporte
terrestre y las declaró como servicio público, independientemente si son
realizadas directa o indirectamente por el Estado o por particulares; estableció
las funciones de la junta nacional de terminales, la organización, autorización y
funcionamiento de estos y los detalló así:

Artículo 8. Las sociedades de Terminales de Transporte Terrestre, en las
que participe el Estado, son entidades autónomas, con personería jurídica,
patrimonio y organización propios, que se regirán por las disposiciones
constitucionales y legales aplicables a las empresas industriales y
comerciales del Estado, o a las sociedades de economía mixta y tendrán la
forma de sociedades anónimas.

Por su parte, el Decreto 1050 de 196814 (artículo 8) definió las sociedades de
economía mixta, como organismos constituidos bajo la forma de sociedades
comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o
autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o
comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que
consagre la ley.

El Gobierno nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la
Ley 65 de 196715, dispuso la integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y reguló el régimen prestacional de empleados públicos y

12
«Por la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio patronal
de transporte, se crea el fondo de transporte urbano y se dictan otras disposiciones».
13
«Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Terminales de Transporte Terrestre».
14
«Por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la Administración
Nacional».
15
«por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la
remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administración
fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales
destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras
Legislativas
18

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trabajadores oficiales y, para tal efecto, expidió el Decreto 3135 de 1968, que,
además, hizo una distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales,
de la siguiente manera:

ARTICULO 5o. EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES
OFICIALES. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios
Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos
Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los
estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o
confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de
empleados públicos.

El aparte subrayado del anterior inciso fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, en sentencia C-484 de 1995, al estimar que «la fijación de las
actividades que van a ser desempeñadas por virtud de vinculación legal y
reglamentaria dentro de las empresas industriales o comerciales, corresponde
a una función constitucional de orden administrativo que bien puede entregar
la ley a sus juntas directivas, para ser ejercidas en la forma que determinen sus
estatutos internos, sin que ello, modifique la naturaleza del empleo ni la de la
relación laboral de carácter oficial que está dada por ley». Igualmente,
consideró:

"Así, pues, del análisis de la norma se desprende que el criterio adoptado
para determinar la clase de vínculo con la empresa es el orgánico. De esta
suerte, basta que se presten servicios a una empresa calificada como tal
para que la regla general de vinculación sea la contractual laboral, es
decir, la propia de los trabajadores oficiales; es la excepción la
posibilidad de ostentar la calidad de empleado, y para determinarla siguió
el legislador el criterio de la actividad, pues sólo si se trata de tareas de
dirección o confianza, podrá darse la vinculación estatutaria.

[…]

"La Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del doctor JAIME
PAREDES TAMAYO, en concepto de 30 de mayo de 1983, señaló un
método lógico para indagar si se estaba en presencia o no de personal
directivo o de confianza; algunos párrafos del concepto expresan:

"Como lo ha señalado la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema
de Justicia, no es posible dar un criterio de la noción de dirección y
confianza sino con base en las funciones que tenga señaladas el
trabajador, y así ocurre con las personas que tengan la calidad de
19

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empleados públicos, cuya función y clasificación determina su
vinculación a las empresas del Estado.

[…]

Asimismo, el Decreto 1848 de 196916 definió a los empleados oficiales, así:

ARTÍCULO 1.- Empleados oficiales. Definiciones.

1. Se denominan genéricamente empleados oficiales las personas naturales
que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas
especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades
de economía mixta, definidos en los artículos 5, 6 y 8 del Decreto
Legislativo 1050 de 1968.

[…]

3. En todos los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la
entidad empleadora por una relación legal y reglamentaria, se denomina
empleado público. En caso contrario, tendrá la calidad de trabajador oficial,
vinculado por una relación de carácter contractual laboral.

[…]

ARTÍCULO 3.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los
siguientes:

a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1
del artículo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las
obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que
labore en dichas obras; y

b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos
organizados con carácter comercial o industrial, en las empresas
industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

El texto original de la anterior letra agregaba: «con excepción del personal
directivo y de confianza que trabaje al servicio de dichas entidades», el cual
fue declarado nulo por esta Corporación, en sentencia de 16 de julio de 1971,
al estimar que «Para determinar cuáles de esos servidores constituyen una
excepción, por tener la calidad de empleados públicos, el mismo Decreto
establece que los estatutos de aquellas empresas precisarán "qué actividades
de dirección o confianza" deberán ser desempeñadas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos, lo cual da a entender claramente que no

16
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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todas las actividades de dirección y de confianza implican la calidad de
empleado público; sino que sólo algunas de éstas -las más delicadas, las más
altas, las más trascendentales— conllevan ese carácter para el servidor
oficial».

A su vez, el Gobierno nacional, por medio del Decreto 130 de 197617,
reglamentó lo concerniente a las sociedades en que participen la Nación y sus
entidades descentralizadas, para lo cual dispuso:

[….]

Artículo 2°. DEL REGIMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES CON
APORTE NACIONAL INFERIOR AL NOVENTA POR CIENTO
(90%). Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la
Nación o de sus entidades descentralizadas fuere inferior al noventa por
ciento (90%) del capital social, se someten a las reglas del derecho privado,
salvo las excepciones que consagra la ley.

Artículo 3°. DEL REGIMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES CON
APORTE NACIONAL IGUAL O SUPERIOR AL NOVENTA POR
CIENTO (90%) DEL CAPITAL SOCIAL. Las sociedades de economía
mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades
descentralizadas fuere igual o superior al noventa por ciento (90%) del
capital social, se sujetan a las normas previstas para las empresas
industriales y comerciales del Estado.

Cuando en estas sociedades la participación oficial fuere exclusivamente
de entidades descentralizadas, en el respectivo contrato social se señalará
quien elige o designa su gerente y se determinarán la composición y
presidencia de sus juntas directivas.

Como corolario de lo expuesto se colige que, de conformidad con la normativa
reseñada, vigente para la fecha del vínculo del actor a la empresa Terminal de
Transportes de Pereira SA, las personas que prestan sus servicios a las empresas
industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta
tienen, por regla general, la categoría de trabajadores oficiales y, en
consecuencia, están vinculadas por contrato de trabajo, a excepción de algunos
cargos que impliquen actividades de dirección o confianza, expresamente
contemplados en los estatutos de aquellas entidades, quienes tendrán la
condición de empleados públicos, sometidos a una relación legal y
reglamentaria.

17
«Por el cual se dictan normas sobre sociedades de Economía Mixta».
21

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

Posteriormente, la Ley 489 de 199818, que derogó los Decretos 1050 y 3130 de
1968 y 130 de 1976, dispuso que la Rama Ejecutiva del poder público en el
orden nacional, está integrada, entre otros, por los siguientes organismos y
entidades:

[…]
2. Del Sector descentralizado por servicios:

[…]

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

[…]
Parágrafo 1°. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta
en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital
social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y
comerciales del Estado.

De igual manera, definió las sociedades de economía mixta así:

Artículo 97. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía
mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de
sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las
reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

Parágrafo. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las
sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de
entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior
al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y
comerciales del Estado.

Con base en lo anterior, las sociedades de economía mixta se sujetarán a las
reglas de derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley; asimismo,
en los casos en que la participación estatal en dichas sociedades sea superior al
90%, sus servidores tendrán la calidad de trabajadores oficiales y, por
excepción, la de empleados públicos.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral)19 se refirió
frente al régimen de los trabajadores de las empresas industriales y comerciales
del Estado y de las sociedades de economía mixta, así:

18
«por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
19
Radicado 87275, sentencia de 27 de enero de 2021, M. P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
22

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

[…] de conformidad con la clasificación de entidades hecha por el Decreto
1050 de 1968, en desarrollo de las facultades otorgadas al Presidente por la
Ley 65 de 1967 y desde la perspectiva de las sociedades de economía
mixta: i) Las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta son entidades descentralizadas, cuya
orientación, coordinación y control estarán sujetos a las leyes y estatutos
que los rijan; ii) el régimen aplicable a una y otra son diferentes; iii) la regla
general para las sociedades de economía mixta es la aplicación del derecho
privado, sin más cortapisas que las que le imponga la ley; iv) el Decreto
3130 de 1968, artículo 3.° señaló el régimen jurídico para algunas
sociedades de economía mixta y explícitamente previó que aquellas en las
que el Estado tenga un 90% o más de participación en su capital se someten
al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del
Estado; v) el inciso final del Decreto 3135 de 1968 prescribió que las
personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y
comerciales del Estado son trabajadores oficiales y vi) de lo anterior se
deduce con meridiana claridad que las personas que prestan sus servicios a
las sociedades de economía mixta en las cuales la participación estatal es
menor al 90% son trabajadores particulares (regla general); y que sólo en
aquellos casos en que la participación del estado sea superior al 90% los
trabajadores se sujetarán al régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado, es decir, serán trabajadores oficiales (régimen
excepcional).

[…] Las normas constitucionales han de interpretarse sistemáticamente,
entre otras razones porque no es posible sostener que entre ellas hay
contradicción u orden jerárquico.

Sobre esa base, no ofrece duda que de conformidad con los preceptos
transcritos, que las entidades descentralizadas hacen parte de la rama
ejecutiva, la designación genérica de empleados oficiales que usaba la
legislación anterior fue sustituida por la de servidores públicos y, por
disposición constitucional, quedó en cabeza de la ley establecer el régimen
jurídico de las entidades descentralizadas.

[…]
Ninguna sorpresa causa encontrar en el listado de entidades
descentralizadas dispuesto por la Ley 489 de 1998 a las empresas
industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía, pues
esa clasificación, se insiste, viene desde la reforma de 1968, lo cual implica,
por supuesto, que de alguna manera están integradas a la rama ejecutiva del
poder público.

Pero también debe tenerse presente que antes y después de la Constitución
de 1991 cada una de las entidades, ya sea del nivel central o descentralizada
por servicios, como es el caso de las empresas y las sociedades, tienen sus
propias características, particularidades y régimen jurídico, tanto para sus
actos y contratos, como en el aspecto laboral, el cual está definido

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

esencialmente en la ley y, en algunos casos en los reglamentos y estatutos
que les son aplicables.

[…]
De lo dicho merece destacar que las empresas desarrollan sus actividades
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que
consagra la ley. El régimen de derecho privado está representado
básicamente por el Código de Comercio, para las actividades industriales
y comerciales y el Código Sustantivo del Trabajo en lo pertinente, porque
con la Ley 489 de 1998 la condición jurídica de quienes laboran allí no se
modificó, es decir, quienes tienen vinculación con contrato de trabajo son
trabajadores oficiales (art. 5.° del Decreto Ley 3135 de 1968), pueden
celebrar convención colectiva y están sometidos a la jurisdicción laboral
ordinaria. Excepcionalmente, según los estatutos, el personal de dirección
y confianza tendrá el carácter de empleado público y le aplicarán las
normas de derecho administrativo.

[…]

En este orden de ideas, las personas que trabajan en las sociedades de economía
mixta, en las cuales la participación estatal es menor al 90%, por regla general,
se rigen por las normas del derecho privado. Sin embargo, por excepción, de
acuerdo con la ley y con los estatutos de cada entidad, los cargos que impliquen
actividades de dirección o confianza tendrán el carácter de empleados públicos,
los cuales se sujetarán al régimen previsto para este tipo de servidores.

En lo referente a las personas naturales que prestan sus servicios en las
sociedades de economía mixta, la Corte Constitucional, en sentencia C-736 de
2007, también precisó:

6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la
Carta señala que "son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios". (Subraya la
Corte) A su turno, el artículo 125 ibídem establece que "(l)os empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley".

Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción
de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies,
cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados
públicos y los trabajadores oficiales. Estos últimos, como es sabido, no se
vinculan a la Administración mediante situación legal y reglamentaria,
sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los
empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver que la
anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para
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Expediente: 66001-23-33-000-2017-00069-01 (3605-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos
de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para lo cual está
revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral
23 del artículo 150 de la Constitución Política. Así pues, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados
y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las
sociedades de economía mixta y los de las empresas de servicios públicos,
son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede
señalar distintas categorías jurídicas.

De otro lado, la Constitución también deja en manos del legislador el
establecimiento de la responsabilidad de los servidores públicos, cuando
en su artículo 124 indica que “La ley determinará la responsabilidad de
los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.” Así pues, dado
que según se ha examinado en las consideraciones precedentes de esta
sentencia, tanto las sociedades de economía mixta como las empresas de
servicios públicos son entidades descentralizadas pertenecientes a la Rama
Ejecutiva, se tiene que las personas que les prestan sus servicios son
servidores públicos, por lo cual el legislador puede señalar para ellos un
régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Sin embargo, en ejercicio
de la anterior facultad, el legislador encuentra límites que devienen
directamente de la Carta, como aquellos que están dados por los artículos
126 y 127 superiores, que expresamente establecen ciertas inhabilidades e
incompatibilidades aplicables a todos los servidores públicos.

Y, en sentencia C-118 de 2018, destacó:

En síntesis, de acuerdo con la previsión del artículo 123 Superior, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que los empleados y trabajadores
de las sociedades de economía mixta son servidores públicos. Asimismo, ha
explicado que esa categorización no implica la determinación de un régimen
jurídico específico, pues este aspecto no fue definido de manera explícita en
la Carta Política y, por el contrario, su determinación se defirió al Legislador

[…]
En relación con esa consideración expuesta por los actores, este Tribunal
reitera que por disposición expresa de la Carta Política, los trabajadores y
empleados de las entidades descentralizadas por servicios, tales como
las sociedades de economía mixta, son servidores públicos. Sin embargo,
esta categorización no genera un régimen laboral único e intangible, ni
impide que el Legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración
que le asignó la Constitución, defina un tipo de vinculación particular y
determine tanto el tipo de normas aplicables a la relación laboral, como los
otros aspectos propios del régimen jurídico, pues el artículo 210 precisó
que “[l]a ley establecerá el régimen jurídico de las entidades
descentralizadas”.

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En este orden de ideas, según lo dicho por la precitada Corporación, los
empleados de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades
de economía mixta, son servidores públicos.

De acuerdo con lo anterior y en virtud de que el Terminal de Transportes de
Pereira se constituyó, en principio, como sociedad comercial con
responsabilidad limitada y, luego, como anónima 20, por medio de escritura
pública 2833 de 20 de diciembre de 1973, conformada por aportes estatales y
privados, se deduce que su naturaleza jurídica es de sociedad de economía
mixta.

Igualmente, se precisa que el demandante al haberse vinculado en calidad de
gerente del Terminal de Transportes de Pereira SA entre el 26 de octubre de
1987 y el 20 de febrero de 2003, cargo que le exigía el cumplimiento de
funciones de dirección y/o confianza, según se previó puntualmente en los
estatutos21 de creación de dicha sociedad, tuvo la condición de empleado
público, como lo determinó el a quo, por tanto, dicho período es susceptible de
ser computado para efectos del reconocimiento pensional que depreca el actor.

Asimismo, se advierte que si bien es cierto que su vínculo inicial con el referido
Terminal fue como auxiliar de tesorería y contabilidad (23 de marzo de 1981),
también lo es que, según la jurisprudencia que antecede, «utilizando un criterio
orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que "son servidores públicos los

20
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Pereira
21
«LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE, O QUIEN HAGA SUS
VECES, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS […] DEBERA
EJECUTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y POLITICAS TRAZADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL, Y POR
LA JUNTA DIRECTIVA. […]. EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU
CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN
LOS ESTATUTOS. 2. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS
QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA
SOCIEDAD. […] 4. NOMBRAR, CONTRATAR, ORIENTAR Y REMOVER DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES VIGENTES, EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, EL CUAL ESTARA BAJO SU INMEDIATA
SUBORDINACION E INSPECCION, SEGUN DELEGACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 5. TOMAR TODAS
LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD
DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES O
INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. 6. CONVOCAR A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE O
NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA
JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. […]. 8. CUMPLIR LAS ORDENES O
INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN
PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR
PREVIAMENTE LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS
CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN
OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL
FUNDAMENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. […] 12. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCION POLITICA, LAS LEYES, NORMAS, LOS ESTATUTOS Y LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA […]» (sic para toda la cita).
26

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miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios"»22,
definición en la que se enmarcan las sociedades de economía mixta, como
quedó visto, razón por la que dicho lapso también es computable para obtener
la prestación que reclama el demandante.

Así las cosas, el accionante al ser beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su situación pensional se encuentra
gobernada por la Ley 33 de 1985, por lo que al establecerse que acreditó
servicios al Estado por 25 años, 10 meses y 28 días y cumplió 55 años de edad
el 16 de enero de 2014, le asiste el derecho a obtener la pensión de jubilación
en los términos contemplados en dicha norma, como lo concluyó el Tribunal de
instancia.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones de
la demanda.

Por último, se observa que quien dice actuar como representante legal de la Unión
Temporal Abaco Paniagua & Cohen y como apoderada de Colpensiones allegó
sustitución de poder en la abogada Juliana Andrea Marmolejo Ceballos; no
obstante, no aportó dicho poder ni los anexos que la habiliten dentro del proceso,
razón por la que tampoco es dable reconocer personería a la abogada sustituta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda (sala primera), que accedió a las súplicas de la
demanda en el proceso instaurado por el señor Carlos Alberto Hernández Nieto
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a
la parte motiva.

2º. Se abstiene la Sala de reconocer personería a la abogada Juliana Andrea

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Corte Constitucional, sentencia C-736 de 2007
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Carlos Alberto Hernández Nieto contra Colpensiones

Marmolejo Ceballos, en representación de Colpensiones, por lo indicado en la
motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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