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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00499-02

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00499-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – ADICIONAR un párrafo al ordinal quinto de la sentencia del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «QUINTO: La parte demandada deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados) a la parte demandante, a partir del 07 de abril de 2012 y hasta que se haya normalizado el pago conforme el Decreto 271 de 2021, teniendo en cuenta que la base de liquidación es del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial. La diferencia de los valores que arroje la reliquidación de los salarios y prestaciones, sumada a los demás emolumentos ya cancelados, no deberá superar los topes establecidos para cada cargo. El reconocimiento de los derechos, la reliquidación y pago que aquí se ordena aplica para los tiempos debidamente individualizados, año a año. El cumplimiento de la orden judicial, estará condicionado a que la entidad demandada - Rama Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos.» SEGUNDO.- MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los siguientes términos: «SÉPTIMO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones que se deben realizar en favor de la parte demandante, en virtud de la liquidación ordenada por efecto del reconocimiento de la prima del 30% no percibido a título de prima especial y de las diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración, así: En favor del Dr. JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO desde siete (7) de enero de 1993, hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual y desde la entrada en vigor de la referida norma, 21 Interno: 2983-2025 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00499-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 66001-23-33-000-2017-00499-02 (2983-2025).
Demandante Jaime Alberto Saraza Naranjo.
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ).
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992).
Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

1.1. Pretensiones.

1. El señor Jaime Alberto Saraza Naranjo, actuando por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
de los siguientes actos administrativos:

a) Oficio DESAJP15-377 del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Quince (2015),
emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira,
que negó el reconocimiento y pago, a partir del dieciocho (18) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Dos, del 100 % de la remuneración mensual decretada,

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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

sin descontar el 30 % por concepto de prima especial de servicios y la reliquidación
de prestaciones sociales;

b) Resolución No. 5602 del Doce (12) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) proferida
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; por medio de la cual, se
confirmó la decisión anterior;

c) Resolución No.7175 del Veinte (20) de septiembre de dos Mil Dieciséis (2016)
emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
D.C., que negó el reconocimiento y pago, a partir del dieciocho (18) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Dos, del 100 % de la remuneración mensual decretada,
sin descontar el 30 % por concepto de prima especial de servicios y la reliquidación
de prestaciones sociales;

d) Del acto ficto o presunto, derivado del silencio administrativo negativo, al no
notificarse decisión expresa, frente al recurso de apelación interpuesto el Diez (10)
de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), en contra de la Resolución No. 7175;

e) Del acto ficto o presunto, configurado al no haberse notificado la decisión que
resuelve la reclamación administrativa, presentada el Trece (13) de febrero de Dos
Mil Diecisiete (2017), ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, frente
al reconocimiento y pago, a partir del dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Dos, del 100 % de la remuneración mensual decretada, sin descontar
el 30 % por concepto de prima especial de servicios y la reliquidación de
prestaciones sociales;

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada a lo subsiguiente:

i) Incluir el 100% de la remuneración mensual decretada, sin descontar el 30% de
la prima especial, al igual que su contabilización en los demás créditos de
naturaleza laboral, que no la tuvieron como factor de salario y que corresponde a
la cesantía, intereses de la cesantía, bonificaciones de toda especie, vacaciones,
primas de navidad, vacaciones y de servicios, desde el Dieciocho (18) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Dos (1992).

ii) La condena en costas.

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

1.2. Hechos.

3. El señor Jaime Alberto Saraza Naranjo, es magistrado de la Sala Civil – Familia, del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira. Con anterioridad, se desempeñó como
juez en el distrito judicial de Pereira, magistrado de la Sala Laboral de descongestión del
Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, empleos a partir de los cuales, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

4. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:

• Constitución Política, los artículos 2, 13, 25 y 53;
• Ley 4 de 1992, artículo 14;

5. Como concepto de violación, señaló que, la decisión adoptada por la Rama Judicial,
es contraria a lo establecido en la Constitución Política, puesto que se transgrede el deber
de protección y efectividad de los derechos laborales, mismos que afectan en forma
tangible la situación económica de la demandante.

6. Expresó que, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del (100%) de la
remuneración mensual decretada, sin apartar el (30%) por concepto de prima especial,
al igual que su contabilización en los demás créditos de naturaleza laboral que no la
tuvieron como factor de salario correspondiente a la cesantía, intereses de cesantía,
bonificaciones de toda especie, vacaciones, primas de navidad, prima de servicios, cuyo
reconocimiento ha sido negado por la Nación - Rama Judicial, violando los preceptos
constitucionales y legales que rigen la materia, por lo cual procede la protección
contencioso administrativa.

1.4. Contestación de la demanda2.

7. La Nación – Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial, se opuso
a las pretensiones, arguyendo que, la entidad ha sido cuidadosa en la aplicación de las

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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 3_03ESCRITO_CONTESTACION(.PDF) NroActua 13 -
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Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

normas que regulan el régimen salarial y prestacional del sector público, tal como lo prevé
el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y ha liquidado el salario del
accionante, conforme a los lineamientos legales dispuestos para el efecto.

8. Adujo que, las normas generales señaladas en la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, es
el Gobierno Nacional quien expide anualmente los decretos sobre régimen salarial y
prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, fijando en los mismos
la remuneración mensual para cada uno de ellos y por lo tanto, al demandante no le asiste
el derecho a reclamar incrementos salariales, porque los aumentos para los jueces
municipales se hicieron de conformidad con lo ordenado por el Gobierno nacional.

9. Indicó que, aunque la anulación de actos administrativos de carácter general, causan
efectos hacia futuro, y per se, no son título constitutivo del gasto, la Unidad de Planeación
de la Dirección ejecutiva de Administración Judicial, solicitó a la dirección general del
Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una adición
presupuestal, como consecuencia de la sentencia de nulidad del decreto 618 de 2007.

10. Precisó el carácter no salarial de la prima especial de servicios, contenida en los
artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992; significando que, la consideración alusiva a que el
30 % de la remuneración mensual de determinados servidores públicos, es considerada
prima especial, es transcrita anualmente por el Gobierno nacional.

11. Enfatizó en que el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, no cobija a los jueces de la
República, razón por la cual, no se transgrede el derecho a la igualdad en el sub judice.

12. Como excepciones propuso la prescripción trienal de derechos salariales y la
innominada o genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3.

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria, mediante sentencia
del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió a las pretensiones de
la demanda, sin pronunciarse respecto de la condena en costas, y dispuso:

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto en la sentencia de Unificación 041 de 2019/ -CE-SUJ-
016-S2-1- de la sala de Conjueces del Consejo de Estado (30) del 02 de septiembre de
2019. C.P Carmen Anaya Castellanos. Exp. 2016-0041-02 (2204-2018).

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional para el caso en concreto los artículos 8 del
Decreto 1024 de 2013, 8 del Decreto 194 de 2014 y todos aquellos que le reproduzcan o
modifiquen y en su lugar, se aplica el artículo 53 de la Constitución Política, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del Oficio DESAJP15-377 del 27 de abril de 2015
expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira; la
Resolución No. 5602 del 12 de agosto de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Resolución No. 7175 del 20 de septiembre de 2016 emitida por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C., y los actos
fictos o presuntos negativos derivados del silencio administrativo respecto del recurso de
apelación interpuesto el 10 de febrero de 2017 contra la Resolución No. 7175 y de la
reclamación administrativa presentada el 13 de febrero de 2017 ante la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, en cuanto negaron la liquidación y pago de las diferencias en
las prestaciones sociales teniendo en cuenta que la prima especial cancelada debió
pagársele como una adición al salario del demandante.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho se ORDENA a favor del Dr. JAIME
ALBERTO SARAZA NARANJO y en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL- CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, proceda a la reliquidación de los salarios y del pago de la Prima Especial de
Servicios, como adición a la remuneración mensual ordenada por el Gobierno Nacional, en
el equivalente al 30% conforme lo establece la sentencia Estado de Unificación 041 de
2019/ -CE-SUJ-016-S2-1- de la sala de Conjueces del Consejo de Estado (30) del 02 de
septiembre de 2019. C.P Carmen Anaya Castellanos. Exp. 2016- 0041-02 (2204-2018).

QUINTO: La parte demandada deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados) a la parte demandante, a partir del 07 de
abril de 2012 y hasta que se haya normalizado el pago conforme el decreto 271 de 2021,
teniendo en cuenta que la base de liquidación es del 100% de la remuneración básica
mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial.

La diferencia de los valores que arroje la reliquidación de los salarios y prestaciones,
sumada a los demás emolumentos ya cancelados, no deberá superar el 80% de los
ingresos anuales que reciben los Magistrados de las altas cortes año a año, tal como
lo establece el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012.

El reconocimiento de los derechos, la reliquidación y pago que aquí se ordena aplica
para los tiempos debidamente individualizados, año a año.

SEXTO: PREESCRIPCIÓN los derechos aquí reclamados y reconocidos tendrán efecto a
partir del 07 de abril de 2012.

SÉPTIMO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones que se deben realizar en favor de la parte demandante, en virtud de la
liquidación ordenada por efecto del reconocimiento de la prima del 30% no percibido a título
de prima especial y de las diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de la remuneración, así:

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

En favor del Dr. JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO desde 18 de mayo de 1992 hasta
que se haya normalizado el pago.

También deberán pagarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de
Pensiones.

Las cotizaciones a seguridad social deberán hacerse tanto por el periodo declarado
imprescriptible como el lapso subsiguiente hasta el 31 de diciembre de 2020, pues a partir
del año 2021 se normalizó el pago de la prima especial con la expedición del Decreto 272
de 2021.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad
de que se realice los aportes al sistema de seguridad social integral.

OCTAVO: Se ordena a la entidad demandada dar cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización:

R= Rh Índice Final

Índice Inicial

(…)» (sic)

14. El A-quo, después de analizar el ámbito legal y jurisprudencial, de la prima especial
de servicios y la bonificación por compensación, dada su calidad de juez y magistrado,
tenía derecho, en virtud del principio pro homine, a aplicar el precedente de la sentencia
en el proceso bajo radicado 2016-00041, por lo que, se debe comparar y equiparar los
ingresos que recibió año a año, con el 80% de los ingresos anuales recibidos por los
congresistas, incorporando las cesantías.

15. Advirtió que, la fecha más temprana de las peticiones administrativas que buscan la
reliquidación de la prima especial, es el siete (7) de abril de Dos Mil Quince (2015), por
lo que, la prescripción trienal se aplicaría retroactivamente a partir de esa fecha, salvo la
la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a favor
del demandante, desde el 1 de mayo de 1993, atendiendo al cargo que ocupó como juez
y magistrado de tribunal, mismo tratamiento que le dio a las cotizaciones en salud, los
cuales los supeditó al 31 de diciembre de 2020, puesto que a partir del año 2021 se
normalizó el pago de la prima especial con la expedición del Decreto 272 de 2021.

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

1.6. Recurso de apelación4.

16. La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), interpuso
recurso de apelación, diferenciando inicialmente, régimen salarial del personal acogido y
no acogido, señalando el carácter de acogido del demandante.

17. Refirió que, por expreso mandato de la Ley 4ª de mayo 18 de 1992 la prima contenida
en el artículo 14, no tiene carácter salarial, criterio que fue reafirmado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, expresando que, dicho porcentaje no
constituye factor de salario para la liquidación de las prestaciones sociales, aunque sí,
para efectos de calcular el ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social en
pensiones y en salud.

18. Enfatizó que el Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril de 2014,
solamente decretó la nulidad de apartes de los decretos salariales para los servidores
públicos de la Rama Judicial de 1993 a 2007, que establecieron la prima especial, sin
pronunciarse sobre las disposiciones consignadas en los decretos posteriores, por lo
cual, lo dispuesto por el Gobierno nacional, permanece incólume, y es de obligatorio
cumplimiento, so pena de incurrir en violación de las disposiciones vigentes y aplicables.

19. Concluyó que, el valor dispuesto en los decretos nacionales que fijan la remuneración
mensual, constituye el 130 %, debiendo dividirse por el 1.30 y no multiplicarse, y, por lo
tanto, abarca el 100 % del salario y el 30 % de la prima especial, con lo que se corrobora
que, la entidad sí efectúa el pago mensual del porcentaje previsto en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.

20. Exaltó que, de acuerdo con precedentes jurisprudenciales de la sala de conjueces
del Consejo de Estado, la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
quedó subsumida en la bonificación por compensación, y por lo tanto, acceder a un pago
adicional del 30% de la retribución anual, en cada uno de los decretos salariales, por
concepto de prima especial, implicaría que mensualmente se le pague al servidor, una
remuneración que excede el límite establecido por los Decretos 610 de 1998 y 1102 de
2012, sobrepasando el (80%) de lo que por todo concepto recibe anualmente como
remuneración un magistrado de alta corte, trayendo como consecuencia que, el pago

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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00037 - pag. 01 – 18

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Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

correspondiente a la bonificación por compensación que se está efectuado, sea superior
al autorizado por el legislador, y deberá ser objeto de reembolso.

1.7. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

21. Con auto del Quince (15) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)5, se admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por ser procedente y oportuno.

1.8. Concepto del Ministerio Público.

22. El representante del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

23. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 10, el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico.

24. Corresponde a la Sala determinar, si se revoca la sentencia del Quince (15) de agosto
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
– Sala Transitoria, que accedió a las pretensiones de la demanda, debiendo verificarse
lo siguiente:

i) Si se le otorgó a la prima especial de servicios, un carácter salarial que no tiene;

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Expediente digital – Samai – índice 00004

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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

ii) Si la ausencia de declaratoria de nulidad de los decretos anuales que fijan el
régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial, a partir del año 2008,
impide el acatamiento de la orden judicial impuesta;

iii) Si la liquidación de la remuneración mensual efectuada por la entidad,
corresponde al porcentaje previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992;

iv) Si la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
quedó subsumida en la bonificación por compensación, y su reconocimiento
independiente, supera el 80%, de lo que por todo concepto recibe un
magistrado de alta corte como remuneración.

25. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial- Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, prerrogativas y generalidades; 2.4. Material probatorio;
2.5. Caso concreto; y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

26. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30%, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial solo para el pago de aportes pensionales.

27. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de
septiembre de 2019.

28. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

29. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente asunto.

2.4. Material probatorio.

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

30. Petición de Siete (07) de abril de Dos Mil Quince (2015)6, referente a la reclamación
administrativa del reconocimiento y pago del 100% de la remuneración mensual
decretada y el 30% por concepto de prima especial, al igual que los demás derechos y
acreencias de carácter laboral, que no fueron tenidas como factor de salario.

31. Oficio DESAJP15-377 de Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Quince (2015)7,
expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Pereira -
Risaralda, la cual negó la solicitud.

32. Recurso de apelación de Catorce (14) de mayo de Dos Mil Quince (2015)8, en contra
de Oficio DESAJP15-377 de Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Quince (2015).

33. Resolución No. 5602 del Doce (12) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)9, expedida
por el director ejecutivo de Administración Judicial, por medio del cual, resuelve el recurso
de apelación, confirmando la decisión emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial – Pereira – Risaralda, que decidió no acceder a las peticiones.

34. Petición de Ocho (08) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016)10, referente a la
reclamación administrativa del reconocimiento y pago del 100% de la remuneración
mensual decretada y el 30% por concepto de prima especial, al igual que los demás
derechos y acreencias de carácter laboral que no fueron tenidas como factor de salario,
remitida al director ejecutivo Seccional de Administración Judicial – Bogotá D.C.

35. Resolución No. 7175 del Veinte (20) de septiembre Dos Mil Dieciséis (2016)11,
expedida por el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial – Bogotá –
Cundinamarca, por medio del cual, se resuelve la petición, no accediendo a lo solicitado.

36. Recurso de apelación de Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)12, en
contra de la Resolución No. 7175 del Veinte (20) de septiembre Dos Mil Dieciséis (2016).

6
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 49 - 63
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 65 - 69
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 73 - 85
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 87 - 106
10
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 109 – 125
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13 - pag. 129 - 135
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 137 - 153

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

37. Reclamación administrativa de Trece (13) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)13,
referente al reconocimiento y pago del 100% de la remuneración mensual decretada y el
30% por concepto de prima especial, al igual que los demás derechos y acreencias de
carácter laboral que no fueron tenidas como factor de salario, remitida a la directora
ejecutiva de Administración Judicial – Bogotá D.C.

38. Certificado No. 160715-138 de Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015)14,
suscrito por el coordinador del Grupo de Gestión presupuestal y pagos de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, en la que se refleja tiempo de
servicio, cargos y despachos judiciales, con los valores recibidos en los tiempos
laborados.

39. Certificado No. 100415-064 de Diez (10) de abril de Dos Mil Quince (2015)15, suscrito
por la coordinadora del Área de Talento Humano de Administración Judicial de Pereira,
en la que se refleja tiempo de servicio, cargos y despachos judiciales.

40. Certificado No. 250621-139 de Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiuno (2021)16
suscrito por la coordinadora del Área de Talento Humano de Administración Judicial de
Pereira, en la que se refleja tiempo de servicio, cargos y despachos judiciales, e informe
de acumulados.

2.5. Caso concreto

41. En el presente asunto, no está en discusión la vinculación del señor Jaime Alberto
Saraza Naranjo, a la rama judicial, desde el Dieciséis (16) de noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Uno (1991), y por lo menos hasta el Veinticinco de junio de Dos
Mil Veintiuno (2021), ocupando los siguientes cargos:

• Juzgado 2º Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal: del Dieciséis (16) de
noviembre de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991), al Quine (15) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994).

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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 155 – 171
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 177 - 201
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Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua
13 - pag. 203
16
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00013. – 3_03ESCRITO_CONTESTACION(.PDF) NroActua 13
• pag. 26 - 48

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Interno: 2983-2025
Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

• Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría: del Dieciséis (16) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), al Veinte (20) de
noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).

• Juzgado 1º Laboral del Circuito de Dosquebradas: del Veintiuno (21) de noviembre
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), al Treinta (30) de noviembre de Dos
Mil Tres (2003).

• Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá: del Dos (2) de
mayo de Dos Mil Tres (2003), al Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Tres (2003).

• Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira – Magistrado en propiedad:
Desde el Primero (1) de diciembre de Dos Mil Tres (2003).

42. De igual manera, está acreditado el carácter de acogido del demandante, a partir de la
certificación 250621-139 de Veintiuno de junio de Dos Mil Veintiuno y la manifestación
efectuada por la propia entidad, tanto en sede administrativa como judicial.

43. La primera inconformidad de la entidad apelante, radica en el carácter salarial
otorgado por el A quo a la prima especial de servicios, enfatizando en la imposibilidad de
tenerla en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, más allá de los aportes al
Sistema de Seguridad Social en salud y pensión.

44. A partir del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala reitera que, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que, la prima especial
de servicios, solo es factor salarial para el pago de aportes pensionales y, en
consecuencia, no sirve de base para la liquidación de prestaciones sociales.

45. Verificada la decisión de primera instancia, se encuentra que, en ningún momento se
le otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios, y, por el contrario, la decisión
de instancia fue explícita en negarle tal connotación.

46. Así, el ordinal quinto de la sentencia apelada, dispone, de manera diáfana, que la
reliquidación de las prestaciones sociales en favor del demandante, debe efectuarse con
el 100 % de la remuneración básica mensual.

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Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

47. De acuerdo con las razones expuestas, toda vez que la prima especial de servicios,
no puede ser tenida en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, no tiene
asidero el aludido carácter salarial señalado por la entidad demandada, y por tanto, en
criterio de la Sala, la orden judicial dispuesta por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, se atempera cabalmente a las previsiones legales y
jurisprudenciales en la materia.

48. El otro punto de apelación por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, está dirigido a la falta de declaratoria de nulidad por parte del juez de lo
contencioso administrativo, de los decretos salariales desde el año 2008, que han fijado
el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial, situación que imposibilita el
cumplimento de la orden judicial de primera instancia, al mantenerse la legalidad de
dichos actos administrativos.

49. La Sala considera que, el argumento expuesto por la entidad recurrente no tiene
vocación de prosperidad, porque la sentencia de primera instancia, de manera categórica
sentó su acogimiento a las reglas fijadas en la sentencia de la sala plena de conjueces
de Dos (2) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), precedente que, decantó:

«Frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el
contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, la
sala encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad, rogada por la
parte actora, en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales
mínimas de los beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la
Constitución Política, relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras
normas jurídicas17. »

50. Bajo los presupuestos jurisprudenciales en la materia, la Sala vislumbra que, en la
sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
justamente se acudió a la excepción de inconstitucionalidad frente a los decretos
salariales que año a año fija el Gobierno nacional frente al régimen salarial de los
servidores de la Rama Judicial; ante la vulneración de los derechos y garantías laborales.

17
«ARTÍCULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. (…)».

15

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51. Frente la excepción de inconstitucionalidad, la Subsección A, de la Sección Segunda
de la Corporación, en sentencia de Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)
18, dilucidó:

«Para ello se dirá que la excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad
por vía de excepción tiene su fundamento en el artículo 4.° de la Constitución Política, según
el cual «La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales
(…)» y consiste en la posibilidad que tiene cualquier autoridad de inaplicar la ley u otra
norma jurídica por ser contraria a la Constitución.
(…)
Respecto de quienes pueden ejercer el control de constitucionalidad por vía de excepción,
y sus efectos, la Corte Constitucional mediante sentencia C- 122 de 2011, señaló:

De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar
cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una
norma jurídica en un caso concreto19. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en
un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar
una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe
subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional
no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control
por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en
forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución.

(…)

Sin embargo, la misma Corte Constitucional ha establecido los supuestos que deben darse
para la aplicación de esta figura, en los siguientes términos20:

La jurisprudencia constitucional ha definido que ‘la excepción de inconstitucionalidad es una
facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto
no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como
un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las
normas constitucionales’21. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de
proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que

18
Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A, Radicación 68001-23-31-000-2006-02724-01(0296-13).
19
Desde las sentencias de los años sesenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se empieza a tener en cuenta esta
tesis. Se dice que los funcionarios competentes para aplicar dicha norma son los que tienen jurisdicción. Al respecto dijo la Sentencia
del 2 de marzo de 1961 (M.P. Julio Roncallo Acosta), que, “El artículo 215 de la Constitución simplemente autoriza oponer, en un
caso concreto, la excepción de inconstitucionalidad. El fallo que decide sobre la acción de inexequibilidad sólo puede ser pronunciado
por la Corte en pleno y tiene efectos erga omnes; en cambio, para decidir sobre la excepción referida es competente cualquier
funcionario con jurisdicción, que deba aplicar la ley, y solo tiene efectos en relación con el caso concreto en donde el conflicto surge”
(Negrillas fuera del texto). También hay que tener en cuenta los fallos de la Sala de Casación Penal de 14 de marzo de 1961, en
donde se convalida por vez primera la vía de excepción y se declara inaplicable una ley en un caso concreto, y la sentencia del 26 de
abril del mismo año, en donde se definen los alcances generales de la excepción y se establece que cualquier funcionario con
jurisdicción es competente para inaplicar una ley contraria a la Constitución (Sobre el particular ver el libro de Julio Estrada, Alexei,
Op. cit., p. 284).
20
Sentencia SU-132/13
21
Véase en sentencia T-389 de 2009

16

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se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara
y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

A su turno, la sentencia T-389 de 2009 fue un poco más extensa en punto a desarrollar las
condiciones que deben darse a efectos de la aplicación de la excepción de
constitucionalidad, así:

En segundo término, resulta indispensable fijar el alcance de la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad, y determinar si dicha aplicación persigue la protección de la
supremacía constitucional en abstracto o tiene como fin conjurar la incidencia negativa y
perjudicial de normas de inferior jerarquía a las constitucionales, en los derechos
constitucionales de una persona en un caso concreto.

En este punto, los reiterados pronunciamientos de la Corte al respecto permiten concluir
que la excepción de inconstitucionalidad como facultad y deber de los operadores jurídicos,
se refiere al fenómeno de la aplicación de las normas de inferior jerarquía en casos
concretos, cuando éstas resultan incompatibles, a propósito de dichos casos, con las
normas constitucionales. En este orden, la supremacía constitucional que se deriva del
artículo 4° de la Carta, hace referencia a las normas constitucionales en juego en un caso
concreto de una o varias personas, en el cual la aplicación de normas legales o de inferior
jerarquía implicaría ir en contra de aquéllas constitucionales que también amparan a dicha
persona o grupo de personas. En consecuencia, los principios constitucionales en juego en
este contexto son en la mayoría de las ocasiones los relativos a los derechos
constitucionales de las personas (derechos fundamentales).

Desde otro lado, la supremacía constitucional debe ser entendida también desde la
perspectiva que aboga por la defensa y preferencia de valores constitucionales en
abstracto, como por ejemplo la separación de poderes o el principio democrático o incluso
el principio de igualdad, la cual tiene mecanismos definidos en el artículo 241 de la
Constitución, que complementan el diseño de nuestro sistema de control de
constitucionalidad. Por ello, la guarda de la supremacía constitucional derivada del artículo
4° de la Constitución ejercida por los operadores jurídicos, se ejerce en un escenario de
aplicación de normas de inferior jerarquía a la constitucional a casos concretos de personas,
y se da por lo general en un contexto de primacía de los principios constitucionales que
contienen derechos fundamentales.

Lo que resulta relevante en este aspecto es entender las distintas competencias que se
otorgan en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, y en virtud del control abstracto
de constitucionalidad. La primera se implementa en el contexto de la vulneración de los
principios constitucionales en casos concretos, y por ello suele referirse a la garantía de
derechos fundamentales cuando estos se ven amenazados por la aplicación concreta de
una norma de rango legal o reglamentario, y su ejercicio está en cabeza todos los
operadores jurídicos de nuestro sistema jurídico. Y la segunda, es exclusiva de los jueces
de control de constitucionalidad y tiene el alcance de declarar de manera definitiva la
permanencia o la salida de una norma del ordenamiento jurídico.»

52. Vistas así las cosas, comoquiera que la excepción de inconstitucionalidad, aplica
para situaciones particulares y concretas, como ocurre en la presente litis, y procede, por
mandato constitucional, en aquellos casos, como el presente, en que la normativa que

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rige la materia, es contraria a los postulados fundamentales dispuestos por la propia Carta
Política, no existe la imposibilidad jurídica de acatar la orden dispuesta por el
sentenciador de primer grado, razón suficiente para no acoger el argumento de la alzada.

53. De igual manera, la Sala despachará desfavorablemente el argumento según el
cual, en los decretos salariales dispuestos anualmente por el Gobierno nacional, se
encuentra dispuesto el 130 % de la remuneración mensual de los servidores de la Rama
Judicial, constitutiva, en criterio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del
100 % de la asignación básica y el 30 % de la prima especial de servicios.

54. La posición de la Sala, parte de la verificación del absoluto desconocimiento por
parte de la recurrente, sobre las reglas fijadas en la sentencia de Dos (2) de septiembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), providencia en la que la Sala de Conjueces de esta
Corporación, enfatizó que, la prima especial de servicios debe constituir un plus de la
asignación básica y no una porción de esta, en los siguientes términos:

«Ahora bien, con relación a la afirmación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial realizada a través de la delegada encargada para representarla en la Audiencia de
alegatos, en el sentido que los valores que se toman como remuneración mensual son las
mismas cifras contenidas de los respectivos decretos; que la remuneración mensual se
integra por la asignación básica mensual y la prima especial, y sumadas, equivalen a un
porcentaje de 130 % (100 % asignación básica y 30% prima especial); que el cálculo de la
prima especial de servicios se hace sobre el 30 % de la remuneración mensual y no de la
asignación básica mensual, es decir, del 130% que compone la remuneración mensual, se
extrae el 30% y a esto se le da el carácter de prima especial; que incluir el 30 % de la prima
especial sobre la remuneración mensual, genera una desigualdad entre los servidores
acogidos y los no acogidos, porque, en ese caso, los primeros devengarían más que los
segundos; la Sala considera que su tesis no encuentra coherencia con las pruebas que la
misma aportó al proceso para sustentar su teoría, veamos:

Comparados los Decretos que año tras años ha venido expidiendo el Gobierno Nacional a
través de los cuales fija el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama
Judicial, con los desprendibles de nómina aportados por la DEAJ, se observa sin dubitación
alguna que la prima especial se está extrayendo y no adicionando a la remuneración
mensual. No existe entre la documentación aportada ningún indicador que mínimamente
insinúe el aumento salarial establecido en los Decretos en un 30%; sino todo lo contrario,
que desde 1993 se resta de dicha remuneración el 30%, a la que se le da la denominación
de “Prima Especial”, desconociendo de esta manera el mandato contenido en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1994 que dispuso “Establecer” dicha prima especial entre un 30% y un 60%
del salario básico, para los funcionarios allí enunciados. Por lo que, en sentir de la Sala, no
le asiste razón en este aspecto a la DEAJ.»

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55. Decantada como se encuentra, la correcta forma de liquidar la prima especial de
servicio como un plus y no como una merma de la remuneración básica de los servidores
judiciales, es claro que, la pretensión de la parte demandada es reabrir un debate que
resulta pacífico actualmente y que es acogido por esta Sala de decisión, como puede
verificarse en múltiples pronunciamientos en la materia, dado que, una interpretación
como la expuesta en el recurso de alzada, confrontaría de manera flagrante los derechos
del trabajador, al extraerle una porción de su salario, cuestión que a todas luces resulta
inadmisible para el juez laboral.

56. En cuanto al último planteamiento de la alzada, relativo a la subsunción de la prima
especial de servicios en la bonificación por compensación, la Sala considera que, tal
interpretación no resulta acorde con la norma que regula la materia, cual es el Decreto
610 de 1998, que, en su artículo primero, de manera clara, dispone lo siguiente:

«ARTÍCULO 1º. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2º del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.

(…)» (Negrilla de la Sala)

57. A partir de la norma referenciada, la Sala no encuentra el fundamento de la
Subsunción pretendida, cuando la norma prevé que, la suma de la bonificación por
compensación y la prima especial de servicios, con los demás ingresos laborales, no
pueden superar el 80%, aspecto que fue delimitado en la sentencia de primera instancia.

58. Bajo este presupuesto, y toda vez que, la entidad demandada no aporta pruebas que
permitan evidenciar, la superación de los límites dispuestos en las normas que regulan
la materia, no prospera el cargo de apelación.

59. Aunque las razones que anteceden serían suficientes para confirmar la decisión de
primera instancia, la Sala encuentra una inconsistencia en la decisión adoptada por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al momento de establecer
la imprescriptibilidad de los aportes a pensión y las cotizaciones al sistema de seguridad

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social en salud, por tanto y en cuanto, estableció el Dieciocho (18) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Dos (1992), como fecha de inicio.

60. Tal como lo ha esclarecido la Sala, frente a los aportes derivados de la prima especial
de servicios, su reconocimiento procede desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996,
esto es, desde el Diecinueve (19) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996),
al establecerse en dicha normativa que, es factor de cotización únicamente para pensión.

61. En cambio, los aportes originados de la diferencia salarial, hay lugar a reconocerlos
durante el tiempo en el que se pagó la asignación básica en un porcentaje del 70%, esto
es, desde el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), fecha de
expedición del Decreto 57 de 1993.

62. Adicionalmente, se modificará el inciso cuarto del ordinal séptimo, para atemperarlo
a lo dispuesto en el ordinal quinto, en el sentido de establecer que, el límite de las
condenas será, hasta que se haya normalizado el pago, conforme el Decreto 272 de
2021.

63. Vistas así las cosas, la Sala modificará el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida por el A quo, para adecuar el término de los aportes a pensión y
cotizaciones a salud.

64. De igual manera, se adicionará el ordinal quinto de la decisión de primera instancia,
para disponer que, el cumplimiento de la orden judicial, estará condicionado a que la
entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante,
por los mismos conceptos aquí reconocidos.

2.6 Condena en costas.

65. De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.

66. En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en el
proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se

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evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por
lo que no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – ADICIONAR un párrafo al ordinal quinto de la sentencia del Quince (15) de
agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

«QUINTO: La parte demandada deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados) a la parte demandante, a partir del 07 de
abril de 2012 y hasta que se haya normalizado el pago conforme el Decreto 271 de 2021,
teniendo en cuenta que la base de liquidación es del 100% de la remuneración básica
mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial.

La diferencia de los valores que arroje la reliquidación de los salarios y prestaciones,
sumada a los demás emolumentos ya cancelados, no deberá superar los topes
establecidos para cada cargo.

El reconocimiento de los derechos, la reliquidación y pago que aquí se ordena aplica para
los tiempos debidamente individualizados, año a año.

El cumplimiento de la orden judicial, estará condicionado a que la entidad demandada -
Rama Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante, por los mismos
conceptos aquí reconocidos.»

SEGUNDO.- MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia del Quince (15) de agosto
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en los siguientes términos:

«SÉPTIMO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones que se deben realizar en favor de la parte demandante, en virtud de la
liquidación ordenada por efecto del reconocimiento de la prima del 30% no percibido a título
de prima especial y de las diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de la remuneración, así:
En favor del Dr. JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO desde siete (7) de enero de 1993,
hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base de liquidación el
100% de la remuneración básica mensual y desde la entrada en vigor de la referida norma,

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Demandante: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

hasta que el demandante ocupe el cargo que le otorga el derecho, con base en el 100%
de la remuneración básica mensual más el 30% adicional de la prima especial.

También deberán pagarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de
Pensiones.

Las cotizaciones a seguridad social deberán hacerse tanto por el periodo declarado
imprescriptible como el lapso subsiguiente y hasta que se haya normalizado el pago,
conforme el decreto 272 de 2021.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad
de que se realice los aportes al sistema de seguridad social integral.»

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del Quince (15) de agosto de
Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO.- Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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