Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2017-00687-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Notificación del acto administrativo que resuelve el recurso de reconsideración: oportunidad. Al realizarse dentro del plazo…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2017-00687-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 66001-23-33-000-2017-00687-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
15 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – Oportunidad. Al realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 732 del ET / NOTIFICACIÓN DE ACTO QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN - Formas. De manera principal procede la notificación personal y, si no es posible surtirla por este medio, en subsidio se acude a la notificación por edicto / NOTIFICACION PERSONAL - Se surte en el domicilio del contribuyente o en las oficinas de impuestos. Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÓN IRREGULAR DEL ACTO QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – No configuración. No hay en el expediente ningún medio probatorio que así lo acredite / NOTIFICACIÓN EN DEBIDA FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – Configuración
[E]l mecanismo principal para comunicar los actos que deciden recursos en materia tributaria es el de notificación personal (artículo 565, inciso 2.˚, del ET), trámite que, de acuerdo con el artículo 569 ibidem, puede surtirse, indistintamente, en el domicilio del obligado tributario o en las oficinas de impuestos (sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 24083, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). En el primer caso, se envía a un funcionario para que procure la notificación personal, la cual debe ser recibida por el sujeto pasivo o por quien esté legitimado para representarlo; mientras que en el segundo se le debe remitir al interesado un «aviso de citación» (artículo 565, inciso 2.˚, del ET), para que comparezca a notificarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de introducción del aviso en el correo, pero, si ello no ocurre, la autoridad queda habilitada para notificar por edicto su decisión. De ahí que el edicto como medio de notificación supletorio solo esté previsto para los casos en los cuales se intente la notificación personal en las oficinas de la Administración y esta falle; por ello, la remisión del aviso citatorio no es exigible cuando la autoridad tributaria procure la notificación personal en el domicilio del administrado. (…) [S]i bien el artículo 570 del ET compele a la Administración a dejar constancia de los recursos que proceden contra sus decisiones, la vulneración de esa disposición no conduce a la nulidad de lo actuado, sino que habilita al administrado para que acuda directamente a la jurisdicción de lo contencioso–administrativo sin que le sea oponible el requisito de procedibilidad de la demanda consagrado en el artículo 161 del CPACA, tal y como ha establecido la Sección en las providencias del 04 de noviembre de 2010, exp. 17211, CP: Carmen Teresa Ortiz; del 24 de octubre de 2013, exp. 20247, CP: Jorge Octavio Ramírez; del 09 de marzo de 2017, exp. 22819, Hugo Fernando Bastidas; y del 13 de julio de 2017, exp. 22184, CP: Milton Chaves García. Además, encuentra la Sala que en el acta de la notificación personal efectuada expresamente se incluyó la siguiente indicación: «contra el acto procede el recurso de: No procede» (f. 582 caa); de manera que tampoco hay sustento jurídico ni probatorio para ese reparo contra el trámite de notificación personal llevado a cabo en el sub lite. Así, por las razones expuestas, se advierte que la demandada notificó regularmente el acto con el que resolvió el recurso de reconsideración formulado por la contribuyente.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 732 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 565, INCISO 2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 570
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el criterio de decisión que tiene la Sección en cuanto a notificación personal de actuaciones administrativas y que se toman como precedente de la decisión consultar, entre otras, sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 13 de noviembre de 2014, Exp. 25000-23-27-000-2006-00958-01(17836), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 06 de diciembre de 2017, Exp. 25000-23-37-000-2016-00899-01(22656), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 05 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2013-00640-01(21028), C.P. Milton Chaves García; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 18 de junio de 2020, Exp. 73001-23-33-000-2017-00781-01(24363), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 06 de mayo del 2021, Exp. 25000-23-37-000-2015-01852-01(24198), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Obligados a llevar contabilidad / OMISIÓN DE ACTIVOS EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Efectos / CONTABILIDAD EN DEBIDA FORMA - Requisitos de la contabilidad. Los libros deben estar respaldados por soportes documentales. Reiteración de jurisprudencia / CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y SUS COMPROBANTES - Idoneidad probatoria. Reiteración de jurisprudencia / MÉRITO O VALOR PROBATORIO DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL - Calidad de prueba suficiente. Reiteración de jurisprudencia
En sentencia del 22 de abril del 2021 (exp. 20968, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), la Sala precisó que, sin perjuicio de los casos en los que la ley exija una comprobación especial, los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, por disposición expresa del artículo 772 del ET; pero que la misma disposición preceptúa que la aptitud demostrativa de la contabilidad está supeditada a que sea llevada «en debida forma», lo cual implica (i) observar los mandatos del Código de Comercio y de las demás normas que la regulen, en especial, para la época de los hechos, el Decreto 2649 de 1993; (ii) estar registrada ante la cámara de comercio respectiva –porque entonces se exigía–; (iii) reflejar completamente la situación del ente económico; (iv) contar con comprobantes internos y externos que la respalden; y (v) no haber sido desvirtuada con otros medios probatorios (artículos 773 y 774 ibidem y 50 del Código de Comercio, CCo). Bajo esos parámetros, para que la contabilidad tuviera la eficacia probatoria pretendida por la apelante, debía constar en libros registrados que reflejaran cronológicamente el asiento de las operaciones mercantiles, aludiendo a sus comprobantes (artículo 125 del Decreto 2649 de 1993); y estos, por su parte, debían indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de los negocios del comerciante, las cuentas afectadas con el asiento (artículo 124 ibidem) y tener anexos los documentos que los justificaran, como soportes, de origen interno o externo, fechados y autorizados, que cumplieran los requisitos legales que según el tipo de acto del que se trate fueren aplicables (artículo 123 ibidem). 3.2- En la misma línea, la jurisprudencia de esta Sección ha advertido que, para reconocerle mérito probatorio a los libros contables, deben guardar correspondencia con sus comprobantes, pues son estos últimos los que respaldan las partidas registradas en la contabilidad y los que permiten constatar los asientos individuales y el estado general de los negocios de la empresa (sentencias del 12 de octubre de 2015, exp. 19999, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y del 12 de septiembre de 2019, exp. 21675, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Ese alcance probatorio no se afecta por la circunstancia de que la prueba contable sea aportada a través de certificaciones de contador o de revisor fiscal, en los términos contemplados por el artículo 777 del ET; sin perjuicio de lo cual esta judicatura ha precisado que la idoneidad probatoria de esas certificaciones depende de su grado de detalle para brindarle certidumbre a la autoridad administrativa o judicial que la valora (sentencias del 21 de junio de 2018, exp. 22154, CP: Milton Chaves García; del 30 de mayo y del 02 de octubre de 2019, exps. 23140 y 21518, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 21 de febrero de 2019, exp. 21366, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Con lo cual la contabilidad solo probará los hechos alegados si, entre otros requisitos, los respectivos libros están respaldados por soportes documentales, que deben ser puestos a disposición de la autoridad fiscal cuando esta lo requiera para constatar los hechos con relevancia tributaria, aun si media certificación contable. En caso de desatender esa solicitud, el interesado no podrá «invocarlos a su favor posteriormente y tal hecho se tendrá como indicio en su contra», lo cual, además, dará lugar a desconocer «los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente» (artículo 781 del ET).
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 772 / DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 773 / DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 774 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 50 / DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 125 / DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 124 / DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 123 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 777 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 781
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el registro en debida forma de los libros de contabilidad del contribuyente para que se constituyan como prueba a su favor, consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 22 de abril del 2021, Exp. 20968, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el mérito probatorio de la contabilidad que debe guardar correspondencia con sus comprobantes consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de noviembre de 2015, Exp. 25000-23-27-000-2010-00247-01(19999), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de septiembre de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2013-00375-01(21675), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la idoneidad probatoria de las certificaciones de contador o de revisor fiscal consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de junio de 2018, Exp. 17001-23-33-000-2014-00110-01(22154), C.P. Milton Chaves García; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 30 de mayo de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2015-00282-01(23140), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de febrero de 2019, Exp. 08001-23-31-000-2012-00335-01(21366), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Por falta de prueba de su causación
[D]e conformidad con el ordinal 8.º del articulo 365 del Código General del Proceso dispone que solo «habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación», la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia porque en el expediente no existe prueba de su causación.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365, NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00687-01(24660)
Actor: CONSTRUCTORA BELMONTE SAS
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al extremo vencido (ff. 157 a 171).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 162412016000012, del 16 de junio de 2016 (ff. 512 a 521 caa), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta de la actora correspondiente al año gravable 2012, a fin de incrementar el patrimonio bruto, adicionar renta gravable especial por comparación patrimonial e imponer sanción por inexactitud. La Resolución nro. 003.905, del 08 de junio de 2017, redujo la cuantía de esa multa, en aplicación del principio de favorabilidad en materia punitiva, al fallar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto liquidador (ff. 548 a 565 caa).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 24 a 26):
Que se decrete la nulidad de los Actos Administrativos proferidos por la Administración seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, a través de los cuales se determinó un mayor valor a pagar por concepto de impuesto sobre la renta, correspondiente a la anualidad fiscal o año gravable de 2012, a cargo de la sociedad que gira bajo la razón social de Constructora Belmonte SAS, en cuantía de $319.624.000; más la imposición por concepto de sanción por inexactitud equivalente a la suma de $319.592.000, para un total de $639.216.000; cuyo detalle es:
4.1.1. Resolución número 003905 de junio 08 de 2017, emanada de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, notificada el día 8 de agosto del año 2017; cuya parte resolutiva modifica la Liquidación Oficial de Revisión Nº 162412016000012 de junio 16 de 2016, practicada por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Adunas Naciones de Pereira, por la cual se modificó la declaración de renta y complementario del año gravable 2012 presentada por la sociedad Constructora Belmonte SAS. El citado Acto Administrativo y/o Providencia Jurídica, precisamente notificada en la fecha antes citada; entra a agotar la Vía Gubernativa.
4.1.2. Liquidación Oficial Renta Sociedades y/o Naturales Obligados Contabilidad Revisión Nº 162412016000012 de junio 16 de 2016 y notificada en junio 17 de 2016, por medio de la cual se entró a modificar la Declaración de Renta correspondiente al año gravable 2012, a través de la cual se incrementó el impuesto de renta, en cuantía considerable y arbitraria al entrar a desconocerse los costos y gastos operacionales; así como también la imposición de sanción por adición de activos equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del mayor valor impositivo.
4.1.3. Ampliación Requerimiento Renta Sociedades y/o Naturales Obligados a Contabilidad No. 16241201500003 de septiembre 21 de 2015, notificado en septiembre 23 del mismo año a través del cual se propone modificar el Requerimiento Especial No 16238201500006 de marzo 24 de 2015 que pretendía modificar la liquidación privada nro. 1103601347252 presentada el 11 de abril de 2013 por la sociedad Constructora Belmonte SAS en el cual se fijan imprevisiones contundentes que entran a desconocer la totalidad de los costos y/o gastos; configurando la existencia de Empresas de Papel e Inexistencia de los Entes o Sociedades, reflejando un Fraude Contable y Fiscal que se concentra en las actividades procesales del ejercicio económico y/o operacional, correspondiente al Año gravable de 2012.
4.1.4. Requerimiento Especial Renta Sociedades y/o Naturales Obligados a Contabilidad No 16238201500006 del 24 de marzo de 2015 notificado el 25 de marzo de 2015, que pretendía modificar la declaración de renta y complementarios del año gravable de 2012 presentada por el contribuyente Constructora Belmonte SAS con número de formulario 1103601347252, para proponer una nueva obligación impositiva y fijando una sanción por inexactitud atribuible a los mayores valores propuestos dejados de pagar.
Como consecuencia de la nulidad que se decrete, se declare sin efectos todos y cada uno de los actos Administrativos, debidamente detallados como actos demandados, es decir, como restablecimiento del derecho; se declare que la sociedad Constructora Belmonte SAS no adeuda suma alguna por concepto de impuesto sobre la renta y sanción por inexactitud, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable fiscal de 2012.
A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 6.º, 29, 83, 95.9, 209 y 363 de la Constitución; 26, 58, 77, 177-2, 564, 617 a 619, 647, 671, 683, 730, 731, 742 a 746, 771-2, 772 a 777 del ET (Estatuto Tributario); y 65 a 73 del CPACA.
El concepto de violación de estas disposiciones se resume así (ff. 6 a 24):
Censuró varios aspectos de la citación emitida por la demandada para notificarle el acto por medio del cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto. En primer lugar, señaló que, contrariando el artículo 68 del CPACA, la citación no fue enviada dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto a notificar; y, en segundo lugar, planteó que su contraparte omitió citarla para realizar la notificación personal del acto, porque envió la citación a un una dirección distinta a la informada en el RUT (Registro Único Tributario), lo cual conllevaría una transgresión del plazo de un año previsto en el artículo 732 del ET para fallar y notificar el recurso de reconsideración. También sostuvo que se transgredió el artículo 570 ibidem porque en el «acto de notificación» no se le indicó que la actuación podía ser demandada ante esta jurisdicción.
Sobre la liquidación oficial del tributo efectuada, argumentó que el activo omitido que le atribuye la Administración, consistente en una cuenta por cobrar, en realidad no existía al concluir el periodo gravable porque había sido pagada por el deudor, lo cual afirma que constaba en su contabilidad. Defendió que este medio de prueba tendría prevalencia respecto de lo que hubiese reportado el supuesto deudor de la cuenta por cobrar. Por lo anterior alegó que resultaba arbitraria la adición patrimonial efectuada en la liquidación oficial. Por último, negó haber incurrido en la conducta tipificada como inexactitud.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 157 a 162). Al efecto, manifestó que envió el aviso citatorio para notificar la resolución que desató el recurso de reconsideración a las direcciones registradas por la actora en el RUT y en el certificado de existencia y representación legal y que, dado que ambos envíos fueron devueltos por el servicio de correo, procedió a notificar el acto mediante edicto pero que, finalmente, logró realizar la notificación personal, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 565, 569 y 732 del ET. Asimismo, aseguró que observó el mandato del artículo 570 ibidem, pues le indicó a su contraparte que el acto notificado no admitía recursos. En cuanto al fondo, expuso que un cliente de la actora reportó deberle una suma que esta omitió declarar, lo cual no podía desvirtuase con la contabilidad de la demandante, porque los libros contables no fueron exhibidos cuando fueron requeridos, ni eran llevados en debida forma, al tiempo que los certificados de contador público obrantes en el expediente no brindaban certeza sobre los hechos que con ellos se pretendía demostrar. Por ello, adujo que procedía adicionar la mencionada acreencia al patrimonio bruto de la actora y que, como ese hallazgo revelaba un incrementó patrimonial no justificado, también procedía aplicar la renta gravable por comparación patrimonial que prescribe el artículo 236 ejusdem. Finalmente, defendió la legalidad de la sanción por inexactitud impuesta.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la actora (ff. 157 a 171). Para ello, juzgó que la Administración notificó oportunamente el acto que falló el recurso de reconsideración, porque el representante legal de la demandante suscribió el acta de notificación personal de la decisión dentro del plazo de un año fijado por el artículo 732 del ET para el efecto. En cuanto al fondo del asunto, estimó que estaba probado que el sujeto pasivo omitió declarar una cuenta por cobrar, pues, aunque este aportó facturas, recibos de caja y un certificado de contador público, no permitió que se practicara la inspección contable ordenada por la demandada ni allegó su contabilidad de forma completa. También juzgó que la certificación del contador se limitaba a afirmar que la deuda había sido saldada, sin sustentar tal conclusión ni aportar los documentos que le servían de respaldo. Concluyó que la demandante no desvirtuó las irregularidades que suscitaron la actuación administrativa, de modo que la glosa planteada era procedente. Por último, avaló la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primer grado (ff. 173 a 176), así:
Reiteró que su contraparte no logró notificarle oportunamente el acto que resolvió el recurso de reconsideración porque habría sido irregular la diligencia de notificación personal dado que no le indicaron qué recursos procedían en contra del acto notificado; así mismo porque la citación se envió a la dirección equivocada; y porque se adelantó sin haber enviado el aviso citatorio que contempla el artículo 565 del ET. De otra parte, manifestó que la información reportada por el tercero era insuficiente para fundamentar la adición patrimonial y que la demandada debió indagar sobre el pago efectivo de la deuda en discusión. Solicitó que se tuviera como prueba un derecho de petición que anexó al recurso y que se requiriera a la demandada para que allegara al expediente «las diligencias de notificación» del acto que falló el recurso de reconsideración. No apeló la sanción por inexactitud, ni la condena en costas.
Alegatos de conclusión
La actora reprodujo los argumentos de la apelación (ff. 212 a 213). Por su lado, la demandada planteó que la recurrente omitió proponer reparos contra el fallo del a quo y se opuso a que se decretaran las pruebas solicitadas; además, replicó los argumentos de la contestación de la demanda (ff. 214 a 218). El ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, teniendo en cuenta los cargos de apelación formulados por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia, que negó sus pretensiones y la condenó en costas. En esos términos, se debe determinar si la Administración notificó en debida forma el acto que decidió el recurso de reconsideración interpuesto en sede administrativa; de ser afirmativo lo anterior, habrá que establecer si está probado el incremento patrimonial injustificado que determinó la liquidación oficial. En cambio, no se emitirá pronunciamiento sobre el reparo planteado por la demandada en sus alegaciones finales, relativo a la improcedencia de la apelación, puesto que el mismo fue formulado cuando ya estaba ejecutoriado el auto que admitió la impugnación, lo cual ocurrió el 19 de julio del 2019 (f. 200 vto). Tampoco serán valoradas las pruebas solicitadas en el recurso de apelación, habida cuenta de que esa petición fue rechazada por auto del 11 de julio de 2019 (f. 200), que no fue recurrido.
2- Respecto del primer cargo de apelación, la actora reconoce que «la DIAN notificó al representante legal de forma personal» (f. 175), pero alega que la diligencia fue irregular porque ocurrió en el «lugar de trabajo» de dicha persona, no en la dirección registrada por la empresa en el RUT. Agrega que no se le envió la citación ordenada por el artículo 565 del ET y que tampoco se le indicó que el acto notificado era pasible de control judicial, pese a que así lo exige el artículo 570 ejusdem. Por todo lo anterior, aduce que no se logró notificar oportunamente la decisión del recurso de reconsideración y, en consecuencia, solicita se declare la nulidad de la actuación acusada. En el otro extremo, la demandada sostiene que envió el aviso de citación a la dirección informada por su contraparte en el RUT y, también, a la indicada en el certificado de existencia y representación legal; pero que, como el correo fue devuelto en ambas oportunidades, procedió a realizar la notificación supletoria por edicto y, además, logró que uno de sus funcionarios realizara la notificación personal del acto, todo dentro del plazo concedido por el artículo 732 del ET. Finalmente, asevera que le comunicó a la actora que no procedían recursos contra el acto en cuestión, por lo que niega que se configuraran las irregularidades aducidas por la apelante única.
Así, es un hecho cierto no discutido por las partes que, antes de que culminara el plazo previsto en el artículo 732 del ET, el representante legal de la actora se notificó personalmente de la resolución con la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial. No se contiende que ese tipo de notificación personal sea procedente para el caso. Lo que debaten los extremos procesales es si ese trámite fue invalidado por alguna de las circunstancias que aduce la apelante única y si aquellas impidieron que fuera tempestiva la notificación. Por tanto, la Sala analizará: (i) si se vulneró el artículo 565, inciso 2.˚, del ET; (ii) si la diligencia disputada se adelantó en una dirección distinta a la permitida por la ley; y (iii) si se contravino el mandato del artículo 570 ejusdem.
2.1- Dado que esta Sección tiene fijados los criterios de decisión judicial que rigen esas cuestiones, la solución del caso atenderá tales precedentes. Según la jurisprudencia que se reitera, el mecanismo principal para comunicar los actos que deciden recursos en materia tributaria es el de notificación personal (artículo 565, inciso 2.˚, del ET), trámite que, de acuerdo con el artículo 569 ibidem, puede surtirse, indistintamente, en el domicilio del obligado tributario o en las oficinas de impuestos (sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 24083, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). En el primer caso, se envía a un funcionario para que procure la notificación personal, la cual debe ser recibida por el sujeto pasivo o por quien esté legitimado para representarlo; mientras que en el segundo se le debe remitir al interesado un «aviso de citación» (artículo 565, inciso 2.˚, del ET), para que comparezca a notificarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de introducción del aviso en el correo, pero, si ello no ocurre, la autoridad queda habilitada para notificar por edicto su decisión. De ahí que el edicto como medio de notificación supletorio solo esté previsto para los casos en los cuales se intente la notificación personal en las oficinas de la Administración y esta falle; por ello, la remisión del aviso citatorio no es exigible cuando la autoridad tributaria procure la notificación personal en el domicilio del administrado.
Ese razonamiento basta para desestimar el primero de los argumentos que sustentaron el cargo de apelación de la actora sobre la indebida notificación de la decisión del recurso de reconsideración, porque, según se expuso, el ordenamiento tributario no requiere que el tipo de notificación personal adelantado en este caso por la Administración esté precedido por la remisión del aviso citatorio que echa de menos la contribuyente.
2.2- Dilucidado lo anterior, corresponde estudiar si el trámite de notificación personal objeto de análisis se adelantó en una dirección distinta a la permitida por la ley. Al respecto, encuentra la Sala que, aunque la recurrente afirma que dicha diligencia se surtió «en una dirección completamente irracional e irreal, pues desde ningún punto de vista constituía un lugar de notificaciones para hechos tributarios, ya ese lugar donde acudieron a notificar, en compañía de la policía, al representante legal … fue al lugar de trabajo de este el cual en ningún momento le fue informado a la Dian como dirección para efectos tributarios, pues la dirección informada para esos efectos está desde hace varios años consignada en el RUT» (f. 175), no hay en el expediente ningún medio probatorio dirigido a acreditar esa alegación. De hecho, es por completo desconocida para la Sala la ubicación en que dicha notificación tuvo lugar, puesto que la actora omitió mencionarlo y el acto de notificación no contiene ninguna referencia sobre el particular. En cambio, obra en el folio 582 del cuaderno de antecedentes administrativos el acta de notificación personal del 08 de agosto del 2017, suscrito con la firma y huella del notificado. Por consiguiente, tampoco prospera el aludido reproche.
2.3- Resta definir si la demandada incurrió en la violación del artículo 570 del ET que le endilga la apelante única. Con miras a desatar ese aspecto del debate, se impone aclarar que, si bien el artículo 570 del ET compele a la Administración a dejar constancia de los recursos que proceden contra sus decisiones, la vulneración de esa disposición no conduce a la nulidad de lo actuado, sino que habilita al administrado para que acuda directamente a la jurisdicción de lo contencioso–administrativo sin que le sea oponible el requisito de procedibilidad de la demanda consagrado en el artículo 161 del CPACA, tal y como ha establecido la Sección en las providencias del 04 de noviembre de 2010, exp. 17211, CP: Carmen Teresa Ortiz; del 24 de octubre de 2013, exp. 20247, CP: Jorge Octavio Ramírez; del 09 de marzo de 2017, exp. 22819, Hugo Fernando Bastidas; y del 13 de julio de 2017, exp. 22184, CP: Milton Chaves García. Además, encuentra la Sala que en el acta de la notificación personal efectuada expresamente se incluyó la siguiente indicación: «contra el acto procede el recurso de: No procede» (f. 582 caa); de manera que tampoco hay sustento jurídico ni probatorio para ese reparo contra el trámite de notificación personal llevado a cabo en el sub lite.
Así, por las razones expuestas, se advierte que la demandada notificó regularmente el acto con el que resolvió el recurso de reconsideración formulado por la contribuyente. No prospera el cargo de apelación.
3- Resuelto lo anterior, debe la Sala definir si la actora omitió denunciar activos en su declaración del impuesto sobre la renta del año revisado, a partir de los cuales se pueda determinar una renta gravable por comparación patrimonial. Sobre el particular, alega la apelante única que su contabilidad demuestra que la cuenta por cobrar en cuestión no existía al finalizar el periodo porque fue íntegramente pagada por el deudor; y agrega que era carga de la demandada constatar la veracidad de los hechos reportados por el tercero. En cambio, el extremo pasivo de la litis sostiene que el cliente que adeudaba la cuenta por cobrar informó que la misma estaba vigente al cierre del año revisado, mientras que la contabilidad del sujeto pasivo era insuficiente para desvirtuar esa información, porque adolecía de irregularidades (señaladamente, que las facturas no eran consecutivas, que había operaciones con pago de contado registradas como ventas a crédito y que se contabilizó un anticipo en un mes equivocado); y añade que la actora no aportó la contabilidad de forma completa cuando fue requerida para el efecto, de modo que es improcedente reconocer los datos allí contenidos.
De suerte que la apelante única no reprocha que la Administración liquidara una renta gravable especial por comparación patrimonial, sino que la litis se centra a establecer si está demostrado que el deudor pagó antes de que finalizara el periodo la cuenta por cobrar que le atribuye la demandada.
3.1- En sentencia del 22 de abril del 2021 (exp. 20968, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), la Sala precisó que, sin perjuicio de los casos en los que la ley exija una comprobación especial, los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, por disposición expresa del artículo 772 del ET; pero que la misma disposición preceptúa que la aptitud demostrativa de la contabilidad está supeditada a que sea llevada «en debida forma», lo cual implica (i) observar los mandatos del Código de Comercio y de las demás normas que la regulen, en especial, para la época de los hechos, el Decreto 2649 de 1993; (ii) estar registrada ante la cámara de comercio respectiva –porque entonces se exigía–; (iii) reflejar completamente la situación del ente económico; (iv) contar con comprobantes internos y externos que la respalden; y (v) no haber sido desvirtuada con otros medios probatorios (artículos 773 y 774 ibidem y 50 del Código de Comercio, CCo). Bajo esos parámetros, para que la contabilidad tuviera la eficacia probatoria pretendida por la apelante, debía constar en libros registrados que reflejaran cronológicamente el asiento de las operaciones mercantiles, aludiendo a sus comprobantes (artículo 125 del Decreto 2649 de 1993); y estos, por su parte, debían indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de los negocios del comerciante, las cuentas afectadas con el asiento (artículo 124 ibidem) y tener anexos los documentos que los justificaran, como soportes, de origen interno o externo, fechados y autorizados, que cumplieran los requisitos legales que según el tipo de acto del que se trate fueren aplicables (artículo 123 ibidem).
3.2- En la misma línea, la jurisprudencia de esta Sección ha advertido que, para reconocerle mérito probatorio a los libros contables, deben guardar correspondencia con sus comprobantes, pues son estos últimos los que respaldan las partidas registradas en la contabilidad y los que permiten constatar los asientos individuales y el estado general de los negocios de la empresa (sentencias del 12 de octubre de 2015, exp. 19999, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y del 12 de septiembre de 2019, exp. 21675, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Ese alcance probatorio no se afecta por la circunstancia de que la prueba contable sea aportada a través de certificaciones de contador o de revisor fiscal, en los términos contemplados por el artículo 777 del ET; sin perjuicio de lo cual esta judicatura ha precisado que la idoneidad probatoria de esas certificaciones depende de su grado de detalle para brindarle certidumbre a la autoridad administrativa o judicial que la valora (sentencias del 21 de junio de 2018, exp. 22154, CP: Milton Chaves García; del 30 de mayo y del 02 de octubre de 2019, exps. 23140 y 21518, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 21 de febrero de 2019, exp. 21366, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
Con lo cual la contabilidad solo probará los hechos alegados si, entre otros requisitos, los respectivos libros están respaldados por soportes documentales, que deben ser puestos a disposición de la autoridad fiscal cuando esta lo requiera para constatar los hechos con relevancia tributaria, aun si media certificación contable. En caso de desatender esa solicitud, el interesado no podrá «invocarlos a su favor posteriormente y tal hecho se tendrá como indicio en su contra», lo cual, además, dará lugar a desconocer «los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente» (artículo 781 del ET).
3.3- respecto de ese debate, constan en el expediente los siguientes hechos relevantes:
(i) El 11 de marzo del 2013, la demandante presentó su declaración del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2012, en la que registró un patrimonio de $188.937.000, pasivos de $44.622.000, ingresos brutos por $2.412.274.000, costos de $2.341.622.000 y deducciones de $0; con lo cual la renta liquida autoliquidada ascendió a $70.652.000 y el impuesto a cargo a $23.315.000 (f. 6 caa).
(ii) El 02 de enero del 2015, la demandada intentó practicar una visita a su contraparte, pero, aunque los funcionarios comisionados se dirigieron a la dirección informada en el RUT, no la encontraron (f. 42 caa).
(iii) El 24 de marzo del 2015, la demandada profirió el Requerimiento Especial nro. 16238201500006 en el que propuso modificar la autoliquidación de la actora por el año gravable 2012. En concreto, planteó desconocer todos los costos denunciados, puesto que provenían de un solo proveedor que la Administración declaró como ficticio (ff. 81 a 86 caa). Sin embargo, la liquidación oficial demandada desistió de esa modificación habida cuenta de que la actora aportó las facturas que respaldaban las operaciones con ese proveedor (ff. 512 a 521 caa).
(iv) Por medio del Requerimiento Ordinario nro. 162412015000006, del 10 de agosto del 2015, la autoridad solicitó a uno de los clientes de la actora «Relaciones debidamente certificadas por representante legal y revisor fiscal o contador público según el caso» de todas las operaciones realizadas con la demandante en el año 2012 y también de las transacciones con la actora «reportadas en medios magnéticos por valor de $968.460.633», indicando una a una: «fecha, documento soporte, numero de documento, valor, valor del IVA y retención en la fuente. Copia del documento soporte de la transacción de los puntos anteriores (factura o documento equivalente), comprobante de pago y/o soporte bancario de la transacción si es el caso (extracto o constancia de trasferencia electrónica). Copia de contrato, actas de entrega de la obra y registro fotográfico de los bienes objeto de las obras» (ff. 208 a 210 caa).
(v) El 27 de agosto del 2015, la demandada se dirigió a la dirección registrada por la actora en el RUT, a efectos de practicar una visita. Los funcionarios encargados de llevarla a cabo dejaron constancia en el acta respectiva de que «se acude a la dirección reportada en el RUT por el contribuyente, en portería informan no conocer a la Constructora Belmonte. Se establece comunicación con la persona que vive en el apt. C.3 quien informa no conocer al contribuyente» (ff. 224 a 226 caa).
(vi) Mediante comunicación del 26 de agosto del 2015, el cliente de la demandante, al que se le requirió información, manifestó aportar «fotocopia de las respectivas facturas de venta, comprobantes de egreso, y comprobantes contables, que soportan las transacciones realizadas con la Constructora Belmonte SAS. Ver folios del tres (3) al veintinueve (29) … registro fotográfico de los bienes objeto de las obras, junto con sus respectivas actas de entrega de obra. Ver folios del treinta (30) al cuarenta y nueve (49)» (f. 230 caa); y aportó un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal que enlista todas las transacciones realizadas con la contribuyente en 2012. De acuerdo con él, entre mayo y diciembre del 2012, la demandante expidió seis facturas a cargo de dicho cliente, mientras que este hizo 19 pagos a favor aquella, por lo cual le practicó retenciones en la fuente equivalentes a $14.240.106. A raíz de esas transacciones, al cierre del año, el cliente adeudaba a la contribuyente la suma de $968.460.633 (f. 231 caa).
(vii) Como sustento de lo anterior, el cliente requerido allegó los siguientes documentos:
(a) Factura nro. 76, del 04 de mayo del 2012, por valor de $180.000.000, cuyo concepto es «anticipo adecuación local nro. 130 centro comercial Titán» (f. 232 caa).
(b) Factura nro. 78, del 28 de mayo del 2012, por «anticipo adecuación local nro. 239 centro comercial Fundadores» y valor de $150.000.000 (f. 233 caa).
(c) Factura nro. 89, del 21 de agosto del 2012, por concepto de «terminación adecuación local nro. 130 centro comercial Titán». El valor del servicio prestado asciende a $424.008.000 más un IVA de $5.025.280. No obstante, al calcular el «valor total» de la operación, la factura resta un anticipo de $180.000.000, de manera que lo determina en $249.033.280 (f. 234 caa).
(d) Factura nro. 92, del 30 de agosto del 2012, por concepto de «terminación adecuación local nro. 239 centro comercial Fundadores». El valor del servicio prestado asciende a $347.112.000 más un IVA de $4.113.920. No obstante, al calcular el «valor total» de la operación, la factura resta un anticipo de $150.000.000, de manera que lo determina en $201.225.920 (f. 235 caa).
(e) Factura nro. 99, del 13 de noviembre del 2012, por concepto de «trabajos realizados según acta 001: adecuación y construcción de 170 metros cuadrados de oficina y recepción…en la bodega principal» que asciende a $100.539.200 más un IVA de $1.260.800 para un «valor total» de $101.800.000 (f. 236 caa).
(f) Factura nro. 110, del 17 de diciembre del 2012, por «finalización de los trabajos realizados según factura de venta # 99 de conformidad al acta # 2», por $245.690.560 más un IVA de $2.909.440 para un «valor total» de $248.600.000 (f. 237 caa).
(g) 19 comprobantes contables, fechados entre el 15 de agosto y el 30 de diciembre del 2012, que dan cuenta de pagos efectuados por el cliente a favor del sujeto pasivo por valor total de $147.958.461. Todos ellos indican que los pagos se hicieron con cargo a la cuenta contable nro. 110505 «caja general» (ff. 238 a 256 caa).
(h) 14 fotografías de las obras realizadas por la apelante única (ff. 257 a 264 caa).
(i) Las «actas finales» de las tres construcciones llevadas a cabo por el sujeto pasivo, que, pese a detallar los costos de cada obra, omiten indicar la fecha en que fueron elaboradas y pronunciarse sobre los pagos efectuados a favor del constructor (ff. 265 a 270 caa). Las actas levantadas respecto de las obras realizadas en los locales de los centros comerciales «Titán» y «Fundadores» contienen una sección titulada «Resumen del contrato» en la que indican el valor de cada obra al que le restan el «anticipo» y así determinan el «total a pagar» (ff. 266 y 268 caa).
(viii) En la comunicación del 04 de septiembre del 2015, con asunto «complementación respuesta requerimiento ordinario de información No. 162412015000006», el cliente manifiesta que «en atención a la conversación telefónica sostenida el 03 de septiembre de 2015, en la cual solicitó el envió de los soportes de pago de los anticipos realizados en mayo de 2012, a nombre de Constructora Belmonte SAS, identificada con NIT, por valores de ciento ochenta millones de pesos m/cte (180’000.000.oo), y ciento cincuenta millones de pesos m/cte (150.000.000.oo), adjunto encontrará la siguiente información» (f. 368 caa), refiriéndose a los siguientes documentos:
(a) El «comprobante contable nro. 76» del 04 de mayo del 2012 (f. 369 caa), que evidencia que registró en la cuenta nro. 133005 (anticipos y avances a proveedores) un anticipo de $180.000.000 a favor de la contribuyente, que tuvo como contrapartida un crédito en la cuenta contable nro. 233535 (pasivos por servicios de mantenimiento).
(b) El «comprobante contable nro. 78», del 28 de mayo del 2012 (f. 371 caa), que evidencia que registró en la cuenta nro. 133010 (anticipos y avances a contratistas) un anticipo de $150.000.000 a favor de la actora, que tuvo como contrapartida un crédito en la cuenta contable nro. 233535 (pasivos por servicios de mantenimiento).
(c) El «comprobante contable nro. 89» del 21 de agosto del 2012, que da cuenta de que el cliente acreditó en la cuenta contable nro. 233535 (pasivos por servicios de mantenimiento) una deuda de $244.793.200 a favor de la contribuyente; y en la cuenta contable nro. 524510 (gastos por mantenimiento y reparaciones) un gasto en cuantía de $424.008.000 cuyo proveedor era la demandante. Asimismo, debitó de la cuenta contable nro. 133005 (anticipos y avances a proveedores) $180.000.000 (f. 370 caa).
(d) El «comprobante contable nro. 92», del 15 de septiembre del 2012, que enseña que el cliente acreditó en la cuenta contable nro. 233535 (pasivos por servicios de mantenimiento) una deuda de $197.754.800 a favor del sujeto pasivo; y en la cuenta contable nro. 524510 (gastos por mantenimiento y reparaciones) un gasto en cuantía de $347.112.000 cuyo proveedor era la demandante. Asimismo, debitó de la cuenta contable nro. 133010 (anticipos y avances a contratista) $150.000.000 (f. 372 caa).
(ix) En correo electrónico del 04 de septiembre del 2015, el «líder financiero» del mismo cliente informó a la demandada que «con relación a los anticipos, me permito realizar los siguientes comentarios: El comprobante contable Nº0076, de mayo/2012, por valor de $180 millones; refleja la creación del anticipo a la cuenta 133005, creando a la vez una cuenta por pagar 233535. No obstante, a través del comprobante 0089, de agosto/2015, legaliza el anticipo de la cuenta 133005, a través de la causación del gasto por $424.008.000, restándole el anticipo de los $180 millones, quedando una cuenta por pagar de $244 millones. En conclusión, para el valor registrado como anticipo en el activo, su contrapartida fue un registro de una cuenta por pagar, que incrementó el saldo a pagar, pero jamás se realizó un pago en efectivo o cheque, para este anticipo. Igual situación sucedió con el anticipo de los 150 millones» (f. 375 caa).
(x) A raíz de lo anterior, el 09 de septiembre del 2015, con la ampliación del requerimiento especial, la demandada señaló que «del análisis de las cuentas por cobrar se establece que el valor de estas para el año 2012 era diferente al declarado y no corresponde a la realidad toda vez, según información exógena y cruce de información realizada con la empresa Croco SAS, esta reporta como cuentas por pagar a Constructora Belmonte, por valor de $968.460.673, lo que conlleva a que las cuentas por cobrar a este contribuyente son de este valor y no cero (0) como lo lleva a su declaración y libros de contabilidad» (f. 420 vto. caa).
(xi) Al responder dicha ampliación, la actora insistió en que «la declaración de renta del año gravable 2012 … contiene las cifras detalles y pormenores que están plenamente detallados y con exactitud incuestionables, ya que es el reflejo pleno de la contabilidad llevada por la empresa y la transcripción absoluta y plena que caracteriza su exactitud contable, tributaria, operacional y realidad que garantiza su perfección». Y añadió que la información reportada por su cliente «no corresponde a la revelación plena de las operaciones económicas … a razón de que la facturación realizada en el año gravable 2012 a esta sociedad por parte de Constructora Belmonte SAS fue cancelada en su totalidad … quedando un valor de cero (0) pesos en las cuentas por cobrar» (ff. 431 y 432 caa). Anexó lo siguiente:
(a) Un certificado de su contador, según el cual «las cifras registradas [en la contabilidad de la actora] se constituyen en un reflejo fiel de las transacciones y demás negociaciones amparadas en dichos documentos en especial las circunscritas a las empresas Croco SAS e Inversiones Los Cedros Manizales SAS (facturas y recibos de caja), los cuales corresponden de manera fidedigna a los asientos y soportes contables por la vigencia fiscal de 2012», sin hacer ninguna mención adicional respecto de la cuenta por cobrar echada en falta por la autoridad fiscal (f. 438 caa).
(b) Las mismas facturas descritas en el punto vii (ff. 440 a 443 caa).
(c) Cuatro recibos de caja según los cuales recibió del cliente en comento las sumas de $424.793.200, $347.754.800, $100.794.608 y 246.143.094, los días 21 y 30 de agosto, 13 de noviembre y 17 de diciembre del 2012, respectivamente. Ello, por los conceptos de «anticipo», «anticipo», «cancelación factura de venta 99 de noviembre 13 de 2012», «cancelación factura de venta 110 de diciembre 17 de 2012» (ff. 444 a 447 caa). Para un total de $1.119.485.702.
(xii) Por Auto de Inspección Contable nro. 162412016000001, del 19 de enero del 2016, la Administración ordenó practicar una inspección contable a la contribuyente (f. 453 caa).
(xiii) El 02 de febrero del mismo año, la apelante única solicitó a su contraparte «ordenar a quien corresponda se nos conceda un término prudencial para aportar los documentos contables y tributarios requeridos en el auto de inspección contable indicado en la referencia. [Porque] motivos ajenos a nuestra voluntad nos impiden dar cumplimiento cabal a los términos de la requisitoria» (f. 454 caa). No obstante, la Administración negó la solicitud debido a que el contador de la actora certificó que los libros contables eran llevados conforme a la ley (f. 455 caa).
(xiv) Los días 18 y 22 de febrero de 2012 la demandada acudió a la dirección informada en el RUT del obligado tributario con el propósito de practicar la inspección contable. Sin embargo, en ambas oportunidades encontró que nadie estaba presente para atender la visita, de modo que levantó sendas actas informando lo sucedido y dejó copia de estas en la portería del edificio visitado (ff. 459 a 463 caa).
(xv) El 04 de marzo del 2016, la apelante única radicó en las oficinas de la Administración un documento en el que precisó que «he recibido con fecha de enero 19 y notificado el 23 del mismo mes, por intermedio del correo, una notificación donde se nos anuncia la práctica de una Inspección Contable a la empresa en cuestión por el año gravable de 2012 … Enterados de los hechos y circunstancias conducentes a la inspección contable en cuestión, me permito de manera respetuosa y atenta hacerle llegar a ese despacho los libros mayores de la empresa Constructora Belmonte SAS, tales como el libro caja diario, el libro inventarios y balances y el libro mayor y balances, contentivos de la contabilidad del año 2012, para los fines pertinentes y necesarios a que haya lugar por parte de ese despacho en su respectiva inspección» (ff. 464 y 465). Junto a esa comunicación anexó:
(a) «Libro inventario y balances» con corte a 31 de diciembre del 2012, que no registra cuentas por cobrar a clientes y señala que la demandante obtuvo ingresos provenientes del cliente en cuestión por valor de $1.117.349.760 (ff. 478 y 479 caa).
(b) «Libro inventario y balances» de todos los meses del 2012 (ff. 480 a 491 caa). El libro correspondiente al mes de mayo evidencia que en la cuenta contable nro. 1110 (caja y bancos) hubo un movimiento débito de $13.121.087, mientras que no hubo ingresos (f. 484 caa). El de agosto enseña que ingresó a «caja y bancos» (al igual que a todo el activo disponible) la suma de $772.548.000 y que obtuvo ingresos operacionales por construcción de $632.538.000 (f. 487 caa). El correspondiente al mes de noviembre demuestra que ingresaron $886.638.108 a todo el activo disponible en la cuenta «caja y bancos», mientras que los ingresos por el mismo concepto antes indicado ascendieron a $672.099.200 (f. 490 caa). El de diciembre indica que ingresaron al activo disponible $680.524.466; por su parte los ingresos operaciones por construcción del mismo mes fueron de $997.642.720 (f. 491 caa).
(c) El libro de «Caja diario» correspondiente a todos los meses del 2012, que coincide con los valores indicados en la letra anterior (ff. 493 a 504 caa).
(xvi) En el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación demandada, la actora insistió en que «los valores registrados en los reglones del formulario oficial corresponden a las cifras del Balance General que consolidan el movimiento o actividad desarrollada durante el precitado año. La contabilidad se ajusta a los principios fundamentales establecidos en el régimen contable colombiano» (f. 527 caa).
3.4- De ese recuento fáctico se extrae que, durante el año revisado, la actora llevó a cabo tres obras contratadas por uno de sus clientes, consistentes en la adecuación de dos locales comerciales y la construcción de una oficina con recepción. La adecuación del primer local tuvo un valor de $424.008.000, más un IVA de $5.025.280, para lo cual las partes pactaron un anticipo de $180.000.000; mientras que la obra realizada en el segundo inmueble costó $347.112.000, más $4.113.920 de IVA, lo que generaría un anticipo de $150.000.000. Finalmente, la adecuación de la oficina sumó $346.229.760, más $2.909.440 de IVA. Así, los servicios prestados por la actora ascendieron a $1.117.349.760 (como lo registró en su contabilidad) y generaron un IVA de $13.309.440; con lo cual, su cliente debía pagar $1.130.659.200. De ese valor, le practicó retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta equivalentes a $14.240.106, de suerte que la deuda quedó en $1.116.419.094.
Ahora bien, el tercero contratante de las obras y la demandante informan situaciones distintas respecto del pago de la acreencia descrita. Según el tercero, al cierre del 2012, había pagado un total de $147.958.461, mediante 19 operaciones de pago que tuvieron lugar entre el 15 de agosto y el 30 de diciembre, de manera que la deuda quedó en $968.460.633 al finalizar el periodo gravable. En cambio, la apelante única defiende que recibió el pago de la totalidad de la deuda mediante cuatro pagos registrados en sendos recibos de caja de $424.793.200, $347.754.800, $100.794.608 y 246.143.094, los días 21 y 30 de agosto, 13 de noviembre y 17 de diciembre del 2012, respectivamente. Además de los recibos de caja, allegó el «Libro inventario y balances» y el libro de «Caja diario» que contabilizaron esos pagos. Sin embargo, los recibos de caja del 21 y 30 de agosto indican que el concepto del pago fue «anticipo», pese a que todos los demás medios de prueba obrantes en el plenario ponen en evidencia que los anticipos nunca se pagaron. Ello es así porque, pese a que los anticipos se pactaron en mayo, la contabilidad del sujeto pasivo y de su cliente evidencian que los primeros pagos solo ocurrieron en agosto del 2012 y no corresponden al valor de ninguno de los anticipos acordados. Asimismo, la contabilidad del cliente demuestra que registró cada anticipo con una contrapartida en el pasivo (cuenta por pagar), que nunca se pagó; al contrario, ese registro contable se canceló al reconocer el gasto por remodelación en el que incurrió el tercero, quien informó precisamente eso cuando la Administración lo cuestionó sobre el particular. Igualmente, según todos los recibos de caja aportados, la actora recibió del tercero un total de $1.119.485.702, mientras que la deuda por los servicios prestados era de $1.117.349.760 –como quedó registrado en la contabilidad del sujeto pasivo– más un IVA de $13.309.440 ($1.130.559.200 en total), que al restar las retenciones practicadas por el cliente ($14.240.106) asciende a $1.116.419.094, de modo que los aludidos documentos no guardan relación con las operaciones que dicen soportar.
Aunado a lo anterior, advierte la Sala que a pesar de que en el año revisado la demandante obtuvo ingresos por $2.412.274.000, no registró deducciones, solo costos de venta que ascendieron a $2.341.622.000 todos provenientes del mismo vendedor, al que la Administración declaró proveedor ficticio. Por ello, los ingresos obtenidos por la actora y el efectivo que supuestamente recibió no incrementaron su patrimonio al cierre del año, pues casi todo lo que obtuvo lo gastó en pagos a favor de ese proveedor. Además, está demostrado en el expediente que la autoridad fiscal se dirigió cuatro veces a la dirección informada en el RUT de la demandante con el propósito de practicar visitas y revisar su contabilidad, pero nunca fueron atendidos los funcionarios comisionados para el efecto y solo se aportaron algunos documentos contables, sin brindarle a la demandada la posibilidad de verificar de primera mano los auxiliares contables por tercero (para contrastar lo informado por el cliente con la contabilidad de la contribuyente), auxiliares de las cuentas contables del activo, pasivo e ingresos. Ninguno de esos documentos reposa en el expediente debido a la renuencia y contumacia de la apelante única.
Habida cuenta de lo anterior, concluye la Sala que la contabilidad de la actora carece del valor probatorio para desvirtuar la información reportada por el tercero, según la cual, al cierre del año revisado, este le adeudaba a la actora $968.460.633. Por tanto, se procederá a confirmar la decisión apelada.
4- Finalmente, como de conformidad con el ordinal 8.º del articulo 365 del Código General del Proceso dispone que solo «habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación», la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia porque en el expediente no existe prueba de su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería jurídica a Pablo Nelson Rodríguez Silva como apoderado de la demandada, de conformidad con el poder otorgado (f. 219).
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Dicho criterio está expresado, entre otras, en las sentencias del 03 de diciembre de 2009 (exp. 17111, CP: Martha Teresa Briceño), del 13 de noviembre de 2014 (exp. 17836, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), del 12 de noviembre de 2015 (exp. 20976, CP: ibidem), del 08 de septiembre de 2016 (exp. 18945, CP: ibidem), del 19 de octubre de 2017 (exp. 22283, CP: Milton Chaves García), del 06 de diciembre de 2017 (exp. 21308, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y exp. 22656, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez), del 13 de diciembre de 2017 (exp. 21072, CP: Stella Jeannette Carvajal), del 05 de abril de 2018 (exp. 21028, CP: Milton Chaves García), del 18 de junio de 2020 (exp. 24363, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y del 06 de mayo del 2021 (exp. 24198, CP: ibidem).
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00687-01 (24660)
Demandante: Constructora Belmonte SAS
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