Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00027-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00027-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00027-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 6601-23-33-000-2018-00027-01
Número interno : 5957-2019
Parte actora : Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Medio de Control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437 de
2011
Tema :/Reliquidación de pensión de jubilación beneficiario
del régimen de transición. IBL de la Ley 100 de
1993; aplicación por favorabilidad del Decreto 758 de
1990.
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 13 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.
l. ANTECEDENTES
Demanda
Pretensiones
El señor Gustavo Alonso Ospina Correa acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de las
Resoluciones SUB-101233 del 15 de junio de 2017, SUB-128188 del 17 de
julio de 2017 y DIR-14567 del 1 de septiembre de 2017, por medio de las
cuales, la entidad le negó la reliquidación de la pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene la reliquidación de
la pensión con el 75% de todo lo devengado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre
de 1994, efectiva a partir del 27 de junio de 2008, conforme al Decreto 929 de
1976.
Como pretensiones subsidiarias, reclamó el reconocimiento de la pensión en
cuantía del 75% del ingreso base de liquidación calculado sobre lo devengado
como empleado público en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 1991 y el
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Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
2 de enero de 2008; y en su defecto, solicitó que se tenga en cuenta lo cotizado
como trabajador del sector privado.
Igualmente pidió la indexación de las sumas reconocidas; que se dé cumplimiento
al fallo en los términos del artículo 192 y ss. del CPACA; y que se condene en
costas a la entidad accionada.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes1:
El señor Gustavo Alonso Ospina Correa nació el 27 de julio de 1953; es
beneficiario del régimen de transición, pues al 30 de junio de 1995, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a nivel territorial, tenía más de 40 años
y 15 años de servicio.
Indicó que prestó sus servicios en la Contraloría General de la República y en la
Contraloría Municipal de Pereira, completando los 20 años de servicio antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Agregó que, laboró en el Instituto de Seguros Sociales, en el Departamento de
Risaralda y como empleado del sector privado.
Mediante Resolución 2981 del 17 de marzo de 2009, el Instituto de Seguro Social
le reconoció la pensión de vejez en cuantía de $2.994.591, efectiva a partir del 1
de junio de 2009.
La Resolución 8160 del 21 de julio de 2009 modificó la anterior resolución, en el
sentido de señalar que la pensión sería efectiva a partir del 27 de julio de 2008 y
en cuantía inicial de $2.781.268.
A través de la Resolución GNR 64459 del 5 de marzo de 2015, Colpensiones
reliquidó la pensión de vejez, elevando la cuantía a una suma de $4.620.327,
efectiva a partir del 27 de julio de 2008; para lo cual tuvo en cuenta los aportes
omitidos y traslados del régimen de ahorro individual con solidaridad.
Por medio de la Resolución GNR 7867 del 12 de enero de 2017, se le negó al
actor la reliquidación de la pensión con base en todo lo devengado en el último
año de servicios. Decisión que fue confirmada en la Resolución GNR 57062 del 22
de febrero de 2017, al resolver un recurso de reposición.
Adujo que el 19 de mayo de 2017 solicitó la reliquidación de la pensión de acuerdo
con el IBL del Decreto 929 de 1976; no obstante, en Resolución SUB-101233 de
15 de junio de 2017, la entidad negó lo peticionado.
El anterior acto administrativo fue confirmado mediante las Resoluciones
SUB.128188 del 17 de julio de 2017 y DIR 14567 del 1 de septiembre de 2017, al
resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra.
Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política los artículos 2, 6, 48 y 53.
1 Folios 1-41 del cuaderno principal.
3
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
De la Ley 100 de 1993, los artículos 1,2,11,13, 36 y 50.
Del Decreto 2527 de 2000, el artículo 4.
Del Decreto 929 de 1976, el artículo 7.
De la Ley 33 de 1985, el artículo 1 inciso 2.
Del Decreto 758 de 1990, los artículos 12 y 20.
Al explicar el concepto de violación la parte actora señala que, al 1 de abril de
1994 contaba con más de 20 años de servicios prestados en la Contraloría
General de la República y en la Contraloría de Pereira; por ello, tiene el derecho
adquirido a que su pensión se reconozca con lo dispuesto en el Decreto 929 de
1976 en su integridad.
Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones contestó la demanda
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones2.
Manifestó que, en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional SU-230 de
2015, el IBL no es elemento del régimen de transición. En ese sentido, se rige por
la Ley 100 de 1993; mientras que los conceptos de edad, tiempo y monto de la
pensión son los previstos en la norma anterior a la entrada en vigencia de la ley en
cita.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y prescripción.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante fallo del 13 de septiembre de
2019, negó las pretensiones de la demanda3.
Destacó que el actor es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y le es aplicable el régimen pensional del Decreto 929 de 1976.
Advirtió que, si bien el señor Gustavo Alonso Ospina Correa acreditó haber
laborado como empleado público por más de 20 años antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100; lo cierto es que adquirió el estatus pensional el 27 de julio
de 2008, cuando cumplió los 55 años de edad exigidos en la norma.
Aclaró que el IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición es el
previsto en la Ley 100 y no el de la norma anterior, conforme el criterio
jurisprudencial adoptado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación
395 de 2017 y por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018.
Recurso de apelación
La parte actora solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con
fundamento en lo siguiente4.
2
Folios 174-179 del cuaderno principal.
3
Folios 233-248.
4
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
Alegó que, al 1 de abril de 1994, había cumplido más de 20 años de servicios, es
decir, todo el tiempo de servicios requerido para acceder a su pensión. En su
criterio, no contaba con una simple expectativa sino con un derecho adquirido.
Siendo el requisito de la edad necesario solamente para la exigibilidad de la
mesada pensional. En consecuencia, solicita la aplicación integral del Decreto 929
de 1976 “pues bastaba esperar a cumplir el requisito de la edad como condición
de exigibilidad para acceder a la pensión, caso en el cual el tiempo que debía
tenerse en cuenta para la liquidación sería el de los últimos 6 meses como lo
dispone el artículo 7 del decreto 929 de 1976”.
Sostuvo que, el requisito de edad solo es necesario para exigir la prestación. Así
las cosas, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 tiene derecho
a que se le respete el régimen vigente al momento de completar el tiempo de
servicios o las semanas cotizadas, “habida cuenta que dichos aportes le dan derecho
a obtener la pensión en las condiciones previstas al momento en que completó dichas
exigencias. Lo que no le da derecho es a la exigibilidad de la prestación, ya que está tan
solo operará al momento de cumplir la edad señalada para hacer efectivo el derecho a la
pensión”.
Insistió la pretensión subsidiaria de la demanda según la cual el ingreso base de
liquidación de su mesada debe corresponder solamente a los últimos 10 años de
servicios cotizados como empleado público, excluyéndose los tiempos laborados
en el sector privado. Esto, para que su derecho pensional se liquide bajo el
Decreto 929 de 1976 o la Ley 33 de 1985.
Como segunda pretensión subsidiaria indicó que tiene derecho al reconocimiento
de la pensión de vejez regulada en el Decreto 758 a 1990, en razón de las
semanas cotizadas al Instituto de seguros sociales y dado que considera que la
pensión de jubilación que ya tiene reconocida es compatible con la pensión por
aportes.
En caso de no acogerse los anteriores alegatos precisa que es dable el reajuste
de la mesada pensional conforme el decreto en comento, por tanto pide que se
aumente el ingreso base de liquidación incluyendo los tiempos laborados públicos
y privados.
Así pues, insistió en que, para el ingreso base de liquidación deben sumarse lo
salarios de cotización aportados en su doble condición de empleado público y
trabajador particular en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 1991 y el 2
de enero de 2008, aclarando que los aportes adicionales, en tanto generan un IBL
inferior, no deben ser computados.
Alegatos de conclusión
La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación5.
La parte demandada guardó silencio.
4
Folios 250-271.
5
Memorial electrónico disponible en el aplicativo SAMAI visible a índice 13.
5
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
El Ministerio Público no presentó concepto.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo que primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en los términos del recurso de
apelación presentado por el accionante, se analizará si el status pensional se
adquiere solamente por acreditar 20 años de servicios; si el ingreso base de
liquidación pensional del actor incluye la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último semestre de servicios, o si por el contrario se rige
por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993. También se estudiará cuál es la
normativa pensional más favorable para el demandante.
Caso concreto
En el asunto bajo análisis, la entidad accionada reconoció y reliquidó la pensión
vitalicia de vejez aplicando la Ley 33 de 1985 y el IBL de la Ley 100 de 1995.
El accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le reconocieron la
pensión, para que sea calculada con todos los factores salariales devengados
durante el último semestre de servicio, aplicando el Decreto 929 de 1976 en su
integridad, por haber cumplido el tiempo de servicio antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993.
El Tribunal Administrativo de instancia negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el demandante adquirió el estatus pensional con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 y que los beneficiarios del régimen de transición
tienen derecho a que se les aplique el régimen anterior en cuanto a la edad,
tiempo y monto de la pensión, pero no para determinar el IBL, el cual es regulado
por la Ley 100 de 1993.
Inconforme con esta decisión, el accionante solicita que se revoque el fallo de
primera instancia, porque en su criterio (i) el status pensional se adquiere
solamente por acreditar 20 años de servicios; (ii) el ingreso base de liquidación
pensional del actor incluye la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último semestre de servicios, conforme el Decreto 929 de 1976; y (iii)
se le debe aplicar la norma más favorable para aumentar el monto de la mesada
pensional, dado que laboró en los sectores público y privado, y es beneficiario del
régimen de transición.
Visto lo anterior, la Sala resalta que en el sub judice no está en discusión que el
accionante es beneficiario del régimen de transición ni la aplicación de la
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Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
normativa pensional de la Contraloría General de la República, contenida en el
Decreto Ley 929 de 1976, que dispone en el artículo séptimo lo siguiente:
“ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido
exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último semestre”.
Precisado esto, se señala que el Instituto de Seguros Sociales, mediante
Resolución 2981 del 17 de marzo de 20096, le reconoció al actor una pensión de
jubilación, en cuantía de $2.994.591, efectiva a partir del 1 de junio de 2009. La
liquidación se basó en 1.233 semanas de cotización y un ingreso base de
liquidación de $3.708.357, con una tasa de reemplazo del 75% regulada en la Ley
33 de 1985.
Luego, la Resolución 8160 del 21 de julio de 20097 modificó parcialmente la
anterior resolución, en el sentido de indicar que la prestación será efectiva a partir
del 27 de julio de 2008, en cuantía mensual de $2.781.268.
La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, mediante
Resolución GNR 64459 de 5 de marzo de 20158, reliquidó la mesada conforme
la Ley 33 de 1985, a partir del 27 de julio de 2008 en cuantía de $4.620.327. Para
lo cual tuvo en cuenta lo siguiente:
1. Que el peticionario ha prestado los siguientes servicios:
ENTIDAD LABORO DESDE HASTA DÍAS
CONTRALORIA GENERAL DE 1973-10-11 1992-05-31 6710
LA REP
UNIVERSIDAD LIBRE 1991-03-11 1991-12-06 271
MUN DE PEREIRA 1992-06-01 1992-12-31 210
MUN DE PEREIRA 1993-01-01 1994-12-30 720
UNIVERSIDAD LIBRE 1993-07-27 1993-12-15 142
UNIVERSIDAD LIBRE 1994-03-03 1994-06-22 112
UNIVERSIDAD LIBRE 1994-08-23 1994-12-31 131
UNIVERSIDAD LIBRE 1995-01-01 1995-03-20 80
DEPTO DE RISARALDA 1995-01-01 1995-10-01 271
ESCUELA ADMINISTRACIÓN 1995-01-01 1995-01-12 12
DEPTO RISARALDA 1995-01-03 1995-03-31 88
ESCUELA ADMINISTRACIÓN 1995-02-01 1995-02-12 12
ESCUELA ADMINISTRACIÓN 1995-03-01 1995-03-01 1
UNIVERSIDAD LIBRE 1995-04-01 1995-04-20 20
UNIVERSIDAD LIBRE 1995-05-01 1999-06-27 1497
INSTITUTO DE SEGUROS 1995-10-01 1996-07-16 286
SOCIALES
DEPTO RISARALDA 1996-08-01 1996-08-04 4
DEPTO RISARALDA 1996-09-01 1999-04-10 940
6
Según consta en los antecedentes administrativos de la Resolución DIR 14567 del 1 de septiembre de 2017 visibles a
folios 157-169.
7
Folios 157-165.
8
Folios 95-99.
7
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
AEREA METROPOLITANA 1998-09-01 1999-08-08 338
DEL CENTRO
AEREA METROPOLITANA 1999-10-01 1999-12-31 90
DEL CENTRO
UNIVERSIDAD LIBRE 1999-10-01 2004-12-24 1884
UNI TECNOLOGICA PEREIRA 2002-04-01 2002-05-31 60
UNIVERSIDAD LIBRE 2005-01-01 2006-09-30 630
DEPTO DE RISARALDA 2006-08-01 2008-01-02 512
UNIVERSIDAD LIBRE 2006-11-01 2006-12-31 60
UNIVERSIDAD LIBRE 2007-02-01 2007-03-31 60
UNIVERSIDAD LIBRE 2007-05-01 2008-07-27 447
UNIVERSIDAD LIBRE 2009-02-01 2009-02-28 30
UNIVERSIDAD LIBRE 2009-03-01 2009-08-31 180
UNIVERSIDAD LIBRE 2014-10-01 2014-11-30 60
UNIVERSIDAD LIBRE 2015-01-01 2015-01-31 30
2. El interesado acredita un total de 12.476 días laborados correspondiente a
1782 semanas.
3. Nació el 27 de julio de 1953 y actualmente cuenta con 61 años de edad.
4. Que para obtener el ingreso base de liquidación se toman los factores
salariales establecidos en el artículo 1 del decreto 1158 del 3 de junio de 1994,
o los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la Circular 01 de
2012.
5. Para el análisis de la pensión, se tomó en cuenta que el peticionario cumple los
requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por
favorabilidad el indicado en la columna “Aceptada Sistema”.
Nombre Fecha Valor IBL Valor Mejor %IBL Valor Aceptada
Status 1 IBL 2 IBL Pensión
Mensual
Ley 71 27 de 5.464.785 3.051.726 1 75.00 5.214.497 NO
de 1988 julio de
2013
Ley 797 27 de 5.464.785 3.051.726 1 74.58 5.185.295 NO
de 2003 julio de
2013
Decreto 27 de 5.464.785 2.314.277 1 57.00 3.963.018 NO
758 de julio de
1990 2013
Ley 33 27 de 6.160.436 3.038.654 1 75.00 5.878.287 SI
de 1985 julio de
2008
Por medio de la Resolución GNR 7867 de 12 de enero de 20179, la entidad negó
la reliquidación de la pensión de vejez con los factores salariales devengados en
el último año de servicios, con fundamento en la sentencia SU-230 de 2015. La
anterior decisión fue confirmada en la Resolución GNR 57062 del 22 de febrero
de 201710, que resolvió un recurso de reposición.
Por su parte la Resolución APDIR 20 del 10 de marzo de 201711, al resolver el
recurso de apelación determinó que la reliquidación realizada en la Resolución
GNR 64459 del 5 de marzo de 2015 no se efectuó conforme a derecho, ya que
erradamente se incluyeron en la liquidación tiempos públicos y privados, siendo lo
9
Folios 101-104
10
Folios 106-111.
11
Folios 113-117.
8
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
correcto solo tener en cuenta los tiempos públicos dado que se aplicó la Ley 33 de
1985; razón por la cual se solicitó la autorización al asegurado para revocar el acto
administrativo. Del acto consta:
1. Que el peticionario al 19 de enero de 2016 acredita un total de 17.725 días,
correspondientes a 2.532 semanas.
2. Que para efectos de laliquidación se tuvieron en cuenta el total de los tiempos
laborados y/o cotizados por los empleadores públicos y privados, esto es el
total de semanas cotizadas al sistema y las laboradas con empleadores
públicos:
ENTIDAD CLASE FECHA FECHA ADMINISTRADORA
LABORO INICIAL FINAL
CONTRALORIA PUBLICO 11/10/1973 10/03/1991 UGPP
GENERAL DE LA
REP
CONTRALORIA PUBLICO 11/03/1991 24/07/1991 UGPP
GENERAL DE LA
REP
CONTRALORIA PUBLICO 07/12/1991 31/05/1992 UGPP
GENERAL DE LA
REP
MUNICIPIO DE PUBLICO 01/06/1992 26/07/1993 MUN PEREIRA
PEREIRA
MUNICIPIO DE PUBLICO 27/07/1993 05/10/1993 MUN PEREIRA
PEREIRA
MUNICIPIO DE PUBLICO 16/12/1993 02/03/1994 MUN PEREIRA
PEREIRA
MUNICIPIO DE PUBLICO 03/03/1994 17/03/1994 MUN PEREIRA
PEREIRA
MUNICIPIO DE PUBLICO 01/04/1994 12/05/1994 MUN PEREIRA
PEREIRA
MUNICIPIO DE PUBLICO 23/06/1994 26/10/1994 MUN PEREIRA
PEREIRA
DEPARTAMENTO PUBLICO 03/01/1995 31/03/1995 CASERIS
DE RISARALDA
3. Se procedió a realizar la reliquidación de la prestación reconocida, así:
TIPO FECHA IBL % IBL VALOR VALOR ACEPTADA
PENSIÓN STATUS PENSIÓN PENSIÓN SISTEMA
MENSUAL ACTUAL
Ley 33 de 27/07/2008 5.381.887 75.00% 4.036.415 4.724.291 NO
1985
Ley 71 de 27/07/2013 7.000.811 75.00% 5.250.608 6.145.403 SI
1988
Ley 797 27/07/2013 7.000.811 74.82% 5.238.007 6.130.655 NO
de 2003
Decreto 27/07/2013 7.000.811 60.00% 4.200.487 4.916.324 NO
758 de
1990
Una vez efectuadas las operaciones aritméticas observó que reliquidado conforme
la Ley 33 de 1985 para el año 2017 corresponde a la suma de $4.916.324 y a la
fecha consultado con el aplicativo de nómina de la entidad el asegurado se
encontraba devengando una mesada pensional por el valor de $6.637.131, por tal
motivo se concluyó que la reliquidación de la prestación GNR 64459 del 5 de
marzo de 2015 no se realizó conforme a derecho.
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Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
A través de la Resolución SUB 101233 de 15 de junio de 201712 (acto
acusado), Colpensiones negó una nueva solicitud de reliquidación pensional, por
considerar que los únicos factores salariales que se deben tener en cuenta para
determinar el ingreso base de liquidación son los contemplados en el Decreto
1158 de 1994.
En este acto se insistió en que la reliquidación realizada en la Resolución GNR
64459 del 5 de marzo de 2015, no se ajustó a derecho. No obstante, el interesado
no dio consentimiento de revocatoria del acto.
Lo anterior fue confirmado mediante los actos acusados contenidos en las
Resoluciones SUB 128188 de 17 de julio de 201713, que resolvió un recurso de
reposición y DIR 14567 de 1 de septiembre de 201714, en la que se desató el
recurso de apelación; la entidad estudió la prestación con el Decreto 929 de 1976,
determinando que arroja un valor igual al análisis de la pensión a la luz de la Ley
33 de 1985, puesto que, en ambos casos el derecho se adquiere cuando se
cumple con los 20 años de servicio público.
De la adquisición del estatus pensional
El accionante reprocha en el recurso de apelación que tiene un derecho adquirido
pues completó 20 años de servicios antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de
1993, por tanto, su derecho pensional está regido integralmente por el Decreto Ley
929 de 1976 que regula el régimen especial de la Contraloría General de la
República.
Al respecto se tiene que, si bien el accionante antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993 ya había completado los 20 años de servicio en el sector
público exigidos en el Decreto 929 de 1976; lo cierto es que no había adquirido el
derecho a su pensión, en cuanto le faltaba el requisito edad.
Se precisa que, el tiempo de servicio antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 lo
habilita para ser beneficiario del régimen de transición. En este sentido, se anota
que en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador previó un régimen de
transición con el propósito, según lo ha señalado la jurisprudencia, de proteger las
expectativas legítimas que en materia pensional tenían los trabajadores afiliados al
régimen de prima media que al momento de entrar en vigencia el SGSSP15, es
decir, a 1° de abril de 1994, estaban próximos a adquirir su derecho a la pensión
de jubilación. En virtud de dicho régimen, aquellos pueden hacer efectivo su
derecho a la pensión de vejez, conforme con los requisitos previstos en el régimen
anterior al cual se encontraban afiliados, ante la creación de un nuevo
ordenamiento que exige mayores cargas para acceder a tal prestación.
De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
12
Folios 131-136.
13
Folios 148-155.
14
Folios 157-165.
15
Con la Ley 100 de 1993 se unifica y armoniza las normas de los pensionados, mediante la creación de un Sistema
General de Pensiones para todos los habitantes del territorio nacional con el fin de garantizar, con amplia cobertura, a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
10
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
Por consiguiente, la sala desestima lo alegado por el recurrente.
Del ingreso base de liquidación
Ahora bien, para resolver la censura sobre cómo se fija el ingreso base de
liquidación de la pensión en el marco del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, resulta imperativo remitirse al criterio unificado de esta Corporación, según
el cual “el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del
Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto
a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y
respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1º del
Decreto 1158 de 1994”16.
Ello, en la medida que la hermenéutica del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lleva
implícita que solo se preservan de la norma anterior los requisitos de edad, tiempo
y monto (tasa de reemplazo), comoquiera que el IBL no fue un aspecto sometido a
transición por parte del legislador17.
Aunado a lo anterior, si bien el fallo apelado es anterior a la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, la Sala de Sección consideró que esta
providencia tiene efectos retrospectivos, siendo vinculante “en los siguientes casos:
(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado, y los
futuros que se presenten”18.
Así pues, la tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico es
la siguiente: El señor Gustavo Alonso Ospina Correa no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación incluyendo la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último semestre de servicios, porque al faltarle
más de diez años para adquirir su estatus pensional, desde la vigencia del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, contenido en la Ley 100 de
1993, su ingreso base de liquidación está regido por el artículo 21 ídem19 y los
factores son sobre los cuales cotizó, previstos en el Decreto 1158 de 1994.
La aplicación de la regla de unificación para la situación pensional del demandante
es como a continuación se muestra:
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2012-00272-01 (1882-14).
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2012-00272-01 (1882-14).
19
ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas
en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.
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Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
Demandada: Colpensiones
Consolidación del Derecho
(edad/55 años + tiempo de Ingreso Base de Liquidación Tasa de
Beneficio de la servicio o número de (art. 21 de la Ley 100/1993/Decreto reemplazo,
transición semanas cotizadas/20 1158 de 199420) Artículo 7
pensional años) Artículo 7 Decreto Decreto Ley
(Artículo 36 de la 929 de 1976 929 de 1976
Ley 100 de 1993) Tiempo de
Edad servicio Periodo Factores
El actor a la fecha Los diez años Los previstos en el
de entrada en 55 años 20 años anteriores al Decreto 1158 de 75%
vigencia de la Ley reconocimiento 1994.
100 de 1993 a nivel pensional.
territorial contaba
con más de 40 Adquirió el estatus jurídico
años de edad y de pensionado el 27 de
más de 20 años julio de 2008, al cumplir 55
de servicio. años de edad.
Con fundamento en lo anterior, le asiste razón al Tribunal al resolver que no
procedía la reliquidación pensional tomando como ingreso base de liquidación la
totalidad de los factores salariales devengados en el último semestre de servicios.
Liquidación pensional bajo la norma más favorable
Sea lo primero decir que las peticiones subsidiarias en el recurso de apelación no
son lo suficientemente claras, en la medida que el interesado solicita la
reliquidación pensional primero solamente con los tiempos de servicios públicos, a
renglón seguido pide que se tengan en cuenta solamente los tiempos privados;
luego reclama que en virtud de la compatibilidad pensional se le reconozca la
pensión de vejez del Decreto 758 de 990; y finalmente solicita que se reliquide la
mesada de la pensión que ya tiene reconocida con la inclusión de todos los
tiempos públicos y privados.
Sin embargo, la Sala amparada por el principio de tutela judicial efectiva da
alcance recurso de apelación bajo el entendido que lo solicitado es la aplicación
de la norma más favorable que le permita al interesado mejorar el valor de la
mesada pensional. Por tanto, al analizar en conjunto la aplicación de la Ley 33 de
1985, Ley 71 de 1988, Ley 797 de 2003 (que modificó la Ley 100 de 1993) y el
Decreto 758 de 1990 (que aprobó el Acuerdo 049 de 1990), se determina que las
dos primeras normas prevén una tasa de retorno del 75%, la tercera del 80%, y el
decreto aumenta la tasa remplazo hasta el 90%.
En consecuencia, visto que el ingreso base de liquidación está gobernado por la
Ley 100 de 1993 cualquiera sea la norma pensional que se aplique, se tiene que
para el caso bajo análisis el monto de la tasa de retorno del decreto 758 de 1990
la define como la norma más favorable.
20
Artículo 1º:
-La asignación básica mensual
-La bonificación por servicios prestados
-La prima técnica, cuando sea factor de salario
-Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario
-La remuneración por trabajo dominical o festivo
-La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna
-Los gastos de representación.
12
Número Interno: 5957-2019
Demandante: Gustavo Alonso Ospina Correa
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Ahora bien, se advierte que, la entidad reconoció la pensión acudiendo a la Ley 33
de 1985, con el IBL de los últimos 10 años cotizados al sistema y que corresponde
a tiempos públicos y privados; por lo cual, como consta en los actos demandados,
Colpensiones solicitó al actor la autorización de revocatoria del acto administrativo
contenido en la Resolución GNR 64459 de 5 de marzo 2015, que reliquidó la
pensión.
En respuesta a lo pedido por el recurrente, la Sala advierte que el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 dispuso la posibilidad de acumular los tiempos cotizados a distintas
cajas o fondos de previsión social en el sector público o privado, con anterioridad a la
vigencia de la ley en cita, para efectos de determinar el régimen pensional aplicable
en virtud del régimen de transición, así:
“PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que
trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las
semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de
Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector
público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea
el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que con la expedición del nuevo
Sistema General de Pensiones se incorporó la posibilidad de realizar la
acumulación de las semanas cotizadas o el tiempo de servicio como servidores
públicos, con las cotizaciones efectuadas al ISS, regla que se deriva de las
siguientes disposiciones21:
“…(i) En el literal “f” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 -que consagra las
características del sistema general de pensiones- se estableció que para el
reconocimiento de las prestaciones que trae la ley en sus dos regímenes, como la
pensión de vejez, “se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el
tiempo de servicio”.
(ii) El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que además de establecer los requisitos
para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación
definida, consagra en su parágrafo 1° que para efectos de realizar el cómputo de
las semanas necesarias para el reconocimiento de esta prestación deberán
tenerse en cuenta: “a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones; b) El tiempo de servicio como
servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes
exceptuados (…)”.
21
La Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 en la que estudió el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el
régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, sobre la posibilidad de acumular tiempos cotizados a distintas cajas o
fondos de previsión social, señaló que: “ […] en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral es posible
realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger
la misma interpretación en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles contenidos en
una misma norma para acceder a la pensión de vejez […]. Además, esta corporación precisó: “[…] la Corte en diferentes
decisiones ha mencionado que la entidad o la autoridad encargada de definir si le asiste razón al peticionario, debe estudiar
no solo los requisitos del régimen en el que se encontraba afiliado el trabajador al momento de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, sino de todos aquellos que regían antes de la expedición del Sistema General de Pensiones. Incluso, el
Instituto de Seguros Sociales ha procedido, en el estudio de las solicitudes de pensión de vejez, a analizar cada uno de los
regímenes existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, […]”.
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Dicha tesis ha sido acogida por esta Subsección, así22:
“(…) las solicitudes de reconocimiento pensional que se realicen con fundamento
en el Acuerdo 049 de 1990 deben resolverse computando los tiempos cotizados
tanto en el sector público como en el privado, con indiferencia de si la fecha de
causación o adquisición del derecho a la pensión de vejez operó con anterioridad
a la fecha de la Sentencia SU-769 de 2014, con la que unificó su criterio al
respecto; interpretación que a todas luces resulta más favorable para los
pensionados, como el accionante, quien solo alcanzó 568 semanas a la edad de
60 años, pues resulta claro que el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 es
más generoso que el consagrado en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, puesto
que establece tasas de reemplazo más altas, según las semanas de cotización” .
Al respecto, la Subsección destaca que el régimen contenido en el Decreto 758 de
1990, “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 (…)”, en su
artículo 12 prevé los requisitos para acceder a la pensión, en los siguientes
términos:
“Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o
más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o
haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo”.
En lo concerniente al campo de aplicación de esta normativa, se advierte que
cobijaba en forma forzosa u obligatoria a (i) los trabajadores nacionales o
extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares mediante
contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los funcionarios de seguridad social del
Instituto de Seguros Sociales y (iii) “Los pensionados por jubilación cuyas
pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del
Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él”; y de manera
facultativa, a los trabajadores independientes, y a los servidores de entidades
oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como empleadores
ante el ISS.
Conforme lo anterior, la interpretación mayoritaria del Decreto 758 de 1990
consiste en que es posible la acumulación de tiempos públicos y privados
cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con aquellos aportes realizados
efectivamente al seguro social. Ahora bien, en los casos en que el pensionado
beneficiario de la transición esté cobijado por varias normas pensionales
anteriores a la Ley 100 puede escoger la que más le convenga, a la luz del
principio de favorabilidad. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 1° de julio del 2020, destacó que23:
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de noviembre de 2019. Expediente
2016-00061-01. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 1° de julio de 2020, expediente 70918. M.P. Iván
Mauricio Lenis Gómez.
14
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“…Desde el punto de vista de legal, en una misma persona puede concurrir,
por ejemplo, un régimen especial con uno general, desde luego, si los
supuestos fácticos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se
verifican, situación que le permitiría seleccionar el que más le convenga, y no
aplicarle de manera inexorable e irrestricta el régimen anterior al cual se
encuentran afiliados al momento en que empezó en vigor el sistema general de
pensiones, en la medida en que el régimen de transición “busca mantener
unas condiciones de favorabilidad para un conjunto de beneficiarios.”
Dicho esto, corresponde a la Sala estudiar la situación pensional del demandante
conforme el Decreto 758 de 1990, cuyo artículo 20 determinó que la tasa de
remplazo sería proporcional al número de semanas cotizadas, para lo cual se fijó
la siguiente tabla:
Números de % INV. P. % INV. P. % GRAN Vejez
semanas TOTAL ABOLUTA INV
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1000 75 81 87 75
1050 78 84 90 78
1100 81 87 90 81
1150 84 90 90 84
1200 87 90 90 87
1250 o más 90 90 90 90
Nótese que el demandante alcanzó un total de 2.532 semanas24 y cumplió 60
años el 27 de julio de 2013. Por tanto, resulta claro que el régimen previsto en el
Decreto 758 de 1990 es más generoso, puesto que, según las semanas de
cotización, su tasa de reemplazo es del 90%, la cual supera la del 75% concedida
bajo la Ley 33 de 1985 o el analizado con las otras disposiciones contenidas en la
Ley 71 de 1988 y el Decreto 929 de 1976.
En consecuencia, se ordena revocar la decisión del Tribunal Administrativo del
Risaralda, para ordenar la reliquidación de la pensión de vejez del accionante de
conformidad con los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 90%
del promedio cotizado durante los últimos 10 años de laborados, de conformidad
con el artículo 21 de la Ley 100 de 199325, efectiva en los términos del artículo 35
24
Según consta en la Resolución APDIR 29 de 10 de marzo de 2017 visibles en folios 113-117.
25
Se le aplica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 porque a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones le
faltaban más de 10 años para adquirir el derecho.
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del Decreto 758 de 1990, esto es “previo el retiro del asegurado del servicio o del
régimen, según el caso”.
Se tiene que no operó el fenómeno prescriptivo, en cuanto el interesado dejó de
laborar el 31 de mayo de 2015, presentó reclamación el 19 de mayo de 2017,
respondida mediante la Resolución SUB 101233 del 15 de junio de 2017, la
actuación administrativa culminó con la expedición de la Resolución DIR 14567 del
1 de septiembre de 2017 y la demanda se interpuso el 1 de febrero de 2018.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Teniendo en cuenta que en
el trámite no se observa que se hayan causado, esta Sala no condenará en
costas.
DECISIÓN
Bajo estas consideraciones se debe revocar el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará la nulidad de las
Resoluciones SUB 101233 del 15 de junio de 2017, SUB 128188 del 17 de julio de
2017 y DIR 14567 del 1 de septiembre de 2017. A título de restablecimiento del
derecho, se ordenar la liquidación pensional, de conformidad con los artículos 12 y
20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 90% del promedio cotizado durante los
últimos 10 años y el IBL del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, siempre que sea
más favorable que la mesada actualmente reconocida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda. En su
lugar:
PRIMERO.- Declarar la nulidad de las Resoluciones SUB 101233 del 15 de
junio de 2017, SUB 128188 del 17 de julio de 2017 y DIR 14567 del 1 de
septiembre de 2017.
SEGUNDO.- En consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho ordenar la reliquidación pensional, de
conformidad con los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente
al 90% del promedio cotizado durante los últimos 10 años y el IBL del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, siempre que sea más favorable que la
mesada actualmente reconocida.
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TERCERO.- Condénese a la entidad demandada a hacer actualización
sobre las diferencias adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación
certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática
adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
CUARTO.- La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención
a lo previsto en el artículo 192 del CPACA.
QUINTO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO.- Sin condena en costas en las dos instancias.
SÉPTIMO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
Sigue leyendo
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