Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00055-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de
Pereira
Tema: sanción moratoria cesantías definitivas docente. Subtema 1: leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: improcedencia de la sanción moratoria en
reajustes en cesantías.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia proferida el 11
de noviembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Gloria Lucy Sánchez de Díaz solicitó la nulidad del Oficio 36710 del 4 de
septiembre de 2017 expedido por el director operativo de Cobertura Educativa del
municipio de Pereira, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de las
cesantías, así como de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. Igualmente, reclamó, que en el caso de que no se haya realizado, se
le pague el valor insoluto de las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución
núm. 1752 del 14 de febrero de 2018. El Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Ordenó la nulidad del acto demandado, condenó a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag a la indemnización moratoria
1 En adelante Fomag.
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
generada por el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2014 hasta la
fecha en que se realice el pago efectivo y total del auxilio.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Gloria Lucy Sánchez de Díaz mediante apoderada judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A y el municipio de Pereira
de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte demandante formuló como pretensiones las que la Sala enuncia a
continuación3:
i. Declarar la nulidad del Oficio núm. 36710 del 4 de septiembre de 2017
expedido por el director operativo de Cobertura Educativa del municipio de
Pereira mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las cesantías
y de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 por
el no pago de las cesantías a partir del día 65 hábil en la que radicó la solicitud
y hasta que se haga efectivo el pago.
ii. A título de restablecimiento del derecho condenar a la parte demandada a
pagar el valor insoluto de las cesantías definitivas reconocidas mediante la
Resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 2018 y corregida a través de la
Resolución núm. 2115 del 5 de marzo de 2018.
iii. Condenar a las entidades demandadas que a título de perjuicios morales
paguen la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
encontrarse reportada a las centrales de riesgo desde la fecha de
incumplimiento, a la fecha4.
iv. Que las demandadas paguen la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995 y 1071 de 2006 a partir del día 65 hábil en que se radicó la reclamación
y hasta que se haga efectivo el pago.
v. Ordenar el cumplimiento de la sentencia y que se condene en costas a la
entidad accionada.
2 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf 001.
3 Se extrae de la demanda, reforma de la demanda y de la sentencia de primera instancia.
4 Se entiende la fecha de presentación de la demanda, esto es, 20 de febrero de 2018.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
vi. Por último, y como pretensión subsidiaria solicitó que en el caso que no se
acceda a la sanción moratoria se condene a la indexación o actualización del
valor liquidado en las cesantías definitivas de conformidad con la Resolución
núm. 717 del 13 de noviembre de 2014.
2.1.2. Hechos
3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así5:
i. La señora Gloria Lucy Sánchez Ospina prestó sus servicios como docente
por el periodo comprendido entre el 18 de abril de 1979 y el 5 de agosto de
2014, fecha en la cual se produjo su retiro forzoso.
ii. La demandante, el 9 de septiembre de 2014, solicitó ante la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira, el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas. Sostuvo que dicha entidad envió su requerimiento a la
Fiduprevisora S.A.
iii. Agregó que el 14 de noviembre de 2014 se notificó de la Resolución núm.
717 del 13 de noviembre de 2014 expedida por el director operativo de
Cobertura Educativa del municipio de Pereira, por medio de la cual se le
reconoció la suma de $41.779.888 por concepto de cesantías definitivas,
valores que, según se indicó en el mismo acto administrativo, se girarían a
favor de Coeducar y banco Davivienda.
iv. Afirmó que la Fiduprevisora giró el dinero a la entidad Coeducar de manera
directa. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el banco Davivienda,
circunstancia que le generó un perjuicio, pues mantenía una obligación
pendiente que, el 8 de agosto de 2017 ascendía a la suma de $ 55.527.320.
Informó que, ante la falta de pago de ese monto, la entidad financiera cedió
la acreencia a la institución Crear País.
v. Sostuvo que, debido a la anterior situación, solicitó en varias oportunidades
ante la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, así como a la
Fiduprevisora, el pago de las cesantías insolutas. Agregó que, la
Fiduprevisora le informó que pagaría el 17 de febrero de 2017 y el monto
sería transferido directamente al banco Davivienda. Dado que el pago no se
realizó en la fecha anunciada, presentó petición ante el ente territorial
accionado para que reconociera dicho auxilio; sin embargo, su reclamación
fue negada mediante Oficio núm. 28329 del 13 de julio de 2017 y la
Resolución núm. 5077 del 24 de agosto de 2017.
5Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF3_001 CUADERNO1,
folios 7 al 37 y 299 al 333.
.
3
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
vi. Refirió que por medio de la Resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 2018
se ordenó el ajuste de la liquidación de la cesantía definitiva por valor de
$20.507.498, del cual la suma de $12.010.000 se girarían a la entidad Crear
País y el resto a la demandante.
vii. Indicó que, mediante Resolución núm. 2115 del 5 de marzo de 2018, se
corrigió la resolución del 14 de febrero del mismo año y en esta se dispuso
que el 50% del valor correspondiente sería destinado al proceso ejecutivo
por alimentos adelantado por Luisa Fernanda Díaz Sánchez contra la
demandante ante el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, sin que se haya
realizado pago alguno.
viii. Por último, relató que también pidió el reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago de las cesantías definitivas, la cual fue negada mediante Oficio
Núm. 36710 del 4 de septiembre de 2017.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. La demandante citó como vulneradas la Constitución Política, artículo 53; la
Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2; la Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5. Asimismo,
fundamentó su pretensión en la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B el 23 de septiembre de 2010 dentro del expediente
núm. 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008) y en lo decidido por la Corte
Constitucional en el expediente T-053 -14.
5. Adujo que, conforme a la normativa aplicable a la sanción moratoria, resulta
claro que la parte demandada incurrió en mora injustificada en el pago de sus
cesantías definitivas. Afirmó que, una vez presentada la solicitud para el
reconocimiento y pago de su auxilio, la entidad disponía de 15 días para expedir el
acto administrativo y 45 días para realizar el pago. Sostuvo que dicho
incumplimiento, a su juicio, la hace beneficiaria de la indemnización reclamada.
2.2. Contestación de la demanda
6. El municipio de Pereira contestó la demanda6 e indicó que no es la entidad
responsable para satisfacer lo pretendido por la demandante, puesto que solo tiene
por obligación el cumplimiento de funciones de índole administrativas como es la
recepción de solicitudes de conformidad con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005.
Añadió que, para el caso concreto, la responsabilidad del pago corresponde al
Fomag.
7. Formuló como excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; y
(ii) la genérica.
6 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF3_001 CUADERNO1,
folios 201 al 219.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
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de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
8. El Fomag, presentó escrito de contestación7. Se opuso a la prosperidad de
las pretensiones. Expuso que, de conformidad con el Decreto 2831 de 2005, lo
relacionado con la tramitación de las prestaciones sociales a cargo de dicha entidad
debe adelantarse por conducto de las secretarías de educación de las entidades
territoriales.
9. Asimismo, señaló que la Ley 91 de 1989, en concordancia con el decreto
referido, estableció un régimen especial para la gestión y reconocimiento de las
prestaciones sociales del personal docente afiliado al Fomag. En este sentido y por
ese carácter especial, indicó que, resulta improcedente acudir al régimen previsto
en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, por cuanto esta
normativa configura un procedimiento general que no se ajusta a las
particularidades del sistema aplicable a los docentes.
10. En consecuencia, consideró que no es posible extender a los afiliados del
magisterio sanciones previstas en normas de carácter general, como ocurre con la
sanción moratoria derivada del supuesto pago extemporáneo del auxilio de
cesantía. Bajo este entendimiento, no procede reconocer suma alguna por concepto
de mora ni resulta atendible la indexación solicitada.
11. Propuso como excepciones: (i) falta de integración del contradictorio, para
ello solicitó la vinculación como litisconsorcio necesario al departamento de
Risaralda y/o municipio de Pereira; (ii) ineptitud sustantiva de la demanda por falta
de legitimación por pasiva; (iii) inexistencia del demandado, falta de relación con el
reconocimiento del derecho derivado del acto administrativo expedido por la entidad
territorial, falta de competencia del Ministerio de Educación para expedir el acto
administrativo y reconocer el derecho reclamado; (iv) pago de las cesantías a cargo
del Fomag depende de la disponibilidad presupuestal; (v) caducidad; (vi)
prescripción; (vii) detrimento patrimonial al Estado; (viii) cobro de lo no debido; (ix)
buena fe; y (x) genérica. Igualmente solicitó, la vinculación de la Fiduprevisora S.A.
al presente trámite.
12. En relación con la eventual vinculación del departamento de Risaralda y/o
municipio de Pereira, así como de la Fiduprevisora dentro del presente trámite, el
Tribunal, en audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 20198, efectúo las
siguientes precisiones:
13. Respecto del departamento de Risaralda y/o municipio de Pereira, consideró:
«no hay lugar a pronunciamiento, toda vez que está última entidad territorial ya es
parte pasiva en la demanda».
7 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF3_001 CUADERNO1,
folios 243 al 289.
8 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF4_002 CUADERNO1-1,
folios 25 al 33.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
14. En lo concerniente a la fiduciaria, señaló que su competencia se limita a la
administración de recursos del fondo y a la suscripción de los actos administrativos
mediante los cuales se reconocen las prestaciones económicas a cargo del Fomag.
Por ello, concluyó que no se configuraba razón jurídica que justificara su vinculación
al proceso.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 11 de noviembre
de 20219 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y
dispuso:
1. Se declara no probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada Fomag, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
2. Se declara probada la excepción de falta de legitimación material en la causa
por pasiva propuesta por el municipio de Pereira.
3. Se declara la nulidad del Oficio 36710 del 4 de septiembre de 2017, expedido
por la Secretaría de Educación de Pereira que negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el no pago de cesantías definitivas solicitadas por
la demandante, por las razones expuestas en el presente proveído.
4. Como consecuencia de la declaración que antecede y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación- Ministerio de Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Fomag a
pagar en favor de la señora Gloria Lucy Sánchez de Díaz la sanción por mora
en el pago de las cesantías, prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006,
consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago de la
prestación, tomando la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo
el retiro del servicio del servidor público y generada entre el 23 de diciembre de
2014 a la fecha en que se realice el pago efectivo y total de las cesantías
definitivas reconocidas, de conformidad con lo razonado en la parte
considerativa de la presente sentencia.
[…]
9. Sin costas en esta instancia por lo anteriormente razonado.
[…]10
16. Como fundamento de la decisión el Tribunal sostuvo que quedó demostrado
que la demandante solicitó el 9 de septiembre de 2014 la liquidación de sus
cesantías definitivas por el periodo comprendido entre el 18 de abril de 1979 al 5 de
agosto de 2014.
17. Indicó que mediante la Resolución núm. 717 del 13 de noviembre de 2014 se
reconoció y liquidó a favor de la interesada el referido auxilio, por un valor total de
$41.779.888, ordenándose el giro de $2.153.090 a Coeducar y de $39.626.798 al
Banco Davivienda. Posteriormente, la Resolución núm. 827 del 31 de diciembre de
9 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF7_005
SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.
10 Se transcribe con errores de texto.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
2014 aclaró dichos valores, y estableció que las sumas a pagar correspondían a
$21.272.398 para Coeducar y $20.507.498 para Davivienda. No obstante, solo se
efectuó el giro con destino a Coeducar, el 19 de febrero de 2015.
18. Posteriormente, ante la ausencia de pago del saldo pendiente, la
administración expidió la Resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 2018, mediante
la cual reconoció que se adeudaba la suma de $20.507.498 por concepto de
cesantías definitivas, y en la que se dispuso el pago de $12.010.000 a favor de
Crear País —entidad que asumió la cartera de Davivienda— y el saldo restante a la
demandante. No obstante, dicho acto fue corregido por la Resolución núm. 2115 del
5 de marzo de 2018, en el sentido de precisar que el valor que dispuso entregar a
la demandante debía girarlo al proceso ejecutivo por alimentos promovido por Luisa
Fernanda Díaz Sánchez, en cumplimiento de la medida cautelar decretada por el
Juzgado Tercero de Familia de Pereira. Precisó que los valores ordenados
continúan sin pago a la fecha.
19. En relación con la sanción moratoria por el no pago oportuno en cesantías
definitivas aludió jurisprudencia de esta Corporación11 y sostuvo que el término para
que se genere dicha indemnización debía contarse desde la fecha de la reclamación
administrativa, esto es «quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir
la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el
evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la
salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a
partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles,
transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria […]».
20. Consecuente con lo anterior, precisó que la demandada tenía plazo hasta el
22 de diciembre de 2014 para realizar el pago, según lo previsto en los términos de
la Ley 1071 de 2006. Sin embargo, el acto se expidió hasta el 13 de noviembre de
2014 y se realizó el pago parcial a Coeducar el 19 de febrero de 2015. Asimismo,
refirió que se expidieron otras resoluciones12 con las cuales se ordenó el pago del
valor restante por la suma de $ 20.507.498, todo ello excedió el plazo fijado por la
ley. Por esta razón la demandante solicitó el 28 de julio de 2017 ante el Fomag el
pago de la sanción moratoria, solicitud que fue negada por dicha entidad a través
del Oficio núm. 36710 del 4 de septiembre de 2017.
21. Refirió que, del cotejo del material probatorio, se estableció que la
demandante tiene derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
en la medida en que la entidad demandada incurrió en mora en el pago del auxilio.
No obstante, precisó que para determinar el periodo en mora se consideró el plazo
máximo con el cual cuenta la entidad accionada para efectuar el reconocimiento y
cancelación del auxilio, esto es, 70 días. Explicó que la ejecutoria del acto
administrativo que reconoció la liquidación de las cesantías no corresponde a 5 días,
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 27 de marzo de 2007, exp. núm.
76001-23-31-000-2000-02513-01.
12 Núm. 827 del 31 de diciembre de 2014, 1752 del 14 de febrero de 2018 y 2115 del 5 de marzo de 2018 ).
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
como lo afirmó la demandante, puesto que dicho término fue modificado con la
entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, particularmente en sus artículos 76 y 87.
A partir de estos parámetros, la fecha final del cómputo se fijó en el 22 de diciembre
de 2014.
22. En cuanto a la excepción de prescripción formulada por el Fomag, sostuvo
que el término del cómputo de la sanción moratoria se inicia a partir de la radicación
de la petición, la cual se causa al vencimiento de los 65 o 70 días hábiles según lo
previsto en la Ley 1071 de 2006. Que, para el caso sería de 70 días, vencido los
cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral debía iniciarse dicho conteo por ser el de la exigibilidad de
la obligación. Por consiguiente, la demandante debía presentar su reclamación
dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad, so pena de que opere la
prescripción.
23. Afirmó que para el presente litigio las actuaciones surtidas desde el momento
del retiro del servicio de la actora hasta la fecha en que se presentó la reclamación
por la sanción moratoria ocurrieron así:
Solicitud de las cesantías definitivas 9 de septiembre de 2014
Resolución núm. 717 de 2014 13 de noviembre de 2014
Término de inicio de conteo sanción moratoria 22 de diciembre de 2014
(70 días)
Pago parcial de las cesantías a Coeducar 19 de febrero de 2015
Petición sanción moratoria 28 de julio de 2017
24. Precisó que, a partir del día siguiente del plazo de los 70 días hábiles, es
decir, a partir del 23 de diciembre de 2014, la accionante podía reclamar la sanción
moratoria y comoquiera que ello ocurrió el 28 de julio de 2017, es decir, dentro de
los tres años siguientes, no se configuró la prescripción.
25. En relación con la excepción de falta de legitimación material en la causa por
pasiva propuesta por el municipio, indicó que, conforme a la Ley 91 de 1989, las
prestaciones sociales de los docentes nacionales o nacionalizados, incluidas las
cesantías, quedaron a cargo de la Nación y para garantizar el cumplimiento de estas
obligaciones se creó el Fomag, como una cuenta especial destinada al pago de
tales emolumentos. En consecuencia, aunque el acto administrativo demandado fue
expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, dicha actuación
derivó de la facultad conferida en el artículo 3, numeral 4, del Decreto 2831 de 2005.
26. Aunado a lo anterior, añadió que las secretarías de educación de las
entidades territoriales cuentan con la potestad para proyectar y suscribir, en nombre
del Fomag, los actos administrativos mediante los cuales se reconocen las
prestaciones económicas de los docentes. En este sentido y como las cesantías
están a cargo de la Nación, Ministerio de Educación, Fomag, es dicha entidad la
responsable tanto de su pago y de la sanción moratoria que se genere, sin que se
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
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configure responsabilidad alguna para el municipio de Pereira. De manera que,
declaró probada la excepción alegada.
27. En lo concerniente a la indexación de acuerdo con el índice de Precios al
Consumidor, frente a la suma reconocida por concepto de sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, señaló que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
012-2018 del 18 de julio de 2018 proferida por esta Corporación puntualizó que:
«CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
187 del CPACA».
28. De otra parte, el Tribunal refirió que el proceso ejecutivo está previsto para
ordenar el pago de sumas líquidas que consten en títulos ejecutivos claros,
expresos y exigibles. En este caso, el acto administrativo que reconoció las
cesantías definitivas, cuya legalidad no fue cuestionada por la demandante,
constituye un título ejecutivo, conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 297 del
CPACA.
29. Consideró que el pago de las cesantías concedidas por medio de la
Resolución núm. 717 del 13 de noviembre de 2014 y aclarada mediante las
resoluciones núm. 827 del 31 de diciembre de 2014, 1752 del 14 de febrero de 2018
y 2115 del 5 de marzo de 2018, debe tramitarse a través de un proceso ejecutivo,
en la medida en que el derecho ya se encuentra reconocido.
30. Dispuso enviar copia de la sentencia como del expediente a los entes de
control para que investiguen las posibles conductas disciplinarias en las que han
podido incurrir los funcionarios del Ministerio de Educación, Fomag, con ocasión a
la mora prolongada.
31. Frente a la pretensión orientada al reconocimiento de perjuicios morales
derivados de los reportes de la demandante en las centrales de riesgo y de las
dificultades que afirma tener para acceder a créditos o arrendar vivienda, indicó que,
del acervo probatorio se desprende que la angustia, tristeza y estrés alegados
tienen origen en sus deudas personales, en el proceso ejecutivo de alimentos y en
su situación económica, factores que no guardan relación con el reconocimiento y
pago de las cesantías ni con la sanción moratoria. De igual manera, advirtió que no
obra prueba que permita atribuir al Fomag la causación de tales padecimientos,
puesto que las obligaciones financieras y el incumplimiento en el pago de las cuotas
pactadas provienen de decisiones adoptadas por la propia demandante. Finalmente
precisó que la actora tampoco acreditó el grado de afectación moral alegada,
requisito indispensable para la tasación económica del perjuicio reclamado.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
2.4. Recurso de apelación
32. El Fomag, al interponer el recurso contra la sentencia de primera instancia 13,
solicitó que se revoque el ordinal cuarto, al considerar improcedente el
reconocimiento de la sanción moratoria sobre reajustes. Sostuvo que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías toma como punto de partida la firmeza
del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, y no la firmeza del acto que ordena la revisión o el ajuste de la liquidación
de las cesantías.
33. Expuso que mediante la resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 2018 se
autorizó el reajuste a las cesantías reconocidas mediante la Resolución núm. 828
del 31 de diciembre de 2014, toda vez que no le fue posible al Fomag cumplir con
lo solicitado por la docente. Agregó que la consignación a Coeducar fue realizada.
No obstante, respecto de la consignación a la entidad Davivienda no fue posible
puesto que dicho banco rechazó ese pago, ya que la acreencia se vendió a otra
entidad. Por esta razón se emitió una nueva resolución en la que se realizó el ajuste
para girar estos dineros a la demandante. Para ello, introdujo unas capturas de
pantalla en el escrito contentivo del recurso de apelación.
34. Agregó que se efectuó el pago de la sanción moratoria a la demandante a
través de la entidad BBVA el día 15 de febrero de 2019, por valor de
$5.062.286 por el periodo comprendido del 23 de diciembre de 2014 al 16 de febrero
de 2015.
35. Por último, refirió respecto al ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, que la indemnización por mora no admite indexación,
circunstancia que ha sido reiteradamente definida por el Consejo de Estado. Por
consiguiente, puntualizó que no es procedente emitir condena por este concepto.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 6 de octubre 202214, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no
existir pruebas por decretar en segunda instancia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
13Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF
9_007RECURSOAPELACION.
14 Samai, índice 004.
10
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag contra la
sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, corresponde a la Sala definir lo siguiente:
39. ¿Debe reconocerse la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 cuando el retraso en el pago del auxilio de cesantías se origina en el
ajuste de la liquidación de las cesantías definitivas, solicitado por la beneficiaria de
este?
40. ¿Le asiste razón al recurrente respecto a la improcedencia de la indexación
en la sanción moratoria?
41. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y
(ii) las reglas jurisprudenciales previstas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
012-18 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de
2018.
42. A partir de las consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados
relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos planteados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
43. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas15.
44. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
15
«PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
11
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
45. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:
ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales
del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.
46. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
12
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.
3.3.2. Reglas jurisprudenciales. Sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018
47. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia en mención,
definió que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de
las cesantías, toda vez que integran la categoría de servidores públicos, «en
atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y
a su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y
la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y
retiro del servicio».
48. Así, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, desarrolló las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la
Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto
no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse
el término dispuesto en la ley16 para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
16 Artículos 68 y 69 CPACA.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
3.4. Hechos probados
3.4.1. Respecto al reconocimiento de las cesantías definitivas
49. Mediante Resolución núm. 717 del 13 de noviembre de 201417, expedida por
la Secretaría de Educación municipal de Pereira, se le reconoció y ordenó el pago
a la demandante de las cesantías definitivas por valor de $41.779.888, allí quedó
establecido que: «de este valor y debidamente autorizado por la docente se debe girar
a COEDUCAR NIT 89140947-3 la suma de $2.153.090.00 […], y el excedente por
$39.626.798.00 como cesantías disponibles que será cancelado por la entidad
Fiduciaria la Previsora S.A., a el Banco Davivienda […]».
50. De lo anterior se observa que en dicho acto administrativo se indicó que el
valor liquidado sería girado a las entidades Coeducar y banco Davivienda, y se
acordaron los montos correspondientes a cada una. Este acto administrativo fue
aclarado posteriormente mediante la Resolución núm. 828 del 31 de diciembre de
201418, en la cual se dispuso: «Artículo Primero: Se aclarará la Resolución núm. 717
de noviembre 13 de 2014, en su artículo segundo dando prelación a las deudas
adquiridas con Coeducar por la señora Gloria Lucy Sánchez de Diaz […]».
3.4.2. En relación con los ajustes realizados a la resolución que reconoció las
cesantías definitivas
51. Al expediente se aportó la Resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 201819,
en la que se indicó que la demandante solicitó un ajuste a sus cesantías definitivas,
bajo el argumento que el dinero que se debió girar a Davivienda nunca fue
consignado por la Fiduprevisora ni tampoco entregado a ella. Así las cosas, se le
reconoció el valor de $20.507.498 por concepto de «Ajuste Liquidación Cesantía
Definitiva», también se dispuso que dicha suma debería pagarse por el Fomag así:
$12.010.000 a la entidad Crear País y el valor restante a favor de la demandante.
52. También obra en el expediente certificación del 26 de julio de 2017 emitida por
Davivienda en la que indicó lo siguiente: «Que la señora Gloria Lucy Sánchez de
Díaz […], es titular de los créditos No. 5912127200122064 y No.
17 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_CUADERNO 1,
folios 127 al 128.
« ARTICULO SEGUNDO: De la suma reconocida descontar a suma de $ 65.915.011.00, por concepto de
Cesantías Parciales como se indica en la parte considerativa; queda un saldo liquido por valor de
$41.779.888.00, de este valor y debidamente autorizado por la docente se debe girar a COEOEUCAR NIT
891409747-3 la suma de $ 2.153.090.00, Cuenta Corriente N° 11047012598-0 del Banco Popular NIT
860007738-9, y el excedente por $39.626.798.00 como cesantías disponibles que será cancelado por la entidad
Fiduciaria La Previsora S.A., a el BANCO DAVIVIENDA NIT.860.034.313-7 Obligaciones
No.5912127200122072 y 5312127200122064, según acuerdo suscrito entre la Nación y esta entidad».
18 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_CUADERNO 1,
folios 131.
19 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_CUADERNO 1,
folios 42 al 43.
14
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
59121272000122072 y que dichas obligaciones fueron adquiridas por la sociedad
CREAR PAÍS S.A. […]20».
53. De igual manera fueron anexadas al proceso solicitudes de reprogramación de
cesantías presentadas ante la Fiduprevisora, mediante las cuales la demandante
sostuvo que fue retirada del servicio el 8 de agosto de 2014 y no las ha recibido 21, y
contestación a sus requerimientos, en la que se le indicó22: «[…] nos permitimos
informarle que las cesantías definitivas se pagaron el 17/02/2017 en el banco BBVA
COLOMBIA PEREIRA, se evidencia que no se ha generado reintegro de esos
dineros a la Fiduprevisora, por tal motivo aparece como si el dinero hubiera sido
cobrado, en este caso se debe remitir a la entidad y solicitar una certificación
bancaria donde se notifique que esos recursos no se encuentran en dicha entidad
y no fueron cobrados […]»23.
3.4.3. Pago Crear País S.A.
54. Crear País S.A. remitió un certificado en los siguientes términos24: «Gloria Lucy
Sánchez Díaz identificado (a) con cédula ciudadanía No 24946478 mantuvo con
nuestra compañía una relación comercial en su calidad de deudora derivada de la
Obligación(es) crediticia(s) No (s). 05912127200122064, 05912127200122072
DAVIVIENDA y se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, cuya fecha de
cancelación total fue el día 24 de agosto de 2018».
55. De lo anterior, no es posible afirmar que el pago efectuado corresponda
realmente al saldo que la demandante sostiene se le adeuda por concepto de sus
cesantías definitivas. La información disponible no permite establecer una relación
directa, clara y suficiente entre dicho pago y la obligación por el monto del auxilio
que refiere en la demandada como adeudado.
3.4.4. Pago realizado a Coeducar
56. El representante legal de dicha entidad allegó copia del cheque de gerencia
núm. 0053490 por valor de $21.249.778 del 19 de febrero de 2015, así como copia
del recibo de caja de la misma fecha mediante el cual se registró un pago. En este
documento se observa que la consignación se efectuó por concepto de «nómina
cesantías definitivas». Igualmente se visualiza en la parte posterior del documento una
anotación manuscrita por la demandante en la cual refirió: «Gloria Lucy Sánchez de
20 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_001 CUADERNO1,
folio 386.
21
Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_001 CUADERNO1,
folios 388 al 411.
22
Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_001 CUADERNO1,
folio 412.
23 Se transcribe con errores de texto.
24 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 5_003 CUADERNO1-
2, folio 38.
15
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
Díaz c.c. 24.946.478. Se canceló totalidad de la deuda y el resto se consignó a la
cuenta de ahorros25».
3.4.5. Reclamación administrativa
57. La demandante radicó reclamación administrativa el 28 de julio de 201726, en
los siguientes términos: (i) la reliquidación de sus cesantías con base en el IPC y
que las mismas le sean pagadas directamente; (ii) el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas, equivalentes
a un día de salario por cada día de retardo (iii) que se le consigne la suma de
$20.000.000 a título de indemnización por daño moral, material y patrimonial.
58. Se observa, en el expediente, una aclaración a la petición anterior27, en la cual
la actora precisó que su pretensión no se orienta al ajuste de las cesantías, sino al
pago de la sanción establecida en la Ley 244 de 1995, así como al pago del auxilio
reconocido mediante la Resolución núm. 717 del 13 de noviembre de 2014. En dicho
escrito afirmó que, a la fecha, no ha recibido dicho auxilio, lo que generó un saldo
insoluto, pues la Fiduprevisora solo realizó la consignación a Coeducar.
59. Por medio del Oficio núm. 36710 del 4 de septiembre de 201728, el municipio
accionado no accedió a lo pretendido por la docente.
3.5. Análisis de la Sala
60. El presente asunto se centra en definir si el pago del auxilio de cesantías
reclamado por la demandante se efectuó de manera tardía y, en consecuencia, si
hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria.
61. En punto a la anterior reclamación el fallador de primera instancia consideró
que, a partir de la solicitud de las cesantías definitivas, la administración tenía hasta
el 22 de diciembre de 2014 para realizar su pago, de conformidad con lo establecido
por la Ley 1071 de 2006. Sin embargo, solo se realizó un pago parcial a Coeducar
el 19 de febrero de 2015, cuando ya estaba superado el plazo fijado por la ley.
Advirtió que, con posterioridad a esta actuación, la administración expidió otros
actos por medio de los cuales ordenó el pago del valor restante.
62. Además de lo indicado, el Tribunal refirió que la demandante presentó el 28
de julio de 2017 una solicitud de pago de la sanción moratoria por el incumplimiento
en los términos y que no existe certeza sobre la cancelación efectiva del valor de
las cesantías que inicialmente fueron giradas a favor del banco Davivienda y luego
25 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_001 CUADERNO1,
folios 181 al 185.
26 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_CUADERNO 1,
folios 73 al 75.
27 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_CUADERNO 1,
folios 77 al 121.
28 Samai Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, PDF 3_CUADERNO 1, folio
123.
16
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
a Crear País —quien compró dicha cartera—, así como al proceso ejecutivo por
alimentos. Con fundamento en ello, concluyó que transcurrieron más de 70 días a
partir de su exigibilidad de conformidad con lo previsto por la Ley y consideró que
procedía el reconocimiento de la sanción a cargo del Fomag.
63. Sin embargo, el Fomag manifestó su desacuerdo, puesto que, tal y como lo
expuso en el recurso, lo pretendido por la actora es obtener la sanción moratoria
como consecuencia del pago tardío del reajuste a las cesantías definitivas.
64. Ahora bien al descender al caso concreto y con el fin de dar respuesta al
problema jurídico planteado, se procedió a revisar el contenido de cada uno de los
actos demandados lo cual permitió advertir que si bien la administración excedió el
plazo fijado para el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva a la que tenía
derecho la aquí demandante como consecuencia de su retiro del servicio docente,
lo cierto es que, el retardo en la entrega total del valor liquidado obedeció a que no
todas las entidades a las que la interesada pidió girar los valores, los recibieron. En
efecto, y de conformidad con lo manifestado por el Fomag, Davivienda no cobró
dicho dinero, dado que vendió la deuda, de la aquí demandante, a la entidad Crear
País.
65. Bajo el anterior planteamiento, resulta indiscutible que la falta de pago del
valor de las cesantías obedeció a circunstancias ajenas a la entidad obligada y por
tal razón los ajustes que se realizaron con posterioridad al primer reconocimiento,
concretamente en la Resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 2018 en la que se
dispuso la forma como debía consignarse el saldo y a favor de que persona o
entidad, no permite concluir que se configuró para el presente asunto la penalidad
pretendida29. Está última resolución también debió ser modificada respecto de a
quién se debía entregar el valor respectivo y que finalmente resultó ser a favor de
un proceso ejecutivo por alimentos que se le adelantaba a la hoy demandante.
66. Frente a este aspecto, esta Corporación ha reiterado en diversas ocasiones30
que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías no resulta procedente
cuando la situación corresponde únicamente al pago extemporánea de una
diferencia en la liquidación que debía pagarse, y no a la demora en el pago de la
totalidad del auxilio. Así, es pertinente referir lo expuesto en sentencia del 4 de
febrero de 2021, proferida por esta corporación dentro del expediente 17001-23-33-
000-2018-00296-01(5622-19), en la que se indicó:
«[…] Conforme a lo establecido y contrario a lo señalado por la parte actora en el
escrito de impugnación, la sanción moratoria solo tiene lugar en el evento en que la
administración no cumpla con la obligación de cancelar las cesantías dentro del
plazo legal previsto por el legislador, que puede variar de acuerdo a la situación
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre
de 2021, exp. núm. 17001-23-33-000-2018-00185-01(3324-2019).
30
Ver entre otras: sentencia de 17 de octubre de 2017, radicación 08001-23-33-000-2012-000171-01, número
interno: 2839-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de 9 de abril de 2014, radicación 13001-23-31-
000-2007-00225-01(1483-13). M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; sentencia de 8 de septiembre de 2017,
radicación 08001-23-33-000-2014-00355-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 17 de septiembre
de 2020, radicación 11001-03-25-000-2013-00890-00 (1921-2013), M.P. Rafael Francisco Suárez Vergara.
17
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
concreta de cada beneficiario, de manera que el hecho de que la administración
haya liquidado un monto por cesantías definitivas que luego haya sido objeto de un
reajuste, no conlleva a determinar que desde la fecha de la solicitud de
reconocimiento de la prestación hasta el pago de la misma, no se hayan cumplido
con los términos establecidos por la ley para tal efecto.
25. En ese sentido, no encuentra la Sala de recibo las pretensiones de la
demandante fundadas en que la penalidad por mora se causó a su favor ante el
supuesto pago incompleto de la prestación social, pues esta Corporación 31 en varias
oportunidades ha señalado, que una indebida liquidación de las cesantías por un
pago que en sentir de la actora fue parcial, no implica que el empleador haya
incurrido en el supuesto de la norma que lo penaliza con una sanción económica al
no haber cancelado dentro de la oportunidad legal las cesantías definitivas, pues
una cosa es efectuar la liquidación y cancelación de la prestación social de acuerdo
a las directrices tomadas por la entidad demandada en su momento y, otra es,
reconocer fuera del plazo determinado por el legislador la prestación aludida.[…]»
67. Así las cosas, y si de conformidad con la jurisprudencia no resulta procedente
la sanción moratoria cuando lo que se realiza es un reajuste a la liquidación de las
cesantías, con mayor razón dicha penalidad es improcedente en casos como el
presente, en los que el valor inicialmente liquidado permaneció inalterado al no
existir error en la liquidación, y a que la falta de pago obedeció a circunstancias
ajenas a la administración, originadas en las instrucciones suministradas por la
propia beneficiaria del derecho a la entidad obligada.
68. El razonamiento anterior guarda total relación con el contenido de todos y
cada uno de los actos de reconocimiento que se describen a continuación:
69. Resolución núm. 1752 del 14 de febrero de 2018 en la que textualmente se
dispuso:
Que mediante solicitud radicada bajo el número 2014-CES-033534 de fecha 9 de septiembre
de 2014, el (la) docente GLORIA LUCY SÁNCHEZ DE DIAZ identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No. 24.946.478, solicitó el reconocimiento y pago de unas Cesantías Definitivas,
que le corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación MUNICIPAL
SGP.
Que mediante resolución número 717 del 13 de noviembre de 2014, se le reconoció y ordenó
el pago de las cesantías definitivas, por valor de $41.779.888.
Que en el artículo segundo de la Resolución No. 717 del 13 de noviembre de 2014, quedó
consignado que del saldo líquido por valor de $41.779.888, se debía girar el valor de
$2.153.090 a favor de COEDUCAR y el valor de $39.626.798 al Banco DAVIVIENDA,
obligaciones que poseía la educadora.
Que mediante Resolución Nro. 828 del 31 de diciembre de 2014, se aclaró el Artículo
Segundo de la Resolución No. 717 del 13 de noviembre de 2014, por solicitud de la
educadora GLORIA LUCY SÁNCHEZ DE DIAZ, en el sentido de girar la suma de
$21.272.398 a COEDUCAR y el valor restante, es decir, la suma de $20.507.498 a favor de
DAVIVIENDA.
Que mediante radicación 2017-CES-469536 del 03 de agosto de 2017, la educadora
GLORIA LUCY SÁNCHEZ DE DIAZ, solicita un ajuste a sus cesantías definitivas,
31 Consejo de Estado – Sección Segunda –Subsección B, sentencia de 8 de septiembre de 2017, Rad. 2014-
00355-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
argumentando que el dinero que se debía girar a DAVIVIENDA, nunca fue consignado por
la FIDUPREVISORA ni tampoco entregado a ella.
Que mediante oficio fechado 17 de agosto de 2017, la educadora GLORIA LUCY SÁNCHEZ
DE DIAZ, solicita se le reconozca dicho ajuste, argumentando que “...con la entidad
DAVIVIENDA ya no poseo deuda o préstamo pendiente ya que dicha entidad vendió la
cartera a la empresa CREAR PAÍS, con la cual realicé acuerdo de pago en días pasados y
del cual también adjunto copia de dicho acuerdo, fechado 06 de febrero de 2017. Fiduciaria
La Previsora FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora de los recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, descontará las sumas de dinero
que sean ordenadas por Despachos Judiciales, en los porcentajes que éstos determinen en
los términos del artículo 2488 del Código Civil en concordancia con los artículos 154, 155 y
156 del C.S.T. modificado por la Ley 11 de 1984 articulo 3 y 4; 95 y 96 del Decreto Nacional
1848 de 1969; 134 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1073 de 2002, modificado por el
Decreto 994 de 2003.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Reconocer y pagar a la docente GLORIA LUCY SÁNCHEZ DE DIAZ
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 24.946.478, la suma de 20.507.498, por
concepto de Ajuste Liquidación Cesantía Definitiva, que le corresponde por el tiempo de
servicios como docente y por las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
ARTICULO SEGUNDO: El valor adeudado de 20.507.498, se pagará por Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Entidad Fiduciaria así: el valor de
$12.010.000 a la entidad CREAR PAÍS NIT 800.221.624.-6 y el valor restante a favor de la
educadora GLORIA LUCY SÁNCHEZ DE DIAZ, C.C.24.946.478, según acuerdo suscrito
entre la Nación y esta entidad.
70. Asimismo, del acervo probatorio se observa que, mediante la Resolución
núm. 2115 del 5 de marzo de 2018, expedida por el ente territorial, se dispuso que
por solicitud de la demandante se realizaría un ajuste a sus cesantías definitivas,
puesto que los dineros que se debieron pagar a Davivienda nunca fueron
consignados por la Fiduprevisora, ni tampoco entregados a la beneficiaria del
derecho. En este acto administrativo se indicó: «revisado el expediente prestacional
de la educadora, se encontró que existe un proceso ejecutivo por alimentos
adelantado por la señorita Luisa Fernanda Díaz Sánchez, […] contra de la señora
Gloria Lucy Sánchez Díaz según oficio […]radicado 66001-31-10-003-2015-00484-00
de fecha 7 de noviembre de 2017 del Juzgado Tercero de familia de la cuidad de
Pereira, en el cual se decretó el embargo del 50% de las cesantías que aún no han
sido canceladas a la demandada».
71. En este orden de ideas, la Sala advierte que los recursos correspondientes a
la liquidación de las cesantías definitivas fueron cancelados conforme a la
instrucción impartida por la demandante y que, si existe un saldo pendiente, ello
obedece a las solicitudes de la beneficiaria de entregar las sumas respectivas a
terceros, concretamente a Crear País y a la orden de embargo que recayó sobre el
citado rubro por orden de una autoridad judicial.
72. En consecuencia, la administración no resultaría obligada a asumir una
sanción por mora, toda vez que tal penalidad no se encuentra prevista en la norma
aplicable para situaciones en las que la beneficiaria del derecho disponga que el
valor respectivo se pague a terceros. Lo contrario desnaturalizaría la finalidad de
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
dicha sanción, cuyo propósito exclusivo consiste en corregir retrasos injustificados
en el pago de la prestación debida.
73. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera oportuno efectuar el análisis de
los plazos a partir de la fecha en que la demandante realizó su reclamación
administrativa para el reconocimiento de sus cesantías definitivas y cotejarlos con
el primer pago que refiere el Fomag haber realizado a los terceros autorizados por
la titular del derecho, para definir si por este periodo es posible reconocer la
penalidad que aquí se reclama. De esta manera se tiene lo que sigue:
Fecha Caso concreto
Fecha de reclamación de las 9 de septiembre de 2014 Fecha de reconocimiento:
cesantías definitivas 30/09/2014
Vencimiento del término para 30 de septiembre de 2014
el reconocimiento - 15 días
(Art. 4 L. 1071/2006
Vencimiento del término 15 de octubre de 2014 Fecha de en la que realizó el
de ejecutoria – 10 días (Arts. pago a Coeducar: 19 de
76 y 87 CPACA) febrero de 2015
Vencimiento del término para 22 de diciembre de 2014 Periodo de mora: 23/12/2014
el pago - 45 días (Art. 5 L. al 18/02/2015
1071/2006)
74. En este sentido, resulta claro que la demandante sí tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, toda vez que el primer desembolso
no fue efectuado dentro de los setenta (70) días hábiles previstos por la normativa
aplicable. Por consiguiente, se modificará el numeral cuarto de la sentencia apelada
para en su lugar precisar que la sanción moratoria por el pago tardío de sus
cesantías definitivas deberá liquidarse desde el 23 de diciembre de 2014, día
siguiente al vencimiento de los 70 días hasta el 18 de febrero de 2015, día anterior a
aquel en el que el Fomag realizó el pago a la entidad Coeducar.
75. Consecuente con lo hasta aquí expuesto, la respuesta al primer problema
jurídico es afirmativa, pues quedó demostrado que la administración incumplió con los
términos previstos para el reconocimiento y cancelación del valor de la cesantía. Pero
es importante dejar claro que, esta penalidad no es consecuencia de los «ajustes»
que la entidad tuvo que hacer a la resolución inicial a petición de la beneficiaria del
derecho y que, en todo caso, la administración debe verificar que no se haya efectuado
previamente el pago por este concepto y, de ser así, proceder a realizar los
descuentos a que haya lugar.
76. Ahora bien, en relación con el argumento presentado en el recurso de
apelación frente a la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria, no es
procedente emitir pronunciamiento en esta instancia, toda vez el Tribunal no
reconoció tal pretensión, contrario a como lo interpretó el recurrente.
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
3.6. Conclusión de la decisión
77. La Sala concluye que es procedente confirmar parcialmente la sentencia
dictada el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda y
modificar el ordinal cuarto del fallo impugnado, en el entendido de que los extremos
temporales de la sanción moratoria deben fijarse entre el 23 de diciembre de 2014
y el 18 de febrero de 2015. Que, en caso de haberse efectuado algún pago por este
concepto, la administración deberá descontarlo de la liquidación final.
4. Reconocimiento de personería
78. Consta poder conferido a la abogada Natalia Puerta Trejos, identificada con
la cédula de ciudadanía núm. 1053807242 y portadora de la tarjeta profesional núm.
255587 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada del
municipio de Pereira32. En consecuencia, se le reconocerá personería para actuar
en los términos del poder conferido.
5. Costas
79. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario33 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
80. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
32 Samai índice 12.
33
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00055-01 (2585-2022)
Demandante: Gloria Lucy Sánchez de Díaz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Pereira.
Falla:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 11 de noviembre de 2021 dictada
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Modificar el ordinal cuarto de la sentencia impugnada, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En el entendido que se
deberá tener como extremos temporales de la sanción moratoria desde el 23 de
diciembre de 2014 hasta el 18 de febrero de 2015 y que en el evento de que se
haya cancelado algún valor por este concepto, la administración deberá descontarlo
de la liquidación final.
Tercero: Reconocer personería a la abogada Natalia Puerta Trejos, identificada con
la cédula de ciudadanía núm. 1053807242 y portadora de la tarjeta profesional núm.
255587 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada del
municipio de Pereira de conformidad con el poder conferido.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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