Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00110-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Demandado: Municipio de Pereira
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, quienes
actúan por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 22 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA),el señor José Wilmer Castaño Vargas,
mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio 48924 del 15 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
noviembre de 2017, expedido por el secretario de Educación del municipio de
Pereira, por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos
prestacionales y de seguridad social reclamados, así como la existencia de una
relación laboral entre el demandante y la entidad.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) declarar que entre aquel y la referida entidad existió una relación laboral
producto de la subordinación a que fue sujeto en la ejecución de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el 1° de mayo de 2007 y el 31 de diciembre
de 2016; ii) condenar a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira a
reconocer y pagar las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a la
cesantías, primas de navidad, servicios, y vacacional, vacaciones, auxilios de
alimentación y de transporte, dotación, bonificaciones por recreación, horas extra,
dominicales, festivos, recargos nocturnos y demás prestaciones devengadas por
los empleados de planta con idénticas o similares funciones, las cuales se tendrán
que liquidar conforme el valor pactado en los contratos ejecutados; iii) reconocer a
su favor el valor de los porcentajes de cotización correspondientes a salud y
pensión que fueron asumidos en su totalidad por él; iv) declarar que el tiempo
laborado se debe computar para efectos pensionales; v) pagar las cotizaciones
efectuadas a la caja de compensación familiar por el lapso que trabajó; vi) indexar
los valores que resulten; y vii) condenar en costas a la demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El 1° de mayo de 2007, el señor José Wilmer Castaño Vargas fue vinculado a
través de contratos de prestación de servicios a la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira para desempeñarse como vigilante y/o celador en diferentes
instituciones educativas del municipio, vínculo que se prorrogó hasta el 31 de
diciembre de 2016.
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
ii) La contratación se realizó por cuanto en la planta de empleos de la entidad
territorial no existía suficiente personal para satisfacer la totalidad del servicio de
vigilancia requerido en las instalaciones educativas.
iii) Las labores fueron desarrolladas directamente, de manera personal y
exclusiva y nunca se le cancelaron las prestaciones sociales a las que
normalmente tenían derecho aquellos quienes ocupaban cargos en la planta del
municipio.
iv) El 18 de octubre de 2017, solicitó el reconocimiento de los derechos
deprecados; sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio 48924 del 15
de noviembre de 2017, dio respuesta negativa a su petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229 y 330 de
la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo; y 1, 5, 6, y 8 del
Decreto 3135 de 1968. Asimismo, invocó como violadas las Leyes 21 de 1982 y
100 de 1993; y los Decretos 1848 de 1969 y 1295 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El acto administrativo demandado transgrede los derechos del demandante,
toda vez que las labores para las cuales se contrató encuadran dentro de una
clara relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente
aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo.
ii) Cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y
una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de
una relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y
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remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación laboral, lo que
en consecuencia confiere al trabajador el derecho a reclamar una indemnización.
iii) Al demandante debió habérsele brindado un trato igual al que recibían las
demás personas vinculadas en la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira en calidad de empleados públicos; sin embargo, nunca se le reconocieron
las prestaciones sociales a las que tenía derecho como contraprestación de su
servicio subordinado.
1.2. Contestación de la demanda
Municipio de Pereira
El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y
expuso las siguientes razones de defensa:
i) Entre el municipio de Pereira y el demandante se celebraron unos contratos
de prestación de servicios en condiciones dignas y justas, percibiendo honorarios
por las actividades desarrolladas, por lo que en ningún momento se contravinieron
sus derechos fundamentales.
ii) No puede hablarse de subordinación laboral o dependencia por el solo
hecho de que el contratista debiera cumplir y desempeñar el objeto para el cual
fue contratado, siendo lógico que la entidad contratante deba vigilar dicho
cumplimiento e impartir directrices para ello; todo con la única finalidad de lograr
un mejoramiento en el servicio brindado por el ente territorial.
iii) Los contratos de prestación de servicios celebrados siempre estuvieron
regidos por las disposiciones contenidas en el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80
de 1993, por lo que en ningún momento adquirieron la naturaleza de contratos de
trabajo.
1 Folios 93 al 105.
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iv) La entidad territorial no ha quebrantado ninguno de los preceptos en
materia laboral señalados por la parte actora, porque la modalidad de contratación
que se utilizó para vincularlo y el objeto contractual concertado no genera la
obligación de pagar las sumas reclamadas.
v) En el caso de los conserjes o vigilantes no se puede hablar de horario de
trabajo, sino de unos turnos asignados los cuales son programados por el rector
de la institución educativa respectiva en asocio con el personal que los va a
desempeñar a fin de cubrir las necesidades del colegio, cumplir con el objeto
contractual y ajustarse a la disponibilidad del contratista.
Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo demandado, cobro
de lo no debido e inexistencia de la obligación, prescripción extintiva del derecho a
reclamar, y caducidad.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia escrita proferida el 15
de agosto de 2019,2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:
i) De acuerdo con el objeto de los contratos, el demandante prestó sus
servicios de vigilancia a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira y por
dicha labor era remunerado mensualmente con recursos de su patrimonio,
configurándose dos de los elementos de la relación laboral, esto es, prestación
personal del servicio y remuneración.
ii) No fue desvirtuado por la entidad demandada el hecho de que el señor
Castaño Vargas debía prestar sus servicios de forma permanente, personal y bajo
un horario de trabajo, función que no era realizada de forma autónoma e
independiente, pues la actividad de vigilancia exige subordinación.
2 Folios 151 al 170. Con ponencia del magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía.
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iii) Así pues, al encontrarse probada la existencia de una verdadera relación
laboral entre las partes deviene el reconocimiento de prestaciones sociales, las
cuales se tendrían que liquidar con base en los honorarios contractuales pactados
en cada encargo, el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos
pensionales y el pago de las cotizaciones correspondientes a la seguridad social
en pensiones al respectivo fondo de pensiones.
iv) En este caso ocurrió el fenómeno de la prescripción, debido a que las
interrupciones ocurridas entre el 1° de mayo de 2007 y el 31 de diciembre de 2009
dieron lugar a la terminación o rompimiento del vínculo, teniendo en cuenta las
reglas de unificación plasmadas en la sentencia del 25 de agosto de 2016,
proferida por el Consejo de Estado.
v) Posteriormente, negó las pretensiones de reconocimiento de las horas
extras diurnas y nocturnas, dominicales festivos y recargos; las cotizaciones
efectuadas a la Caja de Compensación Familiar; la bonificación por recreación; el
auxilio de transporte; y la prima de servicios.
vi) En suma, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
respecto de los períodos comprendidos entre el 1° de mayo de 2007 y el 30 de
septiembre de 2007 y del 1° de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, y la
nulidad del acto administrativo demandado; condenó al municipio de Pereira a
pagar en favor del demandante las prestaciones laborales de orden legal a las
cuales tiene derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, y primas legales a las que
haya lugar, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios suscritos en los períodos en los cuales se
demostró la existencia de la relación laboral, esto es, del 1° de julio de 2011 al 31
de diciembre de 2016, salvo las interrupciones presentadas; cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de pensión, incluido el lapso
sobre el cual se declaró la prescripción, pero solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador; compensar en dinero las dotaciones de vestido y
labor que se llegaron a causar en el período anotado; y negó las demás
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pretensiones de la demanda.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El demandante
El señor José Wilmer Castaño Vargas, por intermedio de su apoderado, interpuso
recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente referenciada y
solicitó que se modifique y, en su lugar, se emita pronunciamiento respecto al
reconocimiento de la sanción moratoria y se revoquen las consideraciones sobre
la prescripción del derecho. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:
i) La aparente interrupción en la prestación del servicio durante el período
comprendido entre el año 2010 y parte de 2011 nunca se dio, pues el señor
Castaño Vargas laboró como trabajador en misión en la Alcaldía de Pereira a
través de la empresa de servicios temporales Servitemporales, quien le pagaba
por sus servicios el salario mínimo y las prestaciones de ley, teniendo en cuenta
que la administración municipal decidió contratar el servicio de vigilancia por
medio de la figura de la tercerización.
ii) En ese orden, en la sentencia de segunda instancia se debe incluir el pago de
la indemnización por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2007 al 30 de
junio de 2011.
iii) El tribunal no hizo pronunciamiento alguno sobre la sanción moratoria por la
falta de consignación de las cesantías durante la vigencia de la relación laboral,
aun cuando la entidad demandada actuó de mala fe.
1.4.2. La demandada
3 Folios 186 y 187.
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
El apoderado del municipio de Pereira interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar
las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo
siguiente:4
i) Cumplir un horario en ejecución de un contrato de prestación de servicios
no implica que se esté en presencia de un contrato de trabajo o una relación
laboral encubierta o subyacente, pues en muchas ocasiones dicho horario surge
de la concertación contractual entre las partes para poder desarrollar el objeto
encomendado en forma coordinada.
ii) La prescripción extintiva del derecho es procedente, ya que en atención a la
jurisprudencia que rige la materia este fenómeno abarcaría más períodos que los
señalados en la sentencia de primera instancia, puesto que con posterioridad al
lapso advertido se presentaron interrupciones en la prestación del servicio que
debieron tenerse en cuenta al momento de decidir.
iii) El reconocimiento en dinero de la dotación de vestuario y calzado no resulta
procedente, pues dicha pretensión no es legal ni procede respecto del personal
vinculado a través de contratos de prestación de servicios, pues no tiene la
característica de ser una prestación social, sino laboral.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor José Wilmer Castaño Vargas, por intermedio de su apoderado, descorrió
el término para alegar y reiteró los argumentos esbozados en el recurso de
apelación.5
4 Folios 172 al 185.
5 Memorial allegado en medio magnético, índice 13 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
1.5.2. La demandada
El municipio de Pereira hizo énfasis en que las pretensiones de la demanda no
debieron prosperar en cuanto no existió entre el señor Castaño Vargas y la
entidad una relación laboral, sino una relación contractual regida por las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007, por tanto, solicitó fuera revocada la sentencia apelada.6
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:
1. Si entre el señor José Wilmer Castaño Vargas y el municipio de Pereira,
existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculado contractualmente, incluido el pago en dinero
de la dotación, y, de ser así, si operó el fenómeno de la prescripción y,
2. Si se debe reconocer, además de las prestaciones sociales otorgadas en el fallo
de primera instancia, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
6 Memorial allegado en medio magnético, índice 11 de la plataforma SAMAI.
7
Folio 203.
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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
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Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 9, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.
8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 10 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
10«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
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ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».11
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».12
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
11 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.13
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
13
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-
01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
15
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.14
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,15 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
15 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.
54 y 55.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;16 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas.17
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
16 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
17 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1
de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».18
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.19
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
18
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos
constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución
de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de
treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en
la cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales
que de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.20
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.
2.3. Hechos probados.
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
20 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
20
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante
El señor José Wilmer Castaño Vargas tuvo las siguientes vinculaciones con el
municipio de Pereira para prestar labores como vigilante:
Órdenes prestación de servicios entre 2008 y 2013
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 1096 01/05/2007 30/06/2007 2
(Fl. 13) meses Vigilancia de los bienes muebles e
inmuebles del establecimiento
educativo designado, el cual
2 1639 01/07/2007 05/07/2007 5 días incluye además el de apoyar el
(Fl. 14) control en el acceso y salida del
establecimiento educativo del
personal de educandos, docentes,
3 2147 06/07/2007 30/09/2007 2
personal administrativo y en
(Fl. 15) meses
general, la comunidad educativa
y 24
días
4 625 01/02/2008 28/02/2008 1 mes
(Fl. 16) Prestar los servicios de portería en
el establecimiento educativo
Matecaña del municipio de Pereira
o en el establecimiento educativo
que la secretaría de educación lo
requiera
5 947 04/03/2008 30/12/2008 9
(Fl. 18) meses
y 26 Prestar los servicios de conserjería
días en el establecimiento educativo
6 0058 de 01/01/2009 31/12/2009 12 Matecaña del municipio de Pereira
2009 meses o en el establecimiento educativo
(Fl. 20) que la secretaría de educación lo
7 0054 01/07/2011 31/12/2011 6 requiera
(Fl. 22) meses
Adición
(Fl. 24)
8 0053 02/01/2012 29/02/2012 2
(Fl. 26) meses
9 0721 01/03/2012 30/07/2012 5
(Fl. 28) meses
Adición
(Fl. 30)
10 1007 01/08/2012 15/09/2012 1 mes
(Fl. 32) y 15
días
11 1648 16/09/2012 31/10/2012 1 mes
(Fl. 35) y 15
días Prestar los servicios para
21
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
12 2268 01/11/2012 31/12/2012 2 realizar actividades de apoyo
(Fl. 38) meses
Adición operativo y asistencial en uno
(Fl. 41) de los establecimientos
13 0064 02/01/2013 15/08/2013 7
(Fl. 42) meses educativos oficiales del
Adición y 15 municipio de Pereira o en
(Fl. 43) días
14 11101432 16/08/2013 15/09/2013 1 mes donde la Secretaría de
(Fl. 44)
Educación municipal lo requiera
15 11102094 16/09/2013 15/10/2013 1 mes por necesidad del servicio
(Fl. 45)
16 11102415 16/10/2013 31/10/2013 15 días
(Fl. 46)
17 11102714 01/11/2013 31/12/2013 2
(Fl. 47) meses
18 11100055 02/01/2014 30/06/2014 6
(Fl. 48) meses
Adición
(Fl. 49)
19 11100733 01/07/2014 31/07/2014 1 mes
(Fl. 50)
20 11101401 01/08/2014 31/10/2014 3
(Fl. 51) meses
21 11101907 01/11/2014 31/12/2014 2
(Fl. 52) meses
22 11100070 02/01/2015 01/04/2015 3
(Fl. 53) meses
23 11100888 02/04/2015 15/06/2015 2
(Fl. 54) meses
y 14
días
24 11101353 16/06/2015 31/12/2015 6
(Fl. 55) meses
y 15
días
25 0051 01/01/2016 30/01/2016 1 mes
(Fl. 56)
26 11100624 01/02/2016 31/12/2016 11
(Fl. 58) meses
i) El 7 de marzo de 2018, la directora administrativa de prestación del servicio
educativo y administración de plazas docentes del municipio de Pereira certificó
que esa entidad suscribió los referidos contratos de prestación de servicios con el
demandante, entre el 1° de mayo de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, y el 1° de
julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2016, e indicó además la vigencia y el valor
22
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
de cada encargo.21
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 18 de octubre de 2017, el demandante a través de su apoderado y en
ejercicio del derecho de petición solicitó al municipio de Pereira que fuera
expedido un acto administrativo en el cual se declarara que entre esa institución y
aquel existió una relación laboral entre el 1° de mayo de 2007 y el 31 de diciembre
de 2016; y como consecuencia de ello reconociera y pagara las prestaciones y
prerrogativas salariales y laborales a las que tiene derecho, entre otras
pretensiones.22
ii) El 15 de noviembre de 2017, mediante Oficio 48924, el secretario de
Educación del municipio de Pereira despachó de manera desfavorable las
pretensiones invocadas por carecer de fundamento legal, bajo los siguientes
argumentos:23
Tal como lo señala en su escrito de reclamación, el señor Castaño Vargas laboró en
el Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal mediante contrato de
prestación de servicios y orden de trabajo y no a través de un contrato laboral en el
que claramente el contratista acuerda en forma voluntaria la realización de unas
actividades, con una fecha de inicio y finalización de la ejecución del mismo sin el
cumplimiento de horarios, manifestando a su vez que no existe relación laboral ni de
subordinación y que bajo esta modalidad el mismo se compromete a cancelar lo
correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social a título de trabajador
independiente, razón por la cual no es posible acceder a su solicitud.
2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso
El 17 de julio de 2019, rindieron testimonio los señores Carlos Andrés García
Vargas y Ferney Antonio López Vargas.24
El señor Carlos Andrés García Vargas, en concreto señaló lo siguiente:
21 Folios 62 y 63.
22 Folios 2 al 10.
23 Folio 12.
24 Folios 139 y cd 142.
23
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Preguntado: usted tiene relación de parentesco con el señor José Wilmer Castaño Vargas.
Contestó: si, primos. Preguntado: relate lo que le conste sobre la relación del señor José
Wilmer Castaño Vargas con el municipio de Pereira. Contestó: el empezó en el 2007 y
terminó en el 2016, en el Colegio de Altagracia, en el Gonzalo María Echeverry y terminó en
el Matecaña. Preguntado: dígale al despacho cuánto tiempo estuvo en el Colegio de
Altagracia y cuánto en el Matecaña si lo sabe. Contestó: como 7 años estuvo en el Matecaña
y en el de Altagracia 2 años. Preguntado: qué funciones cumplía José Wilmer Castaño
Vargas en esos colegios. Contestó: le tocaba cumplir un horario y era portero, tenía que abrir
la puerta, estar pendiente de los estudiantes que no se salieran y había una bitácora donde
el entraba a las 6:00 de la mañana y hora de salida, no, pues ya será al otro día que el
compañero recibía. Si no le llegaba a veces le tocaba con un nombrado y el nombrado no
llegaba le tocaba doblarse otras 5 o 6 horas más. Tenía que pagar la Seguridad Social uno
mismo, nada de cesantías ni prestaciones, nada, vacaciones, ni nada. Preguntado: a usted
por qué le consta eso que el señor José Wilmer Castaño trabajaba en esos colegios de
Altagracia y Matecaña sin recibir prestaciones sociales, porque le consta. Contestó: porque
también trabajé en eso, entonces me consta, firmamos contrato allí en la Carlota Sánchez
contratos de un mes, mes y 15 días, 3 meses, 6 meses. Preguntado: durante esos lapsos
usted trabajó alguna vez junto con el señor José Wilmer Castaño. Contestó: no señor, pero
si se porque los mismos compañeros de él que le toca la misma función, lo mismo.
Preguntado: usted sabe o le consta si cuando el señor José Wilmer Castaño tenía que
ausentarse de su lugar de trabajo qué procedimiento tenía que agotar para hacerlo, por
ejemplo, tenía que llevar los hijos al médico. Contestó: tenía que pedir permiso al jefe
inmediato que era el rector y eso era un proceso porque ellos no tienen pues quien lo
reemplace porque el muchacho sale, el que está de turno sale y se va y ellos no podían
dejar la portería sola, eso era un camello para que lo reemplazara o algo. Preguntado: usted
sabe si en alguna de esas instituciones donde prestó sus servicios como portero el señor
José Wilmer Castaño había porteros, vigilantes o celadores de planta. Contestó: si, en el
colegio Matecaña le tocó con un nombrado y en el colegio Altagracia eran como 3, me
parece que son 3 y en el colegio Matecaña, no, la verdad si no se, pero yo sé que él le
recibía o le entregaba a un nombrado y entonces el nombrado trabajaba un horario que
usted sabe que los nombrados son más, y él un día inclusive fue allá a la Secretaría de
Educación y le dijo a la secretaria que era Shirley, y le dijo si vea que él me llega muy tarde,
él no va y estoy trabajando 12, 17 horas y le decían si ya se, y ya, no había como que hacer
en el momento, con eso lo despachaban a uno. Preguntado: usted sabe por qué José
Wilmer Castaño dejó de prestar sus servicios al municipio de Pereira. Contestó: porque eso
es políticamente, entonces cuando ya como que no lo respaldó más la concejal se quedó por
fuera. Entonces lo sacaron porque eso es políticamente, entonces a uno lo mete el mismo
político o fulano, o el alcalde o un diputado y entonces como que él perdió el respaldo […]
Preguntado: informe al despacho si en algún momento presenció algún tipo de orden que le
fuera impuesta al señor José Wilmer Castaño de parte del personal de la rectoría de la
institución educativa. Contestó: sí claro a uno le dan órdenes allá.
Por su parte, el señor Ferney Antonio López Vargas, en su declaración sostuvo lo
siguiente:
Preguntado: usted tiene relación de parentesco con el señor José Wilmer Castaño Vargas.
Contestó: si, primos. Preguntado: informe acerca de los hechos objeto de su declaración lo
que le conste sobre la relación del señor José Wilmer Castaño Vargas con el municipio de
Pereira por el tiempo que prestó servicios, horarios de trabajo. Contestó: José Wilmer
Castaño empezó a trabajar como del 2007, en el colegio Gonzalo Mejía Echeverry allá era
conserje ese colegio queda en Altagracia y trabajó en él Matecaña. Preguntado: usted fue
compañero de trabajo en alguna ocasión. Contestó: compañero no pero frecuentemente
sabíamos del tema porque yo también estaba de conserje, nos encontramos mucho también
24
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
en los temas de ir a firmar contratos, mes a mes, cuando se trabajó en servitemporales
también, yo por servitemporales estuve poquito como unos meses poquitos, pero el sí estuvo
todo el tiempo que estuvo servitemporales, los horarios que hacíamos lo mismo casi eran los
mismos de 6:00 a 6:00 de la tarde o de 6:00 a 6:00 de la mañana, también el mismo, en
temas que nos pasa a todos como que por ejemplo me incapacite y a veces nos tocaba
pagar de nuestro bolsillo pagarle al compañero esa incapacidad que ellos nos cubrieran y
eso que supuestamente éramos independientes. pues bueno teníamos lo mismo, un jefe
inmediato que era el rector, teníamos las mismas circunstancias en el trabajo. Preguntado:
usted sabe cómo era la vinculación del señor José Wilmer Castaño Vargas, era por contrato
de prestación de servicio. Contestó: era un contrato que nos daba la alcaldía de Pereira por
uno o dos meses cada que firmábamos un contrato y hasta un tiempo que, respecto a él me
parece que, fue en el 2013 por ejemplo un contrato por decir en enero y ni siquiera hubo
aumento de sueldo y así nos llevaron prácticamente todo el año, no sé si hasta ahorita le
están pagando lo mismo, bueno yo ya no estoy como conserje. Preguntado: y la Seguridad
Social del señor José Wilmer Castaño quien la asumía, quien tenía que pagar salud,
pensiones y riesgos laborales. Contestó: el trabajador de su sueldo de lo que devengaba del
sueldo que le pagan en la alcaldía, uno tenía que pagar salud, pensión y arl y si usted de
pronto no pagaba no le hacían contrato que era lo que decían ellos que no podía tener
contrato si uno no lo pagaba, así la alcaldía no le pagara el sueldo, tenía usted que prestarle
un gota a gota o lo que fuera, pero usted tenía que pagar salud y pensión para que pudiera
usted firmar el contrato, si usted no lleva el día de la firma del contrato el pago de salud,
pensión y arl no tenía su contrato laboral con secretaría de educación. Preguntado: bueno
eso para firmar los contratos y para recibir las mensualidades también había que
previamente demostrar que había pagado la Seguridad Social. Contestó: sí claro porque
usted apenas pagaba, usted tenía que llevar el recibo de pago donde el rector que era el jefe
inmediato de nosotros, como el supervisor de nosotros, tenía que llevarlo a mostrarlo para
que ya sea que todo listo ya le podemos pagar. Preguntado: puede decirle a esta audiencia
qué funciones cumplía el señor José Wilmer Castaño Vargas como conserje, que le tocaba
hacer. Contestó: le tocaba pues estar pendiente de vigilar pues lo que era la institución,
pendiente entrada y salida de los estudiantes, a él le ocurrió muchas veces que por ejemplo
el compañero no iba a trabajar, el trasnochaba y el compañero tenía que recibirle a las 6:00
de la mañana y se quedaba a veces todo el día y hasta mediodía y ahí que llamaban al
rector y decía a no usted tiene que seguir ahí, no soluciona nada, pero como él tiene que
cumplir con la labor de hacer un buen trabajo tenía que quedarse ahí todo casi un día. Preguntado: sírvase decirnos si tiene presente en qué año, en qué época empezó José
Wilmer Castaño y cuando terminó su relación con el municipio de Pereira. Contestó: lo que
tengo entendido como en 2007 empezó y creo que terminó en el 2016. Preguntado: usted
sabe por qué terminó la relación en el 2016 que pasó, por qué no lo volvieron a contratar. Contestó: porque pues ya se le acabó el contrato y usted sabe que eso es un contrato, más
que todo cambio de administración, entonces ya no lo dejaron, así porque si, ya no hay más
contrato para usted […] preguntado: indíquele al despacho por favor si usted tiene
conocimiento quiénes eran los jefes o qué jefes tuvo el señor José Wilmer mientras tuvo la
vinculación con el municipio de Pereira. Contestó: no, no recuerdo el nombre tuvo varios en
el transcurso del trabajo de él, tuvo varios rectores como jefe.
Preguntado: usted compartía
escenarios con el señor José Wilmer donde los convocara la Secretaría de educación para
efectos de capacitación o demás actividades que programan. Contestó: sí claro, siempre nos
encontramos con él en el coliseo que queda por la cuarta con el colegio Carlota Sánchez,
allá siempre nos hacían ir a firmar el contrato todo el día esperando ahí para poder firmar los
contratos, tuvimos un tiempo en que prácticamente si yo no sé si fue un negocio o que fue lo
que pasó ahí pero se tenía que hacer un curso de vigilancia porque si no no había otro
contrato, es un curso de vigilancia, pagar un curso que vale yo no me acuerdo cuánto valió,
ya igual yo perdí eso porque no eso siguió normal, a veces le hacían reuniones a veces que
con el señor rector para para decirnos sobre algunos temas, pues ya en los colegios, que
debíamos hacer, que no, estar pendiente de eso, de lo otro, pero más que todo los
encuentros con el como trabajadores eran en la Carlota Sánchez. Preguntado: cada cuanto
hacían los contratos, usted sabe en el año más o menos cuántas veces iban a ese colegio
Carlota Sánchez. Contestó: en el año pues, se firmaba, una vez firmábamos por un mes, al
25
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
otro contrato que teníamos por dos meses, a veces por 3, así, hubo un tiempo que se
firmaron me parece que es ahorita nuevo que firmaron como por 10 o 12 meses, pero
siempre por un mes, dos meses y siempre el mismo protocolo de papeles cada mes que
usted tenía que hacer contrato tenía que llevar de nuevo la hoja de vida, de nuevo tenía que
llevar todos los papeles.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 22 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, se formularon los recursos de apelación objeto de análisis para
controvertir, por una parte, la decisión de declarar una relación laboral encubierta
o subyacente entre el demandante y el municipio de Pereira y, por otra parte, para
solicitar que se ordene el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías y se desestime la excepción de prescripción, tal como lo
solicitó el señor Castaño Vargas.
Así las cosas, para resolver la alzada se deben solucionar los siguientes
interrogantes.
2.4.1. ¿Existió entre el señor José Wilmer Castaño Vargas y el municipio de
Pereira una relación laboral encubierta o subyacente que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante
el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente?
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene
que el demandante estuvo vinculado por más de ocho años con la entidad
demandada, desarrollando un objeto similar en cada contrato (indicio del carácter
permanente de sus funciones) y que la relación que los unió reúne los elementos
propios del contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación:
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
26
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
En primer lugar, el demandante acredita la prestación personal del servicio, a
través de los 26 contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se
detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia.
Si bien los objetos de cada vinculación fueron para prestar apoyo operativo a la
gestión en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira o
donde la Secretaría de Educación lo necesitara, se puede sintetizar que la
actividad desarrollada por el señor Castaño Vargas fue la de vigilancia.
En segundo lugar, las funciones detalladas en el objeto contractual obrantes en los
contratos de prestación de servicios dejan ver la vocación personalísima de las
actividades que el demandante debía desplegar, a saber:
1. Controlar el ingreso del personal autorizado; 2. comunicar al supervisor en forma
oportuna sobre las inconsistencias, anomalías relacionadas con los asuntos,
elementos, bienes, o situaciones operativas que se presentan en desarrollo de sus
actividades; 3. realizar las actividades objeto del presente contrato en forma
proactiva, […]
1. Cumplir con los turnos de portería que se le asignen y en coordinación con el
rector de la institución y/o director rural; 2. Custodiar y cuidar el área o zona de la
institución que se le haya designado; 3. Controlar la entrada y salida de personas,
vehículos y objetos del plantel educativo; 4 Velar por el buen estado y conservación
de los mecanismos de seguridad (alarma), e informar oportunamente las anomalías
detectadas; 5. Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes
del establecimiento educativo en las zonas de vigilancia que le hayan sido
asignadas; 6. Colaborar en la prevención y control de situaciones de emergencia; 7.
Consignar en los registros de control las anomalías detectadas durante sus turnos e
informar oportunamente sobre los mismos.
2.4.1.2. Subordinación continuada
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:
i) El lugar de trabajo. Se extrae del contenido de los contratos de prestación
de servicios que el demandante tuvo que prestar sus servicios personales al
27
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
interior de las instituciones educativas oficiales Gonzalo Mejía Echeverry de
Altagracia y Matecaña en el municipio de Pereira, a las que fue remitido por la
Secretaría de Educación Municipal.
ii) El horario de labores. En algunos de los contratos de prestación de
servicios que obran en el dossier se estableció expresamente que el demandante
debía cumplir con los turnos de portería que se le asignen por parte del rector de
la institución, lo que resulta indicativo de la existencia de una jornada o turno de
labores.
De igual modo, el señor Carlos Andrés García Vargas en su declaración indicó
que el señor Castaño Vargas, en los años 2007 al 2016, cuando realizaba labores
en los colegios Altagracia y Matecaña, debía cumplir un horario de trabajo. La
jornada que debía cumplir iniciaba a las 6:00 de la mañana, ello le consta porque
trabajó para el municipio en igualdad de condiciones ante diferentes instituciones
educativas.
Además, agregó con su declaración que si el compañero que recibía turno no
llegaba debía «doblarse» otras 5 o 6 horas más de su jornada habitual.
Por su parte el señor Ferney Antonio López Vargas, quien se desempeñó como
conserje vinculado a la secretaría de educación del municipio prestando servicios
en diferentes colegios, aseveró que el demandante entre 2007 y 2016 cumplía
horario de 6:00 am a 6:00 pm o de 6:00 pm a 6:00 am y que ese horario le fue
impuesto a todos los vigilantes.
Asimismo, hizo énfasis en que muchas veces esa jornada se extendía hasta por
medio día más o el día completo, por cuanto el compañero que debía recibir el
turno al señor Castaño Vargas, quien era un empleado de planta de la entidad, no
llegaba al lugar de trabajo y este no podía abandonar la portería.
28
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
En síntesis, se puede inferir que el señor José Wilmer Castaño Vargas cumplía
horario al desempeñar sus actividades.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las
labores ejecutadas en atención a los contratos de prestación de servicios suscritos
entre 2007 y 2016 en cumplimiento de las obligaciones contractuales de vigilancia,
según el dicho de los deponentes eran direccionadas y dirigidas por los rectores
de los colegios Altagracia y Matecaña.
Nótese que los señores Carlos Andrés García Vargas y Ferney Antonio López
Vargas en sus testimonios señalaron que los rectores de las instituciones
educativas en las cuales se prestaba el servicio eran los «jefes directos» de los
contratistas, quienes impartían instrucciones y directrices sobre los turnos que se
debían cumplir y las actividades a desarrollar en las zonas de vigilancia a las que
fueran asignados.
De suerte que se pueda inferir que el actor estuvo inmiscuido en el círculo rector y
organizativo de la autoridad académica (rector) de los centros educativos en los
que prestó sus servicios.
Otro indicio del ejercicio del ius variandi por parte de la entidad demandada se
desprende de la declaración del señor Ferney Antonio López Vargas, quien indicó
que fueron conminados a asistir a un curso de vigilancia con el propósito de que
fueran renovadas sus contrataciones y que debían asistir a diferentes reuniones
convocadas por los rectores de las instituciones educativas oficiales.
Los mencionados testimonios relatan la manera cómo el accionante ejecutó las
actividades para las cuales fue contratado, además que ilustran sobre la
necesidad de la presencia del contratista en las instalaciones de los colegios en
los cuales prestó servicios, y que sus actividades correspondían, además de
realizar labores de portería, en acatar las instrucciones de las autoridades de
cada institución, es decir, de los rectores.
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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Aunque no desconoce la Sala que los declarantes anunciaron tener un vínculo
familiar con el demandante, sus testimonios fueron coincidentes y no
corresponden a un testimonio de oídas, ya que aquellos también prestaron
labores al municipio demandado como conserjes y/o vigilantes; luego conocieron
de forma directa las características generales que comportaban la vinculación
contractual con el ente territorial.
Sobre el particular, recuerda la Sala que «para que pueda decirse que un
testimonio sirve de prueba (completa o incompleta) de un hecho, es
indispensable que en él conste que proviene de quien tenga conocimiento del
mismo por haberlo percibido, que es capaz y tiene aptitud física y moral para el
acto».25
Además, en casos como este, la sola circunstancia de que los testigos sean
parientes de una de las partes no conduce necesariamente a inferir que aquellos
falten a la verdad, por lo tanto, el juez debe realizar el análisis probatorio
respectivo frente a sus declaraciones.
En términos de Devís Echandía: «no es correcto, por tanto, exigir para la
existencia del testimonio ni para tener la calidad de testigo, que este sea extraño
al hecho declarado o que carezca de interés en el mismo o se trate de persona
indiferente respecto de tal hecho». 26
Teniendo en cuenta ello, para la Sala las actividades específicas descritas en las
obligaciones contractuales, así como las que fueron narradas en los testimonios
de los deponentes, dejan ver que el manejo de la labor de vigilancia lleva inmersa
la imposición de órdenes y directrices por parte de quienes pueden ejercer la línea
de autoridad en las instituciones educativas.
25 Devís Echandía, H. (2012), Teoría General de la Prueba Judicial, (VI ed., tomo II, pp. 27).
Editorial Temis.
26
Devís Echandía, H. (2012), Teoría General de la Prueba Judicial, (VI ed., tomo II, pp. 39).
Editorial Temis.
30
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
En este punto es del caso acotar que el principio de coordinación, ínsito en los
contratos de prestación de servicios, «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que
exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al
pacto suscrito».27
Lo anterior es diferente a la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y por ello este último cuenta con la posibilidad
de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus
labores, sin que le asista a este ningún tipo de independencia.
En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, como
pretende la entidad demandada, toda vez que el desempeño de las funciones por
parte del actor estaba sujeto a la imposición de medidas y/o directrices de las
autoridades de la institución educativa oficial, el establecimiento de horarios y la
imposibilidad de la prestación del servicio por otras personas, lo que denota que la
accionada, en su condición de empleadora, tenía la posibilidad de disponer del
trabajo del señor Castaño Vargas.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
27
Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01(1717-18), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
31
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Según el dicho de los testigos, en la planta de personal de la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira, existía el cargo de celador.
Así las cosas, no se puede perder de vista que el objeto contractual suscrito con el
demandante es la prestación del servicio de vigilancia. Al respecto, la Sección
Segunda de esta Corporación ha sido del criterio de que los vigilantes, por la labor
que desarrollan, carecen de autonomía e independencia en el ejercicio de sus
funciones. Concretamente se ha sostenido lo siguiente:
si una persona presta servicios como vigilante por varios años resulta inadmisible
afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que la labor
contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma
permanente para poder funcionar con total tranquilidad. Carecería de cualquier
lógica que los servicios de vigilancia se prestaran ocasionalmente, siendo que la
seguridad de la entidad puede verse afectada en cualquier momento, lo que exige la
presencia continua de una persona que ofrezca y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que para cumplir con las labores de vigilancia, la
persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y
dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio.28
Así pues, en el presente caso se puede concluir que, en desarrollo de las labores
de vigilancia, el demandante estaba inserto en el círculo rector y organizativo del
contratante a quien le correspondía determinar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en los que debía prestarse el servicio, lo que se concreta como un indicio
del elemento de la subordinación, aunado al hecho de que dichas funciones las
tenían asignadas de igual modo funcionarios de planta del ente territorial.
2.4.1.3. Remuneración
Finalmente, el tercer elemento que se somete a comprobación es el relacionado
con el pago de un salario periódico. En el sub lite, queda acreditada la
remuneración efectuada mensualmente por el referido ente territorial al
demandante con los contratos de prestación de servicios, documentos que
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 2 de mayo de 2013, expediente 05001-23-31-000-2004-03742-01 (2027-12).
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
constituyen prueba para demostrar la contraprestación pactada por los servicios
prestados como vigilante.
Aunado a todo lo anterior, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter
temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se
desarrolló por más de 8 años, período en el cual el demandante desplegó las
funciones de vigilante de manera uniforme según los objetos contractuales
concertados; por consiguiente, se suplió una función permanente de la entidad.
En suma, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos esenciales
de una relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante y la
entidad demandada; en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda se encuentra ajustada a derecho.
Ahora, respecto la inconformidad de los apelantes sobre la declaratoria parcial de
la excepción de prescripción, se tiene lo siguiente.
2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?
Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento.
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y
se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de
continuidad.
2.4.2.1. Inexistencia de una relación laboral continuada
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Conforme al material probatorio allegado con el expediente, se tiene que el señor
José Wilmar Castaño Vargas estuvo vinculado con el municipio de Pereira
Secretaría de Educación, en los siguientes períodos: 29
Contratos Lapso de ejecución
1 1096; 1639; y 2147 1° de mayo al 30 de septiembre de 2007
Interrupción de 4 meses*
2 625; 947; y 0058 de 2009 1º de febrero de 2008 al 31 de diciembre
de 2009
Interrupción de 1 año y 6 meses*
3 0054; 0053; 0721; 1007; 1648;
2268; 0064; 11101432; 11102094;
11102415; 11102714; 11100055; 1° de julio de 2011 al 31 de diciembre de
11100733; 11101401; 11101907; 2016
111000070; 11100888; 11101353;
0051; y 11100624
• Las fechas subrayadas corresponden a los períodos donde se presentó un mayor
número de días de interrupción que superó los 30 días hábiles.
Tal como lo determinó el a quo, de acuerdo con el anterior cuadro sumario, y
siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021,
se concluye que entre el 1° de mayo de 2007 y el 31 de diciembre de 2016, se
presentó ruptura del vínculo contractual, como se pasa a explicar.
El primer período contractual se puede delimitar entre el 1° de mayo y el 30 de
septiembre de 2007; pues entre el contrato 2147 y el 625 hubo una interrupción
de cuatro meses por lo que se superó el término unificado por la Corporación para
la configuración de la solución de continuidad (30 días hábiles).
El segundo período contractual se desarrolló entre el 1º de febrero de 2008 y el
31 de diciembre de 2009, toda vez que entre los contratos 0058 de 2009 y 0054
de 2011 se presentó una interrupción de un año y seis meses, superando así el
término establecido por la jurisprudencia.
29 Conforme a los respectivos contratos de prestación de servicios visibles en los folios 13 al 61.
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Radicado: 66001-23-33-000-2018-00110-01 (2194-2020)
Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Así pues, al haberse presentado interrupciones considerables que suspendieron la
continuidad del vínculo debía haberse reclamado en sede administrativa dentro de
los tres años siguientes a la terminación de cada período contractual; no obstante,
la primera petición de reconocimiento y pago de las acreencias laborales ante la
entidad fue presentada el 18 de octubre de 2017, por lo que, fue superado
ampliamente el término de prescripción en cada período y, en consecuencia, se
configuró dicho fenómeno.
Pese a lo expuesto, dado que los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones son imprescriptibles, tal como lo dispuso el Tribunal en la sentencia de
primera instancia, el municipio de Pereira deberá completarlos al respectivo fondo
de pensiones en el porcentaje que le correspondía durante el tiempo comprendido
entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2007 y el 1º de febrero de 2008 y
el 31 de diciembre de 2009.
Finalmente, el tercer período contractual se delimita entre el 1° de julio de 2011 y
el 31 de diciembre de 2016. Sobre dicho lapso se advierte que el demandante
prestó sus servicios en una continuada relación laboral, por cuanto los lapsos de
interrupción entre cada encargo no superaron el término de los 30 días hábiles.
Por lo tanto, corresponde realizar el cómputo del término prescriptivo a partir de la
terminación del último contrato, esto es, desde el 31 de diciembre de 2016.
Comoquiera que, se itera, el 18 de octubre de 2017 el señor José Wilmer
Castaño Vargas presentó la reclamación administrativa, su solicitud se encuentra
dentro del término legalmente establecido para ello, no hay lugar a declarar la
prescripción, y le asiste derecho a que le sean reconocidos los emolumentos
prestacionales derivados de ese período.
Ahora, refiere el demandante en el recurso de apelación que la interrupción
señalada entre el 1° de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011 nunca ocurrió,
toda vez que durante dicho lapso estuvo vinculado con la empresa de servicios
temporales Servitemporales, prestando servicios como trabajador en misión al
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
municipio de Pereira; sin embargo, al revisar en conjunto la solicitud elevada en
sede administrativa, los hechos narrados en la demanda, así como las
pretensiones, y el material probatorio obrante en el dossier, la Sala no encuentra
ningún elemento que demuestre o haga referencia a la existencia de la referida
vinculación.
Dicho de otro modo, ni en la reclamación administrativa ni en la demanda se hace
alusión a la presunta vinculación a través de una empresa de servicios
temporales, al paso que no obra en el expediente prueba documental que se
refiera a ese período.
Pese a ello y luego de proferirse la sentencia de primera instancia el apoderado
del actor afirma que este se vinculó con la administración, desconociendo las
etapas procesales pertinentes para hacer ese tipo de manifestaciones y los
medios probatorios idóneos para acreditarlas.
Por consiguiente, el demandante, a través del escrito de demanda debió narrar los
hechos que servían de fundamento a su petición, así como la individualización de
las pretensiones, tal como lo disponen las reglas de los artículos 162 al 173 del
CPACA. Asimismo, de conformidad con el contenido del artículo 212 ibidem, debía
atender las oportunidades procesales para incorporar, solicitar y practicar las
pruebas que pretendía hacer valer en el proceso; luego no podría el juez de
segunda instancia pronunciarse sobre hechos que no fueron objeto de
controversia en la etapa procesal oportuna y que ni siquiera se encuentran
probados en debida forma.
En suma, al advertir que operó la prescripción respecto de las prestaciones
salariales por el período comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre
de 2007 y el 1º de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, teniendo en
cuenta la regla plasmada en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, los
recursos de apelación elevados no tienen vocación de prosperidad.
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
2.4.3. Respecto al punto de inconformidad señalado por la parte demandada
sobre el reconocimiento en dinero de la dotación se tiene que, esta prestación
fue prevista en la Ley 70 de 1988, con el propósito de suministrar calzado y
vestido de labor a los empleados del sector público.
Posteriormente, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamentó parcialmente
la mencionada Ley 70 de 1988, estableció lo siguiente:
Artículo 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos,
Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo
oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las
entidades territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en
forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo.
Artículo 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los
días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta
dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del
mismo en ningún caso.
Artículo 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el
trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad por los menos tres (3)
meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro y devengar
una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
Artículo 4°. La remuneración a que se refiere el artículo anterior corresponde a la
asignación básica mensual.
Artículo 5°. Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de la
Ley 70 de 1988 y de este Decreto, las prendas apropiadas para la clase de labores
que desempeñan los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio ambiente
en donde cumplen sus actividades.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-995 de 2000, definió la
naturaleza jurídica del suministro de calzado y vestido de labor como una
«prestación social».
Teniendo en cuenta ello, tal como lo afirmó el a quo, al haber sido acreditada la
relación laboral encubierta o subyacente en el caso del demandante y de
conformidad con el valor de sus honorarios le asiste derecho a recibir dicha
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
compensación en dinero, toda vez que aquel emolumento es una prestación
social, de suerte que su reconocimiento es procedente y legal.
2.4.4. Frente al recurso de apelación del demandante con el que pretende se
aborde el estudio del reconocimiento de una sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, debe precisar la Sala que revisado el contenido de la demanda,
aquella petición no fue elevada y, por consiguiente, no debía el a quo pronunciarse
al respecto.
Sin embargo, y en gracia de discusión, dicha pretensión no es procedente porque
el municipio de Pereira no ha incurrido en mora en tanto que, es a partir de la
ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente que surge para la entidad la obligación de pagar las
prestaciones sociales en los términos señalados en el CPACA y demás normas
concordantes.
En otras palabras, la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
sólo es viable en tanto las cesantías hayan sido reconocidas, y no cuando está en
litigio la declaración del derecho a percibirlas, es decir, cuando está en discusión
el derecho al reconocimiento y pago del aludido auxilio de cesantías no podría
configurarse la sanción por mora en el pago de aquellas.
2.4.5. Finalmente, teniendo en cuenta que el artículo 328 del Código General del
Proceso dispone que en caso de que ambas partes hubieran apelado la sentencia
de primera instancia el superior podrá resolver sin limitaciones, la Sala advierte
que la decisión del a quo de negar el reconocimiento de la prima de servicios y
el auxilio de transporte deberá revocarse.
Lo anterior por cuanto, en primer término, el auxilio de transporte se encuentra
previsto en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 como factor salarial. Desde la
expedición de dicha norma se sujetó el reconocimiento y pago del mencionado
subsidio para aquellos empleados que tuvieran una asignación básica
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
determinada en la ley, que en ningún caso ha superado la suma de dos salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Más exactamente, año a año, el presidente de la República, en desarrollo de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en la Ley 4ª de
1992, expide el decreto por el cual se define el monto del auxilio de transporte
para ese año, para determinar aquellos servidores que, en atención a su salario,
se beneficiarán de tal prerrogativa.
Teniendo en cuenta ello, la Sala encuentra que entre 2011 y 2016, período frente
al cual se reconocerán las prestaciones salariales al demandante al haber sido
acreditada la relación laboral encubierta o subyacente, se expidieron los siguientes
decretos:
Año Decreto Monto del salario X2 Honorarios
mínimo pactados en cada
contrato
2011 4963 535.600 1.071.200 1.058.949
2012 2739 566.700 1.133.400 1.091.000
2013 3069 589.700 1.179.400 1.134.640
2014 2732 616.000 1.232.000 1.134.640
2015 2553 644.350 1.288.700 1.168.679
2016 2210 689.455 1.378.910 1.168.679
Así, pues, de la anterior tabla se puede inferir que el demandante devengó una
asignación mensual inferior a dos salarios mínimos, por lo que acreditó el
presupuesto exigido para acceder al reconocimiento del auxilio de transporte.
En ese sentido, se adicionará la sentencia de primera instancia para ordenar al
municipio de Pereira, en aplicación del principio de primacía de la realidad, incluir
en la liquidación de las prestaciones sociales el auxilio de transporte.
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Por su parte la prima de servicios fue regulada por el Decreto 2351 de 2014 para
los empleados públicos del nivel territorial y señaló frente al reconocimiento de
esta, lo siguiente:
ARTÍCULO 1°. Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las
entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y
Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y
Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a
partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de qué trata el Decreto Ley 1042 de
1978 en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo
modifican, adicionan o sustituyan.
Así las cosas, dicha prima comenzó a pagarse sólo a partir del año 2015. Y si bien
es cierto, que, con fundamento en el Decreto Ley 1042 de 1978, posiblemente los
aludidos empleados percibieron la citada prestación en anualidades anteriores, la
Corte Constitucional en sentencia C-402 de 2013 determinó que el Gobierno
Nacional expidió el Decreto Ley 1042 en razón de las facultades que le fueron
otorgadas para el ejercicio de la actividad legislativa y que estaban circunscritas a
fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, incluidas
las unidades administrativas especiales y, por lo tanto, le estaba vedado extender
el campo de regulación al régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del nivel territorial.
En ese sentido, concluyó que el Decreto acusado solo tenía alcance para los
servidores públicos del orden nacional, sin que pudieren extenderse a aquellos
adscritos al nivel territorial. En atención a lo expuesto el señor Castaño Vargas
tiene derecho a la prima de servicios únicamente por el período que laboró a partir
del año 2015, esto es, desde el 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016,
toda vez que, se itera, esta prestación cobijó a los empleados públicos del nivel
territorial a partir de ese año y en ese sentido será adicionada la decisión.
2.5. De la condena en costas
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,30 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso,31 la Sala considera que es dable condenar en costas
de segunda instancia a la entidad demandada, toda vez que resultó vencida en el
proceso.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
31 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que al señor José Wilmer Castaño Vargas, como
parte trabajadora de una relación laboral (encubierta o subyacente), le asiste el
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales que depreca (cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otras), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. Así las cosas, se adicionará la
decisión de primera instancia para plasmar las precisiones advertidas en las
consideraciones sobres la prima de servicios y el auxilio de transporte. Con
condena en costas de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Adicionar un numeral a la sentencia del 22 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso
instaurado por el señor José Wilmer Castaño Vargas en contra del municipio de
Pereira, Secretaría de Educación Municipal, en el sentido de ordenar lo siguiente:
Ordenar al municipio de Pereira reconocer y pagar al señor José Wilmer
Castaño Vargas el valor que corresponda por concepto del auxilio de
transporte dentro de la liquidación de prestaciones sociales ordenada en este
proceso. El período sobre el cual tendrá que hacer dicho reconocimiento es el
delimitado entre el 1° de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.
Asimismo, el municipio de Pereira deberá reconocer y pagar al señor José
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Demandante: José Wilmer Castaño Vargas
Wilmer Castaño Vargas el valor que corresponda por concepto de prima de
servicios dentro de la liquidación de prestaciones sociales ordenada en este
proceso. El período sobre el cual tendrá que hacer dicho reconocimiento es el
delimitado entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, tal como
se explicó en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- Confirmar en lo demás la decisión de instancia.
Tercero.- Condenar en constas de segunda instancia al municipio de Pereira, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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