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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00254-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00254-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR los literales a) y c) del numeral cuarto de la sentencia impugnada, los cuales quedarán, así: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a: a) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 66001-23-33-000-2018-00254-02 (1801-2025) Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina mensual, desde el 26 de octubre de 2014 y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente. b) Pagar al actor las sumas anteriores, debidamente indexadas, para lo cual deberá hacer todas las liquidaciones de capital e intereses, actualizaciones y reajustes reconocidos en la parte considerativa de esta sentencia. c) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, a partir del 26 de octubre de 2014 respecto de la prima especial del 30% y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente, de conformidad con la ley, la cual se deberá pagar directamente y en los plazos ordenados en esta sentencia directamente a la administradora o fondo de pensión correspondiente. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de 202346, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00254-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00254-02 (1801-2025)
Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00254-02 (1801-2025)
Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral segundo para estarse a lo resuelto, modifica
literales a) y c) del numeral cuarto respecto del
restablecimiento y confirma en lo demás. No se condena en
costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de
septiembre de 20232, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. STH-31110-689 del 7
de noviembre de 20173 y de la Resolución No. 23535 del 11 de diciembre de
20174, mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago
del reajuste solicitado.

A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDA.- [...]
reconozca y pagar […], desde el mes de Agosto de 2013 hasta la fecha de la
sentencia y en adelante mientras permanezca vinculado como Fiscal hasta la
fecha y en adelante mientras permanezca vinculado, la prima especial mensual
equivalente al 30% del salario básico, prevista en el art 14 de la ley 4 de 1992,

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2
Aclarada mediante providencia del 6 de junio de 2025.
3 Índice 11 expediente digital, 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF), págs. 29-37, Gestión en otros

despachos de Samai.
4 Índice 11 expediente digital, 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF), págs. 11-19, Gestión en otros

despachos de Samai.

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Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina

como agregado, adición o incremento a la remuneración básica mensual que
hasta ahora no se le ha reconocido ni pagado.

TERCERA- […] reliquidar, reconocer y pagar […] desde el mes de Agosto de 2013 hasta
la fecha de la Sentencia y en adelante, todas sus prestaciones sociales, salariales y
laborales, primordialmente, la seguridad social en pensión y a i salud y demás
emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se
establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo
básico mensual legal, más la prima especial mensual, con carácter salarial, equivalente
al 30% de la asignación básica mensual. […]»5.

Hechos que fundamentan la demanda

3. El señor Miguel Alberto Vargas Ospina ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal local desde el «mes de agosto de 2013» en
adelante.

4. La parte actora elevó petición el 26 de octubre de 2017 ante la entidad
demandada, en la que solicitó se le reconociera y pagara la prima especial de
servicios, y el reajuste de sus prestaciones sociales. La cual fue resuelta de
manera negativa mediante los actos demandados.

Fundamentos de derecho

5. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política; 2
y 14 de la Ley 4 de 1992; 152 de la Ley 270 de 1996; 1 de la Ley 332 de 1996 y
1 de la Ley 446 de 1998.

6. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que mientras estuvieron
vigentes los decretos que regulaban la prima para la Fiscalía, esta entidad
tomaba el 30% de la remuneración básica, lo consideraba prima especial sin
carácter salarial, reducía el salario al 70%, con lo cual liquidaba todas sus
prestaciones sociales. Luego de la declaratoria de nulidad de los preceptos que
reglamentaban dicha prestación reconoció las prestaciones con el 100% del
salario, pero no le reconoció al actor la prima del 30%.

Contestación de la demanda

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda6 y se opuso a las
pretensiones en razón a que canceló la asignación salarial y prestaciones a sus
servidores, con sujeción a lo previsto en los decretos que expidió el Gobierno
Nacional para cada vigencia fiscal, en cumplimiento a lo preceptuado en cada
uno de los mismos.

5 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
6 Índice 11 expediente digital, 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF), págs. 193-241, Gestión en otros

despachos de Samai.

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Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina

7. Finalmente, propuso las excepciones de «prescripción», «carencia de
objeto», «cumplimiento de un deber legal» y genérica.

Sentencia de primera instancia

8. En sentencia del 26 de septiembre de 2023,7 aclarada mediante providencia
del 6 de junio de 2025,8 el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

9. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la entidad demandada no
dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 respecto
de la prima especial como una adición al salario de los servidores beneficiarios
de la misma, por el contrario, generó una disminución en la asignación básica
mensual del funcionario, al consagrar que el 30% de la remuneración mensual
se considera como prima especial y que la misma no tiene carácter salarial.

10.Determinó que en el presente caso procede el pago de la sumatoria resultante
como diferencia por todos los conceptos salariales y prestacionales desde el 20
de agosto de 2013 hasta la fecha en que desempeñe el cargo como Fiscal. No
obstante, operó la prescripción trienal sobre las diferencias causadas con
anterioridad 26 de octubre de 2014.

11.En consecuencia, inaplicó los decretos salariales que regularon la prima
especial del 2009 a 20179, declaró probada parcialmente la excepción de
prescripción y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

4.[…] a pagar al actor […]:

a) El ciento (100%) de la remuneración mensual decretada, sin descontar el 30%
por concepto de prima especial, al igual que su contabilización en sus prestaciones
laborales desde el 26 de octubre de 2014 hasta la fecha en que permanezca en
dicho cargo como Fiscal, siempre y cuando existan idénticas condiciones fácticas;
de igual manera, se ordena el pago de la suma que resultare como diferencia por
todos los conceptos salariales y prestacionales relacionados con la petición del
actor, dejados de percibir en su condición de Fiscal, desde el 26 de octubre de 2014
hasta la fecha en que permanezca en dicho cargo, siempre y cuando existan
idénticas condiciones fácticas.”

b) Pagar al actor las sumas anteriores, debidamente indexadas, para lo cual deberá
hacer todas las liquidaciones de capital e intereses, actualizaciones y reajustes
reconocidos en la parte considerativa de esta sentencia.

c) De las sumas de dinero mencionadas la proporción que se destina para cubrir los
aportes a la seguridad social se deberán pagar directamente y en los plazos
ordenados en esta sentencia directamente a la administradora o fondo de pensión
correspondiente.

7 Índice 22, gestión en otros despachos de Samai.
8
Índice 38, gestión en otros despachos de Samai .Aclaró la sentencia frente al literal a) del numeral 4°.
9 Así lo determinó en el numeral segundo de la parte resolutiva.

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Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina

Recurso de apelación

12.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte accionada la recurrió
en apelación.10

13. En su intervención, la entidad demandada hizo referencia a la sentencia del
15 de diciembre de 202011 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y señaló que si bien, entre los años 2003 a
2020, la entidad demandada no ha liquidado o reconocido la prima especial al
demandante como fiscal delegado ante los jueces municipales, se verifica que lo
que sí le ha reconocido y pagado, es la asignación básica en un 100%, esto es,
sin restarle o disminuirla en un 30% por concepto de prima especial, razón por la
cual, se tiene por sentado que la liquidación de las prestaciones sociales se ha
venido realizando sobre el 100% de la asignación básica que ha correspondido
al demandante desde esa época.

14. Por otro lado, argumentó que la prima especial no constituye factor de
liquidación de las prestaciones sociales, entre ellas, las cesantías. Si bien es
cierto, los fiscales del Decreto 53 de 1993 tienen derecho a devengar la prima
especial a partir de 1998, ello no es igual a decir que constituye salario para
efectos prestacionales.

15. Finalmente, sostuvo que no procede el reconocimiento dado en primera
instancia hasta que el actor se encuentre vinculado a la entidad, por cuanto de
conformidad con el Decreto 272 de 2021, la Fiscalía General de la Nación está
pagando y reconociendo desde el 1 de enero de 2021 la prima especial del 30%
a sus destinatarios, por lo cual, de llegarse a confirmar la condena, debe limitarse
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

16. Por auto del 7 de noviembre de 2025,12 se admitió el recurso de apelación de
la entidad demandada.

17. Las partes guardaron silencio.

18. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

10 Índice 25, gestión en otros despachos de Samai.
11 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
12 Índice 0004 de Samai.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.

21. Igualmente, si la mencionada prima constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales, y si a partir de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021,
la entidad reconoce dicho emolumento.

22. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

23. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles

13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

24. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción15 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

25. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199616 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

26. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

27. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202017, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

15 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
16 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).

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2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

28. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,18 10 de septiembre de 202419 y 5 de noviembre 2024.20

29. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202221 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Hechos probados

30. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente22 a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegado
ante jueces penales municipales, así: del 29 de diciembre de 2009 al 3 de enero
de 201023, del 1 de febrero de 2010 al 5 de julio de 201024, del 6 de julio de 2010
al 11 de julio de 201025, del 12 de julio de 2010 al 27 de junio de 201126, del 28

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
21 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
22
En los tiempos en que no se desempeñó como fiscal, desempeñó el cargo de asistente de fiscal.
23
En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.
24
En encargo del empleo.
25
En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.
26
En encargo del empleo.

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Demandante: Miguel Alberto Vargas Ospina

de junio de 2011 al 30 de octubre de 201127, del 1 de diciembre de 2011 al 11 de
junio de 201228, del 12 de junio de 2012 al 14 de junio de 201229, del 15 de junio
de 2012 al 2 de julio de 201230, del 3 de julio de 2012 al 28 de julio de 201231, del
29 de julio de 2012 al 16 de abril de 201332, del 17 de abril de 2013 al 19 de abril
de 201333, del 20 de abril de 2013 al 1 de julio de 201334, del 2 de julio de 2013
al 29 de julio de 201335, y desde el 20 de agosto de 201336 sin que a la fecha de
expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.37

31. Está demostrado que el demandante frente a los tiempos laborados como
fiscal en encargo percibió el 100% del sueldo correspondiente al cargo de fiscal
que desempeñó y que no reporta ningún emolumento por concepto de la prima
mencionada. 38

32. Que el 26 de octubre de 201739 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

33. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,40 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199841, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la

27
En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.

28
En encargo del empleo.
29
En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.
30
En encargo del empleo.
31
En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.
32
En encargo del empleo.
33
En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.
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En encargo del empleo.
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En encargo de funciones- tiempos frente a los cuales se advierte que no devengó el sueldo y prestaciones
del cargo de fiscal.
36
En encargo del empleo.
37Índice 11 expediente digital, 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF), págs. 245-263, Gestión en otros

despachos de Samai. La Certificación relaciona los tiempos hasta el 2 de junio de 2018.
38 Índice 11 expediente digital, 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF), págs. 39-45, Gestión en otros

despachos de Samai.
39 Índice 11 expediente digital, 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF), págs. 69-81, Gestión en otros

despachos de Samai.
40 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)

conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
41 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.

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asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.

34. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica42, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.

35. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2014, ya que durante los tiempos que se ha
desempeñado como fiscal, el salario fue reconocido en el 100%, sin descontar
ninguna suma respecto de la asignación básica. En consecuencia, lo que procede
es el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un incremento
del salario básico, la cual no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es
inocua para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión. Lo
anterior, se traduce sólo en el pago del 30% que el demandante no recibió a título
de prima especial, por lo que al no presentarse el indebido descuento del 30%
del salario el restablecimiento no comprende una reliquidación de las
prestaciones canceladas.

36. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificará el literal a) del numeral cuarto de la
sentencia de primera instancia con el fin de eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello.

37. Frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto 272 de 2021 ha
pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la asignación
básica mensual. Revisado el expediente, tal afirmación no fue acompañada de
ninguna prueba que pueda dar por acreditado ello.

38. Por otro lado, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reconocimiento de dicho emolumento, es deber de la
entidad realizar el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, de
conformidad con la ley, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo

42 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.

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por la naturaleza parafiscal de los mismos sino por la sostenibilidad del sistema43.
Lo anterior, por cuanto en el literal c) del numeral cuarto de la providencia el a
quo accedió al reajuste de los aportes a pensión.

39. Así las cosas, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron
la mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una
adición a la asignación básica44, por lo que a partir de dicho año las diferencias
de los aportes pensionales deben liquidarse respecto de la prima especial del
30%, bajo el entendido de que, en su momento, se hicieron los aportes de ley
sobre el 100% de la asignación básica, como bien lo señaló la entidad recurrente.

40. Ahora, el Tribunal de instancia decretó realizar los aportes mencionados
respecto de los plazos ordenados conforme a la prescripción trienal decretada,
por lo que la Sala se abstendrá de hacer alguna modificación frente a dicho
aspecto, ya que la entidad es apelante único. Con base en lo expuesto, se
ordenará modificar el literal c) del numeral cuarto, en el sentido de ordenar el
reconocimiento y pago de aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones de conformidad con la ley, desde el 26 de octubre de 2014 respecto
de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado
ante los jueces municipales, y/o equivalente.

41. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral segundo del fallo impugnado
que inaplicó los decretos salariales que regularon la prestación mencionada, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202245 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».

42. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral segundo,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
literales a) y c) del numeral cuarto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

43 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
44 En el numeral cuarto dispuso «[…] DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama

constituye FACTOR SALARIAL únicamente respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia; se
NIEGA las pretensiones, que reclamaban su reconocimiento y la reliquidación de las prestaciones sociales
con inclusión de la prima, por los periodos reclamados».
45 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Condena en costas

43. . La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

47.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo, y en su lugar ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR los literales a) y c) del numeral cuarto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán, así:

A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: a) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración

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mensual, desde el 26 de octubre de 2014 y de ahí en adelante hasta que
desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o
equivalente. b) Pagar al actor las sumas anteriores, debidamente indexadas,
para lo cual deberá hacer todas las liquidaciones de capital e intereses,
actualizaciones y reajustes reconocidos en la parte considerativa de esta
sentencia. c) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, a partir del 26 de octubre de 2014 respecto de la prima especial
del 30% y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de fiscal
delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente, de conformidad con la
ley, la cual se deberá pagar directamente y en los plazos ordenados en esta
sentencia directamente a la administradora o fondo de pensión
correspondiente.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de
202346, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones y
con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

46
Aclarada mediante providencia del 6 de junio de 2025.

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