Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2018-00421-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2018-00421-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-33-000-2018-00421-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 660012333000201800421-01
Actor: Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y
Municipio de Dosquebradas
Coadyuvante de la parte actora: Cotty Morales Caamaño1
Temas: Derecho colectivo al goce de un ambiente sano –literal “a”–; a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente –literal “l”–; y a la realización de
las construcciones –literal “m”–; riesgo de deslizamiento; quebradas Aguazul y
Dosquebradas; erosión por extracción de materiales por los areneros y por
construcciones en zonas de retiro de la fuente hídrica.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER y el Municipio de Dosquebradas, así como la
apelación adhesiva interpuesta por Cotty Morales Caamaño contra la sentencia de
31 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda2.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira interpuso
demanda3 en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER y el Municipio de Dosquebradas, con el objeto de lograr la protección de
1 Cfr. Índice 35 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “9_AUTOINTERLOCUTORIO(.PDF) NroActua 35”.
2 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “32_032SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 43”.
3 La demanda fue presentada el 26 de octubre de 2018.
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los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente previsibles y la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 1. Sírvase señor Juez declarar amenazados y afectados los derechos colectivos
a) el goce de un ambiente sano; I) el derecho a la seguridad y la prevención de
desastres técnicamente previsibles y g) (sic) La realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
2. Sírvase señor Juez declarar que los responsables de la afectación de los derechos
colectivos afectados y amenazados es el municipio de Dosquebradas representado
legalmente por su alcalde el señor Fernando José Muñoz Duque o por quien haga
sus veces y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER,
representada legalmente por su Directora, Martha Mónica Restrepo Gallego o por
quien haga sus veces.
3. Sírvase señor Juez ordenar que en consecuencia de la anterior declaración, el
municipio de Dosquebradas representado legalmente por su alcalde el señor
Fernando José Muñoz Duque o por quien haga sus veces y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER-, representada legalmente por su Directora, Martha
Mónica Restrepo Gallego o por quien haga sus veces, realice todas las actuaciones
tendientes a evitar que continúe la amenaza y vulneración de los derechos colectivos
invocados y, en particular, procedan a:
a. Realizar las obras que se requieran para que las quebradas Aguazul y
Dosquebradas en el sector de Quintas del Bosque recuperen su cauce.
b. Recuperar las áreas forestales protectoras invadidas tanto por construcciones
como por cultivos.
c. Reforestar las áreas forestales protectoras recuperadas.
d. Restringir la actividad de los areneros para evitar que continúe la afectación al
cauce de las quebradas Aguazul y Dosquebradas, sin perjuicio de sus derechos al
mínimo vital y al trabajo.
e. Las demás que correspondan […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones5 que
inició acciones preventivas según lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución
4 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 43”
5 Cfr. Índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, actuación: “Auto admite demanda”.
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Política, el Decreto 262 de 2000 y la Resolución 253 de 2012, debido al riesgo de
deslizamiento al que se encuentra expuesta la comunidad de Quintas del Bosque,
Bombay, Veracruz y Carboneros en el Municipio Dosquebradas debido el desvío
del cauce de la quebrada por cuenta de los areneros, así como, por la construcción
de casas y edificaciones sin respetar las zonas de retiro de la fuente hídrica.
4. En el marco de la mencionada actuación, requirió al alcalde municipal y al
director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, mediante
los oficios PJAA-28-1177 y PJAA-28-1178 del 17 de noviembre de 2017, para que
adelantaran las acciones correspondientes con el objeto de garantizar los derechos
e intereses colectivos.
5. Señaló que el municipio de Dosquebradas, mediante oficio de 27 de
noviembre de 2017, informó que funcionarios de la Oficina de Prevención y Atención
de Desastres – OMPADE realizaron una visita técnica a Quintas del Bosque en el
año 2013, en la cual se evidenció socavación lateral al margen de la quebrada
Dosquebradas. Y, añadió que la quebrada en su centro creó un playón que desvía
su cauce y afecta el talud en mención.
6. Asimismo, informó que, con el objeto de atender las quejas de la comunidad,
se efectuó una visita técnica a Quintas del Bosque por parte de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, la Curaduría Urbana 1, Control Físico
y la Oficina de Prevención y Atención de Desastres – OMPADE, que evidenció que
los lotes ubicados en la manzana 6 se encuentran a quince (15) metros de distancia
del borde del talud, esto es, dentro de la zona protectora de la quebrada
Dosquebradas.
7. Expuso que el Despacho del alcalde remitió el oficio D.A. DIGER 200-1108
que contiene un informe técnico con diferentes puntos del municipio de
Dosquebradas que presenta situación de riesgo, entre los que se encuentra la zona
5 correspondiente al barrio Quintas del Bosque.
8. Del mismo modo, indicó que el 13 de febrero de 2018, recibió la denuncia del
Contralor Municipal de Dosquebradas por el daño ambiental y nivel de riesgo de los
habitantes del sector de Quintas del Bosque, especialmente, de las manzanas 1, 6
y 7, que está siendo ocasionado con la extracción de material de río en las afluentes
de las quebradas que colindan con el sector, tales como: Aguazul, Dosquebradas,
entre otras.
9. Con sustento en esta denuncia, informó que requirió de nuevo al alcalde de
Dosquebradas y al director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
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CARDER-, mediante los oficios PJAA-28-1443 y PJAA-28-1444 del 22 de febrero
de 2018. Que, como respuesta recibió el oficio SDAGA-300-240 de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, de 2 de marzo de 2018, en virtud del
cual se expone que realizó visita técnica al sector Quintas del Bosque, el 27 de
febrero de 2018, en la que evidenció la presencia de extracción de material de río
como arena, gravilla y piedra de mano, pese a que dicha actividad se encuentra
restringida en el perímetro urbano. Además, indicó que el oficio señala que la
Secretaría de Gobierno tiene la competencia para adoptar las medidas respecto de
esta situación, y que en el plan de desarrollo del municipio se incluyó un plan de
reconversión de actividad económica –que no comprende los hallazgos del informe de
la DIGER ni de la Contraloría Municipal–.
10. Señaló que, el 7 de mayo de 2018, un concejal solicitó la intervención con el
objeto de hacer cesar la actividad minera ilegal que se realiza en el sector Quintas
del Bosque, en particular, en la manzana 6, por cuanto esto afecta la comunidad. A
su vez, advirtió que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental
informó que entregaría certificación a los mineros de la zona que lo soliciten a la
alcaldía como mineros de subsistencia, en los términos del Decreto 1102 de 27 de
junio de 2017, en el marco del plan de reconversión de la actividad económica.
11. Subrayó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER
mediante el oficio 8568 de 1.° de junio de 2018 informó que el día 20 de marzo de
2018 realizó visita técnica y evidenció el inadecuado manejo y disposición de los
residuos sólidos y escombros, no solo en los alrededores del barrio Quintas del
Bosque, sino en la zona forestal protectora de la quebrada Aguazul a una distancia
aproximada entre 0.5 metros y 1.5 metros. Del mismo modo, advirtió que la zona
viene siendo intervenida por areneros lo que ha conllevado a que los procesos de
socavación en las orillas laterales de la quebrada sigan en aumento.
12. Expresó que convocó a diferentes dependencias del municipio, así como, a
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER a la reunión que se
realizó el 28 de junio de 2018, en la que evidenció que todos los participantes
reconocen la situación de riesgo y las afectaciones ambientales provocada,
principalmente, por la actividad de los areneros en el sector y advirtieron que, en
tanto, se realiza la reconversión económica, se deben realizar algunas obras con
miras a detener el posible deslizamiento y lograr que las quebradas Dosquebradas
y Aguazul recuperen su cauce, para que no sigan generando socavación,
desestabilización del terreno, entre otros. En virtud de ello, las entidades se
comprometieron a convocar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en un
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plazo máximo de un mes, para que allí se establezcan las restricciones y
obligaciones de los areneros y las intervenciones requeridas para mitigar el riesgo
existente en el sector de Quintas del Bosque.
13. Por último, adujo que mediante oficio DA-DIGER-200-649 de 10 de
septiembre de 2018 se le informó que no se ha podido realizar el mencionado
consejo. Aunado a ello, señaló que, pese a que la problemática es conocida por las
autoridades desde el año 2013, a la fecha de la presentación de la demanda no han
adelantado las acciones tendientes a que cese la amenaza o vulneración de los
derechos e intereses colectivos.
Actuaciones en primera instancia
La audiencia de pacto de cumplimiento
14. El 20 de junio de 20196 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento,
no obstante, se declaró fallida por falta de fórmulas de arreglo.
Contestaciones de la demanda
15. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER contestó la
demanda el 29 de noviembre de 20187. Se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones que denominó “inexistencia de un derecho legítimo para
responsabilizar a la CARDER – falta de legitimación en la causa por pasiva”, “la falta
de competencia de la CARDER para ejecutar las obras que demanda el actor
constitucional” y “la excepción genérica”.
15.1. La excepción de falta de competencia la sustentó con fundamento en lo
dispuesto en las normas que establecen lo pertinente respecto de las funciones de
los municipios, esto es: la Ley 715 de 2001, la Ley 136 de 1994, el Decreto 919 de
1989 modificado por la Ley 1523 de 2012, la Ley 388 de 1997, la Ley 99 de 1993 y
en la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales –artículo 33 de la
Ley 99 de 1993–.
15.2. Señaló que la Corporación conoció de la posible afectación de carácter
ambiental presentada en el barrio Quintas del Bosque, en el Municipio de
Dosquebradas, debido al inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos y
escombros, así como, respecto de la intervención sobre la zona de retiro de la
6 Cfr. Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, actuación: “Audiencia Pacto de Cumplimiento”.
7 Cfr. Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, pág. 109 del cuaderno “1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 43”.
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quebrada Agua Azul, por lo cual, emprendió su potestad en materia ambiental.
Sobre el particular, precisó que cuando la Procuraduría dio a conocer la situación,
la Corporación ya tenía en ejecución el contrato de obra suscrito con el Consorcio
Dosquebradas, que tenía por objeto realizar obras de protección, control de
erosiones, estabilización de taludes y obras de control del cauce en diferentes
sectores del municipio de Dosquebradas, incluyendo la quebrada Dosquebradas.
15.3. Adujo que los procesos de asentamiento poblacional y el desvío del cauce
por la socavación que realizan los areneros no son objeto de intervención en el
marco de sus competencias, en tanto, el control y prevención le corresponde al
Municipio de Pereira, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo y la Dirección
Operativa del Control Físico.
15.4. Por último, informó que el daño no le es imputable. Al respecto, resaltó que
realizó la visita técnica que determinó la necesidad de requerir al Municipio de
Dosquebradas y a la Empresa Serviciudad, con el fin de realizar las acciones
pertinentes para mitigar la situación y para realizar el seguimiento y control a la
zona, aunado a la ejecución del contrato de obra previamente referido.
16. El Municipio de Dosquebradas presentó escrito de contestación de la
demanda el 28 de enero de 20198, se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones que denominó: i) ausencia de violación o amenaza del derecho
colectivo; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y iii) inobservancia del
principio procesal de la carga de la prueba.
16.1. Señaló que no está probado el nexo causal entre el motivo alegado y el daño
que según refiere el actor padece la comunidad que integra los barrios Quintas del
Bosque, Bombay, Veracruz y Carboneros del Municipio de Dosquebradas.
16.2. Aclaró que, de un lado, no es el encargado de adelantar o de autorizar la
realización de construcciones, sino que esta competencia le corresponde a las
Curadurías Urbanas. Y, por el otro, que no le corresponde otorgar permisos
ambientales, ni de explotación minera, en razón a que, de ello se encargan las
Corporaciones Autónomas Regionales, para este caso, la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda, en términos del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
16.3. Además, adujo que, en respuesta al requerimiento efectuado por el Ministerio
Público, mediante oficio DA-DIGER-200-1053 de 22 de noviembre de 2017, informó
8 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, pág. 195 del cuaderno “1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 43”.
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las gestiones que ha realizado para contrarrestar la amenaza o el daño contingente
en la comunidad de Quintas del Bosque, Bombay, Veracruz y Carboneros del
municipio de Dosquebradas, entre las cuales se destacan las siguientes:
16.4. La Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres - OMPADE
-hoy Dirección General de Gestión del Riesgo-, gestionó recursos ante la Dirección
Nacional del Riesgo, por un monto equivalente a los tres mil millones de pesos ($
3.000.000.000), dinero con el cual se realizó la construcción de las obras de
mitigación de riesgo en varias quebradas del municipio, entre ellas la Quebrada
Dosquebradas a la altura de la urbanización Quintas del Bosque.
16.5. La presentación de un proyecto ante el Fondo de Adaptación de la
Presidencia de la República, por valor de dieciséis millones de pesos
$16.000.000.000, para la realización de obras de mitigación de riesgo para los
diferentes sectores afectados por las Quebradas del municipio de Dosquebradas.
16.6. La Oficina de Prevención y Atención de Desastres -OMPADE- hoy Dirección
General de Gestión del Riesgo, la CARDER, la Curaduría Urbana número 1 y la
Secretaría de Gobierno -área de Control Físico-, realizaron visita técnica al Barrio
Quintas del Bosque, que evidenció la necesidad de intervenir la ocupación del cauce
de las quebradas mediante permiso de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda, así como, la importancia de formular un proyecto tendiente a la reducción
del riesgo por fenómenos de socavación en las quebradas, que deberán incluir
diferentes obras en el barrio Quintas del Bosque.
16.7. De igual modo, destacó que está a la espera de las obras de estabilización
en el Barrio Bombay, manzana 52. Agregó que se han asignado responsabilidades
específicas en la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiental, así como en la
Dirección General de Gestión del Riesgo, dependencias que se encuentran en
proceso de estructuración de procedimientos para la adopción de planes de
contingencia y sistemas de alarma. Asimismo, indicó que la Secretaría de Gobierno
municipal a través de la dependencia de control físico, ha ejercido funciones legales
y reglamentarias en cuanto al control sobre la ocupación del espacio público.
16.8. En punto a la problemática generada por la extracción de materiales de
arrastre como arena y gravilla en las quebradas del municipio, expresó que, ha
adelantado gestiones ante el Si Minero adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el
SENA y el Departamento de Risaralda, con el fin de adelantar un plan de
reconversión de la actividad económica, con el propósito de restringir la actividad
minera en las quebradas del municipio. Adicionalmente, señaló que, de conformidad
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con la visita técnica adelantada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión
Ambiental municipal constató la extracción de material de río, arena, gravilla y piedra
de mano; sin embargo, adujo que dicha actividad ya se encuentra limitada y
restringida en la actualidad dentro del perímetro urbano del municipio, según lo
dispuesto en el Decreto 1102 de 2017.
16.9. A su vez, subrayó que ha adelantado acciones pertinentes para contrarrestar
el daño contingente que presuntamente se viene generando; que, aunque no ha
logrado contrarrestar totalmente la amenaza a los derechos, sí ha venido
desplegando acciones tendientes a la mitigación del riesgo ambiental que se está
generando con ocasión de los procesos de socavación que se están presentando
actualmente.
Sentencia proferida, en primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia9 el 30 de julio de
2021, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] 1. DECLÁRASE el agotamiento de la jurisdicción, respecto de las pretensiones
relacionadas con la Urbanización Quintas del Bosque frente a la quebrada Aguazul,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. DECLÁRANSE NO PROBADAS LA EXCEPCIONES, propuestas por las entidades
demandadas, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de este fallo.
3. DECLÁRANSE VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y la prevención de desastres técnicamente previsibles
y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes, por las omisiones del municipio de Dosquebradas
y la CARDER en el sector de la urbanización Quintas del Bosque frente a la quebrada
Dosquebradas y de las comunidades de Bombay, Veracruz y Carboneros colindantes
con las quebradas Dosquebradas y Aguazul, de conformidad con lo expresado en la
parte considerativa de la presente providencia.
4. ORDENÁSE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y la prevención de desastres técnicamente previsibles
y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes, para lo cual la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda CARDER y el Municipio de Dosquebradas deberán efectuar las
siguientes actuaciones:
4.1. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, en el plazo de tres
(3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, deberá realizar
y entregar a la Administración Municipal de Dosquebradas, los estudios técnicos para
efectuar las obras de mitigación de riesgo para ser ejecutados en los taludes de las
comunidades de Quintas del Bosque al lindar con la quebrada Dosquebradas y de
Bombay, Veracruz y Carboneros que colindan con las quebradas Dosquebradas y
Aguazul.
9 Ibidem 1.
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4.1.1. Iniciar y llevar hasta su terminación, en coordinación con el Municipio de
Dosquebradas, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones
administrativas para determinar los responsables y las infracciones ambientales por
extracción de material de arrastre, por parte de los denominados areneros, en el
sector de Quintas del Bosque al lindar con la quebrada Dosquebradas y de Bombay,
Veracruz y Carboneros que colindan con las quebradas Dosquebradas y Aguazul.
4.1.2. Establecer y ejecutar en coordinación con el Alcalde Municipal de
Dosquebradas, las actividades de reforestación y cuidado de los taludes en el sector
de Quintas del Bosque al lindar con la quebrada Dosquebradas y de Bombay,
Veracruz y Carboneros que colindan con las quebradas Dosquebradas y Aguazul.
4.2. El Municipio de Dosquebradas deberá ejecutar las obras de mitigación del riesgo
de deslizamiento sobre los taludes del margen de la quebrada Dosquebradas a la
altura de la Urbanización Quintas del Bosque, y al margen de las quebradas Aguazul
y Dosquebradas a la altura de las comunidades de Bombay, Veracruz y Carboneros,
en las condiciones técnicas y ambientales que fije la CARDER, para lo cual contará
con un término de seis (6) meses una vez recibidas las especificaciones por parte de
la CARDER.
4.2.1. El Alcalde del municipio de Dosquebradas cumplirá de manera inmediata las
obligaciones señaladas en el artículo 306 del Código de Minas, sobre la suspensión
de la actividad que se ejerza sin título.
4.2.2. Ejecutar, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, las medidas de reforestación del talud en el sector de Quintas del Bosque
al lindar con la quebrada Dosquebradas y de Bombay, Veracruz y Carboneros que
colindan con las quebradas Dosquebradas y Aguazul.
4.2.3. Proceder con los trámites necesarios para determinar el trazado real del
colector de las quebradas Dosquebradas y Aguazul, con el fin de determinar su franja
de protección y zona de influencia; consecuentemente se deberá expedir el respectivo
acto administrativo que determine las zonas de protección, el cual deberá ser
publicado, con el fin de que las Curadurías Urbanas no expidan licencias urbanísticas
para construcción en territorios protegidos y sin respetar los distanciamientos con las
fuentes hídricas.
4.2.4 Velar por el cumplimiento de las normas al momento de realizar construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos, con el fin de evitar que se desarrollen proyectos
de construcción sin respetar todos los requisitos legales y ambientales que dispone
el ordenamiento jurídico.
5. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual
estará integrado por la demandante o quien haga sus veces en calidad de
Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, un delegado del municipio
de Dosquebradas y de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, un
representante de las comunidades de Quintas del Bosque, Bombay, Carboneros y
Veracruz, el Procurador Judicial No. 37 en Asuntos Administrativos de la ciudad de
Pereira y esta corporación judicial, de conformidad con lo considerado en esta
sentencia.
6. Sin costas en esta instancia.
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda, de un lado, declaró no probadas las
excepciones propuestas por las entidades demandadas. Y, por el otro, aplicó la
figura del agotamiento de la jurisdicción respecto de la afectación a la comunidad
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de Quintas del Bosque por los riesgos presentados por la quebrada Aguazul, luego
de considerar que se satisfacían los presupuestos establecidos en la sentencia de
unificación10, respecto de la providencia proferida en el proceso con número único
de radicación: 66001- 23-33-000-2013-00290-00, accionante: Personería Municipal
de Dosquebradas, accionados: Municipio de Dosquebradas, Departamento de
Risaralda, CARDER, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Fondo de
Adaptación, con ponencia de la Magistrada Dufay Carvajal Castañeda.
19. En virtud de lo anterior, el a quo delimitó el objeto de pronunciamiento. En
ese orden de ideas, planteó si existe omisión de las autoridades demandadas para
atender la situación de riesgo, en las comunidades de Bombay, Veracruz y
Carboneros, debido a la afectación como consecuencia de los procesos de
socavación que se están generando en el cauce de las quebradas Dosquebradas y
Aguazul, así como, por la actividad de los areneros y la invasión de áreas forestales
protectoras con cultivos y viviendas. En lo que respecta a la comunidad Quintas del
Bosque, indicó que se limitaría a analizar la situación de riesgo respecto de la
quebrada Dosquebradas.
20. De conformidad con las pruebas aportadas al proceso, el Tribunal concluyó
que tanto la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER como el
municipio de Dosquebradas coincidieron en señalar que para evitar que se sigan
presentado deslizamientos de tierra, resulta necesario que la franja de terreno
aledaña a las quebradas cuente con una cobertura vegetal adecuada que permita
una cohesión con las partículas del suelo.
21. Asimismo, indicó que la situación que presenta la quebrada Dosquebradas y
su incidencia en el talud sobre el que se encuentran construidas las comunidades
de Bombay, Quintas del Bosque, Veracruz y Carboneros es generada por la
extracción artesanal de materiales de arrastre de la quebrada Dosquebradas, que
llevan al desvío del cauce –a su encuentro con ambos costados de los taludes–, así
como a la socavación, lo que genera erosión y desprendimiento de tierra de la parte
alta.
22. Determinó que, pese a que desde el año 2017, la parte actora informó de la
situación, las autoridades accionadas no han adoptado las medidas pertinentes
para mitigar el socavamiento y el desprendimiento del talud, a tal punto que, en el
sitio donde se ubican las comunidades de Quintas del Bosque, Veracruz y Bombay,
10 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 11 de septiembre de 2012, número único de radicación: 41001-
33-31-004-2009-00030-01(AP), actor: Néstor Gregory Díaz Rodríguez, demandado: Municipio de Pitalito,
ponente: Susana Buitrago Valencia.
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se han generado unos taludes demasiado altos que presentan desprendimientos y
deslizamientos de materiales que fueron evidenciados en la visita que realizó la
Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER del Municipio de Dosquebradas. Además,
concluyó que las medidas adoptadas para el control de la minería artesanal no han
generado impacto alguno en la solución del riesgo presentado.
23. En tal sentido, consideró que se encontraba demostrada la vulneración de
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevención
de desastres técnicamente previsibles y la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes. Lo anterior, en consideración –en su orden respectivo– a la invasión del
área forestal protectora de las quebradas Dosquebradas y Aguazul, por la
contaminación de residuos sólidos, el desvío y manipulación de su cauce con la
actividad de extracción de materiales por parte de los areneros; por la omisión de
las autoridades pese a la identificación del riesgo; y, debido a la existencia de
viviendas construidas sobre el área forestal protectora sin licencia.
24. Bajo esta línea de argumentación, subrayó que, en lo que atañe a la
quebrada Dosquebradas en el sector de la Urbanización Quintas del Bosque y
respecto de las quebradas Aguazul y Dosquebradas, en relación a las comunidades
de Bombay, Veracruz y Carboneros, se presenta: (i) La extracción de material de
arrastre por parte de los denominados areneros , (ii) la falta de reforestación de la
zona de protección y (iii) la falta de control por parte de la administración municipal
en materia urbanística, al permitir la construcción de viviendas sin respetar las
determinantes ambientales establecidas en el ordenamiento jurídico.
25. Así las cosas, el a quo consideró que el Municipio de Dosquebradas y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER son las entidades
competentes para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos.
Y, con sustento en esta consideración, les ordenó: de un lado, a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER que en el plazo de tres (3) meses
realice y entregue a la administración municipal de Dosquebradas los estudios
técnicos con el objeto de determinar las obras de mitigación del riesgo que sean
necesarias en la quebrada Dosquebradas, por la comunidad Quintas del Bosque, y
Dosquebradas y Aguazul, respecto de las comunidades de Bombay, Veracruz y
Carboneros. Además, le ordenó iniciar en coordinación con el Municipio de
Dosquebradas y llevar hasta su terminación las actuaciones administrativas para
determinar las infracciones ambientales por extracción de material de arrastre, por
parte de los areneros. Y, establecer y ejecutar en coordinación con el Municipio de
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Dosquebradas las actividades de reforestación y cuidado de los taludes en el sector
Quintas del Bosque, respecto de la quebrada Dosquebradas; y, de Bombay,
Veracruz y Carboneros que colindan con las quebradas Dosquebradas y Aguazul.
26. Y, por el otro, al Municipio de Dosquebradas que: i) ejecute las obras civiles
de mitigación del riesgo de deslizamiento sobre los taludes del margen de la
quebrada Dosquebradas, en el sector de la Urbanización Quintas del Bosque, y al
margen de las quebradas Aguazul y Dosquebradas a la altura de las comunidades
de Bombay, Veracruz y Carboneros, en las condiciones técnicas y ambientales que
determine la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, para lo cual
contará con un término de seis (6) meses una vez recibidos los estudios de parte
de este ente. ii) Cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 306 del Código
de Minas, sobre la suspensión de la actividad de extracción de arena que se ejerce
sin título. iii) Adoptar las medidas de reforestación del talud en coordinación con la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. iv) Determinar el trazado
real del colector de las quebradas Dosquebradas y Aguazul, con el fin de establecer
su franja de protección y su zona de influencia, para lo cual, deberá expedir el
respectivo acto administrativo que determine las zonas de protección, este deberá
ser publicado, con el fin de que las Curadurías Urbanas no expidan licencias
urbanísticas para construcción en territorios protegidos y sin el respeto de los
distanciamientos con las fuentes hídricas. Y, v) velar por el cumplimiento de las
normas al momento de realizar construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos,
con el fin de evitar que se desarrollen proyectos de construcción sin el respecto de
todos los requisitos legales y ambientales que dispone el ordenamiento jurídico.
Recursos de apelación
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
27. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER11 recurrió la
sentencia de primera instancia mediante escrito presentado el 6 de agosto de
202112. Se opuso a la decisión proferida por el a quo, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia en lo que a su responsabilidad se refiere, en punto a la
vulneración de los derechos e intereses colectivos, así como de las condenas
impuestas, comoquiera que, en su criterio: i) se desconoce que la entidad ha
ejercido las actuaciones correspondientes, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, razón por la cual, no ha incurrido en la vulneración de los
11 Mediante apoderado judicial.
12 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “35_035RECURSOAPELACIONCARDER(.PDF) NroActua 43”.
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derechos e intereses colectivos de las comunidades de Quintas del Bosque,
Bombay, Veracruz y Carboneros; y, ii) no comparte la orden por medio de la cual se
le obliga a realizar los estudios técnicos que darán lugar a la realización de las obras
de mitigación del riesgo, comoquiera que, en su criterio, estos no son de su
competencia.
28. Para argumentar el primer motivo de inconformidad, expresó que la entidad
solo tiene competencia en materia de asesoría y asistencia técnica. En tal sentido,
manifestó que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos que se indican
en la demanda por las presuntas afectaciones ambientales a las comunidades
referidas, consecuencia del desvío del cauce de las quebradas por la actividad de
los areneros, y las construcciones en las zonas de retiro de la fuente hídrica, en
tanto, refiere no existe un nexo de causalidad entre la presunta afectación y la
acción u omisión de la Corporación.
28.1. Al respecto, indicó que, como la labor de la CARDER es de apoyo a las
entidades territoriales en los estudios para la reducción del riesgo, estos deben ser
sufragados por el ente y no por la Corporación, dado que su función es la de emitir
conceptos técnicos –que contienen acciones, medidas y recomendaciones– mientras
que los estudios requeridos para determinar las obras que se deben ejecutar,
incluyen estudios de suelos, geotecnia, control de erosiones, análisis de estabilidad,
manejo de lluvias, entre otros.
28.2. Así, argumentó que la orden de los estudios debe ser revocada o en su
defecto modificada para asignar la obligación de su elaboración a la administración
municipal de Dosquebradas y que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
– CARDER solo preste el apoyo técnico en el marco de sus competencias.
28.3. Indicó que mediante oficio 8568 de 1.° de junio de 2018, informó a la parte
actora de la visita técnica que realizó al sector objeto de esta acción popular y pudo
evidenciar el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos y escombros,
no solo en los alrededores del barrio Quintas del Bosque, sino también en la zona
forestal protectora de la quebrada Aguazul. En virtud de esta situación informó que
ofició al alcalde de Dosquebradas y al gerente de Serviciudad para que adelantaran
las actuaciones necesarias para el retiro de los residuos domésticos y los
escombros de la zona forestal protectora, así como, para que ejercieran el control
respectivo.
28.4. Adicionalmente, expuso que, en virtud de las visitas realizadas por personal
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, se determinó que las actividades
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extractivas en el Municipio de Dosquebradas se pueden catalogar como de minería
de subsistencia, en tanto, no usa maquinaria amarilla, según lo dispuesto en el
artículo 2.2.5.1.5.3. del Decreto 1073 de 201513. Al respecto, adujo que era
competencia del Municipio de Dosquebradas verificar el cumplimiento de los
requisitos para que una persona sea considerada minero de subsistencia y
constatar que la actividad no se realice en zonas excluidas o prohibidas, para lo cual
debe usar el sistema de catastro minero y realizar el registro. Precisó que las
actividades de subsistencia cuentan con prerrogativa ambiental y no requieren de
autorización por parte de la autoridad ambiental, de conformidad con lo regulado en
la Resolución núm. 40103 de 2017 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
Recurso de apelación del Municipio de Dosquebradas
29. El Municipio de Dosquebradas mediante escrito allegado el 4 de agosto de
2021, interpuso recurso de apelación14, en el cual, solicitó revocar la sentencia
proferida en primera instancia, por cuanto –en su criterio– no ha vulnerado los
derechos e intereses colectivos y tampoco ha omitido su deber legal de proteger a
la comunidad en los sectores aducidos en la demanda. Indicó que el no haber
constituido el Consejo de Gestión del Riesgo requerido por la Procuraduría 28
Judicial II Delegada en Asuntos Ambientales y Agrarios no es un hecho que por sí
solo de lugar a la declaratoria de vulneración de los derechos e intereses colectivos
de las comunidades en los barrios Quintas del Bosque, Bombay, Veracruz y
Carboneros. Por el contrario, pidió tener en cuenta la declaración rendida por el
ingeniero Jorge Luis Álvarez López que da cuenta de las distintas intervenciones
que ha realizado el ente territorial con el objeto de mitigar la situación objeto de
demanda.
30. Adujo que no existe prueba fehaciente sobre la actualidad de la situación de
riesgo, en tanto, la Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER, la Secretaría de
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, así como la Secretaría de Gobierno, han
ejercido sus competencias y han adelantado las gestiones tendientes a su
mitigación, así como, a contrarrestar cualquier amenaza en los sectores aludidos,
de conformidad con su capacidad técnica y presupuestal.
31. Aunado a ello, señaló que el municipio no es el encargado de adelantar o de
autorizar la realización de construcciones, sino que ello le corresponde en forma
directa a las Curadurías Urbanas. En idéntico sentido, expresó que tampoco es el
13 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
14 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “34_034RECURSOAPELACIONMPIODOSQUEBRADAS(.PDF) NroActua 43”.
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encargado de otorgar permisos ambientales o para la explotación minera,
comoquiera que, esta competencia corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, en el caso concreto, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda,
según lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
32. Específicamente, en lo atinente a las órdenes impuestas en la providencia,
argumentó que, en caso de que el Consejo de Estado determine en sede de
segunda instancia que existe vulneración de los derechos e intereses colectivos,
tenga en consideración las normas presupuestales para el desarrollo de obras
civiles y considere la ampliación con miras a la ejecución de estas obras de
mitigación.
Recurso de apelación adhesiva interpuesta por Cotty Morales Caamaño
33. La coadyuvante Cotty Morales Caamaño15 interpuso recurso de apelación
adhesiva el 3 de septiembre de 202116, mediante el cual puso de presente su
inconformidad con la sentencia proferida en primera instancia, por cuanto: i) no se
pronunció sobre el apoyo coercitivo de la función administrativa ambiental de la
Policía Nacional, con el propósito de que se adelanten las acciones pertinentes
sobre los responsables de deteriorar los taludes, que dan lugar a la inestabilidad de
los terrenos provocando riesgo y contaminación ambiental; a su vez, adujo que
existe una corresponsabilidad de la ciudadanía por la acumulación de residuos
sólidos, en tal sentido, planteó la necesidad de involucrar a todos los actores que
inciden en la problemática; para ello, pidió que se lleven a cabo campañas
educativas, pedagógicas e incluso coercitivas para el cumplimiento de las normas
urbanísticas y policivo ambientales; ii) planteó que el Municipio de Dosquebradas
informe la vigencia del último censo de puntos críticos de la zona, para efectos de
considerar si es necesario dar una prioridad superior a la prestación del servicio de
aseo; y, iii) solicitó el reconocimiento de las costas procesales en ambas instancias
y la consecuente revocatoria del ordinal sexto de la sentencia proferida en primera
instancia. Exigió le sean reconocidas las agencias en derecho en una cuantía de
ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en el
Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura de 5 de agosto de 2016.
Adicionalmente, indicó que según lo reglado por el Colegio Nacional de Abogados
le correspondería el reconocimiento de diecisiete (17) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
15 A través de apoderado judicial.
16 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “39_039APELACIONADHESIVA(.PDF) NroActua 49”.
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Núm. único de radicación: 660012333000201800421-01
34. Explicó que las costas son un componente del derecho al mínimo vital y, en
consecuencia, pidió resolver sobre “[…] los derechos ius fundamentales colaterales
que han sido vulnerados: los derechos procesales y fundamentales que están
comprometidos del salario mínimo y el salario mínimo vital […] a todos los demás
partícipes en la acción, durante el mismo tiempo y para los mismos efectos, se les
retribuye en dinero su esfuerzo”.
Actuaciones en segunda instancia
35. En auto de 30 de agosto de 202117, el Magistrado Sustanciador concedió en
el efecto devolutivo ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
interpuestos por el Municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - CARDER, contra la sentencia proferida en primera
instancia.
36. El 17 de septiembre de 202118 se repartió este asunto al Despacho Ponente.
Mediante auto de 3 de diciembre del mismo año19, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por el Municipio de Dosquebradas y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER contra la sentencia proferida el 30 de
julio de 2021.
37. Mediante auto de 8 de marzo de 202420, se admitió el recurso de apelación
adhesiva interpuesto por la coadyuvante Cotty Morales Caamaño, contra la
sentencia proferida en primera instancia.
38. En auto de 18 de julio de 2024, el Despacho Ponente negó las solicitudes
probatorias de los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de
Dosquebradas y por la coadyuvante Cotty Morales Caamaño, con fundamento en
que no se subsumen en ninguno de los supuestos fácticos previstos en el artículo
327 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221. Asimismo, en esta providencia, no se
dispuso decretar pruebas de oficio, de conformidad con lo previsto en los artículos
169 y 170 de la misma ley.
39. Las partes no presentaron alegaciones en segunda instancia, ni el Ministerio
Público rindió concepto.
17 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, archivo denominado: “37_AUTORESUELVECONCESIONRECURSOAPELACION(.PDF) NroActua 45”.
18 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“2_ED_CARATULA(.PDF) NroActua 2”.
19 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“4_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION_ADMITEAPE(.PDF) NroActua 4”.
20 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“23AUTOQUEADMITE_APA201842101PROCURAD(.pdf) NroActua 19”.
21 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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Núm. único de radicación: 660012333000201800421-01
40. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes22
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201123.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
41. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) las facultades del juez popular; vi) el derecho colectivo al
goce de un ambiente sano –literal “a” del artículo 4.° de la Ley 472–; vii) el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente –literal “l” del artículo
4.° de la Ley 472–; viii) el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes –literal “m”
del artículo 4.° de la Ley 472–; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; x) el marco normativo sobre
la competencia de las entidades territoriales en materia de gestión del riesgo de
desastres; xi) y, xii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
42. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201924, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y, iii) el 15025 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el
trámite de las acciones populares.
43. La Sala se pronunciará sobre los argumentos expuestos por el Municipio de
Dosquebradas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y la
22 Escrito de 5 de septiembre de 2024.
23 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
24 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
25 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado
Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
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Núm. único de radicación: 660012333000201800421-01
coadyuvante Cotty Morales Caamaño en los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, de conformidad con los artículos 32026, 32227 y 32828 de la Ley 1564,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472.
44. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
45. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 5 de septiembre de 202429, invocando para ello la causal prevista en el numeral
3.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).
46. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.
26 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
27 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de
las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
28 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
29 Cfr. índice 31 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
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47. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13130, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados.
48. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 31, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.
“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”
49. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
50. La Corte Constitucional32 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto
51. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:
52. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
30 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
31 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
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Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.
53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0033, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:
“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).
54. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad que funge como demandante en
este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva
material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este
caso, se configura la causal de impedimento invocada.
55. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numerales 3.° del artículo 130 de la Ley 1437,
conforme se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al
Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.
33 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Problemas jurídicos
56. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por el Municipio de Dosquebradas, la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER y la coadyuvante Cotty Morales Caamaño:
56.1. Si, en el caso sub examine se configura o no la amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano, ii) a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, y iii) a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, por parte del Municipio de Dosquebradas y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, de conformidad con sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en lo que respecta a la
problemática de riesgo de la comunidad de Bombay, Veracruz y Carboneros, como
consecuencia de los procesos de socavación en el cauce de las quebradas
Dosquebradas y Aguazul, así como, en lo que atañe al sector Quintas del Bosque
en relación con la situación de la quebrada Dosquebradas.
56.2. De encontrarse amenazados o vulnerados los derechos e intereses
colectivos por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, la Sala
analizará si esta entidad es competente para realizar los estudios ordenados en la
sentencia proferida en primera instancia.
56.3. De igual modo, de considerar que existe amenaza o vulneración de los
derechos e intereses colectivos de parte del Municipio de Dosquebradas, la Sala
decidirá si debe modificar o no el plazo para la ejecución de las obras para la
mitigación del riesgo, de conformidad con el presupuesto del ente territorial.
56.4. Además, se resolverá si la coadyuvante de la acción popular tienen derecho
o no al reconocimiento de las costas procesales.
56.5. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 30 de julio de 2021 proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Risaralda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
57. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
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colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
58. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
59. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
60. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
61. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”34.
62. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
63. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
64. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
65. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia35, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
35 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
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del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
66. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]36”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano
67. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
68. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
69. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197337 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
36 Ibidem.
37 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
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197438, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.
70. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
71. A su vez, la Corte Constitucional39 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
72. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política40 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
38 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
39 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
40 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
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proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
73. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen
las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.
74. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.
75. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala41 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En
tal sentido ha señalado lo siguiente:
“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
76. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
41 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-
000-2011-00315-01(AP).C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
77. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
78. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]42”.
79. De igual forma, esta Sección, mediante sentencia proferida el 7 de abril de
201143, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad44; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio45; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible46.
80. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho e interés en
mención abarca el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven
de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de
modo que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación número: AP-2005-00901,
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, Consejero ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno, radicación número: 63001-23-31- 000-2004-00688-01(AP).
44 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
45 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
46 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
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contenidas en estos47. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre
usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito;
necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de
conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros48.
81. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, concierne a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y a los particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la colectividad. En
efecto, esta Sección49 ha manifestado al respecto que:
“[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio
de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”
82. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en
materia urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares.
Al tiempo, exige la demostración del daño o la amenaza al interés general 50.
83. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 –relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, acciones, entre otros,
para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres, está
47 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de
2007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
49 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre
de 2010, CP. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.
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orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de vida de las
personas y a su desarrollo.
84. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.
85. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.
86. De la anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.
87. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma
de evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
88. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza,
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entre ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en
la medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento
ambiental del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y
atención de desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes.
Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
89. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201151, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
90. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de la
Ley 152352– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y acciones,
entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, para
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.
51 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y
estructura”.
52 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante
la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.
Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.
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91. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional.
92. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres
se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”.
93. El artículo 5.° de la ley en cita establece que el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.
94. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales,
ambientales, culturales y participativas–.
95. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores
del Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.
96. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.
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97. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.
Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres
98. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.
99. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
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100. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 2011 53 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.
101. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.
102. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.
2. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
53 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
[…]”.
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potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.
3. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.
103. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
104. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199454
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
54“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.
105. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.
Marco normativo sobre las competencias de los municipios en la gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres
106. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y, como conductores del desarrollo local, son responsables directos de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el área de su
jurisdicción, incluyendo su conocimiento y la reducción y el manejo de desastres.
Además, los alcaldes “[…] deberán integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]”.
107. En relación con la función pública del ordenamiento del territorio municipal y
los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión del riesgo, de
conformidad con los artículos 8.°55, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, estos
planes se componen de: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo
no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario de las
zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
55 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021.
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por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de
“[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v)
“[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…]
[l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y
vii) los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.
108. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas
que deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino
también prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.
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109. Según lo dispuesto en el artículo 5656 de la Ley 9.º de 11 de enero de 198957,
los alcaldes tienen la obligación de “levantar y mantener actualizado” un inventario
de las zonas que presenten “altos riesgos” para la localización de asentamientos
humanos por ser inundables o por estar sujetos a derrumbes o deslizamientos, o
que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Además,
deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o desarrollar las
operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en
dichas zonas.
110. A su vez, el artículo 3.° de la Ley 136 modificado por el artículo 6.° de la Ley
1551 de 6 de julio de 2012, en su numeral 9.°, establece como función de los
municipios: “[…] formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial,
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales […]”.
111. En concordancia con lo anterior, el artículo 10.° de la Ley 388 de 18 de julio
de 199758, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, en su literal d)
ordena que los municipios tengan en cuenta en la elaboración y adopción de sus
planes de ordenamiento territorial, las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las
áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
112. De conformidad con los artículos 8.°, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388,
sobre acción urbanística, planes de ordenamiento territorial, contenido del
componente general de los planes de ordenamiento, componentes urbano y rural
del plan de ordenamiento, normas urbanísticas y planes básicos de ordenamiento,
estos planes deben contener, en materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del
territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana y dentro de ellas los suelos
de protección, en especial, por riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos; ii) el inventario de las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por
condiciones de insalubridad; iii) la determinación sobre “[…] las zonas no
urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con
56 Primer inciso modificado por el artículo 5.° de la Ley 2 de 1991.
57 "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes
y se dictan otras disposiciones".
58 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v) “[…] mecanismos para la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para
la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su
transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…] [l]a localización de
terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y vii) los
instrumentos y mecanismos de gestión necesario para la reubicación de la
población en alto riesgo.
113. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 y de la Resolución 448 de 17 de julio de 201459
, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con
otras entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de
alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo
rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos
de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.
114. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención,
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección
financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que
incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de
manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47,
el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de
manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales
de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.
59 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.
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115. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.
116. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán
[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres […]”.
117. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 201660, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la
respectiva competencia, podrá solicitar la concurrencia –en el marco del principio de
tal denominación– del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión del riesgo de desastres.
Análisis del caso concreto
118. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales señalados la Sala procede a resolver el caso concreto.
119. El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró el agotamiento de la
jurisdicción respecto de las pretensiones relacionadas con la Urbanización Quintas
del Bosque en lo referente a la quebrada Aguazul. Además, declaró no probadas
las excepciones propuestas por los demandados. Ahora bien, al encontrar
vulnerados los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER y el Municipio de Dosquebradas, les impartió una serie de órdenes con el
objeto de resolver la situación de riesgo ocasionada en la comunidad afectada.
60 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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120. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, el Municipio de
Dosquebradas y la coadyuvante Cotty Morales Caamaño interpusieron recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, para lo cual
sustentaron que: i) la Corporación y el Municipio no vulneraron los derechos e
intereses colectivos aducidos; ii) la Corporación no es competente para realizar los
estudios que darán lugar a la ejecución de las obras de mitigación del riesgo; iii) el
Municipio no es el encargado de adelantar o de autorizar la realización de
construcciones, sino que ello le corresponde en forma directa a las Curadurías
Urbanas, así como, tampoco es el encargado de otorgar permisos ambientales o
para la explotación minera, en tanto esta competencia le corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales; iv) el ente territorial pidió tener en cuenta
que en caso de confirmar la declaratoria de vulneración de los derechos e intereses
colectivos, se le conceda un plazo mayor para la ejecución de las obras teniendo en
cuenta aspectos presupuestales; v) la coadyuvante pidió tener en cuenta la función
coercitiva de la Policía Nacional en materia ambiental y considerar la existencia de
una corresponsabilidad de los actores involucrados en el proceso erosivo, además,
solicitó que el Municipio de Dosquebradas informe la vigencia del último censo de
puntos críticos de la zona, para efectos de considerar si es necesario dar una
prioridad superior a la prestación del servicio de aseo; y, pidió el reconocimiento de
las costas procesales en ambas instancias.
121. Definido lo anterior, la Sala procederá al análisis del material probatorio y
posteriormente a la resolución de los problemas jurídicos planteados supra.
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
122. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio para posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
123. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes 61
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
124. Copia del Oficio núm. DA-DIGER-200-1053 de 27 de noviembre de 2017, por
medio de la cual se da respuesta al requerimiento núm. PJAA-28-1177, en los
siguientes términos:
61 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, expediente
digital, cuaderno “1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 43”.
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“[…] De manera atenta y respetuosa, me dirijo a usted con el fin de darle respuesta a
su oficio No PJAA-28-1177, donde solicita se le informe las acciones que con
ocasión se haya realizado y adelantar las que sean necesarias con el fin de garantizar
los derechos colectivos de las comunidades de Quintas del Bosque, Bombay,
Veracruz y Carbonero.
Por lo anterior expuesto le informamos que por parte de la Oficina Municipal para
la Prevención y Atención de Desastres OMPADE, se gestionó tres mil millones
de pesos ($3.000.000.000) con los que se construyeron las obras de Mitigación
de riesgo en varias quebradas de nuestro Municipio, incluyendo la Quebrada
Dosquebradas a la altura de la urbanización Quintas del Bosque (Vigas
Transversales) obras ejecutadas dentro de la quebrada, recursos estos
gestionados ante la Dirección Nacional del Riesgo por la segunda ola invernal
2009.
Posteriormente se presentó un proyecto al fondo de adaptación adscrito a la
Presidencia de la República, por un valor de dieciséis mil millones de pesos
($16.000.000.000) estos recursos para la realización de obras de mitigación de riesgo,
para los diferentes sectores afectados, en las diferentes quebradas de nuestro
Municipio.
En el año 2013, le informamos que por parte de funcionarios de la Oficina de
Prevención y Atención de Desastres OMPADE, se realizó visita técnica al barrio
Quintas del Bosque, donde se evidencia socavación lateral margen derecha de
la quebrada Dosquebradas, la cual propende por afectar zona verde. Es de
anotar que la quebrada en su centro creó un playón desviando su cauce hacia
la margen derecha donde afecta el talud en mención. Posteriormente se realizó
visita técnica por parte de funcionarios de la Carder, Curaduría Urbana 1, Control
Físico y Ompade, al barrio en mención, donde la comunidad se quejó de los diferentes
problemas que tienen en su sector, luego de escucharlos se procedió a realizar un
recorrido en el sector donde se observó que los lotes ubicados en la manzana 6 se
encuentran a quince (15) metros de distancia del borde del talud, estando estos
dentro de la zona protectora de la quebrada Dosquebradas, se evidenció el
estado actual de la Vía principal de acceso, esta se encuentra sin pavimentar y viene
siendo afectada por el descole de aguas lluvias y de escorrentías que vienen de la
Avenida ferrocarril. Es de anotar que en la Administración Municipal del exalcalde
JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO, se gestionó recursos' para el proyecto de
pavimentación por Autogestión acometiendo las acciones necesarias como la
pavimentación de la vía de acceso principal con sus respectivas obras de manejo de
aguas superficiales, solucionado parcialmente uno de los problemas presentados
motivo de esta solicitud.
También en la Administración Municipal del exalcalde JORGE DIEGO RAMOS
CASTAÑO, se gestionó ante los entes gubernamentales del orden Departamental y
Nacional los recursos necesarios para la realización de obras de mitigación de riesgo
en las diferentes quebradas de nuestro Municipio.
Estos recursos se gestionaron ante el DPS y se van a ejecutar obras, de las cuales
hace parte el barrio BOMBAY a la altura de la manzana 52 Quebrada Dosquebradas.
Proyecto dentro del cual estaban incluidas obras en la quebrada Dosquebradas a la
altura del barrio 7 de agosto hasta el puente Carbonero, incluyendo obras de
estabilización (muros de contención) a la altura del barrio Quintas del Bosque, sitio
que no fue viabilizado por el equipo evaluador del DPS. Es de aclarar que inicialmente
en el proyecto se incluyó la construcción de obras de mitigación del riesgo en el sector
de Quintas del Bosque.
La intervención de las quebradas debe hacerse con permiso de la Carder mediante
resolución de ocupación de cauce. A la fecha se está a la espera del inicio de las
obras de estabilización en el barrio Bombay manzana 52.
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Por parte de la Oficina Municipal para Prevención y Atención de Desastres
“OMPADE” hoy Dirección de Gestión del Riesgo “DIGER” se está montando otro
proyecto que busca reducir el riesgo por fenómenos de socavación en las
quebradas en diferentes sitios, proyecto en el cual se incluirán las obras del
barrio Quintas del Bosque y la Quebrada Dosquebradas […]”. (Destacado fuera
del texto original).
125. Copia del Oficio núm. 20996 de 11 de diciembre de 2017, suscrito por el
Subdirector de Gestión Ambiental Territorial de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER, en virtud del cual indicó:
“[…] En lo referente a la solicitud del asunto, sobre la comunidad expuesta para los
sectores de Quintas del Bosque, Bombay, Veracruz y Carbonero del Municipio de
Dosquebradas, y referente al desarrollo de obras, nos permitimos informar lo
siguiente:
Actualmente se cuenta con Acta de Inicio de Obra del Contrato 541 de 2016, con
fecha de 23 de noviembre de 2017, proyectado hasta el mes de octubre (sic) de 2018,
en el cual se ha buscado priorizar el inicio de obras que incluye las obras a realizar
en el tramo urbano de la Quebrada Dosquebradas y sus afluentes.
Los sitios priorizados incluyen algunos sectores de la Quebrada Dosquebradas, y
algunos de sus afluentes, específicamente para el barrio Bombay manzana 52, el
Barrio Bosque de la Acuarela etapas 3 y 4, el Barrio Campestre B, el Barrio La Mariana
Sinaí, así como el sector del Barrio Los Naranjos Carrera 16 No. 56 -04, el barrio
Quintas del Campestre, Barrio Carbonero, Conjunto Cerrado Aguazul, Barrio 1 de
agosto y Colegio Juan Manuel González […]”.
126. Copia del Oficio núm. D.A. DIGER 200-1108 del 11 de diciembre de 2017, de
la Dirección de Gestión del Riesgo – DIGER, en la cual señaló:
“Con el propósito de dar información con referencia a la quebrada Dosquebradas en
los tramos comprendidos entre la carrera 12 con calle 57 hasta la calle 60 le
informamos que al sitio en cuestión se realizó la visita técnica por parte de
funcionarios de la Dirección de Gestión del Riesgo DIGER con el fin de
constatar las condiciones en las que se encuentra la quebrada a su paso por
los barrios primero de agosto, Quintas del bosque, Santa Teresita y Bombay
encontrando en este recorrido obras de estabilización en diversos puntos que
presenta problemas relacionados con la socavación lateral y la profundización
de lecho ocasionados en gran parte por la extracción de material de arrastre y
a los altos niveles de contaminación producto del vertimiento de las aguas
residuales y el depósito de toda clase de basuras en la misma, basuras que son
arrojadas en gran medida por las viviendas asentadas en ambas márgenes de
la quebrada.
La quebrada Dosquebradas en el trayecto evaluado (800 metros medidos desde
carrera 11 con calle 60 de recorrido aguas abajo); presenta varios cambios
bruscos de dirección y sentido del caudal de las aguas, provocando una
aceleración en el centro de la curva, llevando consigo material de arrastre el
cual es depositado en la curva interna y genera socavación a la curva externa,
afectando la estabilidad del talud. Los taludes más críticos presentan una
pendiente alta, con grado de inclinación de aproximadamente mayor a 60°
grados con respecto a la horizontal como se muestra fotografía No 1.
Es de influencia directa el tipo de suelo de la zona, las propiedades físicas-mecánicas
del suelo en el sitio afectado, es un suelo proveniente de relleno heterogéneo de
material granular arenoso, bajamente cohesivo, el cual presenta una característica
física de desmoronamiento por absorción de aguas. Estas propiedades del suelo,
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tienden a saturar los vacíos existentes en el suelo, alterando la estabilidad y cohesión
del mismo.
(…) RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
PARA LA ZONA 1 (Barrio Bombay manzana 52)
I- En esta zona más precisamente en el talud de la margen izquierda de la quebrada
Dosquebradas que limita con la manzana 52 del barrio Bombay se gestionaron
recursos al Departamento de prosperidad social DPS, mediante proyecto
gestionado con la CARDER para la ejecución de obras de mitigación en el
municipio de Dosquebradas proyecto que se encuentra en revisión de diseños
y se espera su pronta viabilizarían para dar inicio a las obras de mitigación.
Dentro de las intervenciones proyectadas se incluyeron las obras de control de
profundización de lecho y socavación lateral de la quebrada Dosquebradas.
II- Se recomienda realizar campañas de recolección de basuras y de concientización
a los habitantes del sector con el in (sic) de cambiar la cultura de arrojo de basuras a
las quebradas.
PARA LA ZONA 2 (barrio primero de agosto calle 52)
I- Se recomienda realizar control al depósito de escombros que son arrojados en la
margen izquierda sin ningún tipo de manejo técnico.
II- Se recomienda realizar campañas de recolección de basuras y de concientización
a los habitantes del sector con el fin de cambiar la cultura de arrojo de basuras a las
quebradas.
PARA LA ZONA 3 (barrio santa teresita calle 57 carrera 12)
I- Con relación a la vivienda ubicación en la carrera 12 con calle 57 la DIGER envió
información a el IDM para que desde este ente se analicen los proyectos en los cuales
se pueden incluir estos predios.
II- En la actualidad la empresa SERVICIUDAD se encuentra realizando las obras de
entrega de un descole de su propiedad, proyecto que incluye obras de mitigación del
riesgo en taludes aledaños.
PARA LA ZONA 4 (barrio santa teresita calle 60 carrera 12 - barrio Bombay mz 14)
I- Aunque la obra de estabilización no presenta fallos en su estructura Se recomienda
realizar un análisis técnico y detallado del estado en el que se encuentra la obra de
estabilización ubicada en este punto.
II- Se recomienda realizar obras de control de profundización de lecho (vigas
transversales) antes del inicio de la obra de estabilización con el fin de evitar la
exposición de la cimentación y el eventual deterioro de esta obra.
PARA LA ZONA 5 (Barrio quintas del bosque)
I- Se recomienda realizar labores de manejos de aguas lluvias y de escorrentía
en la corona del talud para prevenir saturación del suelo que puede llegar a
acelerar los procesos de remoción de masas.
II- Es preciso aclarar que no se recomienda la ampliación o reconstrucción de
viviendas en materiales pesados en el sitio, considerando las sobrecargas
adicionadas al terreno.
Nota: Con el ánimo de dar solución a la problemática que se presenta en el
sector la DIGER impulso proyecto de la mano de la CARDER donde se buscaba
realizar obras de mitigación en nueve (9) sectores del municipio que presentan
afectaciones relacionadas con fenómenos de remoción en masa, proyecto que
incluía la construcción de obras de mitigación en la quebrada Dosquebradas y
que beneficiaría el barrio Quintas del bosque, proyecto que fue viabilizado por
el DPS y siendo esta la entidad encargada de financiar el proyecto realizó visitas de
verificación y validación en el municipio con el fin de viabilizar y priorizar las zonas
donde se realizarían las obras, priorización que redujo el número de puntos
beneficiados a siete (7), excluyendo las obras a realizar en la quebrada Dosquebradas
y que beneficiarían al barrio quintas del bosque. Con relación a las actuaciones que
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se han adelantado por parte de la administración municipal sobre la quebrada
Dosquebradas en los barrios a los que usted hace referencia a continuación se
describen las obras de mitigación que se han ejecutado en el sector y sectores
aledaños. (Es de aclarar que las obras de mitigación ejecutadas en el sector y
en los sectores aledaños no están enfocadas a mitigar la problemática puntual
que se presenta en el sector, es por esto que la DIGER se encuentra
gestionando recursos para solucionar la problemática presentada en el talud
contiguo al barrio quintas del bosque […]”. (Destacado fuera del texto original).
127. Copia del Informe de la Contraloría elaborado con ocasión de la visita
realizada el 12 de febrero de 2018 al sector Quintas del Bosque, según el cual:
“[…] 1. No es posible evidenciar: medidas de mitigación ambiental, constituidas
como el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración
y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el
desarrollo de un Proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos
naturales involucrados y la protección del medio ambiente.
2. No se evidencia un programa de actividades constructivas y de coordinación
que minimice los efectos ambientales indeseados. Como resultado
particularmente relevante en relación con las técnicas de extracción del
material de rio y construcción, conexión con cañerías existentes, etc.
3. No se evidencia la asignación de responsabilidades específicas al personal en
relación con la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de
mitigación.
4. No se evidencian ‘Planes de Contingencias’ y sistemas de alarma específicos,
en caso de ocurrir un siniestro ocasionado por la desestabilización del terreno
para los moradores del sector.
5. No se evidencia un control físico, toda vez que se ve la construcción obras nuevas,
ver licencias de construcción y otras que al parecer no fueron informadas a las
autoridades competentes.
6. Se evidencia la problemática generada por la extracción de materiales de
arrastre como arena y gravilla en las quebradas visitadas del sector, “Quintas
del Bosque de Dosquebradas […]”. (Destacado fuera del texto original)
128. Copia del Oficio núm. SDAGA-300-240 de 02 de marzo de 2018, elaborado
por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del Municipio de
Dosquebradas, que da respuesta a la problemática relacionada con la extracción de
material de río, contaminación por residuos sólidos y líquidos, en el área forestal
protectora de la Quebrada Dosquebradas a la altura del barrio Quintas del Bosque
del Municipio de Dosquebradas, en el que se indica lo siguiente:
“[…] [L]a Dirección de Gestión Ambiental de esta Secretaría Municipal, realizó
visita técnica a la Quebrada Dosquebradas, en fecha 27 de febrero del año en
curso, a la altura del sector Quintas del Bosque, rindiendo informe acerca del
resultado de la visita, evidenciando la presencia de extracción de material de
río arena, gravilla y piedra de mano, actividad que se encuentra limitada y
restringida dentro del perímetro urbano de la ciudad, lo cual genera afectación
ambiental en dicho sector.
Teniendo en cuenta que el literal i), del artículo 5o del Decreto 1504 de 1998,1 ubica
las quebradas dentro de las zonas para la conservación y preservación del sistema
hídrico, es decir, hacen parte del espacio público municipal, y la extracción de
material de rio es una actividad que afecta dicho espacio público natural, la
competencia para tomar acciones sobre las personas que vienen realizando
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dicha actividad de forma irregular corresponde a la Secretaría de Gobierno
Municipal, especialmente al área de control físico […]”. (Destacado fuera del texto
original)
129. Copia de la Licitación Pública núm. 028-2016, que dio lugar a la suscripción
del Contrato de obra civil entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER con el consorcio Pereira Dosquebradas, con el siguiente objeto: “El
CONTRATISTA se compromete para con la CARDER, [en la] construcción de obras
de protección, control de erosión, estabilización de taludes, y obras de control de
cauce en sectores varios de los municipios de Pereira y Dosquebradas en el
Departamento de Risaralda”.
130. Copia del Oficio núm. 8589 del 01 de junio de 2018, en virtud del cual el
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER le responde a la Contraloría en los siguientes términos:
“[…] En atención al oficio N°6311 del 23 de mayo de 2018, mediante el cual LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA traslada el derecho de petición 2018-
137823-80664-NC, donde se denuncia al ‘Municipio de Dosquebradas y varias de sus
dependencias como altos generadores de contaminación ya que autorizar regar
materiales de escombros en vías, humedales, lagunas, fuentes hídricas etc’, se le
informa lo siguiente:
Las conductas relacionadas con la anterior descripción se vinculan a continuación.
La disposición de material sin previa autorización de la Entidad, constituye una
infracción ambiental debido a que la disposición de escombros está regulada
mediante la Resolución 472 de 2017, por la cual ‘se reglamenta la gestión
integral de residuos generados en las actividades de Construcción y
Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones’ lo anterior y considerando
que no está permitido dentro de los usos establecidos en las franjas destinadas
para protección de corrientes hídricas la disposición de escombros y material
sobrante de descapote y excavación.
Por lo tanto, se requiere a la Administración Municipal dar el adecuado manejo
de los residuos generados de construcciones y demolición ajustándose a lo
establecido en Art 17 de la Resolución 472 de 2017 […]”. (Destacado fuera del
texto original)
131. Copia del Oficio de 3 de febrero de 2020, por medio del cual la Empresa
Industrial y Comercial del Estado – SERVICIUDAD ESP, da cuenta de las gestiones
adelantadas con el Municipio de Dosquebradas, tendientes a la realización de obras
de mitigación del riesgo en los sectores por los cuales corre el cauce de las
quebradas en los barrios Quintas del Bosque, Bombay, Veracruz y Carboneros, en
los siguientes términos:
“[…] 1. Que los habitantes de los barrios Quintas del Bosque, Bombay y Veracruz, no
son usuarios de SERVICIUDAD E.S.P, toda vez que los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, son prestados por la Compañía de Servicios
Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P. - ACUASEO, razón por la cual no tiene
competencia para ofrecer una respuesta frente a este punto.
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2. A través del personal profesional, técnico y operativo ha realizado visitas de
inspección en el sector del barrio Carboneros, los cuales son usuarios de la
SERVICIUDAD E.S.P., donde no se evidencia que la infraestructura de la empresa
no se encuentra generando afectación alguna al talud aledaño. En la actualidad, esta
empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, a través del personal operativo se
encuentra culminando la reposición de un descole del servicio de alcantarillado, en
una longitud de seis metros, el cual fue afectado por un pequeño deslizamiento de
tierra en la parte posterior del barrio Carbonero I, frente a la manzana 3, con lo cual
se mitiga el riesgo sobre la infraestructura de la empresa (ver registro fotográfico).
3. Se considera por parte del personal técnico de SERVICIUDAD E.S.P., que la
entidad competente debe atender las recomendaciones de la DIGER, en cuanto al
terreno aledaño al talud, realizando impermeabilización con zanjas que conduzcan
las aguas lluvias y de escorrentía al afluente cercano o revegetalizar [sic] y convertir
el área en una zona forestal con sus respectivos manejos de aguas para generar el
amarre y recuperar las propiedades del terreno”.
132. Copia del Oficio núm. 1365 de 6 de febrero de 2020, por medio del cual la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER informa las acciones que
ha adelantado en relación con los procesos de explotación minera en las quebradas
Dosquebradas y Aguazul:
“[…] Conforme a las visitas realizadas por personal Adscrito a la Subdirección de
Gestión Ambiental Sectorial, se ha determinado que las actividades extractivas
realizadas en el municipio de Dosquebradas, se pueden catalogar como minería de
subsistencia en atención a que no se ha observado maquinaria amarilla para la
realización de la misma, tal y como lo define el decreto 1073 de 2015, Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía en su artículo en su artículo 2.2.5.1.5.3 […].
Adicional a la realización de la actividad conforme lo describe el artículo anterior, El
minero de subsistencia debe registrarse ante la alcaldía municipal donde desea
realizar la actividad minera. Las Alcaldías deben realizar el registro en el SI.MINERO
y solo hasta cuando son aprobados por la Autoridad municipal, aparecerán publicados
en el RUCOM.
Paralelo a lo anterior, como mecanismo de regulación y en atención a que las
actividades de subsistencia cuentan con prerrogativa ambiental, ya que para su
ejercicio no requiere ninguna autorización de parte de la Autoridad Ambiental, se
establecieron unos límites para su explotación en el año 2017 por parte del Ministerio
de Minas y Energía mediante la resolución No. 40103 de hasta 120 M3, para arenas
y gravas de rio […]”.
133. Copia del Concepto Técnico núm. DA- DIGER-200-0312 de 18 de marzo de
2021, en el que se indica:
“[…] RECOMENDACIONES
I. Se recomienda de manera reiterativa, acatar cada una de las recomendaciones
realizadas por parte de esta oficina en algún momento, referente a los diferentes
conceptos técnicos y oficio que se han generado: DA-DIGER-200-266 del año 2018,
DA-DIGER-200- 1414 del año 2019, DA-DIGER-200-756 del año 2020 y un oficio con
número de radicado interno DA-DIGER-200-239 del presente año.
II. Se recomienda de manera general a los habitantes de estas Manzanas en el barrio
Quintas del Bosque, no realizar modificaciones que afecten la naturaleza de las
laderas de las quebradas anteriormente mencionadas y hacer seguimiento periódico
a las características de los mismos y comunicarse con la Dirección de Gestión del
Riesgo “DIGER” en caso de observar anomalías, que involucren nuevos
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desprendimientos, agrietamientos, subsistencias o afloramientos de agua anómalos
sobre el talud.
III. Se recomienda remover todos los materiales de origen antrópico que reposan
sobre el terreno, con el fin de evitar afectar las características del mismo, tanto en sus
propiedades mecánicas como ambientales.
IV. Se recomienda de manera general a los habitantes de estas Manzanas en el barrio
Quintas del Bosque como medida de reducción a corto plazo, implementar los
sistemas de manejo de aguas lluvias en las cubiertas, con canales y bajantes que
redireccionen el agua a cámaras colectoras o sitios donde no se genere ningún tipo
de afectación, con el objetivo de evitar que estas aguas caigan directamente sobre el
terreno y a su vez sobre el material expuesto, producto de los deslizamientos
recientes.
V. Se recomienda de manera general a los habitantes de estas Manzanas en el Barrio
Quintas del Bosque, implementar canales perimetrales; construidos en materiales
impermeables como concreto o material geotextil que direccionen el agua a cámaras
colectora, con el fin de evitar que las aguas lluvias y de escorrentía causen procesos
erosivos superficiales sobre el terreno y, reduzcan la filtración y saturación de los
suelos, además se deben realizar manejos de aguas sub-superficiales (drenes
horizontales) con el fin de disipar las aguas que vierten directamente en el terreno
evitando la saturación e inestabilidad de los mismos.
VI. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Dirección Operaria de
Gobierno, en consideración con el artículo 49 del Decreto Municipal 117 del 29 de
junio de 2019, por el cual se estable que ‘la Dirección Operativa del Gobierno tiene a
cargo el ejercicio de la actividad de inspección, vigilancia y control sobre el
cumplimiento de las normas urbanísticas en los procesos de crecimiento urbano y
todo aquello que produzca deterioro del patrimonio histórico e invasión del especio
público’. Con el fin de que se tomen medidas pertinentes sobre la legalidad de los
predios construidos y por construir situados dentro y cerca de la ZFP de las quebradas
Santa Isabel y Agua Azul. Solicitamos amablemente brindar información de las
accionantes que realicen a estar oficina.
VII. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Gestión Ambiental, en consideración con el artículo 43 del Decreto
municipal 117 del 29 de junio de 2018, para que estudien la posibilidad de
implementar una recuperación forestal del terreno expuesto en los diferentes puntos
del barrio Quintas del Bosque, a partir de especies vegetales que brinden fijación y
amarre de los suelos, además de cumplir una función biomecánica frente a los
diferentes agentes erosivos. Del mismo modo para lo relacionado a los permisos y
regulaciones del uso favorable del suelo en los diferentes sectores de este barrio,
anteriormente mencionados, del mismo modo para lo relacionado a las actividades
de explotación de material de arrastre en los lechos de las quebradas anteriormente
mencionadas y lo relacionado a la ejecución de estas actividades, y además acciones
que desde su competencia consideren pertinentes. Solicitamos amablemente brindar
información de las acciones realizadas a esta oficina.
VIII. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Secretaria de Obras
Públicas e Infraestructura, en consideración con el artículo 63 del Decreto Municipal
117 del 29 de junio de 2018, para el mantenimiento y reposición del equipamiento
municipal sobre estos sectores del barrio Quintas del Bosque; contribuyendo así a la
estabilidad física de las obras estructurales de disipación, situadas en los diferentes
puntos de la Quebrada Agua Azul junto a este barrio.
IX. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a Serviciudad ESP, para lo
relacionado al descole de aguas residuales sobre los afluentes hídricos anteriormente
mencionados, lo anterior es pertinente dado el histórico registrado para esa oficina
referente al barrio Quintas del Bosque.
X. Se recomienda enviar copia de este concepto técnico a la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER, en consideración al artículo 31 de la Ley 1523 del
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2012, el cual menciona que las coporaciones [sic] autónomas regionales o de
desarrollo sostenible, para efecto de la presente ley se denominarán como integrantes
del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por
la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que modifiquen. Apoyarán a las
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo. Del mismo modo para lo relacionado a los permisos y regulaciones del uso
favorable del suelo y explotación de materiales de arrastre en este punto del barrio
Quintas del Bosque”.
134. Testimonio del Ingeniero Civil Jorge Luis Álvarez López rendido en la
audiencia de pruebas celebrada el 14 de noviembre de 2019, en virtud del cual
señaló:
“[…] [L]a situación que se presenta en este punto, si bien tiene unos factores
detonantes que son los areneros, es propia de la naturaleza misma de las quebradas
del municipio, Dosquebradas es un municipio muy particular por la forma en que
creció y el sitio donde se fundó, el sitio donde se fundó el municipio como tal, los
suelos son técnicamente denominados suelos jóvenes, porque están compuestos por
suelos fluvio-lacustres, o sea que Dosquebradas hace muchos años estuvo bajo
agua, entonces hace que los suelos sean de características muy blandas, debido a
esas características de los suelos, en el municipio se dan unos fenómenos muy
peculiares, que es el fenómeno de socavación y de profundización de las quebradas,
entonces las quebradas anualmente se empiezan a profundizar unos centímetros,
entonces en el transcurso de los cientos de años, pues esos centímetros se
convierten en metros y esa profundización hace que el cauce de las quebradas se
ensanche en algunos sitios. En el punto particular de Quintas del Bosque, Veracruz y
Bombay, se han generado unos taludes muy altos que han generado afectación de
desprendimientos y deslizamientos de materiales como los que se evidencian en el
sitio, en los recorridos que se han hecho. El fenómeno ha sido progresivo, no
solamente en ese sitio sino en otros sitios por la misma dinámica de las quebradas,
en épocas de lluvia el material de arrastre de las quebradas aumenta, aumentando
ese tipo de fenómenos. Con relación a la Administración municipal en ese sector hace
aproximadamente unos 10 años, se construyeron una serie de barreras transversales,
desde el sector de Santa Teresita hasta el puente de Boquerón, esas vigas
transversales son como vigas en concreto que tratan de reducir los efectos de
socavación y profundización de la quebrada, adicional a eso en este momento se
encuentran en ejecución unas obras de mitigación en el sector de Bombay III, también
se han hecho obras de mitigación en el sector de Bombay II, en varios tramos de la
ladera se han venido realizando obras de mitigación a lo largo de los años, nosotros
hace aproximadamente tres años y medio, cuatro años, de la mano de la CARDER
montamos un proyecto para construcción de obras de mitigación en los municipios de
Pereira, Dosquebradas y Belén de Umbría, uno de los sitios que se priorizó por parte
de la DIGER era el punto de Quintas del Bosque, pues afortunadamente el proyecto
salió avante y se vio beneficiado, pero cuando vinieron los del equipo técnico del DPS,
no viabilizó unos puntos y dentro de los puntos que no se viabilizó fue la intervención
en Quintas del Bosque, entonces puntualmente en ese barrio a la fecha no hay una
obra de mitigación para estabilizar el talud. (…) Preguntado: hasta qué punto la
actividad de los areneros genera la afectación de la quebrada en relación con el
caudal y el tema de los taludes en los sectores antes mencionados. Contestó: a la
fecha no hay como un estudio concreto que determine el impacto ambiental que
puedan generar esas actividades que están haciendo ellos en la quebrada, lo que
nosotros como municipio tratamos de hacer es evitar que la quebrada profundice su
lecho, cuando ellos extraen material de la quebrada, lo que ellos están haciendo es
de cierta manera acelerando un poco ese proceso, pero no hay un estudio que a hoy
nos diga “los areneros extraen tantos metros cúbicos de material al año y eso genera
x o y afectación”, entonces lo que nosotros hacemos en los sitios donde ellos trabajan
y principalmente aguas abajo es evitar que la quebrada se profundice demasiado para
no tener afectaciones en los taludes ribereños. […] los procesos de socavación y
profundización de las quebradas se dan en todo el municipio y no están relacionadas
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directamente con el actuar de los areneros, ya que ellos solamente están en la
quebrada Dosquebradas; la quebrada Dosquebradas es la quebrada principal del
municipio y lo atraviesa en toda su longitud, las otras 30 - 32 quebradas, tributan sobre
ella, la quebrada Dosquebradas es la que controla la dinámica fluvial del municipio,
entonces en los puntos donde los areneros trabajan pues se observa que puede haber
una mayor afectación, pero no necesariamente los procesos de socavación y
profundización que se dan en el municipio están asociados a los areneros, es un
proceso natural que se da particularmente en Dosquebradas por las condiciones
geotécnicas o geológicas del municipio; entonces lo que hacen los areneros son como
un factor detonante, así como la lluvia, así como la saturación de suelos, así como las
pendientes, así como el uso de suelos, entonces un factor que acelere ese tipo de
fenómenos en los taludes puede estar asociado a la actividad de los areneros, pero
como les digo a hoy no hay un estudio de impacto que determine la cantidad de
material que ellos extraen en el año, el tipo de material, como lo hacen, o sea no hay
como un estudio que determine bien el actuar de ellos, hace unos 6-7 años con la
Secretaría de Gobierno, se intentó regular un poco el tema de los areneros, pero ante
el Ministerio los areneros manifestaban que ellos no sacaban mucho material, que
ellos extraían menos de una volquetada [sic] diaria, pero ante el municipio ellos decían
que extraían más de 6-7 volquetadas [sic] diarias, entonces no hay como un valor o
un estudio que permita determinar cuál es el volumen de material que ellos extraen
diario o semanal de la quebrada Dosquebradas… toda actividad que se realice dentro
de la quebrada genera un impacto sobre la misma y sobre la dinámica de los cauces…
se presentan dos situaciones, si no están los areneros se van a generar efectos de
socavación en los taludes, hasta dónde?, no lo podríamos determinar porque
depende de factores como el clima, factores como el tipo de suelo en la zona donde
se esté haciendo el análisis, si nosotros miramos el mismo sitio donde se están
generando los procesos de socavación y profundización del lecho sin areneros, se
van a generar unos procesos y con areneros lo que se esperaría es que los procesos
fueran un poco más acelerados por la dinámica del ejercicio que ellos realizan, porque
la profundización del lecho, es que el nivel de la quebrada anualmente empieza a
disminuir, si ellos están en el nivel de la quebrada y empiezan a extraer material, pues
el nivel de la quebrada va disminuir un poco más acelerado, que tan acelerado o que
tanto no, depende de la cantidad de material que ellos extraigan y como les digo, no
hay un estudio que nos permita determinar los areneros de este sector sacan 100 o
200 volquetadas [sic] diarias o una volquetada [sic] diaria, si se hiciera un análisis de
la cantidad de material que ellos extraen diario, semana o anual del lecho de la
quebrada, pues nosotros podríamos asociarlo un poco más fácil al nivel de
profundización o a un aumento al nivel de profundización en esos sitios, pero
definitivamente ellos sí generan un impacto en el lecho de la quebrada en los sitios
donde ellos trabajan y por eso en esos sitios se prioriza la construcción de barreras
transversales tratando de reducir ese impacto que ellos generan sobre el lecho de la
quebrada… en ocasiones las barreras transversales han sido utilizadas como rampas
por parte de los areneros para ingresar las volquetas y que estas sean cargadas
desde esta zona.
Sobre la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
135. Para efectos de resolver las inconformidades propuestas por el Municipio de
Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
resulta del caso señalar, en primer lugar, las competencias de las entidades
demandas en el marco de lo resuelto por el a quo.
136. El Tribunal Administrativo de Risaralda encontró probada la vulneración de
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente previsibles y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
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jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes por parte del Municipio y la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER.
137. Al respecto, la Sala considera oportuno resaltar las competencias de estas
entidades con miras a resolver acerca de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos. Es sabido que, en materia de gestión del riesgo, el principal responsable
en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza del alcalde, porque estos,
como jefes de la administración local, representan al Sistema Nacional en el
municipio, en tanto, conducen no solamente el desarrollo local, sino que son los
responsables directos de la implementación de los procesos en la materia en su
territorio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres.
138. A los alcaldes y, en general, a la administración municipal, les corresponde
el deber de integrar en la planificación del desarrollo local aquellas acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres. Se trata de
una orden que se enmarca, como se explicó supra, en las competencias previstas
en las leyes 388 y 1523 y que se relacionan, entre otras, con la obligación de
mantener un inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la localización
de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones de
insalubridad, incorporando al ordenamiento territorial la norma relativa a la
prevención de amenazas y riesgos naturales; la localización de “[…] las áreas
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]” y adoptar medidas
para gestionar, controlar, mitigar y prevenir los riesgos.
139. Se resalta que, en los términos de los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523, sobre planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo
y estrategias de respuesta, estas autoridades deben formular y concertar con sus
respectivos consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual
debe estar armonizado con el plan y estrategia nacional, al tiempo que les
corresponde incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública, en la
planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial.
140. En ese sentido y conforme con los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley
715 y de la Resolución 448, los alcaldes deben: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
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inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.
141. Sin embargo, no se puede desconocer que, aun cuando los municipios son
los principales responsables de la gestión del riesgo en su respectivo territorio, en
los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la respectiva
competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, podrá solicitar la concurrencia del respectivo departamento
y de la Nación, con el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de
desastres. Se trata del mandato de “Participación de Propósito General”62 que
establece la existencia de responsabilidades entre la Nación, los departamentos y
los municipios, entre otros sectores, en materia de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial, que permita la
materialización del principio de coordinación.
142. Ahora bien, en relación con las corporaciones autónomas regionales, se trata
de autoridades ambientales cuyas competencias se orientan a la ejecución de
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. En
especial, se trata de autoridades que están facultadas para: i) ejercer funciones de
vigilancia y control; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental; iii)
asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente.
143. De conformidad con lo anterior y de cara a lo probado en el proceso, la Sala
considera que, en este caso existe vulneración de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres
62 Artículos 73, 74 y 76 de la Ley 715.
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previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la
comunidad de los sectores Quintas del Bosque, respecto de la quebrada
Dosquebradas, y de Bombay, Veracruz y Carboneros de acuerdo con la situación
relacionada con las quebradas Dosquebradas y Aguazul, derivada de la erosión y
socavación de los taludes, provocado entre otras causas por la extracción artesanal
de materiales de arrastre de las quebradas.
144. Está probada que la situación de erosión y socavación ha generado
movimientos en masa y desprendimientos de tierra y pese al conocimiento de las
autoridades las acciones emprendidas han resultado ser insuficientes para dar una
solución definitiva a la problemática, por ello, la Sala considera oportuno mantener
la declaratoria de amparo de estos derechos e intereses colectivos, precisando que
las autoridades encargadas desde el punto de vista de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, son el Municipio de Dosquebradas y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER.
Sobre los demás argumentos de inconformidad de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER
145. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER planteó en su
recurso de apelación que no es la entidad que debe realizar el estudio técnico previo
a las obras de mitigación que se deben realizar, en tanto su función únicamente es
de apoyo, y en tal sentido emitió los conceptos que ha presentado al Municipio.
146. Al respecto la Sala considera que, la elaboración de los estudios técnicos
debe ser atribuida de manera coordinada al Municipio y a la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER, ello, en tanto, si bien las funciones de la
Corporación son de apoyo, también, resulta cierto que tiene funciones de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, lo que le permite: i) celebrar
contratos y convenios con las entidades territoriales; ii) promover y ejecutar obras
de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces
y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de
su jurisdicción; iii) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables; entre otras, en el marco de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99.
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147. En este orden de ideas, la Sala modificará el ordinal 4.1 de la parte resolutiva
de la sentencia proferida en primera instancia en los términos ya referidos.
Sobre los demás argumentos de inconformidad del Municipio de
Dosquebradas
148. El Municipio de Dosquebradas adujo en su recurso que no es el competente
para otorgar licencias de construcción ni para conceder el permiso para la extracción
de materiales de rio, no obstante, como se ha venido reiterando a lo largo de esta
decisión, el Municipio es el primer responsable en su territorio en el manejo y gestión
del riesgo, y en tal orden, está llamado a ejecutar acciones tendientes a mitigar las
situaciones de riesgo.
149. Con sustento en los argumentos relativos a las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales, la Sala considera oportuno modificar el
ordinal 4.2 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido
de señalar que las obras de mitigación del riesgo deberán ser ejecutadas de manera
coordinada por el Municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER, en el término dispuesto en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda.
Sobre el presunto desconocimiento de las normas en materia presupuestal
150. El Municipio de Dosquebradas expresó en su recurso de apelación que la
sentencia de primera instancia desconoce normas y principios que rigen en materia
presupuestal las entidades públicas.
151. Al respecto, la Sala encuentra que no se desconocen aspectos
presupuestales, comoquiera que, en materia de financiación de la gestión del riesgo,
los artículos 47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; y, por el otro, que “[…] [l]as
administraciones departamentales, distritales y municipales […] constituirán sus
propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como
cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir,
destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y
reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción […]”. Lo anterior sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales
correspondientes que, en los términos del artículo 53 de la Ley 1523, corresponden
a “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y
municipal que hacen parte del sistema nacional […]” y que se relacionan con la
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obligación de incluir en el presupuesto “[…] las partidas presupuestales que sean
necesarias para la realización de las tareas que le competen en materia de
conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres […]” en el área de
su jurisdicción.
152. En el caso concreto, quedó probado que en distintos tiempos el Municipio de
Dosquebradas ha acudido al orden nacional para la financiación de los proyectos
para la mitigación del riesgo por cuenta de las diferentes quebradas de su territorio,
incluidas las que fueron objeto de esta acción constitucional.
153. Además de ello, se observa que el Municipio en su recurso no precisó
exactamente las razones por las cuales considera que las órdenes emitidas en la
sentencia de primera instancia transgreden el presupuesto municipal, más allá de
señalar esta situación.
154. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección ha sostenido que la parte
apelante tiene la carga procesal argumentativa, en los siguientes términos:
“[…] [V]alga recordar que, en los términos del numeral 3º del artículo 322
Código General del Procesal, la carga procesal argumentativa de la apelación
es obligatoria, debido a que el objetivo de ese recurso es controvertir ante el
superior jerárquico uno o varios fundamentos de la sentencia del juez de
primera instancia […]”63.
155. En esta oportunidad, la Sala reitera una vez más que las autoridades públicas
no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial por la falta de recursos.
Al respecto, la Sección Primera, ha señalado que la falta de capacidad presupuestal
de las entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos. En los siguientes
términos se ha pronunciado la Sala:
“[…] [L]a falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.
83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
63 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de
2023. CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 880012333000201800021-01.
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territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”64 (Destacado fuera de texto).
156. En efecto, el legislador facultó al juez para que, en el marco de las acciones
populares o medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
pueda proferir órdenes de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado un daño al derecho o interés colectivo, en favor de la entidad
pública no culpable que los tenga a cargo y exigir la realización de conductas
necesarias para revertir las cosas al estado anterior, cuando sea físicamente
posible65.
157. Ahora bien, para el cumplimiento de la sentencia, las entidades públicas
deben realizar ciertas erogaciones presupuestales; por ello, las órdenes a impartir
deben tener en cuenta el tiempo necesario para la ejecución de los trámites
administrativos, necesarios para el efecto, y las condiciones para llevar a cabo la
protección o el restablecimiento de los derechos o intereses colectivos 66.
158. En tal sentido, las entidades obligadas en este caso, en el ámbito de sus
competencias constitucionales, así como legales y reglamentarias, deberán llevar a
cabo las acciones ordenadas para la protección de los derechos o intereses
colectivos.
Sobre los argumentos de inconformidad de la coadyuvante
159. En el asunto sub examine, la coadyuvante Cotty Morales Caamaño pidió
considerar la intervención de la Policía Nacional, en el marco de su potestad
coercitiva ambiental, no obstante, la Sala precisa que esta entidad no fue vinculada
al proceso y por ello no es dable emitirle órdenes, en tanto, dicha circunstancia
afectaría garantías fundamentales como la del debido proceso.
160. A su vez, pidió que se involucre a la comunidad en la problemática de la cual
hace parte, especialmente, por el indebido manejo de los residuos sólidos, así las
cosas, la Sala instará a la comunidad aledaña al sector afectado para que ajuste su
conducta de tal forma que se abstenga de realizar acciones que los pongan en
riesgo, modifiquen el ecosistema de la microcuenca y aumenten el problema de
erosión.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de
mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 170012333000201700452-01.
65 Artículo 34 de la Ley 472.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 22 de
enero de 2015, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, proceso identificado con núm. único de radicación 180012331
000201100256 01.
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161. Por último, cuestionó la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Risaralda de no condenar en costas. Afirmó que esto desconoce
el derecho al mínimo vital y al salario justo con ocasión de su intervención en el
trámite de la presente acción constitucional.
162. Para resolver el anterior planteamiento, es pertinente recordar que las costas
procesales son aquellos gastos en que debe incurrir la parte vencida en un proceso
judicial y que están compuestos: (i) por las expensas, que son las erogaciones
económicas necesarias para tramitar el proceso, y (ii) por las agencias en derecho,
que son las suma reconocidas a la parte favorecida con la decisión por los costos
asumidos por la representación de un abogado o como contraprestación por el
tiempo y esfuerzo dedicados a la causa.
163. En lo relativo a la condena en costas en la acción popular, el artículo 38 de
la Ley 472 de 1998 establece lo siguiente:
“[…] ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil
relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los
honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las
partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos
mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar […]”.
164. Aunado a ello, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia de
unificación de 6 de agosto de 201967, precisó las reglas que deben cumplirse con el
objeto de que las costas sean reconocidas. Las consideraciones de la Sala son las
siguientes:
“[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho.
[…] 166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con
el artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o
concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente.
167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
67 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo Oñate,
providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
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Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se
encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación.
169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho siempre que
el actor popular resulte vencedor en la pretensión protectoria de los derechos
colectivos y su acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el
fallador en atención a los criterios señalados en el numeral 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso, es decir, en atención a la naturaleza, calidad y
duración del asunto, o a cualquier otra circunstancia especial que resulte
relevante para tal efecto.
170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el actor popular, con
independencia de si actuó directamente o mediante apoderado, u otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
[…]” (Destacado fuera del texto)
165. Estas reglas se armonizan con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del
CGP, que señalan:
“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando
los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto,
se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de
ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado
las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de
desistimiento o transacción.
“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas
de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera
o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
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1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
(…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas
por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez,
aunque se litigue sin apoderado. (…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o
este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas. […]” (Destacado fuera del texto)
166. De conformidad con estos criterios normativos y jurisprudenciales, en el
evento en que la sentencia de una acción popular sea condenatoria, el juez
ordenara el pago de las costas procesales en favor del demandante, siempre y
cuando el actor popular acredite los gastos en que incurrió para el desarrollo del
proceso. Aunado a ello, en el mismo evento procederá el reconocimiento de las
agencias en derecho, con independencia de que el accionante hubiere actuado en
causa propia o mediante apoderado judicial.
167. No obstante, la jurisprudencia de esta Sección venía considerando que no
procedía el reconocimiento de condena en costas a la parte accionada en los casos
en que el Ministerio Público fungía como parte actora, por las siguientes razones:
“[…] Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998
y 365 del Código General del Proceso y atendiendo al criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 201968, la Sala no
condenará en costas en esta instancia toda vez que no se accedió a la totalidad de las
pretensiones de la demanda y, además, la parte demandante se trata de una entidad
pública en cuyas funciones constitucionales se encuentra la de interponer acciones
populares en defensa de los derechos colectivos […]”69.
168. No obstante, dicha postura se replanteó en la sentencia de 28 de enero de
202170, en la que la Sección consideró que la imposición de la condena en costas
obedece a criterios objetivos, en la medida en que el artículo 365 de la Ley 1564 no
distingue al destinatario de la misma, ni establece criterios de exclusión de esa
naturaleza.
169. Por ello, la condena en costas procede en los términos previstos en los
artículos 365 y 366 de la ley en mención, siempre que la parte interesada en el
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto
de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés, sentencia de 14 de septiembre de 2020.
70 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, sentencia de
27 de mayo de 2021, radicación: 68001-23-33-000-2019-00411-01 (AP), actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO –
REGIONAL MAGDALENA MEDIO.
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Núm. único de radicación: 660012333000201800421-01
reconocimiento de los gastos procesales acredite el pago de los mismos,
independientemente de quien ejerza la acción popular.
170. Aun así, el actor – la Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de
Pereira- no demostró en el caso concreto la causación de los gastos procesales y,
por ello, no resultaba procedente reconocer ese concepto71. Así como, tampoco las
agencias en derecho.
171. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de la ciudadana Cotty Morales
Caamaño consistente en condenar a las entidades demandadas al pago de costas
en su favor, es necesario prohijar el criterio jurisprudencial sostenido por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 16 de febrero de 202372,
conforme al cual ello no es procedente, de conformidad con las siguientes razones:
[…] [L]a condena en costas procede en los términos previstos en los artículos
365 y 366 del CGP, sin que se distinga la calidad de su destinatario, esto es,
demandante o demandado, circunstancia que implica que son ellos, en los
supuestos previamente señalados, quienes tienen el derecho a su
reconocimiento. (…)
Por lo expuesto, para la Sala resulta claro que el reconocimiento hecho en
primera instancia se ajusta a lo que legal y jurisprudencialmente se ha
establecido al respecto. (…)
Por lo tanto, no le asiste razón a la coadyuvante cuando afirma que se debe
modificar el fallo en cuanto a las agencias en derecho, costas o
reconocimientos económicos hechos en la sentencia, para beneficiarla,
pues, como se indicó en precedencia, son las partes quienes pueden
acceder a este beneficio en caso de que se cumplan los supuestos esbozados
por la jurisprudencia de esta Corporación […]” (Destacado fuera del texto).
172. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
173. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:
“[…] 5. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia,
el cual estará integrado por la demandante o quien haga sus veces en calidad de
Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, un delegado del municipio
de Dosquebradas y de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, un
representante de las comunidades de Quintas del Bosque, Bombay, Carboneros y
71 En efecto, no fueron aportados recibos de pago, constancias de pago u otro medio de prueba similar que
indique los gastos en que incurrió la parte actora con ocasión de los procesos de la referencia.
72 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN, número único de radicación: 86001 23 33 000 2019 00307 01, Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ
RAMÍREZ
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Veracruz, el Procurador Judicial No. 37 en Asuntos Administrativos de la ciudad de
Pereira y esta corporación judicial, de conformidad con lo considerado en esta
sentencia. […]”.
174. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia proferida el 30 de julio
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda en lo relacionado con la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar
que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de
verificación.
175. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales 4.1, 4.2 y 5 de la sentencia de 30 de julio de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones
expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así:
“[…] 4.1. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y el municipio
de Dosquebradas de forma coordinada y en el marco de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, en el plazo de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, deberán realizar los estudios
técnicos para efectuar las obras de mitigación de riesgo para ser ejecutados en los
taludes de las comunidades de Quintas del Bosque al lindar con la quebrada
Dosquebradas y de Bombay, Veracruz y Carboneros que colindan con las quebradas
Dosquebradas y Aguazul.
[…] 4.2. El Municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER deberán ejecutar las obras de mitigación del riesgo de
deslizamiento sobre los taludes del margen de la quebrada Dosquebradas a la altura
de la Urbanización Quintas del Bosque, y al margen de las quebradas Aguazul y
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Dosquebradas a la altura de las comunidades de Bombay, Veracruz y Carboneros,
en las condiciones técnicas y ambientales que determinen los estudios técnicos, para
lo cual contarán con un término de seis (6) meses una vez finalizados los respectivos
estudios.
5. ORDENAR la conformación del Comité de Verificación, que deberá estar presidido
por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Risaralda. Además,
estará integrado por el actor popular, un delegado del Municipio de Dosquebradas y
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, un representante de
cada una de las comunidades de Quintas del Bosque, Bombay, Carboneros y
Veracruz, así como por el Procurador Judicial núm. 37 en Asuntos Administrativos de
la ciudad de Pereira […]”.
TERCERO: INSTAR a la comunidad aledaña al sector afectado para que ajuste su
conducta de tal forma que se abstenga de realizar acciones que los pongan en
riesgo, modifiquen el ecosistema de la microcuenca y aumenten el problema de
erosión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de julio de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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