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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00425-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00425-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en cuanto negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Celmira Ramírez Jaramillo contra la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio). Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00425-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FNPSM

Temas: Sanción moratoria, reliquidación de cesantías definitivas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 25 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Celmira Ramírez Jaramillo, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad

1
Folios 15 a 33.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

parcial de la Resolución 5054 del 23 de mayo de 2018, proferida por la Secretaría
de Educación del departamento de Risaralda, que ajustó sus cesantías definitivas
con inclusión de la prima de servicios, pero omitió reconocer la sanción moratoria
derivada de la tardanza en el pago integral de la prestación.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
actora solicitó condenar al Ministerio de Educación Nacional a lo siguiente: i)
reconocer la sanción por la mora en el pago completo de sus cesantías definitivas,
conforme lo disponen las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, causada desde los 70 días hábiles siguientes a
la radicación de la solicitud de dicho auxilio ante la entidad y hasta el pago efectivo
de la prestación; ii) actualizar el valor de las condenas con base en el IPC, como lo
autoriza el artículo 187 del CPACA; iii) dar cumplimiento a la sentencia y reconocer
los intereses moratorios en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y iv)
sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos2

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Celmira Ramírez Jaramillo prestó sus servicios al departamento de
Risaralda hasta el 9 de mayo de 2016 y para ese momento devengaba, entre otros
emolumentos, la prima de servicios creada en el Decreto 1545 de 2013.

ii) Por medio de la Resolución 6454 del 16 de diciembre de 2016, el referido ente
territorial le reconoció sus cesantías definitivas, pero en su liquidación se omitió
incluir la prima de servicios.

iii) El 11 de diciembre de 2017, la accionante solicitó ante la administración el ajuste
de las cesantías teniendo en cuenta el aludido factor.

2
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

2

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

iv) Por Resolución 5054 del 23 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda reajustó la prestación; sin embargo, se abstuvo de
reconocer la sanción moratoria que se había derivado de la tardanza en el pago
completo de ese beneficio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 12 y 17 de la Ley 6 de 1945; 5 de la Ley 91
de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006; 1 del Decreto
2767 de 1945; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 45 del Decreto 1045 de 1978;
2 del Decreto 2712 de 1999; y 5 del Decreto 1545 de 2013.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) De acuerdo con la Sentencia T-1066 de 20123 y el Comunicado 14 de 2017,4 los
docentes oficiales tienen derecho a que sus cesantías se liquiden con inclusión de
la prima de servicios.

ii) La señora Celmira Ramírez Jaramillo pretende el reconocimiento de la sanción
moratoria, ya que la entidad inicialmente pagó de manera incompleta el auxilio de
cesantías y luego corrigió esta actuación en el sentido de incluir la prima de servicios
para su liquidación.

iii) Bajo este contexto, se alcanzó a verificar un período en el que la demandante
percibió su prestación en un monto inferior al que le correspondía, por ende, se
causó una mora que el legislador ha sancionado a razón de un día de salario por
cada día de retardo en el pago completo de este beneficio.

3
Proferida por la Corte Constitucional.
4
Suscrita por el FNPSM.

3

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada se abstuvo de contestar la demanda.5

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 25 de octubre de
2019, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:6

i) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la sanción moratoria,
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está concebida para el
reconocimiento y pago tardío de las cesantías, pero no comprende sus reajustes.

ii) Bajo el anterior entendido, y como la sanción que se pretende en el sub lite no
deriva de un pago tardío de las cesantías definitivas concedidas a través de la
resolución inicial, sino de la tardanza que se quiere hacer derivar respecto de una
diferencia otorgada mediante la Resolución 5054 del 23 de mayo de 2018, fuerza
concluir que no se configuró la sanción pretendida.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:7

i) La señora Celmira Ramírez Jaramillo es beneficiaria del régimen retroactivo de
cesantías, razón por la que el método de liquidación imponía tener en cuenta la
prima de servicios devengada en el año anterior al retiro; sin embargo, las entidades
territoriales del país negaron sistemáticamente ese derecho a los docentes y solo

5
Según constancia suscrita por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda (folio 46).
6
Folios 54 a 59.
7
Folios 61 a 69.

4

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Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

hasta el año 2017 se corrigió el error.

ii) El departamento de Risaralda reliquidó el auxilio de cesantías definitivas de la
actora, pero omitió reconocer la sanción moratoria derivada de la falta del pago
completo y oportuno de la prestación.

iii) En el presente caso debe aplicarse el Código Civil, cuyo tenor conduce a concluir
que solamente el reconocimiento integral de las cesantías puede reputarse como
una forma válida de extinguir la obligación a cargo del empleador, por ende, un pago
incompleto es equivalente a su ausencia y acarrea la consecuente sanción
moratoria.

iv) Una interpretación diferente implica cohonestar con las actuaciones irregulares
de la administración, al margen del daño que ocasionen y sin considerar la finalidad
que tienen las cesantías de proteger al trabajador que culmina su vinculación
laboral.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio en esta etapa.8

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 9

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

8
Según constancia secretarial visible en el folio 79.
9
Según constancia secretarial visible en el folio 79.

5

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

Se circunscribe a establecer si la diferencia surgida por la reliquidación de las
cesantías, ordenada a favor de la demandante, genera la sanción moratoria por el
pago tardío del auxilio.

2.2. Marco normativo

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro - FNA, y
dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó
los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»10, y «proteger dicho auxilio contra depreciación
monetaria»;11 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías
de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del estado debían ser liquidadas y entregadas
al FNA; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social

10
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
11
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

6

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías12, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo13. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 fijó el término de quince días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

12
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
13
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

7

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador14.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales15 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:

14
Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
15
Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la administración
o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar estudios. El artículo 3 de
la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los
que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en
los siguientes casos: /- 1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de
la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a)
permanente. /- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o
sus hijos.».

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

De conformidad con el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006 son «los
miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los
mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que
ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y
trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al
Fondo Nacional de Ahorro». (Se resalta).

Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

prestaciones sociales16 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]

5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a
partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación
y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero
las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de
Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que
resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal,
por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero

16
De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

10

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Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para
los empleados públicos del orden nacional.

La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

2.3. Hechos probados

• El 9 de febrero de 2016, la señora Celmira Ramírez Jaramillo solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.17

• El 16 de diciembre de 2016, por Resolución 6454, el secretario de educación del
municipio de Pereira reconoció las cesantías definitivas a la accionante; para tal
efecto, tuvo en cuenta los siguientes factores: sueldo y primas de navidad y
vacaciones.18

• El 11 de diciembre de 2017, la demandante solicitó a la Nación (Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) lo
siguiente: a. el reajuste de sus cesantías con inclusión de la prima de servicios; b.
la indexación del referido monto; c. la sanción moratoria por el no pago oportuno del
aludido factor, como integrante de sus cesantías definitivas.19

• El 23 de mayo de 2018, por Resolución 5054, el secretario de educación del
municipio de Pereira revisó las cesantías definitivas de la actora y dentro de los
factores integrantes de la liquidación de la prestación ordenó incluir la prima de

17
Información extraída de la Resolución 6454 del 16 de diciembre de 2016 (folio 4).
18
Folio 4.
19
Folios 5 a 8.

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

servicios, lo que arrojó una diferencia a favor de la interesada por la suma de
$4.464.350.20

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A efecto de resolver el problema jurídico planteado, es necesario señalar que lo que
persigue la demandante es que se acceda a la sanción moratoria por la diferencia
surgida con ocasión de la reliquidación de sus cesantías definitivas con inclusión de
la prima de servicios, por lo que el análisis se circunscribirá a ese aspecto.

Lo expuesto quiere decir que la indemnización moratoria que se pretende en la
demanda no tiene como fundamento el pago tardío del auxilio de cesantías
definitivas, sino la diferencia de valor de ese auxilio que se habría generado como
consecuencia de la reliquidación ordenada por la propia entidad demandada, puesto
que en la liquidación inicial no tuvo en cuenta la mencionada prima.

Como sustento de su postura, la accionante afirmó que la omisión del cómputo de
un factor salarial en el auxilio de cesantías implica un pago incompleto de la
prestación y, por lo tanto, se genera una mora sancionable conforme lo prevén las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Para fundar dicha argumentación, se citaron
las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los procesos 76001-23-31-
000-2000-02513-01 (2777-2004) y 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).

Ahora bien, la primera de las enunciadas providencias21 centró su análisis de
unificación en definir la acción procedente para exigir el reconocimiento de la
sanción moratoria. Sobre el particular consideró:

Respecto de la acción judicial procedente para reclamar el pago de la sanción
moratoria por no haberse pagado oportunamente las cesantías ha habido diversas
posiciones en las Secciones Segunda y Tercera de esta Corporación. Con miras a
unificar los diversos criterios jurisprudenciales […].

20
Folio 9.
21
Sentencia del 27 de marzo de 2007, radicado: 76001-23-31-000-2000-02513-01 (2777-2004).

12

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

La reseña de las distintas posiciones sentadas por esta Corporación le permite
concluir a la Sala que el cambio de criterios ha obedecido al afán de proteger al
empleado cesante perjudicado por el incumplimiento o el retardo en el pago de sus
cesantías definitivas. Sin embargo la disparidad existente impone precisar cuáles
acciones y en qué eventos deben utilizarse para que el administrado tenga la certeza
de que está invocando la acción adecuada a los fines perseguidos.
[…]

(i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser
controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

(ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía
judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la
sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó
en forma tardía.

(iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se
encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce
el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva.

(iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman
el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante
esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser
ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente.

Esta Subsección no desconoce que, dentro del estudio realizado por la Sala Plena
para llegar a las anteriores conclusiones, se abordó un acápite denominado «5.3.4.
Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el
interesado no está de acuerdo con el monto reconocido» y que, al respecto, se
sostuvo:

En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo
del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la
suma adeudada es una acreencia laboral.

Sin embargo, es evidente que la referencia realizada al respecto no es determinante
de que sea procedente la sanción moratoria ante tales reclamaciones, sino que el
único propósito fue informar la acción adecuada en el evento de que algún
interesado manifieste desacuerdo con el monto de la prestación, o de la sanción, lo
que no quiere decir que se haya dado por sentado que sí se debe reconocer la
sanción moratoria ante una diferencia de valor de cesantías, como la que se reclama

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00425-01 (0275-2020)
Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

en el sub lite.

Por ende, la Sala considera que el precedente de unificación invocado por la parte
demandante no es aplicable con el propósito de que se defina favorablemente el
litigio, sino que su interés fue identificar la acción, hoy medio de control, procedente
ante las inconformidades que pudieran formular los interesados.

Ahora bien, el otro antecedente invocado por la accionante,22 se circunscribió a
definir los siguientes aspectos: 1) si los docentes podían beneficiarse de la sanción
moratoria prevista en el ordenamiento superior por la tardanza en el pago del auxilio
de cesantías y la forma como debía contabilizarse; 2) cuál era el salario base de
liquidación de las cesantías parciales y definitivas; y 3) si era procedente indexar la
sanción moratoria.

De manera especial, se resalta la regla allí fijada en el sentido de indicar que la
sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 sí puede concederse a favor
de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
en caso de demostrarse que se retardó el pago de las cesantías parciales o
definitivas.

Sin embargo, en dicha oportunidad se analizaron las pretensiones de un educador
al que no se le pagaron las cesantías definitivas, es decir, que no se estudió el caso
de la sanción moratoria reclamada con base en un ajuste al monto de la prestación,
como se peticiona en el sub lite; por lo tanto, la aludida providencia tampoco puede
tomarse como referente para resolver el presente litigio.

Es necesario precisar que la Sala, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que la
sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías no procede respecto
de las diferencias de valor de tal prestación que se originen a causa de su
reliquidación. Sobre el particular, se ha dicho: 23

22
Sentencia del 18 de julio de 2018, radicado: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación 13001-23-

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Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

En el caso analizado, la entidad demandada sí reconoció oportunamente las
prestaciones y cesantías definitivas del demandante al momento de su
desvinculación; sin embargo, con ocasión de la expedición de la sentencia C- 1433
de 2000 y del Decreto 2720 de diciembre 27 de 2000, se causó una diferencia en
la liquidación de las mismas, pero el pago inoportuno de esa diferencia no
puede considerarse mora en la consignación de tal prestación, que tenga la
magnitud de generar la sanción a que alude la norma trascrita. (Se resalta).

En similares términos se ha señalado lo siguiente:24

En tal sentido, si bien se causó una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas, la cancelación pago inoportuna de esa diferencia no puede
considerarse mora en el pago de tal prestación, que tenga la magnitud de generar
la sanción a que alude la norma señalada.
[…]

La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que la finalidad del
legislador con la norma aludida, fue determinar el término perentorio para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, sin que
una diferencia en la liquidación de la prestación social, conlleve a la autoridad
judicial a imponer la sanción frente a una circunstancia fáctica que no se
encuentra prevista en la ley25. (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, se debe concluir que la diferencia que surgió en la
liquidación de la prestación social de la accionante no da lugar a reconocer la
indemnización moratoria ahora reclamada.

Se resalta que la señora Celmira Ramírez Jaramillo considera que tal circunstancia
sí constituye un elemento causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de
un pago incompleto, toda vez que desde que se efectuó la liquidación de la
prestación, se debió realizar en legal forma, esto es, con todos los factores llamados
a integrarla. En consecuencia, el pago en cuantía inferior genera igual sanción que
el pago tardío de la totalidad de su monto.

31-000-2007-00225-01, número interno 1483-13.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017, radicación 08001-
23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14.
25
Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad. 13001-23-
31-000-2007-00225-01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B. Sentencia de 8 de
septiembre de 2017. Rad. 08001233300020140035501. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En el mismo sentido,
sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad. 08001233300020140035501; Sentencia de 18 de mayo de 2017.
Rad. 66001233300020130021301.

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Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, pues, en primer lugar, la norma que
consagra la sanción moratoria -tanto la Ley 244 de 1995 como la Ley 1071 de 2005-
dispone que la aludida sanción procede «[e]n caso de mora en el pago de las
cesantías definitivas o parciales» pero, en momento alguno, fija un monto diferencial
para el pago incompleto o de una porción de la prestación y, en segundo lugar,
porque la corporación ha sostenido que en los casos en que ocurran diferencias de
cesantías producto de reliquidación o reajuste de la prestación, no procede la
sanción moratoria, tal como se expuso en las providencias citadas con antelación.26

Las razones anteriores dan lugar a confirmar la sentencia de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda frente a la reclamación de la sanción
moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías por reliquidación
de la prestación.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201627, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

26
En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de esta Subsección: i) sentencia del 18 de
noviembre de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2018-00331-01 (0917-20); ii) sentencia del 23 de
septiembre de 2021, radicado: 66001-23-33-000-2019-00232-01 (1984-2020); y iii) sentencia del 13 de junio
de 2019, radicado: 73001-23-33-000-2016-00002-01 (0925-17).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

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Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,28 la Sala no condenará en costas
de segunda instancia a la parte demandante, pues, aunque se confirmará la
sentencia recurrida que negó las súplicas de la demanda, se observa que la entidad
accionada se abstuvo de presentar alegatos de conclusión ante esta corporación.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que negó la pretensión de sanción moratoria producto de la diferencia
surgida por la reliquidación de las cesantías definitivas de la señora Celmira
Ramírez Jaramillo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

28
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Demandante: Celmira Ramírez Jaramillo

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en cuanto negó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por la señora Celmira Ramírez Jaramillo contra la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

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