Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00554-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00554-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00554-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
Demandante: Miguel Ángel Acosta Daza y otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
Tema: Horas Extras y Recargos. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda
que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Las personas que se enlistan a continuación instauraron demanda en contra
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las pretensiones que en adelante se exponen:
Nombre Cédula de Ciudanía
1. Miguel Ángel Acosta Daza 88216700
2. John Alexander Álvarez González 4517277
3. Ruben Antonio Álzate Duque 18614275
4. Julián Aristizabal Quinceno 18599282
5. Ruben Darío Barrera Ortiz 15922812
6. Ronald Mauricio Bernal Delgado 16015500
7. Juan Pablo Blanco Vélez 10003199
8. Leonardo Fabio Blanquiceth Arroyo 10934561
9. Rafael Alfondo Blanquiceth Rodríguez 10934561
10. Carlos Andrés Blanquiceth Suárez 14326057
11. Isabel Cristina Buitrago Martínez 1020458767
12. Alexander Cardona Marulanda 9971487
13. Viviana Carmona Buritica 30414718
14. José Adolfo Churi Polo 76234845
15. Fredy Antoni Ciprian Diaz 10127018
Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
16. Leyli Cordoba Murillo 26366782
17. Oscar Fernando Davila Martínez 98290731
18. Oscar Eduardo Duque González 18520383
19. Yohana Duque Múñoz 1098308126
20. Sulgey Julieth Escandon Yoly 55304119
21. Leidy Milena Escobar Reyes 1075225620
22. Mauricio Franco Salazar 4515732
23. John Eduard Galvis Ríos 1059811003
24. Diana Patricia García Estevez 1033204002
25. Cristian David García Ocampo 1053785038
26. Yurany Fernanda García Serna 1093214533
27. Diana Fernanda Garzón Lozano 36312301
28. Felipe Gómez Grisales 1088256258
29. Luis Adrián González Medina 15962428
30. Rosa Helena Gracia Castañeda 24183248
31. William Fernando Gúzman Bermúdez 17419089
32. José David Gúzman Vergara 1088312482
33. Juan Pablo Hernández Wilder 91466690
34. Wilder Fabián Herández 109405431
35. Franci Yuliana Jaramillo Hoyos 105499034
36. Fredy Alberto Jaramillo Hurtado 9695306
37. Héctor Mauricio Jaramillo Serna 9861994
38. José Antonio Ladino Torres 100336678
39. Julián López Londoño 18595255
40. Jesica Marcela Marín Acevedo 1054919749
41. Emerson Mina Bonilla 16938851
42. Alejandro Moreno Castaño 4518730
43. Carlos Andrés Mosquera Carmona 10003701
44. Walter Murillo Gallego 1030592412
45. Adriana del Pilar Ochoa Henao 42159976
46. Enar Yovanny Ordoñez Burbano 10696599
47. Javier de Jesús Orozco Gómez 10018344
48. Diana Lorena Osorio Gallego 1088256378
49. Cristian David Osorio Marulanda 1059811458
50. María Alicia Penagos Yate 1088273583
51. Jessica Johanna Pulgarín Murillo 1112764297
52. Kelly Johanna Ramírez Loaiza 1059811372
53. Andrés Felipe Restrepo Ruíz 1112224548
54. Luis Fernando Riós Zapata 9695144
55. Yolanda Eulalia Roncacio Ruis 42002295
56. Yenny Rubio Rozo 42118152
57. Andrés Salazar Montoya 1097391706
58. Jimy Sierra Londoño 93296707
59. María Helen Tapasco Hernández 1059696740
60. Dian María Toro Ospina 29819742
61. José Liborio Valencia Zapata 75088837
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Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
62. Jorge Hernán Vargas Acevedo 15922519
63. Pedro Vicente Vargas Barragán 17420113
64. César Augusto Vega Manrique 9866267
65. Andrés Fernando Vélez Ochoa 9862684
66. Diego Alfonso Villamil Sandoval 4378203
67. María Consuelo Vinasco Castro 25056635
68. Juan Manuel Zapata Saavedra 80069097
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio 8100-DINPE-SUTAH-001090 del 29 de mayo
de 2018, por medio del cual se les negó el reconocimiento y pago del sobresueldo en
forma proporcional a la jornada de trabajo.
3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada adecuar
la jornada laboral de tal forma que la misma sea proporcional al valor del sobresueldo
que mensualmente se les paga y que se traduce en una carga laboral de dos turnos
de servicios de 24 horas por semana y un turno de 24 horas de servicio dominical cada
dos semanas.
4. Que se condene al INPEC a reconocer, liquidar y pagar, en forma retroactiva a partir
del 26 de abril de 2015 y hasta el cumplimiento de la sentencia, la diferencia entre lo
pagado a título de sobresueldo y lo que realmente debieron recibir en proporción a la
cantidad de trabajo realizado, atendiendo a lo establecido en los artículos 33 a 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978. Que la cantidad que arroje dicha diferencia sea tenida en
cuenta como factor salarial para reliquidar las prestaciones sociales y para los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
5. Que se ordene que los valores reconocidos sean ajustados conforme al IPC, se
proceda al pago de intereses de mora y, se condene a la entidad al pago de costas y
agencias en derecho.
HECHOS
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que laboran como empleados públicos del INPEC – Seccional Pereira, en el cargo
de dragoneantes, cumpliendo la siguiente carga laboral: de lunes a sábado en turnos
de 24 horas diarias de servicio continuo por 24 horas de descanso, entre las 700 horas
y las 700 horas del día siguiente y, los domingos y festivos en turnos de 24 horas
diarias de servicio continuo, en el mismo horario, con lo cual se garantiza la misión de
custodia de la entidad.
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8. Que dichos turnos superan la jornada máxima de 44 horas a la semana distribuidas
en horas diurnas y nocturnas, dominicales y festivos; en razón de los cuales, además
de su asignación básica, reciben un sobresueldo de acuerdo a lo establecido en los
artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1302 de 1978; dado que la misma disposición señala que
no le es aplicable el Decreto Ley 1042 de 1978, que les es más favorable.
9. Que el monto del sobresueldo es determinado por el mismo INPEC y éste no
compensa la cantidad de trabajo que desarrolla un guardián, a saber, 72 horas
semanales y 48 en dominicales al mes.
10. Que, el 26 de abril de 2018, solicitaron la adecuación de su jornada laboral de
forma que la misma sea proporcional al sobresueldo y, el pago de la diferencia que
ello genere en aplicación de los artículos 33 a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978;
petición que no fue atendida, constituyéndose en el acto demandado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
11. Se indicaron como violados los artículos 4, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política, Decreto Ley 1042 de 1978, Decreto 1302 de 1978, Decreto 442 de 1994 y Ley
909 de 2004.
12. En el concepto de la violación se adujo que el acto demandado incurre en falta y
falsa motivación, porque se limita a dar una respuesta negativa sin justificación, que
desconoce los derechos de los trabajadores, más aún cuando para el establecimiento
del sistema de turnos y del sobresueldo no se realiza un estudio técnico. También se
indicó que desconoce el régimen legal aplicable al tema y el principio de favorabilidad.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
13. En autos del 26 de febrero, 26 de marzo y 20 de agosto de 2019, el Tribunal
Administrativo de Risaralda admitió la demanda y su reforma. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- expresó que el acto acusado fue expedido
conforme a la ley. Sostuvo que no le es posible modificar la jornada laboral por cuanto
la misma se rige por lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 1302 de 1978 y que no
puede aplicarse lo previsto en el Decreto Ley 1042 de 1978 que rige para los
empleados públicos en general, porque los excluye en su artículo 104 literal h). Que el
Cuerpo de Custodia y Vigilancia tiene un régimen laboral especial dada la naturaleza
de sus funciones y del servicio que prestan y, por tanto, su régimen salarial también
es especial, expedido cada año por el presidente de la República y, finalmente, que el
sobresueldo se estableció como contraprestación para cobijar lo relativo a dominicales,
festivos y horas nocturnas.
14. El 20 de enero de 2021 el Tribunal ordenó correr traslado a las partes para alegar
de conclusión.
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Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
SENTENCIA APELADA
15. En sentencia del 19 de julio de 2023 el Tribunal Administrativo de Risaralda negó
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, al considerar que
el Decreto 1042 de 1978, en su artículo 104, excluye de su aplicación, entre otros, al
personal carcelario y penitenciario de que trata el Decreto 27 de 1989, de manera que,
se encuentran bajo el régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1302 de
1978 que establece el sobresueldo como forma de remuneración de todos los
conceptos pretendidos en la demanda y, que las disposiciones contenidas en esta
última norma no se contraponen con otras de rango constitucional. Finalmente,
sostuvo que no es posible aplicar el principio de favorabilidad pues ello es procedente
cuando hay dudas sobre qué disposición jurídica debe tenerse en cuenta, lo que no
ocurre en el caso.
RECURSO DE APELACIÓN
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que el
régimen que regula la jornada laboral para los funcionarios del INPEC y su
correspondiente sobresueldo, no es constitucional, en la medida que se acreditó que
los interesados estuvieron sometidos a horarios de trabajo que exceden el máximo
legal y que lo que perciben como contraprestación no remunera en forma alguna la
cantidad de trabajo suplementario.
17. Que el tiempo de trabajo debe ser limitado, no indefinido, permanente e
ininterrumpido, pues en este sentido son contrarias al ordenamiento superior.
18. Que el deber de compensar el trabajo que excede la jornada laboral es
constitucionalmente aplicable incluso en los regímenes especiales y que, por lo tanto,
la existencia de un régimen especial no es condición suficiente para determinar la
constitucionalidad de una jornada indefinida ni para determinar ello mismo en la
restricción del pago de recargos por horas extras, nocturnas o en tiempo de descanso
obligatorio.
19. Que debe acudirse a la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4
superior, con el fin de inaplicar los artículos 1, 2, 3 y 8 del Decreto 1302 de 1978 y del
artículo 17 del Decreto 446 de 1994. Al hacerlo, aparece la necesidad de acudir al
régimen general previsto en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del Decreto-
ley 1042 de 1978 para exigir al accionado que adecúe sus jornadas en forma
proporcional al sobresueldo que paga y para que, cancele las diferencias salariales
que existen respecto del sobresueldo efectivamente pagado, así como la concesión
de las demás pretensiones de la demanda.
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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. El 27 de octubre de 2026 se admitió el recurso de apelación.
21. Las partes y el agente el Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
22. El problema jurídico consiste en determinar si es procedente el reajuste salarial y
prestacional pretendido por el extremo demandante en aplicación de las disposiciones
contenidas en los artículos 33 a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978.
Del régimen del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional del INPEC
23. El régimen del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC1 está previsto en el
Decreto Ley 1302 de 19782; disposición que establece en su artículo primero que los
miembros del personal carcelario y penitenciario “deben laborar o permanecer
disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades propias del
servicio”.
24. Como contraprestación de ello, en el artículo segundo se creó una asignación
mensual fija denominada sobresueldo la cual constituye factor salarial y “cubre
integralmente la remuneración de los servicios prestados en razón del trabajo o de la
disponibilidad” esto es, comprende la jornada ordinaria nocturna, las horas extras
diurnas o nocturnas y el trabajo ordinario u ocasional, diurno o nocturno, en días
dominicales o festivos; sin que haya lugar al reconocimiento adicional o separado por
tales conceptos.
25. Textualmente, dispone el artículo tercero de la norma en cita:
“El sobresueldo constituye factor de salario y cubre la totalidad de la remuneración
de los servicios que hayan de prestarse, por razón de trabajo o de disponibilidad
en tiempo que corresponda a cualquiera de los siguientes conceptos:
a). Jornada ordinaria nocturna.
b). Horas extras diurnas o nocturnas.
c). Trabajo ordinario u ocasional diurno en días dominicales o festivos. d). Trabajo
ordinario u ocasional nocturno en los mismos días a que se refiere la letra ordinal
c)”.
1
Creado mediante Decreto 2160 de 1992 “Por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con
el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia”
2
Por el cual se expiden normas sobre la clasificación y remuneración de empleos del personal carcelario y penitenciario
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Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
26. Seguidamente, en el artículo 8 se excluyó expresamente a este personal de la
aplicación de las reglas generales sobre jornada de trabajo previstas en el Decreto
1042 de 1978 así: “al personal a que se refiere el artículo 1o. de este Decreto no le
son aplicables las reglas que sobre jornada de trabajo establecen los artículos 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 y 40 del Decreto-ley 1042 de 1978”. Por lo que, la jornada del
personal de custodia se rige por un modelo de disponibilidad permanente compensado
mediante un sobresueldo fijo.
27. Posteriormente, la Ley 32 de 19863 organizó el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
como un organismo armado de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de
Justicia, cuyos miembros ostentan la calidad de empleados públicos 4 y, en materia
salarial, reiteró la obligación de laborar y estar disponibles conforme con las
necesidades del servicio. Asimismo, mantuvo el sobresueldo -Articulo 86- en los
términos previstos en los Decretos 1302 de 1978 y 447 de 19845; disposición esta
última que estableció el valor correspondiente al salario básico y sobresueldo, el cual
es modificado por los decretos anuales que profiere el Gobierno Nacional.
28. A su turno, la Ley 65 de 19936 reiteró el reconocimiento de sobresueldos, que fue
reafirmado en el Decreto 446 de 19947 como una asignación mensual fija que integra
el salario y se reconoce por disponibilidad permanente exigida para el servicio y, por
tanto, garantizada para el personal del INPEC a partir del Decreto 2160 de 1992,
estatuto que lo creó.
Del régimen establecido en el Decreto 1042 de 1978 para los servidores del nivel
nacional
29. El régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 fue establecido inicialmente para
los empleos de la Rama Ejecutiva del nivel nacional haciéndose extensivo para las
entidades territoriales en virtud del artículo 2º de la Ley 27 de 1992 8, reiterado en las
Leyes 443 de 19989 y 909 de 200410.
30. Dicho régimen establece una jornada ordinaria de 44 horas semanales y, una
jornada excepcional de hasta 12 horas diarias sin exceder las 66 a la semana para
aquellos empleados cuyas funciones impliquen actividades discontinuas, intermitentes
o de simple vigilancia.
3
Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
4
Artículos 2 y 3
5
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan
las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones
6
Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario
7
Por el cual se establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, Inpec
8
Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de personal al
servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones.
9
Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.
10
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
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7
Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
31. Esta Corporación en fallo del 6 de octubre de 200211 y la Corte Constitucional en
sentencia C-534 de 2016, precisaron que el personal que labora en establecimientos
carcelarios municipales o departamentales como los guardianes municipales, se
regulan por el régimen general de los empleados públicos territoriales, cuyo marco en
materia de jornada laboral es el Decreto 1042 de 1978, esto, en virtud de la extensión
normativa efectuada por el legislador; mientras que el personal del INPEC pertenece
a una carrera administrativa específica y especial previsto en el Decreto Ley 407 de
199412 que, en su artículo 185, establece:
ARTÍCULO 185. PRESTACIONES SOCIALES. los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Carcelaria tienen derecho a las prestaciones sociales que se
enuncian a continuación, reconocidas por la Ley 32 de 1986 y en las normas que
el Gobierno Nacional expida en desarrollo de la Ley 4a. de 1992: prima de navidad,
prima de vacaciones, prima de servicios, prima de instalación y alojamiento, prima
de capacitación, prima de clima, prima extracarcelaria, prima de seguridad, prima
de riesgo y prima de vigilantes instructores; adicionalmente tendrán derecho a
pasajes y gastos de transporte, a los subsidios de transporte, alimentación y
familiar, así como al pago del sobresueldo establecido en los Decretos 1302
de 1978 y 447 de 1984. (Negrilla para destacar)
32. En tal medida no resulta jurídicamente viable aplicar de manera automática al
personal nacional del INPEC las reglas generales previstas para los empleados
territoriales en el Decreto 1042 de 1978, ni efectuar asimilaciones sin una habilitación
legal expresa, pues ello desconocería la especialidad normativa que el legislador
estableció para la carrera penitenciaria, así como el principio de reserva legal en
materia salarial y prestacional de los servidores públicos13.
Resolución del caso concreto
33. Para la Sala el reajuste salarial y prestacional pretendido es improcedente porque
las disposiciones contenidas en los artículos 33 a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978,
no responde a la naturaleza propia de la labor de quienes ejercen labores como los
directores, subdirectores y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional.
34. En el caso que nos ocupa, se acreditó que los demandantes se vincularon al
INPEC en cargos pertenecientes al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, y que en razón
de su servicio han percibido el salario básico y el sobresueldo, este último, concebido
como compensación por la disponibilidad permanente exigida para dicho personal, en
el marco de un régimen especial que se aparta del sistema ordinario de jornada
previsto para la rama ejecutiva.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 76001-23-33-000- 2012-00110-01 (1891-2019). C.P. César
Palomino Cortés
12
Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
13
Ver en ese sentido: Sentencia del Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B. del dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026). Radicación: 68001-23-33-000-2020-01083-01 (6664-2024)
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8
Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
35. En efecto, el Decreto 1302 de 1978 estableció un tratamiento diferenciado en
materia salarial y prestacional para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC en atención a la naturaleza continua y permanente del servicio penitenciario,
caracterizado por turnos continuos, riesgos y disponibilidad permanente; esquema
dentro del cual el sobresueldo se estableció como una contraprestación fija mensual
destinada a compensar las especiales condiciones en que se desarrolla la labor, lo que
evidencia la voluntad del legislador de configurar un sistema propio frente al régimen
ordinario de los empleados públicos.
36. De esta forma, para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia la jornada no se estructura
bajo el esquema ordinario de límites máximos y recargos individualizados, sino
mediante un sistema de disponibilidad permanente compensado con un sobresueldo
de carácter integral; lo que determina la exclusión expresa de las reglas generales
sobre jornada laboral previstas en el Decreto 1042 de 1978, puesto que él mismo
compendio normativo impide trasladar al régimen especial del INPEC el
reconocimiento separado de horas extras, recargos nocturnos o trabajo en dominicales
y festivos, pues tales conceptos, se encuentran integrados en el sobresueldo como
mecanismo global de remuneración.
37. Tampoco constituye una tesis válida para declarar la nulidad del acto demandado
el hecho que no exista un estudio previo que justifique la jornada laboral asignada al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia, ya que lo determinante en este caso es que, al
tratarse de un régimen especial, su jornada laboral difiere de la ordinaria.
38. En razón de lo anterior, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda
dado que el régimen especial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC conserva
plena vigencia y el sobresueldo fue concebido como compensación integral por la
disponibilidad propia del servicio penitenciario que excluye reconocimiento alguno bajo
los conceptos de horas extras y, en general de cualquier tipo de trabajo suplementario.
39. Finalmente, en cuanto al argumento de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto de los artículo 1, 2, 3 y 8 del Decreto 1302 de 1978 y 17 del Decreto 446 de
1994, debe precisarse que dicha figura procede únicamente cuando, en el caso
concreto, la aplicación de una norma genera una vulneración directa, actual y
verificable de la Constitución; sin embargo, como ya se determinó, el sobresueldo
constituye un mecanismo integral de compensación que satisface los mínimos
constitucionales en materia de jornada y remuneración. Por lo tanto, no hay lugar a
inaplicar la norma especial vigente.
40. Por todo lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia.
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Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
De la condena en costas de segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
43. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente.
45. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 19 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo considerado en la parte motiva.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas
en la presente providencia.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 66-001-23-33-000-2018-00554-01 (6637-2023)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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