Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00109-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00109-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00109-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de febrero de 2025
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00109-01 (3594-2021)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00109-01 (3594-2021)
Demandante: Gabriel Ángel Vera Ríos
Demandado: Municipio de Dosquebradas – Secretaría de Educación
Temas: Relación laboral encubierta – Habitación en instituciones
educativas – CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se niegan las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Gabriel Ángel Vera Ríos instauró demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra del
Municipio de Dosquebradas – Secretaría de Educación, con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 608 del 30 de mayo de 2017 y
No. 968 del 12 de octubre de 2017 por medio del cual se negó el reconocimiento de
la relación laboral y el pago de unas prestaciones dejadas de percibir y, que se
declare que entre las partes existió un vínculo laboral.
Que se reconozcan y paguen las sumas debidamente indexadas por concepto de
prestaciones sociales y derechos laborales que por ley le conciernen incluyendo
horas extras, cesantías, caja de compensación familiar, dotación y vestido.
Que se reconozcan y paguen los aportes a seguridad social y ARL con su debido
calculo actuarial y liquidados con base en los valores pactados en los respectivos
contratos.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios al Municipio de Dosquebradas en la Escuela de la Vereda
el Rodeo y la Escuela de la Vereda Filo Bonito desde principio del 2005 hasta el 10
de abril de 2017.
Que, durante la ejecución de estos, se desempeñó como vigilante, casero y aseador
de las instituciones educativas y no le fueron reconocidos salarios, prestaciones
sociales y derechos laborales que por ley le concernían.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 26 de marzo de 2019 y notificada a la
entidad demandada, quien se opuso a las pretensiones argumentando que no
existían antecedentes administrativos del demandante, pues no sostuvo ningún
vínculo contractual con el mismo.
Propuso como excepciones la caducidad, inexistencia de la relación laboral y
reconocimiento de prestaciones sociales, inexistencia de la supremacía de la
realidad, prescripción por la eventual declaratoria de derechos laborales derivados
de la supremacía de la realidad y la genérica.
Se celebró audiencia inicial el 18 de noviembre de 2019, en la cual se fijó el litigio,
se resolvieron las excepciones propuestas, se decretaron las pruebas solicitadas y
se programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se
dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 4 de junio de 2021,
negó las pretensiones considerando que no existe elemento probatorio del cual
pueda colegirse relación contractual para el desarrollo de las tareas de vigilancia y
aseador desde el 2005.
Que, las actividades realizadas no se asemejaban a las que desempeñaban los
funcionarios de planta, pues el cuidado de bienes de las escuelas rurales resultaba
necesario para que el demandante habitara las mismas mediante contrato de
comodato precario o gratuito que lo benefició, pues no cancelaba sumas de
arrendamiento o servicios públicos.
Condenó en costas a la parte demandante.
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RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que, sí se
presentó una relación laboral ya que las actividades realizadas se hacían de manera
permanente, personal y subordinada; en las cuales se tenía establecido que
actuaban como jefes inmediatos los rectores o directores de las instituciones
educativas.
Que, el único fin perseguido por la entidad al utilizar el contrato de comodato fue el
de esconder la verdadera relación laboral para ahorrarse el pago de las
prestaciones sociales.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se admitió el
recurso y de conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por
el término de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y,
posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio Público.
El ministerio público emitió concepto solicitando que se confirme la sentencia
apelada en atención a la total inexistencia de la acreditación de los elementos que
conforman la relación laboral, pues la permanencia en las instituciones educativas
fue a consecuencia de una liberalidad del ente territorial, siendo el derecho de
habitación a título gratuito.
Las partes guardaron silencio.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala determinará si se acreditó la existencia de un vínculo entre las partes
derivado de la prestación de servicios profesionales y, en caso afirmativo, si se
encubrió una relación laboral y, como consecuencia, el demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa situación.
Finalmente, se decidirá lo concerniente a la condena en costas de segunda
instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis del concepto de
relación laboral, la cual comprende los siguientes elementos: la actividad humana
que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
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Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio. 103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes: 104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta. 105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido. 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación. 107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo.
En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
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que él designe ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
Ahora, en materia laboral ordinaria, la carga de la prueba recae sobre el empleador,
quien debe demostrar que la prestación del servicio se llevó a cabo de una forma
deliberada y sin ningún tipo de sujeción más allá de una prestación de servicios que
no genera obligaciones prestacionales; por el contrario, cuando se presentan
relaciones que involucran servidores públicos o particulares con el Estado, estos
son los que deberán asumir la carga de demostrar la relación laboral encubierta
dentro de una prestación de servicios1 y que se configuraron los elementos propios
de una relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación.
Si bien lo más utilizado por el Estado para desarrollar los objetos de las diferentes
entidades, es suscribir contratos de prestación de servicios con los particulares, es
necesario aclarar que para establecer el posible encubrimiento de una relación
laboral no es estrictamente necesario haberse realizado un contrato de manera
escrita o con algún tipo de formalidad, porque lo que debe procurarse es la
demostración de los elementos de la relación de trabajo ya indicados.
El denominado “contrato realidad” aplica cuando se demuestra la continua
prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional
de la entidad contratante, para ejecutarlos bajo sujeción de órdenes y condiciones
que desbordan las necesidades de coordinación respecto de los verdaderos
contratistas.2
La jurisprudencia Constitucional ha establecido los casos en los que se configura
una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al
contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Constitución Política, el principio de primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse
en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el Estado3.
Debe precisarse que, tal y como lo indicó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de
27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
3 Corte Constitucional. Sentencia T-723 de 2016. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
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se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
Dentro del material probatorio, se observa que en el acto demandado4, la entidad
precisa que el municipio ha dado espacios en comodato a diferentes personas en
las instituciones educativas a fin de que tengan un lugar para vivir, como es el caso
del demandante.
Por otro lado, la Resolución No.9685 del 12 de octubre de 2017 que decide el
recurso de apelación del acto demando, reitera que no existió contrato en el que el
municipio le asignara funciones de vigilante, casero o aseador en las escuelas de
las veredas El Rodeo y Filo Bonito de Dosquebradas.
En el oficio DOS2019EE0018376 del 26 de abril de 2019 expedido por la Secretaría
de Educación del Municipio de Dosquebradas se manifiesta que el demandante
nunca suscribió contrato de prestación de servicios con la misma y que por ende no
existen antecedentes administrativos del mismo.
Las respuestas SEM – 252 – 14147 y SEM – 252-13998 expedidas por la Secretaría
de Educación del municipio de Dosquebradas Risaralda indicó que no le era posible
determinar quién cubrió el servicio de vigilancia y de aseo en las escuelas, e informó
que del 2005 al 2017 sí se suscribieron contratos para el desarrollo del objeto
contractual de aseo y vigilancia con personas jurídicas de manera general y que
dentro de la planta de personal no existen los cargos de vigilancia, servicios
generales y aseo para las instituciones educativas referidas.
Es importante tener en cuenta que, dentro del proceso, no se realizó practica de
testimonios.
Es por lo que, de las pruebas documentales, es posible establecer que el
demandante habitaba un espacio de propiedad del municipio, pero no se encuentra
probada ninguna forma de vinculación contractual o laboral con el Estado; pues no
se demostró el cumplimiento de los supuestos servicios que afirma haber prestado
ni que estos se desprendían de alguna orden o instrucción dada por la entidad o
que se exigiera el cumplimiento de algún horario.
Por el contrario, se podría concluir que su presencia en este sitio era precisamente
por su habitación y, que las actividades realizadas se derivaban del comodato
suscrito entre las partes, pero, se reitera, no se encuentra demostrada ninguna
4 Resolución No.068 del 30 de mayo de 2017; Página 19; Cuaderno1; ED_08ENVIOEXPEDIENTECE(.PDF);
SAMAI Índice 02.
5 Página 39; Cuaderno1; ED_08ENVIOEXPEDIENTECE(.PDF); SAMAI Índice 02.
6 Página 163; Cuaderno1; ED_08ENVIOEXPEDIENTECE(.PDF); SAMAI Índice 02.
7 Página 221; Cuaderno1; ED_08ENVIOEXPEDIENTECE(.PDF); SAMAI Índice 02.
8 Página 227; Cuaderno1; ED_08ENVIOEXPEDIENTECE(.PDF); SAMAI Índice 02.
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forma de vinculación con el municipio que indique la presencia de la allegada
subordinación.
No se prueba que el actor recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que
debía desarrollar alguna actividad ni mucho menos que estas eran relativas a las
funciones de celador o aseador y tampoco se precisa una remuneración como
retribución a su supuesta prestación, tal como se afirmó en la sentencia de primera
instancia.
Por lo tanto, la Sala no encuentra en el expediente medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan establecer, en primer lugar y como elemento más
importante, la prestación personal del servicio; como segundo elemento, la
subordinación y como tercer elemento, la remuneración.
Por lo tanto, se confirmará la misma.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 9 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida cuatro (04) de febrero de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual negó las
pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
9 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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