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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2019-00190-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
29 de mayo de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2019-00190-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de abril de 2019 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró improcedente el amparo los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2019-00190-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

29 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REQUISITOS O CAUSALES GENERALES DE PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - No acreditados / IDENTIFICACIÓN RAZONABLE DE LOS HECHOS QUE GENERARON LA VULNERACIÓN Y DE LOS DERECHOS VULNERADOS - No acreditado

[L]a Sala observa que el escrito de tutela no logra superar el requisito sobre la explicación suficiente de los hechos y motivos de una tutela contra providencia judicial, precisamente, porque los argumentos del caso concreto no cumplen con las cargas mínimas que distingan, por lo menos sumariamente, cómo se materializó un defecto en el auto enjuiciado y su relación con la presunta transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. (…) La carencia de exposición de hechos y razones, impiden que el juez constitucional pueda identificar y, luego, pronunciarse sobre una posible vulneración de derechos fundamentales derivados de un defecto en la providencia judicial, lo que conduce indefectiblemente a que la acción sea improcedente. (…) Esta omisión argumentativa, trae como consecuencia directa que el reproche pierda toda relevancia constitucional, en relación con una posible vulneración de derechos fundamentales derivados de la provincia objeto de reproche y, en su lugar, resulta en una solicitud para que en esta sede judicial se debata como una instancia adicional. (…) Valga la pena destacar que, el actor no explicó en qué medida sus derechos fundamentales no fueron garantizados y, por ende, vulnerados dentro del trámite de desacato con ocasión de la providencia objeto de tutela. De manera que su solicitud de tutela se convierte en una exposición amplia y general en la que, al no indicar con precisión los hechos y razones de los supuestos defectos de la providencia, pretende que el juez de amparo conozca de manera original sobre una litis que ya fue resuelta por el juez natural. La Sala reitera que, la falta de argumentos dirigidos a exponer un defecto en el auto reprochado que revista una situación de importancia constitucional, en el caso concreto, ocasionaría que el juez constitucional actuara de manera principal para decidir si la autoridad municipal acató o no la sentencia proferida en la acción de cumplimiento.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque sin medio magnético a la fecha 08/10/2019.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 66001-23-33-000-2019-00190-01(AC)

Actor: JOHN BYRON ZAPATA ATEHORTUA

Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA

Acción de Tutela– Sentencia de Segunda Instancia

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la sentencia del 3 de enero de 2019, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró improcedente el amparo de tutela

ANTECEDENTES

John Byron Zapata Atehortua, en nombre propio, presentó solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, con ocasión de la providencia proferida el 19 de febrero de 2019, dentro del trámite incidental de desacato con radicado 66001-33-33-007-2018-00186-01.

1. Providencia del 19 de febrero de 2019 que resolvió el trámite incidental de desacato con radicado núm. 66001-33-33-007-2018-00186-01

1.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira profirió sentencia el 27 agosto de 2018, dentro del proceso de acción de cumplimiento iniciado por John Byron Zapata Atehortua en contra del municipio de Pereira (Risaralda), en la que decidió:

“1º.- Declarar que el Municipio de Pereira, ha incumplido el artículo 48 de la Ley 14 de 1983, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

2º.- Ordenar al Municipio de Pereira dar cumplimiento al artículo 48 de la Ley 14 de 1983 y a partir de la vigencia 2019, destinar los dineros recaudados por concepto de Impuesto de Industria y Comercio aplicado al sector financiero, única y exclusivamente a inversión, siendo este dinero de destinación específica para tal fin”.

1.2. La anterior providencia fue apelada por las partes y confirmada en su totalidad en segunda instancia por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, con fallo del 17 de septiembre del 2018.

1.3. El señor John Byron Zapata Atehortua presentó escrito el 20 de noviembre de 2018 ante el juez de primera instancia, con el fin de iniciar trámite incidental de desacato, puesto que, en su criterio, el municipio de Pereira, con el proyecto de acuerdo 043 de 2018, no había dado cumplimiento ni a la orden judicial del 27 de agosto de 2018, ni a lo dispuesto en los artículos 345, 350 y 359 de la Constitución Política.

1.4. En atención de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia requirió a la Secretaría de Hacienda de Pereira para que informara sobre el cumplimiento del artículo 48 de la Ley 14 de 1983. En respuesta a dicha solicitud, en escrito del 29 de noviembre de 2018, la referida autoridad administrativa expresó que presentó proyecto de acuerdo 043 del mismo año, ante el Concejo Municipal, en el que se destinaron los recursos recaudados por concepto de impuesto de industria y comercio del sector financiero, para la construcción e implementación del cable aéreo como elemento del sistema integrado de transporte público en el área metropolitana de Pereira.

1.5. El accionante, una vez se dio la apertura formal del incidente de desacato, presentó memorial el 15 de enero de 2019 y manifestó que, el primer mandatario municipal, no acató el fallo de la acción de cumplimiento en su debido momento, esto es, cuando radicó el proyecto de acuerdo 043 de 2018 ante el Concejo Municipal, que luego se convirtió en el Acuerdo 028 del mismo año.

Como fundamentos dentro del trámite de desacato, sostuvo que el Acuerdo 028 y el Decreto 939 de 2018 contienen vicios de carácter legal y constitucional. Para lo anterior, expuso un marco legal y jurisprudencial sobre el tema del presupuesto, en el que realizó cortas consideraciones pero citó extensos apartes de las siguientes normas y sentencias: los Decretos 111 de 1996, los Acuerdos 08 y 029 de 2014, 1333 de 1983 y 118 de 1996; las Leyes 1551 de 2012, 14 de 1883, 136 de 1994, 617 de 2000, 819 de 2003, 1474 de 2011, 1712 de 2014; los artículos constitucionales 287, 345, 348, 352, 353, 359; y las sentencias C-629 de 1996, C-652 de 2015, C-346 de 2017, C-1065 de 2001 y C-367 de 2014.

1.6. Mediante auto el 15 de febrero de 2019, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, resolvió “CONCLUIR el trámite incidental de desacato” adelantado por John Byron Zapata Atehortua. Para sustentar su decisión, analizó el Acuerdo 028 y el Decreto 939 de 2018, y concluyó que:

“(…) se logra desprender que la administración demostró con certeza la destinación específica a inversión del impuesto de industria y comercio aplicado al sector financiero en el año 2019, para gastos de inversión en el proyecto de construcción e implementación del cable aéreo como elemento del sistema integrado de transporte público en el Área Metropolitana del Centro de Occidente”.

2. Pretensiones de la acción

El señor John Byron Zapata Atehortua interpuso escrito de tutela el 14 de marzo de 2019 en el que solicitó:

2.1. Declarar en desacato al Alcalde y a la Secretaria de Hacienda del municipio de Pereira, por no haber obedecido la sentencia del 27 agosto de 2018 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira.

2.2. Ordenar que se expida un nuevo acuerdo municipal en el que se dé cumplimiento a los artículos 345 Constitucional y 35 del Decreto 111 de 1996.

2.3. Ordenar que los recursos del impuesto de Industria y Comercio que provienen del sector financiero sean destinados a inversión social, y no en la construcción del cable aéreo. Compulsar

2.4. “Compulsar” copias a la Fiscalía General de la Nación por prevaricato por omisión, en contra de: i) las referidas autoridades administrativas municipales, al no presentar el proyecto de acuerdo del presupuesto para la vigencia fiscal de 2019, en la forma en que lo indicó el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira; ii) el juez de primera instancia, por proferir el auto del 15 de febrero de 2019, con violación de las normas constitucionales, legales y jurisprudenciales.

2.5. “Compulsar” copias a la Procuraduría General de la Nación para que se sancione al Alcalde y al Secretario de Hacienda del municipio de Pereira, por la renuencia a cumplir la orden judicial.

Finalmente, solicitó como medida cautelar la suspensión del Acuerdo 028 del 2014 y del Decreto 939 del 19 de diciembre del 2018.

3. Fundamentos de la acción

En el escrito introductorio el accionante argumentó que el juzgado tutelado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al desconocer las normas constitucionales, legales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que existe en materia presupuestal, pues en su sentir, el Decreto 939 del 19 de diciembre de 2018, no da cumplimiento a la orden judicial del 27 de agosto de la misma anualidad.

Afirmó que la única forma de dar cumplimiento a la referida orden judicial, es que el Alcalde de Pereira presente un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para que, en atención al artículo 48 de la Ley 14 de 1983, oriente los recursos recaudados por concepto del impuesto de industria y comercio del sector financiero a inversión social, y no para obras de infraestructura.

Para cuestionar la providencia del 15 de febrero de 2019, reiteró que el Acuerdo 028 y el Decreto 939 de 2018 contienen vicios de legalidad y constitucionalidad, para lo cual transcribió los argumentos que sostuvo durante el trámite de desacato. Explicó que el Alcalde y el Secretario de Hacienda introdujeron modificaciones al presupuesto que no se pueden hacer, porque no fueron aprobados por el Concejo Municipal.

4. Trámite en primera instancia

4.1. En auto del 19 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la acción de tutela, negó la suspensión provisional solicitada, vinculó al Alcalde del Municipio de Pereira y ordenó su notificación a las partes.

4.2. Intervenciones

4.2.1. El Municipio de Pereira contestó que la acción de tutela “debe ser negada por improcedente”, en la medida en que no existe transgresión de derechos fundamentales, y que el amparo constitucional no es el medio para cuestionar la legalidad de los actos administrativos.

Explicó que conforme al artículo 80 del Acuerdo 08 del 2014, corresponde al Alcalde expedir el decreto de liquidación, una vez es aprobado el Presupuesto General de Rentas y Recursos. Para el caso, afirmó que en el Decreto 939 del 19 de diciembre de 2019 se discriminó proyecto a proyecto el presupuesto de inversión, concerniendo al código 154 el rubro correspondiente al valor recaudado por concepto del impuesto de industria y comercio del sector financiero.

Indicó que el Acuerdo 028 de 2018 no hizo modificaciones al presupuesto de gastos y rentas, y que el Decreto de Liquidación 939 de 2018 no realizó traslados presupuestales, pero si incluyó en sus anexos la segregación al detalle de las rentas y apropiaciones, así como distinguió los gastos de inversión y de funcionamiento.

Manifestó que la inconformidad del accionante radica en que los recursos del referido impuesto serán destinados a la cofinanciación del proyecto de implementación del mega-cable y no a otros proyectos de carácter social.

Finalmente, expresó que las pretensiones de la tutela no propenden por la protección de derechos fundamentales sino que buscan reabrir el debate del trámite incidental de desacato, así como hacer incurrir en error al juez constitucional al solicitar que se ordene proferir nuevo acuerdo municipal.

4.2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira contestó la tutela y manifestó que no existía mérito para declarar el amparo constitucional deprecado. Informó el trámite que imprimió a la acción de cumplimiento de primera instancia y al incidente de desacato, conforme a las normas contenidas en las Leyes 393 de 1997 y 1437 de 2011, para concluir que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso. En relación con el acceso a la administración de justicia, expresó que nunca dejó de resolver los escritos y solicitudes que presentó el actor.

Afirmó que el asunto no tiene relevancia constitucional, puesto que no se logró demostrar la trascendencia del conflicto legal a esferas constitucionales, que lo pretendido por el accionante es conseguir una instancia adicional, y que los argumentos expresados en la tutela son los mismos que desde la acción de cumplimiento y el desacato se han presentado, y que fueron resueltos en su momento.

5. Fallo de primera instancia

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia dictada el 3 de abril de 2019, rechazó “por improcedente la acción” de amparo, al no encontrar satisfecho el requisito general de relevancia constitucional. Como fundamento de su decisión indicó que la parte actora presentó idénticos argumentos en el incidente de desacato y en la tutela.

Destacó que la autoridad judicial accionada se pronunció sobre la totalidad de los requerimientos planteados en el desacato, de acuerdo con las providencias del 24 de enero y 15 de febrero del 2019, en las que se expusieron fundamentos jurídicos que sustentan la decisión de concluir el trámite incidental.

La sentencia proferida en la acción de cumplimiento, consistió en que, el valor recaudado por concepto de impuesto de industria y comercio, debía ser destinado a inversión y no para gastos de funcionamiento. La alcaldía de Pereira consideró que los rubros obtenidos por dicho concepto serian invertidos en la construcción del cable aéreo, lo cual el juzgado encontró en el incidente de desacato ajustado a la orden judicial del 27 de agosto de 2018.

Advirtió que en la tutela no observó argumentos que permitan evidenciar vulneración de derechos fundamentales, y que las diferencias de las partes con el juez son propias de los procesos judiciales, luego pretender que la tutela se erija como una instancia adicional, le resta vigor y desconoce los principios de autonomía judicial y juez natural.

6. Impugnación

La parte accionante argumentó que la tutela tiene relevancia constitucional, en la medida en que: i) se garantiza un orden social justo, para lo cual citó derechos de rango constitucional y su preámbulo; ii) se trata de establecer si existe cosa juzgada con la sentencia C-495 de 1998, en relación con los artículos 48 de la Ley 14 de 1983 y 213 del Decreto 1333 de 1986; iii) el Secretario de Hacienda de Pereira indujo a error al juez accionado con el Decreto 939 de 2018; iv) se vulneraron normas orgánicas de presupuesto; y v) se desconoció el precedente judicial existente sobre normas de presupuesto. Además, reiteró los argumentos del escrito introductorio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 de marzo de 2019.

2. Problema jurídico

A la Sala le corresponde establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de John Byron Zapata Atehortua, a partir de la providencia del 15 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, dentro de un trámite incidental de desacato.

Para ello, es necesario tener en cuenta que, los argumentos del actor cuestionan, de manera general, el auto del 15 de febrero de 2019 que resolvió el incidente de desacato pero, en concreto, reprochan la legalidad y constitucionalidad del Acuerdo 028 y del Decreto 939 proferidos en el año 2018.

En ese orden, por la particularidad del presente asunto, es preciso realizar un estudio riguroso de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego determinar si se configuró algún defecto en la decisión enjuiciada que conlleve a la vulneración de los derechos fundamentales.

3. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

4. Requisitos generales

El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se deriva de los requisitos consagrados en el artículo 86 de la Constitución, en el Decreto 2591 de 1991, y en la concreción que, de los mismos, se ha hecho por la vía interpretativa en la jurisprudencia constitucional.

Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que tenga la incidencia de vulnerar derechos fundamentales.

Por tanto, antes que todo, la Sala pasará a realizar el examen de procedibilidad en el caso concreto a fin de determinar si es posible pasar al examen de los defectos alegados en la solicitud de amparo.

Para tal fin, es necesario realizar algunas precisiones dogmáticas en relación con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela que tienen especial incidencia en el caso sub exámine en razón al hecho advertido en la formulación del problema jurídico, relacionado con la exposición de los argumentos que sustentan el amparo y que determina que se haga un análisis, primero, del requisito de i) exposición clara de los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; luego de la ii) relevancia constitucional, y finalmente, de la iii) subsidiariedad.

4.1. Explicación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela

La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional, permite un margen de informalidad, tanto en la presentación de la solicitud de amparo, como en el despliegue argumentativo que se deben realizar, pero siempre bajo la exigencia de los requisitos de procedibilidad establecidos en el Decreto 2591 de 1991.

En las acciones de tutela contra providencias judiciales, esta flexibilidad se restringe, toda vez que de prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela. Así, es necesario cierta rigurosidad, en el sentido de que los demandantes desarrollen en su escrito una explicación —sin que implique una técnica hermenéutica específica—, que exponga los motivos de la vulneración.

Esta exigencia es tan importante, que constituye uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, como se indicó en la sentencia C-590 de 2005, y que ha tenido desarrollo jurisprudencial para concretar su contenido, alcance y necesidad. Al respecto, en la sentencia T-265 del 2014 se dijo, por un lado, que las decisiones cuestionadas son proferidas por autoridades con competencia para ello con autonomía judicial, y en ese orden la tutela controvierte los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada; y por otro lado, sería desproporcionado para el juez constitucional, exigirle que revisara nuevamente el proceso con el fin de encontrar una vulneración de derechos fundamentales, desconociendo la naturaleza subsidiaria de esta acción.

Al respecto en la referida sentencia, dijo:

“2.3.5.2. La identificación por parte del demandante de los hechos constitutivos de la vulneración, en criterio de la Corte, adquiere una especial relevancia en sede de amparo constitucional. En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo trasgredidos. Igualmente, deben demostrar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.

En este sentido, si lo que se está cuestionando es que la autoridad judicial cometió un vicio que conlleva a la vulneración de derechos fundamentales mediante su providencia, ya sea por una indebida justificación que transgrede el orden constitucional, por la ausencia de motivación o por una deficiente apreciación de los medios probatorios, es menester alegar –precisamente– cómo se materializa tal defecto y en qué incide en la situación que se plantea como vulneradora de los derechos fundamentales.
(…)
2.3.5.6.  En conclusión, la acción de tutela contra providencias judiciales es viable de manera excepcional, cuando se cumplen los requisitos generales que permiten su procedencia. Entre dichos requisitos se encuentra el referente a la necesidad de identificar de forma precisa, comprensible y suficiente tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos supuestamente vulnerados. A diferencia de los demás ámbitos de procedencia de la acción de tutela en los que prevalece el presupuesto de la informalidad, en tratándose del ejercicio de la acción de amparo contra providencias judiciales, este Tribunal tiene establecido que su valoración no procede de forma abstracta o general, esto es, derivado de la simple afirmación de que se ha presentado una irregularidad en el proceso. Solo así se protegen elementos tan relevantes para el Estado Social de Derecho como son la autonomía e independencia judicial.

A juicio de este Tribunal, salvo que la violación iusfundamental sea evidente, el análisis por vía de tutela sólo puede estructurarse si previamente se precisan por el interesado las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho y se logra establecer su nivel de influencia en la decisión cuestionada, pues de esta forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible actuar al juez constitucional, no sólo en respeto de las esferas propias de los jueces ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza a la acción de amparo. Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se pretenda promover la acción de tutela sobre planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos, que no permitan orientar la actividad excepcional que le corresponde cumplir en este campo al juez constitucional.

Como se deriva de lo expuesto, no se trata de rodear a la acción de tutela de exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino de exigir que el actor tenga claridad y sea diligente en cuanto a la explicación del origen de la afectación de sus derechos y que dé cuenta de ello al momento de pretender su protección constitucional.

Por lo demás, es importante enfatizar que el motivo por el cual este requisito procesal resulta relevante, es que ante la ausencia de claridad y precisión en torno a las razones por las cuales se alega la trasgresión de los derechos fundamentales, cualquier intervención del juez de tutela produciría el riesgo de invadir –injustificadamente– la órbita de competencia del juez natural, desconociendo elementos esenciales del ordenamiento jurídico, como lo son la autonomía e independencia judicial.” (La Sala destaca).

Como se lee, la exigencia de este requisito, permite garantizar la función jurisdiccional en términos de autonomía judicial y de seguridad jurídica, de manera que el reproche de tutela no se lleve desde una alegación general e indeterminada sobre la posible afectación de derechos fundamentales, sino que se lleve al plano concreto y específico. Ello, claro está, se materializa en cada caso a partir de la identificación de los hechos y razones en la providencia o actuación de que se trate en donde se manifiesta el defecto alegado. Tal precisión, además de garantizar la autonomía judicial, desarrolla el carácter subsidiario de la acción de tutela, en el sentido que no se invoque la protección del juez para que haga un examen general y completo de la providencia.

Esta posición fue reiterada por la misma Corporación en sentencia SU–585 de 2017, en los siguientes términos:

“En síntesis, las causales de procedencia de la acción de tutela interpuestas contra providencias judiciales, que permiten al juez constitucional entrar a analizar de fondo el asunto se pueden sintetizar en que:
(…)
v) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial. (…)”. (Subrayado propio del texto y negrillas de la Sala).

Así pues, la exigencia de este requisito tiene un contenido eminentemente sustancial, pues la exposición clara sobre los motivos por los cuales la providencia judicial cuestionada vulnera derechos fundamentales, requiere un mínimo de razonabilidad en el sentido de que haya una relación entre el reproche elevado y su ubicación concreta en la providencia atacada.

Ello, porque la verificación de los reqisitos de procedibilidad no se limitan a un análisis formal en el sentido de que se dé cualquier exposición de hechos y razones. Como se vio, las garantías de autonomía judicial y del principio de cosa juzgada exigen una carga mínima para quien solicita la protección iusfundamenal.

Lo anterior no supone, en todo caso, que el juez constitucional revise la suficiencia de los argumentos expuestos para demostrar la presencia o no del defecto alegado, pues esto tendrá que ser resuelto en el fondo del asunto.

En este sentido, se puede decir que la carga argumentativa de una acción de tutela contra decisiones judicial tiene dos momentos para ser analizada: i) para efectos de la procedibilidad, en requisitos generales, sobre la justificación de los hechos y motivos por los cuales las autoridades judiciales vulneraron derechos fundamentales con ocasión de la providencia cuestionada; y ii) para efectos de la procedencia, en el fondo del asunto, al determinar si la argumentación fue conducente para evidenciar la presencia del defecto alegado.

Este requisito sitúa la acción de amparo en un plano de cierta rigurosidad y permite al juez hacer el análisis posterior de los demás requisitos generales. En efecto, la presentación de los hechos y las razones de la afectación hacen posible al juez de amparo establecer si la cuestión (los hechos y razones) tienen relevancia constitucional o simplemente se trata de una pretensión de orden legal que corresponde al juez ordinario, o si la acción de tutela tiene carácter subsidiario, o en cambio, si se pretende usar como un mecanismo de protección principal.

4.2. Relevancia constitucional

Este requisito se deriva de la naturaleza y finalidad de la acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a la acción de tutela para solicitar la protección de sus “derechos constitucionales fundamentales”, y que en los casos en que la acción se ejerce contra providencias judiciales significa que el reproche debe, efectivamente, tratarse de una presunta afectación de derechos fundamentales, pues de lo contrario, el juez constitucional incurriría en una intromisión en situaciones que le corresponde definir a otras jurisdicciones.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este requisito persigue, como mínimo, tres finalidades, las cuales son: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad;  (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.

Estas finalidades garantizan la órbita de competencia de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, con respeto a la independencia y autonomía de los jueces. Además, este requisito evita, de contera, que la tutela se convierta en una instancia o en un recurso adicional.

En ese orden, se entiende cumplida la relevancia constitucional, en términos generales, cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no, por ejemplo, a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir exclusivamente a otras jurisdicciones. Por lo que en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, se verifica cuando, a primera vista, el reproche de tutela está dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional.

Ahora bien, la relevancia constitucional fue abordada por el Consejo de Estado en la sentencia de Sala Plena del 5 de agosto del 2014, en la que destacó como objetivos fundamentales de este requisito, proteger la autonomía funcional de los jueces y evitar la intromisión del juez de tutela en asuntos propios por definir a otras jurisdicciones. El alto tribunal contencioso administrativo indicó que para estudiar la relevancia constitucional, es necesario que concurran dos elementos, a saber:

“El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional”. (La Sala subraya).

A este punto, el examen de relevancia constitucional parte del reproche en concreto presentado en la solicitud de amparo. De allí que su verificación no se agota con la afirmación general de que una providencia vulnera determinado derecho fundamental, como es el caso del debido proceso.

Es preciso, por tanto, determinar con exactitud cuál es la providencia objeto de la acción y cuál es el reproche imputado. Todo lo cual, pone de manifiesto la estrecha relación con el requisito de exposición suficiente de los hechos y las razones que se abordó anteriormente.

En otras palabras, si la acción constitucional es ejercida para cuestionar una providencia judicial, es necesario para que el juez de tutela examine si el asunto contiene relevancia constitucional, que el interesado despliegue alguna argumentación que permita entrever, prima facie, que el objeto de discusión gira en torno a la vulneración de derechos fundamentales, y no a un debate propio de la justicia ordinaria.

En tales términos se hace evidente que la relevancia constitucional y la sustentación de hechos y razones de la tutela, son requisitos que comparten la necesidad de una justificación mínima por parte del interesado que definen el objeto del proceso y la competencia del juez de tutela. Lo que, en cualquier caso, está directamente relacionado con la razón misma de los requisitos de procedibilidad, en el sentido de que esta tenga un carácter excepcionalísmo cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales. Así, el proceso ordinario tendrá, en todo caso, una función principal para efectos de resolver la litis, y el proceso de tutela un carácter subsidiario.

Todo lo anterior, entonces, debe ser valorado sistemáticamente por el juez de tutela a partir de una aproximación concreta al reproche elevado, pues la enunciación de los requisitos en ningún caso supone un examen formal, lo que cobra especial importancia en lo relacionado con el requisitos de subsidiariedad como se pasa a examinar.

4.3. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para su amparo.

Cuando se trata de una tutela contra providencia judicial, el cumplimiento de este requisito presenta una aparente paradoja, pues mientras que la Constitución en su artículo 86 se refiere a la subsidiariedad como un presupuesto de procedibilidad que supone la ausencia de mecanismos de defensa judicial, la mencionada sentencia C-590 de 2005 se refirió a este, en el sentido de que, antes de que se presente la solicitud de tutela, es necesario que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada. Estas disposiciones, lejos de ser contradictorias, permiten entender la acción de tutela en un escenario de desprotección, en tanto que, en general, los derechos fundamentales pueden ser protegidos a través de diferentes mecanismos judiciales, solo que en el segundo caso, la afectación iusfundamental se produce en el mismo proceso, dentro del cual se cuenta con los mecanismos para el amparo. Como lo ha indicado la Corte Constitucional:

“Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior”. (Resalta la Sala).

La subsidiariedad permite evitar que la acción tutela se use como un mecanismo principal, alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o deducidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.

Lo anterior conduce a que, en armonía con los requisitos de procedibilidad comentados previamente, el juez de tutela tenga calidad sobre cuál es el reproche elevado contra una providencia para determinar si el mismo goza de relevancia constitucional, y si, la persona solicitante de amparo, contaba con los mecanismos de defensa dentro del proceso ordinario.

Así las cosas, la subsidiariedad no se restringe a un mero ejercicio formal de verificar si se superaron los diferentes mecanismos de defensa en abstracto, pues también pasa por una valoración en concreto de la actuación de quien solicita el amparo, a efectos de determinar si este realizó una conducta diligente y si al trámite de tutela trae una cuestión que no ha sido amparada en el proceso ordinario. Sobre esta doble verificación la Corte Constitucional ha establecido:

“En consecuencia con lo anterior, al juez de amparo le corresponde hacer un estudio de subsidiariedad en los términos del artículo 86 de la Constitución, en el que, primero, determine si en abstracto el proceso cuenta con mecanismos de defensa eficaces e idóneos que garanticen la protección del derecho fundamental. De manera que de no existir, la tutela resulta procedente en términos de subsidiariedad. Sin embargo en el escenario de las providencias judiciales, la jurisprudencia ha desarrollado también la necesidad de realizar un examen en concreto, orientado a valorar la actividad procesal del tutelante, al punto de definir si ya ha agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa que tenía a su alcance  de manera diligente, y, no obstante, por una deficiencia de la actividad judicial, la amenaza al derecho permanece, lo que obliga a la intervención del trámite de amparo”.

Ahora bien, en la sentencia T-396 del 2014, la Corte Constitucional delimitó los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:

“(i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.”

Así, un riguroso estudio de este requisito concluye que la tutela no puede ser manipulada ante un simple desacuerdo de las partes con la providencia reprochada con afectación de la figura de cosa juzgada, y con la pretensión de controvertir situaciones jurídicas consolidadas que tuvieron su oportunidad de ser discutidas. De manera que la excepcional procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales no se satisface, en términos de subsidiariedad, con un simple chequeo en abstracto del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial; debe realizarse, además, un examen en concreto, en relación con el tipo de reproche y su relevancia constitucional, para garantizar que la solicitud al juez de amparo se hace como una alternativa judicial de carácter subsidiario —no principal—.

A partir de estas consideraciones, la Sala pasará a realizar el análisis de procedibilidad de la acción de amparo, sobre la cual se advierte la presentación de argumentos dirigidos, de forma general, contra una providencia judicial, pero en concreto, contra los actos administrativos que fueron objeto de esta.

5. Caso concreto

En el escrito de tutela, el señor John Byron Zapata Atehortua asegura que la providencia del 15 de febrero de 2019 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en atención a que dicha decisión violó las normas legales y constitucionales sobre presupuesto, así como, desatendió la jurisprudencia que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han proferido sobre el mismo asunto.

El accionante sustentó su afirmación, en el extenso escrito introductorio, con la aseveración de que el Acuerdo sobre el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiación para gastos del municipio de Pereira para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019, y el Decreto de liquidación del presupuesto, no dan cumplimiento a la orden judicial del 27 de agosto del 2018.

Para sostener lo anterior, cuestionó la legalidad y constitucionalidad de los mencionados actos administrativos mediante la exposición de un marco legal y jurisprudencial sobre el tema del presupuesto, en el que presentó algunas consideraciones y citó extensos apartes de las siguientes normas y sentencias: los Decretos 111 de 1996, los Acuerdos 08 y 029 de 2014, 1333 de 1983 y 118 de 1996; las Leyes 1551 de 2012, 14 de 1883, 136 de 1994, 617 de 2000, 819 de 2003, 1474 de 2011, 1712 de 2014; los artículos constitucionales 287, 345, 348, 352, 353, 359; y las sentencias C-629 de 1996, C-652 de 2015, C-346 de 2017, C-1065 de 2001 y C-367 de 2014.

Como pretensiones de la tutela solicitó, entre otras cosas, que se declare en desacato a las autoridades municipales implicadas, se les ordene proferir un nuevo acuerdo municipal que obedezca la sentencia del 27 de abril de 2018, y que se “compulse copias” a las autoridades penales y disciplinarias para que se pronuncien sobre la presunta actuación renuente de la Alcaldía de Pereira.

En conclusión, la Sala observa que el actor enunció, de forma general, la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión del auto del 15 de febrero de 2019, pero para sustentar su alegato, dirigió sus argumentos, en concreto, a cuestionar los actos administrativos 028 y 939 de 2018.

Esto se traduce en que, las pretensiones y argumentos de tutela son los mismos que motivaron el trámite de desacato. A esta conclusión llega la Sala luego de observar que el actor transcribió en el escrito introductorio el sustento del memorial del 15 de enero del 2019, que presentó ante el juez Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, alegatos que ya fueron abordados, analizados y resueltos en el auto del 15 de febrero del mismo año por la autoridad judicial competente.

Así, la Sala encuentra que no se presentan razones para reprochar el auto objeto de tutela, en relación con algún defecto y, en consecuencia, por qué vulneró los derechos fundamentales del tutelante. Así las cosas, la presente acción está dirigida a que el juez constitucional desplace al juez ordinario, reemplazando una decisión por otra: una competencia por otra.

En ese orden, la Sala observa que el escrito de tutela no logra superar el requisito sobre la explicación suficiente de los hechos y motivos de una tutela contra providencia judicial, precisamente, porque los argumentos del caso concreto no cumplen con las cargas mínimas que distingan, por lo menos sumariamente, cómo se materializó un defecto en el auto enjuiciado y su relación con la presunta transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Como se vio, el actor se limitó a elevar su reproche contra las actuaciones administrativas, en relación con la decisión de la administración municipal de invertir los recursos recaudados del impuesto de industria y comercio del sector financiero para la construcción del proyecto de cable aéreo —y no a inversión social—, omitiendo la valoración que ya había hecho el juez de conocimiento al resolver el incidente de desacato.

La carencia de exposición de hechos y razones, impiden que el juez constitucional pueda identificar y, luego, pronunciarse sobre una posible vulneración de derechos fundamentales derivados de un defecto en la providencia judicial, lo que conduce indefectiblemente a que la acción sea improcedente. Lo contrario, significaría, como antes se advirtió, que trasladara su competencia a la del conocimiento de fondo del asunto, y que solamente corresponde al juez ordinario.

Esta omisión argumentativa, trae como consecuencia directa que el reproche pierda toda relevancia constitucional, en relación con una posible vulneración de derechos fundamentales derivados de la provincia objeto de reproche y, en su lugar, resulta en una solicitud para que en esta sede judicial se debata como una instancia adicional, lo resuelto en el auto cuestionado del 15 de febrero de 2019.

Finalmente, sustituir al juez ordinario para decidir sobre el cumplimiento o no de la orden judicial del 27 de agosto de 2018 por parte de la alcaldía de Pereira, desconoce la decisión del 15 de febrero de 2019 y lleva a la tutela a ser un mecanismo principal, que contraría el principio de subsidiariedad del amparo contra providencia judicial.

Valga la pena destacar que, el actor no explicó en qué medida sus derechos fundamentales no fueron garantizados y, por ende, vulnerados dentro del trámite de desacato con ocasión de la providencia objeto de tutela. De manera que su solicitud de tutela se convierte en una exposición amplia y general en la que, al no indicar con precisión los hechos y razones de los supuestos defectos de la providencia, pretende que el juez de amparo conozca de manera original sobre una litis que ya fue resuelta por el juez natural.

La Sala reitera que, la falta de argumentos dirigidos a exponer un defecto en el auto reprochado que revista una situación de importancia constitucional, en el caso concreto, ocasionaría que el juez constitucional actuara de manera principal para decidir si la autoridad municipal acató o no la sentencia proferida en la acción de cumplimiento, lo que se traduce en desconocer el principio de subsidiariedad.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión adoptada por el juez a quo, que declaró la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de John Byron Zapata Atehortua, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección “C” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de abril de 2019 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró improcedente el amparo los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-00022-00/19

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

Fls. 1 a 53 del cuaderno de tutela. Artículo 48.- La totalidad del incremento que logre cada municipio en el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio por la aplicación de las normas del presente Capítulo, se destinará a gastos de inversión, salvo que el plan de desarrollo municipal determine otra, asignación de estos recursos.
“Por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiación para gastos del municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019”. Auto del 26 de noviembre de 2018. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira dio apertura formal al incidente de desacato con auto del 18 de diciembre de 2018.
“Por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2019”.
“Sobre liquidación del presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2019”. Enunció que la autoridad accionada desconoció las sentencias C-367 de 2014, C-579 de 2001, C-935 de 2005, T-424 de 2018 y C-685 de 1996, C-472 de 1992, C-354 de 1998 y C-629 de 1996; el Decreto 111 de 1996; y los artículos 341, 342, 345, 350 y 360 Constitucionales, y los fallos del Consejo de Estado, del 7 de octubre de 1999 (rad: 4239) y del 25 de octubre del 2007 (rad: 2001-01319-01). Ver numeral 1.5. de esta providencia. Fl. 66 del cuaderno de tutela. Fls. 63 al 68 ibídem. Publicado en el diario oficial 50.913 del 1 de abril de 2019. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Artículo 14 ibídem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos. Consejo de Estado. Sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001031500020150182801. Criterio que reiteró la Sección Quinta en sentencia del 15 de diciembre de 2015 “le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.”. Sentencia C-590 de 2005. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa.

En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014). Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente  -es decir segura y en condiciones de igualdad-  de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” (sentencia T-102 de 2006). Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. Ibídem. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-458 de 29 de agosto de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Radicación número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales. Sentencia ibídem. Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)
Que fijó parámetros frente a la tutela contra providencia judicial. Sentencia T753 de 2006. T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-430 de 2016. Ver numeral 1.5. de esta providencia.

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