Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00245-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00245-01 (1208-2022)
Demandante: Consuelo Pineda Villada
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Incompatibilidad entre pensión de jubilación y de invalidez de
docente. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual negó las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Consuelo Pineda Villada instauró demanda1 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 0496 del 19 de mayo de 2017, con la
que la Secretaría de Educación de Risaralda, en representación del FOMAG, le
negó a la actora el reconocimiento de una pensión ordinaria de jubilación.
1
Ver índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, Expediente digital.
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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada
a reconocer dicha prestación a favor de la accionante en los términos del artículo
1.° de la Ley 33 de 1985, con efectividad desde el 19 de diciembre de 2014,
calculada sobre el 75% del promedio de los salarios y demás factores percibidos
durante el año previo a dicha fecha.
Que sobre la primera mesada pensional se aplique la indexación desde el año 2013,
fecha en la que se retiró como servidora pública, hasta el 2014; y que, en el mismo
sentido, se ordene el pago retroactivo de las mesadas atrasadas desde la fecha de
efectividad de la prerrogativa, ello junto a los intereses e indexación sobre las sumas
adeudadas por este concepto, así como el reconocimiento de intereses a que haya
lugar.
Que la parte demandada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.
Que se disponga sobre la condena en costas conforme al artículo 188 del CPACA.
HECHOS
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la señora Consuelo Pineda Villada nació el 19 de diciembre de 1959, y desde
el 10 de marzo de 1978 hasta el 5 de mayo de 2013 estuvo vinculada en la planta
de personal del departamento de Risaralda como docente, laborando al servicio del
magisterio por 35 años, 1 mes y 26 días.
Que adquirió el estatus jurídico para la pensión de jubilación el 19 de diciembre de
2014 cuando cumplió los 55 años de edad.
Que el 18 de abril de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación ante
el FOMAG, y para ello pretendía que le fuera aplicado el artículo 1. ° de la Ley 33
de 1985.
Que la autoridad demandada negó dicha petición mediante la Resolución 0496 del
19 de mayo de 2017, ello al aducir que la actora se encontraba pensionada por
invalidez y dicha prerrogativa excluye la de jubilación.
Que la pensión de invalidez fue de origen profesional con ocasión de un accidente
de trabajo y por lo tanto esta es cancelada con cargo al Sistema de Riesgos
Profesionales administrado por el FOMAG.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron: los artículos 1, 2, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, los
Decretos 2277 de 1979, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1743 de 1966, 1919 de 2002,
y las Leyes 6.° de 1945, 33 de 1985, 115 de 1994, 91 de 1989, 812 de 2003, 100
de 1993, 65 de 1946 y 4.°de 1966.
Que pese a encontrarse pensionada por invalidez, el reconocimiento de la pensión
ordinaria de jubilación es compatible con la anterior, considerando el origen
profesional a partir de la cual fue reconocida, y que en ese sentido, los recursos con
los que ambas son financiadas provienen de sistemas diferentes, es decir, la de
jubilación surge del sistema de pensiones y la invalidez de origen profesional del
sistema de riesgos profesionales.
Que la decisión de la entidad transgredió la normatividad constitucional, legal y la
jurisprudencia de las altas cortes, constituyendo su actuar en un abuso del derecho
y en un enriquecimiento patrimonial injusto en detrimento del patrimonio de la
reclamante.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 7 de febrero de 20202 y notificada a la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG, quien contestó3 que la entidad se encuentra
sujeta a lo determinado por las disposiciones de la Ley 91 de 1989 para el
reconocimiento pensional; a su vez, señaló la incompatibilidad existente entre las
pensiones de invalidez y jubilación establecida en el artículo 31 del Decreto 3135
de 1968 y en el artículo 128 de la Constitución Política.
Manifestó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
reconocimiento de las dos pensiones solicitadas por la actora resulta improcedente
toda vez que no existe norma alguna que permita la doble asignación pretendida,
esto a diferencia de la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de
jubilación, gracia y el salario, que expresamente es permitido por la ley.
Sustentó también su negativa al advertir que dichas prestaciones no pueden ser
disfrutadas conjuntamente porque tienen su origen en una misma relación laboral,
están condicionadas a los aportes que la demandante realice a la seguridad social
y la finalidad de ambas es la misma.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de integración del
2 Ver índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, Expediente digital, páginas 79 a 81.
3 Ver mismo archivo, páginas 89 a 102.
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litisconsorcio necesario, (ii) inexistencia de la obligación, (iii) prescripción de
mesadas, y (iv) reconocimiento oficioso o genérica.
El 16 de julio de 20214 el tribunal origen en virtud del artículo 182A del CPACA se
abstuvo de realizar la audiencia inicial y procedió a resolver las excepciones previas
propuestas, declarando no probada la falta de integración del litisconsorcio
necesario, y respecto a la prescripción, difirió su estudio al momento de la sentencia.
Dispuso como pruebas aquellas allegadas con la demanda y su contestación; fijó el
litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales
se orientaría la decisión. Finalmente corrió traslado para alegar de conclusión con
el fin de surtir el trámite de la sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda
estimando que, pese a que la actora cumplió con los requisitos necesarios para el
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 91 de 1989 y
33 de 1985, esto por vincularse antes de la entrada en vigencia de Ley 812 de 2003,
lo cierto es que a la misma le fue reconocida una pensión por invalidez mediante
Resolución 0359 del 8 de octubre de 2013 equivalente al 100% del salario
devengado, siendo las referidas prestaciones incompatibles entre sí.
Que las normas aplicables al caso de la actora, los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, disponen la incompatibilidad de la pensión de jubilación y de invalidez, y
en ese sentido, por expreso mandato legal esta no puede percibir dichas
prestaciones simultáneamente.
Que no encuentra fundamento la posición sostenida por la docente al referir que su
pensión de invalidez está a cargo de la ARL, pues la entidad encargada del pago
de su prestación es el FOMAG y es por ello que las pensiones que la docente
pretende que le sean reconocidas tienen su origen en una misma relación laboral y
están a cargo del mismo fondo, a su vez, soportó el tribunal la negativa al manifestar
que las dos pensiones están condicionadas a los aportes que hizo la demandante
al sistema de seguridad social de dicho fondo y que ambas comparten el mismo
objetivo que es cubrir la pérdida de capacidad laboral.
Que con base en lo anterior, lo que le corresponde a la demandante es optar por la
pensión que le resulte más favorable, y que en su caso particular, sería la de
invalidez en atención al porcentaje de pérdida de capacidad laboral reconocido, es
decir, el 100% del último salario devengado.
4
Ver índice 12 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda.
5 Ver índice 17 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Sin condena en costas.
EL RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por
considerar que, si bien ambas prestaciones encuentran su origen en una misma
relación laboral, cada régimen tiene su reglamentación y un ámbito de aplicación
propio, y los aportes realizados cubren las contingencias de manera independiente,
ya sean de origen común o profesional.
Que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 soporta el argumento de que cada riesgo
debe tener un manejo independiente y en ese sentido, no puede ser trasladada una
carga a la docente por el manejo conjunto que realiza el FOMAG de los recursos
destinados a cubrir los riesgos.
Reiteró que las prestaciones pretendidas tienen una reglamentación y un origen
diferente, pues por un lado, la pensión de jubilación atiende a una compensación
durante la vejez del servidor público por los años de servicio prestados, y por otro,
la de invalidez de origen profesional obedece a una compensación para quien vio
disminuida su capacidad de trabajo como consecuencia de un accidente laboral.
Que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Laboral, ambas prestaciones sí pueden ser consideradas compatibles si la causa
de pérdida de capacidad fue de origen profesional, ya que los recursos con los que
se cancelan dichas prestaciones corresponden a fuentes de financiación
independientes y cada riesgo se cotiza se manera separada.
Finalizó reconociendo que a pesar de que el Decreto 1848 de 1969 no efectuó una
diferenciación en el origen de la pensión de invalidez, la incompatibilidad establecida
en el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969 desapareció con la Ley 100 de 1993,
pues esta creó la pensión de invalidez de origen profesional, y en ese sentido, existe
un vacío legal en el referido decreto, dado que, al no existir un régimen propio de
riesgos profesionales debe aplicarse lo dispuesto en la mencionada ley, la cual
señala la prohibición solo para la pensión de invalidez de origen común y no para la
profesional.
TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de marzo de 20227 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar
no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad con
lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021.
6 Ver índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda.
7
Ver índice 4 de SAMAI.
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En la oportunidad para pronunciarse, la demandada manifestó8 que se presenta una
incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez, ya sea esta última de
origen común o profesional, pues el ordenamiento jurídico lo prohíbe, por lo que,
para reconocer la pensión de jubilación de la reclamante, debería suspenderse los
efectos del acto por medio del cual se ordenó el reconocimiento de la pensión de
invalidez.
Que en ese sentido, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia y se
condene en costas a la actora.
La parte demandante guardó silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Deberá resolver la Subsección si a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG en los
términos de la Ley 33 de 1985, esto en concurrencia con la de invalidez previamente
reconocida.
Marco normativo y jurisprudencial
Prohibición de percibir pensiones de jubilación e invalidez simultáneamente.
La incompatibilidad que existe entre las pensiones de jubilación e invalidez cuenta
con un respaldo constitucional, legal y jurisprudencial que expresamente determina
que no es posible recibir ambas prestaciones simultáneamente, por una parte, la
Constitución Política de 1991 prevé tal prohibición en su artículo 128, en donde
además de imponer una limitación respecto al desempeño concurrente de más de
un empleo público, consagró también la restricción de recibir más de una asignación
proveniente de los recursos del Estado, como sigue:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.”
Entendiendo que los docentes oficiales son considerados empleados públicos y que
conforme a lo estipulado por la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 el
régimen pensional aplicable para aquellos vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003 es el mismo de los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 33 de 1985 según la remisión de la Ley 91 de 1989, de la misma manera les
resulta aplicable las prohibiciones generales dispuestas para los mismos.
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Bajo el contexto anterior, se observa que en el ordenamiento jurídico colombiano se
ha establecido un marco normativo sólido y homogéneo respecto a la
incompatibilidad que tienen los empleados públicos de percibir doble pensión.
Pues bien, el Decreto 3135 de 1968 que regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales, en su artículo 31 señala:
“Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre
sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia de ellas.”
A su vez, el Decreto 1848 de 1969 que reglamentó el anterior, en el acápite
relacionado con la pensión de jubilación dispuso en su artículo 77:
“Incompatibilidades con el goce de la pensión. El disfrute de la pensión de
jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de
entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y
sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se
adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la
Ley 1a. de 1963.”
Y en el mismo sentido, en el artículo 88 ratificó la incompatibilidad consagrada en el
Decreto 3135 de 1968:
“Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario
optará por la que más le convenga económicamente.”
La restricción constitucional antes citada fue textualmente reiterada en el artículo 19
de la Ley 4. ° de 1992, disposición normativa que señaló las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, entre otros.
Finalmente, la Ley 100 de 1993, norma aplicable para docentes vinculados a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en su artículo 13 definió las
características del sistema general de pensiones, y entre estas, expresamente
estableció la prohibición de recibir una doble pensión:
“Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones tendrá las siguientes características:
(…)
j) Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de
vejez;”
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Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado su
posición en cuanto a la incompatibilidad que se presenta entre ambas
prestaciones, sobre el particular en la sentencia C-674-01 expresó:
“En numerosas oportunidades, esta Corte ha señalado que la seguridad social
hace referencia a los medios de protección institucionales para amparar a la
persona y a su familia frente a los riesgos que atentan contra la capacidad que
éstos tienen para generar los ingresos suficientes para gozar de una existencia
digna y enfrentar contingencias como la enfermedad, la invalidez o la vejez.
[…]
El anterior análisis permite concluir que los imperativos de eficiencia que
gobiernan la seguridad social y el carácter unitario de este sistema, hacen
razonable que el Legislador evite que, en principio, una misma persona goce
de dos prestaciones que cumplan idéntica función, pues no sólo eso podría
llegar a ser inequitativo sino que, además, implicaría una gestión ineficiente de
recursos que por definición son limitados. Esta situación explica que el artículo
13 de la Ley 100 de 1993, al definir las características generales del sistema
de pensiones, haya precisado, en el literal j), que "ningún afiliado podrá recibir
simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez". La razón es elemental:
estas dos pensiones pretenden proteger a la persona frente a un riesgo común,
ya que buscan ampararla en aquellas situaciones en que ella ya no tiene la
misma capacidad para seguir trabajando, ya sea por los efectos inevitables de
la vejez, o bien por una enfermedad o un accidente que hayan mermado sus
facultades laborales. Por ello, en innumerables sentencias, la Corte Suprema
de Justicia ha concluido, con criterios que esta Corte Constitucional prohíja,
que "tanto la pensión de vejez, como la de invalidez, tienen la misma naturaleza
y persiguen la misma finalidad.”
En el mismo sentido, en sentencia T-322-16 reafirmó:
“La incompatibilidad entre estas dos prestaciones se encuentra plenamente
sustentada en los principios de unidad, eficiencia y universalidad que gobiernan
la seguridad social, ya que, si la persona se encuentra cubierta frente al riesgo
de no poder trabajar como consecuencia de la disminución de su capacidad
laboral, debido a la invalidez, no es necesario que sea nuevamente cubierta
frente a esa misma eventualidad debido a la vejez, y viceversa.”
Por otro lado, esta Corporación en extensa jurisprudencia ha correspondido con la
referida posición, puntualmente para los asuntos prestacionales de los docentes
estatales como se evidencia en sentencia del 6 de marzo de 2024 con radicado
25000- 23-42-000-2015-05103-01:
“El régimen aplicable al actor en virtud del reconocimiento de la pensión de invalidez,
es el previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, según los cuales, tal
como quedó claro en el acápite anterior, resultan incompatibles dicha pensión y la
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de jubilación.
Lo anterior por razón a que ambas prestaciones buscan salvaguardar las
contingencias a que se puede ver sometido un trabajador, relacionadas con la
afectación a su salud o por el simple paso del tiempo; y que, desde el entorno de la
universalidad, amparan diversos eventos dentro de la cobertura integral, sin que ello
implique la posibilidad de ser compatibles.
No desconoce la Sala, que el ejercicio de la profesión docente como servicio público
a cargo del Estado tiene un tratamiento especial de parte del legislador, en los
términos previstos en el Decreto Ley 2277 de 19798 y la Ley 115 de 19949. Empero,
esta situación no implica que los docentes estén exentos de la prohibición
constitucional del artículo 128 y, como en el caso en concreto, a Jaime Ignacio
Eugenio Galviz se le reconoció una pensión de jubilación de conformidad con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la norma que se le aplica es la prevista en
ese mismo cuerpo normativo, el cual dispone la incompatibilidad entre la pensión de
jubilación y de invalidez.”
Se concluye entonces que, aunque la pensión de vejez y la de invalidez protejan
riesgos distintos, son excluyentes entre sí porque ambas persiguen la misma
finalidad que no es otra diferente a asegurar los medios económicos que permitan
cubrir las necesidades básicas de las personas que ya no puedan generar ingresos,
ya sea por alcanzar la edad de retiro o por la disminución de su capacidad laboral
debido a condiciones de salud.
Por esta razón, el sistema normativo y las decisiones judiciales, fundamentadas en
los principios rectores de la seguridad social, prohíben que una misma persona
reciba ambas prestaciones simultáneamente, pues estarían devengando una doble
asignación de una misma naturaleza y para un mismo propósito.
Resolución del caso concreto
Para resolver el asunto particular de la reclamante, es primordial determinar cuál es
la normativa que gobierna su caso en virtud de la fecha de ingreso de aquella al
servicio educativo oficial, esto al considerar que, en lo atinente a los servidores del
magisterio, la aplicación del régimen pensional está condicionada a la acreditación
de la primera fecha de vinculación de cada docente como tal.
Sobre el punto, se verifica con el Decreto 1186 de 197810 y el acta de posesión11,
aportados con la demanda que su fecha de vinculación fue el 10 de marzo de 1978,
data anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
por lo que, la demandante es destinataria del régimen pensional previsto en la Ley
91 de 1989, y en ese sentido, sujeta a la normatividad pensional de los empleados
del orden nacional.
8
“Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
9
“Por la cual se expide la ley general de educación”.
10
Ver índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda, Expediente digital, páginas 32 a 34.
11
Ver mismo archivo, página 35.
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En virtud de lo anterior, debe aclararse en primera medida, que no es de recibo la
fundamentación normativa que expone la actora en su recurso de apelación,
sustentando que en atención a la Ley 812 de 2003 cada riesgo debe tener un
manejo independiente, y que con la Ley 100 de 1993, despareció la incompatibilidad
entre las prerrogativas objeto de estudio al crear esta norma la pensión de invalidez
de origen profesional.
Sin entrar a considerar el alcance de la legislación esgrimida por la docente, lo claro
es que dichas disposiciones no le resultan aplicables en tanto su régimen pensional
debe ser analizado a la luz de la Ley 33 de 1985 y de aquellas normas generales
dispuestas para los servidores públicos en materia de seguridad social, es decir, los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Al respecto, como quedó establecido en el desarrollo del marco jurídico y
jurisprudencial propio del presente caso, expresamente los mencionados decretos
disponen una incompatibilidad entre las pensiones de jubilación y de invalidez, lo
cual impide que la prerrogativa que pretende la actora con la demanda sea
reconocida de manera simultánea con la de invalidez que actualmente percibe;
posición que ha mantenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia12.
Cabe destacar que, la Ley 91 de 1989 creó el FOMAG como la entidad encargada
de administrar las pensiones y otros beneficios sociales de los docentes, y es dicho
fondo el encargado de reconocer y pagar la pensión de jubilación o la de invalidez
en contraprestación a los aportes realizados por el empleador y el trabajador, siendo
este uno de los fundamentos de la prohibición de percibir la doble asignación, pues
en atención a los principios de racionalización y eficiencia en la gestión de los
recursos públicos, los afiliados sólo pueden ser beneficiarios de una única pensión
que le resulte más favorable, salvo de aquellas que por expreso mandato legal
puedan ser concurridas como lo es la pensión gracia, ya que las mismas son
pagadas por la misma entidad en razón a un mismo aporte.
El reconocimiento simultáneo de ambas prestaciones no tiene justificación
prestacional alguna ni está acorde con el sistema pensional colombiano, toda vez
que el aporte que realiza el trabajador a un solo fondo (FOMAG) está destinado a
un único fin que es sustituir los ingresos que se dejen de percibir a causa de una
pérdida de capacidad laboral, bien sea por alcanzar un límite de edad o por razones
de salud.
Si bien la actora acude a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la
Corte Constitucional para argumentar que ambas prestaciones pueden ser
consideradas compatibles cuando la causa de pérdida de capacidad sea de origen
12
Ver sentencia del 6 de marzo de 2024 con radicado 25000- 23-42-000-2015-05103-01 (4366-2022); del 9 de
junio de 2022 con radicado 50001- 23-33-000-2014-00095-01 (0906-2018) y del 17 de marzo de 2022 con
radicado 25000-23-42-000-2015-03485-01 (1285-2019).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00245-01 (1208-2022)
profesional, debe precisarse que, la posición de estas altas cortes para permitir tal
compatibilidad se condiciona al origen de los recursos con los que se cancelan las
prestaciones, es decir, estas deben corresponder a fuentes de financiación
diferentes, lo cual no ocurre en el caso de la demandante, toda vez que sus
prestaciones sociales están a cargo de una misma entidad que no distingue la causa
de la disminución de la capacidad laboral, como acertadamente lo señaló la misma
reclamante al mencionar que el Decreto 1848 de 1969 no efectuó una diferenciación
de la pensión de invalidez respecto a su origen y que dicho manejo diferenciado
surgió con la Ley 100 de 1993, la cual se reitera que no resulta aplicable a la
accionante.
Además, como ya ha sido resuelto por esta Subsección13, no resulta viable aplicar
los criterios establecidos por aquellas corporaciones en tanto abordan contextos
fácticos y jurídicos distintos, pues para este caso, los aportes realizados por la
docente provienen de una misma causa y están a cargo de una misma entidad.
Bajo esa línea argumentativa, el acto administrativo demandado se encuentra
ajustado a derecho, entendiendo que la negativa de la pensión de jubilación se
soporta en una prohibición legal que claramente manifestó la entidad en el contenido
de la resolución atacada, por lo que se deberá confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones al considerar que la docente ya cuenta con una
pensión de invalidez previamente reconocida.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
13
Ver sentencia del 17 de junio de 2021 con radicado: 68001-23-33-000-2016-00478-01(0439-20).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00245-01 (1208-2022)
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte activa, no presentan
una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena. Contrario a ello,
la demandante propuso planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus
intereses. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Jenny Alexandra Acosta
Rodríguez, portadora de la tarjeta profesional 252.440, en calidad de apoderada
sustituta de la demandada conforme al memorial visible en el índice 27 de la
plataforma SAMAI del tribunal de origen.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
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