Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00444-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00444-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00444-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00444-02 (4811-2022)
Demandante: Jorge García Obando
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas (Risaralda)
Tema: Desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de primera instancia del 16 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
4470 del 5 de diciembre de 2018 y de la Resolución 047 del 18 de febrero de
2019, expedidos por la entidad accionada, por medio de los cuales se negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde el 20 de marzo de
2015 hasta el 31 de diciembre de 2016 y el pago de las prestaciones
consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como médico general.
2. De manera subsidiaria, solicitó declarar la excepción de
inconstitucionalidad y dar aplicación a los artículos 25 y 53 de la Constitución
Política.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar que durante el
período mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre él y la
demandada; ii) pagar a su favor las indemnizaciones1, sueldos, prestaciones
sociales2 y diferencias salariales correspondientes3; iii) compensar a su favor los
aportes a seguridad social que efectuó y que debía asumir la entidad accionada;
iv) indexar los valores que se reconozcan; v) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y vi) condenar en costas a la parte demandada.
1
Indemnización por no haber pagado oportunamente los salarios y las prestaciones sociales; indemnización
por la falta de pago o consignación de las cesantías; «sanción mora por no pago del contrato laboral»;
«indemnización término indefinido».
2
Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad
y demás prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta de la entidad accionada.
3
Entre esas las correspondientes a horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos.
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Demandante: Jorge García Obando
4. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
vulneraron las normas en que debían fundarse, teniendo en cuenta que se
desempeñó como médico general de la entidad accionada, vinculado a través de
empresas intermediarias, labor por la cual recibió una remuneración y en cuyo
desarrollo se presentó una continuada subordinación debido al uso de uniformes
y al cumplimiento de órdenes, parámetros establecidos y reglamento interno de
trabajo.
Contestación de la demanda
5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que
entre ella y el actor no existió ningún contrato de trabajo o relación legal y
reglamentaria, de tal manera que las pretensiones no deben prosperar.
6. En ese contexto, planteó las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, inexistencia de infracción de disposiciones legales, cobro de lo
no debido, imposibilidad de condenar a la ESE Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, principio de buena fe, prescripción, caducidad de la acción y la
genérica.
Sentencia apelada
7. Mediante sentencia del 16 de junio de 2022, el Tribunal negó las
pretensiones porque el demandante no cumplió con la carga de probar la
existencia de la relación laboral.
8. Precisó que los trabajadores vinculados a empresas de servicios
temporales o cooperativas de trabajo asociado solo pueden desarrollar
actividades transitorias u ocasionales para entidades estatales. Así pues, para
«desvirtuar» las vinculaciones a través de tales cooperativas se deben demostrar
los elementos propios de una relación de trabajo.
9. Indicó que no obra prueba del objeto contractual ni de las funciones para
las cuales el actor fue contratado por SERVITEMPORALES S.A., y Resultados y
Beneficios Temporales S.A.S., ni de la relación contractual de estas últimas con
la entidad accionada, por lo que no se puede establecer cuál fue la relación
jurídica sustancial de la cual emanó la prestación del servicio a favor de la ESE
demandada. En consecuencia, no está acreditado el vínculo laboral bajo la figura
de «trabajador en misión» entre el 20 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de
2016.
10. Resaltó que el Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 6 del Decreto
4369 de 2006 (compilado en el Decreto 1072 de 2015) permiten que las
empresas usuarias puedan contratar con empresas de servicios temporales por
seis (6) meses prorrogables por un término igual, tiempo que no fue superado por
SERVITEMPORALES S.A., y Resultados y Beneficios Temporales S.A.S4, de
4
En la sentencia de primera instancia se indicó lo siguiente:
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modo que los servicios prestados por el accionante no eran permanentes, sino
temporales.
11. Expuso que no existe prueba de la remuneración que pudo haber recibido
el actor durante el tiempo en que habría prestado sus servicios para la entidad
accionada.
12. Se refirió al interrogatorio absuelto por el demandante y a los testimonios
practicados y concluyó que tales declaraciones prueban la prestación personal
del servicio, pero los testigos brindaron información de manera general, sin
identificar los «extremos laborales» con cada empresa temporal ni las órdenes
específicas que le eran impartidas a aquel, ni señalaron que el horario era
impuesto por la entidad accionada, razón por la cual no está demostrada la
continuada subordinación.
13. Resaltó que no está demostrado que el actor recibiera órdenes de algún
funcionario de la demandada, memorandos, llamados de atención o misivas, ni
que cumpliera un horario dispuesto por esta última.
14. Destacó que la mera ejecución de una actividad misional constituye un
indicio de la continuada subordinación, el cual debe ser valorado con otras
circunstancias relevantes.
15. Explicó que el demandante tampoco demostró que cumplía sus funciones
en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar que los empleados de planta
de la entidad accionada, con iguales horarios y bajo órdenes de un superior
jerárquico.
16. Por último, el Tribunal decidió no imponer condena en costas porque no
están justificadas las erogaciones por este concepto ni se observa alguna
conducta que amerite tal condena.
Recurso de apelación
17. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
aduciendo que laboró en la entidad accionada desde el 20 de marzo de 2015
hasta el 31 de diciembre de 2016, de manera continua, con lo cual se superó el
término de doce (12) meses que establece el artículo 6 del Decreto 4329 de 2006,
compilado en el Decreto 1072 de 2015.
18. Adujo que una entidad estatal solo puede acceder a los servicios de los
trabajadores de las empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo
asociado cuando las actividades sean transitorias u ocasionales.
19. Sostuvo que está demostrada la prestación personal del servicio, teniendo
en cuenta que se desempeñó como médico en la ESE demandada; cumplió los
«Con la empresa Servitemporales S.A. estuvo vinculado seis meses prorrogados por un mes, luego estuvo
vinculado con la empresa Resultados y Beneficios Temporales S.A.S., por un lapso de un mes y siete días,
finalmente estuvo vinculado nuevamente con la empresa Servitemporales S.A. por espacio de seis meses
prorrogados en tres meses más, para un total de 9 meses».
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cuadros de turnos que le ordenaba la Gerencia de esta última; y obedeció las
órdenes y directrices que le señaló el médico coordinador del hospital.
20. Señaló que la entidad accionada no desvirtuó la presunción legal que
prevé el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo; y que un médico general
no goza de autonomía debido a que no puede definir en qué lugar y horario
prestar el servicio.
21. Insistió en que está probada la prestación personal del servicio de manera
ininterrumpida y el cumplimiento de actividades propias del giro ordinario de la
entidad demandada, en sus instalaciones y conforme a las directrices y horarios
que ella establecía.
22. Afirmó que la prueba testimonial y el interrogatorio absuelto permiten
entender que su remuneración era pagada por las cooperativas o empresas de
servicios temporales, las cuales recibían el dinero como contratistas de la ESE
accionada.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Por auto del 26 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
24. La entidad demandada solicitó confirmar la decisión apelada porque el
actor no cumplió con la carga de acreditar los elementos de una relación laboral,
toda vez que la prestación personal del servicio no es suficiente para demostrar
la existencia del vínculo de trabajo.
25. También indicó que los horarios y turnos de entrada y salida eran
coordinados entre el demandante y su verdadero empleador; y que ningún
funcionario del hospital le impartió órdenes o instrucciones al actor, puesto que
las empresas intermediarias designaban un coordinador para mediar en las
actividades y supervisar el servicio.
26. A su turno, el ministerio público rindió concepto a través del cual solicitó
revocar el fallo de primera instancia y acceder parcialmente a las pretensiones,
en el sentido de reconocer las diferencias salariales y prestacionales que no
devengó el demandante.
27. Señaló que la tercerización laboral es ilegal cuando se utiliza para
desarrollar actividades del giro ordinario de la entidad pública y para pagarle al
personal una remuneración inferior a la de los empleados de planta.
28. Estimó que el Tribunal no podía suplir las deficiencias probatorias del
actor, pero tampoco podía «desconocer la prueba recaudada en su aspecto de
mostrar la realidad ocurrida entre las partes»; que se acreditó la prestación
personal del servicio con la prueba documental y testimonial; que no eran
necesarios los contratos suscritos entre las empresas intermediarias y el
demandante, pues los testigos se refirieron a las tareas que este ejecutaba; y que
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aunque se hubieran aportado los contratos, de sus cláusulas no se habría podido
establecer la prestación personal del servicio ni la subordinación.
29. Agregó que el vínculo entre el accionante y la ESE demandada existió, en
tanto se prestó el servicio médico con los insumos que esta suministraba, en los
horarios y turnos que ella disponía y bajo las órdenes de la enfermera jefe.
30. Destacó que no están justificados los contratos de prestación de servicios
con médicos, enfermeros, radiólogos, etc., pues esas funciones son de carácter
permanente y de la naturaleza propia de la entidad demandada.
31. Indicó que no hay duda acerca de que la remuneración del actor era
pagada por las empresas intermediarias.
32. En torno a la continuada subordinación, expuso que los testimonios
demuestran que el demandante cumplía funciones similares a las del personal
de planta, con elementos que el hospital le entregaba y dentro de un horario, a
tal punto de que debía avisar en casos de inasistencia para que designaran un
reemplazo; y que había una coordinadora (enfermera jefe) y un coordinador
médico.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
34. La Sala debe definir si la parte demandante demostró la existencia de una
relación laboral encubierta con la entidad accionada o no, a fin de establecer si
se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no permiten acreditar la continuada subordinación en la prestación
del servicio.
36. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala considera necesario
exponer lo siguiente:
37. En el expediente se encuentra una certificación del 10 de agosto de 2016
emitida por SERVITEMPORALES S.A., según la cual el demandante estuvo
vinculado a dicha empresa a través de «contrato por obra o labor contratada» y
fue enviado en misión a trabajar como médico en la entidad accionada desde el
20 de marzo hasta el 11 de octubre de 2015 y a partir del 20 de noviembre de
2015 hasta entonces (10 de agosto de 2016).
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38. Asimismo, se aportó al proceso una certificación del 10 de agosto de 2016
expedida por Resultados y Beneficios Temporales S.A.S., según la cual el actor
se vinculó a esa empresa por medio de «contrato por obra o labor» y fue enviado
en misión a laborar como médico en la ESE demandada entre el 12 de octubre
de 2015 y el 19 de noviembre de 2015.
39. También se allegaron al proceso varios «desprendible[s] de pago de
nómina» expedidos por SERVITEMPORALES S.A., a favor del demandante,
entre ellos uno correspondiente al período comprendido entre el 1.° y el 31 de
diciembre de 2016.
40. Adicionalmente, el Tribunal escuchó al demandante en interrogatorio y
recibió los testimonios de los señores Julián David Hurtado Bedoya y Adriana
Aragón Ospina, declaraciones de las cuales se destaca lo siguiente:
i) El demandante indicó que trabajó de manera continua en la ESE
accionada y estuvo vinculado a través una cooperativa de trabajadores;
que durante el tiempo en que prestó sus servicios para la demandada no
laboró en otras partes; que los cuadros de turnos y la distribución de las
tareas se hacían con una persona que estaba contratada directamente por
el hospital; que sus honorarios eran pagados por SERVITEMPORALES; y
que en caso de incapacidad o permiso debía informarle a la jefe Martha
Benjumea y al doctor William Casas, quienes «pertenecían» a la ESE.
ii) El señor Julián David Hurtado Bedoya relató que es amigo del demandante
y fueron compañeros de trabajo; que este último trabajó como médico de
urgencias en la ESE entre 2015 y diciembre de 2016; que laboraron juntos
6 o 7 meses, tiempo durante el cual el accionante estuvo principalmente
en el servicio de urgencias, pero por necesidad del servicio pudo haber
cubierto la parte de consulta externa; que un médico de urgencias podía
estar en 3 «puestos», a saber: consulta de urgencias, traumas y
observación; que el demandante cumplía turnos de 12 horas (de 7:00 a.
m., a 7:00 p. m., o viceversa) o de 6 horas (de 7:00 a. m., a 1:00 p. m., o
de 1:00 p. m., a 7:00 p. m.), dependiendo del número de horas que tenía
que cumplir al mes; que la prestación del servicio del actor incluía sábados,
domingos y festivos, según los turnos; y que en esa época el demandante
solo trabajaba en la entidad accionada.
Agregó que los permisos o cambios de turnos se tramitaban con la jefe de
enfermería Martha Benjumea, quien coordinaba a los médicos contratados
por cooperativas, y en casos de ausencia otro compañero hacía el
reemplazo y luego se reponían las horas en otro turno; que Martha
Benjumea era la jefe de los médicos desde el punto de vista de la
contratación, mientras que el doctor Casas era el jefe desde la parte
asistencial; que las cooperativas le pagaban los honorarios al demandante
y la última de ellas fue Misión Plus (entre diciembre de 2016 y enero de
2017); que el actor siempre estuvo vinculado por cooperativa; que en el
servicio de urgencias había 2 o 3 médicos de planta, entre ellos la doctora
Salcedo; que la jefe Martha les entregaba 3 o 4 uniformes que tenían el
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logo de la ESE; que en cada consultorio había un tensiómetro y un
fonendoscopio, pero normalmente cada médico llevaba sus propios
implementos por si aquellos fallaban; que la única diferencia entre los
médicos de urgencias contratistas y de planta era el sueldo, pues las
funciones eran las mismas.
También señaló que un funcionario del hospital les brindó una
«capacitación» o inducción al ingresar a la ESE, sobre cómo funcionaba
el sistema y los servicios de hospitalización y urgencias, pero no hubo
«capacitaciones» adicionales; que el número de horas a cumplir no
cambiaba cada mes, sino que era fijo; que no recuerda si una persona
vinculada a la cooperativa le entregaba el cuadro de turnos a la jefe Martha
para que esta los distribuyera entre los médicos; y que asume que el actor
tenía el mismo tipo de contrato que él (el testigo) porque trabajaron juntos
y era la misma cooperativa.
Frente a la pregunta acerca de si sabía si al actor le habían llamado la
atención o iniciado procesos disciplinarios, expuso que a este último lo
apreciaban mucho porque tenía buena disposición para cubrir turnos
cuando otros médicos no iban, pero no se dio cuenta de «llamados de
atención puntuales».
Expuso que no conoció los contratos que suscribió la ESE con las
cooperativas, aunque sabe que fueron de prestación de servicios; que los
contratos por cooperativas eran anuales y se renovaban cada año; que
normalmente el médico que hacía turno en la noche no lo hacía en la
mañana siguiente, para que hubiera descanso; que en algún momento
ciertos compañeros reclamaron liquidaciones y salarios a la cooperativa,
pero él (el testigo) no se involucró en eso; que el único requisito para
obtener el pago era cumplir las horas mensuales, lo cual se acreditaba
asistiendo a los turnos, pero no tenían que presentar alguna bitácora o
constancia de ejecución de las horas; que desconoce el procedimiento a
través del cual la ESE le pagaba a la cooperativa; y que no tenían
capacitaciones ni reuniones directas con la cooperativa.
iii) La señora Adriana Aragón Ospina indicó que es auxiliar de enfermería y
laboró en la entidad accionada desde noviembre de 2003 hasta 2016; que
el actor ingresó al hospital en marzo de 2015 y trabajaron juntos en el área
de urgencias hasta 2016; que el demandante fue médico en el servicio de
urgencias, el cual comprendía las partes de consultorio, traumas y
observación; que el accionante estaba vinculado a través de cooperativas
o «temporales»; que al actor no le pagaron las prestaciones cuando
terminó su contratación; que la ESE le proveía los elementos de trabajo al
accionante; que el doctor Casas y la jefe Martha Benjumea le impartían
órdenes al demandante, en condición de médico coordinador y
coordinadora ante «la temporal», respectivamente, aunque esta última
estaba posesionada como auxiliar de enfermería en el hospital.
Explicó que el demandante gestionaba los permisos con el doctor Casas
y la jefe Martha Benjumea, y en esos casos se hacían cambios de turnos
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o se designaba un reemplazo; que el actor debía cumplir 192 horas al mes
(información que dijo conocer porque su cuadro de turnos era igual), las
cuales debía cumplir en turnos de 7:00 a. m., a 1:00 p. m., de 1:00 p. m.,
a 7:00 p. m., de 7:00 a. m., a 7:00 p. m., o de 7:00 p. m., a 7:00 a. m., y
dentro de ese cuadro de turnos había días sábados, domingos y festivos;
que «los» llamaban a una oficina de la ESE a entregarles los uniformes,
aunque no sabe si quien se los proporcionaba era el hospital o la
cooperativa.
Frente a la pregunta sobre qué tipo de órdenes le impartía el doctor Casas
al demandante, la testigo señaló que se refería al «tipo de órdenes de
coordinador», pues este último coordinaba quién hacía urgencias, «quién
hacía junto con la jefe Martha», quién atendía traumas, quién servía en
observación y cómo se manejaban los procesos; y que el accionante se
dirigía al doctor Casas para resolver dudas o verificar si «salía» alguna
remisión o no, ya que el doctor Casas era quien los «coordinaba», pero
cada médico tenía autonomía científica y para decir si remitía un paciente
a otro hospital.
Adicionó que en el servicio de urgencias había médicos de planta, entre
ellos el doctor Casas; que las funciones y los horarios de los médicos «de
cooperativa» y los de planta eran iguales; que las 192 horas mensuales
que debían cumplir estaban estipuladas en los contratos y se distribuían
en cuadros de turnos; que desconoce cómo era la contratación entre la
ESE y la cooperativa; que el personal administrativo y asistencial estaba
vinculado por medio de cooperativas diferentes; que algunas cooperativas
pagaban tarde, no les reconocían las cesantías, etc., y en el caso del actor
no le pagaron las prestaciones al finalizar su contratación; y que no sabe
si el hospital le pagó a la cooperativa todo lo que habían pactado en los
contratos.
41. En esas condiciones, en primer lugar, la Sala considera que los
documentos (certificaciones y desprendibles de nómina) y testimonios recibidos
en el proceso, más el interrogatorio absuelto por el actor, permiten concluir que
este último prestó un servicio personal a favor de la entidad accionada como
médico del Área de Urgencias, vinculado a través SERVITEMPORALES S.A., y
Resultados y Beneficios Temporales S.A.S., con las cuales aquel suscribió
contratos de trabajo por obra o labor. Para mejor ilustración, los períodos de
vinculación se exponen de la siguiente manera:
Empresa intermediaria Tiempo
SERVITEMPORALES S.A. 20/3/2015 al 11/10/2015
Resultados y Beneficios Temporales S.A.S 12/10/2015 al 19/11/2015
SERVITEMPORALES S.A. 20/11/2015 al 31/12/2016
42. Aunque el accionante no aportó los contratos de prestación de servicios
que habría suscrito la ESE demandada con las empresas intermediarias
mencionadas, las certificaciones que expidieron estas últimas y los testimonios
practicados dan cuenta del vínculo que hubo entre una y otras; y aportan
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suficiente claridad en cuanto a los extremos temporales dentro de los cuales el
demandante prestó sus servicios como médico en la entidad accionada.
43. En segundo lugar, las pruebas citadas demuestran que el demandante
recibió una remuneración por el servicio prestado, la cual era pagada por la
empresa intermediaria correspondiente.
44. En tercer lugar, de acuerdo con los artículos 70 de la Ley 79 de 1988 y 3
del Decreto 4588 de 2006, las cooperativas de trabajo asociado son
organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a producir bienes, ejecutar obras o
prestar servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad en general y
de sus asociados, quienes tienen la doble condición de gestores y aportantes de
la capacidad de trabajo.
45. Adicionalmente, los artículos 7 de la Ley 1233 de 2008 y 17 del Decreto
4588 de 2006 establecen que las cooperativas no pueden funcionar como
empresas de intermediación laboral ni disponer del trabajo de sus asociados para
proveer mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en
misión, so pena de incurrir en causal de disolución y asumir la responsabilidad
por las obligaciones que se generen a favor del trabajador asociado, de manera
solidaria con el tercero beneficiario del servicio.
46. A su turno, los artículos 71 de la Ley 50 de 1990 y 2 del Decreto 4369 de
2006 establecen que las empresas de servicios temporales pueden celebrar
contratos para proveer personal a terceros beneficiarios, con el fin de colaborar
temporalmente en el desarrollo de las actividades de estos, en los casos que
prevé el artículo 77 de la citada ley5 y que están orientados por el carácter
ocasional o accidental de las actividades.
47. En ese contexto, esta corporación ha concluido que cuando un trabajador
en misión realiza labores permanentes en beneficio de una empresa usuaria en
contravía de la habilitación legal explicada, esta última se hace responsable de
los derechos laborales y prestacionales conculcados si se acredita la existencia
de una relación de trabajo6.
48. Bajo tal panorama, vale la pena recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
5
«Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en
los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6o del
Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses
prorrogable hasta por seis (6) meses más».
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
3 de marzo de 2022, expediente 66001-23-33-000-2016-00014-01 (3798-2018).
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Demandante: Jorge García Obando
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»7.
49. Sin embargo, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
(documentales, testimonial e interrogatorio de parte) da cuenta de que la entidad
accionada le realizaba llamados de atención al actor, le emitía órdenes tendientes
a determinar el modo en que tenía que cumplir sus tareas o le imponía
reglamentos y regímenes disciplinarios o correctivos. Por el contrario, ante la
pregunta de si observó que la ESE demandada le hubiere llamado la atención o
iniciado procesos disciplinarios al demandante, el testigo Julián David Hurtado
Bedoya indicó que no presenció «llamados de atención puntuales» hacia el actor.
50. En igual sentido, la testigo Adriana Aragón Ospina relató que el médico
coordinador (doctor Casas) le impartía órdenes al actor; no obstante, precisó que
se trataba de «órdenes de coordinador» relacionadas con la distribución de los
médicos en las áreas que comprendía el servicio de urgencias, lo cual no
comportaba una instrucción tendiente a determinar el modo en que el accionante
cumplía sus actividades, pues la misma testigo admitió que este último gozaba
de autonomía científica y podía decidir si remitía pacientes a otros hospitales o
no, por ejemplo.
51. Adicionalmente, resulta imperioso resaltar que la observancia de horarios
y la supervisión de la ejecución de las labores por parte de coordinadores
médicos y administrativos solo pueden entenderse como manifestación del
principio de coordinación8, mas no de subordinación, pues se trataba de un
entendimiento entre ambas partes para organizar el desarrollo de las tareas.
52. Del mismo modo, la realización de las actividades en las instalaciones de
la entidad demandada y con algunos elementos que esta proveía (como batas,
fonendoscopios y tensiómetros) tampoco demuestran una continuada
subordinación, sino la necesidad de garantizar la prestación del servicio en
condiciones óptimas. Piénsese en la inconveniencia de que el servicio público de
salud sea prestado por médicos que cumplan sus tareas en cualquier lugar y con
implementos que no satisfagan las exigencias sanitarias, de seguridad y
confiabilidad, sin supervisión alguna9.
53. Por otra parte, el demandante alegó que debía presumirse la continuada
subordinación una vez demostrada la prestación personal del servicio y la
remuneración, de acuerdo con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo;
empero, esta corporación ha precisado que la referida presunción no se aplica
cuando en la controversia media un acto administrativo, ya que estos gozan de
presunción de legalidad según el artículo 88 del CPACA, de tal manera que quien
pretende su declaratoria de nulidad debe probar los cargos que formula10.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
9
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 7 de abril de 2025, expediente 76001-23-33-000-2012-00157-01 (2718-2021); y sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01 (4975-2023).
10
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 5 de junio de 2025, expediente 68001-23-33-000-2019-00687-02 (4950-2023).
10
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00444-02 (4811-2022)
Demandante: Jorge García Obando
54. Por último, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el término al que
se refiere el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, debido a que este estudio
resulta inane en tanto no se acreditó la continuada subordinación en la prestación
del servicio.
55. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones.
La condena en costas de segunda instancia
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
58. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
11
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00444-02 (4811-2022)
Demandante: Jorge García Obando
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Jorge García
Obando, a favor de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Para tal
efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Risaralda.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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