Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2019-00748-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2019-00748-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2019-00748-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 66001-23-33-000-2019-00748-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
17 de noviembre de 2022
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: ÁLVARO ELÍAS CARDONA HOLGUÍN
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP
Temas: Aportes parafiscales, enero a diciembre de 2015. IBC de aportes-
Oportunidades probatorias.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia de 5 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
que resolvió lo siguiente:
“1. Declárase la nulidad parcial de la liquidación oficial número RDO-2018-01251 del 11 de
mayo de 2018, mediante la cual el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- practica liquidación de aportes a los subsistemas de salud,
pensiones y se le impone sanción en contra del actor.
2. Declárese la nulidad parcial de la resolución RDC-2019-00998 del 18 de junio de 2019,
mediante la cual el director de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial De Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social -UGPP- decide el recurso
de reconsideración interpuesto contra la resolución número RDO-2018-01251 del 11 de mayo
de 2018 confirmando la liquidación oficial practicada en esta.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordena a la entidad demandada, proceder con
la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión aplicando las
tarifas de Ley, con base en los ingresos percibidos por el actor por concepto de trabajador
independiente durante el año 2015, esto es, por valor de $ 1.636.439.000, aplicando los
costos aceptados en este proveído por valor de $42.791.170 para el mes de enero,
$139.342.113 para el mes de febrero, $136.705.148 para el mes de marzo, $135.638.674
para el mes de abril, $149.326.616 para el mes de mayo, $141.054.463 para el mes de junio,
$130.301.031 para el mes de julio, $129.961.765 para el mes de agosto, $142.221.711 para
el mes de septiembre, $135.815.099 para el mes de octubre, $135.795.953 para el mes de
noviembre y $136.298.005 para el mes de diciembre, sin que en cada mes la liquidación
supere los 25 SMLMV, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 510 de
2003 para el período comprendido entre el 1º de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, y el
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2015. Así mismo deberá recalcularse el valor de la sanción aplicable por la
omisión en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el año 2015.
4. Se niegan las demás súplicas de la demanda.
5. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos del artículo 192
del C.P.A.C.A.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
6. Sin costas en esta instancia por lo anteriormente razonado .”
ANTECEDENTES
El 31 de agosto de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección, en adelante la UGPP, expidió el
Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-2017-01832, en el que propuso
determinar una deuda a cargo del señor Álvaro Elías Cardona Holguín por $55.083.600
por inexactitud en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
(SSSI), en los subsistemas de salud y pensiones, por los periodos de enero a
diciembre de 2015.
Previa respuesta al requerimiento, el 11 de mayo de 2018, la UGPP expidió la
Liquidación Oficial No. RDO-2018-01251, en la que determinó la suma de $54.867.400
por inexactitud en los aportes al SSSI de los periodos enero a diciembre de 2015.
Además, impuso sanción por inexactitud por $32.920.440.
El 10 de agosto de 2018, la demandante interpuso recurso de reconsideración contra
la liquidación oficial en mención.
Por Resolución RDC-2019-00998 de 18 de junio de 2019, la UGPP resolvió el recurso
en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.
DEMANDA
El señor Álvaro Elías Cardona Holguín, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:
“Primera: Declárese la nulidad de la Liquidación Oficial RDO-2018-01251 del 11 de mayo
de 2018 y de la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-2019-00998 del
18 de junio de 2019.
Segunda: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR dejar las resoluciones
sin efectos jurídicos.
Tercera: Que en caso de no tener en cuenta las anteriores solicitudes, de forma subsidiaria
y conforme a la aplicación recta de la ley y la justicia se coteje la información de forma
correcta y realice las respectivas correcciones conforme a la información reportada,
ajustando los valores del Ingreso Base de Cotización -IBC- realmente devengados en el año
2015.”
El demandante invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 2, 6 y 29 Constitución Política
• Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.
• Artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
El concepto de la violación se sintetiza de la siguiente forma:
Infracción de las normas en que debió fundarse el acto administrativo
demandado
El artículo 204 de la Ley 100 de 1993 prevé que, para efectos del cálculo de la base
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
de cotización de trabajadores independientes, el Gobierno Nacional debía reglamentar
un sistema de presunción de ingresos. Esa disposición fue reiterada en el inciso 2 del
artículo 18 de la Ley 1122 de 9 de enero de 2007.
El 9 de junio de 2015 fue proferida la Ley 1753 de 2015, cuyo artículo 267 derogó la
norma citada. En su lugar, el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 precisó que los
trabajadores independientes, con contrato diferente a prestación de servicios,
cotizarían sobre un IBC del 40% del valor mensual de sus ingresos, sin incluir el IVA.
Además, que, para calcular la base mínima de cotización era procedente la deducción
de las expensas que se generaran en la ejecución de la actividad o renta que generó
los ingresos, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 107 del E.T.
Es decir, a partir del 9 de junio de 2015, se creó un sistema de presunción de ingresos
para los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia. Así lo señaló el Concepto
No.164487 del 24 de septiembre de 2014 del Ministerio del Trabajo.
En el presente asunto, la UGGP desconoció que, para el primer semestre del año 2015
no existía un sistema de presunción de ingresos para los independientes con contrato
diferente al de prestación de servicios y/o rentistas de capital y aplicó de forma
retroactiva el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 a toda la vigencia 2015. De modo
que desconoció que las normas tributarias rigen hacia el futuro, como lo estableció la
Corte Constitucional en la sentencia C-785 de 2012.
Cálculo errado del IBC de aportes
En aplicación del sistema de presunción de ingresos, para efectos de liquidar los
aportes al SSSI, la UGPP únicamente tuvo en cuenta la declaración de renta del
demandante por el año 2015, y de ella tomó los ingresos brutos operacionales
percibidos en el referido año, los cuales fueron de $1.644.818.004. Ese valor fue
prorrateado entre los 12 meses de la vigencia fiscalizada, así:
No obstante, no tuvo en cuenta las pruebas allegadas en el proceso administrativo que
demostraban la realidad de la actividad económica desarrollada, pues desconoció que
en todos los meses no existió la misma demanda en el “comercio al por menor de
productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador, en sus dos
(2) establecimientos de comercio (droguerías), toda vez que en algunos meses tuvo
costos superiores a sus ingresos.”
Con el objeto de demostrar el valor de las ventas de cada mes, se aportaron los valores
de la facturación, que fueron registrados en la contabilidad, con base en los
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
comprobantes diarios de ventas y la facturación, aplicando el método de máquina
registradora P.O.S., del siguiente modo:
El IBC sobre el cual la UGPP realizó la liquidación de aportes no corresponde a la
realidad económica del aportante, pues lo calculó sobre un valor de ingresos que es
incorrecto, máxime si se tiene en cuenta que para el primer semestre del año 2015 no
existía un sistema de presunción para los rentistas de capital y trabajadores por cuenta
propia.
Además, no estableció la norma aplicable para calcular la base mínima o máxima de
cotización sobre el cual se liquidan los aportes al SSSI y olvidó que, para los rentistas
de capital y trabajadores por cuenta propia, la base de la cotización máxima es del
40% del valor mensualizado percibido una vez realizada la deducción de expensas y
gastos. De modo que en los meses en que se demuestre que las expensas fueron más
altas que los ingresos, no “hay lugar a efectuar contribuciones parafiscales.”
Está demostrado que, en desarrollo de la actividad económica de la vigencia 2015, se
incurrió en costos y gastos (nómina, compra de insumos, costos financieros,
transporte, contratistas), que fueron reportados en el reglón 56 de la declaración de
renta. Así mismo, se aportan como anexo a la demanda los soportes de dichos
conceptos.
Al efecto, se relaciona una tabla con el valor de los ingresos y los costos mensuales,
para obtener los ingresos depurados, así:
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
Esto evidencia que la UGPP valoró de manera sesgada la declaración de renta del
demandante, pues no tuvo en cuenta la totalidad de la información allí contenida, que
resultaba relevante para efectuar el cálculo del IBC, de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 1 del Decreto 510 de 2003.
Cabe resaltar que la declaración de renta, si bien es una prueba de ingresos, lo es
para efectos del impuesto sobre la renta y no tiene efectos frente a las contribuciones
parafiscales de la protección social (CPPS) como lo establece el artículo 596 del E.T.
Falsa motivación
La UGPP cometió errores en la expedición de los actos administrativos demandados,
porque no realizó un análisis detallado de las circunstancias de modo y lugar que
dieron origen a la renta, las características y normas que rigen a los trabajadores por
cuenta propia (Ley 1607 de 2012 y artículo 3 del Decreto 3032 de 2013) y los costos y
gastos que debían restarse a los ingresos, para determinar el IBC.
En consecuencia, determinó un IBC incorrecto para el cálculo de los aportes, lo que
deriva en una falsa motivación de los actos demandados.
Además, de lo previsto en artículo 135 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, “ no se
desprende en ningún momento ni la metodología para la presunción de ingresos, ni la
competencia de la UGPP para establecerla”.
De igual forma, no es procedente la sanción por inexactitud, pues no se dieron los
supuestos de hecho para la imposición de esta.
Falta de aplicación del principio de correspondencia (octubre a diciembre de
2015)
En la liquidación oficial RDO. 2018- 01194 del 08 de mayo de 2018, la UGPP determinó
que por cada mes del año 2015 se recibió la suma de $137.068.167. Sin embargo, con
la información de los informes diarios de venta y la contabilidad se determina que los
ingresos brutos de los meses de octubre, noviembre y diciembre eran mayores a los
ingresos considerados en el acto mencionado.
Por lo tanto, en virtud del principio de correspondencia entre el acto preparatorio y la
liquidación oficial, se debe confirmar el valor de los ingresos considerados en el acto
oficial, con el fin de respetar el derecho de defensa del aportante y de no hacer más
gravosa su situación.
Por todo lo anterior, el aporte por pagar para el año 2015 corresponde a $5.838.556,
de conformidad con el siguiente cálculo:
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
No se configuró la falsa motivación porque el requerimiento para declarar y/o corregir
fue proferido con fundamento en la información que el aportante reportó a la DIAN, las
PILA y los documentos aportados en respuesta al requerimiento de información. De
igual forma, la liquidación oficial se profirió luego de valorar las pruebas aportadas por
el aportante y con base en ellas se estableció que durante la vigencia 2015, el señor
Álvaro Elías Cardona Holguín no efectuó el pago de los aportes con base en todos los
ingresos percibidos, durante la vigencia fiscalizada.
De igual forma, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue motivada
de manera detallada tanto en el texto de la respectiva resolución, como en los archivos
Excel que hacen parte integral de la misma.
Según la información reportada en la declaración de renta del demandante y la
metodología prevista en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 (presunción de capacidad
de ingresos y pago), se presume que el señor Cardona Holguín tenía la obligación de
afiliarse al régimen contributivo del SSSI, por lo cual debía realizar los pagos
correspondientes.
En aplicación del artículo 742 del E.T., se determinó el IBC de aportes de la vigencia
2015 con base en la información registrada por el señor Cardona Holguín en la
declaración de renta del año 2015. Especialmente se tuvo en cuenta la siguiente
información:
En lo atinente al cálculo del IBC para los meses de enero a junio de 2015, se aplicó la
norma vigente que regulaba la situación de los trabajadores independientes, esto es, el
artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003.
Esa disposición establecía que los trabajadores independientes “cotizarán sobre los
ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
con los ingresos efectivamente percibidos” y, además, que en ningún caso la base de
cotización sería inferior a 1 SMLMV.
Así mismo, se tuvo en cuenta el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, reglamentario de
la Ley 797 de 2003, que dispuso que la base para cotizar en el subsistema de pensiones
es la misma que la del subsistema de salud. Ese mismo decreto, en el parágrafo del
artículo 1, dispone que pueden deducirse de la base las sumas que el “afiliado recibe y
que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones
previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario”.
De modo que, para el periodo de enero a junio de 2015, el cálculo del IBC se efectuó
con base en los ingresos brutos mensuales, así:
Ingreso Bruto mensual
Ingresos brutos anuales $1.644.818.000
Ingreso bruto mensual (ingreso bruto $137.068.167
anual dividido en 12 meses)
De otro lado, para calcular el IBC de los meses de julio a diciembre de 2015, se aplicó
lo contemplado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que señala que a los
trabajadores independientes les corresponde efectuar cotizaciones sobre un IBC
mínimo del 40% del valor mensual de sus ingresos, sin incluir el IVA. Así mismo, que
para calcular la base mínima de cotización se podían reducir las expensas que se
generaran en la ejecución de la actividad de renta que genere los ingresos, siempre
que se cumplan los requisitos del artículo 107 del E.T.
Por ende, para los meses de julio a diciembre de 2015, el cálculo del IBC se realizó de
la siguiente manera:
Ingreso Bruto mensual
Ingresos brutos mensual $137.068.167
40% del ingreso mensualizado $54.827.267
El ingreso base de cotización sobre el cual se realizan los aportes a la seguridad social
está sometido a un límite legal, y este no puede ser superior a los 25 SMLMV, por lo
que el IBC del demandante para cada uno de los periodos objeto de fiscalización
corresponde $16.108.750.
En este contexto, es importante señalar que la UGPP no se atribuye competencias de
la DIAN para desconocer costos, porque, en ningún momento, verifica si los mismos
son o no deducibles del impuesto de renta, sino, que determina si para el cálculo del
IBC para salud y pensión procede la deducción de los costos y gastos que cumplen los
criterios del artículo 107 del E.T.
Sin embargo, a pesar del requerimiento de información, en el proceso de determinación
y discusión de los aportes, el demandante no suministró las pruebas para acreditar los
costos y gastos asociados a los ingresos y que estos cumplieran los requisitos de
causalidad, necesidad y proporcionalidad. Únicamente allegó certificación de contador
público en la que no se detallaron los libros, cuentas o asientos correspondientes a los
hechos que pretende demostrar. Tampoco aportó los documentos soporte de los
movimientos contables. En sentencia de 16 de noviembre de 2017 (20529), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado señaló los requisitos que debe tener la certificación de
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
contador público, para que constituya prueba contable, en los términos del artículo 777
del E.T, los que no fueron cumplidos en el presente caso.
Cabe advertir que los informes diarios de ventas que fueron aportados como anexo a
la demanda, mediante los cuales el demandante pretende probar los costos y gastos
en los que incurrió, no fueron aportados en el proceso de fiscalización, por lo que
constituyen nuevos hechos, que no fueron analizados por la UGPP. De ahí que no sea
posible valorarlos como pruebas, pues vulneraría el derecho de defensa y debido
proceso de la demandada, como lo explicó la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en las sentencias con radicados números 17568 y 16966.
Aunado a lo anterior, el artículo 781 del E.T., indica que la no presentación de los libros
de contabilidad cuando la administración lo exija será indicio en contra del
contribuyente, salvo que acredite hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
No obstante, en el presente asunto la demandante no justificó la configuración de esas
circunstancias.
En cuanto al cargo de falsa motivación, se advierte que las afirmaciones hechas por el
demandante no tienen asidero alguno, ya que la Unidad expresó los motivos que
fundamentaron las decisiones demandadas.
En lo atinente a la aplicación del principio de correspondencia, debe señalarse que la
Unidad, una vez proferido el requerimiento para declarar y/o corregir, mantuvo completa
correspondencia entre, las pruebas recaudadas, la decisión de liquidación oficial y los
aportes (autodeclaración de aportes) probados a través de la información de la base
PILA.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas, por las siguientes razones:
De conformidad con la declaración de renta presentada por el demandante, como
trabajador independiente, para el año 2015 desempeñó la actividad económica de
“comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y
artículos de tocador en establecimientos especializados.” con el código 4773. Por ello,
era una persona económicamente activa y, a la luz del principio de la solidaridad,
estaba obligado a aportar al SSSI.
Ahora bien, el IBC de los trabajadores independientes para el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 30 de junio de 2015, se encontraba establecido en el artículo 19
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003, según el
cual las cotizaciones al SSSI se efectúan sobre los ingresos percibidos. Así mismo, los
artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003, establecen que el IBC de aportes de los
trabajadores independientes se calcula con base en los ingresos percibidos por el
afiliado durante el período a declarar, con la posibilidad de deducir de las sumas
recibidas, aquellas expensas que cumplan los requisitos del artículo 107 del E.T. Y
que, en ningún caso, podrán ser inferior a un salario mínimo, ni superiores a 25 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Por otro lado, el IBC de los trabajadores independientes para lapso comprendido entre
el 1 de julio al 31 de diciembre de 2015, debía calcularse de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, esto es, sobre un ingreso base de cotización
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del
IVA y con la posibilidad de deducir las expensas que se generen de la ejecución de la
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que se cumplan los requisitos del
artículo 107 del E.T.
De modo que el actor contó con la posibilidad de efectuar la deducción de las expensas
generadas por la ejecución de su actividad, para todo el periodo del año 2015, para lo
cual debía demostrar el cumplimiento de los requisitos de causalidad, necesidad y
proporcionalidad, en los terminados definidos en la sentencia de unificación de 26 de
noviembre de 2020 1.
En el asunto bajo examen, está demostrado que el señor Cardona Holguín aportó al
proceso certificación expedida por contador público, en la cual hace constar que la
información correspondiente a los periodos de enero a diciembre del 2015 es tomada
de los libros contables de la empresa, que reflejan la situación financiera real
correspondiente al año 2015, junto con el soporte de las ventas de las droguerías de
propiedad del actor. Además, que los ingresos brutos operacionales fueron de
$1.636.439.000 y corresponden a los obtenidos por la actividad comercial de venta de
productos farmacéuticos al detal.
Del análisis de esas pruebas, se concluye que la UGPP erró al proferir los actos
administrativos al tener en cuenta el total de ingresos brutos para el cálculo del IBC,
por un valor de $1.644.818.000 (sumatoria de los renglones 42, 43 y 44), porque no
debió incluir los ingresos por concepto de intereses y rendimientos financieros,
registrados por un valor de $8.379.000, pues la actividad económica del aportante era
la de “comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y
artículos de tocador en establecimientos especializados”.
Además, para efectos de la liquidación de la contribución por aportes al SSSI, no
descontó los costos y gastos en que incurrió el demandante para desarrollar su
actividad económica, cuya deducción es procedente, pues cumplen con los requisitos
previstos en el artículo 107 del E.T., esto es, la necesidad, relación de causalidad y
proporcionalidad 2, máxime si se tiene en cuenta que se aportaron las facturas de
compra o documentos equivalente de dichos costos 3.
Además, son procedentes las deducciones por concepto de gastos de nómina, pagos
por aportes a seguridad social y pago de impuestos de industria y comercio, cuyos
soportes fueron aportados al proceso.
Al respecto, si bien la demandada afirma que el aportante no presentó los medios de
prueba para demostrar los costos y gastos deducibles, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado ha señalado que en el proceso es admisible la presentación de nuevas
pruebas, que no fueron presentadas en sede administrativa, de conformidad con lo
1 Sentencia de 26 de noviembre de 2020, Exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
2 Exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
3 El Tribunal rechazó las facturas Nos. SJ487367, 1357450, 1361086, 431382, 120788, 1358516, 632544,
150127014, 215670 con la observación “no se puede determinar quién adquirió”; 22387 y 22058 con la observación
“no se relaciona con la actividad”; 13128, con la observación, “No obra soporte, contabilizado dos veces”; 13253 y
13128, con la observación, “no obra soporte”; 16385659, con la observación, “contabilizado dos veces”; 17971, con
la observación, “no acredita quien adquirió”; 183980883, GS01-058788 y 17239749, con la observación, “no obra
soporte”; 326202, con la observación, “El valor que corresponde es $5.370”; 18147, con la observación, “el valor
corresponde a $12.000” y RD40537, con la observación, “el valor corresponde a $1.592.142”.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
previsto en los artículos 212 del CPACA y 744 del E.T 4. Por ello, no existe motivo para
no dar valor probatorio a las pruebas allegadas por la parte actora con la demanda
tendientes a demostrar los costos y gastos en que incurrió.
“En consecuencia, habrá de accederse parcialmente a las pretensiones de la demanda
declarándose la nulidad parcial de los actos demandados, y a título de restablecimiento
del derecho se ordenará a la entidad demandada, proceder con la liquidación de los
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión conforme las tarifas de Ley,
con base en los ingresos percibidos por el actor por concepto de trabajador
independiente durante el año 2015, esto es, por valor de $1.636.439.000, aplicando
los costos aceptados en este proveído por valor de $42.791.170 para el mes de enero,
$139.342.113 para el mes de febrero, $ 136.705.148 para el mes de marzo,
$135.638.674 para el mes de abril, $149.326.616 para el mes de mayo, $141.054.463
para el mes de junio, $ 130.301.031 para el mes de julio, $129.961.765 para el mes de
agosto, $ 142.221.711 para el mes de septiembre, $135.815.099 para el mes de
octubre, $ $ 135.795.953 para el mes de noviembre, y $ 136.298.005 para el mes de
diciembre, sin que en cada mes la liquidación supere los 25 SMLMV, de conformidad
con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 510 de 2003 para el período comprendido
entre el 1º de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, y el artículo 135 de la Ley 1753
de 2015 para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015.
Así mismo deberá recalcularse el valor de la sanción aplicable por la omisión en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el año 2015.”
No condenó en costas por no estar demostradas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con
fundamento en los siguientes argumentos:
De acuerdo con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP puede desconocer
los costos reportados en la declaración de renta del aportante para realizar el cálculo
del IBC, sin que esto conlleve usurpar las funciones a cargo de la DIAN.
Además, si bien los costos y gastos aparecen reportados en la declaración de renta,
no todos los conceptos allí incluidos son procedentes para la determinación del IBC,
por tratarse de depuraciones diferentes, debido a que una es para liquidar el impuesto
sobre la renta y otra para liquidar aportes a la seguridad social. Por ello, el obligado
debe demostrar que las expensas en que incurrió para la obtención de los ingresos
producto de su actividad económica cumplen los requisitos establecidos en el artículo
107 del E.T y acreditar los soportes que respaldan dichas erogaciones.
Las pruebas aportadas por la parte actora en la demanda, que dan cuenta de los
costos y gastos en que incurrió en el año 2015, no fueron presentadas en el
procedimiento de fiscalización, pese a que se brindaron las oportunidades para
hacerlo. De ahí que la valoración de dichos medios de prueba en vía judicial conlleve
la vulneración del derecho al debido proceso de la entidad demandada.
Esta Sección precisó que, según el artículo 781 del E.T, es procedente el
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta Proceso: 73001-23-33- 000-2013-00264-01 (21061), sentencia del 14 de
agosto de 2018, C.P: Stella Jeannette Carvajal Basto; y ii) Consejo de Estado, proceso: 25000-23-37-000-2015-
00501-01 (23046), sentencia del 26 de noviembre de 2020, CP: Milton Chaves García.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
desconocimiento de los costos, deducciones y pasivos, cuando el contribuyente no
presente sus libros, comprobantes y demás documentos, cuando la administración lo
exija, salvo que justifique su omisión en hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito5. Sin embargo, en el presente asunto el demandante no alegó la configuración
de alguno de esos hechos y no allegó los medios probatorios en sede administrativa,
por negligencia.
Finalmente, indicó que, en virtud del artículo 167 del Código General de Proceso, el
aportante tenía la carga de acreditar cómo se percibieron los ingresos declarados
mensualmente. No obstante, frente a esta situación guardó silencio en la etapa de
determinación de los aportes.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
El demandante no se pronunció respecto al recurso de apelación.
El Ministerio Público guardó silencio en la oportunidad prevista en el artículo 247 del
numeral 6 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala define
si proceden los costos y gastos que halló probados el Tribunal para el cálculo del IBC
de aportes por el año 2015.
La Sala confirma la sentencia apelada, según el siguiente análisis:
En el caso en estudio no es objeto de análisis ni se encuentra en discusión que: i) para
el periodo 2015, el señor Álvaro Elías Cardona tenía la obligación de aportar al SSSI,
en calidad de trabajador por cuenta propia y/o independiente con contrato diferente a
prestación de servicios; ii) la base de cotización, en todo caso, es como mínimo 1
SMLMV y máximo 25 SMLMV y iii) los ingresos brutos del demandante por el año 2015
fueron de $1.636.439.000.
La UGPP, en la apelación, afirmó que el demandante no probó los gastos y expensas
deducibles en el proceso de fiscalización, pues no aportó los documentos pertinentes
para ello, a pesar de que requirió al actor. De modo que, no es posible que se analicen
nuevas pruebas allegadas con la demanda, pues no tuvo la oportunidad de debatirlas
en el trámite administrativo, lo que genera una violación al derecho al debido proceso.
Por su parte, el Tribunal manifestó que a las partes les asiste el derecho de aportar y
solicitar pruebas dentro del proceso contencioso administrativo, que no fueron
presentadas en sede administrativa. Esto, de conformidad con lo previsto en los
artículos 212 del CPACA y 744 del E.T. De modo que no existía motivo para no dar
valor probatorio a las pruebas allegadas por el actor en la demanda, tendientes a
demostrar los costos y gastos en que incurrió en desarrollo de su actividad económica.
Para resolver el presente asunto debe tenerse en cuenta que la UGPP profirió
requerimiento de información de 7 de julio de 2017, mediante el cual solicitó al actor
que allegara una relación de los ingresos brutos y los costos asociados a su actividad
productora de renta, por el año 2015, así:
5 Citó las sentencias proferidas en los procesos 17568, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y 17708, C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
“Relación de los ingresos brutos y costos asociados a su actividad productora de renta, con las
siguientes condiciones:
Certificada por contador público o revisor fiscal, en caso de estar obligado a tenerlo.
Acompañada de los soportes que acrediten los respectivos ingresos y costos. Las facturas
y/o documentos equivalentes deben cumplir con los requisitos indicados en los artículos
617 del Estatuto Tributario y 3º del Decreto 522 de 2003.
En medio magnético, en formato Excel, con la siguiente estructura:
El 15 de agosto de 2017, el actor respondió el requerimiento y adjuntó certificación de
ingresos, costos y gastos, suscrito por contador público y una tabla en la que se
discriminaron los ingresos, costos y gastos en que incurrió el demandante durante el
año 2015.
El 31 de agosto de 2017, la UGPP profirió requerimiento para declarar y/o corregir.
Respecto a los costos y deducciones derivados de la actividad comercial del señor
Cardona Holguín (comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales,
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados) , expresó que
de los documentos allegados no era posible determinar si cumplen con los requisitos
del artículo 107 del E.T, por lo que no serían tenidos en cuenta.
El demandante respondió el requerimiento, de la siguiente forma “soy comerciante y
por lo tanto mis ingresos para poder ser generados tienen costos pues debo comprar
los medicamentos y debo pagar nómina, arriendo, servicios públicos, impuestos y
demás gastos adicionales que se requieren para ejercer la actividad, por tal razón no
veo motivo para que no reconozcan, pues los ingresos que recibo no son
exclusivamente para mi beneficio personal.”
El 11 de mayo de 2018, la entidad demandada profirió la liquidación oficial de aportes
y en lo atinente a los costos y deducciones reiteró que el demandante no entregó los
soportes de estos, por lo que no era procedente la deducción, al no demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 del E.T.
Contra esa decisión, el demandante interpuso recurso de reconsideración. En lo
pertinente, solicitó que se tuvieran en cuenta los documentos allegados inicialmente,
mediante los cuales se demostraron los costos y gastos en los que incurrió para
realizar su actividad comercial, entre los que destacó “el pago de los salarios y demás
emolumentos que perciben los dependientes en cada punto de venta, el valor de los
arrendamientos por los locales comerciales donde están instalados, el pago de los
mercancías y medicamentos que se van a dispensar o vender en estos puntos de
venta, el pago de los servicios públicos domiciliarios, el pago del impuesto de industria
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
y comercio (…)”. Además, anexó una relación de sus empleados y el pago de nómina
del año 2018.
El 18 de junio de 2019, la UGPP expidió la Resolución RDC-2019-00998, mediante la
cual resolvió el recurso de reconsideración. Anotó que las pruebas allegadas por el
aportante no demostraban la relación de causalidad con la actividad productora de
renta del demandante ni los requisitos de necesidad y proporcionalidad. De ahí que el
aportante no cumpliera con la carga de la prueba y, en consecuencia, no eran
procedentes las deducciones solicitadas.
En sede judicial, con el fin de demostrar los costos y gastos en los que incurrió en el
desarrollo de su actividad comercial y el cumplimiento de los requisitos contemplados
en el artículo 107 del E.T, el señor Cardona Holguín presentó con la demanda: i) copia
de toda la facturación de los establecimientos comerciales de su propiedad (informe
diario de ventas); ii) certificación suscrita por contador público en el que discrimina
mensualmente los ingresos obtenidos por el demandante en el año 2015. Además,
afirma que los valores son tomados de los libros contables, según las prescripciones
legales, y que las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y
externos; iii) copia de las planillas PILA en la que se registra el pago de seguridad
social de los empleados del señor Cardona Holguín en el año 2015; v) comprobantes
de pago de nómina; vi) factura de compra de mercancía; vii) pago de factura de
servicios públicos de los locales. La relación de toda esa información se encuentra en
el archivo Excel con el nombre “AUDITORÍA 2015 – ÁLVARO ELÍAS CARDONA”.
Del recuento anterior, se concluye que en todo el procedimiento de fiscalización, el
demandante alegó que para calcular el IBC de aportes debían disminuirse los costos
y gastos derivados de su actividad comercial, para lo cual aportó una certificación de
contador público y una relación de esos conceptos. De otro lado, con la demanda
anexó otros medios de prueba para demostrar la existencia de esos costos y gastos.
Sobre las pruebas aportadas en la vía judicial, la Sala ha sostenido que es procedente
de que las partes aporten nuevas pruebas o mejoren las aportadas en la
actuación administrativa, siempre que estas sean allegadas en las
oportunidades procesales correspondientes. Así lo señaló al realizar el estudio de
un asunto con similitudes fácticas y jurídicas al presente, en el cual la UGPP alegó que
no se tuvieran en cuenta las nuevas pruebas aportadas en sede judicial. Se transcribe
lo pertinente:6
“En el presente asunto, la demandante allegó en esta instancia judicial otrosíes que
acreditaban la connotación no salarial de la bonificación por desempeño, frente a los
cuales la UGPP se opuso a su valoración, por cuanto los mismos no fueron aportados
en sede administrativa y reconocerlos en esta instancia quebranta su debido proceso.
Al respecto, esta Sección7 ha considerado que la parte demandante puede atacar
la presunción de legalidad de los actos demandados con nuevas pruebas o
mejorar las aportadas en la actuación administrativa 8. No existe impedimento para
6 Consejo de Estado - Sección Cuarta, Consejero ponente: Milton Chaves García Sentencia 3 de marzo de 2022
Exp 25000-23-37-000-2017-00501-01 (25208)
7 Sentencia de 21 de octubre de 2021, exp 25285. C.P. Milton Chaves García.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 4 de abril de 2019, exp
22331, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 13 de octubre de 2016, Exp. 22165, CP. Martha Teresa Briceño
de Valencia; del 6 de agosto de 2015, Exp. 20130, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 16 de septiembre de
2010, Exp. 17101, CP: William Giraldo Giraldo
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
apreciar pruebas diferentes a las analizadas por la administración9, siempre que se
alleguen en las oportunidades previstas para tal fin, según lo previsto en los
incisos 1º a 3º del artículo 212 del CPACA.
En efecto, en sentencia de 29 de agosto de 2019 10, se reiteraron varios
pronunciamientos de la Sala en los que se indicó que a pesar de lo dispuesto en
el artículo 744 del ET, esto no impide que el contribuyente, con ocasión de la
demanda y demás oportunidades procesales antes descritas, allegue nuevas
pruebas o mejore las aportadas en la vía administrativa, dado que el proceso
ante la jurisdicción contenciosa otorga a las partes libertad probatoria para
demostrar los hechos que constituyen sus afirmaciones.” (Se resalta)
Entonces, según lo contemplado en los incisos 1 a 3 del artículo 212 del CPACA, el
demandante puede aportar nuevas pruebas o mejorar las ya presentadas, al momento
de presentar la demanda, al reformarla, en la interposición de incidentes y en su
respectiva respuesta.
Siendo así, es procedente que las pruebas aportadas por el actor con la demanda sean
valoradas en sede judicial, porque fueron presentadas en la oportunidad procesal
pertinente, máxime si se tiene en cuenta que estas buscan demostrar los costos y
gastos en los que incurrió el señor Cardona Holguín en el desarrollo de su actividad
económica para el año gravable 2015.
Aunado a lo anterior, contrario a lo afirmado por la UGPP, no es requisito para
adelantar tal valoración probatoria que la parte actora alegue y demuestre la
configuración de fuerza mayor o caso fortuito, pues como lo precisó la Sala “el proceso
ante la jurisdicción contenciosa otorga a las partes libertad probatoria para demostrar
los hechos que constituyen sus afirmaciones” 11.
Finalmente, frente a la presunta vulneración del derecho de defensa de la UGPP, resta
decir que la entidad demandada contó con las oportunidades procesales pertinentes
para discutir u oponerse a las pruebas allegadas en esta instancia. Por lo que se
garantizó el derecho de defensa. Sin embargo, no desvirtuó las pruebas allegadas por
la demandante.
Tampoco se opuso al fallo apelado de manera concreta, en cuanto halló probados, en
los montos allí precisados, los costos y gastos durante los meses de enero a diciembre
de 2015. En consecuencia, deben mantenerse los costos y gastos que determinó el
Tribunal.
Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA 12, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 6 de agosto de 2015,
Exp (20130), CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 29 de agosto de 2019,
Exp. (21774), CP Julio Roberto Piza Rodríguez. En igual sentido sentencia del 16 de septiembre de 2010, exp.
17101. CP. William Giraldo Giraldo
11 Entre otras, ver sentencia 3 de marzo de 2022, exp 25208, C.P. Milton Chaves García.
12 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00748-01 (26803)
Demandante: Álvaro Elías Cardona Holguín
artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas
el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral
8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.