Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00074-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00074-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00074-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
14 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación : 66001 23 33 000 2020 00074 01 (4052-2021)
Demandante : Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa.
Demandado: Departamento de Risaralda
Tema: Reconocimiento pensión de sobreviviente.
Régimen docente. Pensión post mortem.
Decreto 224 de 1972. Fallecimiento antes de la
entrada en vigencia Ley 100 de 1993.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 1 6 de julio de 2021 , proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las
pretensione s de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
La señora Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa , en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló, en síntesis, las
siguientes:
1 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2
2Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA–
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
1.1. Pretensiones
La nulidad de las Resoluciones 2399 del 25 de octubre de 2019 y
2556 del 14 de noviembre de 2019, emanadas de la Secretaría de
Educación de Risaralda , mediante la s cuales negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación .
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a : (a) reconocer
y pagar la pensión de sobreviviente a la señora Eresbey de Fátima
Agudelo Atehortúa a partir del «20 de marzo de 1983 » (sic); (b)
incluir el reconocimiento de la mesada catorce (c); indexar y pagar
intereses moratorios sobre las sumas reconocidas ; (d) ordenar la
afiliación de la accionante a la seguridad social .
1.2. Fundamentos fácticos
Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:
(i) El señor Abela rdo de Jesús Vásquez Bermúdez laboró como
docente escalafonado al servicio de l departamento de Risa ralda
desde el 1 de febrero de 1967 hasta el día anterior a su
fallecimiento que ocurrió el 26 de marzo de 1983 ; (ii) el causante
contrajo matrimonio con la señora Eresbey de Fátima Agudelo
Atehortúa ; (iii) en su condición de cónyuge supérstite solicitó a la
Secretaría de Educación de Risaralda el reconocimiento y pago de
la pensión de sobreviviente, incluyendo la mesada c atorce,
debidamente indexadas ; (iv) la entidad demandada mediante las
Resoluciones 2399 del 25 de octubre de 2019 y 2556 del 14 de
noviembre de l mismo año, respectivamente , negó la solicitud y
confirmó la decisión al resolver el recurso de reposición .
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La accionante invocó como disposiciones vulneradas las siguientes :
artículos 2, 6, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 6 de la
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
Ley 116 de 1928; 6 de la Ley 60 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 15 la Ley 115 de 1994; L eyes 114 de 1913, 37 de 1933, 91
de 1989, 1437 de 2011; Decreto 081 de 1976 y artículo 21 del
Código Sustantivo del Trabajo .
Al desarrollar el concepto de v iolación precisó que debe
declararse la nulidad de los actos demandados por haber incurrido
en violación de la ley, toda vez que , la entidad demandada debió
aplicar lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003 que resulta « menos exigente»
que lo establecido en el Decreto 224 de 1972 , en desarrollo de los
principio s de favo rabilidad y primacía de la realidad sobre las
formalidades.
De acuerdo con lo anterior, destacó que la demandada desprotegió
el derecho fundamental a la seguridad social al no re conocer su
legítima prestación, desconociendo el principio de igualdad ,
teniendo en cuenta que, en otros casos, ha otorgado el derecho en
las condiciones solicitadas a pe rsonas que acreditaron el
cumplimiento de los mismos requisitos para la pensió n de
sobreviviente .
Señaló que el causante había cumplido «más de 17 años» (sic) de
servicio como docente, por lo que le es aplicable la Ley 100 de 1993
que establece que el cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión
de sobreviviente siempre que el causante haya acumulado 50
semanas de cotización. En el caso concreto, habiendo cotizado
aproximadamente 884 semanas de forma ininterrumpida, debe
reconocerse la prestación, teniendo en cuenta que las normas
generales extensivas contenidas en la Ley 100 de 1993 priman
sobre las particula res restrictivas y q ue resultan más onerosas en
sus requisitos formales , por lo que debe preferirse esta última sobre
el Decreto 224 de 1972 .
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3
El Departamento de Risaralda se opuso a las pretensiones de la
demanda por considerar que actuó dentro de los parámetros
legales, fue respetuoso de los derechos, no hubo violación al
debido proceso, ni ilegalidad de las actuaciones.
Informó que de acuerdo co n lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto
224 de 1972, la cónyuge supérstite o compañera permanente,
tendrá derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge, aunque
aún no haya cumplido el requisito de edad, y puede exigir el
derecho, siempre y cuando el docente fallecido haya laborado como
profesor en pl anteles oficiales por lo menos 18 años continuos o
discontinuos.
En el presente caso, se evidencian un total de 5851 días laborados,
equivalentes a 16 años, 3 meses y 1 día , tiempo que no resulta
suficiente para obtener el derecho al reconocimiento de la pensión .
Indicó que el causante falleció el 20 de marzo de 1983, momento
para el cual no se había expedido la Ley 100 de 1993, por lo que
dicha norma no le resulta aplicable y debe resolverse con los
preceptos aplicables en materia pensional que se encontraban
vigentes para la fecha del deceso del docente.
Propuso las excepciones de: (i) legalidad de los actos
administrativos ; (ii) prescripción y, (iii) la genérica .
3. AUDIENCI A INI CIAL
Mediante auto de 12 de marzo de 2021 4, el Tribunal Administrativo
de Risaralda se pronunció respecto de las excepciones propuestas
3 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_002CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 2
4 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_008AUTODECIDEEXCEPCI(.pdf) NroActua 2
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
con base en lo establecido en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021
en concordancia con el artículo 101 del CGP y difirió la resolución
de la excepción de prescripción para el fallo.
Así mismo, en auto de 13 de abril de 2021 5, en los términos del
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, consideró procedente dictar
sentencia anticipada y, por tanto , prescindir de la audiencia inicial
y de pruebas, por tratarse de un asunto de puro derecho, en el que
no es necesaria la práctica de pruebas, y resolvió la excepción
propuesta, a través de providencia del 12 de marzo de 2 021.
Fijó el litigio en los siguientes términos:
«[ …] se cir cunscr ibe al est udio de legal idad de los act os
adm inist r at ivos de m andados baj o los pr ecisos t érm inos del
concept o de la v iol ación pr esent ado p or la dem andant e e n cot ej o
con las nor m as que se di cen han sido vulner adas, debi éndose
diluc idar si r esu l t a pr ocedent e r econocer la pens i ón de
sobr evivie nt es a f avor de la dem andant e. »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6
Mediante sentencia del 16 de julio de 2021 , el Tribunal
Administrativo de Risaralda , negó la s pretensiones de la demanda
con los siguientes argumentos:
(i) Del acervo p robatorio allegado, encontró probado que el señor
Abelardo de Jesús Vásquez Bermúdez (q.e.p.d.) laboró como
docente nacionalizado en instituciones educativas del
departamento de Risaralda desde el 1 de febrero de 1967 y hasta
un día anterior a la fecha de su deceso, esto es, el 25 de marzo de
1983, para un tiempo de servicio de 16 años y 2 meses , tiempo que
no le permite cumplir con el requisito establecido en el Decreto Ley
224 de 1972, que impone acreditar 18 años de servicio s continuos
o discontinuos como profesor en planteles oficiales.
5 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_011AUTOPRESCINDEAUDI(.pdf) NroActua 2
6 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_020SENTENCIAPRIMERAI(.pdf) NroActua 2
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
(ii) En relación con la aplicación retrospectiva del régimen
general de pensiones en virtud de los principios de favo rabilidad e
igualdad establecidos en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993,
refirió que el Consejo de Estado a partir de la sentencia del 25 de
abril de 2013, ha mantenido una posición uniforme en cuanto a
considerar que , en tratándose de la pensión de sobrevivientes la
ley que resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento
en que se estructura el derecho, es decir, la fecha en que se produjo
la muerte del causante.
Aclaró que, si bien le asiste razón a la parte demandante en cuanto
a que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 100 de
1993 hay lugar a acogerse a las previsiones del régimen general de
seguridad social c uando este resulte menos restringido que el
especial, ha de tener se en cuenta que dicha favorabilidad es
predicable únicamente en relación con la disposición que rija para
el momento en el que se cause la pensión.
(iii) En ese orden de ideas, advirtió qu e no es posible la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 a la señora Eresbey de Fátima
Agudelo Atehortúa , para efectos de reconocer en su favor la
pensión de sobrevivientes que reclama, toda vez que , para el
momento del deceso del causante (26 de marzo de 1983), dicha
norma no se encontraba vigente, ya que la situación se consolidó
en vigencia del Decreto Ley 224 de 1972.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7
El accionante solicitó revocar la decisión en los siguientes
términos:
(i) Se mostró inco nforme con los argumentos esgrimidos por el a
quo, por considerar que , al citar el a rtículo 288 de la Ley 100 de
7 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_023CONRECURSOAPELACI(.pdf) NroActua 2
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
1993, que reconoce el derecho de todo empleado o trabajador
oficial de acogerse al régimen de seguridad social integral en
cuanto le sea más favorable, y luego regresa r en su análisis al
artículo 151 para desvirtuar tal p rerrogativa, resulta contradictorio
e incurre en una errónea aplicación de las normas , toda vez que la
Ley 100 de 1993 prima sobre la anterior, y debe aplicarse teniendo
en cuenta que resulta más beneficiosa a sus intereses.
(ii) Aseveró que la posición jurisprud encial del Consejo de Estado
citada por el Tribunal « no puede ponerse por encima de la norma
288 que es taxativa y directa », toda vez que el mentado artículo
288 de la Ley 100 de 1993 , no condiciona su aplicació n a que las
dos normas tengan que estar vigentes al momento de su aplicación ,
ni establece que la ley regulatoria de la prestación deba ser la
vigente al momento del fallecimiento del causante .
(iii) Consideró que al citarse el artículo 151 ibidem, el a quo
fortalece la pretensión de la accionante, al establecer que el
régimen pensional de los empleados públicos comienza a regir a
partir de junio de 1995 « con lo que se cobija a la señor a Er esbey de
Fát im a Agudelo At e hor t úa, cuyo m ar ido habí a f allecido a nt es de esa
f echa y no habí a r eclam ado la pr est ació n .»
(iv) Precisó que, de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional en materia pensional, la importancia de los
regímenes de excepción consiste precisamente en fortalecer el
principio demoliberal garantista que pretende reconocer mejores
condiciones a los ciudadanos que aspiran a su pensión. De manera
que, si en el ordenamiento existen normas que superen ese régimen
especial, resulta imperioso aplicarlo .
(v) Allegó amplia jurisprudencia rela cionada con el principio de
favorabilidad emanada del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.
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6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes no se pronunciaron en esta instancia .
7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Públi co se pronunció 8 en el sentido
de solicitar que sea confirmada la sentencia apelada t eniendo en
cuenta que el deceso del docente tuvo ocurrencia el 2 0 de marzo
de 1983, en vigencia del artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972,
por lo que no es dable resolver el presente caso al amparo del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pues no se encontraba vigente
para entonces.
Si bien los artículos 53 de la Constitución Política y 288 de la Ley
100 de 1993 establecen que es dable la aplicación del principio de
favorabilidad en materia del reconocimiento de der echos sociales y
de seguridad social, se estima que ello es viable cuando se trata
de regímenes normativos aplicables, partiendo en particular de la
vigencia normativa de cada uno de ellos . En el present e caso, es
claro que la Ley 100 de 1993 no regía para la época del deceso,
por lo cual, no resulta razonable su aplicación.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estad o, guard ó
silencio según se constata en el aplicativo SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
8 Memorial allegado a SAMAI, visible a índice 10.
9« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á e n
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
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Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código
General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la
accionante, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente :
➢ ¿la señora Eresbe y de Fátima Agudelo Atehortúa, en calidad
de cónyuge supérstite del señor Abelardo de Jesús Vásquez
Bermúdez, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes pre vista en la Ley 100 de 1993, o, por el
contrario, su situación se encuentra regulada por el Decreto
Ley 224 de 1972 ?
Para resolver el problema jurídico, la Sala desarrolla rá el siguiente
orden metodológico (i) p ensión post mortem regulada en el Decreto
Ley 224 de 1972 (ii) pensión de sobrevivientes dispuesta en la Ley
100 de 1993 ; (iii) a plicación del principio de favorabilidad ; y (iv)
análisis del caso concreto.
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se co nceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
10« A R T Í C U L O
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumen tos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolv erá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. De la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional
De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la
seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con
observancia de los principi os de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley.
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema
de seguridad social integral, en lo qu e tiene que ver con el régimen
de pensiones, su objetivo fue gar antizar a la población el amparo
contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la citada ley.
En este sentido, con la finalidad de atender la cont ingencia derivada
de la muerte, el legislador previó la denominada pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliad o al grupo
familiar y, por ende, evitar que su deceso se t raduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las
personas beneficiarias de dicha p restación. Es decir, que su
reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidarida d.
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección 11 ha aclarado que
si bien la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional
tienen por finalidad evitar que los b eneficiarios de un trabajador
fallecido carezcan del apoyo económico que éste les bri ndaba; la
sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del a filiado que
de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de
11 C o n s e j o
noviembre de 2017. C.P.: William Hernández Gómez.
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y
fallece, en tanto que la pensión de sobrevivientes e s aquella
prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no
pensionado, que fallece sin cumplir co n los requisitos mínimos para
obtener la pensión 12.
3.2. Pensión post mortem regulada en el Decreto 224 de 1972
El Decreto 224 de 1972, por el cual se dictaron normas especiales
relacionadas con el sector docente, en su artículo 7 previó la
siguiente prestación:
«Ar t í culo 7. - En caso de m uer t e de un docent e que aún no haya
cum plido el r equis i t o de edad exigido par a la obt ención de la
pensión, per o que hubier e t r abaj ado com o pr of esor en plant eles
of icia les por lo m enos diez y ocho ( 18) años cont inuos o
discont inu os , el cón yuge y los hij os m enor es t endr án der echo a que
por la r espect iva ent idad de pr evisió n se pague una pensión
equiva lent e al 75% de la asign ación m e nsual f ij ada par a el car go
que desem peñaba el docent e al t iem po d e la m uer t e m ient r as aque l
no cont r aig a nuevas nupcias o e l hij o m enor cum pla la m ay or í a de
edad y por un t iem po m áxim o de cinco (5) años » . 13
En consecuencia, según lo previsto por el Decreto Ley 224 de 1972 ,
en caso de muerte del docente que haya laborado por lo menos 18
años de servicio continuo o discontinuo, el cónyuge o sus hijos
tendrán derecho a una pensión equivalente al 75% de la asignación
mensual fijada para el cargo que desempeñaba al momento del
fallecimiento.
3.3. Del régimen general para el reconocimiento de l a pensión
de sobrevivientes
En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del
Decreto 3135 de 1968 14, así como el 80 y 92 del Decreto 1848 de
12 S e n t e n c i a T-564 de 2015.
13 A p a r t e s
tachados derogados tácitamente por virtud de los dispuesto en los
artículos 1, 2, 4 de la Ley 33 de 1973. Corte Cons titucional. Sentencia C-480
de 1998.
14“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales.”
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
1969 15 consagraron la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio
a favor de los beneficiarios del causante únicamente en dos
eventos, a saber: i) cuando fallece el empleado público en goce de
pensión y ii) cuando el empleado público muere con derecho a
pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Así
señalaban las normas en comento:
«[ …] Decr et o 3135 de 1968.
Ar t í culo 36. Al f allecim ient o de un em pleado públ ico o t r abaj ador
of icia l con der echo a pensión de j ubi lac i ón, sus benef iciar io s, en el
or den y pr opor ción señalados en e l ar t í culo 34 16, t ienen der e cho a
r ecibir de la r espe ct iva ent idad de pr evisió n la pens ión que le
hubier e cor r espond i do dur ant e dos ( 2) años, sin per j uicio de las
pr est aciones ant er io r es.
[ …]
Ar t í culo 39. Sust it ución de Pens ión. Fal l ecido un em plea do públ ico
o t r abaj ador of icial en goce de pensión de j ubilació n, inval idez o
vej ez, su cónyuge y sus hij os m enor es de 18 años o incapacit ados
par a t r abaj ar por razón de sus est ud ios o por i nval idez , que
dependi er en económ icam ent e de él, t endr án der echo a per cibir la
r espect iva pensión dur ant e los dos años subsiguie nt es.
Decr et o Reglam ent a r io 1848 de 1969.
[ …]
15 “ P o r el cual se reglamenta e l Decreto 3135 de 1968.”
16 “ A r t í c u l o
34. En caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador
oficial en servicio, las prestaciones a que haya lugar se pagarán a los
beneficiarios que a continuación se determinan, así: 1. La mitad al cónyuge
sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales del empleado o
trabajador en concurrencia estos últimos en las proporciones establecidas por
la ley civil.
2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, la prestación
corresponderá íntegramente a los hijos legítimos.
3. Si no hubiere hijos legítimos la porción de éstos corresponde a los hijos
naturales en concurrencia con el cónyuge sobreviviente.
4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el monto de la
prestación se dividirá así: la mitad para los padres legítimos o naturales y la
otra mitad para los hijos naturales.
5. A falta de padres legítimos o naturales, llevarán toda la prestación los hijos
naturales.
6. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo,
llamadas en el orden preferencial en el establecido, la prestación se pagará a
los hermanos menores de edad y a las hermanas del extinto, previa
comprobación de que dependían de él para su subsistencia.”
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Demandante: Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa
Ar t í culo 80. Fallec i m ient o del em plead o con der echo a pensión.
Cuando f a llezca un em pl eado of ic ia l q ue hubi er e causado en su
f avor el der echo a pensión de j ubilac ió n, por r eunir los r equisit os
lega les, sin haber la hecho ef ect iva en vida, ese der echo se
t r ansm it e a las per sonas señaladas en el Ar t í culo 92 de est e
Decr et o 17, par a el so l o ef ect o de r ecibir de la ent idad ob li ga da el
pago de la pe nsió n que le hub ier e c or r espondido a l ca usant e,
dur ant e los dos ( 2) años a que se r ef ier e la cit ada nor m a legal.
[ …]
Ar t í culo 92. Tr ansm isión de la Pensión. Cuand o f alle zca el
pensiona do por i nva lidez, j ubi lac ión o r e t ir o por vej ez, su cónyuge
y sus hij os m enor es de dieciocho ( 18) años o incapacit ado s par a
t r abaj ar por r azón de est udios o por invali dez, que dependier en
económ icam ent e del causant e, t endr án der echo a per cibir la
r espect iva pensión dur ant e los dos ( 2) años subsiguie nt es al
f allec im ient o del pe nsionado.
[ …] »
Posteriormente, en materia de sustitución pensional se expidió la
Ley 33 de 1973 18, la cual señaló que para que se diera la sustitución
pensional, el trabajador particula r o el empleado o trabajador del
Sector Públi co, d ebía estar pensionado o al momento de su
fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o
vejez.
«[ …] Ar tí culo 1°. Fallec ido e l par t icul ar pensiona do o con d er echo
a pensión de j ubil ación, inval idez o vej ez, o un em pleado o
t r abaj ador del sect or público, sea est e of icia l o sem iof icial con el
m ism o der echo, su viuda podr á r eclam ar la r espect iva pensión en
f or m a vit alic ia.
( …)
Par ágr af o 2°. A las viudas que se encuent r en en la actuali dad
disf r ut ando, o t engan der echo causado a disf r ut ar , de los cinco ( 5)
años de sust it uci ón de la pens ión, les q u eda pr or r ogado su d er echo
dent r o de los t ér m inos de est a Ley».
17 “ARTÍCULO 92. TRANSMISIÓN DE LA PENSIÓN . Cuando fallezca el
pensionado por invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de
estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante,
tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años
subsiguientes al fallecimiento del pensionado.”
18 “ P o r el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.”
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Luego, la Ley 12 de 1975 19 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía
antes de cumplir la edad cronológica para tener derecho a la
pensión de jubilación, había lugar a la sustitución pensional, así:
«( …) Art í culo 1 . El cónyuge supér s t it e, o la com pañera
per m anent e, de un t r abaj ador par t icular o de un em plead o o
t r abaj ador del sect or público y sus hij os m enor es o
invál idos, t endrán d erecho a l a pensi ón de j ubi l aci ón del ot ro
cónyuge si est e f al l eci ere ant es de cumpl ir l a edad
cronol ógi ca para est a prest aci ón, pero que hubi ere
compl et ado el t i empo de servi ci o cons agrado para el l a en la
Ley o en convencio nes colect ivas. ( …) » ( Se r esalt a)
De lo anterior se infiere, que si bien en principio el derecho a la
sustitución pensional solo surgía para los beneficiarios de un
empleado público cuando a la fecha de su fallecimiento éste había
perfeccionado o consolidado completamente el derecho jubilatorio,
con posterioridad , el legislador lo ext endió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin
reunir o completar la edad pens ional, con el fin de amparar con tal
medida el derecho de su familia , que por la contingencia de muerte ,
no logró consolidar plenamente su derecho pensional.
Ahora bien, una vez expedida la Constitución Política de 1991, en
su artículo 48 se e stableció qu e la S eguridad Social es un servicio
público de carácter obligatorio y un derecho irrenuncia ble, de tal
manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el
obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
La pensión de sobrevive ncia se consagró como una prestación del
Sistema General de Seguridad Social, cuyos requisitos para su
reconocimiento por mandato constitucional, deberán ser definidos
mediante las leyes, puesto que el artículo 48 de la Carta Política 20
19 “ P o r
la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pension es de
jubilación.”
20 A d i c i o n a d o desde el inciso 7º en adelante por el Acto Legislativo No. 01 de
2005.
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contempló la siguie nte disposición:
«[ …] ARTI CULO 48. La Segur idad Soci al es un ser vicio público de
car áct er obligat or io que se pr est ar á baj o la dir ección, coor dinación
y cont r ol del Est ad o, en suj eción a lo s pr incipi os de ef ic ienci a,
univer sal idad y sol id ar idad, en los t ér m inos que est ablezca l a Ley.
[ …]
Par a adquir ir el der e cho a la pensión ser á necesar io cum plir con la
edad, el t iem po de ser vicio, las sem anas de cot ización o e l capit a l
necesar io, así com o las dem ás condiciones que señala la l ey, sin
per j uicio de lo dispuest o par a las pension es de inva l idez y
sobr evivenc ia. Los r equis it os y benef ic i os par a adquir ir el d er echo
a una pens ión d e inval idez o de sobr evivenc ia se r án los
est ablecid os por las leyes del S ist em a G ener al de Pensi on es. » ( Se
dest aca) .
Posteriormente se expidió la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones », la cual derogó tácitamente 21 la Ley 12 de 1975. Esta
21 C o r t e Constitucional, sentencia C -328 de 2001.
“Derogación de la norma acusada y estudio de los cargos del demandante.
2- La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley
12 de 1975, que regula ciertos aspectos de la llamada pensión de
sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, que es norma posterior, creó
el sistema general de seguridad general, y en su libro primero es tablece el
régimen general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula
integralmente la pensión de sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media
(artículos 46 y ss.) como en el de ahorro individual (arts. 73 y ss.). Así, las
normas sobre el régimen de prima media señalan al respecto:
Por su parte, los artículos 73 y ss. de la misma Ley 100 de 1993 regulan la
pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual y tienen un
contenido normativo similar. Estamos pues ante una regulación integral y
sistemática de una materia, que es posterior a la norma acusada. Ahora bien,
conforme a la teoría jurídica, y como lo ilustra al respecto el artículo 3º de la
ley 153 de 1887, se entiende que esa regulación sistemática posterior de un
tema deroga tácitamente las normas precedentes sobre la materia, salvo que
las normas previas establezcan regímenes especiales. Así, el artículo 3º de
la ley 153 de 1887 dice que se estima "insubsistente una disposición legal por
declaración expresa del legislador , o por incompatibilidad con disposiciones
especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la
materia a que la anterior disposición se refería" (subrayas no originales).
La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han
reconocido, en numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley
posterior que regula integralmente un tema. Así, la Corte Suprema -Sala
Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad
legislativa consiste nte en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes
legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos
para integrar un solo cuerpo normativo, tesis que ha sido plenamente aceptada
por esta Corte Constitucional.
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nueva norma reemplazó la sustitución pensional por la pensión de
sobrevivientes tanto en el régimen de prima media con prestación
definida 22 como en el de ahorro individual 23, y señaló que esta
prestación se obtiene no solamente en el caso del fallecimiento del
pensionado sino también en el evento en que el causante que
fallezca hubiera cotizado al sistema por lo menos veintiséis (26)
semanas, en ése momento, o habiendo dejado de cotizar, efectuara
aportes por veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior, así:
«ARTI CU LO . 46. - Requisit os par a obt ener la pensión de
sobr evivie nt es . Tendr án der echo a la pensión de sobr eviv ie nt es:
1. Los m iem br os del gr upo f am iliar del pension ado por vej ez, o
inval idez por r iesgo com ún, que f allezca .
2. Los m iem br os del gr upo f am iliar d el af i liad o que f a llezca, s i em pr e
que ést e hubier e cum plido al guno de lo s siguient es r equis it os:
a) Q ue el af il iado se encuent r e cot iza ndo al s ist em a y hubier e
cot izado por lo m enos veint iséis ( 26) sem anas al m om ent o de la
m uer t e, y
b) Q ue, habiendo dej ado de cot izar al sist em a, hubier e efect uado
apor t es dur ant e por lo m enos veint iséis ( 26) sem anas del año
inm ediat am ent e ant er ior al m om ent o en que se pr oduzca la m uer t e.
PARAG RA FO . - Para ef ect os del cóm put o de las sem anas a que se
r ef ier e el pr esent e ar t í culo se t endr á en cuent a lo dispuest o en los
par ágr af os del ar t í culo 33 de la pr esent e ley. »
«ARTI CU LO . 47. Benef iciar ios de l a pensión d e sobr evi vient es .
Reglam ent ado par c i alm ent e por el Decr et o Naciona l 1889 d e 1994 .
Son benef ic iar ios de la pensión de sobr e vivient es:
a) En f orma vi t al i ci a, el cónyuge o l a compañera o com pañero
permanent e supérs t i t e.
Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen
especial, por lo cual debe entenderse derogada por el sistema integral
posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha entendido esta Corte. Es
pues claro que el artículo impugnado fue derog ado. El interrogante que surge
entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer
los cargos de la demanda.”.
22 A r t í c u l o s 49 a 49 de la Ley 100 de 1993.
23 A r t í c u l o s 73 a 78 de la Ley 100 de 1993.
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En caso de que la pensión de sobr eviv encia se cause por m uer t e
del pension ado, el cónyuge o la com pañer a o compañer o
per m anent e supér st it e, deber á acr edit ar que est uvo haciend o vida
m ar it al con el causant e hast a su m uer te, y haya convivido con el
f allec ido no m enos de dos ( 2) años con tinuos con ant er ior id ad a su
m uer t e, salvo que haya pr ocr eado uno o m ás hij os con el
pensiona do f allec ido ;
b) Los hij os m enor es de 18 años; los hij os m ayor es de 18 años y
hast a los 25 años, incapac it ados par a t r abaj ar por r azón de sus
est udios y si depen dí an económ icam ent e del causant e al m om ent o
de su m uer t e; y, los hij os invál idos si d ependí an económ ic am ent e
del causant e, m ient r as subsist an las con dicio nes de inva lide z;
c) A f alt a del cónyuge, com pañer o o compañer a per m anent e e hij os
con der echo, ser án benef iciar ios los padr es del causa nt e si
dependí an económ ic am ent e de ést e, y
d) A f alt a de cónyuge, com pañer o o compañer a per m anent e, padr es
e hij os con der echo, ser án benef iciar ios los her m anos invá li d os del
causant e si dependí an económ icam ent e de é st e. »
«ARTI CU LO . 48. M ont o de la pe nsión de s obr eviv ient es .
Reglam ent ado par ci alm ent e por el Decret o Nacional 832 de 1996 .
El m ont o m ensual d e la pensi ón de sob r evivi ent es por m uer t e del
pensiona do ser á igu al al 100% de la pen sión que aqué l disf r ut aba.
El m ont o m ensual d e la pens ión t ot al de sobr evivient es por m uer t e
del af il iado ser á igu al al 45% del ingr eso base de liquidac ió n m ás
2% de dicho ingr eso por cada cincuen t a ( 50) sem anas adicionales
de cot ización a l as pr im er as quini ent as ( 500) sem anas de
cot ización, sin que e xceda el 75% del in gr eso base de liqu id ación.
En ningún caso e l m ont o de la pensión p odr á ser inf er ior al salar io
m í nim o legal m ens ual vi gent e, conf or m e a lo est ablec id o en el
ar t í culo 35 de la pr esent e ley.
No obst ant e lo pr evi st o en est e ar tí culo, los af ili ados podr án opt ar
por una pensión de sobr evivient es equiva lent e al r égim en de
pensión de sobr evi vient es del I SS, vigent e con ant er io r idad a la
f echa de vigencia de la pr esent e ley equi valent e al 65% del i ngr eso
base de l iqu idac i ón, siem pr e que se cum plan las m ism as
condic iones est able cidas por dicho inst i t ut o».
Por su parte, se tiene que el Régimen de Seguridad Social en
Pensiones previsto en la normatividad anterior, empezó a regir a
nivel nacional el 1 de abril de 1994, sin embargo, en el nivel
territorial el mismo cobró vigencia el 30 de junio de 1995, conforme
a lo dispuesto en los art ículos 150 d e la Ley 100 de 1993 y 1 del
Decreto 1068 de 1995. A su vez, la Ley 100 de 1993 en su art. 279
dispuso la exclusión de su aplicación a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
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«ARTI CU LO . 279. - Excepciones. E l s ist em a int egr al de s eg ur idad
social cont eni do en la pr esent e ley no se aplica a los m iem br os de
las f uer zas m ilit ar es y de la Policí a Naci onal, ni al per sona l r egid o
por el Decr et o Ley 1214 de 199 0, con excepción de aqué l que se
vincul e a par t ir de la vigencia de la pr esent e ley, ni a los m iem br os
no r em uner ados de las cor por aciones pú blicas.
Así m ism o, se except úa a los af iliad os al f ondo nacional de
pr est aciones socia le s del m agist er io, cr eado por la Ley 91 de 1989,
cuyas pr est aciones a car go ser án co m pat ibles con p ens ione s o
cualqu ier clas e de r em uner ación. Est e f ondo ser á r esponsa ble d e
la expedic ión y pago de bonos pensiona l es en f avor de educador es
que se r et ir en del ser vicio, de conf or m idad con la r eglam ent ación
que par a el ef ect o se expida ».
No obstante, la Ley 812 d el 26 de junio de 2003, terminó con la
excepción prevista en el art. 279 de la Ley 100 de 1993 aplicable a
los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para disponer que a partir de su vigencia (Diario Oficial
No. 45.231 del 27 de junio de 2003) , los docentes se re gían por el
sistema de seguridad social en pensiones previsto en la Ley 100 de
1993, así en su artículo 81 dispuso:
«ARTÍ CU LO 81. RÉ G I M EN PRESTA CI O NAL D E LO S DO CE NTES
O FI CI ALES. El r égim en pr est acional de los docent es nacionales ,
naciona liz ados y t er r it or iales, que se encuent r en vincula dos al
ser vicio públ ico educat ivo of icia l, es el est ablecido par a el
M agist er io en las dispos icion es vigen t es con ant er ior idad a la
ent r ada en vigencia de la pr esent e ley.
Los docent e s que se vinculen a par t ir de la ent r ada en vigencia de
la pr esent e ley, ser án af ilia dos al Fond o Naciona l de Pr est aciones
Socia les del M agist er io y t endr án los der echos pensiona l es del
r égim en pensiona l d e pr im a m edia est ablecid o en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los r equisit os pr evist os en él, con
excepción de la eda d de pensión de vej ez que ser á de 57 años par a
hom br es y m uj er es».
Posteriormente, la Ley 100 de 1993 fue modificada por la Ley 797
de 2003, la cual dispuso que la pensión de sobrevivientes se
reconocería a los miembros del grupo familiar del afiliado al
sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últi mos años inmediatamente
anteriores al fallecimiento .
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3.4. Improcedencia de la aplicación por favorabilidad y
retrospectividad del régimen general de pensiones
El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 desarrolló los principios de
favorabilidad e igualdad, en los siguientes términos:
«[ …]
Apl icació n de l as dis posici ones cont en id as en la pr esent e L e y y en
Leyes ant er ior es. Todo t r abaj ador pr ivado u of icial, f uncionar i o
públ ico, em pleado públ ico y ser vid or p úblic o t iene d er ech o a la
vigenc ia de la pr esent e Ley le sea apli cable cualq uier nor m a en
ella c ont enid a que e st im e f avor able ant e el cot ej o con lo dis p uest o
en leyes ant er ior es sobr e la m ism a m at er ia, siem pr e que se som et a
a la t ot alidad de di s posici ones de est a Ley [ …] »
Esta Corporación a través de la sentencia de 29 de abril de 2010 24
precisó que en materia laboral , en aplicación del artículo 288 de la
Ley 100 de 1993 y en desarrollo del principio de favora bilidad , la
ley podía ser aplicada de forma retrospectiva, en el entendido de
que la nueva ley puede regular ciertas situaciones o he chos
jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley
anterior, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de
manera definitiva como derecho bajo la ley antigua.
Por otro lado, e l Consejo de Estado, mediante providencia dictada
por la Sección Segunda, Subsección B, el 6 de mayo de 2010 25,
reconoció la aplicación del régimen general en seguridad social y
el principio de favorabilidad e igualdad, de la siguiente manera:
«Al com par ar la p ensión d e sobr evi vient es que co nsa gr a el
Régim en G ener al de Segur idad Socia l con la pensión post m or t em
18 años pr evist a po r el Decr et o 224 de 1972, se obser va que el
r égim en gener al, par a el caso concr et o, es alt am ente m ás
benef icios o que el especia l, en cuant o det er m ina un numer o de
sem anas cot izadas pr eviam ent e al sist em a y no el cum plim ient o de
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número
interno 0548-2009.
25R a d i c a c i ó n :
68001-23-15-000-2003-00552-01 (0284-09), C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
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t iem po de ser vic io, cir cunst ancia q ue l i m it a el acceso a l be nef ici o
pensiona l. En lo que concier ne a est a sit uación de des igua ld ad, es
pr eciso señalar que los lineam ient os j ur ispr udencia les t r azados por
la Cor t e Const it ucio nal y por est a cor poración han sid o r eit er at ivos
en det er m inar que los r egí m enes especiales j ust if ican su exis t encia
en cuant o consagr e n benef ic ios par a l o s gr upos de per sona s a que
se r ef ier en que sean super ior es a los del com ún de la poblaci ón
por que si ést os son inf er ior es, y no exist e causa válida par a est e
t r at am ient o dif er encial, se inc ur r e en una discr im inac ió n que
deviene i nj ust a y cont r ar ia a los pr incipios que f undam en t an el
Est ado Social de D er echo, vulner ando así los m andat o s de los
ar t í culos 13, 48 y 53 de la Const it ució n Polí t ica, que consa gr an el
der echo a la igualda d y se er igen en garant í a par a la pr ot ección de
los der echos m í nim os labor ales y de la s egur idad soci al».
Acorde con los criterios expuestos y su relación con el principio de
favorabilidad, se ha definido que el régimen especial en materia de
pensión post mortem prescrito en el artículo 7 del Decreto 224 de
1972, sólo debe ser aplicado cuando resulte convenient e para el
grupo de beneficiarios del docente. Por el contrario, cu ando de la
aplicación del ré gimen especial se produce un tratamiento
discriminatorio, se ha de privilegiar la aplicación de los enunciados
normativos de la Ley 100 de 1993, que da derecho a la pensión de
sobrevivientes con requisitos menos onerosos para la condición de
la persona que aspira a su reconocimiento.
Posteriormente, mediante la sentencia del 25 de abril de 2013 la
Sección Segunda de esta Corporación 26, rectificó la posición frente
a la aplicación retrospectiva del régimen general de pensiones en
virtud del principio de favorabilidad e igualdad consagrado en el
artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y, consideró que la ley que
resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento en que
se estructura el derecho , esto es, en el caso de la pensión de
sobrevivientes en la fecha en que se produjo la muerte. Al respecto ,
señaló:
«[ …]
Par a la Sala es evid ent e que lo que pr et ende la dem andant e es la
26Consejo de Estado , Sala de lo Contenci oso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, C .P. Luis Rafael Vergara Quintero,
número interno 1605-2009.
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aplic ación r et r oact iva de la Ley 100 de 1993, pues consider a que
le es benéf ica y f avor ece sus pr et ensiones; no obst ant e, los
der echos pr est acion ales der iv ados de la m uer t e del señor Re yes se
consol idar on a l a l uz de las nor m as v igent es al m om ent o de su
f allec im ient o, lo que lleva a af ir m ar que no es viable la aplic ación
de la ley que se pr et ende, t oda vez que ello ir í a en cont r aví a del
pr incip io de ir r et r oa ct ividad de la ley, d er ivado de l a Ley 1 53 de
1887.
La ley sust ancial, por lo gener al, t iene la vir t ud de entr ar a r egir las
sit uacione s que se pr oduzcan a par t ir de su vigencia, pues aún no
se encuent r an conso lida das y, solo por excepción, r igen de m aner a
r et r oact iva; sin em bar go, par a que el lo ocur r a, el cont enido de la
ley debe pr ecisar l o per t inent e, lo que n o sucede en e l caso de la
Ley 100 de 1993, pues al t enor de lo dispuest o en su ar t í culo 151
em pezó a r egir a par t ir del 1º de abr il de 1994.
En las ant er ior es condic iones, la dem a ndant e no t iene der echo a
acceder al der echo pensiona l consagr a do en los art í culos 46 a 48
de la Ley 100 de 1993, t oda vez que los der echos pr est acionales
causados con la m uer t e de su cónyuge se consolid ar on en vigenci a
de la nor m at ividad ant er ior , la que exigía el r equisit o de t ener 15 o
m ás años de ser vic i o act ivo y, com o no cum plió ese r equis i t o, no
er a viable su r econo cim ient o.
Con los ar gum ent os expuest os en f orm a ant ecedent e, la Sala
r ect if ica la pos ició n adopt ada en sent en cias de abr i l 29 de 2010 y
noviem br e 1º de 2012, en las que, en m at er ia de sustit ución
pensiona l se apl icó una ley nueva o pos t e r ior a hechos acaecidos
ant es de su vigenci a, en ej er cicio de la r et r ospect ividad de la ley,
pr ecisando qu e no h ay lugar a l a apl icac ión de t al f igur a, t oda vez
que la ley que go bier na el r econoc i m ient o de la pensi ón de
benef iciar ios es la vigent e al m om en t o del f allec im ien t o del
causant e y no una post er ior [ …] »
En efecto, tal como lo ha señalado esta Sección 27, la posibilidad de
exigir la aplicación de la Ley 100 de 1993 en los términos señalados
en el artículo 288 citado ante el cotejo con lo indicado en normas
anteriores a su vigencia, requiere que el derecho reclamado con
base en la normativa anterior se hub iere consolidado en
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que esta última
estuviera rigiendo en el caso concreto.
27Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A: sentencia de 3 de marzo de 2015, C.P. Gustavo
Gómez Aranguren, número interno 0328-2014; y sentencia del 5 de julio de
2018, C.P William Hernández Gómez, radicado interno: 2414-17.
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En el mismo sentido, señaló que no es factible conceder el derecho
reclamado y aplicar retrospectivamente lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 100 de 1993, porque por esta vía –conforme la nueva
posición – se desconocería el principio de irretroactividad de la ley
derivado de la Ley 153 de 1887.
Lo citado permite concluir la improcedencia de aplicar la Ley
100 de 1993 a situaciones que se consolidaron antes de la
entrada en vigencia de esa norma en virtud del pri ncipio de
favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición
normativa vigente en el momento de los hechos que dieron
origen a la consolidación del derecho pensional.
4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
a) De acuerdo con el registro de defunción 28, el señor Abelardo de
Jesús Vásquez Bermúdez falleció el 26 de marzo de 1983 .
b) Según el certificado de historia laboral 29 y el formato único para
la expedición de certificado de salarios 30 expedido s por la
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda , el
señor Abelardo de Jesús Vásquez Bermúdez prestó sus
servicios al departamento de Risaralda como docente desde el
1 de febrero de 1967 hasta 25 de marzo de 1983 , esto es, 16
años, 1 mes y 24 días.
c) Conforme al registro civil de matrimonio 31, el señor Abelardo de
Jesús Vásquez Bermúdez y la señora Eresbey de Fátima
28 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2. Folio 45.
29 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2. Folio 37.
30 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2. Folio 41.
31 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2. Folio 43.
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Agudelo Atehortúa contrajeron matrimonio por el rito católico el
11 de julio de 1977 en la Parroquia del Carmen del municipio La
Virginia, Risaralda.
d) El 11 de septiembre de 2019 32, la accionante presentó ante la
Secretaría de Educación de Risaralda solicit ud de
reconocimiento de pensión de sobreviviente «con todos sus
factores salariales e incluso la mesada catorce, todo indexado».
e) Mediante Resolución 2399 del 25 de octubre de 2019 33, la
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda le negó
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora
Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa , con el siguiente su stento:
• Según los certificados de tiempo de servicios que se
adjuntan a la solicitud, el causante prestó servicios así:
• De acuerdo con lo anterior, se evidencia un total de 5851
días laborados, equivalentes a 16 años, 3 meses y 1 día,
tiempo que no es suficiente para haber obtenido el
reconocimiento de pensión, conforme a lo estipulado en
el artículo 7 del Decreto 224 de 1972.
• La señora Eresbey de Fátima Agudelo Atehortúa solicita
se otorgue la pensión de sobreviviente dando aplicación
retrospectiva a la Ley 100 de 1993 . Con base en
jurisprudencia del Consejo de Estado, concluyó que la ley
aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento del deceso y no una norma posterior como es la
Ley 100 de 1993, que entró a regir el 1 de abril de 199 4
f) El 5 de noviembre de 2019, la accionante interpuso recurso de
reposición que fue resuelto a través de la Resolución 2 556 del
14 de noviembre de 2019, que confirmó la decisión , por
considerar que , de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional , en principio, toda disposición legal surte sus
32 Expediente digital visible en SAMAI a índice 2,
ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroA ctua 2. Folio 29.
33 E x p e d i e n t e digital visible en SAMAI a índice 2, folio 67.
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efectos atribuyendo consecuencias normativas a aquellas
situaciones de hecho que cumplan dos condiciones: i) que sean
subsumibles dentro de sus supuestos, y ii) que ocurran durante
la vigencia de la ley . Es decir que, como regla general , las
normas jurídicas rigen en relación con los hechos que tengan
ocurrencia d urante su vigencia, lo cual significa que, en
principio, no se aplican a situaciones que se hayan consolidado
con anterioridad a la fecha en que hayan empezado a regir –no
tienen efectos retroactivos –, ni pueden aplicarse para gobernar
acontecimientos que sean posteriores a su vigencia –no tienen
efectos ultractivos –.
Por lo anterior, e s imposible dar a plicación el p rincipio de
favorabilidad que opera cuando existe conflicto entre dos
normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica
fuente, y cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones ; la norma así escogida deberá aplicarse en su
integridad, ya que no le está permit ido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría
convirtiendo en legislador .
4.2. Análisis sustancial
4.2.1 ¿La señora Eresbey de Fátima Agudelo Ate hortúa, en
calidad de cónyuge supérstite del señor Abelardo de Jesús
Vásquez Bermúdez, tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993, o, por
el contrario , su situación se encuentra regulada por el Decreto
Ley 224 de 1972?
De acuerdo con los supuestos fácticos y probatorios relacionados
en precedencia, y teniendo en cuenta la normativa analizada en el
marco conceptual aplicable a l os docentes, se advierte que el señor
Abelardo de Jesús Vásquez Bermúdez (q.e.p.d) , laboró al servicio
de la docencia oficial en el departamento de Risaralda 581 días,
equivalentes a 16 años, 3 meses y 1 día según se estableció en la
Resolución 2399 del 25 de octubre de 2019.
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Así las cosas, en primer término, se tiene que el causante no
cumplió con los requisitos dispuestos en el Decreto Ley 224 de
1972, esto es acreditar por lo menos 18 años de servicio docente
para el momento del fallecimiento, por lo que no es posible el
reconocimiento de una pensión post mortem a favor de la
demandante.
Ahora bien, en lo que refiere a la pretensión de reconocimiento de
la pensión de sobreviviente prevista en la Ley 100 de 1993 por
virtud del principio de favorabilidad planteada en el recurso de
apelación , en criterio de la Sala no resulta procedente, toda vez
que el fallecimie nto del señor A belardo de Jesús Vásquez
Bermúdez, quien era el cónyuge de la demandante, acaeció el 26
de marzo de 1983 , fecha para la cual no había entrado en vigencia
el Sistema General de Seguridad Social en pensiones que en sus
artículos 46 a 48 contempló la pensión de sobrevivientes,
disposiciones que comenzaron a regir para los empleados con
vinculación nacional a partir del 1 de abril de 1994, y para el nivel
territorial el 30 de junio de 1995.
Destaca la Sala que , sobre este principio rector del derecho d el
trabajo y la seguridad social, la ju risprudencia constit ucional ha
sostenido:
«El pr inc ip io de f a vor abil idad, la Con st it ución lo e nt iend e com o
‘. . . sit uación m ás f avor able al t r abaj ador en caso de duda en la
aplic ación e int e r pr et ación de la s f uent es f or m ales de
der echo. . . ’. Siendo la ley una de esas f uent es, su int er pret ación,
cuando se pr esent a la hip ót esis de la cu al par t e la nor m a - la duda -
, no puede ser ninguna dif er ent e de la que m ás f avorezca al
t r abaj ador . Ella es obli gat or ia, pr eem ine nt e e ineludib le p ar a el
j uez. Allí la a ut onom í a j udicial par a int er pr et ar los m andat os lega les
pasa a ser m uy r elativa: el j uez puede in t er pr et ar la ley que aplic a,
per o no le es dab l e hacer lo en cont r a del t r abaj ador , est o es,
selecci onando ent r e dos o m ás ent endim ient os posibles aq uel que
ost ensiblem ent e lo desf avor ece o perj udica. Es f or zoso que el
f allador ent ien da la nor m a de m aner a que la opción escog ida sea la
que benef ic ie en m ej or f or m a y de m anera m ás am plia al t r abaj ador ,
por lo cual, de acue r do con la Const it uc ión, es su deber r echazar
los sent idos que par a el tr abaj ador r esult en desf avorables u
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odiosos. El j uez no puede escoger con liber t ad ent r e las di ver sas
opciones por cuant o ya la C onst it ució n lo ha h echo por él y d e
m aner a im per at iva y pr e valent e. No vacila la Cor t e en af ir mar que
t oda t r ansgr esión a est a r egla super ior en el cur so de un pr oceso
j udicia l const it uye ví a de hecho e im pl ica desconocim ie nt o f la gr ant e
de los der echos f undam ent ales del t r abaj ador , en especial el del
debido pr oces o. » 34
La Corte Constitucional ha aplicado el principio de favora bilidad, en
su función de salvaguarda de la Constitución, al advertir que en
ciertos eventos los regímenes pensionales exceptuados prevén un
tratamiento que resulta injustificadamente gravos o en contraste con
aquel contemplado en el régimen de seguridad social que rige a la
generalidad de la población.
Tal entendimiento resulta plausible cu ando se presenta la hipótesis
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho, siendo la ley una de esas fuentes. De allí q ue resulta
esencial para la aplicación del principio de favorabilidad la
existencia y vigencia de la norma que consagra la situación más
favorable en el momento en que se consolida la causa que origina
de la prestación d e que se trata. En ese orden, la ley que resulta
aplicable es la que se encuentra vigente al momento en que se
estructura el dere cho, esto es, en el caso de la p ensión de
sobrevivientes en la fecha en que se produjo la muerte.
Conforme a lo anterior, es evidente que la demandante, como
beneficiaria del do cente fallecido, no tiene derecho a acceder a la
pensión de sobrevivientes establecida en los artículos 46 a 48 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacional es
causadas con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia
de la normatividad anterior , cuyos requisitos de tiempo de servicios
no se colmaron, como ya se indicó.
En este orden de ideas, se acoge la jurisprudencia proferida por
esta Corporación, que estableció la postura de que, en materia de
34 S e n t e n c i a T-001 de 1999, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
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reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que gobierna
la situación prestacional de los be neficiarios es la vigente al
momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda
vez que es en e ste momento en que se causa el derecho a la
sustitución pensional 35.
Así las cosas, no están llamadas a prosperar las razone s expuestas
por la apelante atendiendo a los principios de no retroactividad de
las leyes y de inescindibilidad del régimen pensional, pues no es
posible tomar, para el caso de la demandante, de los dos regímenes
que regulan la pensión de sobrevivientes el más conveniente , ya
que el causante falleció antes de entrar en vigencia la Ley 100 de
1993.
5. Conclusión
La situación jurídica en el caso de la pensión de sobrevivientes se
consolida al momento del fallecimient o del afiliado, por ende, si el
fallecimiento ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, con base en el artículo 288, no es posible por
favorabilidad , aplicarla de forma retrospectiva a efectos de
reconocer la pensión de sobrevivientes a su núcleo familiar.
En el pre sente caso, el deceso del señor Abelardo de Jesús
Vásquez Bermúdez ocurrió el 26 de marzo de 1983, es decir, en
vigencia del Decreto Ley 224 de 1972, por end e, no es procedente
aplicar en forma retrospectiva la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente s 36.
35En el mismo sentido Consejo de Estado en sentencia de 7 de octubre de
2010, C.P Luis Rafael Vergara Quintero, radicado interno 0761 -09; febrero 18
de 2010, C.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado interno 1514 -08;
abril 16 de 2009, C. P. Víctor Hernan do Alvarado Ardila, radicado interno 2300 -
06; junio 17 de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado interno 2861 -
2019.
36En recientes pronunciamientos de esta Sala, sentencias de 17 de junio de
2021, radicado interno 2861-2019; 3 de junio de 2021 radicado interno 1036-
2017. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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En consecuencia, se confirmará la sentencia de 16 de julio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las
súplicas de la demanda , por los motivos señalados en precedencia.
6. Condena en costas
En lo que se refiere a las costas, esta Subsección en sentencia del
7 de abril de 2016 37, concluyó que en vigencia del CPACA la
legislación avanzó de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
En el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas a la
parte demandante conforme al numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, toda vez que, si bien la providencia recurrida
fue confirmada , la parte demandada no intervino en est a instancia
procesal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la Repúbl ica de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 16 de julio de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora ERESBEY DE
FÁTIMA AGUDELO ATEHORTÚA contra el DEPA RTAMENTO DE
RISARALDA , de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: Sin co ndena en costas de acuerdo con lo previsto en la
parte motiva de este fallo.
37Radicado interno 1291-2014 actor: José Francisco Guerrero Bardi, C.P.
William Hernández Gómez.
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TERCERO. Ejecut oriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de orige n, previas las anotaciones pertinentes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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