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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00087-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 15 de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Octavio Medina Cujar en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expresadas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. RECONOCER personería jurídica al abogado Edgar José Polanco Pereira, identificado con cédula de ciudadanía núm. 16.918.747 de Cali y tarjeta profesional núm. 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe en nombre y representación de la UGPP. TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia. CUARTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00087-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 66001-23-33-000-2020-00087-01 (2577-2022)
Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00087-01 (2577-2022)
Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: naturaleza de la plaza. Subtema 2:
requisitos para acceder a la pensión gracia de conformidad con lo dispuesto en el literal a),
numeral 2, artículo 15, Ley 91 de 1989.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 15 de diciembre de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Carlos Octavio Medina, en virtud del nombramiento realizado por el Ministerio de
Educación Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), entidad que negó la prestación al considerar
que su vinculación docente fue de carácter nacional. El demandante adujo que los
actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por fundarse en
apreciaciones que carecen de soporte legal, esto, por cuanto, según su criterio, la
norma no prevé la exclusión de los docentes nacionales como beneficiarios de la
pensión gracia.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Carlos Octavio Medina Cujar, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la UGPP, el 20 de febrero de 2020, con las siguientes1:

1 Samai, cuaderno principal, expediente digital, archivo 001EXPEDIENTEDIGITAL_1(.PDF) NroActua 14, folios 3 a

75.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 66001-23-33-000-2020-00087-01 (2577-2022)
Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: UGPP

2.1.1. Pretensiones

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 017817 del 28 de abril de 2017,
mediante la cual la UGPP le negó al actor el reconocimiento y pago de la pensión
gracia; y de la Resolución RDP 028459 del 14 de julio de 2017, que resolvió el
recurso de apelación interpuesto en contra de la primera, confirmándola en todas
sus partes.

(ii) Que se declare que el demandante tiene derecho a la pensión gracia y, en
consecuencia, se condene a la UGPP a reconocerle y pagarle dicha prestación,
en cuantía equivalente al 75% del promedio de la remuneración mensual del año
anterior a la causación del derecho.

(iii) Que se condene a la UGPP a ajustar el valor de las sumas adeudadas
conforme al índice de precios al consumidor.

(iv) Que se condene a la entidad demandada a pagar los intereses comerciales y
moratorios.

2.1.2. Hechos

2. El demandante expuso, en síntesis, que en condición de docente oficial de
secundaria y con nombramiento de carácter nacional, cumple con los requisitos para
ser beneficiario de la pensión gracia, por lo siguiente:

(i) Fue vinculado al magisterio antes del año 1981.
(ii) Tiene más de 50 años de edad.
(iii) Cuenta con más de 20 años de servicio.
(iv) Prestó el servicio con buena conducta.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. Del análisis integral de la demanda se establecen como normas violadas las
siguientes: Constitución Política de 1991, artículo 13, la ley 39 de 1903, la Ley 37 de
1933, la Ley 91 de 1989, artículo 15; la Ley 42 de 1933, la Ley 114 de 1913, artículo
4, numeral 3 y la Ley 116 de 1928.

4. En el concepto de violación, el demandante afirmó que los docentes nacionales
no están excluidos por la ley del reconocimiento de la pensión gracia, esta afirmación
la sustentó en una interpretación que el congreso hizo del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, que, en su opinión, estipuló que estos docentes tienen derecho a la prestación,
por lo que resulta obligatoria y vinculante para las autoridades administrativas y
judiciales, tal como lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-820/06.

2.2. Contestación de la demanda

5. La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que la decisión de la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), que
negó el reconocimiento de la pensión gracia al actor, fue sustentada en lo dispuesto
en las leyes 114 de 1913, 91 de 1989 y 37 de 1933 y en las sentencias C-084 de 1994
2

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Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: UGPP

y C-489 de 2000, en cuanto establece el beneficio de la transición solo a los docentes
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, requisito que el Carlos Octavio Medina
no cumplió2.

6. Afirmó que el actor fue vinculado como docente nacional, mediante la Resolución
1019 del 27 de abril de 1968 y que, según el certificado de tiempos de servicio
expedido por la Secretaría de Educación de Risaralda, laboró para dicha entidad desde
el 28 de marzo de 1968 hasta el 5 de octubre de 2016, periodo en el que mantuvo el
tipo de vinculación nacional. Concluyó que el demandante no tiene derecho a la
pensión gracia porque el tiempo que laboró en virtud de vinculaciones del orden
nacional no es válido para acceder a ese derecho.

2.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 15 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, porque
el demandante prestó el servicio de docencia en plazas de carácter nacional, tal y
como consta en la Resolución 1019 del 27 de abril de 1968, expedida por el Ministerio
de Educación Nacional, por medio de la cual fue nombrado para prestar el servicio en
la Escuela Normal de Varones de Somondoco, en calidad de docente en el nivel de
enseñanza secundaria I-12. El último establecimiento donde ejerció la labor como
docente fue la Escuela Vocacional Agrícola de Marsella, Risaralda, mediante una
vinculación de carácter nacional3.

8. En este orden, concluyó que el demandante no cumple con los presupuestos para
obtener el reconocimiento de la pensión gracia, porque, aunque demostró la prestación
del servicio por más de 20 años, no lo hizo en plazas territoriales o nacionalizadas,
sino en plazas nacionales.

9. No impuso condena en costas por no encontrarlas acreditadas, de conformidad
con el criterio objetivo reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.4. Recurso de apelación

10. El demandante insistió en que no existe norma que excluya del derecho a la
pensión gracia a los docentes que prestan el servicio en plazas nacionales ni norma
alguna que establezca que los únicos beneficiarios de esta prestación son los
maestros con vinculación territorial o nacionalizada. Reconocer el derecho a los
docentes nacionalizados y no a los nacionales vulnera el derecho a la igualdad 4.

11. Reiteró que el congreso, al interpretar el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 con
motivo del «proyecto de Ley 114-2009 Senado, 296-2010 Cámara», consideró que el
servicio prestado en plazas nacionales es válido para el cómputo del tiempo requerido
para el reconocimiento de la pensión gracia, interpretación que es vinculante y
obligatoria para las autoridades administrativas y judiciales, según la sentencia C-820
de 2006.

2
Samai, cuaderno principal, archivo 4_004CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 14
3 Samai, cuaderno principal, archivo 22_022PARASENTENCIA(.PDF) NroActua 23.
4 Samai, archivo 25_025RECURSOAPELACIONSENTENCIA(.PDF) NroActua 28.
3

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Radicación: 66001-23-33-000-2020-00087-01 (2577-2022)
Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: UGPP

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

12. Mediante auto del 11 de agosto de 2022, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247-5 del CPACA, modificado por la
Ley 2080 de 2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión, porque
las partes no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia5.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por Carlos Octavio Medina Cujar, la Sala procede a resolver el siguiente
problema jurídico:

15. ¿El tiempo de servicio prestado por el demandante como docente de orden
nacional, en virtud del nombramiento que hizo el Ministerio de Educación Nacional,
puede ser computado como tiempo de servicio válido para el reconocimiento de la
pensión gracia?

3.3. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

16. Ley 114 de 19136 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros de
escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor de
veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos últimos
años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre que
cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

17. La Ley 116 de 19287 extendió la prestación pensional a los empleados y profesores
de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. Posteriormente,
la Ley 37 de 19338 cobijó a los maestros que completaron servicios docentes en
establecimientos de enseñanza secundaria.

5 Samai, expediente electrónico, índice 5.
6 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
8 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

4

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18. La Ley 43 de 19759 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».

19. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.

20. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia mantienen
el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger la
expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.

21. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

(i) Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

(ii) Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes
vinculados a partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del
proceso de nacionalización de la educación que se adelantó por disposición
de la Ley 43 de 1975.

(iii) Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 1010 de la Ley 43 de 1975, de manera
que la plaza a ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto.

9 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
10 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional».
5

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22. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no cambia cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. En este
orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados11, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…)

3.4. Caso concreto

En el presente asunto, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

11 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
6

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23. La copia del registro civil de nacimiento del actor demuestra que nació el 2 de
mayo de 194812.

24. La copia del Decreto 1019 del 25 de abril de 196813, da cuenta de que el
Ministerio de Educación Nacional nombró al demandante como profesor de enseñanza
secundaria I-12 en la Escuela Normal de Varones de Somondoco, con efectos fiscales
a partir del 28 de marzo de 1968.

25. La copia del acta suscrita por la secretaria y el alcalde del municipio de
Somondoco demuestra la posesión del demandante en el cargo de profesor de
secundaria de la Escuela Normal Nacional de Varones del Valle de Tenza, del
municipio de Somondoco, para el que fue nombrado mediante la Resolución núm.
1019 de 196814.

26. La copia del certificado núm. 01, suscrito por el pagador y rector de la Escuela
Normal Nacional Valle de Tenza, acredita que el demandante estuvo vinculado a esa
institución como profesor de secundaria, desde el 28 de marzo de 1968 hasta el 20 de
marzo de 1973, en virtud del nombramiento realizado mediante la Resolución núm.
1019 de 196815.

27. La copia del certificado16 suscrito por el rector y la secretaria del Instituto Agrícola
de Marsella Risaralda muestra que, al 15 de septiembre de 1998, el demandante
laboraba en ese plantel como profesor de enseñanza secundaria de tiempo completo
en el área de humanidades y que fue trasladado a esa institución proveniente de la
Normal Nacional de Somondoco, mediante la Resolución núm. 7611 del 13 agosto de
1973, dictada por el Ministerio de Educación Nacional17.

28. Las pruebas documentales referidas demuestran que Carlos Octavio Medina
Cujar, vinculado mediante actos administrativos expedidos por el Ministerio de
Educación, prestó el servicio en plazas nacionales, durante los siguientes periodos:

Cargo Acto Período Clase de
Institución administrativo Fecha de Fecha de vinculación
educativa de vinculación inicio finalización
Escuela normal Docente Resolución 28/03/1968 17/08/1973 Nacional
Valle de Tenza núm.1019 del 27
Somondoco de abril de 1968
Instituto Agrícola Docente Resolución núm. 18/08/1973 28/02/2007 Nacional
de Marsella, 7611 del 13 de
Risaralda agosto de 1973

29. Así las cosas, las pruebas documentales aportadas al expediente demuestran
que el demandante se encontraba vinculado a la docencia oficial desde el año de 1968,
en virtud del nombramiento suscrito por el ministro de educación nacional y el
secretario general del mismo ministerio, por lo que es válido afirmar que fue vinculado
al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980. Sin embargo, no reunió el

12Samai, cuaderno principal, expediente administrativo, archivo 006ExpedienteAdministrativo, 4-Registro civil de

nacimiento.
13 Samai, expediente digital, folios 87 a 91.
14 Samai, expediente digital, folio 93.
15 Samai, cuaderno principal, expediente administrativo, archivo 006ExpedienteAdministrativo, 19106471_4.
16
Samai, cuaderno principal, expediente administrativo, archivo 006ExpedienteAdministrativo, 4-Registro civil de
nacimiento.
17 Samai, cuaderno principal, expediente administrativo, archivo t13384512068207429, 18_016 Rta. Fomag.

7

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requisito de tiempo de servicio para obtener el derecho a la pensión gracia, por cuanto,
como quedó demostrado, las vinculaciones fueron de carácter nacional.

30. Sobre la naturaleza del vínculo derivado de los nombramientos realizados por el
Ministerio de Educación Nacional no existe reparo, pues en la demanda y en el recurso
el actor reconoce que ese nombramiento fue de carácter nacional. Lo que alega en la
apelación es el supuesto error en que incurrió el tribunal al considerar que los docentes
nacionales no pueden ser beneficiarios de la pensión gracia, situación que, según el
apelante, desconoce un concepto emitido por el congreso y acoge una postura que,
supuestamente, carece de fundamento legal.

31.Al respecto, resulta conveniente advertir, que la Ley 91 de 1989, en el artículo 15,
numeral 2, literal a) limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos legales, lo cual planteó de la siguiente
manera:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

32. Esta norma fue analizada por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia
S-699 de 199718, que fijó lineamientos sobre la pensión gracia y, particularmente,
frente al artículo 15 de la Ley 91, consideró lo siguiente:

[D]entro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…). Siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

33. En la citada sentencia se identificaron los beneficiarios de la pensión gracia, por
ende, aunque el artículo 15 numeral 2.º literal a) de la Ley 91 de 1989 cite la palabra
docentes, esta debe entenderse en el contexto fijado en la sentencia citada, esto es,
las personas que hubiesen laborado mediante vinculaciones territoriales o
nacionalizadas, en atención a las normas que le dieron origen a la prestación.

34.Al respecto, la jurisprudencia reiterada de la corporación ha considerado que el
numeral 3.º del artículo 4.º de la Ley 114 de 1913, establece que para gozar de la
pensión de gracia es preciso que el interesado compruebe que no ha recibido ni recibe

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia n° S-699 de 26 de agosto de l997,

MP. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: UGPP

otra pensión o recompensa de carácter nacional, entre otros requisitos19. Con
fundamento en esta norma se ha considerado que la pensión gracia no puede
reconocerse a favor de los docentes nacionales.

35. Teniendo en cuenta lo anterior, los reparos presentados por la parte demandante
no son de recibo, porque los actos de nombramiento aportados al expediente
demuestran que la vinculación del actor fue de naturaleza nacional, vinculación que
está excluida del reconocimiento de la pensión gracia, en virtud de lo dispuesto en las
Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, además, de lo impartido en la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018.

3.5. Conclusión

36. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que Carlos Octavio Medina Cujar no
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que el tiempo laborado
bajo una vinculación de carácter nacional no es computable para acreditar el requisito
de 20 años en una plaza nacionalizada o territorial. Lo anterior, dado que se encuentra
acreditado que las vinculaciones docentes del actor en la Escuela Normal Valle de
Tenza y en el Instituto Agrícola de Marsella, durante el periodo comprendido entre el
28 de marzo de 1968 y el 28 de febrero de 2007, son de carácter nacional. En este
orden, la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada.

4. Costas

La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario20 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 21 de junio de 2001,

Rad. 25000-23-25-000-1997-3975-01(IJ-014), M.P. Jesús María Lemos Bustamante.
20 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 66001-23-33-000-2020-00087-01 (2577-2022)
Demandante: Carlos Octavio Medina Cujar
Demandado: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Risaralda el 15 de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Carlos Octavio Medina Cujar en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), por las razones expresadas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. RECONOCER personería jurídica al abogado Edgar José Polanco
Pereira, identificado con cédula de ciudadanía núm. 16.918.747 de Cali y tarjeta
profesional núm. 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe en
nombre y representación de la UGPP.

TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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