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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00088-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Héctor Adonaí Blanco Martínez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. - Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00088-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1

Temas: Subsidio familiar del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, Héctor Adonaí Blanco Martínez presentó demanda en orden a que
se efectuaran las siguientes declaraciones:

De inaplicación por vía de excepción

• Se inaplicaran los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1091 de 1995, que rige al
nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, en su lugar, se atendiera el artículo

1 En adelante Casur.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
82 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, con fundamento en los principios
de igualdad y de oscilación.

• Igualmente, pidió la inaplicación por «inconvencionales» e inconstitucionales
de los decretos 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de
2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005,
407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050
de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de
2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019.

De nulidad

• Oficio S-2019-024026/DITAH-ANOPA-1.10 del 8 de mayo de 2019, por el
cual la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional le negó la
reliquidación del subsidio familiar y el pago retroactivo por su esposa y sus
tres hijos, de conformidad con los decretos 1212 y 1213 de 1990.

• Resolución 04261 del 26 de septiembre de 2019, por el cual la misma
dependencia confirmó la decisión anterior al resolver el recurso de
reposición.

• Oficio 503290 del 21 de octubre de 2019, a través del cual el director general
de Casur negó el reconocimiento de la misma prestación en la liquidación de
la asignación de retiro.

De restablecimiento del derecho

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que se ordenara lo siguiente:

• Reconocer y pagar la reliquidación de la asignación que devengó en servicio
activo con inclusión del subsidio familiar, en porcentaje del 30% del salario
básico por su esposa, desde el 1 de junio de 2008, fecha en la que
contrajeron matrimonio; y por cada uno de sus hijos, a partir del nacimiento
así: el 5% por el primero, desde el 28 de diciembre de 1994; el 4% por el
segundo, desde el 5 de septiembre de 2009; el 4% por su tercer hijo, desde
el 28 de septiembre de 2014.

• Incluir como factor prestacional el subsidio familiar en un 43% del salario
básico como partida computable de la asignación de retiro.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
• Indexar los valores así reconocidos y el pago de las diferencias que resulten
de la reliquidación efectuada respecto del subsidio familiar.

• Condenar en costas a las demandadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

1. Héctor Adonaí Blanco Martínez se vinculó a la Policía Nacional como alumno en
1995. El 25 de octubre de 1996 ingresó al nivel ejecutivo de dicha institución al
obtener el grado de carabinero.

2. El 1 de junio de 2007 contrajo matrimonio y es padre de tres hijos: Elvis Luyini
Blanco Angarita3; Miguel Ángel4 y Antony Emanuel Blanco Piedrahita5.

3. Por medio de la Resolución 3573 del 15 de mayo de 2019, Casur le reconoció la
asignación de retiro.

4. El 15 de abril de 2019, le solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional la
inclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro.

5. Mediante Oficio S-2019-024026/DITAH-ANOPA-1.10 del 8 de mayo de 2019, la
entidad negó la anterior petición, para lo cual argumentó que el Decreto 1091 de
1995, norma que le era aplicable en materia de asignación de retiro, no preveía tal
posibilidad.

6. En contra de la anterior decisión presentó los recursos de reposición y apelación.
El primero de ellos fue resuelto por el director de Talento Humano de la Policía
Nacional, mediante Resolución 0501 del 2 de septiembre de 2019 y, el segundo,
por el director general de la misma institución con la Resolución 04261 del 26 de
septiembre de 2019. En ambos se confirmó la denegatoria de la inclusión del
subsidio familiar.

7. El 2 de julio de 2019 radicó la misma solicitud ante Casur, la cual también negó lo
pretendido, a través del Oficio 503290 del 21 de octubre de 2019, contra esa
decisión no procedían recursos. En dicho acto, se expuso que el subsidio familiar

3 Nació el 28 de diciembre de 1994.
4 Nació el 5 de septiembre de 2009.
5 Nació el 28 de septiembre de 2014.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
no era partida computable para el personal homologado al nivel ejecutivo, según
el artículo 23.2 del Decreto 4433 de 2004.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución Política; 45 de
la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 23 de la Ley 1098 de 2006; 1 y 2 de la Ley 12 de 1991;
y 1 y 2 del Decreto 132 de 1995.

En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados están viciados
de nulidad por los siguientes defectos:

• Se vulneraron los derechos fundamentales del demandante. Es así, por
cuanto los integrantes del nivel ejecutivo hacen parte de la planta «base» de
personal de la institución. Por lo tanto, están expuestos a un mayor riesgo para su
vida, toda vez que son asignados a zonas de difícil acceso y deben ejercer el
control y misiones de orden público.

• El Decreto 132 de 1995, en el artículo 82, dispone que el ingreso al nivel
ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto a quienes están al
servicio de la Policía Nacional. No obstante, al negar el reconocimiento del
subsidio familiar en los términos solicitados, se vulneró su derecho a la igualdad
respecto de los suboficiales, oficiales y agentes, quienes también son miembros
de la misma institución y sí se les concede tal beneficio.

• El subsidio familiar es un componente de la seguridad social, que inicialmente
se concedió a los trabajadores que tuvieran a su cargo hijos menores de 18 años,
por medio del Decreto 0118 de 1957. Más adelante, la Ley 21 de 1982 señaló que
su objetivo era el de aliviar las cargas económicas que representan el
sostenimiento de una familia, como núcleo básico de la sociedad, para los
trabajadores de medianos y menores ingresos.

• En atención a lo anterior, tanto en el grupo de oficiales, suboficiales y agentes
como en el del nivel ejecutivo existe una carga proporcional de bajos y mayores
ingresos económicos para el sostenimiento de las familias. Empero, a unos se les
concede el subsidio familiar y a otros no. En consecuencia, se presenta una
discriminación injustificada y sistemática frente al acceso a dicha prestación, tal y
como se puede constatar si se comparan los Decretos 1212 y 1213 de 1990 con
el Decreto 1091 de 1995, pues la prestación se liquida diferente en uno y otro caso.

• Con la situación expuesta, se ha venido contribuyendo a la alteración de las

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
condiciones de existencia de las familias del personal que integra el nivel ejecutivo,
quienes no gozan de los mismos beneficios que tienen los oficiales. Igualmente,
les ha generado una desproporción salarial, a pesar de que la Corte Constitucional
ha destacado la importancia del subsidio familiar y el deber de protección a los
trabajadores de las instituciones del Estado que devengan salarios mínimos, en
las sentencias C-653 de 2003, C-629 de 2011, C-440 de 2011 y T-942 de 2014,
así como su relevancia para el amparo de la infancia, según las sentencias C-315
de 2002, C-508 de 1997 y T-712 de 2013.

• Ciertamente, para los años 90 la prestación en cita se reconoció en igualdad
de condiciones para todo el personal de la Policía Nacional. Sin embargo, cuando
se creó el nivel ejecutivo no era posible identificar el porcentaje en el que se les
debía reconocer, hasta los años de 1995 y 1996, a partir de los cuales todos los
miembros de este grupo devengan la misma suma por dicho concepto, sin importar
su cargo, grado o función. A continuación, se resumen las diferencias en cuanto a
la regulación para cada categoría:

Categoría Norma Porcentaje por Porcentaje por hijos
cónyuge o
compañero
permanente
Oficial Decreto 1212 de 1990, art. 82 30% 17%
Suboficial Decreto 1212 de 1990, art. 82 30% 17%
Agente Decreto 1213 de 1990, art. 46 30% 17%
Nivel Ejecutivo Decreto 1002 de 2019, art. 28 0% $32.719 por cada hijo

1.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Defensa Nacional contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

• Al actor le han sido liquidadas las partidas mensuales de conformidad con la norma
que le resulta aplicable al nivel ejecutivo de incorporación directa, concretamente,
los artículos 16 y 17 del Decreto 1091 de 1995. Este último no prevé el subsidio
familiar por el cónyuge o compañero permanente tampoco dispone que constituya
factor salarial para efectos de liquidación pensional.

• En cuanto a la inclusión del mencionado emolumento en la asignación de retiro,
debe precisarse que su liquidación se realiza en atención a la normativa vigente al
momento del retiro.

• En el presente asunto no resultan aplicables los decretos 1212 y 1213 de 1990,

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
puesto que aquellos regulan el régimen salarial y prestacional de los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional y no al personal del nivel al que pertenece el
demandante. En ese orden, la entidad no está facultada para disponer
reconocimientos distintos de los previstos por las normas que regulan la materia.

• Quienes tuvieron la oportunidad de acceder voluntariamente al nivel ejecutivo
debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el gobierno
nacional, con la salvedad de que no podían ser desmejorados ni discriminados en
tales aspectos. Aquellas disposiciones no regularon el subsidio familiar en los
términos en los que ahora pretende que se le reconozca el demandante, sin
embargo, sí crearon nuevas primas y consideraron una asignación básica mensual
muy superior en relación con la que correspondía al grado anterior, por lo que no se
presentó una desmejora, tal y como lo consideró el Consejo de Estado en la
sentencia del 25 de noviembre de 20196. Ahora, en lo atinente al subsidio familiar
el nuevo régimen pudo haber impuesto unas condiciones que no le favorecieron al
actor, pero en otros aspectos parece más benéfico, toda vez que permite la inclusión
de los hermanos y padres como beneficiarios.

• En este asunto no resultan aplicables las consideraciones expuestas en sentencias
de tutela emitidas por el Consejo de Estado, comoquiera que aquellas tienen
únicamente efectos interpartes. Además, dichos pronunciamientos se refirieron a
situaciones fácticas que no guardan identidad con la que es objeto de debate.

• Las pretensiones dirigidas a la liquidación del subsidio familiar en su salario y
asignación de retiro desconocen el principio de inescindibilidad, puesto que busca
ser beneficiario de los aspectos más favorables que ofrecen dos regímenes
diferentes, contenidos en los decretos 1091 de 1995 y 1212 de 1990.

• En todo caso, de admitirse que es viable acceder a lo pretendido por el solicitante,
debe tenerse en cuenta el término de prescripción de 4 años señalado en el artículo
60 del Decreto 1091 de 1995.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional también intervino para
oponerse a las pretensiones del escrito inicial. En su defensa expuso lo siguiente:

• El demandante recibe asignación de retiro desde 2019, por los servicios que prestó
en la Policía Nacional por 24 años, 5 meses y 12 días, reconocida a través de la
Resolución 3573 del 15 de mayo de dicho año, en el 83% de los emolumentos
correspondientes a su grado de intendente jefe. Este acto administrativo se expidió

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2019,

radicados 110010325000201400186-00 (0444-2014) y 110010325000201401554-00 (5008-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
de conformidad con los decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 (artículo 23) y 1858
de 2012. Tales disposiciones señalan las partidas computables para el nivel
ejecutivo, las cuales fueron ajustadas según el sistema de oscilación.

• Las normas que rigen la asignación de retiro del demandante no prevén el subsidio
familiar como partida computable. Además, en su condición de miembro del nivel
ejecutivo no le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los decretos 1212
y 1213 de 1990, pues estos regían a los oficiales, suboficiales y agentes de la
institución.

Igualmente, propuso las excepciones de:

• Inexistencia del derecho: la asignación de retiro se reconoció y liquidó de acuerdo
con las normas que regían al interesado quien pertenecía al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional.

• Incorrecta interpretación del principio de oscilación: cuando se sostiene que el
principio de oscilación se refiere a las variaciones que en todo el tiempo se
introduzcan en las asignaciones del personal en actividad, hace relación al sueldo
básico al cual se aplican los porcentajes para el cálculo de las demás partidas
computables. Por esa razón, es viable modificar el quantum de las asignaciones de
retiro, según las normas que se expidan con posterioridad a la fecha en la que se
consolida el derecho prestacional.

• Indebida escogencia de la acción: sostuvo que la pretensión de inaplicación por
inconstitucionales e inconvencionales ha debido formularse a través de una acción
de inconstitucionalidad, con el fin de obtener su anulación.

-Falta de fundamento jurídico para las pretensiones: no es viable lo solicitado por el
peticionario, con base en la aplicación de las normas de oficiales, suboficiales y
agentes, puesto que él perteneció al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en sentencia
proferida el 25 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda, sin condena
en costas. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:

• Por medio del Decreto 1091 de 1995 se definió el régimen de asignaciones y
prestaciones sociales de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y
se previeron los siguientes conceptos: asignación mensual, prima de servicio, prima

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
de navidad, prima de carabinero, prima de nivel ejecutivo, prima de retorno a la
experiencia, prima de alojamiento en el exterior, prima de instalación, prima de
vacaciones y subsidios de alimentación y familiar.

• Según se desprende del extracto de hoja de vida del demandante, estuvo
vinculado como alumno desde 1995 y en el nivel ejecutivo desde el 25 de octubre
de 1996 hasta enero de 2019. Por lo tanto, el reconocimiento de la asignación de
retiro se regía por los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012, normas
que se encontraban vigentes para el momento en el que consolidó su estatus
pensional.

• Los decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012 regularon las partidas computables
para la asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo, dentro de las cuales
no se incluyó el subsidio familiar. En ambas disposiciones se señaló que ninguna
otra partida adicional que devengaran estos miembros de la Policía Nacional podría
ser tenida en cuenta para la liquidación de pensiones o asignaciones de retiro.

• De conformidad con el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995, el «subsidio familiar
no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso». El régimen
establecido por el decreto en mención creó beneficios salariales en favor del nivel
ejecutivo, sin que pueda afirmarse que resulta desfavorable o discriminatorio por
una sola prestación, pues la comparación debe realizarse en la integridad del
régimen.

• No es viable acceder a la solicitud de inaplicación por inconstitucionalidad de los
decretos que han regulado la materia salarial para el grupo de la población al que
pertenece el demandante, fundada en la acusación de la existencia de tratos
diferenciados con base en criterios sospechosos o que tienden a ser regresivos en
materia prestacional. Lo anterior por cuanto los decretos objeto de discusión no
eliminaron ni rebajaron la cuantía de la prestación pensional o de retiro, sino que
definió unos parámetros distintos para una población diferente (nivel ejecutivo).

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara
la decisión de primera instancia y para tal efecto expuso lo siguiente:

• En la providencia recurrida no se tuvieron en cuenta elementos que demostraban
el trato diferenciado que reciben las familias de los miembros del nivel ejecutivo al
otorgarles el subsidio familiar en proporciones sustancialmente distintas, respecto

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
de los agentes y oficiales, con lo cual se acredita la vulneración del derecho a la
igualdad.

• No se cuestionó la igualdad frente a los regímenes de manera integral, ello
implicaría un estudio complejo y, además, improcedente. Por el contrario, se
advirtieron las diferencias en materia salarial y prestacional justificadas en el rango,
la especialidad, los estudios, la experiencia y zona de trabajo, lo cual es razonable.
Lo que se debatió es la discrepancia en el pago de una prestación económica, que
tiene como fin último contribuir con algunos gastos representativos para el núcleo
familiar de un grupo determinado de la Policía Nacional.

• No se pidió la aplicación conveniente de lo favorable de varios regímenes, sino de
la diferencia con la que se tratan las familias de los miembros de una misma
institución del Estado, cuyas necesidades guardan similitud. En este sentido, lo que
se reclamó fue la protección equitativa al núcleo de la sociedad y su estudio debe
partir de la finalidad que persigue la prestación objeto de debate.

1 .5. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 8 de noviembre de 2021, notificado el 3 de diciembre del mismo
año7, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
En atención a que no se aportaron pruebas ni se solicitó la práctica de alguna en
segunda instancia se prescindió del traslado para que las partes alegaran de
conclusión, tal y como lo dispone el artículo 257-5 del CPACA8.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal9.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Héctor Adonaí Blanco Martínez, intendente jefe en retiro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, tiene derecho a la reliquidación del subsidio familiar que recibió en
servicio activo en los mismos porcentajes que reciben los oficiales y suboficiales de

7 Índices 7 y 8 de SAMAI.
8 Índice 4 de SAMAI.
9 En el aplicativo SAMAI no se registró intervención del Ministerio Público y tampoco en el informe

de la Secretaría de la Sección Segunda que obra en el índice 9 de SAMAI.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
la institución y a su inclusión como partida computable en la asignación de retiro?

2.2. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable
en materia de prestaciones al caso concreto.

2.2.1. El nivel ejecutivo de la Policía Nacional y su régimen prestacional y
salarial

La Ley 62 de 1993 le concedió al presidente de la República facultades
extraordinarias para modificar las normas de carrera del personal de oficiales,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional; estructurar el régimen prestacional
para viudas, huérfanos e incapacitados y modificar los reglamentos de disciplina,
evaluación y clasificación del personal de la Policía Nacional.

En desarrollo de las referidas facultades extraordinarias, el gobierno nacional
expidió los Decretos 4110 y 262 de 199411. El primero, esto es el Decreto 41 de 1994,
fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-417 de 1994. Lo anterior, por cuanto, en criterio de la Corte, «el
Presidente de la República, al tenor de la ley de investidura12, no estaba autorizado para
crear una tercera categoría dentro del personal uniformado de la Policía Nacional,
denominada "Nivel Ejecutivo", tal como se hizo, pues el legislador ordinario decidió
conservar las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen en esa Institución,
a saber: la de oficiales, la de suboficiales y la de agentes».

Como consecuencia de lo anterior, la Ley 180 de 1995 modificó el artículo 6 de la
Ley 62 de 1993 para prever de manera expresa el nivel ejecutivo como parte de la
estructura de la Policía Nacional. Asimismo, en el artículo 7, le confirió facultades
extraordinarias al presidente de la república para desarrollar, entre otros aspectos,
las asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales del nivel ejecutivo;
norma cuyo parágrafo dispuso: «[l]a creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni
desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la
Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo».

Más adelante, el Decreto ley 132 de 199513 previó:

10 «Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía

Nacional y se dictan otras disposiciones»
11 «Por el cual se modifica las normas de carrera del personal de Agentes de la Policía Nacional y

se dictan otras disposiciones»
12 Se refiere a la Ley 62 de 1993, que confirió las facultades extraordinarias para la expedición del

Decreto 41 de 1994.
13 «Por el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel ejecutivo de la Policía nacional»

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
i) la posibilidad de que los agentes en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo
(artículo 13);
ii) la sujeción del personal que ingresara al referido nivel, al régimen salarial y
prestacional determinado por el gobierno nacional (artículo 15); y
iii) la prohibición de discriminar o desmejorar en ningún aspecto la situación de
quienes están al servicio de la Policía Nacional con ocasión de su ingreso al nivel
ejecutivo (artículo 82).

Luego, el Decreto 1091 de 199514, expedido en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992,
reguló el régimen de asignaciones y prestaciones del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional y previó en favor de este personal las siguientes: asignación mensual,
prima de servicio, prima de navidad, prima de carabinero, prima de nivel ejecutivo,
prima de retorno a la experiencia, prima de alojamiento en el exterior, prima de
instalación, prima de vacaciones y subsidio de alimentación. En los artículos 15 y
siguientes se refirió al subsidio familiar, al cual se hará alusión más adelante.

Por otra parte, en cuanto a las partidas computables para la asignación de retiro, en
el artículo 49, decretó las siguientes: el sueldo básico; la prima de retorno a la
experiencia; el subsidio de alimentación; la duodécima parte de la prima de navidad;
la duodécima parte de la prima de servicio; la duodécima parte de la prima de
vacaciones; y, más adelante, la bonificación por compensación15.

A través del Decreto 4433 de 2004, el gobierno nacional fijó el régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Para el personal del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el artículo 23.2 estableció las siguientes
partidas computables: sueldo básico; la prima de retorno a la experiencia; el
subsidio de alimentación; la duodécima parte de la prima de servicio; la duodécima
parte de la prima de vacaciones y la duodécima parte de la prima de navidad
devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro,
en el parágrafo dispuso: «[e]n adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y

14 «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel

Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995»
15 Ley 420 de 1998: «Artículo 1°. Adiciónanse los artículos 158, 140 y 100 de los Decretos-leyes

1211, 1212 y 1213 de 1990 respectivamente, y el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995, en el sentido
de incluir como partida computable para liquidar las prestaciones sociales periódicas del personal de
Oficiales, Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional retirados con asignación de retiro o pensión y sus beneficiarios, que tuvieren tal condición,
el 31 de diciembre de 1996, la bonificación por compensación que reconozca al personal de la Fuerza
Pública en servicio activo.
PARÁGRAFO. Si la bonificación a que se refiere el presente artículo se incorpora al sueldo básico
del personal de la Fuerza Pública en servicio activo, tendrá el mismo comportamiento en la
liquidación de las asignaciones de retiro y pensiones militares y policiales y por tanto desaparecerá
como bonificación.» (sic)

11

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones,
y las sustituciones pensionales».

Estas últimas disposiciones se reiteraron en el artículo 3 del Decreto 1858 de
201216, tanto para aquellos miembros que ingresaron a dicho nivel por incorporación
directa como para quienes lo hicieron por homologación.

2.2.2. Subsidio familiar para los miembros del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional

El Decreto 1091 de 1995, al expedir el régimen de asignaciones y prestaciones del
personal del nivel ejecutivo, definió el subsidio familiar en los siguientes términos:

«Artículo 15. Definición. El subsidio familiar es una prestación social pagadera
en dinero, especie y servicios al personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional en servicio activo, en proporción al número de personas a cargo y de
acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de disminuir las cargas
económicas que representa el sostenimiento de la familia. Esta prestación estará
a cargo del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.

Parágrafo. El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del
mismo en ningún caso.»

En cuanto a su pago, señaló que se haría a quienes se encontraran en servicio
activo y que el gobierno nacional determinaría su cuantía (artículo 16), lo cual en
efecto ha efectuado en los decretos que anualmente expide17. Según el artículo 17,
el derecho a esta prestación se origina por los integrantes de la familia que tuviera
a cargo el uniformado, entendidos como aquellos que «convivan y dependan
económicamente del personal del nivel ejecutivo», son los siguientes:

a. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros menores de doce
(12) años.

b. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros mayores de doce
(12) años y menores de veintitrés (23 años, que acrediten estar adelantando
estudios primarios, secundarios y post-secundarios en establecimientos docentes
oficialmente aprobados.

c. Los hermanos huérfanos de padre menores de dieciocho (18) años.

16 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel

Ejecutivo de la Policía Nacional.»
17 decretos 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745

de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737
de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214
de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019.

12

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:

d. Los hijos y hermanos huérfanos de padre que sean inválidos o de capacidad física
disminuida, que hayan perdido más del 60% de su capacidad normal de trabajo.

e. Los padres mayores de sesenta (60) años, siempre y cuando no reciban salario,
renta o pensión alguna.

Al respecto, es importante precisar que esta Subsección, en la sentencia del 25 de
noviembre de 201918, se pronunció en relación con la acusación que se presentó
contra los artículos 8, 16 y 51 del Decreto 1029 de 1994; 7, 15 y 49 del Decreto 1091
de 1995; 23 del Decreto 4433 de 2004; y 3 del Decreto 1858 de 2012. En aquella
providencia se analizó, entre otros aspectos, si el hecho de no incluir el subsidio
familiar en la liquidación de la asignación de retiro de los miembros del nivel
ejecutivo se traduce en un trato discriminatorio y desigual de este personal.

En la citada sentencia se plasmó la evolución normativa del subsidio familiar y se
precisó su naturaleza a partir de la jurisprudencia constitucional que lo ha
caracterizado en tres dimensiones: «(i) una prestación social legal de carácter laboral,
que se deriva del contrato de trabajo; (ii) un mecanismo de redistribución del ingreso; y (iii)
una prestación propia del régimen de seguridad social desde la óptica de la prestación del
servicio».

Las características de la prestación se sintetizaron así:

«- No constituye salario ni se computará como factor de este en ningún caso, toda
vez que su finalidad no es la de retribuir directamente la prestación del servicio,
sino que desde su creación se estableció como una prestación social cuyo
propósito es subvencionar las cargas económicas que para el trabajador
representa el sostenimiento de la familia.

− Es una dádiva pagadera al beneficiario y su núcleo familiar en dinero, servicios
o especie, ya sea mediante una cuota monetaria, el reconocimiento de bienes
distintos al dinero o mediante la utilización de obras y programas sociales
organizados por las Cajas de Compensación Familiar, respectivamente.

− Cobija a los trabajadores activos y también a los pensionados, salvo en lo
relacionado con el subsidio en dinero al cual éstos últimos no tienen derecho por
mandato de la ley (art. 6° de la Ley 71 de 1988).

− Tiene por objetivo fundamental la protección integral de la familia, conforme el
artículo 42 de la Constitución Política, según el cual «El Estado y la sociedad
garantizarán la protección integral de la familia».

− Por regla general es inembargable, salvo las excepciones previstas en la ley.»

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2019,

radicación: 110010325000201400186-00 (0444-2014) y 110010325000201401554-00 (5008-2014)

13

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:

De acuerdo con lo anterior, se concluyó que el subsidio familiar no tiene carácter
salarial, sino que se trata de una prestación que tiene el propósito de contribuir al
servidor público con las cargas económicas que conlleva el sostenimiento de su
núcleo familiar. Además, se acudió al test de igualdad para definir si existía la
alegada vulneración entre oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo el cual sirvió de
fundamento para determinar que ni siquiera existen supuestos de hecho que sean
susceptibles de comparación, lo cual llevó a entender que no se vulnera el derecho
invocado, así lo expuso:

«[…] Es así como para el caso objeto de estudio, el Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional fue creado por la Ley 180 de 199519 como un nuevo nivel en la institución,
diferente al de los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, con un sistema de
ingreso y ascenso, así como unas funciones, responsabilidades y régimen salarial
y prestacional propios; a diferencia del Personal de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional que, a la fecha de creación de este nuevo nivel, se regían por el
Decreto 1212 de 1990,20 posteriormente derogado por el Decreto 41 de 1994.21

99. En tal sentido, es incongruente con un verdadero estatuto de carrera que el
personal del Nivel Ejecutivo, que está en una categoría inferior a la de los
suboficiales, tenga un régimen salarial más benéfico que quienes se encuentran
en el grado inmediatamente superior. Lo lógico es que el personal que ocupe los
cargos más elevados, inclusive el más alto de la institución, reúna los requisitos
académicos y de experiencia exigidos por el ordenamiento jurídico.

100. De lo expuesto, se concluye que en esta oportunidad no se cumple con el
primer presupuesto del test de igualdad, esto es, que los supuestos de hecho sean
susceptibles de compararse. Por lo tanto, ante regímenes tan disímiles no es
procedente continuar con el estudio de las demás etapas del mencionado test, ya
que para la prosperidad de un juicio de igualdad se precisa la existencia de
supuestos o situaciones que objetiva, material y funcionalmente sean
equiparables, a fin de establecer «qué es lo igual que merece un trato igual y qué
es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato diferenciado»22 y, en tal
medida, este tercer cargo no prospera.
[…]»

En el mismo sentido, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda negaron las
pretensiones en casos de contornos análogos al presente, en los que integrantes

19 «Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto

para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias
al Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo",
modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y
clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y Agentes.»
20 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.»
21 «Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía

Nacional y se dictan otras disposiciones.»
22 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.»

14

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
del nivel ejecutivo solicitaron el reconocimiento del subsidio familiar en la misma
proporción que se reconocía a los oficiales y suboficiales de la institución. Ello al
considerar que no se vulnera el derecho a la igualdad, pues la comparación en
materia salarial o prestacional no es jurídicamente viable entre uno y otro régimen.
Ciertamente, este personal goza de prebendas de las que no disfrutan los otros
grupos de la fuerza policial23.

En este contexto y en atención al objeto de la pretensión de trato idéntico de los
niveles ejecutivo, suboficiales y oficiales de la Policía Nacional, se estima oportuno
agregar que la Corte Constitucional ha definido que no existe un mandato
constitucional de igualdad extrema en la liquidación de prestaciones sociales de
todos los servidores públicos, sino que el derecho se garantiza con la protección de
la contingencia que busca amparar determinada prestación social. Así lo sostuvo
aquella corporación en la sentencia C-244 de 2013:

«[…] Esta Corte quiere dejar en claro que la Ley y las políticas públicas salariales
han aspirado a nivelaciones y equivalencias salariales en el orden de las
magnitudes y que sus esfuerzos no tienen que traducirse en liquidaciones
idénticas, peso a peso, o centavo a centavo. La Ley ha tenido propósitos de
justicia distributiva genérica y no se viola por diferencias menores en los
resultados de la liquidación de las prestaciones sociales. Tal igualdad extrema
no es ordenada por la Constitución […]. Las prestaciones sociales son pagos
adicionales o complementarios al salario básico que tienen como propósito
ayudar a cubrir o solventar las "vicisitudes de la vida" 24, cuando ella le hace al
trabajador exigencias que no resultaban cubiertas con los salarios básicos que
la sociedad ofrecía a sus trabajadores. Ello llevó a que el derecho social del
trabajo ofreciera, junto con los salarios, esquemas solidarios de cotización y pago
de "prestaciones sociales" que, unidos a los salarios, produjeran niveles mínimos
de seguridad social de los trabajadores frente al desempleo (cesantías), a la
enfermedad y la muerte (pensiones), a la necesidad de descanso (vacaciones)
y a pagos extraordinarios que ayudaran a solventar el consumo en épocas
socialmente significativas como las vacaciones escolares de mitad de año y las
navidades (primas de servicio) o a costear los costos crecientes del transporte
en economías urbanas (subsidio de transporte). […]»

La anterior consideración ofrece un criterio que resulta plenamente aplicable en el
asunto bajo estudio. Es así, por cuanto de aquel se derivan las siguientes
conclusiones:

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
radicación: 66001 23 33 000 2019 00813 01 (3648-2021); de la Subsección B, sentencia del 31 de
enero de 2013, radicación: 25000-23-25-000-2011-00048-01(1147-12).
24 La providencia citó: «En una conocida expresión de la Constitución de Weimar de 1919 a la que

se le reputa, junto con la mexicana de Querétaro, el comienzo en firme del modelo del derecho social
del trabajo que la Constitución colombiana ha mantenido en sus artículos 25 y 53»

15

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
• No se vulnera el mandato constitucional de igualdad material del nivel
ejecutivo en relación con la liquidación del subsidio familiar, puesto que el
componente dirigido a contribuir con las cargas económicas que representa el
sostenimiento de la familia también está previsto para este personal.

• La jurisprudencia de esta corporación ya ha admitido la potestad del
legislador para determinar cuáles emolumentos deben ser tenidos en cuenta en la
liquidación de prestaciones sociales25, categoría que tiene la asignación de retiro de
las fuerzas armadas. Por este solo hecho no se vulnera el derecho a la igualdad ni
se otorga un trato abiertamente discriminatorio, mucho menos cuando la discusión
se presenta frente a regímenes cuyas diferencias de hecho se han considerado
como pleno sustento para tratos jurídicos diferenciados.

En este punto conviene tener presente que recientemente, el Decreto 669 de 202226
introdujo importantes modificaciones al régimen del personal en mención. Entre
otros aspectos, adicionó el artículo 21A al Decreto 1091 de 1995, para incluir una
bonificación de asistencia familiar en los siguientes términos:

«Artículo 8°. Adiciónese el artículo 21A al Capítulo II del Título I del Decreto
1091 de 1995, el cual quedará así:

Artículo 21 A. Bonificación para la asistencia familiar. El personal del Nivel
Ejecutivo en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo
132 de la Ley 2179 de 2021, tendrá derecho al pago de una bonificación
denominada “para la asistencia familiar”, la cual se liquidará cada dos meses
sobre la asignación básica, así:

a) Casado o con unión marital de hecho el treinta por ciento (30%), más los
porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c) de este artículo.
b) Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio o la unión marital de hecho
por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los
porcentajes de que trata el literal c) del presente artículo.
c) Por el primer hijo el tres por ciento (3%) y un dos por ciento (2%) por el
segundo hijo, sin que se sobrepase por este concepto del cinco por ciento
(5%).

Parágrafo 1°. La solicitud de reconocimiento o aumento de la bonificación para
la asistencia familiar deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes
al hecho que la motive; las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado,
tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.

25 Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01 y de la Sección Segunda, sentencia del 12 de
mayo de 2022, radicación: 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018) SUJ-027-CE-S2-2022.
26 «Por el cual se modifican y adicionan los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012

para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones.»

16

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
Parágrafo 2°. Esta bonificación no será computable para efectos salariales,
prestacionales, pensionales o de asignación de retiro, ni tendrá efectos
retroactivos.

Parágrafo transitorio. Por única vez, el personal del Nivel Ejecutivo que a la
fecha de expedición del presente Decreto, haya radicado solicitud de
reconocimiento de la bonificación para la asistencia familiar acreditando las
condiciones dispuestas en este artículo, tendrá derecho al reconocimiento y
pago retroactivo de este beneficio a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.

Al personal del Nivel Ejecutivo que producto de la aplicación de lo dispuesto en
este parágrafo, se le reconozca y pague con efectos retroactivos la bonificación
a la asistencia familiar, se le descontará del valor que se reconozca por este
concepto, la suma que haya recibido por concepto de subsidio familiar en este
mismo período, de conformidad con el parágrafo del artículo 132 de la Ley 2179
de 2021.»

Igualmente, reguló que tal bonificación resulta incompatible con el subsidio familiar
y no podrán devengarse ambas prestaciones de forma concomitante por un mismo
núcleo familiar. Con ello, este personal alcanzó un beneficio adicional en cuanto al
mencionado componente de la seguridad social.

2.4. Caso concreto

En el expediente electrónico se encuentra acreditado lo siguiente:

• Según el extracto de la hoja de vida del actor, ingresó como alumno del nivel
ejecutivo el 12 de febrero de 1996. El 25 de octubre de 1996 fue incorporado
directamente en dicho nivel, en el que prestó servicios hasta el 10 de abril de 2019.
El mismo documento registra que su estado civil es casado y tiene 3 hijos nacidos
el 28 de diciembre de 1994, el 5 de septiembre de 2009 y el 28 de septiembre de
2014, lo que se corrobora con los registros civiles allegados.

• Por medio de la Resolución 0011 del 4 de enero de 2019, se dispuso el retiro de
Héctor Adonaí Blanco Martínez, que para la fecha tenía el grado de intendente jefe,
luego de los 3 meses de alta, para la formación del expediente prestaciones
sociales.

• Según la certificación expedida el 12 de febrero de 2019, el demandante devengó
los siguientes conceptos durante diciembre de 2018, enero y febrero de 2019:
asignación básica, subsidio de alimentación, bonificación seguro de vida, prima nivel
ejecutivo, subsidio familiar nivel ejecutivo, prima retorno a la experiencia, prima de
servicio anual, prima de navidad y prima de vacaciones.

17

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
• Por medio de la Resolución 3573 del 15 de mayo de 2019, el subdirector de
prestaciones sociales de la institución le reconoció la asignación de retiro al
solicitante, en el equivalente al 83% del sueldo básico y «partidas legalmente
computables», con fundamento en los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004, 1858
de 2012 y 754 de 2019, a partir del 10 de abril de 2019.

• El 15 de abril de 2019, el demandante le solicitó a la Policía Nacional el pago del
subsidio familiar liquidado en la forma dispuesta por los decretos 1212 y 1213 de
1990, en sus artículos 82. Es decir, en la forma en que se reconocía al personal de
oficiales, suboficiales y agentes de la institución. Igualmente, pidió que se incluyera
como partida computable.

• A través del Oficio S-2019/DITAH – ANOPA – 1.10 del 8 de mayo de 2019, el
director de Talento Humano de la Policía Nacional negó la petición, en
consideración a que el demandante ingresó al nivel ejecutivo, en el grado de
patrullero el 25 de octubre de 1996. En esa calidad estaba regido por el Decreto
1091 de 1995, que regulaba el subsidio familiar para tal nivel, en los valores que el
gobierno nacional estipulaba cada año. Esta prestación no constituye factor salarial
ni es computable para la liquidación de la asignación de retiro, según el artículo 23.2
del Decreto 4433 de 2004.

• Mediante Resolución 0501 del 2 de septiembre de 2019 se confirmó la decisión
anterior, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el interesado.

• Con la Resolución 04261 del 26 de septiembre de 2019, el director general de la
Policía Nacional mantuvo la decisión, al resolver el recurso de apelación, con
sustento en argumentos similares a los expuestos en los anteriores actos.

• El 2 de julio de 2019, le solicitó a Casur la inclusión del subsidio familiar en la
liquidación de la asignación de retiro.

• El 21 de octubre de 2019, el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional expidió el Oficio 503290, por el cual manifestó que no era
procedente el reconocimiento de la partida subsidio familiar en la asignación de
retiro de los miembros del nivel ejecutivo, puesto que las normas que les aplican,
contenidas en los Decretos 1091 de 1994 y 4433 de 2004, no lo prevén.

Análisis de la Sala

En la apelación, la parte demandante insistió en que tenía derecho a la reliquidación
del subsidio familiar que percibió en servicio activo en los mismos porcentajes que
los oficiales y suboficiales de la institución y a su inclusión como partida computable

18

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
en la asignación de retiro. Para el efecto, sostuvo que el trato diferenciado que le
ofrece el Decreto 1091 de 1995, aplicable al nivel ejecutivo, respecto del que
imparten los decretos 1212 y 1213 de 1990 a los oficiales, suboficiales y agentes de
la Policía Nacional en cuanto a esta prestación, conlleva una discriminación
injustificada que amerita la inaplicación por inconstitucional de todas las demás
disposiciones que así lo han ordenado.

De la liquidación del subsidio familiar en servicio activo

Al respecto, se estima que, según lo antes expuesto, las diferencias en la liquidación
del subsidio familiar no conllevan la vulneración del derecho a la igualdad desde un
punto de vista material. Es así, toda vez que la vicisitud de la vida que se busca
auxiliar, esto es la contribución a las cargas económicas del sostenimiento del
núcleo familiar se encuentra amparado tanto para el nivel ejecutivo como para el
personal de oficiales, suboficiales y agentes.

Tal y como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013, la
garantía de igualdad no se traduce simplemente en la liquidación idéntica de la
prestación, sino en el hecho de que la misma contingencia se encuentra amparada,
así se verifica en las disposiciones cuya confrontación propone el actor, esto son
los decretos 1091 de 1994 (artículos 15 y ss.), 1212 y 1213 de 1990 (artículos 82
de ambos cuerpos normativos).

De la inclusión del subsidio familiar como partida computable

En lo atinente a la inclusión de esta prestación en la asignación de retiro, se constata
que las normas que regían su situación, particularmente los artículos 23.2 del
Decreto 4433 de 2004 y 3 del Decreto 1858 de 2012 no incluyeron el subsidio
familiar como uno de los factores que debían computarse para tales efectos.

Sobre el punto, se observa que, en primer lugar, esta corporación ha admitido que
el legislador o el gobierno nacional, en ejercicio de sus competencias legales y
constitucionales, tienen la posibilidad de determinar los que deben ser tenidos en
cuenta en la liquidación de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública27. Por este solo hecho no se vulnera el derecho a la igualdad ni se otorga
un trato abiertamente discriminatorio. Estas discrepancias se fundan en «(i) la
jerarquía de los cargos; (ii) el nivel de preparación académico y profesional; (iii) las

27 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicación85001-

33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016) SUJ-015-CE-S2-2019.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
funciones y responsabilidades; y (iv) las calidades de estos»28 lo que sustenta la
razonabilidad de que no todos tengan la misma remuneración y prestaciones.

En segundo lugar, esta corporación en múltiples oportunidades se ha pronunciado
en torno a las diferencias existentes entre el régimen salarial y prestacional de los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y el que le asiste al resto de
personal de oficiales, suboficiales y agentes. Al respecto, se ha efectuado el análisis
de los regímenes en su integridad y se ha concluido que resulta más favorable el
primero respecto de los segundos29.

En efecto, la asignación salarial reconocida al personal del nivel ejecutivo resultó
superior a la concedida al resto del personal. De ahí que se infiere que cada uno de
los regímenes mencionados contiene aspectos más favorables que los otros dos,
de modo que no puede entenderse que la expedición del Decreto 1091 de 1995
conlleve el menoscabo de los derechos de sus destinatarios.

En esas condiciones, admitir la extensión de las normas que rigen a los oficiales y
suboficiales al nivel ejecutivo desconoce el principio de inescindibilidad del régimen
prestacional, pues no se observa una justificación constitucionalmente admisible
para extender su aplicación en los argumentos expuestos por la parte demandante.

En ese orden, no se encuentra mérito para revocar la sentencia de primera
instancia.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2019, radicación:
110010325000201400186-00 (0444-2014) y 110010325000201401554-00 (5008-2014) en concordancia con
lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-057 de 2010.
29 Ver, entre otras, las siguientes: Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 29 de febrero de 2016, radicación 25000-23-25-000-2011-00696-01(0590-2015); de la
Subsección A, sentencia de 3 de marzo de 2016; radicación: 25000-23-42- 000-2013-00067-
01(3546-13); sentencia de 19 de mayo de 2016, radicación 25000-23-25-000-2012-00108-01(3396-
14); sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicación: 25000-23-42- 000-2013-05603-01(2296-14).

20

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.30

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o
mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante en esta instancia.

3. Conclusión

Héctor Adonaí Blanco Martínez, intendente jefe en retiro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, no tiene derecho a la reliquidación del subsidio familiar que recibió
en servicio activo en los mismos porcentajes que reciben los oficiales y suboficiales,
según los decretos 1212 y 1213 de 1990 de la institución, sin que por este aspecto
se deduzca la vulneración del derecho a la igualdad. Tampoco a su inclusión como
partida computable en la asignación de retiro, comoquiera que no está prevista por
las normas que regían su situación prestacional contenida en los artículos 23.2 del
Decreto 4433 de 2004 y 3 del Decreto 1858 de 2012.

En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 25 de junio de 2021
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por medio de
la cual denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-

30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

21

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00088-01(3649-2021)
Demandante: Héctor Adonaí Blanco Martínez

Demandante:
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual negó
las pretensiones de la demanda presentada por Héctor Adonaí Blanco Martínez
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. - Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
En comisión de servicios

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

22

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