Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00401-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00401-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00401-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 660012333-000-2020-00401-01 (6619-2024)
Demandante: John Jairo de Jesús Ospina Heredia
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-instructor. Contratos con Cooperativa de Trabajo
Asociado. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Risaralda, por medio de la cual se
concedieron parcialmente las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor John Jairo de Jesús Ospina Heredia instauró demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, (en adelante,
SENA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio número. 66-2-2020-000155 del 30 de
enero de 2020, y, como consecuencia, que se declare que entre John Jairo de
Jesús Ospina y el SENA existió una relación laboral del 27 de enero de 2006 al
31 de diciembre de 2017 y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene:
3. Reconocer al demandante la categoría de instructor grado 18, al servicio del
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SENA y pagarle las diferencias salariales entre lo devengado y lo que le
correspondería en dicho cargo; así como todas las prestaciones a que hubiera
tenido derecho en tal categoría.
4. El reembolso de los valores pagados por el demandante al sistema de
seguridad social y el pago a la AFP a la cual se encuentre afiliado al momento
de la sentencia, de los aportes o cotizaciones sobre la diferencia resultante a su
favor, debido a los ingresos base de cotización que correspondería.
5. El pago de sanción o indemnización moratoria por el no pago de sus
prestaciones sociales y salarios desde el día 31 de diciembre de 2017 hasta el
día que se efectúe el pago.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que prestó sus servicios personales como instructor, a favor del SENA, en el
área de informática a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER
CTA desde el 27 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2011.
7. Que a partir del 12 de julio de 2011 prestó el mismo servicio, de manera
continua hasta el 31 de diciembre de 2017, mediante contratos sucesivos de
prestación de servicios suscritos con el SENA, para «prestar servicios
profesionales de carácter temporal, para atender los procesos de formación en
las diferentes modalidades y programas que se ofertaran en el centro de diseño
e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda.»
8. Que sus labores siempre fueron las propias de un instructor grado 18 de la
planta de personal y las desarrolló en las instalaciones del SENA, con los
equipos de trabajo y herramientas del contratante y cumpliendo horario de
trabajo; por lo que se configuraron todos los elementos propios de una relación
laboral.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
9. La demanda fue admitida el 1o de octubre de 2020 y notificada el 18 de marzo
de 2021 a la entidad demandada, quien expresó que del 27 de enero de 2006 al
30 de junio de 2011, cuando la relación fue directa entre la Cooperativa de
Trabajo Asociado COTRASER-CTA y el SENA, no se generó vínculo de esta con
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el socio cooperado enviado en misión, situación que se mantuvo hasta junio de
2011.
10. Que la vinculación contractual con el demandante entre el 12 de julio de
2011 y el 31 de diciembre de 2017 no se dio en las condiciones descritas en la
demanda, pues la duración de los contratos de prestación de servicios se limitó
al tiempo indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en
periodos transitorios e independientes uno del otro y dentro del marco jurídico
establecido en el artículo 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1993.
11. Que no se generó una relación laboral y se le pagaron honorarios al
contratista, quien ejecutó sus labores con autonomía. Que las directrices o
instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad de cómo este debía cumplir
con sus obligaciones no implican dependencia y subordinación; sino la
coordinación necesaria y obligatoria, para evitar un detrimento patrimonial.
12. Propuso como excepciones: presunción de legalidad, inexistencia del
vínculo o relación laboral, cobro de lo no debido, prescripción, inexistencia de
objeto de la acción incoada e ineptitud sustantiva de la demanda.
13. Se celebró audiencia inicial el 8 de septiembre de 2023, en la cual se fijó
el litigio, se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
14. El Tribunal Administrativo del Risaralda, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que
de las pruebas aportadas era posible establecer que las actividades ejecutadas
por el señor John Jairo de Jesús Ospina Heredia como instructor se realizaban
por fuera del marco conceptual de los contratos de prestación de servicios.
15. Que con el certificado emitido por la Cooperativa de Trabajo Asociado para
la Formación y la Educación – COOTRASER es posible dar por acreditado el
elemento de subordinación para el período comprendido entre el 01 de enero de
2006 al 30 de junio de 2011 pues fue enviado para desempeñar actividades
como instructor, función permanente de la entidad demandada; cuando existían
instructores de planta.
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16. Encontró probado que el demandante prestó sus servicios entre el 12 de julio
de 2011 y 10 de julio 2017 y coligió, de las afirmaciones de los testigos, que la
relación con la entidad estuvo enmarcada por una subordinación y un control en
grado superior a la simple coordinación, con las imposiciones, los horarios de
trabajo, y la injerencia y dirección por parte de la entidad.
17. Por lo anterior, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; declaró
la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó el reconocimiento y pago
de los salarios y de las prestacionales causadas entre el 1° de enero de 2006
hasta el 10 de julio de 2017 teniendo como referencia los salarios devengados
por un instructor con las mismas o similares funciones del demandante, «y solo
en caso de que no se hallen, o que esta fuera inferior, se asumirá el monto de
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios»
18. Así mismo ordenó que, en caso de existir diferencias entre los aportes
realizados al fondo pensional por el demandante como contratista y los que
debieron efectuarse, pagara la suma faltante al respectivo fondo, en el porcentaje
que correspondiera al empleador.
RECURSOS DE APELACIÓN
19. La demandada presentó recurso de apelación, en el cual cuestionó el
análisis probatorio realizado por el Tribunal. Dijo que no existe ni una prueba
documental que atestigüe que el demandante recibió órdenes por parte de
alguna autoridad del SENA; correo, memorando llamado de atención, donde
siquiera se le indicara que tenía que asistir a las instalaciones del SENA dentro
de un horario determinado o cualquier otro elemento que implicara subordinación
patronal.
20. Que dentro de los testimonios rendidos, los deponentes atestiguaron lo que
les concernía a ellos directamente como instructores que fueron del SENA, pero
no porque pudieran apreciar de manera directa cada una de las actividades
desarrolladas por el accionante y respondieron con «UN NO rotundo» cuando se
les preguntó si fueron testigos de que al demandante, le llamaran la atención, o
le manifestaran alguna inconformidad con el servicio prestado.
21. Que también respondieron con un «NO» cuando se les preguntó si fueron
testigos de cuando la Cooperativa le impartía instrucciones u órdenes al
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demandante y que no se logra establecer en grado de certeza la subordinación
alegada, por lo que la sentencia deber ser revocada en su totalidad.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 12 de diciembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación; en dicha
providencia se ordenó pasar el expediente a despacho para sentencia, una vez
ejecutoriada la decisión y se dijo que el ministerio público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para fallo. Además, se
ordenó requerir al Tribunal Administrativo de Risaralda, para que concediera los
permisos necesarios para acceder a la totalidad del expediente.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. La Sala deberá determinar si entre el señor John Jairo De Jesús Ospina
Heredia y el SENA existió un vínculo laboral derivado de la prestación de
servicios y, si como consecuencia de ello, la parte demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
24. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
25. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso
estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.
26. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
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relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.
27. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago
de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
28. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un
término de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la
ejecución del siguiente, el cual puede flexibilizarse según las
circunstancias especiales de cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la
devolución de los dineros que haya pagado el contratista por este
concepto o por el de salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente
en los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
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• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral.
29. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce
la existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago
de prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que
por ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran
los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Cooperativas de trabajo asociado
30. De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de
la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir
bienes en común, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.
31. Los artículos 16 y 17 del citado decreto precisaron que, cuando una
cooperativa envíe a sus asociados a prestar servicios a un tercero en
condiciones que configuren subordinación, se entenderá que existe una relación
laboral dependiente entre el asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria
de su trabajo.
32. Se les prohibió expresamente que actuaran como empresas de
intermediación laboral o de servicios temporales, o que dispusieran del trabajo
de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros. En caso de
configurarse tales prácticas, la cooperativa, sus directivos y el contratante serían
solidariamente responsables de las obligaciones económicas derivadas de la
relación laboral.
33. Respecto de esta modalidad, esta Corporación sostuvo1:
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente
23001-23-33-000-2013-00390-01 (2022).
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«[...] la finalidad, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado son distintas a las de las empresas comerciales y, por consiguiente, es
válido que el legislador defina para ellas un régimen diferente, sin que ello
implique el desconocimiento de los derechos laborales constitucionalmente
protegidos.
34. Es decir, que el trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente
para eludir las obligaciones de carácter laboral con los trabajadores
dependientes o subordinados, so pena de comprometer su responsabilidad ante
las autoridades correspondientes», razón por la cual, cuando «[...] el asociado
sea vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la
Cooperativa así como del tercero, y pretenda que en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formas se reconozca la existencia de una
relación laboral, deberá acreditar que se han consolidado los elementos propios
de la misma».
35. En ese orden, al encontrarse acreditado el uso indebido de esa figura
cooperativa y reunirse los requisitos de una relación laboral respecto del tercero
que se beneficia de la labor, en virtud del principio constitucional de la primacía
de la realidad sobre las formas, es plausible declarar su existencia, sin perder de
vista el escenario fáctico y jurídico de cada caso.
Resolución al caso concreto
36. De conformidad con las pruebas, se puede establecer que el señor John
Jairo de Jesús Ospina Heredia prestó sus servicios al SENA, como instructor,
del 27 de enero de 2006 al 30 de junio de 2011, a través de contratos de
prestación de servicios suscritos con la Cooperativa de Trabajo Asociado para la
Formación y la Educación – COTRASER.
37. Se evidencia también que entre el 12 de julio de 2011 y el 10 de julio 2017,
prestó los servicios al SENA por virtud de los siguientes contratos de prestación
de servicios:
092 del 11 de julio de 2011, término de ejecución 5 meses y tres días, fecha de
inicio 12 de julio de 2011; 137 de 25 de enero de 2012, término de ejecución 5
meses y 4 días, fecha de inicio 26 de enero de 2012; 777 de 4 de julio de 2012,
término de ejecución 5 meses y 3 días, fecha de inicio 9 de julio de 2012; 374 de
23 de enero de 2013, término de ejecución 10 meses y veintidós días, fecha de
inicio 24 de enero de 2013; 64 de 15 de enero de 2014, término de ejecución 10
meses y 27 días, fecha de inicio 16 de enero de 2014, hasta el 13 de diciembre
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de 2014; 330 de 23 de enero de 2015 término de ejecución 10 meses y 10 días,
fecha de inicio 26 de enero de 2015, hasta el 4 de diciembre de 2015; 428 de 30
de enero de 2016, término de ejecución 10 meses, 13 días, fecha de inicio 3 de
febrero de 2016; 420 de 25 de enero de 2017, término de ejecución 5 mees y 15
días, fecha de inicio 26 de enero de 2017 hasta el 10 de julio de 2017.
38. Dichos contratos tuvieron como objeto la prestación de servicios
profesionales de carácter temporal, como instructor, para atender los procesos
de formación en las diferentes modalidades y programas que se ofertaran en el
centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda y
por cada uno de ellos se pactaron honorarios.
39. Sobre las condiciones en que se ejecutó la labor en el periodo transcurrido
entre el 27 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2011, a través de la Cooperativa,
se aportó copia de los contratos mediante los cuales esta última suministraba el
personal al SENA y algunas nóminas donde se liquidaban los pagos al señor
John Jairo de Jesús Ospina Heredia por parte de COTRASER; sin embargo, no
se aportó documento alguno de donde pudiera determinarse la existencia de
subordinación o dependencia del demandante con la demandada.
40. En sentido contrario, obran unas planillas de liquidación de los contratos
COTRASER-SENA INDUSTRIA, a razón de las horas laboradas por los
instructores en el mes y una nómina adicional del SENA en relación con esos
contratos2; de donde se observa que el trabajo realizado por el demandante para
la entidad demandada se hacía por horas, cuyo número mensual era muy
variable, al punto de que en algunos meses laboró 16 horas, en otros, 25, 36 y
en alguno 4 horas.
41. De allí, no es posible deducir el control o la exigencia sobre el modo y
tiempo en que debían ejecutarse las labores y mucho menos, puede
establecerse la continuidad o permanencia del servicio por parte del
demandante. En conclusión, no logra establecerse la relación laboral con el
SENA en la prestación de los servicios mediante contratos con la Cooperativa
COTRASER.
42. Además, conviene resaltar que aun cuando en otras oportunidades3 se ha
estudiado la existencia de una la relación laboral encubierta frente a entidades
2 Pags. 67 y ss. demanda. PDF
3 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28
de abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241
(2525 2014)
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estatales cuando aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente a
través de Cooperativas de Trabajo Asociado, entendiendo que existe un vínculo
y sometimiento subordinado y, que aquel ocurre con el tercero contratante de la
labor; en el presente asunto, a partir de las pruebas no logra probarse más que
el vínculo asociativo existente entre el demandante y COTRASER sin mayores
elementos para determinar las circunstancias en que se desarrolló dicha
relación.
43. Sobre el desarrollo de los contratos de prestación de servicios
directamente suscritos con el SENA la prueba testimonial arrojó lo siguiente:
El señor Juan Carlos Quintana dijo conocer al señor Ospina Heredia desde el
año 2014 y que fueron compañeros hasta mitad del año 2017; que los jefes eran
los coordinadores académicos, quienes establecían los horarios y que tenían
que cumplir con 40 horas semanales.
44. Que debían asistir a reuniones, mensual o trimestralmente y que el SENA
les proveía los elementos necesarios como equipos e insumos para las clases;
que si necesitaban un permiso debían pedirlo a los coordinadores y que nunca
vio que se le realizara un llamado de atención al señor John Jairo de Jesús
Ospina Heredia ni que este solicitara algún permiso.
45. En cuanto al pago de viáticos para cuando el señor Ospina Heredia debía
desplazarse a otros lugares a prestar su servicio, dijo que el SENA los
suministraba, porque a él también se los proveía y ese era el proceder de la
institución, aunque admitió no tener conocimiento directo del caso específico del
demandante.
46. El señor Edwin Alexander Gómez, quien trabajó para el SENA del año
2010 a 2017, en el año 2010 fue a través de la Cooperativa y a partir del 2011
fue directamente con la entidad; era instructor de Tecnólogos en administración
de redes en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica, en Dosquebradas,
en Balboa y en Perla del Otún en Pereira. Con el demandante fueron
compañeros en el aula de formación hasta el año 2016 o 2017; el SENA les
suministraba las fichas de formación, les insistía en el uso del delantal y del
carné.
47. La señora Luz Estella Arias Piedrahita, técnico en confección,
microempresaria independiente; trabajó para el SENA del año 2004 al 2012,
conoció al demandante porque este salía con una compañera, era instructor del
SENA y coincidían en las capacitaciones, las cuales eran obligatorias. Tenía
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horarios de mañana, tarde o noche, según el lugar donde debiera dictar la
capacitación. El horario, ella lo concertaba con el coordinador académico. Nunca
supo de llamados de atención a alguno, sabía que había reglamento de trabajo
para los instructores de planta, pero no lo conoció. Tampoco conoció el manual
de funciones.
48. En términos generales, cada uno de los testigos se refirió a su caso
particular, manifestando que era igual para todos los contratistas. Afirmaron que
debían cumplir los horarios y ceñirse a las directrices que sobre los programas y
actividades de formación impartiera la entidad demandada y, que cumplían con
las mismas funciones que los instructores de planta.
49. Sin embargo, ninguno pudo atestiguar específicamente en relación con el
señor Ospina Heredia, que este fuera sujeto de órdenes o instrucciones precisas
acerca de la manera como debía ejecutar sus labores, que recibiera llamados de
atención u otras acciones de los funcionarios de la entidad que implicaran un
sometimiento o control, que desbordara la coordinación necesaria para el
cumplimiento del objeto contractual.
50. En suma, de las pruebas aportadas al expediente no se extrae con certeza
que se le exigiera al demandante que ejecutara la actividad de formación con
unas condiciones de modo impuestas por la entidad demandada y, en tal sentido,
no se demostró su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario del
SENA.
51. Se destaca además, que esta Subsección4 ha sido consistente al señalar
que, en el caso de los formadores del SENA, los mismos tienen la carga de
probar que se encontraban bajo una continua subordinación y dependencia
respecto de los funcionarios de la entidad. Sin embargo, en el presente caso, no
se cuentan con medios de prueba con la suficiente entidad para aseverar que
las condiciones para el desarrollo de las funciones del demandante fueran
impuestas en su totalidad por la parte accionada.
52. No se comparte entonces, el argumento de la primera instancia según el
cual, el hecho de que el contratista desarrollara funciones inherentes a la entidad
implicaba la permanencia y falta de autonomía, dado que, conforme lo ha
expresado esta Subsección en otras oportunidades5, la vinculación de
4 En ese sentido se pronunció la Subsección, entre otras, en las sentencias del 7 de julio de 2022,
expediente 5743-2019 y, del 3 de octubre de 2022, expediente 2611-2016
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de marzo de 2021, expediente
2016-00214, y del 7 de julio de 2022, expediente 2018-00033.
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instructores, por ser indispensable para la ejecución de su objeto principal, puede
darse a través de una relación legal y reglamentaria o, mediante contrato de
prestación de servicios, ello ha sido permitido y reglamentado por el Estatuto
General de Contratación y los manuales de funciones y circulares expedidos por
el SENA; sin desbordar las características de cada tipo de contrato.
53. Se precisa que la demandada ofrece programas de formación en sus líneas
técnicas y tecnológicas específicas y, también desarrolla otro tipo de instrucción,
la cual se adecua a las necesidades sobrevinientes de los grupos sociales de
interés cuya atención gestiona conforme a los requerimientos de la comunidad,
como es el caso de los cursos o capacitaciones temporales o esporádicos.
54. Es así que, de los antecedentes contractuales en los que reposan las
garantías de cumplimiento, certificados de idoneidad del contratista, los pagos
de seguridad social, algunas actas de inicio o de liquidación e informes de
supervisión y/o interventoría, en los que se certifica que el demandante cumplió
satisfactoriamente las actividades, no ofrece certeza acerca de que el contratista,
para el cumplimiento del objeto contractual, estuviera sometido a unas
condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad.
55. Tampoco se acreditó por medio alguno que se le haya impuesto la forma en
que debía dictar cada programa o que el contenido o ejes temáticos de los
diferentes cursos de formación obedeciera exclusivamente a las directrices de la
entidad.
56. Por lo tanto, para la Sala, en este caso, no se demostró la subordinación a
la que se hubiera sometido al señor John Jairo Ospina Heredia, contrario a lo
afirmado en la sentencia de primera instancia y, por tanto, se revocará la decisión
y, en su lugar, se negarán las pretensiones invocadas.
57. De la condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
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manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto se está revocando la condena de primera instancia en
su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Risaralda. En
consecuencia, se dispone:
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda interpuesta, por las razones
explicadas en la parte considerativa de esta providencia.
Tercero. Condenar en costas en ambas instancias al demandante.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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