Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2020-00553-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2020-00553-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-33-000-2020-00553-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza – Confianza
S.A.
Medio de control: Controversias contractuales
Referencia: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: TRANSACCIÓN – no se configura si no hay concesiones recíprocas de las partes /
INTERÉS PARA RECURRIR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA – se predica respecto de
la parte a la que la decisión le fue desfavorable / ACTO ADMINISTRATIVO – constituye una
decisión definitiva de la administración / CARGA DE LA PRUEBA – corresponde a la demandante
acreditar el fundamento fácticos de sus pretensiones.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.
La controversia en esta instancia versa sobre la determinación de los mayores
perjuicios que el demandado habría causado al Fondo de Adaptación como
consecuencia del incumplimiento del acuerdo del 3 de agosto de 2018 declarado a
través de las Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión antes referida, adoptada el 25 de septiembre de
20242, por medio de la cual la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda resolvió:
1. SE DECLARA PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD,
únicamente frente a la pretensión de la demanda, referida al incumplimiento y
liquidación judicial del contrato N° 225 de 2014.
2. SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO del contrato de transacción suscrito
entre Fondo Adaptación y Carlos Mario Zapata Ramírez el 3 de agosto de
2018 que buscaba solucionar de manera directa las controversias surgidas
con ocasión del contrato N° 225 de 2014 y precaver un eventual litigio.
3. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
4. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
referidos en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia
1 La demanda fue reformada el 18 de noviembre de 2021. El a quo admitió la reforma a través del auto del 9
de febrero de 2022 (índice 15 SAMAI, Tribunal Administrativo de Risaralda (en adelante, T.A).
2 Índice 82 SAMAI, T.A.
1
Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
respectiva del acta a la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo
75B 5 del Decreto 262 de 2000 (adicionado por el Decreto 1851 de 2021).
5. SIN COSTAS en esta instancia.
6. Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.
2. La sentencia decidió la demanda presentada por el Fondo de Adaptación
(en adelante, el Fondo, el contratante, la entidad pública o la demandante), en
contra de Carlos Mario Zapata Ramírez (en lo sucesivo, el contratista o el
demandado) y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza – Confianza
S.A. (en lo que sigue, Confianza o la aseguradora), cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos jurídicos se relacionan a continuación:
Pretensiones
3. Se solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas3:
PRIMERA: Que se declare que conforme a los perjuicios tasados en el
proceso sancionatorio, que conllevó a la expedición de las resoluciones 300 y
466 de 2020 que declararon el incumplimiento total y definitivo del contrato de
transacción suscrito para la solución de las diferencias surgidas en relación
con la ejecución del contrato 225 de 2014, los mayores perjuicios
cuantificados que no fueron cubiertos por la cláusula penal pecuniaria
ascienden a la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.365’133.855).
SEGUNDA: Que, en atención a lo anterior, se afecten los amparos de
cumplimiento y de estabilidad y calidad de la obra de la garantía No. 23
GU041392, expedida por la compañía de seguros Confianza S.A., en las
sumas correspondientes a MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($1.044’359.101,60) y DOS MIL OCHENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
CON VEINTE CENTAVOS ($2.088’718.203,20), respectivamente.
TERCERA: Que se DECLARE la liquidación judicial del contrato No. 225 de
2014 suscrito entre el Fondo Adaptación y Carlos Mario Zapata Ramírez, con
el siguiente balance de ejecución financiera, así:
CONCEPTO VALOR
Información contractual
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $5.104’340.923
ADICIONES $117’454.585
AJUSTES $0
VALOR TOTAL CONTRATO $5.221’795.508
Información financiera
ANTICIPO $1.531.302.276
$1.531.302.276
AMORTIZACIÓN ANTICIPO
SALDO POR AMORTIZAR $0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $3’090.536
TRANSFERIDOS AL FONDO ADAPTACIÓN
3 Índice 13 SAMAI, T.A.
2
Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
PAGOS EFECTUADOS $4.538’419.573
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA $4.538’419.573
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FONDO (Nota $683’375.935
1)
Deducciones
RETENCIÓN DE GARANTÍA PRACTICADA $0
RETENCIÓN DE GARANTÍA REINTEGRADA $0
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS $0
VALORES ADICIONALES DE INTERVENTORÍA $0
RETENIDOS
VALORES ADICIONALES DE INTERVENTORÍA $39’122.866
POR RETENER
ARRAS $0
OTROS DESCUENTOS CONTRACTUALES $0
EMBARGOS POR APLICAR $0
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA $233’712.910
RETENIDA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES NACIONAL $93’485.164
RETENIDA
ESTAMPILLA MUNICIPAL RETENIDA $0
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL RETENIDA $0
Nota 1: Es importante aclarar que el saldo susceptible de pago al contratista
para el momento de la suscripción del contrato de transacción, correspondió a
$692’883.310. Sin embargo, como se mencionó en el apartado de los valores
pagados dentro de la ejecución del contrato, el Fondo Adaptación realizó un
pago predial de manera directa por valor de $9’507.375, por lo que
actualmente, ese saldo, susceptible de pago, asciende a la suma de
$683’375.935 correspondiente al saldo por ejecutar del contrato, de acuerdo
con el estado de cuenta y se refiere a las actas de obra y prediales que el
contratista aceptó que le fueran pagadas, una vez que se cumplieran las
condiciones establecidas en el acuerdo Sexto del contrato de transacción así:
“[…] PARÁGRAFO PRIMERO.- Una vez verificado el cumplimiento de las
obligaciones emanadas de esta transacción, suscrita el acta de recibo a
satisfacción y aprobada la actualización de las garantías por parte de EL
FONDO, éste cancelará el valor pendiente de pago del contrato No. 225 de
2014 el cual asciende a la suma de QUINIENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($520’254.694,09), que no se
hizo exigible para pago con anterioridad y durante la vigencia del contrato No.
225 de 2014 como consecuencia del incumplimiento imputable a EL
CONTRATISTA.”. Por lo anterior, se establece que no se cumplieron las
condiciones para reconocer al contratista el saldo mencionado, de manera que
el mismo constituye un saldo a liberar del contrato.
Así, del balance presentado se tiene un saldo a favor del Fondo Adaptación de
la siguiente manera:
SALDO A LIBERAR: $683’375.935
SALDO A FAVOR DEL FONDO DE ADAPTACIÓN: $683’375.935
CUARTA: Que conforme al balance financiero del contrato y producto de la
liquidación judicial del mismo, SE ORDENE la liberación de recursos en favor
del Fondo Adaptación por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($683’375.935).
3
Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
DE CONDENA: Que como consecuencia de lo anterior se profieran las
siguientes o similares condenas:
QUINTA: Que conforme al balance financiero del contrato, SE CONDENE a
Carlos Mario Zapata Ramírez a pagarle al FONDO ADAPTACIÓN la suma de
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($39’122.866), por concepto de mayor valor de
interventoría que fue cancelado por el Fondo a G.O.C. SUCURSAL
COLOMBIA.
SEXTA: Que, conforme a las pretensiones primera y segunda, SE CONDENE
a Carlos Mario Zapata Ramírez y a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE
FIANZAS - CONFIANZA S.A. a pagar la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
($7.365’133.855), por concepto del mayor valor de los perjuicios cuantificados
que no fueron cubiertos por la cláusula penal pecuniaria, afectada en las
resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020 y la condena de la pretensión décima.
SÉPTIMA: Que, de la suma anterior, y consecuente con la pretensión tercera
SE CONDENE la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS - CONFIANZA
S.A. a pagar a favor del Fondo Adaptación la suma de TRES MIL CIENTO
TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($3.133’077.305,20).
OCTAVA: Que, conforme a las pretensiones primera y sexta, SE CONDENE a
Carlos Mario Zapata Ramírez a pagar el valor restante, es decir, la suma de
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA
CENTAVOS ($4.232’056.549,80), por concepto del mayor valor de los
perjuicios cuantificados que no fueron cubiertos por la cláusula penal
pecuniaria, afectada en las resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020.
NOVENA: Que se CONSTITUYA EN MORA a CARLOS MARIO ZAPATA
RAMÍREZ N.I.T. 10.131.889-9 y COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS -
CONFIANZA S.A. NIT. 860.070.374–9, conforme a los valores antes
señalados.
DÉCIMA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al
ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C., la
liquidación de los respectivos intereses moratorios y la fórmula establecida por
la Jurisprudencia de la Sección 3ª del Honorable Consejo de Estado. Lo
anterior, para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda (Art. 187 del C.P.A.C.A.)
UNDÉCIMA: Que se condene a los demandados, al pago de las costas y
agencias en derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al
momento de proferirse sentencia que ponga fin al presente proceso.
Hechos
4. En apoyo de las pretensiones se narraron los hechos que se sintetizan a
continuación4:
5. El 23 de diciembre de 2014, el Fondo y el demandado celebraron el
contrato No. 225, cuyo objeto consistió en la construcción del puente vehicular
4 Índice 13 SAMAI, T.A.
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
Limones, ubicado en la vía La Virginia – Apía (departamento de Risaralda), por un
valor de $5.104’340.92535. El plazo se fijó en 7 meses.
6. El 30 de diciembre de 2014, el demandante suscribió el contrato No. 262
con la sociedad G.O.C. Sucursal Colombia, cuyo objeto consistió en la
interventoría integral del contrato No. 225.
7. Después de múltiples prórrogas y modificaciones6, el plazo de ejecución de
ese negocio jurídico finalizó el 19 de septiembre de 2016, sin que el demandado
entregara el puente vehicular.
8. La interventora le recomendó al Fondo iniciar el proceso en contra del
demandado por el posible incumplimiento de sus obligaciones. En el marco de
varias reuniones que sostuvieron las partes de cara a solucionar las divergencias
derivadas del contrato No. 225, el 25 de julio de 2017, el contratista presentó ante
el Fondo la “Propuesta de Transacción – Controversia Contractual incluye
Componente Ambiental y Componente Social”.
9. El 3 de agosto de 2018, el Fondo y el demandado suscribieron un “contrato
de transacción” para solucionar las diferencias surgidas en la ejecución del
contrato No. 225 y precaver un eventual litigio entre las partes. El contratista se
obligó a realizar la terminación y reparación y/o rehabilitación del puente vehicular
Limones.
10. El 18 de agosto de 2018, el Fondo suscribió el contrato de interventoría No.
FA-IC-I-S-193-2018 con la sociedad Estudios Técnicos y Asesorías S.A. – ETA
S.A., cuyo objeto consistió en vigilar el desarrollo del “contrato de transacción”.
11. El acta de inicio para la rehabilitación del puente vehicular se firmó el 5 de
septiembre de 2018. El plazo de ejecución pactado en el “acuerdo transaccional”
fue de 4 meses y 7 días.
12. La interventoría del “contrato de transacción” le informó al demandado en
múltiples ocasiones acerca de los atrasos e incumplimientos en los que incurrió
respecto de los hitos del proyecto, entre ellos, destacó que no se presentó en el
sitio de las obras desde el 19 de noviembre de 2018 hasta el 11 de enero de 2019,
sin que mediara justificación.
13. El 19 de diciembre de 2018, el demandado solicitó la suspensión del
“contrato de transacción” y pidió su prórroga. Aunque se adelantó el trámite
respectivo para suscribir esos acuerdos, el contratista no se presentó a la firma de
los documentos contractuales correspondientes y tampoco amplió las garantías en
los términos exigidos para el efecto. El término de ejecución del negocio jurídico
expiró el 11 de enero de 2019, sin que se cumpliera lo convenido.
5 El precio incluyó IVA, tributos, tasas y contribuciones, así como la utilidad del contratista, los costos y gastos
en los que incurriera para ejecutar sus obligaciones
6 El contrato No. 225 se adicionó en $117’454.585, motivo por el cual su valor total ascendió a
$5.221’795.508.
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
14. El 25 de febrero de 2019, la interventoría del “acuerdo transaccional” radicó
el informe de incumplimiento. Surtido el procedimiento administrativo sancionatorio
fijado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el Fondo declaró el incumplimiento
total y definitivo del “contrato de transacción” a través de la Resolución No. 300 del
15 de octubre de 2020.
15. En el acto administrativo se cuantificaron los perjuicios en la suma de
$8.409’492.957 discriminados así: i) $84’103.136, por concepto de las sumas
pagadas a la interventoría del “contrato de transacción”; ii) $49’644.643, por las
sumas pagadas al supervisor de ese contrato de interventoría; iii) $230’979.000
por la contratación de una consultoría para actualizar los estudios y diseños a nivel
fase III; iv) $126’141.731, por la contratación de la interventoría del contrato de
consultoría para actualizar los estudios y diseños a nivel fase III y de un apoyo a la
supervisión para el contrato de interventoría de dichos diseños; v) $7.458’382.272
derivados de la contratación del desmonte y construcción del nuevo puente
vehicular Limones; vi) $424’542.175, por la contratación de la interventoría al
nuevo contrato de obra y de un apoyo a la supervisión para el nuevo contrato de
interventoría y vii) $35’700.000, correspondientes a los pagos realizados al
Consorcio Sierra & Duran Abogados (asesor externo), con fundamento en los
productos presentados respecto del contrato No. 225 del 23 de diciembre de 2014.
16. En la misma resolución se ordenó hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria por valor de $1.044’359.101, se declaró la ocurrencia del siniestro de
incumplimiento y se advirtió que el Fondo acudiría a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para obtener el reconocimiento y pago de los
perjuicios superiores al valor de la cláusula penal pecuniaria.
17. El contratista y la aseguradora presentaron recurso de reposición en contra
de dicha determinación. Por medio de la Resolución No. 466 de 2020 se confirmó
íntegramente la decisión impugnada.
18. El 26 de enero de 2021, Confianza realizó el pago de la cláusula penal
pecuniaria pactada en la suma de $1.044’359.101.
Fundamentos de derecho
19. Como fundamento de sus pretensiones indicó que tenía derecho a recurrir a
las instancias judiciales para lograr la liquidación del contrato No. 225 del 23 de
diciembre de 2024, previo pago de los mayores valores que no quedaron cubiertos
por la cláusula penal pecuniaria afectada, de acuerdo con lo consignado en la
Resolución No. 300 del 15 de octubre de 2020.
20. Precisó que la celebración del “contrato de transacción” tuvo por objeto
precaver un litigio entre las partes respecto del incumplimiento del contrato No.
225 de 2014 en el que incurrió el demandado; sin embargo, la inobservancia
prestacional no desapareció.
21. Afirmó que las resoluciones a través de las cuales se declaró el
incumplimiento total y definitivo del “contrato de transacción” y se hizo efectiva la
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
cláusula penal pecuniaria pactada, son actos administrativos contractuales
amparados por la presunción de legalidad.
Contestaciones de la demanda
22. En su contestación7, el contratista hizo alusión a la declaración de
incumplimiento emitida por la entidad a través de las Resoluciones Nos. 300 y 466
de 2020 y a la tasación de los perjuicios reclamados en este juicio8.
23. En cuanto a lo primero, expresó que: i) el Fondo adelantó un proceso de
incumplimiento en su contra, a pesar de que obró de buena fe y se ofreció en
varias oportunidades a repotenciar el puente vehicular; ii) los diseños de la obra no
cumplían con las normas del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes
CCDSP-95, aspecto que corroboró la sociedad Bateman Ingeniería S.A. en el
dictamen pericial que rindió en el marco del procedimiento administrativo
sancionatorio, lo que da cuenta de una falta de planeación imputable a la entidad;
iii) estuvo dispuesto a firmar la prórroga del “acuerdo transaccional”; sin embargo,
el Fondo se negó a ello.
24. En relación con los perjuicios reclamados indicó que: i) en la parte
resolutiva de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró el
incumplimiento no se consignó la suma de $7.365’133.855 que se pretende
cobrar; ii) la tasación fijada en dichas decisiones no tuvo en cuenta que la obra
contratada se ejecutó en su totalidad; iii) el Fondo no consideró que el puente
vehicular no se demolió, puesto que el Instituto Nacional de Vías – Invías contrató
su rehabilitación; iv) la entidad pretende enriquecerse sin justa causa, puesto que
la intervención del Invías sobre el puente se apoyó en la obra que realizó el
demandado9.
25. Indicó que no se oponía a la pretensión de liquidación judicial del contrato
No. 225, bajo el entendido de que el Fondo le adeudaba la suma de $692’822.238.
26. La aseguradora no contestó la demanda reformada10, pese a que se le
notificó en debida forma su admisión11.
7 Índice 20 SAMAI, T.A.
8 Formuló la excepción previa de pleito pendiente entre las mismas partes y por el mismo asunto, con
fundamento en un proceso ordinario de responsabilidad fiscal que inició la Contraloría General de la República
en contra del demandado y la aseguradora por el detrimento patrimonial derivado del contrato No. 225 de
2014. El Tribunal a quo desestimó este medio exceptivo a través del auto del 28 de julio de 2022, con
fundamento en que el proceso de responsabilidad fiscal no comparte la misma naturaleza del medio de control
de controversias contractuales. Esta determinación no fue recurrida (índice 23 SAMAI, T.A).
9 Con apoyo en los anteriores argumentos, propuso la excepción que denominó “cobro de lo no debido o mala
fe en el demandante quien pretende mediante este proceso obtener sentencia declarativa para cobrar a mi
mandante una suma de dinero irreal”.
10 Confianza contestó la demanda antes de su reforma de forma extemporánea. El análisis sobre la
extemporaneidad de la contestación que presentó la aseguradora quedó consignado en el auto del 9 de
febrero de 2022. Esa decisión del Tribunal no fue objeto de recursos (índice 15 SAMAI, T.A.)
11 El auto admisorio de la demanda reformada se dictó el 9 de febrero de 2022 y se notificó el 10 de febrero
siguiente. La notificación se realizó en debida forma (por estado, tal y como lo establece el artículo 173 del
CPACA) (índices 15 y 19 SAMAI, T.A.).
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
Alegatos de conclusión en primera instancia
27. Agotada la etapa probatoria12, el Fondo alegó de conclusión para insistir en
sus argumentos13.
28. El contratista14 intervino para señalar que: i) cursaba otro proceso judicial
en contra del Fondo, en el que pretendió la nulidad de los actos administrativos a
través de los cuales se declaró el incumplimiento total y definitivo del “contrato de
transacción” (identificado con la radicación No. 60012333000 202300010 00): ii) el
incumplimiento del “acuerdo transaccional” solo se podía predicar respecto de su
objeto y no frente a lo pactado en el contrato No. 225 de 2014, puesto que los
inconvenientes que se presentaron en ese negocio jurídico debían entenderse
saneados con el “contrato de transacción” celebrado; iii) el “contrato de
transacción” debía valorarse conforme con su naturaleza jurídica particular y no
como un contrato estatal propiamente dicho y iv) el Fondo no podía declarar el
incumplimiento del “acuerdo transaccional” por la supuesta desatención de las
obligaciones de carácter predial, en tanto esa actividad no fue objeto de este
contrato.
29. Confianza y el Ministerio Público no se pronunciaron.
Fundamentos de la sentencia impugnada
30. El a quo15 concluyó que la pretensión de liquidación judicial del contrato No.
225 de 2014 fue extemporánea16, al igual que las demás súplicas “concordantes”.
Sostuvo que la celebración del “contrato de transacción” no incidió en el término
de caducidad, en tanto se trató de dos relaciones jurídicas autónomas.
31. Respecto del “contrato de transacción” mencionó que el Fondo estaba
legalmente facultado para declarar el incumplimiento, pero únicamente con el
objeto de hacer efectiva la cláusula penal sin superar el valor pactado y para hacer
efectiva la póliza en lo pertinente, por lo cual respecto de los mayores valores
reclamados debía acreditarlos ante el juez. No obstante, las pruebas que obran en
el proceso solo dan cuenta de la inobservancia de las obligaciones del
12 Por medio del auto del 21 de febrero de 2023, el a quo decretó las pruebas documentales aportadas con la
demanda –inicial y reformada– y sus contestaciones, así como el testimonio de Víctor Hugo Vargas Rivera
(elemento de convicción solicitado por el demandado). Mediante proveído de la misma fecha, el Tribunal negó
la solicitud de acumulación de este proceso con el identificado con la radicación No. 660012333000
202300010 00, comoquiera que el apoderado judicial de Carlos Mario Zapata Ramírez formuló la petición
cuando ya se había programada la audiencia inicial en el presente juicio (numeral 3 del artículo 148 del CGP).
Frente a esa determinación no se presentaron recursos. La declaración testimonial de Víctor Hugo Vargas
Rivera se recibió en la audiencia de pruebas celebrada el 19 de septiembre de 2023, diligencia en la cual se
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamientos y se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión, así como al Ministerio Público para que rindiera su concepto (índices 39 y 75 SAMAI, T.A.).
13 Índice 78 SAMAI, T.A.
14 Índice 79 SAMAI, T.A.
15 Índice 82 SAMAI, T.A.
16 El Tribunal indicó que el plazo de ejecución del contrato No. 225 del 23 de diciembre de 2014 finalizó el 25
de septiembre de 2016, mientras que el término de 6 meses para su liquidación bilateral concluyó el 26 de
marzo de 2017, sin que los extremos negociales procedieran en tal sentido. No tuvo en cuenta el término de 2
meses para liquidarlo unilateralmente, puesto que el negocio jurídico en cuestión se regía por las
prescripciones del derecho privado. Por lo anterior, concluyó que el plazo máximo de 2 años para acudir a la
jurisdicción finalizó el 27 de marzo de 2018. Como la demanda inicial –sin reformar– se presentó el 3 de
diciembre de 2020, el a quo concluyó que se configuró la caducidad del medio de control de controversias
contractuales (índice 82 SAMAI, T.A.).
8
Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
demandado, pero no de los perjuicios reclamados por encima del valor establecido
en la cláusula penal.
32. Al respecto, expresó que el dictamen pericial elaborado por la sociedad
Bateman Ingeniería S.A. en el marco del procedimiento administrativo
sancionatorio, los contratos de interventoría y los conceptos presentados por los
asesores de la entidad pública demuestran el incumplimiento del “contrato de
transacción”, pero no la causación de los mayores perjuicios que se reclaman.
Advirtió que no se aportaron elementos de convicción que probaran la ejecución
de los negocios jurídicos suscritos para desmontar la estructura y la construcción
del nuevo puente vehicular.
33. No condenó en costas, porque no se acreditaron.
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
34. El Fondo17 interpuso recurso de apelación en contra del numeral 318 de la
sentencia de primera instancia. Como fundamento de su impugnación expresó
que, a pesar de que en el fallo se declaró el incumplimiento del “contrato de
transacción”, se omitió el reconocimiento de los perjuicios, conclusión a la que se
arribó debido a que no se valoraron adecuadamente las pruebas que demuestran
que los causados superaron el valor de la cláusula penal pactada.
35. Específicamente se refirió a la Resolución No. 300 del 15 de octubre de
2020. Señaló que se trata de un acto administrativo que está cobijado por la
presunción de legalidad y que a través suyo el Fondo, además de declarar el
incumplimiento del “contrato de transacción”, cuantificó los perjuicios en la suma
de $8.409’492.957, correspondiente a los conceptos que fueron desagregados en
ese acto y que transcribió19.
36. Añadió que en la parte resolutiva del mencionado acto se anunció que el
Fondo acudiría a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para obtener el
reconocimiento y restablecimiento definitivo de los perjuicios que llegaren a ser
superiores a la cláusula penal, lo cual era concordante con lo pactado en la
cláusula novena del “contrato de transacción”, en la que se estipuló que la
cláusula penal no comportaba una renuncia de la entidad pública para perseguir la
reparación integral de los perjuicios que causara el contratista en caso de
incumplimiento.
37. Enlistó las pruebas que obran en el expediente20 e indicó que acreditan que
los pagos efectuados al contratista y a la interventoría constituyeron un perjuicio
para la entidad, en tanto la obra contratada no fue funcional. Señaló que como se
declaró el incumplimiento del “contrato de transacción”, los pagos realizados a los
17 Índice 86 SAMAI, T.A.
18 “3. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda”. Los demás aspectos resueltos en el fallo de
primera instancia no fueron cuestionados por el Fondo (índice 86 SAMAI, T.A.).
19 Se refiere a los mismos mencionados en la síntesis de la demanda.
20 El Fondo textualmente consignó lo siguiente en su recurso de apelación: “[...] Contrario sensu a lo afirmado
por el Honorable Despacho, en el plenario reposan las siguientes pruebas [...]”.
9
Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
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Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
sujetos mencionados constituyeron perjuicios que debían ser reconocidos al
Fondo.
38. El contratista21 formuló recurso de apelación en contra del fallo de primer
grado, con el propósito de que se nieguen la totalidad de las pretensiones de la
demanda.
39. En lo que concierne a la declaración de incumplimiento del “contrato de
transacción” señaló que: i) era improcedente porque, debido a sus efectos
extintivos, esa clase de acuerdos no crean obligaciones susceptibles de ser
inobservadas; ii) las pruebas dan cuenta de que la imposibilidad de cumplir el
objeto pactado fue atribuible al Fondo, en tanto se debió a errores en los diseños
del proyecto que no estuvieron a cargo del contratista y iii) al momento en que se
notificó la decisión de incumplimiento, el “contrato de transacción” estaba
suspendido, por lo cual esa decisión fue prematura y arbitraria, puesto que no
respetó el plazo de ejecución del “acuerdo transaccional”, ni tuvo en cuenta la
solicitud de la interventoría tendiente a prorrogar el plazo en 70 días, por lo cual,
por falta de cooperación de la demandante el contratista no pudo culminar el
objeto convenido.
40. Respecto de los perjuicios expresó que: i) la sentencia es incongruente
porque declaró el incumplimiento total del “contrato de transacción” y ordenó el
pago de la totalidad de la cláusula penal pecuniaria, a pesar de que el fallo
reconoció que la rehabilitación del puente vehicular se ejecutó en un 30%; ii) se
incluyó la desatención de obligaciones relacionadas con pagos prediales, los
cuales no eran carga del contratista; iii) los perjuicios adicionales reclamados por
el Fondo no están justificados y no guardan relación causal con el supuesto
incumplimiento del “contrato de transacción”; iv) la obra realizada por el
demandado fue utilizada en la rehabilitación que se convino con otro contratista y
v) el Fondo no cumplió con su deber de mitigar los perjuicios, dado que no buscó
alternativas para culminar el proyecto constructivo con el demandado.
41. Finalmente, afirmó que existe un pleito judicial pendiente respecto de la
validez de las resoluciones a través de las cuales el Fondo declaró el
incumplimiento total y definitivo del “contrato de transacción”, por lo cual en este
juicio no era posible presumir su legalidad, en tanto ello implicaría un
prejuzgamiento sobre el resultado de ese otro proceso; a la vez que podría
conducir a una contradicción entre decisiones judiciales en el evento en que en
este litigio se asumiera su validez y en el otro se anularan tales actos.
Trámite en segunda instancia
42. A través del auto del 29 de octubre de 202422, el Tribunal concedió los
recursos de apelación interpuestos en el efecto suspensivo y esta Corporación los
admitió mediante el proveído del 4 de diciembre de 202423.
21 Índice 87 SAMAI, T.A.
22 Índice 89 SAMAI, T.A.
23 Índice 3 SAMAI, Consejo de Estado (en adelante, C.E.).
10
Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
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Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
43. De conformidad con lo regulado en el artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, comoquiera que no se decretaron pruebas en segunda
instancia24.
44. El contratista se pronunció en segunda instancia25 e insistió en los
argumentos planteados en su impugnación. El Fondo y Confianza guardaron
silencio en esta etapa procesal. El Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Cuestiones previas
45. Con la finalidad de delimitar el objeto de la apelación del cual se debe
ocupar la Sala, resulta necesario efectuar unas precisiones frente a los siguientes
aspectos: i) la naturaleza jurídica del denominado “contrato de transacción” del 3
de agosto de 2018; ii) el interés del contratista para recurrir la sentencia de
primera instancia y iii) el “pleito judicial pendiente” invocado en su recurso de
apelación.
46. i) En la parte considerativa del acuerdo que las partes denominaron
“transacción”, se consignó que el 23 de diciembre de 2014 ellas mismas
suscribieron el contrato No. 225 para la construcción del puente vehicular
Limones, para ser ejecutado en un plazo de 14 meses26, por un valor de
$5.221’795.50827. No obstante, al vencimiento del plazo pactado –19 de
septiembre de 2016– la obra no fue recibida por la entidad porque presentaba
fallas derivadas del proceso constructivo.
47. El 27 de julio de 2017, el contratista presentó una “propuesta de
transacción” para la rehabilitación del puente, a través de una propuesta técnica
elaborada por la firma SM Ingenieros S.A.S. que comprendía componentes
técnicos, financieros, sociales y ambientales, la cual no fue aceptada inicialmente
por la entidad, porque, si bien obtuvo concepto técnico favorable, el Fondo no
aceptó pagar las actas de obra Nos. 13, 14 y 14ª del contrato No. 225 hasta tanto
el puente fuera recibido a entera satisfacción. El 30 de enero de 2018, el
contratista presentó una nueva propuesta en la que aceptó el pago de tales actas
una vez la obra fuera recibida a satisfacción.
48. El 3 de agosto de 2018 se suscribió el acuerdo que las partes titularon28
“Transacción para la solución de las diferencias surgidas en relación con la
ejecución del contrato No. 225 de 2014 con el fin de precaver un eventual litigio
24 A través del auto del 20 de junio de 2025, esta Corporación negó una “solicitud” probatoria en segunda
instancia formulada por el demandado en su recurso de apelación, comoquiera que no cumplió con las
exigencias argumentativas mínimas establecidas para tal efecto (índice 20 SAMAI, C.E.).
25 Índice 9 SAMAI, C.E.
26 Se referenció que el plazo inicial se pactó en 7 meses, pero que, a través de diferentes acuerdos
modificatorios, se lo amplió en 7 meses más.
27 Se indicó que el valor inicial ascendió a $5.104’340.923, el cual se adicionó en $117’454.585 a través de
otrosí No. 5 del 16 de septiembre de 2016.
28 Índice 13 SAMAI, T.A.
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Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
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Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
entre el Fondo de Adaptación y Carlos Mario Zapata Ramírez” (énfasis agregado).
El objeto se estipuló en la cláusula primera29, así:
OBJETO. La presente transacción tiene por objeto solucionar de manera
directa las controversias surgidas entre LAS PARTES con ocasión del
contrato No. 225 del 23 de diciembre de 2014 y de esa manera precaver un
eventual litigio entre las mismas, originada en el incumplimiento de las
obligaciones contractuales derivadas del mencionado contrato por parte de EL
CONTRATISTA [...].
49. En principio, el título y el objeto pactado son concordantes con la definición
de transacción a la que se refiere el artículo 2469 del Código Civil30; sin embargo,
revisado integralmente el contenido del acuerdo se concluye que no reúne los
elementos esenciales de esta clase de negocio jurídico, esto es: i) la existencia
actual o futura de una divergencia entre las partes respecto de un derecho en
particular; ii) las concesiones recíprocas que se realizan los suscribientes del
acuerdo y iii) la voluntad de los extremos negociales tendiente a poner fin a la
incertidumbre que se cierne en torno a sus aspiraciones sin la intervención del
aparato jurisdiccional del Estado31.
50. Del texto del acuerdo no se observa que existiera una divergencia entre las
partes en punto a la causa que lo motivó –el incumplimiento del contratista– y
tampoco que el acuerdo se hubiese construido sobre la base de concesiones
recíprocas entre ellas, puesto que el Fondo no renunció a ninguno de sus
derechos, como tampoco lo hizo el contratista.
51. En efecto, en la cláusula segunda se consignó expresamente que “[l]a
presente transacción se hace teniendo en cuenta que el objeto del contrato No.
225 de 2014 fue incumplido por EL CONTRAITSTA quien para dar cabal
ejecución a sus obligaciones incumplidas” aceptó realizar la terminación y
reparación y/o rehabilitación del puente vehicular Limones32, de conformidad con
los elementos técnicos de la propuesta que presentó, sin ningún costo a cargo de
la entidad33 (énfasis agregado).
29 Índice 13 SAMAI, T.A.
30 Artículo 2469 del Código Civil: “Definición de la transacción. La transacción es un contrato en que las
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el
acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa” (énfasis añadido).
31 La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el
contrato de transacción y sus elementos esenciales en los siguientes términos: “[...] [L]a doctrina de la Corte
tiene sentado que son tres los elementos estructurales de la transacción, a saber: a) la existencia actual
o futura de discrepancia entre las partes acerca de un derecho; b) la reciprocidad de concesiones que
se hacen las partes; y c) su voluntad e intención de ponerle fin a la incertidumbre sin la intervención
de la justicia del Estado (Casación Civil de 12 de diciembre de 1938, XLVII, 479 y 480; 6 de junio de 1939,
XLVIII, 268; 22 de marzo de 1949, LXV, 634; 6 de mayo de 1966, CXVI, 97; 22 de febrero de 1971, CXXXVIlI,
135). Teniendo en cuenta estos elementos, se ha definido con mayor exactitud la transacción,
expresando que es la convención en que las partes, sacrificando parcialmente sus pretensiones,
ponen término en forma extrajudicial a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual» (CSJ SC, 29 oct.
1979, G. J. t. CLIX, pp. 301 a 305) [...]” (énfasis añadido) (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural, sentencia del 6 de junio de 2022 (SC1365-2022), radicación No. 11001-31-03-009-2013-
00173-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
32 En la cláusula décima segunda del “contrato de transacción” del 3 de agosto de 2018 estableció lo
siguiente: “DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA TRANSACCIÓN: La presente transacción se hace
teniendo en cuenta que el objeto del contrato No. 225 del 23 de diciembre de 2014 fue incumplido por EL
CONTRATISTA, quien para dar cabal ejecución de sus obligaciones incumplidas se obliga a realizar la
terminación y reparación y/o rehabilitación del puente vehicular Limones [...]” (índice 13 SAMAI, T.A.).
33 Cláusula sexta del “contrato de transacción” del 3 de agosto de 2018: “RECURSOS. EL CONTRATISTA se
compromete a realizar las actividades de obra para la terminación, rehabilitación y/o reconstrucción del
Puente Limones, con recursos propios, según los términos establecidos en la propuesta de arreglo presentada
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
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Referencia: Sentencia de segunda instancia
52. En estas condiciones, no es posible sostener que el hecho de que el
contratista aceptara asumir los costos de la terminación y reparación y/o
rehabilitación del puente vehicular constituyera una renuncia a sus derechos, pues
lo que se dejó plasmado en el acuerdo fue que esa carga le correspondía por
haber incumplido las obligaciones que asumió en el contrato No. 225.
53. El contratista tampoco renunció a recibir el pago del saldo insoluto del
contrato No. 225, sino a que se realizara una vez se recibiera el puente a
satisfacción34.
54. Se añade a lo anterior que lo estipulado en la cláusula décima tercera35 no
comportó la renuncia de la entidad a declarar el incumplimiento del contrato No.
225 y a hacer efectivo el amparo de cumplimiento, lo que se acordó fue que no lo
haría, siempre y cuando el contratista cumpliera con lo pactado en el acuerdo del
3 de agosto de 2018, pues si esto ocurría, se convalidaría todo incumplimiento
previo. La cláusula es del siguiente tenor:
NO CONVALIDACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO PREVIO. El cumplimiento de
lo pactado en la presente transacción por parte del contratista, así como el
recibo a satisfacción por parte de la Entidad, convalidará todo incumplimiento
previo. Por lo tanto, el FONDO DE ADAPTACIÓN no podrá declarar el
incumplimiento y/o afectar el amparo de cumplimiento de la póliza del contrato
con base en hechos o circunstancias anteriores a la suscripción del presente
contrato (énfasis agregado).
55. Igualmente, en los términos del numeral 3 del artículo 1625 del Código
Civil36, la transacción es un modo de extinguir las obligaciones; sin embargo, de lo
que da cuenta todo lo anterior es que la intención de las partes no fue extinguir las
obligaciones derivadas del contrato No. 225, sino procurar su cumplimiento, aun
cuando fuera de manera extemporánea. En este sentido, en el parágrafo segundo
de la cláusula décima tercera aclararon que “esta transacción no constituye en
modo alguno novación de las obligaciones emanadas del contrato original”.
56. En ese contexto, concluye la Sala que, pese a la denominación que las
partes le dieron, el acuerdo del 3 de agosto de 2018 no correspondió a una
transacción, sino que se trató un acuerdo de voluntades por medio del cual el
Fondo aceptó la propuesta del contratista de cumplir de manera extemporánea las
obligaciones derivadas del contrato No. 22537, bajos las estrictas condiciones
técnicas necesarias para la terminación y reparación y/o rehabilitación del puente,
de tiempo y económicas que fueron acordadas por las partes, con la previsión de
que, en caso de incumplimiento de ese acuerdo, la entidad pública quedaría
por él. Por tanto, la presente transacción no implica la ejecución ni erogación de recursos públicos” (índice 13
SAMAI, T.A.).
34 Parágrafo primero de la cláusula sexta: “PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez verificado el cumplimiento de
las obligaciones emanadas de esta transacción, suscrita el acta de recibo a satisfacción y aprobada la
actualización de las garantías por parte del EL FONDO, éste cancelará el valor pendiente de pago del
contrato No. 225 […]” (índice 13 SAMAI, T.A.).
35 Índice 13 SAMAI, T.A.
36 Artículo 1625 del Código Civil: “Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en
darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: [...] 3. Por la transacción [...]”
(énfasis añadido).
37 Índice 13 SAMAI, T.A.
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habilitada para declararlo a través de acto administrativo y de hacer efectiva la
cláusula penal en él pactada.
57. Por lo anterior, en lo sucesivo, la Sala hará alusión al negocio jurídico como
el acuerdo del 3 de agosto de 2018.
58. ii) De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 320 del CGP,
la parte que puede interponer el recurso de apelación es aquella a la que le ha
sido desfavorable la providencia de primera instancia.
59. Examinada la sentencia recurrida, encuentra la Sala que en este caso al
contratista le asiste interés para recurrir la providencia en punto a la declaración
de incumplimiento que quedó contenida en la parte resolutiva del fallo; sin
embargo, como pasa a verse, lo cierto es que a través de tal declaración el
Tribunal no resolvió ninguno de los puntos de la litis que le fue planteada, en tanto
esa pretensión no fue propuesta38, lo que hizo fue reproducir la decisión
administrativa que el Fondo adoptó previamente sobre esa materia y sobre la cual
fundó los pedimentos de su demanda.
60. En efecto, aunque en la sentencia se hizo alusión al procedimiento
administrativo que precedió a la expedición de las Resoluciones Nos. 300 y 466 de
2020 y a las pruebas recaudadas en él, lo cierto es que tales referencias no se
hicieron con el objeto de resolver un punto del litigio que no fue planteado, sino
para evidenciar que a través de tales actos administrativos el Fondo ya había
decidido sobre esa cuestión, por lo cual señaló que el demandado estaba
“legalmente facultado para declarar el incumplimiento” con el objeto de hacer
efectiva la cláusula penal.
61. Si bien, de manera imprecisa en la parte considerativa el Tribunal anunció
que declararía el incumplimiento del contratista respecto del acuerdo del 3 de
agosto de 2018 y así lo incluyó en la parte resolutiva, al revisar de manera íntegra
el contenido de la providencia la Sala concluye que se trató de un error formal que
no puede sostenerse, por lo cual lo corregirá eliminando tal declaración de la parte
resolutiva.
62. Las razones expuestas conducen a que en el objeto de la apelación no se
deban incluir los reparos del contratista en punto a la declaración de
incumplimiento contenida en la parte resolutiva del fallo.
63. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima necesario advertir que ni a través
de los argumentos de su contestación ni con ocasión de la apelación, el contratista
podía debatir acerca de las razones que sustentaron las referidas decisiones
38 En las pretensiones 1, 2, 6, 7 y 8 de la demanda, el Fondo solicitó, respectivamente, que se declarara que
los perjuicios causados por el contratista como consecuencia del incumplimiento del acuerdo del 3 de agosto
de 2018 declarado a través de las Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020 superaron el valor de la cláusula
penal pactada en $7.365’133.855; consecuencialmente, que se afectaran los amparos de cumplimiento y
estabilidad y calidad de la obra, el primero por valor de $1.044’359.101,60 y el segundo por valor de
$2.088’718.203,20 y la suma restante a cargo del contratista. En las pretensiones 3, 4 y 5 solicitó que se
realizara la liquidación judicial del contrato No. 225 y que, como consecuencia de ese ejercicio, se liberaran
unos recursos y se ordenara al contratista devolver otros. El Tribunal declaró la caducidad de este grupo de
pretensiones, aspecto que no fue apelado por ninguna de las partes.
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Referencia: Sentencia de segunda instancia
administrativas, porque no son los medios procesales idóneos para hacerlo, pues,
dada la presunción de legalidad que los cobija, para ello se requería formular una
pretensión de nulidad en su contra; sin embargo, pudiendo hacerlo, el demandado
no propuso una demanda de reconvención con ese propósito.
64. Se precisa que, aunque el régimen jurídico aplicable al acuerdo del 3 de
agosto de 2018 era el derecho privado, la entidad estaba habilitada legalmente
para declarar su incumplimiento a través de acto administrativo, como lo hizo.
65. De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley 175339 de
201540, los contratos que celebrara el Fondo en vigencia de dicha normativa41 se
regían por el derecho privado, “con plena observancia de lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las
cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de
1993 y de aplicar lo dispuesto en los artículos 11 y 17 de la Ley 1150 de 2007”
(énfasis agregado).
66. El acuerdo se suscribió el 3 de agosto de 2018, es decir, en vigencia de la
mencionada normativa, a la que se remitieron las partes en la cláusula novena en
los siguientes términos42:
NOVENO. – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo
establecido en los artículos 155 de la Ley 1753 de 2015, 17 de la Ley 1150
de 2007 y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan
libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula
penal pecuniaria, en caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución
oportuna del contrato de transacción, así como en caso de incumplimiento de
obligaciones a cargo del CONTRATISTA después de terminado el plazo de
ejecución. En esos eventos, EL FONDO podrá hacer efectiva la cláusula
penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato No. 225 de 2014, a través
del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
[…] (énfasis añadido).
67. En estas condiciones se concluye que las resoluciones a través de las
cuales el Fondo declaró el incumplimiento total y definitivo del “contrato de
transacción” son actos administrativos, pues se expidieron en ejercicio de la
39 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
40 Artículo 155 de la Ley 1753 de 2015: “Del Fondo de adaptación. El Fondo Adaptación, creado mediante
Decreto- Ley 4819 de 2010, hará parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los
términos de la Ley 1523 de 2012. Los contratos que celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los
recursos destinados al programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos,
se regirán por el derecho privado. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cláusulas excepcionales a que se
refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en los artículos 11 y 17 de la
Ley 1150 de 2007, a partir del 1 de enero de 2020 los procesos contractuales que adelante el Fondo
Adaptación se regirán por lo previsto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 […]” (énfasis añadido).
41 Artículo 267 de la Ley 1753 de 2015: “La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias […]”.
42 Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007: “Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio
rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de
control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas
con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida
de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido
proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del
contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula
penal pecuniaria incluida en el contrato […]” (énfasis añadido).
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Demandante: Fondo de Adaptación
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Referencia: Sentencia de segunda instancia
prerrogativa pública consagrada en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, que, en
virtud de la habilitación establecida en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015,
podía ser incorporada a sus contratos.
68. Con apego en las reflexiones que se acaban de plasmar, se concluye que
el demandado no podía utilizar el recurso de apelación para intentar restarle efecto
a la declaración de incumplimiento total y definitiva que realizó el Fondo en los
actos administrativos mencionados, porque la presunción de legalidad de dichas
determinaciones se lo impide, de suerte que todas las alegaciones del contratista
tendientes a señalar que fue el demandante quien desatendió el acuerdo del 3 de
agosto de 2018, no podrían prosperar.
69. Ahora, en relación con los reparos que formuló el contratista respecto del
monto por el que el Fondo hizo efectiva la cláusula penal y el monto de los
perjuicios que alega el demandante que superaron ese valor, la Sala concluye que
el demandado no tenía interés para impugnar la decisión de primera instancia. En
relación con el primer aspecto, porque el fallo no se pronunció sobre eso y,
respecto del segundo, porque esa pretensión se negó.
70. Lo dicho en relación con los motivos de disenso que presentó el contratista
respecto del incumplimiento del acuerdo del 3 de agosto de 2016, resulta
igualmente aplicable frente a los motivos de disenso que formuló sobre el monto
por el que se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria en los referidos actos
administrativos, en la medida que este aspecto también quedó cobijado por la
presunción de legalidad que los acompaña, además de que, se reitera, en la
sentencia recurrida no se hizo alusión a ello.
71. En consecuencia, en el objeto de la apelación tampoco se incluirán estos
aspectos.
72. ii) Respecto del “pleito judicial pendiente” invocado por el contratista en su
impugnación, con fundamento en que la validez de las Resoluciones Nos. 300 y
466 es materia de debate en el juicio identificado con la radicación No.
660012333000 202300010 0043, la Sala advierte que se trata de la formulación
inoportuna de una excepción previa, construida sobre sucesos acontecidos con
posterioridad a la fecha en que podía presentarse y que, en cualquier caso, no
reúne los elementos sustantivos para configurarla.
73. De conformidad con lo dispuesto en artículo 101 del CGP44, la formulación
de las excepciones previas está limitada al término de traslado de la demanda45, lo
43 Proceso judicial que también se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Risaralda.
44 En virtud de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la
Ley 2080 de 2021), las excepciones previas se formulan y se deciden de conformidad con lo señalado en los
artículos 100, 101 y 102 del CGP. La referida remisión normativa es del siguiente tenor: “Contestación de la
demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante
escrito, que contendrá: [...] Parágrafo 2°. [modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021] [...] Las
excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del
Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo
del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia
inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron
pruebas y estén pendientes de decisión [...]” (énfasis y aclaración añadida).
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que supone que para ese momento estén reunidos los elementos sustantivos en
los que se soporta.
74. En este caso, se encuentra que al momento en que venció el término en el
que el demandado podía proponer la excepción46, el contratista no había
presentado demanda en contra del Fondo para solicitar la nulidad de las
Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020, lo que tuvo lugar con posterioridad47. No le
está dado al demandado, formular una “excepción previa” sobre actuaciones que
él mismo surtió con posterioridad al momento en que podía proponerla.
75. Además, no están configurados los requisitos en los que se funda tal
excepción, puesto que no existe identidad entre las pretensiones formuladas en
este juicio y las planteadas en el proceso identificado con la radicación No.
660012333000 202300010 00. La anulación de los actos administrativos por
medio de los cuales se declaró el incumplimiento total y definitivo del “acuerdo
transaccional” no fue peticionada en este asunto48, ni siquiera por la vía de una
demanda de reconvención49, herramienta procesal a la cual pudo recurrir el
contratista en este juicio, pero de la que no hizo uso.
76. En virtud de lo anterior, incluso si se interpretara que lo quiso el apelante
fue formular una solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, lo cierto
es que no estaría llamada a prosperar, en la medida que, en los términos del
numeral 1º del artículo 161 del CGP50, para que ello ocurriera, debía ser imposible
en este mismo proceso pretender la nulidad de los actos administrativos, a través
de una demanda de reconvención.
45 Artículo 101 del CGP: “Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se
formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones
y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer
valer y que se encuentren en poder del demandado. El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase,
salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde
ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán
practicar hasta dos testimonios. Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera: 1.
Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al
artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados. 2. El juez
decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia
inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo
haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.
Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y
resolverá las excepciones [...]” (énfasis agregado).
46 El auto admisorio de la demanda reformada se profirió el 9 de febrero de 2022 y se notificó el 10 de febrero
siguiente. La notificación se realizó en debida forma (por estado, tal y como lo establece el artículo 173 del
CPACA). El término de 15 días hábiles para contestar dicho acto procesal vencía el 3 de marzo de 2022,
fecha en la cual el contratista radicó su contestación (índices 15, 19 y 20 SAMAI, T.A.).
47 El contratista presentó la demanda en la que pretende la nulidad de los actos administrativos a través de los
cuales se declaró el incumplimiento total y definitivo del “contrato de transacción” el 18 de enero de 2023
(proceso judicial identificado con la radicación No. 660012333000 202300010 00), es decir, con posterioridad
a la contestación de la demanda reformada en este juicio (3 de marzo de 2022).
48 Circunstancia apenas lógica, en la medida en que el demandante en este juicio es el Fondo.
49 De conformidad con lo regulado en el artículo 177 del CPACA, la demanda de reconvención puede
presentarse dentro del término de traslado de la admisión de la demanda principal o de su reforma. El
contratista pudo demandar en reconvención hasta el 3 de marzo de 2022, toda vez que en dicha fecha
culminó el término de traslado de la reforma de la demanda presentada por el Fondo (ver pie de página No.
46); sin embargo, el demandado no hizo uso de dicho mecanismo procesal.
50 Artículo 161 del CGP: “Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la
sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso
judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda
de reconvención …”
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77. Por lo anterior, este aspecto del recurso de apelación del demandado
tampoco se incluirá en el objeto de la apelación.
78. Finalmente, se precisa que la Sala no ahondará en la caducidad que en
primera instancia se declaró respecto de las pretensiones 3, 4 y 5, toda vez que no
fue objeto de apelación por ninguna de las partes51.
El objeto de la apelación
79. Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal valoró inadecuadamente las
pruebas aportadas al proceso y si éstas dan cuenta de que los perjuicios
originados en el incumplimiento del demandado respecto del acuerdo del 3 de
agosto de 2018 superaron el valor de la cláusula penal que se hizo efectiva a
través de las Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020.
80. Se anticipa que el recurso de apelación no tiene vocación de prosperidad. A
esta conclusión se arriba con fundamento en las siguientes consideraciones:
81. i) Los actos administrativos a través de los cuales el Fondo declaró el
incumplimiento del acuerdo del 3 de agosto de 2018 no constituyen prueba de que
los perjuicios causados hubieran superado el monto de la cláusula penal pactada
en ese negocio jurídico.
82. Consta en el proceso que a través de la Resolución No. 300 del 15 de
octubre de 2020, confirmada a través de la Resolución No. 466 del 28 de
diciembre del mismo año, el Fondo declaró el incumplimiento total y definitivo del
acuerdo del 3 de agosto de 2018, en tanto, vencido el plazo convenido para
realizar la terminación y reparación y/o rehabilitación del puente vehicular
Limones, el demandado no cumplió esa obligación.
83. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad hizo efectiva la
cláusula penal pactada en la cláusula novena del acuerdo del 3 de agosto de 2018
en un monto equivalente al 20% del valor total del contrato No. 225 –que ascendió
$5.221’795.50852–, esto es, en $1.044’359.101,60. Asimismo, declaró la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento cubierto por la póliza de seguros No. 23
GU041392 expedida por Confianza para amparar el cumplimiento de ese negocio
jurídico. Afectó el monto del amparo –establecido en un 40% del valor total del
contrato No. 225– en la misma cuantía de la cláusula penal.
51 Sin perjuicio de ello, se precisa que el acuerdo del 3 de agosto de 2018 se suscribió cuando ya había
empezado a computarse el término de caducidad para presentar demanda con ocasión de las controversias
que se originaran en el contrato No. 225. Este contrato terminó por vencimiento del plazo el 19 de septiembre
de 2016, las partes acordaron un plazo para liquidarlo de 6 meses que feneció el 20 de marzo de 2017. El
acuerdo al que llegaron las partes el 3 de agosto de 2018 no tenía la virtualidad de interrumpir o suspender el
plazo de caducidad que ya había empezado a computarse y que para el momento de presentación de la
demanda sin reformar –3 de diciembre de 2020– ya había fenecido, puesto que no encuadra en ninguna de
las causales legales que la ley prevé para ello y que son las únicas que pueden operar con esos efectos por
tratarse el término de caducidad de una norma de orden público sobre la cual no pueden disponer las partes.
52 El valor del contrato No. 225 se estipuló inicialmente en $5.104’340.923. A través de otrosí No. 5 del 16 de
septiembre de 2016, se adicionó en $117’454.585 (información tomada del hecho 5 del acuerdo del 3 de
agosto de 2018) (índice 13 SAMAI, T.A.).
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84. En relación con los mencionados aspectos, la entidad pública ejerció la
facultad establecida en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, puesto que, previo
agotamiento del procedimiento administrativo respectivo, adoptó unilateralmente la
decisión de declarar el incumplimiento del contratista respecto de las obligaciones
derivadas del acuerdo de 3 de agosto de 2018 y determinó, consecuencialmente,
la efectividad la cláusula penal pactada y la declaratoria de ocurrencia del siniestro
de incumplimiento amparado por la aseguradora Confianza.
85. No cabe duda en cuanto a que las referidas decisiones constituyen un acto
administrativo definitivo53, en la medida que, en ejercicio de función administrativa,
la entidad decidió de fondo acerca de los incumplimientos de su contratista y
determinó las consecuencias derivadas de tal inobservancia en lo relativo a la
efectividad de la cláusula penal y la ocurrencia del siniestro de incumplimiento, por
tanto, al estar en firme54 y no haber sido suspendidas, están cobijadas por la
presunción de legalidad55 y gozan del carácter ejecutorio al que se refiere el
artículo 88 del CPACA56. Se trata de manifestaciones unilaterales de la
administración capaces de producir efectos en el mundo jurídico.
86. En las mismas resoluciones, la entidad anunció que, en caso de ser
procedente, acudiría a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para lograr
el “reconocimiento y establecimiento definitivo” de los perjuicios que habrían
superado el valor estipulado en la cláusula penal. Así quedó expresamente
consignado en la parte resolutiva de la Resolución No. 300 de 2020:
ARTÍCULO QUINTO: Sin perjuicio del cobro de la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA a través de la garantía única de cumplimiento, el FONDO
ADAPTACION, en caso de ser procedente solicitará ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el reconocimiento y establecimiento definitivo de
los perjuicios a cargo de CARLOS MARIO ZAPATA RAMÍREZ y/o
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, que llegaren
a ser superiores al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 225 de
2014, esto es, toda suma superior a MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($1.044.359.101.60), según la tasación de perjuicios
realizada en el presente acto administrativo o la actualización que para el
efecto se realice (subrayas fuera de texto).
87. En lo concerniente a esta manifestación, no es posible concluir que la
administración hubiere decidido de fondo y de forma concluyente el asunto, por lo
mismo, tampoco es posible predicar respecto de ella los efectos vinculantes
53 Ley 1437 de 2011: “Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
54 Como los recursos de reposición interpuestos por el contratista y la aseguradora en contra de la Resolución
No. 300 del 15 de octubre de 2020 fueron desestimados a través de la Resolución No. 466 del 28 de
diciembre de la misma anualidad, determinación que se notificó en estrados, se concluye que el acto
administrativo primigenio adquirió firmeza el 29 de diciembre de 2020, según lo consignado en el artículo 87-3
del CPACA (índice 13 SAMAI, T.A.).
55 Ley 1437 de 2011: “Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad
o se levante dicha medida cautelar”.
56 Ley 1437 de 2011: “Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas,
puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra
autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía
Nacional”.
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propios de los actos administrativos definitivos, la presunción de legalidad ni el
carácter ejecutivo y ejecutorio de aquéllos, pues, como se observa, la entidad se
limitó a informar que, de estimarlo procedente, acudiría al juez del contrato para
que fuera éste el que reconociera la existencia de perjuicios mayores a los
cubiertos por la cláusula penal y su cuantía definitiva.
88. En efecto, en la parte considerativa de la Resolución No. 300 de 2020, el
Fondo expresó que desde la citación a la audiencia que dio inicio a la actuación
administrativa advirtió “claramente” que “se reservaba la facultad para hacer el
cobro ante la autoridad judicial correspondiente, de todos los demás perjuicios
causados por el incumplimiento definitivo de dicho contrato y que se encuentren
por encima del monto de la cláusula penal, por cuanto no se encontraba facultado
en sede administrativa para tasar e imponer el pago de perjuicios adicionales a los
que de común acuerdo fueron acordados en la precitada cláusula novena del
contrato57”.
89. Esa advertencia se reiteró en la Resolución No. 466 de 202058, en la que,
además, la entidad pública señaló que, si bien estimaba que los perjuicios
causados eran superiores a los establecidos en la cláusula penal y aunque el valor
asegurado en el amparo de cumplimiento correspondía al 40% del valor total del
contrato No. 225, únicamente afectaría la garantía en el monto equivalente a dicha
cláusula, en tanto sus facultades legales no le permitían ir más allá, por lo que en
lo relativo a los mayores perjuicios acudiría el juez de lo contencioso
administrativo59 para que lo definiera. En línea con ello, manifestó que no se
pronunciaría sobre los reparos que formuló la aseguradora en punto a esos
mayores perjuicios.
90. Lo anterior muestra que, si bien la entidad pública realizó unas
estimaciones que la llevaron a concluir que los perjuicios causados con ocasión
del incumplimiento del acuerdo del 3 de agosto de 2018 fueron superiores al
monto fijado en la cláusula penal pactada, lo cierto es que, por estimar que carecía
de competencia para ello, no tomó una decisión en relación con ese aspecto, sino
que difirió ese asunto para que fuera resuelto en sede judicial, para lo cual
presentó la demanda que es objeto de este pronunciamiento.
91. Ahora, no se discute que el Fondo podía pedir al juez que declarara que los
perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del contratista no
quedaron totalmente cubiertos por la cláusula penal; sin embargo, como lo
dispone el artículo 167 del CGP, para obtener esa declaración le correspondía
acreditar el supuesto fáctico de sus pretensiones.
92. Las manifestaciones que en ese sentido hizo el Fondo en las Resoluciones
Nos. 300 y 466 de 2020 no constituyen prueba de ello, pues, además de que, por
las razones previamente mencionadas, no tienen carácter vinculante, lo único que
revelan es la posición de la entidad pública construida a partir de sus propias
apreciaciones, consideraciones y conclusiones. La veracidad de sus afirmaciones
57 Índice 13 SAMAI, T.A.
58 Índice 13 SAMAI, T.A.
59 Índice 13 SAMAI, T.A.
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debía ser respaldada con medios demostrativos tangibles y verificables de la
existencia de su dicho; no obstante, no cumplió con esa carga.
93. Advierte la Sala que las consideraciones que enseguida realizará se
circunscriben al valor de los perjuicios que no quedaron cubiertos por la cláusula
penal pecuniaria pactada, dado que, como ya se dijo, la efectividad de dicha
cláusula, así como la declaración de incumplimiento, quedaron cobijados por la
presunción de legalidad de las Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020, cuya validez
no es objeto de debate en este juicio.
94. Según lo consignado en la parte considerativa de la Resolución No. 300 de
2020, en el acápite titulado “PRIMER CARGO DE PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO: NO ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PUENTE
VENHICULAR LIMONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE
TRANSACCIÓN, SUSCRITO EL 3 DE AGOSTO DE 2018”60, el incumplimiento del
contratista se declaró porque al vencimiento el plazo pactado61 “no se realizó la
terminación ni reparación y/o rehabilitación del Puente Vehicular Limones
siguiendo los elementos técnicos de la propuesta de transacción”, dado que a esa
fecha la obra solo presentaba un avance del 30%62 por causas imputables al
contratista, quien, a pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieron para
el cumplimiento del cronograma de obra y de sus obligaciones socio ambientales,
nunca se puso al día en el desarrollo y cumplimiento de las mismas63.
95. En línea con lo anterior, en la Resolución No. 466 de 2020 se indicó que en
la actuación administrativa se demostró la poca diligencia del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales “dado el bajo rendimiento en la
ejecución de la obra, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2018” y que el incumplimiento endilgado “se circunscribió a la no
entrega y recibo a satisfacción del Puente Vehicular Limones en el plazo
establecido en el CONTRATO DE TRANSACCIÓN, de cara a lo allí acordado por
el CONTRATISTA de manera autónoma y libre, esto es: la terminación y
reparación y/o rehabilitación del Puente Vehicular Limones por parte de EL
CONTRATISTA, siguiendo los elementos técnicos de la propuesta de transacción
presentada por él mismo al FONDO, bajo su propia cuenta y riesgo, y en el plazo
allí previsto de cuatro (4) meses y siete (7) días64”.
60 La imputación de incumplimiento se hizo por dos cargos. El segundo correspondió a “PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER PREDIAL”. Respecto de
este no se declaró la responsabilidad del contratista, con fundamento en que “el FONDO llegó a un acuerdo
conciliatorio con la parte afectada, por medio de la cual se subsanó el motivo de controversia relacionada con
la gestión predial. Acuerdo que fue debidamente aprobado por la autoridad judicial, otorgándole efectos de
cosa juzgada [...]” (índice 13 SAMAI, T.A.).
61 El plazo del acuerdo del 3 de agosto de 2018 finalizó el 11 de enero de 2019 (información precisada en la
Resolución No. 300 del 15 de octubre de 2020) (índice 13 SAMAI, T.A.).
62 “[...] En efecto, el porcentaje de avance total del proyecto con corte a 11 de enero de 2019, fue de tan solo
el 30%, fecha para la cual, no se había dado siquiera inicio a las actividades relacionadas con el gateo, juntas
de dilatación, cambio de juntas pernadas por soldadas, reparación de juntas de tablero, retiro de apoyos
temporales, colocación de refuerzos adicionales, topografía y construcción del tablero con pavimento, así
como se presentaban atrasos considerables en las actividades relacionadas con el capítulo ‘Apoyo del
Puente’ que comprendían la adecuación y nivelación del piso, instalación de bases soporte temporales,
instalación de soportes temporales e instalación de obra falsa de apoyo [...]”(índice 13 SAMAI, T.A.).
63 Las causas por las que se declaró el incumplimiento son consonantes con las imputaciones que se hicieron
al contratista en la citación de “audiencia de incumplimiento definitivo, efectividad de la cláusula penal
pecuniaria y exigibilidad de la garantía del contrato de transacción” (índice 13 SAMAI, T.A.)
64 Índice 13 SAMAI, T.A.
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96. Las razones del incumplimiento no son las mismas en las que la entidad se
apoyó para justificar la existencia de los perjuicios que habrían superado el monto
de la cláusula penal pecuniaria, las cuales, por los motivos ya expresados, no
quedaron amparadas por la presunción de legalidad; por tanto, las bases fácticas
de tales argumentos debían ser acreditadas en juicio como presupuesto necesario
para el reconocimiento de las pretensiones que formuló.
97. Con el objeto de cuantificar los perjuicios, en las Resoluciones Nos. 300 y
466 de 2020 la entidad afirmó que las obras ejecutadas no eran útiles para el
cumplimiento de la finalidad perseguida con el acuerdo del 3 de agosto de 2018, lo
que impedía descontar del valor de los perjuicios la estimación económica de las
obras adelantadas por el contratista, a la vez que daba cuenta de que el valor de
los mismos superaba el monto de la cláusula penal, dadas las erogaciones que se
habían realizado o se debían realizar en virtud de los siguientes aspectos y cuya
sumatoria total ascendía al monto de $8.409’492.957:
98. a) Los valores pagados a la interventoría del acuerdo del 3 de agosto de
2018 ($84’103.136), al apoyo a la supervisión de esa interventoría ($49’644.643) y
al asesor externo por la elaboración del diagnóstico jurídico y del texto del negocio
jurídico ($35’700.000). Señaló que estos rubros constituyeron un perjuicio real,
cierto y directo, en tanto no se logró satisfacer el objeto contratado que justificó
esas erogaciones65.
99. b) La necesidad de contratar una nueva consultoría para la realización de
los estudios y diseños a nivel fase III, para el contrato de la nueva construcción
completa del puente vehicular ($230’979.000), así como para la interventoría y el
apoyo a la supervisión de esos dos contratos –consultoría y construcción–
($126’141.731 y $424’542.175, respectivamente). El valor del contrato de
desmonte y nueva construcción lo estimó en $7.458’382.272.
100. La entidad basó sus consideraciones en el dictamen pericial del 1.° de abril
de 202066 que se practicó en el procedimiento administrativo sancionatorio que
precedió la expedición de las Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020 y que fue
aportado a este proceso como prueba documental67, en el que se indicó que el
régimen de cargas de la estructura considerado en el diseño original no se
ajustaba a lo dispuesto en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes –
CCDSP-95 ni en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14,
por lo que se requería su actualización, además de que recomendó “descartar la
superestructura ejecutada y adelantar la gestión necesaria para su desmonte y
reposición”.
101. Con base en lo anterior, el Fondo infirió que las obras ejecutadas por el
contratista no podían ser utilizadas “ni podrán ser siquiera rehabilitadas o
65 La entidad señaló que “Tal como quedó evidenciado, la finalidad de la suscripción del CONTRATO DE
TRANSACCIÓN era lograr la terminación, entrega a satisfacción y puesta en funcionamiento del Puente
Limones, con el fin de solucionar precisamente la controversia surgida por el incumplimiento del Contrato 225
de 2014 por parte del CONTRATISTA [...]” (índice 13 SAMAI, T.A.).
66 Índice 20 SAMAI, T.A.
67 Se aportó con la contestación de la demanda como prueba documental y se declaró como tal en el proceso,
por tanto, no se surtió el trámite previsto en el CGP para los dictámenes periciales (índice 39 SAMAI, T.A.).
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reparadas, requiriéndose de su demolición y desmonte, dado que no cumplen con
las condiciones de estabilidad ni requerimientos técnicos establecidos en la nueva
norma68”. En relación con la actualización de los diseños a la norma CCP-14,
afirmó que no se debía a que los iniciales no cumplieran con los criterios definidos
en el CCDSP-95, sino al hecho de que el puente no fue terminado ni entregado a
satisfacción en los plazos inicialmente previstos.
102. A pesar de las referidas consideraciones de la entidad, obra en el
expediente el oficio SMC-GGP1 3 del 1° de enero de 202269 a través del cual el
Invías informó que “recibió del fondo de adaptación mediante acta de entrega del
15 de junio de 2021, el puente vehicular Limones. Sobre la estructura recibida se
adelantan actividades de rehabilitación y repotenciación para la puesta al
servicio del puente Limones, que hace parte del corredor vial Quibdó – Pereira”,
con un presupuesto estimado para la repotenciación de $3.270’000.000 fijado a
precios unitarios, obra que se incluyó en el alcance del contrato No. 1757 de 2020
(énfasis agregado).
103. Lo expresado por el Invías impide tener por cierto lo afirmado por el Fondo
en cuanto a que los mayores perjuicios que reclama se hubieren originado por las
causas previamente referidas, que fueron las mismas en las que fundamentó y
circunscribió sus pretensiones, pues lo cierto es que el puente vehicular no tuvo
que ser demolido y reconstruido en su totalidad, sino que fue objeto de obras de
repotenciación70.
104. Considera la Sala importante resaltar que, por sí mismos, los costos
estimados de la repotenciación –$3.270’000.000– podrían dar cuenta de que el
monto fijado en la cláusula penal –$1.044’359.101.60– resultó insuficiente para
cubrir la totalidad de los perjuicios causados por el incumplimiento de las
obligaciones de acuerdo del 3 de agosto de 2018, lo cierto es que no se podría
acceder al reconocimiento de la diferencia por las razones que pasan a
expresarse:
105. a) La información que obra en el proceso no permite establecer con certeza
que los costos de la repotenciación hubiesen sido asumidos con recursos del
patrimonio del Fondo y no con los del patrimonio del Invías, lo que impide
determinar que el primero hubiese sufrido un detrimento patrimonial por este
concepto y, por tanto, reconocer a su favor la reparación71.
106. b) Las pretensiones de la demanda se circunscribieron a solicitar el
reconocimiento de los mayores perjuicios en función, exclusivamente, de “los
perjuicios tasados en el proceso sancionatorio, que conllevó a la expedición de las
resoluciones 300 y 466 de 2020 […] los mayores perjuicios cuantificados que no
fueron cubiertos por la cláusula penal pecuniaria ascienden a la suma de SIETE
68 Índice 13 SAMAI, T.A.
69 Índice 20 SAMAI, T.A.
70 Se precisa que no hay prueba en el expediente que permita determinar cuándo el Fondo se enteró de que
el puente no sería demolido, sino repotenciado.
71 Consta en el proceso que en contra del contratista se surtió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal
por hechos asociados a esta demanda, en el que se identificaron como entidades afectadas al Fondo y al
Invías (índice 20 SAMAI, T.A.).
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
($7.365’133.855)”, dentro de este valor no se incluyó y, por lo mismo, no se
pretendió un costo por concepto de la repotenciación.
107. En concordancia con ello, en los fundamentos fácticos de la demanda se
incluyó un cuadro en el que se relacionaron los mismos perjuicios mencionados en
las Resoluciones Nos. 300 y 466 de 2020 y que soportan el valor reclamado en la
pretensión transcrita:
Concepto del perjuicio Cuantía
Perjuicios derivados de las sumas pagadas a $84’103.136
la interventoría del “contrato de transacción”
Perjuicios ocasionados por las sumas $49’644.643
pagadas al supervisor del contrato de
interventoría del “acuerdo transaccional”
Perjuicios derivados de la contratación de una $230’979.000
consultoría para actualizar los estudios y
diseños a nivel fase III
Perjuicios ocasionados por la contratación de $126’141.731
la interventoría del contrato de consultoría
para actualizar los estudios y diseños a nivel
fase III y de un apoyo a la supervisión para el
contrato de interventoría de dichos diseños
Perjuicios derivados de la nueva contratación $7.458’382.272
del desmonte y construcción del nuevo puente
vehicular Limones
Perjuicios ocasionados por la contratación de $424’542.175
la interventoría al nuevo contrato de obra y de
un apoyo a la supervisión para el nuevo
contrato de interventoría
Perjuicios derivados de los pagos realizados al $35’700.000
Consorcio Sierra & Duran Abogados (asesor
externo), con fundamento en los productos
presentados respecto del contrato No. 225 del
23 de diciembre de 2014
Total $8.409’492.95772
108. Este mismo cuadro se replicó en la apelación, al hacer alusión al contenido
de las Resoluciones Nos. 300 y 466 del 2020.
109. En estas condiciones, reconocer a título de mayores perjuicios el valor de la
repotenciación implicaría vulnerar la regla técnica de la congruencia consagrada
en el artículo 281 del CGP que señala que la sentencia debe estar en consonancia
con “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley” y que “[n]o podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.
72 Al restar a este valor la suma cubierta por la cláusula penal, se obtiene como resultado el valor de la
pretensión primera de la demanda.
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
110. c) Según lo informado por el Invías, el valor de la repotenciación era
estimado, porque el contrato dentro del cual se incluyó la obra se pactó a precios
unitarios, lo que significa que su costo definitivo podría ser menor o mayor en
consideración a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas.
111. ii) Las razones previamente expresadas son suficientes para concluir que la
lista de pruebas transcrita en el recurso de apelación, acompañada de la
afirmación del demandante de que acreditan “lo pagado por el Fondo al entonces
contratista Carlos Mario Zapata, así como el valor pagado y cancelado a la
interventoría”, tampoco podrían demostrar el mayor valor de los perjuicios
reclamados en la demanda.
112. Al respecto, resulta pertinente mencionar que, al parecer73, en este punto el
recurso se refiere a los pagos que se realizaron en el marco del contrato No. 225 y
el de su interventoría, los cuales no fueron reclamados en este proceso, a lo que
se añade que no es posible determinar qué porcentaje de esos pagos estaría
justificado, pues se reitera que de lo que da cuenta el proceso es que el puente no
tuvo que ser demolido y reconstruido en su totalidad, sino repotenciado.
113. Finalmente, la Sala advierte que lo analizado y concluido en este proceso
no significa, de ninguna manera, que el incumplimiento del contratista no hubiese
generado perjuicios al Fondo, sino, exclusivamente, que no acreditó que su
cuantía superara el valor estimado en la cláusula penal pactada.
114. Por las razones expresadas, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de
negar las pretensiones de la demanda sentencia recurrida, sin perjuicio de la
corrección que hará en punto a la declaración de incumplimiento que quedó
contenida en la parte resolutiva, por las razones previamente expresadas.
Costas
115. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la liquidación y
ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el CGP,
normativa que en el artículo 365-1 dispone que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja o súplica que haya propuesto74.
116. Como en este caso ninguno de los cargos expuestos por cada una de las
partes recurrentes, la demandante y la demandada, tuvo vocación de prosperidad,
73 La redacción del recurso de apelación no es clara en cuanto a si se refiere a pagos realizados al
demandado en vigencia del contrato No. 225 y a la interventoría de este negocio jurídico, o si se refiere a
pagos realizados en el marco del acuerdo del 3 de agosto de 2018. Sin embargo, se infiere que se refiere a lo
primero, puesto que en el marco de este último acuerdo no se hicieron pagos al contratista, en tanto lo que se
convino fue que este negocio jurídico no generaría ningún costo a cargo de la entidad. Con todo, si se refiriera
a los pagos que se realizaron a la interventoría y al apoyo a la interventoría del acuerdo del 3 de agosto de
2018, esta pretensión no está llamada a prosperar por las razones previamente expresadas en esta sentencia,
esto es, porque no se acreditó que la obra hubiese tenido que ser demolida y reconstruida en su totalidad.
74 “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código […]”.
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Radicación 660012333000 202000553 01 (72.167)
Demandante: Fondo de Adaptación
Demandados: Carlos Mario Zapata Ramírez y Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza –
Confianza S.A.
Referencia: Sentencia de segunda instancia
no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra de ninguno de los
extremos procesales.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024, por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad
con las razones expuestas en esta providencia, la cual quedará así:
1°. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad únicamente
frente a la pretensión de la demanda referida al incumplimiento y liquidación
judicial del contrato No. 225 de 2014.
2° NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERA: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.
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