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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2021-00033-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2021-00033-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declararon probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de control y de caducidad, en el sentido de declarar probada exclusivamente la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365 numeral 8 del Código General del Proceso. No hay lugar al pago de agencias en derecho. TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2021-00033-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.
Demandado: Municipio de Pereira
Referencia: Reparación directa – CPACA

TEMAS: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – El ejercicio de uno u otro medio de control no
se encuentra al arbitrio del demandante. La fuente u origen del daño determina cuál es el medio
de control idóneo para acudir al órgano judicial y, a su vez, permite establecer las pretensiones
de la demanda y la oportunidad en el tiempo para ejercerlo. ADECUACIÓN DE LA DEMANDA
– El juez debe admitir la demanda que reúna los requisitos legales y encauzarla por el trámite
que legalmente corresponda, aun si el accionante señaló una vía procesal inadecuada.
REPARACIÓN DIRECTA – Procede cuando el daño cuya indemnización se reclama tiene como
fuente un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra actuación
imputable a una entidad pública. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
Persigue, de manera principal, la declaratoria de nulidad del acto y, como consecuencia de ello,
el restablecimiento del derecho vulnerado o la reparación del daño causado por su expedición.
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – El carácter mixto de este tipo de actos permite
que sean impugnables por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso. CADUCIDAD
– Cuando se advierte que la demanda fue presentada luego de vencido el término legal de
caducidad, se impone un pronunciamiento previo y excluyente sobre dicho presupuesto, en la
medida en que la caducidad comporta la extinción del derecho de acción e impide cualquier
consideración sobre el fondo del litigio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia anticipada del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, mediante la cual declaró probadas las excepciones de indebida
escogencia del medio de control y caducidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Guía Construcciones S.A.S. adquirió dos inmuebles en la ciudad de
Pereira con el propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario. Para tal efecto,
posteriormente, radicó ante la Curaduría Urbana No. 2 del municipio la
correspondiente solicitud de licencia de construcción. Sin embargo, mientras se
surtió dicho trámite, el Concejo Municipal de Pereira adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial, en el que, entre otras determinaciones, delimitó áreas
clasificadas como de “riesgo alto no mitigable”, incluyendo dentro de ellas una franja
de uno de los predios de Guía Construcciones S.A.S. En virtud de esta
circunstancia, la curaduría informó a la sociedad que no era posible otorgar la
licencia solicitada.

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

La demandante considera que el municipio de Pereira es patrimonialmente
responsable por el daño causado a su patrimonio, al haberle impedido desarrollar
el proyecto inmobiliario por incluir en una “zona de riesgo alto no mitigable” una
franja de uno de sus predios, “sin contar con los elementos técnicos que le demanda
la norma y le exigen los postulados normativos actualmente vigentes”. El Tribunal
Administrativo de Risaralda declaró probadas las excepciones de indebida
escogencia del medio de control y caducidad, al considerar que la controversia
debió plantearse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual no fue ejercido en tiempo. La parte accionante apeló la decisión.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 4 de febrero de 20211-2, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el municipio
de Pereira, para que fuera declarado patrimonialmente responsable por impedirle
desarrollar un proyecto inmobiliario, al incluir en una “zona de riesgo alto no
mitigable” una franja de un predio de su propiedad.

En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):

“PRIMERA: QUE SE DECLARE AL MUNICIPIO DE PEREIRA, ADMINISTRATIVA Y
PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE de los daños y perjuicios que fueron
ocasionados a la empresa GUÍA CONSTRUCCIONES S.A.S., representada
legalmente por el señor GONZALO ALBEIRO RESTREPO CEBALLOS, en razón a la
indebida calificación de zonas de RIESGO ALTO NO MITIGABLE de los predios de
propiedad de la sociedad identificados con matrículas inmobiliarias 290-28691 y 290-
59519, toda vez que no cuentan con el soporte legal o evidencia científica que así lo
determine.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al MUNICIPIO
DE PEREIRA a pagar a la empresa GUÍA CONSTRUCCIONES S.A.S., representada
legalmente por el señor GONZALO ALBEIRO RESTREPO CEBALLOS, en su
condición de propietaria de los inmuebles descritos en el hecho tercero de la demanda
y desarrollador del proyecto constructivo, todos los perjuicios materiales, en la
modalidad de daño emergente y lucro cesante, derivados del daño, así:

a). PERJUICIOS MATERIALES:

Como perjuicios materiales se pagará a la empresa GUÍA CONSTRUCCIONES
S.A.S., representada legalmente por el señor GONZALO ALBEIRO RESTREPO
CEBALLOS, en su condición de propietaria de los inmuebles con matrículas
inmobiliarias 290-28691 y 290-59519, las sumas de dinero que a continuación se
identifican y soportan:

• La suma de Doscientos Setenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y
Nueve Mil Pesos Moneda Legal Colombiana ($275.779.000), por concepto

1 Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “6_001DEMANDA”.
2 Mediante auto del 16 de abril de 2021 el Tribunal Administrativo de Risaralda inadmitió la demanda

(Exp. 2021-00033-00, índice 3 de SAMAI). El escrito introductorio fue oportunamente subsanado por
la parte actora el 30 de abril siguiente (Exp. 2021-00033-00, índice 10 de SAMAI en
“13_013SUBSANACION”), tras lo cual, por auto del 18 de mayo de 2021, se dispuso su admisión
(Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “3_015AUTOADMITEDEMANDA”).
2

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

de compraventa perfeccionada mediante escritura pública No. 211 del 15 de
enero de 2016, a los cuales les corresponde las matrículas inmobiliarias
290-28691 y 290-59519, bienes que como se ha descrito fueron adquiridos
para el desarrollo del proyecto ‘Hostal’, el cual se encuentra obstaculizado
y a su vez por cuanto los predios ni siquiera deberían formar parte del
comercio si ostentaran realmente tal calificación, toda vez que éstos
deberían entonces estar denominados como bienes de uso público, so pena
de los daños que se generan.

• La suma de Mil Setecientos Sesenta Millones Veintidós Mil Setecientos
Setenta y Un Pesos Moneda Legal Colombiana ($1.760.022.771), por
concepto del contrato de obra civil firmado entre la sociedad Guía
Construcciones S.A.S. y el ingeniero Héctor Fabio Feijoo Ramírez, el cual ha
constituido en deudora a mi mandante frente al mencionado ingeniero.

• La suma de Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Millones Ochocientos
Cincuenta Mil Pesos Moneda Legal Colombiana ($2.772.850.000), por
concepto de valor de la mejora construida en los bienes inmuebles con
matrículas inmobiliarias 290-28691 y 290-59519, conforme al avalúo
realizado por el perito José Nicolás Gómez Patiño de fecha 24 de noviembre
de 2020.

En la modalidad de lucro cesante se pagará a la empresa Guía Construcciones
S.A.S., representada legalmente por el señor GONZALO ALBEIRO RESTREPO
CEBALLOS, en su condición de propietaria de los inmuebles con matrículas
inmobiliarias 290-28691 y 290-59519, donde se pretendía llevar a cabo el proyecto
denominado ‘Hostal’:

• La suma de Siete Mil Doscientos Sesenta Millones ($7.260.000.000)
contenida en el informe de proyección de ingresos y utilidades realizada por
Diego Hernando Gil Isaza, contador debidamente acreditado con Tarjeta
71730-T

TERCERA: QUE SE ORDENE que todas las sumas sean ajustadas conforme lo ha
indicado en reiteradas ocasiones el H. Consejo de Estado a través de la
Jurisprudencia.

[…]” (mayúsculas y subrayado dentro del texto)

En sustento de sus pretensiones, el extremo activo narró que, por compraventa
celebrada mediante escritura pública otorgada el 15 de enero de 2016, adquirió los
predios identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 290-28691 y 290-59519,
ambos colindantes y localizados en una zona cercana al Aeropuerto Internacional
Matecaña de la ciudad de Pereira, con el propósito de desarrollar un proyecto
inmobiliario que consistía en la construcción de una edificación de nueve pisos, con
una altura total de 17 metros, para la ubicación de un hostal.

Expuso que, antes de adquirir los inmuebles, solicitó a la Dirección Operativa de
Prevención y Atención de Desastres del municipio de Pereira un concepto sobre la
condición de riesgo que presentaban dichos inmuebles.

Indicó que, en respuesta a su solicitud, mediante Oficio No. 50065 del 30 de
diciembre de 2015, la Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres
de Pereira le informó que los bienes referidos se encontraban ubicados en una
“zona de riesgo mitigable”.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

Afirmó que, con base en esta información, adquirió los predios, celebró con el
ingeniero Héctor Fabio Feijoo Ramírez un contrato para el diseño y construcción del
hostal, y contrató la realización de un estudio geotécnico que arrojó como resultado
que el área presentaba buenas condiciones geotécnicas y de estabilidad. A partir
de lo anterior, inició la construcción de la edificación y radicó en la Curaduría Urbana
No. 2 de Pereira la correspondiente solicitud de licencia de construcción.

Sostuvo que, durante el trámite de la licencia mencionada, mediante Acta de
Observaciones No. 000234 del 15 de junio de 2017, la Curaduría Urbana No. 2 de
Pereira le informó a Guía Construcciones S.A.S. la imposibilidad de otorgarle la
licencia de construcción, por cuanto el Acuerdo 035 de 2016, por el cual el Concejo
Municipal de Pereira adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, entre otras
determinaciones, delimitó áreas clasificadas como de “riesgo alto no mitigable”,
incluyendo dentro de ellas una franja del predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 290-59519.

Argumentó que, ante lo anterior, la sociedad realizó distintas actuaciones
(consultas, derechos de petición y acción de tutela), encaminadas a obtener “las
razones técnicas y legales que otorgaron tal calificación a una porción del lote
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-59519, lo cual ha impedido el
desarrollo del proyecto determinado Hostal”.

En este contexto, resaltó que la sociedad presentó una petición a la Dirección de
Gestión del Riesgo de Pereira, pretendiendo que le suministrara los estudios
técnicos que habían servido de fundamento para incluir una porción del citado
predio dentro de una “zona de riesgo alto no mitigable”.

Señaló que, mediante Oficio No. 61888 del 11 de diciembre de 2018, la Dirección
de Gestión del Riesgo de Pereira dio respuesta de fondo, lo que le permitió detectar
que la calificación de zona de riesgo alto no mitigable “no tenía soporte técnico para
tal declaratoria, siendo este el momento en que finalmente GUIA
CONSTRUCCIONES pudo concluir y conocer el daño antijurídico que se le
ocasionó”.

La demandante considera que el municipio de Pereira es patrimonialmente
responsable por el daño causado a su patrimonio, dado que le impidió desarrollar
un proyecto inmobiliario, por incluir una franja de uno de sus predios dentro de una
“zona de riesgo alto no mitigable”, sin contar con los fundamentos técnicos exigidos
en la normativa vigente.

Como fundamento de su demanda señala: “Los daños provocados a la sociedad
que hoy represento con la calificación de un riesgo alto no mitigable sin sustento
legal o sin obedecer al procedimiento que corresponde, trasgreden la Ley 388 de
1997, Ley 1523 de 2012, Decreto 1804 de 2014, Decreto 1077 de 2015 y las demás
normas que le sean complementarias, lo cual se consolidó y pudo evidenciarse con
la respuesta final del 11 de diciembre de 2018”. Asimismo, expone en el libelo
introductorio que: “[…] el municipio de Pereira otorgó a una franja de terreno de un
predio de propiedad de la empresa Guía Construcciones S.A.S. la calificación de
zona de riesgo alto no mitigable, sin contar con los elementos técnicos que le
demanda la norma y le exigen los postulados normativos actualmente vigentes, lo
que causó un efecto determinante en la producción de unos daños que la descrita
empresa solicitante no debía soportar, pero que hoy están materializados […]”,
resaltando más adelante:
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

“Como conclusión, el municipio de Pereira, representado por la Alcaldía Municipal de
Pereira incluyó dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, constituido en el Acuerdo
035 de 2016 la calificación de zonas de RIESGO ALTO NO MITIGABLE de distintos
predios en el Municipio entre las que se encuentra una porción del predio identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 290-59519, sin contar con los documentos técnicos
exigidos por la norma, lo que causó en los predios de GUÍA CONSTRUCCIONES
S.A.S., identificados con matrículas inmobiliarias 290-28691 y 290-59519, un impacto
negativo, al calificar sin sustento técnico parte del terreno, lo cual afecta el desarrollo
del proyecto ‘Hostal’, convirtiendo además ello en un suelo de protección del cual vale
la pena decir a la fecha, aun cuando tiene una calificación vinculada al Acuerdo 035
de 2016 no ha atenido tratamiento convirtiéndolo en un bien de uso público, lo cual
coadyuva la consecución del perjuicio”.

2. Contestación

2.1. El municipio de Pereira3 se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la declaración de riesgo alto no mitigable atendía los parámetros
establecidos en el estudio técnico realizado en el año 2003, ratificados en el año
2021, así como la certificación de la Secretaría de Planeación en cuanto a la
existencia de la condición de riesgo alto no mitigable según el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente (Acuerdo 035 de 2016).

Indicó que la inconformidad de la parte actora recaía sobre la clasificación de una
“zona de riesgo alto no mitigable” en la que se encontraba incluida una franja de
uno de los inmuebles que había adquirido, decisión que debía haberse controvertido
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De igual
modo, afirmó que el daño antijurídico alegado por la actora era inexistente y que el
resarcimiento de los perjuicios reclamados en la demanda daría lugar a un doble
pago, pues las pretensiones del libelo se encaminaban al reconocimiento del precio
de los inmuebles y las mejoras, a pesar de que el Aeropuerto Internacional
Matecaña de Pereira4 había iniciado el procedimiento de enajenación voluntaria
directa de los dos inmuebles de propiedad de Guía Construcciones S.A.S., sociedad
que el 13 de julio de 2021 había aceptado la oferta de compra de la entidad
aeroportuaria, por valor de $1.059.099.346, de conformidad con el avalúo comercial
practicado a dicho efecto.

Así las cosas, formuló como excepciones las de indebida escogencia del medio de
control, caducidad y cobro de lo no debido.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante5 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

3.2. El municipio de Pereira y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

3 Exp. 2021-00033-00, índice 12 de SAMAI en “18_019CONTESTACIONDEMANDA”.
4 Establecimiento público del orden municipal, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, creado mediante Acuerdo Municipal 047 de 1976 y reglamentado
mediante el Decreto 861 de 2001.
5 Exp. 2021-00033-00, índice 28 de SAMAI en “33_031ALEGATOSDEMANDANTE”.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

Mediante sentencia anticipada6 del 16 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo
de Risaralda declaró probadas las excepciones de indebida escogencia del medio
de control y caducidad, y dispuso no condenar en costas a la parte actora.

El Tribunal consideró que la controversia debió plantearse bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto lo que realmente se
cuestionaba era la legalidad del Acuerdo 035 de 2016, por el cual se había adoptado
el Plan de Ordenamiento Territorial que, entre otras determinaciones, había
delimitado áreas clasificadas como de “riesgo alto no mitigable”, incluyendo dentro
de ellas una franja del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-59519.
Asimismo, refirió que dicho medio de control fue promovido de forma extemporánea,
pues habían transcurrido más de 4 meses desde la fecha en la que la demandante
tuvo conocimiento del contenido del acto administrativo cuestionado y aquella en la
que presentó la demanda.

Al efecto, en punto al medio de control procedente, se lee en el fallo: “[…] considera
esta Sala que para la discusión y decisión del asunto planteado, el medio de control
que debió impetrarse en el sub judice es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, y no el de reparación directa, pues ha debido demandarse ante esta
jurisdicción la nulidad del acto a través del cual se declaró como zona de alto riesgo
no mitigable los inmuebles de la parte actora, con el consecuente restablecimiento
del derecho […]”.

A su turno, respecto al cómputo de la caducidad, el Tribunal razonó lo siguiente:

“Ahora, cabe precisar tal como lo indicó la Procuraduría 157 Judicial II para Asuntos
de Conciliación Administrativa en el presente asunto, que si en gracia de discusión se
aceptara que la ilegalidad del acto expedido por la Administración solo fue posible
conocerla por parte de la sociedad actora el 11 de diciembre de 2018, dadas las
dificultades para el suministro de la información solicitada a la entidad, y que ello
incide en el cómputo de la caducidad, dicha situación no muta el medio de control
procedente; y entonces, se tiene que la parte demandante debió incoar el medio de
control procedente dentro de los 4 meses siguientes a haber adquirido dicho
conocimiento, -esto es, solicitar la conciliación extrajudicial hasta el 12 de abril de
2018-, pues la notificación personal de ese Oficio se dio el mismo 11 de diciembre de
2018 (Pág. 215 Anexo 2 Exp. Digital) […]

Así mismo, si la imputación se refiriera a la información errada que le suministraron a
la parte actora el 30 de diciembre de 2015 en el Oficio No. 50065, en cuanto a que
los predios se encontraban ubicados en zona de riesgo mitigable, y posteriormente
se le notificó el 21 de junio de 2017 el Acta de Observaciones No. 000234 […], siendo
este el momento en que conoció la clasificación del predio que le impedía realizar el
proyecto de construcción; se tiene que la solicitud de conciliación extrajudicial fue
radicada solo hasta el 10 de diciembre de 2020 (Dto. 03 Exp. Digital), cuando ya había
transcurrido ampliamente el término de caducidad […]”.

6 Mediante auto del 10 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Risaralda adecuó el

trámite con el fin de dictar sentencia anticipada, cuando el proceso aún se encontraba en la etapa
previa a la celebración de la audiencia inicial. Exp. 2021-00033-00, índice 17 de SAMAI en
“25_024AUTOINTERLOCUTORIO”. Contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante auto del 16 de marzo de 2022, en el que decidió no reponer
por considerar que la providencia recurrida no declaró probada la excepción de caducidad, sino que
se limitó a disponer la aplicación de la figura de sentencia anticipada prevista en el numeral 3° del
artículo 182A del CPACA. Exp. 2021-00033-00, índice 17 de SAMAI en
“31_029AUTODECIDEELRECURSO”.
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

5. Apelación

5.1. La parte actora7 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, aduciendo
que el municipio de Pereira debió ser declarado patrimonialmente responsable por
el daño causado a su patrimonio, pues le había impedido obtener la licencia de
construcción y desarrollar un proyecto constructivo, al incluir una porción de uno de
sus predios en una “zona de riesgo alto no mitigable”.

Manifestó que la sentencia apelada desconoció el contexto real en torno al origen
del daño y los hechos de la demanda, así como el conocimiento de la sociedad
demandante, pues su acceso ante la justicia fue “restringido” y “difícil” debido a la
complejidad del caso concreto y a la ausencia de entrega oportuna de la
información.

En este sentido, consideró que el medio de control idóneo para perseguir la
indemnización de perjuicios era el de reparación directa, pues no pretendía
controvertir la legalidad del Acuerdo 035 de 2016, sino las consecuencias adversas
que dicho acto había producido con ocasión de su “aplicación imperfecta y
desajustada”.

Finalmente, tras resaltar que “no se trata de uno de los casos donde notoriamente
está identificado el origen del daño alegado, y mucho menos fue tan fácil entender
el momento en que adquirió el debido conocimiento”, solicitó contar el término
preclusivo a partir del momento en que conoció del oficio No. 61888 del 11 de
diciembre de 2018, pues advirtió que solo desde entonces tuvo conocimiento del
daño. Al respecto, concluyó: “la aplicación imperfecta y desajustada de lo contenido
en el Acuerdo 035 de 2016 si tuvo la suficiencia de afectar la empresa Guía
Construcciones en cuanto a la construcción de su proyecto empresarial, pero solo
fue conocida tal aplicación desajustada e imperfecta a través de la comunicación
No. 61888 del 11 de diciembre de 2018, sin que pudiera decirse que los actos
siguientes debieron ser objeto del ataque, pero además bajo el entendido de que el
acto administrativo constitutivo en el Acuerdo 035 de 2016 hoy vigente, fue válido
en su creación, sigue siendo válido y ni siquiera hoy podría tacharse el mismo con
vicios que puedan contemplar su nulidad”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Como no se decretaron pruebas ni se solicitaron en el término de ejecutoria del auto
admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
quinto del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 20218, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia. En esta etapa procesal, el Ministerio Público9 solicitó confirmar

7 Exp. 2021-00033-00, índice 35 de SAMAI en “37_035APELACIONDEMANDANTE”.
8 “Artículo 67. (…) Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del

que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar.
El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso… 6. El
Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese
el proceso al despacho para sentencia”.
9 Exp. 2021-00033-01, índice 10 de SAMAI en “8CONCEPTO_CONCEPTO1372022”.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

la decisión de primera instancia, al concluir que “no sólo fue equivocada la
escogencia del medio de control por parte del demandante, toda vez que a través
de la reparación directa no es posible poner en entredicho la legalidad del acto
administrativo en que se funda el presunto daño antijurídico, sino que se encuentra
caducada la acción que resulta procedente al caso, como lo es la nulidad y el
restablecimiento del derecho”.

III. CONSIDERACIONES

La Sala anticipa que modificará la sentencia anticipada del 16 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declararon
probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de control y
caducidad, en el sentido de declarar probada exclusivamente la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados, (4) análisis
sobre la procedencia del medio de control, (5) estudio de la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, (6) conclusión y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento
del asunto, según lo previsto en el artículo 10410 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
estatuto vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta
aplicable, porque se demanda la responsabilidad extracontractual del municipio de
Pereira. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia anticipada del 16 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dada la vocación de doble
instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 50011 SMLMV, en
concordancia con los artículos 15012 y 15213 del CPACA.

1.2. La correcta identificación del medio de control procedente en el caso concreto
determina las pretensiones a formular ante el juez y el término dentro del cual debe
hacerse uso del derecho de acción, de ahí que constituya un presupuesto que el
operador judicial debe examinar, aún de oficio, antes de pronunciarse sobre el fondo

10 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]”.
11 La pretensión mayor de la demanda se estima en $7.260.000.000, por concepto de lucro cesante,

lo que es superior a 500 SMLMV de la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, del año
2021, en el que el salario mínimo correspondía a la suma de $908.526.
12 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
13 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 6. De los de reparación
directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”.
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

del asunto14. En similar sentido, el ejercicio oportuno del derecho de acción
constituye un requisito indispensable para habilitar la competencia del juez
contencioso administrativo15 y, por ende, para entrar a examinar la responsabilidad
que se imputa al Estado. Cuando se advierte que la demanda fue presentada una
vez vencido el término legal de caducidad, se impone un pronunciamiento previo y
excluyente sobre dicho presupuesto, en la medida en que la caducidad comporta la
extinción del derecho de acción e impide cualquier consideración sobre el fondo del
litigio.

Por esta razón, en el presente asunto el problema jurídico no se estructurará en
torno a la configuración del daño o a la imputación alegada, sino que ha de
plantearse en el estudio de estos presupuestos, concretamente respecto de la
procedencia del medio de control escogido y su presentación oportuna, máxime
cuando el fallo de primera instancia consideró que el medio de control ejercido no
fue adecuado y que la demanda no se presentó en tiempo y el recurso de apelación
cuestionó los fundamentos de la decisión que al respecto adoptó el tribunal a quo.

2. Problemas jurídicos

A la vista de las pretensiones de la demanda formulada por la parte actora y los
hechos en que se sustenta, así como los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a la Sala establecer: (i) si el medio de control de reparación
directa resulta procedente para reclamar la indemnización de los perjuicios que se
dicen derivados de la “aplicación imperfecta y desajustada” del acto administrativo
que incluyó una franja de un predio en una “zona de riesgo alto no mitigable”; y (ii)
si el medio de control que en derecho correspondía fue promovido oportunamente.

3. Hechos probados

Antes de relacionar los hechos probados, la Sala estima pertinente realizar dos
precisiones sobre la valoración de los medios de prueba que obran en el proceso.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de abril de 2018, Rad.: 46005.

“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente
el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que, si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021,

Rad.: 51648. “Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que, para garantizar la seguridad
jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción,
en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En
este sentido, los interesados tienen la carga procesal de acudir a la jurisdicción dentro del plazo
fijado por la ley, por cuanto, al exceder el término preclusivo para promover el litigio, se pierde la
facultad de accionar y así hacer efectivo su derecho”. Asimismo, ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad.: 51788. “[…] la caducidad se
entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en
marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección
de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar”.
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

La primera, que se otorgará mérito probatorio a las copias simples allegadas al
expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 245 y 246 del Código
General del Proceso (CGP), aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA,
que admiten que los documentos se aporten al proceso en original o en copia, y
otorgan a las copias simples el mismo valor probatorio del original, salvo en los
eventos en que la ley establezca que debe presentarse el original o una determinada
copia.

La segunda, que las pruebas documentales16 obrantes en el plenario, relativas a las
visitas que hizo la Administración a los inmuebles de la accionante y a las sanciones
que recibió por construir sin licencia serán apreciadas de conformidad con las reglas
de la sana crítica y se valorarán solamente en caso de proceder al análisis del fondo
del asunto. Se resalta que dichos elementos probatorios no inciden en la
determinación de cuál es el medio de control procedente ni sobre el conteo del
término preclusivo, habida cuenta que su contenido no fue objeto de controversia ni
da cuenta, de forma preliminar, del conocimiento del daño por el que ahora se
reclama indemnización de perjuicios.

Bajo este marco, examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se
encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta a los
problemas jurídicos planteados en el presente asunto:

3.1. En fecha indeterminada, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. solicitó a la
Curaduría Urbana No. 2 de Pereira información sobre la clasificación en el sistema
ambiental del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-5951917.

3.2. Mediante el Concepto No. 004754 del 10 de diciembre de 2015, la Curaduría
Urbana No. 2 de Pereira respondió la petición formulada por la sociedad Guía
Construcciones S.A.S., advirtiéndole que una franja del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 290-59519 se encontraba clasificada dentro de una “zona
de riesgo alto no mitigable”, por fenómenos de remoción en masa. Asimismo, le
indicó que no era posible expedir licencias de construcción en dicha área, hasta
tanto no se dispusiera de estudios de detalle que ajustaran la zona18.

3.3. El 28 de diciembre de 2015, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. presentó
a la Alcaldía de Pereira una solicitud de “certificado de riesgo para trámites en
curadurías” frente a los predios identificados con las matrículas inmobiliarias Nos.
290-28691 y 290-5951919.

3.4. Mediante Oficio No. 50065 del 30 de diciembre de 2015, la Dirección Operativa
de Prevención y Atención de Desastres de Pereira comunicó a la sociedad Guía
Construcciones S.A.S. que los predios identificados con las matrículas inmobiliarias

16 (i) Resolución No. 6088 de 29 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se ordena la
suspensión y sellamiento de obra por infracción urbanística”. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI
en “8_008ANEXOSPARTE5”. Fl. 80 a 83; y (ii) Resolución 5032 de 22 de agosto de 2017, “Por medio
de la cual la Dirección Operativa de Control Físico Unidad Administrativa de la Secretaría de
Gobierno del Municipio de Pereira impone una sanción urbanística dentro del proceso administrativo
sancionatorio número 212 del año 2016 a Guía Construcciones S.A.S”. Exp. 2021-00033-00, índice
1 de SAMAI en “8_008ANEXOSPARTE5”. Fl. 84 a 109.
17 Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 1 a 3.
18 Ibidem.
19 Solicitud de certificación de riesgo del 28 de diciembre de 2015. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de

SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 13.
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

Nos. 290-28691 y 290-59519 se encontraban ubicados en “zona de riesgo
mitigable”, de conformidad con el mapa 34 del Acuerdo 28 de 2015 y los inventarios
de áreas de riesgo20.

3.5. Por Escritura Pública No. 211 del 15 de enero de 2016, otorgada en la Notaría
Segunda de Manizales, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. adquirió los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 290-28691 y 290-59519,
ubicados en el municipio de Pereira, Risaralda21.

3.6. El 21 de noviembre de 2016, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. radicó
ante la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira solicitud de licencia de construcción, para
la edificación de un hostal en los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias Nos. 290-28691 y 290-5951922.

3.7. Mediante el Acuerdo 035 del 11 de octubre de 201623, el Concejo Municipal de
Pereira adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, y, al delimitar áreas clasificadas
como de “riesgo alto no mitigable”, incluyó dentro de ellas una franja del predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-5951924.

3.8. El 26 de diciembre de 2016, la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira requirió a la
sociedad Guía Construcciones S.A.S. para que complementara la documentación
aportada para el estudio de la solicitud de licencia de construcción, específicamente
adjuntando el certificado de existencia y representación de la sociedad, un
documento que permitiera verificar el área del predio, el plano de localización y una
foto de la valla amarilla de construcción, so pena de proceder al archivo de la
actuación administrativa25.

3.9. Por Resolución No. 00017 de 4 de enero de 2017, la Curaduría Urbana No. 2
de Pereira dispuso el archivo de la actuación administrativa iniciada con ocasión de
la solicitud de licencia de construcción radicada por la sociedad Guía
Construcciones S.A.S., aduciendo el desistimiento de la interesada por no haber
aportado la documentación que se le había requerido26.

3.10. El 30 de enero de 2017, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. interpuso
recurso de reposición contra la Resolución No. 00017 de 4 de enero de 2017. En
sustento de su solicitud, manifestó que no había aportado los documentos

20 Comunicación administrativa expedida por la Dirección Operativa de Prevención y Atención de

Desastres del municipio de Pereira. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en
“5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 15.
21 Certificado de tradición No. 290-28691 y 290-59519, y Escritura Pública No. 211. Exp. 2021-00033-

00, índice 1 de SAMAI en “4_004ANEXOSPARTE1”. Fl. 8 a 24.
22 Resolución No. 00017 de 4 de enero de 2017, “Por el cual se dispone archivo por desistimiento”.

Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 29 a 30.
23 Sancionado el 21 de diciembre de 2016.
24 Acta de observaciones No. 000234 del 15 de junio de 2017. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de

SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 43 a 46.
25 Resolución 00003 de 20 de febrero de 2017, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición

interpuesto en contra de la Resolución 00017 del 04 de enero de 2017, por la cual se dispone archivo
por desistimiento”. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 33 y
34.
26 Resolución No. 00017 de 4 de enero de 2017, “Por el cual se dispone archivo por desistimiento”.

Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 29 y 30.
11

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

requeridos porque no había consultado el correo electrónico dispuesto para la
recepción de notificaciones27.

3.11. Mediante Resolución No. 00003 de 20 de febrero de 2017, la Curaduría
Urbana No. 2 de Pereira confirmó lo decidido en la Resolución No. 00017 de 4 de
enero de 2017, al constatar que la interesada no había aportado oportunamente los
documentos que le había requerido para continuar con el estudio de la solicitud de
la licencia de construcción28.

3.12. El 28 de marzo de 2017, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. presentó
ante la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira una nueva solicitud de licencia de
construcción, respecto de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias
Nos. 290-28691 y 290-5951929.

3.13. Por Acta de Observaciones No. 000234 de 15 de junio de 2017, la Curaduría
Urbana No. 2 de Pereira advirtió a la sociedad Guía Construcciones S.A.S., –en el
punto No. 7 del acta–, que según el Plano No. 34 del Acuerdo 035 de 2016, una
franja de uno de sus predios se encontraba ubicada en una “zona de riesgo alto no
mitigable”, razón por la cual debía cumplir con las medidas de intervención previstas
en el artículo 5130 de dicho instrumento. En el mismo documento, le formuló unos
requerimientos adicionales de orden arquitectónico y estructural31 y le exigió
atenderlos, so pena de proceder al archivo completo de la actuación32.

27 Memorial del 30 de enero de 2017. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en

“5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 31.
28 Resolución 00003 de 20 de febrero de 2017, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición

interpuesto en contra de la Resolución 00017 del 04 de enero de 2017, por la cual se dispone archivo
por desistimiento”. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 33 y
34.
29 Radicación No. 170233 de 28 de marzo de 2017. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en

“5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 37.
30 “Artículo 51. Medidas de intervención: Las zonas determinadas en riesgo alto no mitigable en el

POT […] se sujetarán a las siguientes medidas de intervención […]: 1. Para adelantar el proceso de
reubicación de las viviendas que se encuentran ubicadas en zonas de Riesgo Alto No Mitigable se
toma en consideración y referencia el inventario ZERO realizado por la DOPAD. Este inventario es
una herramienta que permite a la administración el manejo, control y vigilancia de las viviendas
asentadas en zonas de riesgo; 2. Las áreas liberadas por procesos de reasentamiento tendrán la
condición de bienes de uso público y serán entregadas a la CARDER […]. En todo caso, la Dirección
Operativa de Control Físico será responsable de vigilar y controlar que tales áreas no vuelvan a
ocuparse con viviendas; 3. Las áreas liberadas serán incorporadas a los suelos de protección del.
Municipio y, de acuerdo a sus características deberán igualmente incorporarse al sistema de espacio
público municipal; 4. Se creará el Programa de Manejo y Control de Áreas Liberadas de que trata la
norma nacional, por parte de La Dirección Operativa de Control Físico con el apoyo de la Secretaria
de Planeación Municipal […]; 5. El manejo, conservación y control de estas áreas está bajo la
coordinación y la responsabilidad de la Secretaria de Gobierno Municipal en cabeza de Control Físico
o quienes hagan sus veces, la cual se apoyará en los conceptos y certificaciones técnicas de
competencia de la DOPAD […] con el fin de sensibilizar sobre la importancia de evitar las
construcciones de viviendas en zonas de amenaza; y 6. Instalación e implementación de la red de
alertas tempranas ante la potencial ocurrencia de eventos de inundación y avenidas torrenciales”.
31 Entre ellos: (i) presentar criterios de implantación ante la Comisión de Vías, Tránsito y Transporte;

(ii) acotar las celdas de parqueaderos; (iii) indicar el área bruta de los lotes, área de afectación vial,
área construida por piso; (iv) indicar la forma en que ventilara los baños de las habitaciones; (v) debe
acreditar la naturaleza del predio y aportar al trámite las respectivas autorizaciones, licencia o
permisos para aprobar dicha propuesta; y (vi) debe presentar las memorias de diseños.
32 Acta de observaciones No. 000234 del 15 de junio de 2017. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de

SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 43 a 46.
12

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

3.14. El 29 de agosto de 2017, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. solicitó a la
Curaduría Urbana No. 2 de Pereira oficiar a la Dirección Operativa de Prevención y
Atención de Desastres de Pereira para que precisara si los predios identificados con
las matrículas inmobiliarias Nos. 290-28691 y 290-59519 se encontraban ubicados
en “zona de riesgo mitigable”. Lo anterior, con el fin de que la entidad contara con
información completa para dar respuesta a la observación No. 7 del Acta de
Observaciones No. 000234 de 15 de junio de 201733.

3.15. Mediante la Resolución No. 00070 del 31 de agosto de 2017, la Curaduría
Urbana No. 2 de Pereira dispuso el archivo de la solicitud de licencia de construcción
presentada por la sociedad Guía Construcciones S.A.S. por desistimiento de la
interesada, al constatar que no había atendido los requerimientos formulados en el
Acta de Observaciones No. 000234 de 15 de junio de 201734.

3.16. El 25 de junio de 2018, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. solicitó a la
Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira suministrarle la información técnica que
había permitido incluir una porción de uno de sus predios dentro de una “zona de
riesgo alto no mitigable”. Asimismo, le pidió reevaluar la clasificación de la zona,
dado que ello le había impedido culminar el trámite de expedición de una licencia
de construcción35.

3.17. Mediante Oficio No. 35443 del 1º de agosto de 2018, la Dirección de Gestión
del Riesgo de Pereira informó a la sociedad Guía Construcciones S.A.S. que la
condición de “zona de riesgo alto no mitigable” había sido definida con fundamento
en estudios técnicos realizados dentro del proceso de inventario de viviendas en
áreas de riesgo denominado “Inventario Zero”. Igualmente, le indicó que podía
hacerse una nueva evaluación mediante un estudio detallado, que podía ser
elaborado por el interesado dentro del trámite de licenciamiento36.

3.18. El 6 de agosto de 2018, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. solicitó a la
Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira expedirle copias de: (i) los estudios
técnicos realizados dentro del proceso de inventario de viviendas en zona de riesgo
del municipio denominado “Inventario Zero”; y (ii) las actas de reuniones realizadas
por la entidad para esos efectos37.

3.19. En fecha indeterminada, la sociedad Guía Construcciones S.A.S. promovió
acción de tutela contra la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira, al estimar
vulnerado su derecho fundamental de petición por falta de respuesta completa
frente a las solicitudes presentadas los días 25 de junio y el 6 de agosto de 201838.

3.20. Mediante sentencia de tutela del 19 de septiembre de 2018, el Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de
33 Solicitud de información a otras autoridades del 29 de agosto de 2017. Exp. 2021-00033-00, índice

1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 53 a 57.
34 Resolución No. 00070 de 31 de agosto de 2017, “Por el cual se dispone archivo por desistimiento”.

Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 49 a 52.
35 Derecho de petición del 25 de junio de 2018, Rad. 30886. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI

en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 77 a 81.
36 Oficio No. 35443 del 1 de agosto de 2018 – Respondiendo a derecho de petición Rad. 30886. Exp.

2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 83 y 84.
37 Derecho de petición del 6 de agosto de 2018. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en

“5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 87.
38 Escrito de tutela. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 91 a

97.
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

Garantías de Pereira amparó el derecho fundamental de petición de la sociedad
Guía Construcciones S.A.S. y ordenó a la Dirección de Gestión del Riesgo de
Pereira responder íntegramente la solicitud presentada el 6 de agosto de 201839.

3.21. El 10 de diciembre de 2018, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de
Pereira respondió el derecho de petición presentado el 6 de agosto de 2018 por la
sociedad Guía Construcciones S.A.S. En dicho documento le informó que la
condición de “zona de riesgo alto no mitigable”, dentro de la cual se encontraba
ubicada una porción de uno de sus predios, era consecuencia de un proceso
iniciado en 1996, que había culminado con la aprobación del Plan de Ordenamiento
Territorial. Señaló que, durante dicho proceso, se efectuaron distintas
aproximaciones técnicas sobre las condiciones de amenaza y vulnerabilidad del
sector en el que se encontraba ubicado el inmueble, entre ellas estudios
geotécnicos e inventarios. Añadió que los estudios elaborados en 2003 y el
denominado “Inventario Zero” ya habían sido entregados a la interesada, y que los
estudios de estabilidad geotécnica habían sido contratados por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, por lo que no reposaban en los archivos de esa
entidad40.

3.22. Mediante Oficio No. 61888 del 11 de diciembre de 2018, la Dirección Operativa
de Gestión del Riesgo de Pereira reiteró a la sociedad Guía Construcciones S.A.S.
que una franja del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-59519 se
encontraba ubicada en una “zona de riesgo alto no mitigable”, conforme a los
estudios técnicos de amenaza y vulnerabilidad elaborados para el sector.
Igualmente, precisó que esa clasificación solo podía modificarse mediante el
procedimiento de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y que el estudio
geotécnico aportado por la interesada no cumplía con los parámetros establecidos
en el Decreto 1807 de 201441, razón por la cual no era apto para motivar una
reclasificación del riesgo del área42.

4. Análisis sobre la procedencia del medio de control

4.1. En el asunto sub examine, el daño cuya reparación se reclama se concreta en
la afectación patrimonial que la sociedad demandante alega haber sufrido como
consecuencia de que se incluyó una franja de uno de sus predios dentro de una
“zona de riesgo alto no mitigable”, pues, debido a ello, alega no haber podido
desarrollar un proyecto constructivo.

Como fundamento de su demanda, la actora señala que: “los daños provocados a
la sociedad que hoy represento con la calificación de un riesgo alto no mitigable sin
sustento legal o sin obedecer al procedimiento que corresponde, trasgreden la Ley
388 de 1997, Ley 1523 de 2012, Decreto 1804 de 2014, Decreto 1077 de 2015 y las
demás normas que le sean complementarias […]”. Asimismo, expone en el libelo
introductorio que “[…] el municipio de Pereira otorgó a una franja de terreno de un

39 Sentencia de tutela de primera instancia de 19 de septiembre de 2018. Exp. 2021-00033-00, índice

1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 99 a 105.
40 Complementación a la respuesta dada al derecho de petición de 10 de diciembre de 2018. Exp.

2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en “5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 199 a 201.
41 “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la

incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones”.
42 Oficio No. 61888 del 11 de diciembre de 2018. Exp. 2021-00033-00, índice 1 de SAMAI en

“5_005ANEXOSPARTE2”. Fl. 207 a 214.
14

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

predio de propiedad de la empresa Guía Construcciones S.A.S. la calificación de
zona de riesgo alto no mitigable, sin contar con los elementos técnicos que le
demanda la norma y le exigen los postulados normativos actualmente vigentes”. Por
último, manifiesta en el escrito que: “como conclusión, el municipio de Pereira,
representado por la Alcaldía Municipal de Pereira incluyó dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial, constituido en el Acuerdo 035 de 2016 la calificación de
zonas de ‘Riesgo Alto No Mitigable’ de distintos predios en el municipio entre las
que se encuentra una porción del predio identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 290-59519, sin contar con los documentos técnicos exigidos por la norma, lo
que causó en los predios de Guía Construcciones S.A.S., identificados con
matrículas inmobiliarias 290-28691 y 290-59519, un impacto negativo, al calificar
sin sustento técnico parte del terreno”.

4.2. El estatuto procesal administrativo consagra diferentes mecanismos de acceso
a la administración de justicia, cada uno de los cuales tiene una causa y un objeto
propio, que a su vez delimitan las pretensiones que a través suyo podrán resolverse,
de ahí que la vía procesal procedente dependerá del asunto alrededor del cual versa
la controversia jurídica, es decir, de la causa que le da origen.

En este sentido, de acuerdo con reiterada y pacífica jurisprudencia del Consejo de
Estado, la fuente o el origen del daño que se pretende resarcir, en armonía con la
causa petendi, determinan cuál es el medio de control procedente para acudir al
órgano judicial, así como la técnica apropiada para la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para ejercerlo 43.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14044 del CPACA, el medio de control de
reparación directa procede cuando el daño cuya indemnización se reclama tiene
como fuente un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por
cualquier otra actuación imputable a una entidad pública. En estos eventos, la
pretensión se orienta exclusivamente a obtener la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado y la consecuente indemnización de los perjuicios que se
hayan causado.

Por su parte, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado
en el artículo 13845 ibidem, es el mecanismo procesal idóneo cuando el daño
alegado tiene origen en un acto administrativo que se estima ilegal46. A través de

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de

abril de 2008, Rad.: 15906; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad.: 15652 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011,
Rad.: 26758.
44 “Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada

podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado […]”.
45 “Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una

norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior […]”.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:

71184. “Así, conviene advertir que la acción de simple nulidad y la de nulidad y restablecimiento del
derecho tienen como objeto que el juez declare la ilegalidad de actos administrativos (normativos o
particulares y concretos) que infrinjan normas de carácter superior o que incurran en los demás vicios

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este medio de control se persigue, de manera principal, la declaratoria de nulidad
del acto y, como consecuencia de ello, el restablecimiento del derecho vulnerado o
la reparación del daño causado por su expedición. En esa medida, la nulidad y
restablecimiento del derecho exige cuestionar la validez del acto que sirve de fuente
al perjuicio, pues solo a partir de su anulación resulta posible acceder al
restablecimiento o a la indemnización correspondiente.

Según lo previsto en el artículo 17147 del CPACA, el juez debe admitir la demanda
que reúna los requisitos legales y encauzarla por el trámite que legalmente
corresponda, aun si el accionante señaló una vía procesal inadecuada48.

4.3. Una vez valorado el acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala
encuentra demostrado: (i) que mediante el Concepto No. 004754 del 10 de
diciembre de 2015, la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira respondió la petición
formulada por la sociedad Guía Construcciones S.A.S., advirtiéndole que una franja
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-59519 se encontraba
clasificada dentro de una “zona de riesgo alto no mitigable”, por fenómenos de
remoción en masa (hecho probado 3.2.); (ii) que mediante el Acuerdo 035 del 11 de
octubre de 2016, el Concejo Municipal de Pereira adoptó el Plan de Ordenamiento
Territorial, y, al delimitar áreas clasificadas como de “riesgo alto no mitigable”,
incluyó dentro de ellas una franja del predio identificado con matrícula inmobiliaria
No. 290-59519 (hecho probado 3.7.); (iii) que el 28 de marzo de 2017, Guía
Construcciones S.A.S. presentó ante la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira una
nueva solicitud de licencia de construcción, respecto de los predios identificados
con las matrículas inmobiliarias Nos. 290-28691 y 290-59519 (hecho probado 3.12.);
(iv) que por Acta de Observaciones No. 000234 de 15 de junio de 2017, la Curaduría
Urbana No. 2 de Pereira advirtió a la actora, que según el Plano No. 34 del Acuerdo
035 de 2016, una franja de uno de sus predios se encontraba ubicada en una “zona
de riesgo alto no mitigable”, circunstancia que impedía adelantar construcciones en
ella (hecho probado 3.13.); (v) que el 29 de agosto de 2017, Guía Construcciones
S.A.S. solicitó a la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira oficiar a la Dirección Operativa
de Prevención y Atención de Desastres de Pereira para que precisara si los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 290-28691 y 290-59519 se
encontraban ubicados en “zona de riesgo mitigable”, con el fin de que la sociedad
contara con información completa para dar respuesta a la observación No. 7 del
Acta de Observaciones No. 000234 de 15 de junio de 2017 (hecho probado 3.14.);
(vi) que mediante Oficio No. 35443 del 1º de agosto de 2018, la Dirección de Gestión
del Riesgo de Pereira informó a la aquí demandante que la condición de zona de
riesgo alto no mitigable se apoyaba en estudios técnicos desarrollados dentro del
proceso denominado “Inventario Zero” (hecho probado 3.17.); y (vii) que mediante
Oficio No. 61888 del 11 de diciembre de 2018, la Dirección Operativa de Gestión
del Riesgo de Pereira reiteró a la sociedad Guía Construcciones S.A.S. que una

a que aluden los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según corresponda”. Asimismo, esta Subsección, en sentencia del 30 de marzo de
2022, Rad.: 54977, explicó: “[…] la Sección ha indicado que la escogencia de la acción o medio de
control judicial no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio
alegado, de forma tal que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta pertinente para
traer a esta jurisdicción pretensiones de restablecimiento e incluso reparación de perjuicios que
hayan venido consecuenciales a un acto administrativo ilegal […]”.
47 CPACA. “Artículo 171. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el

trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]”.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:

71184; Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 71949.
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Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

porción del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-59519, se
encontraba ubicada en una “zona de riesgo alto no mitigable”, conforme a los
estudios técnicos de amenaza y vulnerabilidad elaborados para el sector (hecho
probado 3.22.).

Vistas estas pruebas de cara a una lectura integral del libelo introductorio, se
advierte, entonces, que en el caso concreto el daño por el que se reclama
indemnización de perjuicios se deriva de la presunta ilegalidad del Acuerdo 035 de
2016, en tanto fue dicha disposición la que habría ocasionado el daño a la
accionante al incluir una franja del predio identificado con matrícula inmobiliaria No.
290-59519 en una “zona de riesgo alto no mitigable” (hecho probado 3.7.).

Y aunque en la alzada se señala que la legalidad de dicho acto administrativo no
fue objeto de cuestionamiento, sino su “aplicación imperfecta y desajustada”, lo
cierto es que la demanda advierte lo contrario, en tanto indica expresamente que el
daño se derivó de una decisión de la Administración que transgredió el
ordenamiento jurídico y se expidió sin fundamento técnico. De hecho, en el libelo
introductorio se señaló que “los daños provocados a la sociedad que hoy represento
con la calificación de un riesgo alto no mitigable sin sustento legal o sin obedecer
al procedimiento que corresponde, trasgreden la Ley 388 de 1997, Ley 1523 de
2012, Decreto 1804 de 2014, Decreto 1077 de 2015 y las demás normas que le
sean complementarias”. Además, el mismo escrito indicó que “el municipio de
Pereira… incluyó dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, constituido en el
Acuerdo 035 de 2016 la calificación de zonas de ‘Riesgo Alto No Mitigable’ de
distintos predios en el municipio entre las que se encuentra una porción del predio
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-59519, sin contar con los
documentos técnicos exigidos por la norma, lo que causó en los predios de Guía
Construcciones S.A.S., identificados con matrículas inmobiliarias 290-28691 y 290-
59519, un impacto negativo, al calificar sin sustento técnico parte del terreno”.

En la misma línea, aunque en el recurso de apelación la parte actora sostiene que,
incluso a la fecha de su interposición, no se ha cumplido con la carga impuesta a la
administración en el numeral 2º del artículo 51 del Acuerdo 035 de 2016 –relativa a
la adquisición de las zonas calificadas como de riesgo no mitigable y su destinación
como bienes de uso público–, y afirma que su reproche no radica en el contenido
del acto sino en su aplicación ineficiente, lo cierto es que dicho planteamiento no
logra desvirtuar que, en esencia, continúa cuestionando los efectos jurídicos
derivados del propio acto administrativo. En efecto, al atribuir el daño a la
categorización del predio y a las consecuencias que de ella se desprenden, la
sociedad demandante termina por atacar la legalidad y alcance del acuerdo, pues
es precisamente de este de donde emana la situación que se considera lesiva.

Asumir una comprensión distinta de este aspecto comportaría el desconocimiento
del principio de congruencia y del derecho de contradicción de la parte demandada.
En virtud del primero, en su dimensión interna, la providencia judicial debe guardar
correspondencia con los hechos, las pretensiones y los fundamentos expuestos en
la demanda, así como con el marco de la controversia fijado por las partes 49. En

49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 18380. “Este

marco normativo describe el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos acepciones: como
armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo (congruencia interna), y como conformidad entre
la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación (congruencia externa). El

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virtud del segundo, se garantiza a la parte accionada la posibilidad de ejercer
plenamente su derecho de defensa frente a los cargos efectivamente formulados en
el libelo introductorio, sin que resulte admisible sorprenderla con variaciones de la
causa petendi, que no pudo controvertir en las oportunidades procesales previstas
para ello50.

Con todo, conviene resaltar que los Planes de Ordenamiento Territorial son actos
administrativos de contenido general o mixto, susceptibles de control ante esta
jurisdicción, y “el carácter mixto de este tipo de actos permite que sean impugnables
por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del
derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso”51.

4.4. De ello se sigue, entonces, que el medio de control idóneo para controvertir la
legalidad del acto administrativo referido y conseguir una indemnización de
perjuicios por los daños causados con su expedición no es el de reparación directa,
pues la controversia no se origina en un hecho, omisión, una operación
administrativa ni en la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, sino en una
determinación administrativa desfavorable para la sociedad demandante y cuya
legalidad se reprocha.

A partir de ese entendimiento, la Sala concluye que en el caso bajo examen el medio
de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que
la parte demandante persigue la remoción de disposiciones contenidas en el
Acuerdo 035 de 2016, por considerarlas contrarias al ordenamiento jurídico, y, por
esa vía, conseguir el restablecimiento de la situación jurídica particular que estima
vulnerada.

Atendiendo a lo expuesto, el asunto debe ser adecuado al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto ese es el cauce procesal idóneo
para ventilar la controversia planteada. No está de más precisar que la decisión del
tribunal de declarar probada la excepción de indebida escogencia del medio de

principio así concebido persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión
judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido
proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la contestación, si
la posición procesal es la del demandante. Igualmente, trae consigo los conceptos de fallo ultra y
extrapetita, como decisiones que van más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas
adicionales a las solicitadas en la demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo que
no se solicitó (sentencia extrapetita).”
50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 30 de marzo de 2006, Rad.: 31.789.

“Adviértase que tal y como lo describe el tratadista Hernán Fabio López, el recurso de apelación es
aquél que permite al ad quem, directo superior jerárquico del juez de primera instancia, a quo, decidir
la manifestación de inconformidad presentada por una de las partes contra una providencia judicial.
No puede entenderse éste como un mecanismo para reformar la demanda o cambiar su causa
petendi”. “Como quiera que mediante el recurso de apelación no es posible hacer estas
modificaciones, aun cuando estas sean sucintas, la Sala se abstendrá de hacer algún
pronunciamiento frente a los argumentos nuevos que se expusieron en el recurso de apelación …”.
51 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016, Rad.: 05001-23-31-000-

2003-00103-01. Sobre el tema señaló que: “[…] También se ha indicado que el carácter mixto de
este tipo de actos permite que sean impugnables por medio de las acciones de nulidad simple o de
nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso. Así, si lo
que se busca es la desaparición de aquella parte que afecta de manera directa y específica el
inmueble de propiedad del demandante o la indemnización de perjuicios la acción procedente será
la de nulidad y restablecimiento del derecho; en tanto que si lo perseguido es la desaparición de los
efectos jurídicos del acto sin ninguna referencia a un interés subjetivo entonces la procedente es la
acción de simple nulidad.”.
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control es inadecuada, pues desconoce el tenor literal del artículo 17152 del CPACA
que impone al Juez darle el trámite que corresponda a la demanda, aunque el
accionante haya indicado una vía procesal que no sea la propia53.

5. Estudio de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho

5.1. En punto al término de caducidad para formular la demanda, la Sala precisa
que no es procedente estudiar los cargos esbozados en el recurso de apelación en
los estrictos términos planteados por el extremo activo, pues ellos se dirigen a
controvertir la contabilización del plazo de caducidad del medio de control de
reparación directa y, como se explicó, dicho medio no era la idónea para reclamar
la reparación de los perjuicios alegados en la demanda. En línea con el análisis que
antecede, adecuado el medio de control ejercido al de nulidad y restablecimiento
del derecho, procedente en el presente asunto, corresponde analizar si dicho medio
de control se ejerció en tiempo.

La caducidad es una institución jurídica que se funda en normas de orden público,
sobre la base del cumplimiento de plazos perentorios, improrrogables e
irrenunciables para ejercer los medios de control judicial. La caducidad, debe ser
entendida como un fenómeno procesal de doble naturaleza —límite y garantía—,
pues, se erige como instrumento que busca racionalizar el uso del aparato judicial,
optimizar la eficiencia procesal y ofrecer estabilidad al derecho, impidiendo la
discusión indefinida de relaciones jurídicas, a la vez que opera, también, como una
sanción ipso iure que, ante la inactividad procesal del interesado, extingue la
facultad de accionar en beneficio del demandado54.

5.2. Así pues, en cuanto a la oportunidad para ejercer el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, los artículos 13855 y 16456 del CPACA disponen que
debe ejercerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación,
comunicación o publicación del acto administrativo que se pretende controvertir.
Con todo, si existe un acto intermedio, de ejecución o de cumplimiento que

52 “Artículo 171. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que

le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]”.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.:

71184; Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 71949.
54 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto

de 2025, Rad. 71322; Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 67960; Subsección
C, sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad. 67661; y Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2025,
Rad. 69000.
55 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel”.
56 “Artículo 164. […] Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda

deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de
la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo
las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
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particularice sus efectos, se señala que dicho término se contabiliza a partir del día
siguiente a la notificación de ese acto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, al momento en que se dictó el
Acuerdo 035 del 11 de octubre de 201657, en lo que se refiere a los actos
administrativos de contenido general, el artículo 65 del CPACA, antes de la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, disponía que no serían
obligatorios mientras no hubieran sido publicados en el Diario Oficial o en las
gacetas territoriales, según el caso. A su turno, tratándose de acuerdos expedidos
por los concejos municipales, el artículo 27 de la Ley 136 de 199458, modificado por
el artículo 17 de la Ley 1551 de 201259, determinó que “Los Concejos deberán
publicar sus actos a través del medio que consideren oportuno, siempre y cuando
ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad”.

Pues bien, en lo que toca con el Acuerdo 035 de 2016, mediante el cual el Concejo
Municipal de Pereira, “adopta[ó] la revisión de largo plazo del Plan de Ordenamiento
Territorial POT del municipio de Pereira”, la Sala advierte que en el expediente no
obra prueba alguna que permita establecer con certeza la fecha de su publicación,
ni que acredite su adecuada divulgación o notificación, así como tampoco prueba
que dé cuenta de la fecha en que la accionante conoció o debió conocer su
expedición. Además, no obra un acto administrativo intermedio o de ejecución que
desarrolle, concrete o particularice los efectos de esa determinación respecto de la
situación jurídica de la demandante, por lo que no hay lugar a aplicar la regla
prevista para esos eventos en materia de caducidad.

No obstante, se encuentra acreditado que la sociedad demandante conoció de su
contenido, a más tardar, el 21 de junio de 2017, cuando le fue notificada el Acta de
Observaciones No. 000234 expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira
(hecho probado 3.13.). En efecto, en ese documento se dejó consignado, de manera
expresa, que según el Plano No. 34 del Acuerdo 035 de 2016, una franja de un
predio de su propiedad se hallaba ubicada dentro de una zona clasificada como de
“riesgo alto no mitigable”, circunstancia que impedía concederle la licencia de
construcción en los términos pretendidos. De hecho, la propia demanda reconoce
que: “estando en el trámite de la licencia ante la Curaduría Segunda de Pereira, el
21 de junio de 2017 se notifica a Guía Construcciones S.A.S. el Acta de
Observaciones No. 000234, en la cual en su numeral 7 impone una causal u
observación imposible de subsanar, determinada como: Según el Plano No. 34
Zonas de riesgo Urbano del Acuerdo 35 de 2016 su predio tiene una porción
clasificada como Riesgo Alto No Mitigable”, manifestación que se traduce en una

57 Sancionado el 21 de diciembre de 2016.
58 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios”.
59 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios”.
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confesión de su parte, puesto que fue realizada en los términos previstos en los
artículos 19160 y 19361 del CGP, de manera libre, consciente y voluntaria.

En este punto, vale la pena aclarar que no es de recibo el planteamiento de la parte
actora, según el cual el término de caducidad debía contarse a partir del
conocimiento del oficio No. 61888 del 11 de diciembre de 2018, por estimar que solo
desde entonces conoció del daño. En efecto, una vez establecido que el medio de
control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, el cómputo de
la caducidad no depende del momento a partir del cual el interesado afirme haber
advertido la magnitud o consolidación del perjuicio, sino de la notificación,
comunicación, publicación o, en su caso, del conocimiento cierto del acto
administrativo cuya legalidad se controvierte, a voces del artículo 138 del CPACA.

Así las cosas, tal como ha quedado expuesto, en el asunto sub examine ese
conocimiento se acreditó, a más tardar, el 21 de junio de 2017, con la notificación
del Acta de Observaciones No. 000234 (hecho probado 3.13.), en la que se informó
expresamente a la demandante que, conforme al Acuerdo 035 de 2016, una franja
de su predio estaba comprendida en una “zona de riesgo alto no mitigable”,
circunstancia que impedía el otorgamiento de la licencia pretendida. Por ello, el
oficio No. 61888 del 11 de diciembre de 2018 no tiene la virtualidad de desplazar el
término de la caducidad, pues para ese momento la actora ya conocía el acto y la
incidencia concreta que este proyectaba sobre su situación jurídica.

5.3. En esas condiciones, para el conteo de la caducidad, la Sala tomará como punto
de partida el 21 de junio de 2017, pues corresponde a la fecha que, según las
pruebas de este caso, permite determinar el conocimiento que la actora tuvo de la
determinación administrativa que reputa haberle sido lesiva. Por consiguiente, el
término de caducidad de cuatro (4) meses empezó a correr el 22 de junio siguiente
y venció el 2362 de octubre de 2017. Y aunque la solicitud de conciliación
extrajudicial se radicó el 10 de diciembre de 2020, se advierte que para entonces el
medio de control ya se encontraba caducado por haberse presentado por fuera del
término permitido en la ley.

5.4. Así las cosas, comoquiera que el medio de control procedente era el de nulidad
y restablecimiento del derecho, y este no fue ejercido dentro del término legal, se
impone concluir que en el sub examine operó el fenómeno preclusivo de la
caducidad.
60 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga

capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan
a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio
de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre hechos personales del
confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente
probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. La simple declaración de parte se valorará por el
juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.
61 “Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando

para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia
del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
62 El anterior término se extendió 1 día, teniendo en cuenta que el 22 de octubre de 2017 fue feriado.

Ley 4 de 1913 “Articulo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses
y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá
el plazo hasta el primer día hábil”.

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En consecuencia, fuerza es, en la parte resolutiva, modificar la sentencia anticipada
del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
declaró probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de control y
de caducidad, en el sentido de declarar exclusivamente probada la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al que
debió adecuarse la demanda.

6. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia anticipada del 16 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, la Sala concluyó que el daño alegado se
fundamentó en la presunta ilegalidad del Acuerdo 035 de 2016, por medio del cual
se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira. Por ello, la
demanda se adecuó al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
No obstante, al constatar que dicho medio de control no fue ejercido en tiempo, se
evidenció que la demanda se presentó de forma extemporánea.

7. Costas

El numeral 1° del artículo 365 del CGP63 dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación64. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.

En lo atinente a las agencias en derecho, en virtud del numeral 4 del artículo 366
del CGP65, se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub-
lite, el municipio de Pereira no realizó gestiones de manera activa en esta instancia.
En consecuencia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del
extremo activo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

63 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
64 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
65 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
22

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00033-01 (68828)
Demandante: Guía Construcciones S.A.S.

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada del 16 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declararon
probadas las excepciones de indebida escogencia del medio de control y de
caducidad, en el sentido de declarar probada exclusivamente la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en
los artículos 366 y 365 numeral 8 del Código General del Proceso. No hay lugar al
pago de agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

JEAJ

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