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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00064-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00064-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228 -2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandada: Municipio de Apía

Tema: relación laboral encubierta – Administrador del SISBÉN. Subtema I:
elementos de una relación laboral. Subtema II: el objeto contractual y las
obligaciones pactadas pueden constituir hechos indicadores suficientemente
relevantes para inferir la subordinación, especialmente cuando revelan inserción en
la estructura organizacional, ejercicio de funciones de dirección o supervisión,
sometimiento a una cadena funcional y pérdida material de autonomía

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 25 de agosto de 2022, que
negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Héctor Augusto Cardona González promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Apía, con el propósito de
obtener la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado frente a la
reclamación presentada el 13 de febrero de 2020 y, como consecuencia, que se
declarara la existencia de una relación laboral encubierta durante el período
comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 30 de diciembre de 2019. Sostuvo
que, aunque estuvo formalmente vinculado mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios para desempeñarse como administrador del SISBÉN, en
realidad desarrolló personalmente y de manera permanente las actividades propias
de dicho programa, a cambio de una remuneración y bajo la continuada
subordinación del municipio.

El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones porque, aunque
encontró demostradas la prestación personal del servicio y la remuneración, estimó
que las pruebas recaudadas no permitían acreditar la continuada subordinación o
dependencia, pues las circunstancias demostradas correspondían, a su juicio, a
mecanismos de coordinación propios de la contratación estatal.

La Sala revoca la sentencia apelada y accede parcialmente a las pretensiones. La
valoración conjunta de los contratos de prestación de servicios, las obligaciones
pactadas y la prueba testimonial permite establecer que el demandante no

1

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

desarrolló sus actividades con la autonomía propia de un contratista independiente.
Por el contrario, su inserción en la estructura organizacional del SISBÉN como
administrador del programa y supervisor de otros contratistas, el cumplimiento de
una jornada controlada por el secretario de Gobierno, la necesidad de obtener
autorización para ausentarse, la recepción de instrucciones y la continuidad
funcional de las labores constituyen un haz de indicios convergentes que acredita
el ejercicio de un poder de dirección y control por parte del municipio y, por
consiguiente, la existencia de una relación laboral encubierta.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El 9 de marzo de 2021, Héctor Augusto Cardona González, por conducto de
apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de
acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación
se exponen1.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la reclamación
presentada el 13 de febrero de 2020 y, a título de restablecimiento del derecho, que
se declarara la existencia de una relación laboral entre él y el municipio de Apía
durante el período comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 30 de diciembre
de 2019.

3. Como consecuencia de dicha declaración, pidió condenar a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas
durante el referido período, incluidas las primas de servicios y de navidad, las
cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones, liquidadas con fundamento
en los honorarios que percibió durante la ejecución de los contratos de prestación
de servicios.

4. Asimismo, solicitó el reconocimiento de las indemnizaciones y sanciones
derivadas del no pago oportuno de las prestaciones sociales y de las cesantías, la
devolución de los aportes al sistema de seguridad social que asumió en la
proporción correspondiente al empleador, la indexación de las sumas reconocidas,
la condena en costas y el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en
los artículos 189 a 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2.

2.1.2. Hechos

5. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:

6. Prestó sus servicios al municipio de Apía, en la Secretaría de Gobierno, Salud
y Educación, desempeñando las funciones de administrador del SISBÉN, mediante

1 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 15 Expediente Digital.
2 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 15 Expediente Digital.
2

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

sucesivos contratos de prestación de servicios celebrados entre el 15 de enero de
2012 y el 30 de diciembre de 2019. Afirmó que durante todo ese tiempo desarrolló
funciones permanentes de la entidad, bajo la continua dependencia

7. Ejecutó personalmente las actividades encomendadas, percibió una
remuneración mensual y cumplió una jornada de trabajo de martes a viernes, de
8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00
p.m., debiendo justificar sus ausencias y solicitar autorización para retirarse de la
oficina.

8. Asumió con recursos propios el pago de los aportes al sistema de seguridad
social y la entidad no le reconoció prestaciones sociales durante el tiempo de
vinculación.

9. El 13 de febrero de 2020 presentó reclamación administrativa en la que solicitó
el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias
correspondientes.

10. La administración no resolvió de fondo dicha petición, por lo que se configuró
un acto ficto negativo, frente al cual promovió solicitud de conciliación extrajudicial,
declarada fallida el 16 de septiembre de 2020 por falta de ánimo conciliatorio del
municipio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

11. La parte demandante señaló como vulnerados los artículos 13, 53 y 90 de la
Constitución Política; el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto
222 de 1983.

12. Sostuvo que el municipio demandado desnaturalizó la contratación por
prestación de servicios al utilizarla para atender necesidades permanentes de la
administración, pese a que, en su criterio, durante toda la vinculación estuvieron
acreditados los elementos propios de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación.

13. En consecuencia, afirmó que el acto ficto demandado desconoció el principio
de primacía de la realidad sobre las formas y los derechos laborales derivados de
la relación de trabajo3.

2.1. Contestación de la demanda

14. El municipio de Apía se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En primer
lugar, sostuvo que el demandante estuvo vinculado mediante contratos de
prestación de servicios, cuya ejecución se desarrolló con autonomía e
independencia, por lo que negó que hubiera existido una relación laboral o que se
configuraran los elementos propios de esta. En particular, afirmó que el actor no
demostró haber iniciado labores antes del 10 de abril de 2012, ni acreditó el
cumplimiento de un horario, la recepción de órdenes directas por parte del secretario
de Gobierno o el pago de una remuneración de naturaleza salarial. Asimismo, indicó
que los contratos no incluían cláusulas relacionadas con jornada de trabajo o

3 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 15, “CONTESTACIONAPIA”.
3

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Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

subordinación y que, por ello, no había lugar al reconocimiento de prestaciones
sociales.

15. Finalmente, propuso como excepciones las denominadas falta de legitimación
en la causa por pasiva, cobro de lo no debido e inexistencia del negocio jurídico,
con fundamento en que el municipio no estaba obligado a reconocer las
prestaciones reclamadas, toda vez que la vinculación del demandante se desarrolló
exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios válidamente
celebrados y ejecutados4.

2.2. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 25 de agosto
de 2022, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

17. Como fundamento de la decisión el tribunal concluyó que se encontraban
acreditados los elementos de la prestación personal del servicio y la remuneración,
en tanto el actor ejecutó personalmente las actividades contratadas como
administrador del SISBÉN y percibió la contraprestación económica pactada en los
respectivos contratos de prestación de servicios. Sin embargo, estimó que no se
demostró la continuada subordinación o dependencia exigida para desvirtuar la
naturaleza de la vinculación, pues no obraban pruebas que evidenciaran la
imposición de órdenes, instrucciones o directrices sobre el modo, tiempo y lugar de
ejecución de las labores, más allá de los mecanismos de coordinación propios de la
supervisión contractual.

18. En cuanto a la prueba testimonial, consideró que las declaraciones practicadas
no eran suficientes para acreditar el ejercicio de un poder subordinante por parte de
la administración, dado que las declaraciones no encontraban respaldo en otros
medios de convicción y, por sí solas, no permitían desvirtuar la autonomía propia de
los contratos de prestación de servicios. En consecuencia, concluyó que no se
configuró una relación laboral encubierta y, por ello, negó las pretensiones de la
demanda5.

2.3. Recurso de apelación

19. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y solicitó revocarla integralmente para, en su lugar, acceder a la
totalidad de sus pretensiones y reconocer la existencia de la relación laboral
encubierta entre el 15 de enero de 2012 y el 30 de diciembre de 2019, con
fundamento en los honorarios establecidos en los contratos de prestación de
servicios.

20. Como sustento de su inconformidad, formuló, en esencia, los siguientes
reparos:

21. Sostuvo que el tribunal realizó una indebida valoración del acervo probatorio
al concluir que no se acreditó el elemento de la subordinación, pese a que los
testimonios practicados daban cuenta de que el actor cumplía un horario de trabajo,

4 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 06 Expediente Digital.
5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 28, “SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA”.
4

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Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

recibía órdenes del secretario de Gobierno, Salud y Educación, debía solicitar
autorización para ausentarse de la oficina y estaba sujeto al control de dicho
funcionario.

22. Afirmó que la sentencia de primera instancia desestimó injustificadamente la
prueba testimonial al exigir evidencia documental para demostrar la subordinación,
con lo que desconoció que este elemento puede acreditarse mediante cualquiera
de los medios de prueba legalmente admisibles y que, por la propia dinámica de la
contratación estatal, las órdenes impartidas a los contratistas suelen darse de
manera verbal.

23. Finalmente, cuestionó la decisión del tribunal de prescindir de la práctica de
los testimonios de Adolfo Alberto Muñoz Puerta y Gloria Inés López Ríos, pues, a
su juicio, dichas declaraciones resultaban relevantes para demostrar las
condiciones en que prestó sus servicios y las circunstancias que evidenciaban la
existencia de una relación laboral encubierta con el municipio de Apía. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y acceder a las pretensiones de
la demanda6.

2.4. Ministerio Público

24. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

27. ¿Se encuentra acreditado que entre el demandante y el municipio de Apía
existió una relación laboral encubierta durante el periodo comprendido entre el 15
de enero de 2012 y el 30 de diciembre de 2019?

28. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y subordinación; (3)
la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; y (4)
naturaleza de las funciones desempeñadas por el demandante y su
correspondencia con las labores permanentes de la entidad.

6 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 32, “RECURSOAPELACIONDEMANDANTE”.
5

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

29. La jurisprudencia unificada de esta corporación7 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

30. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

31. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

32. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»8.

33. Ahora bien, dicha sentencia de unificación expuso los criterios para identificar
la existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

34. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
8 Ibídem.

6

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

35. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»9.

36. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»10.

37. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

«Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».

(iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.

En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia».

38. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos

9 Ibídem.
10 Ibídem.

7

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Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

39. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención
a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

40. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

41. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

«(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala consideró
que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30 días hábiles,
no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite mantener la
unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral encubierta:
La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en casos de
relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que más
protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa–administrativa.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación
laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

42. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»11.

43. Asimismo, esta corporación consideró, en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202112, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»13.

44. En cuanto a la subordinación, la referida sentencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

45. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para
establecer la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento
de horarios rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4)
similitud entre funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que
incluso en profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se
pierde la autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor
ilustración se traen a colación los apartes pertinentes de la sentencia de unificación:

«a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de

11 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039.
9

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos,
o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control
efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación.
En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte
de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de
tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

46. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

47. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»15, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
14 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
15 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, 2017, pág. 45.

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Demandado: Municipio de Apía

judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

48. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 202116, identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

49. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»17, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»18.

50. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).

51. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

52. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

53. La Sala considera pertinente precisar que los anteriores criterios
jurisprudenciales armonizan con la Recomendación núm. 198 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)19, sobre la relación de trabajo, la cual, si bien no
constituye un instrumento internacional vinculante, sí representa un importante
parámetro interpretativo en materia de protección del trabajo y de identificación de
las relaciones laborales encubiertas. En particular, dicha recomendación exhorta a
los Estados y a sus autoridades judiciales a privilegiar la realidad de la prestación
del servicio sobre las formas jurídicas adoptadas por las partes y a acudir a los
hechos que rodean la ejecución de la actividad para determinar la verdadera
naturaleza del vínculo, cuando exista incertidumbre sobre su calificación.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
17 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, 2017, págs. 415 a 416.
18 Ibídem.
19 Adoptada en la 95 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2006).

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54. En ese sentido, la Recomendación destaca que la existencia de una relación
de trabajo debe establecerse a partir de los hechos relativos a la ejecución efectiva
de la labor y a la remuneración del trabajador, con independencia de la
denominación otorgada por las partes al vínculo jurídico. Asimismo, propone valorar
de manera conjunta los distintos indicios que puedan revelar el ejercicio del poder
de dirección, la integración del prestador dentro de la organización del beneficiario
del servicio y las demás circunstancias relevantes del caso concreto, sin conferir
carácter decisivo a un único elemento aislado20.

55. Los indicios mencionados por la OIT son los siguientes:

«(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control
de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la
organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio
de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de
un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el
trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la
disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales
y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que
se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración
constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye
pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se
reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que
la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador
para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el
trabajador».

56. En ese contexto, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT constituye un
referente jurídico relevante para el análisis de las relaciones laborales encubiertas,
particularmente a partir de la valoración indiciaria de las condiciones en que
materialmente se ejecuta el servicio. En consonancia con ese instrumento, la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado la
denominada técnica del «haz de indicios», conforme a la cual la subordinación
puede establecerse mediante la valoración conjunta y ponderada de diversos datos
fácticos que revelen el ejercicio de facultades de organización, dirección y control,
tales como la supervisión, la disponibilidad, el cumplimiento de horarios, la
continuidad del servicio, el lugar de trabajo, el suministro de herramientas y la
integración del trabajador en la estructura organizacional, entre otros; metodología
cuya relevancia para identificar relaciones laborales encubiertas fue destacada por
la Corte Constitucional en la Sentencia T-132 de 2025.

57. Tales orientaciones resultan plenamente compatibles con la jurisprudencia de
unificación de esta corporación, según la cual la determinación de la existencia de
una relación laboral encubierta exige un examen integral del material probatorio,
bajo las reglas de la sana crítica, orientado a establecer si, pese a la apariencia
formal de un contrato de prestación de servicios, en la realidad concurrieron los
elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
particularmente la subordinación continuada.

20 En la sentencia T-171 de 2024, la Corte estableció que la subordinación es la dependencia que permite al

empleador impartir órdenes sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo. Inmediatamente reconoce la dificultad
probatoria de ese elemento y, por ello, admite libertad probatoria y prueba indiciaria, y recogió la
Recomendación 198 de la OIT, conforme con la cual la configuración de uno o más de los indicadores allí
previstos puede permitir presumir la existencia de una relación laboral. La suficiencia del indicio depende,
entonces, de su capacidad inferencial en las circunstancias concretas del caso y de la valoración conjunta del
material probatorio.
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58. En esa perspectiva, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT ofrece un criterio
interpretativo que contribuye a hacer efectivo, en cada caso concreto, el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el
artículo 53 de la Constitución Política. En efecto, dicho instrumento parte de
reconocer que existe una relación de trabajo encubierta cuando se atribuye al
trabajador una condición jurídica distinta de la que corresponde a la realidad en que
presta sus servicios, de manera que el ropaje contractual empleado oculta la
verdadera naturaleza del vínculo y puede privarlo de la protección laboral a la que
tendría derecho. De ahí que la labor del juez no pueda agotarse en la denominación
o forma jurídica escogida por las partes, sino que deba dirigirse a establecer, a partir
de las circunstancias materiales acreditadas, si bajo esa apariencia contractual
subyace una auténtica relación de trabajo.

59. En consecuencia, la Sala tendrá en cuenta dichos criterios interpretativos
como referente complementario para valorar las pruebas obrantes en el expediente
y resolver la controversia planteada.

3.3. Hechos probados

60. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

61. Héctor Augusto Cardona González y el municipio de Apía suscribieron
sucesivamente los contratos de prestación de servicios que se relacionan a
continuación:

Contrato de
Interrupción
prestación de Objeto Desde Hasta
(días hábiles)
servicios
El contratista se compromete con el Municipio a
desarrollar actividades de la oferta como
088 10/04/2012 25/12/2012 0
administrador del SIBEN del municipio de Apia
Risaralda.
El contratista se compromete con el Municipio a
desarrollar actividades de la oferta como
017 09/01/2013 31/12/2013 8
administrador del SIBEN del municipio de Apia
Risaralda.
Desarrollar actividades de la oferta como
029 Administrador del SISBEN del municipio de Apia 15/01/2014 31/12/2014 8
Risaralda y supervisor de contratos
Desarrollar actividades de la oferta como
004 Administrador del SISBEN del municipio de Apia 02/01/2015 31/12/2015 0
Risaralda y supervisor de contratos
Desarrollar actividades de la oferta como
012 Administrador del SISBEN del municipio de Apia 16/01/2016 31/12/2016 1
Risaralda y supervisor de contratos.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la secretaria de gobierno, salud y educación para
05 realzar actividades de administración y 03/01/2017 18/06/2017 1
seguimiento dentro del programa de planeación
nacional SISBEN
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la secretaría de gobierno, salud y educación para
109 realizar actividades de administración y 01/07/2017 30/12/2017 8
seguimiento dentro del programa de planeación
nacional
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la secretaría de gobierno, salud y educación para
005 realizar actividades de administración y 03/01/2018 30/06/2018 1
seguimiento dentro del programa de planeación
nacional SISBEN
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la secretaría de gobierno, salud y educación para
113 realizar actividades de administración y 17/07/2018 31/12/2018 10
seguimiento dentro del programa de planeación
nacional SISBEN

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Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la secretaría de gobierno, salud y educación para
000012 realizar actividades de administración y 16/01/2019 30/06/2019 9
seguimiento dentro del programa de planeación
nacional SISBEN
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la secretaría de gobierno, salud y educación para
000115 realizar actividades de administración y 04/07/2019 31/12/2019 2
seguimiento dentro del programa de planeación
nacional SISBEN.
Fuente: elaboración de la Sala, a partir de Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 15 Expediente Digital.

62. De los contratos también se desprende que las actividades asignadas al
demandante comprendían, entre otras, administrar, operar y actualizar el SISBÉN;
cumplir los procedimientos establecidos por el Comité Técnico del programa; remitir
a los coordinadores departamentales y a Planeación Nacional los informes
requeridos en las fechas establecidas; mantener informada a la ciudadanía;
procesar las fichas diligenciadas por los encuestadores; verificar la información
consignada en ellas; desarrollar actividades de seguimiento y control del programa;
y atender a la comunidad interesada en obtener información del SISBÉN.

63. Asimismo, dentro de las obligaciones pactadas se encontraban participar en
las jornadas de capacitación programadas por Planeación Nacional y
Departamental; asistir a las actividades relacionadas con el SISBÉN convocadas
por el ejecutivo municipal, su delegado o el secretario de Gobierno; velar por el buen
estado de la oficina y de su archivo; programar las actividades del personal
vinculado a la oficina del SISBÉN y verificar el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas al personal; así como ejercer funciones de supervisor
respecto de los contratistas que coadyuvaban en la ejecución del programa.

• Testimonio del señor Julio César Corrales.

64. Julio César Corrales manifestó que laboró junto con el demandante entre los
años 2013 y 2016 en la oficina del SISBÉN del municipio de Apía, donde este último
se desempeñaba como administrador. Indicó que las funciones del actor consistían
en supervisar la atención al público, verificar los reportajes realizados por los
encuestadores, rendir informes mensuales a sus superiores y a la entidad
competente en Bogotá, además de efectuar labores de encuesta cuando era
necesario. Señaló que el secretario de Gobierno, Orlando Zapata, impartía
instrucciones relacionadas con el desarrollo de sus actividades y era el funcionario
competente para autorizar los permisos cuando el demandante requería ausentarse
de la oficina, aunque precisó que estos nunca le fueron negados. Agregó que el
actor cumplía una jornada de trabajo de martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y que, durante
sus ausencias, no era designado un reemplazo específico, pues los encuestadores
permanecían en la oficina cuando no se encontraban realizando trabajo de campo21.

• Testimonio de la señora Luz Mirian Naranjo Loaiza

65. Luz Mirian Naranjo Loaiza manifestó que se desempeñó como encuestadora
del SISBÉN del municipio de Apía entre enero de 2012 y mayo de 2014, período
durante el cual el demandante ejerció como administrador del programa. Indicó que
Cardona González se encontraba de manera permanente en la oficina atendiendo

21 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Risaralda, radicación
66001233300020210006400, Índice 15, “CONTESTACIONAPIA”.
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a los usuarios, digitando las fichas elaboradas por los encuestadores y coordinando
las labores que estos últimos desarrollaban, para lo cual les indicaba los sectores y
veredas donde debían realizar las encuestas. Agregó que el actor cumplía un
horario de martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 6:00
p.m., o incluso hasta las 7:00 u 8:00 p.m., según las necesidades del servicio, y los
sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Señaló, además, que el secretario de Gobierno,
Orlando Zapata, verificaba el cumplimiento de dicho horario y autorizaba los
permisos cuando era necesario ausentarse de la oficina. Finalmente, precisó que,
después de mayo de 2014, ella dejó de laborar en el SISBÉN y únicamente acudía
ocasionalmente a esas dependencias para realizar diligencias personales o solicitar
la expedición de fichas para sus familiares22.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

66. En el asunto bajo estudio, el señor Héctor Augusto Cardona
González pretende que se declare la existencia de una relación laboral encubierta
con el Municipio de Apía durante el período comprendido entre el 15 de enero de
2012 y el 30 de diciembre de 2019, con fundamento en que, pese a haber estado
vinculado mediante sucesivos contratos de prestación de servicios para
desempeñarse como administrador del SISBÉN, en realidad ejecutó sus labores
bajo las condiciones propias de un vínculo laboral.

67. Por su parte, el municipio de Apía sostiene que la vinculación del demandante
se desarrolló con fundamento en contratos de prestación de servicios celebrados
conforme a la ley, los cuales fueron ejecutados con autonomía e independencia,
razón por la cual niega que se hubieran configurado los elementos constitutivos de
una relación laboral y, en consecuencia, que exista obligación de reconocer las
prestaciones sociales reclamadas.

68. En ese contexto, corresponde a la Sala establecer si las pruebas obrantes en
el expediente desvirtúan la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes y permiten concluir que, durante su ejecución,
concurrían los elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, aplicable por remisión jurisprudencial, particularmente el de la continuada
subordinación o dependencia, pues los elementos relativos a la prestación personal
del servicio y la remuneración no fueron objeto de controversia, no obstante,
también será estudiado en esta instancia.

3.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta

69. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

22 Ibidem.

15

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3.4.1.1. Prestación personal del servicio

70. En cuanto a la prestación personal del servicio, la Sala encuentra acreditado
este elemento de la relación laboral. En efecto, las pruebas documentales obrantes
en el expediente permiten establecer que el señor Héctor Augusto Cardona
González suscribió de manera sucesiva contratos de prestación de servicios con el
municipio de Apía para desempeñarse como administrador del SISBÉN, actividades
que ejecutó directamente durante la vigencia de cada uno de los vínculos
contractuales.

71. Asimismo, los testimonios recaudados durante el proceso coinciden en señalar
que el demandante desarrollaba personalmente las labores relacionadas con la
administración del SISBÉN, entre ellas la atención al público, la coordinación de las
actividades de los encuestadores, la revisión y digitación de las fichas de
caracterización y la elaboración de los informes derivados de dicha gestión, sin que
exista prueba de que tales funciones hubieran sido delegadas en un tercero o
ejecutadas por persona distinta al contratista. En esas condiciones, la Sala concluye
que se encuentra plenamente acreditada la prestación personal del servicio.

3.4.1.2. Remuneración

72. En relación con la remuneración, la Sala observa que este elemento también
se encuentra acreditado. En efecto, de los contratos de prestación de servicios y de
los demás documentos que integran el expediente se desprende que el municipio
de Apía se obligó a pagar al demandante unos honorarios como contraprestación
por las actividades desarrolladas en calidad de administrador del SISBÉN, los
cuales fueron percibidos durante la ejecución de los respectivos vínculos
contractuales.

73. Si bien la contraprestación económica fue pactada bajo la denominación de
honorarios, ello no impide tener por satisfecho el elemento de la remuneración,
pues, de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formas,
lo relevante es la existencia de una retribución económica periódica como
contraprestación por el servicio prestado y no la denominación que las partes le
hayan atribuido en el contrato.

74. En consecuencia, al encontrarse acreditados tanto la prestación personal del
servicio como la remuneración, corresponde a la Sala determinar si durante la
ejecución de los contratos existió la continuada subordinación o dependencia
alegada por el demandante, elemento que resulta determinante para establecer si
la contratación por prestación de servicios desnaturalizó su finalidad y encubrió una
verdadera relación laboral.

3.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

75. Sobre el particular, conviene reiterar que la subordinación constituye el
elemento determinante para diferenciar una relación laboral de un contrato de
prestación de servicios. Esta se configura cuando quien recibe el servicio ejerce
facultades de dirección y control respecto de la actividad personal del prestador,
mediante la imposición de condiciones relativas al modo, tiempo o lugar de
ejecución de las labores, el señalamiento de órdenes de obligatorio cumplimiento o
cualquier otra manifestación que permita establecer que aquel se encuentra
integrado al círculo rector y organizativo de la entidad.
16

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00064-01 (6228-2022)
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76. Por su parte, la coordinación propia de los contratos estatales de prestación
de servicios admite que la entidad imparta determinadas orientaciones, solicite
informes, establezca mecanismos de seguimiento e, incluso, acuerde condiciones
temporales o espaciales necesarias para la adecuada ejecución del objeto
contractual. Sin embargo, tales instrumentos dejan de responder a una relación de
coordinación cuando, apreciados en conjunto, evidencian que el contratista carece
materialmente de autonomía para organizar la prestación y queda sometido al poder
de dirección de la administración.

77. En esa perspectiva, la Sala no examinará de manera aislada cada una de las
circunstancias acreditadas en el expediente, sino que, conforme con los artículos
176 y 242 del Código General del Proceso y los criterios expuestos en el marco
jurídico precedente, valorará su relevancia, concordancia y convergencia para
establecer si el señor Héctor Augusto Cardona González se encontraba realmente
integrado a la organización del municipio de Apía y sujeto a su poder de dirección.

78. Para tal efecto, adquiere especial relevancia, en primer término, la naturaleza
de las actividades que fueron atribuidas contractualmente al demandante y la
posición funcional que este ocupaba dentro del programa SISBÉN. Como quedó
acreditado, los contratos celebrados entre las partes no se limitaron a encomendarle
actividades determinadas y autónomas de apoyo, sino que le asignaron de manera
reiterada la condición de administrador del SISBÉN municipal y, durante varios
períodos, expresamente la de supervisor de contratos.

79. Es importante señalar, que el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales) es el instrumento técnico y legal de
focalización individual del gasto público social de aplicación obligatoria, regulado
principalmente por el artículo 94 de la Ley 715 de 2001 y compilado en el Decreto
1082 de 2015. Jurídicamente, no constituye un subsidio, un programa social
independiente ni un régimen de salud, sino una base de datos estandarizada y
administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que ordena a la
población según sus condiciones socioeconómicas para garantizar el cumplimiento
de los mandatos de equidad y prioridad del gasto social contenidos en los artículos
350 y 366 de la Constitución Política. Bajo el marco operativo vigente dictado por
el Decreto 441 de 2017 y la Resolución DNP 0553 de 2021 (que implementa la
metodología Sisbén IV), el sistema funciona como una herramienta de obligatoria
consulta para las entidades del Estado. Normativamente, el Sisbén impone
responsabilidades compartidas: el DNP diseña la metodología y el software, las
alcaldías municipales ejecutan la recolección de los datos en territorio, y los
ciudadanos tienen el deber legal de suministrar información veraz, quedando el
sistema facultado para realizar cruces de bases de datos administrativas con el fin
de mitigar el fraude y asegurar que los recursos públicos se asignen exclusivamente
a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

80. Por otra parte, las obligaciones pactadas permiten precisar el alcance de esa
función. El actor debía administrar, operar y actualizar el SISBÉN; procesar y
verificar la información contenida en las fichas diligenciadas por los encuestadores;
atender a la comunidad; rendir los informes requeridos por las autoridades
competentes; participar en las actividades relacionadas con el programa; procurar
el adecuado funcionamiento de la oficina y la conservación de su archivo; programar
las actividades del personal vinculado a aquella y verificar el cumplimiento de sus

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responsabilidades, así como ejercer la supervisión de los contratistas que
coadyuvaban en la ejecución del SISBÉN.

81. Estas circunstancias revelan que el demandante no se encontraba situado en
una posición externa o meramente accesoria respecto del funcionamiento del
programa. Por el contrario, ejercía materialmente funciones de administración,
coordinación y supervisión dentro de su estructura funcional. En efecto, no solo
tenía a su cargo el desarrollo de actividades sustanciales para la operación cotidiana
del SISBÉN, sino que debía organizar el trabajo de otras personas vinculadas a la
oficina y controlar el cumplimiento de sus responsabilidades.

82. Lo anterior resulta relevante para determinar su inserción dentro del círculo
organizativo de la entidad. El actor ocupaba una posición intermedia dentro de la
cadena funcional del programa: de una parte, respondía ante la Secretaría de
Gobierno, Salud y Educación y, de otra, coordinaba las actividades de los
encuestadores y ejercía funciones de supervisión respecto de otros contratistas. De
esta manera, las labores que desarrollaba no se agotaban en el cumplimiento
independiente de un producto contractual, sino que estaban directamente
vinculadas con la organización y funcionamiento cotidiano de la dependencia.

83. En ese sentido, la Sala aprovecha que el caso concreto lo permite, para
señalar que el objeto contractual y las obligaciones pactadas pueden constituir
indicios relevantes de subordinación cuando, por su contenido y alcance, admiten
establecer que el contratista no fue vinculado únicamente para ejecutar de manera
autónoma una actividad o producto determinado, sino que fue incorporado
funcionalmente a la organización de la entidad, con responsabilidades permanentes
de administración, dirección, coordinación, supervisión o control sobre su
funcionamiento o sobre la actividad de terceros. En tales eventos, esas
estipulaciones deben valorarse no como prueba tarifada de subordinación, sino,
conjuntamente con las demás circunstancias acreditadas durante la ejecución del
vínculo para determinar si, en la realidad, el contratista conservó la autonomía
propia de la prestación de servicios o quedó inserto en el círculo rector y
organizativo de la administración.

84. En el caso concreto, la prueba testimonial resulta concordante con esta
realidad documental. Julio César Corrales, quien laboró junto con el demandante
entre 2013 y 2016, señaló que aquel se desempeñaba como administrador del
SISBÉN, supervisaba la atención al público, verificaba las encuestas realizadas por
los encuestadores y rendía informes mensuales a sus superiores y a la entidad
competente del orden nacional. Además, manifestó que el secretario de Gobierno,
Orlando Zapata, impartía instrucciones relacionadas con el desarrollo de sus
funciones y autorizaba los permisos cuando el actor requería ausentarse de la
oficina.

85. El mismo testigo indicó que el demandante cumplía una jornada de martes a
viernes entre las 8:00 a.m. y las 12:30 p.m. y entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., así
como los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Si bien precisó que los permisos
solicitados nunca le fueron negados y que durante las ausencias del actor no se
designaba un reemplazo específico, tales circunstancias no desvirtúan que la
posibilidad de ausentarse estuviera sometida a la autorización previa de un
funcionario municipal.

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Demandante: Héctor Augusto Cardona González
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86. Por su parte, Luz Mirian Naranjo Loaiza, quien se desempeñó como
encuestadora entre enero de 2012 y mayo de 2014, coincidió en señalar que el
demandante ejercía como administrador del programa, permanecía en la oficina
atendiendo a los usuarios, digitaba las fichas elaboradas por los encuestadores y
coordinaba las labores de estos, indicándoles los sectores y veredas en los cuales
debían realizar las encuestas.

87. La testigo también describió sustancialmente la misma jornada señalada por
Julio César Corrales y agregó un elemento especialmente relevante: afirmó que el
secretario de Gobierno verificaba el cumplimiento del horario del demandante y
autorizaba los permisos cuando este necesitaba ausentarse de la oficina. En
consecuencia, la prueba testimonial no solo acredita la existencia de una jornada
determinada, sino también la presencia de un funcionario de la administración
encargado de controlar su observancia y autorizar las ausencias.

88. La Sala considera necesario precisar, en este punto, las razones por las cuales
se aparta de la valoración efectuada por el tribunal respecto de estas declaraciones.
La sentencia de primera instancia les restó capacidad demostrativa porque estimó
que no encontraban respaldo en otros medios de convicción y que, por sí solas, no
permitían establecer el ejercicio de un poder subordinante. Sin embargo, esa
apreciación fragmenta el acervo probatorio, pues examina la prueba testimonial de
manera aislada y condiciona, en la práctica, su eficacia a la existencia de prueba
documental específica sobre las manifestaciones del poder de dirección.

89. En primer lugar, las declaraciones de Julio César Corrales y Luz Mirian Naranjo
Loaiza presentan elementos relevantes de concordancia y complementariedad.
Ambos tuvieron conocimiento directo de las condiciones en que el demandante
desarrollaba sus actividades, pues compartieron con él la ejecución de labores
relacionadas con el SISBÉN durante períodos temporalmente coincidentes con su
vinculación. Sus relatos convergen en aspectos sustanciales: identificaron al actor
como administrador del programa, describieron las actividades que desarrollaba,
señalaron sustancialmente la misma jornada y dieron cuenta de la intervención del
secretario de Gobierno respecto de las condiciones en que aquel prestaba sus
servicios. Además, las precisiones particulares introducidas por cada testigo —entre
ellas, la autorización de las ausencias, la verificación del horario y las instrucciones
relacionadas con el desarrollo de las funciones— no resultan incompatibles entre
sí, sino complementarias respecto de una misma dinámica organizacional.

90. En segundo término, contrario a lo considerado por el Tribunal, las
declaraciones no se encuentran desprovistas de corroboración externa. Los
contratos acreditan objetivamente varios de los hechos sobre los cuales recayeron
los testimonios, pues atribuyeron al demandante, de manera reiterada, la
administración del SISBÉN y, durante determinados períodos, funciones
relacionadas con la programación y vigilancia de las actividades del personal y la
supervisión de otros contratistas. Existe así correspondencia entre la posición
funcional que revelan los documentos y aquella que describieron los declarantes.
La circunstancia de que no obren registros escritos del control horario, solicitudes
de permiso, memorandos u órdenes impartidas por el secretario de Gobierno no
priva de eficacia a los testimonios, pues tales documentos no constituyen prueba
indispensable de la subordinación. Lo relevante es establecer si, valoradas las
declaraciones conforme con las reglas de la sana crítica y en relación con los
restantes medios de convicción, ofrecen razones suficientes para tener por
acreditados los hechos indicadores del poder de dirección. En este asunto, su
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concordancia recíproca y su correspondencia con la prueba contractual permiten
atribuirles mérito demostrativo.

91. Para la Sala, esta precisión permite diferenciar el presente asunto de aquellos
eventos en los cuales la fijación de un horario constituye únicamente una medida
de coordinación derivada de las necesidades del servicio. Ciertamente, la atención
al público que presta una oficina del SISBÉN supone la existencia de franjas
temporales de funcionamiento y, por esa razón, el solo cumplimiento de una jornada
no permitiría concluir, sin otros elementos, que existió subordinación.

92. Sin embargo, en este caso la prueba demuestra algo adicional: la jornada no
operaba simplemente como una referencia temporal necesaria para articular la
prestación del servicio, pues su cumplimiento era objeto de verificación por parte
del secretario de Gobierno y el demandante debía obtener autorización de aquel
para ausentarse de la oficina. Tales circunstancias evidencian un grado de
disponibilidad personal frente a la administración que excede la mera coordinación
contractual.

93. En efecto, una cosa es que las partes concierten los horarios en los cuales
debe ejecutarse una actividad para hacerla compatible con el funcionamiento
institucional y otra distinta que un funcionario de la entidad controle personalmente
su cumplimiento y disponga sobre la posibilidad de que el contratista se ausente.
Esta última circunstancia limita la facultad del prestador para organizar
autónomamente su tiempo y constituye un indicio relevante del ejercicio del poder
de dirección.

94. A ello se suma que ambos declarantes coincidieron en señalar que el
demandante recibía instrucciones del secretario de Gobierno relacionadas con el
desarrollo de sus funciones. Aunque la impartición de orientaciones tampoco
constituye, por sí sola, prueba suficiente de subordinación, su alcance debe
apreciarse en conjunto con la posición que el actor ocupaba dentro de la estructura
del SISBÉN, el control de su jornada, la necesidad de autorización para ausentarse
y las funciones de coordinación y supervisión que desarrollaba respecto de terceros.

95. En ese contexto, la relación descrita por los medios de prueba no responde
simplemente a una articulación horizontal entre contratante y contratista para
alcanzar el objeto pactado. La evidencia muestra una estructura funcional vertical
en la cual el secretario de Gobierno impartía instrucciones al demandante, verificaba
el cumplimiento de su jornada y autorizaba sus ausencias, mientras este, a su vez,
organizaba las actividades de los encuestadores y ejercía supervisión sobre otros
contratistas vinculados al programa. Así, el actor ocupaba una posición intermedia
dentro de la organización del SISBÉN: ejercía determinadas funciones de
coordinación respecto de terceros, pero, simultáneamente, se encontraba sometido
al poder de dirección y control de un funcionario de la administración municipal.

96. El demandante ocupaba simultáneamente los dos extremos de una cadena
funcional. Hacia abajo organizaba y supervisaba; pero hacia arriba estaba sometido
al poder de dirección del secretario de Gobierno. Además, esa segunda
circunstancia no se infiere simplemente de su posición administrativa, sino que
aparece corroborada por prueba testimonial: el secretario impartía instrucciones,
verificaba el horario y autorizaba las ausencias.

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97. La Sala precisa que la circunstancia de que un contratista coordine un grupo
de trabajo, distribuya actividades o supervise la ejecución de otros contratos no
constituye, por sí sola, prueba de subordinación, pues tales responsabilidades
pueden ser compatibles con la autonomía propia de un contrato de prestación de
servicios. Su relevancia en el presente asunto deriva de su valoración conjunta con
las demás circunstancias acreditadas: el demandante no solo ejercía funciones
permanentes de administración y organización del programa, sino que, a su vez,
recibía instrucciones del secretario de Gobierno, estaba sujeto a la verificación de
su jornada y requería autorización para ausentarse. Por consiguiente, la
subordinación no se infiere del hecho aislado de tener personal o contratistas bajo
su coordinación, sino de la posición que ocupaba el actor dentro de una cadena
funcional en la que, pese a ejercer atribuciones respecto de terceros, permanecía
integrado al círculo rector y organizativo del municipio y sometido al poder de
dirección de este.

98. Esta circunstancia resulta particularmente significativa, pues permite concluir
que el demandante se encontraba materialmente incorporado al funcionamiento
interno de la administración municipal. Su condición de administrador del programa
no era meramente nominal: comprendía responsabilidades permanentes respecto
de la operación de la oficina, la atención a los usuarios, el manejo de la información,
la coordinación del personal y la supervisión de otros prestadores del servicio.

99. De igual forma, la sucesión contractual constituye un indicio complementario
de esa inserción organizacional. Desde 2012, el actor fue contratado para
desempeñarse como administrador del SISBÉN; posteriormente, los objetos
contractuales incorporaron expresamente la supervisión de contratos y, desde
2017, continuó ejecutando actividades de administración y seguimiento dentro del
mismo programa. Esta reiteración evidencia que la necesidad atendida por el
municipio no fue ocasional, excepcional o meramente transitoria, sino que se
prolongó durante varios años alrededor de un núcleo funcional sustancialmente
homogéneo.

100. La Sala precisa que la permanencia de las actividades, considerada
aisladamente, no acredita en principio la subordinación ni impide a la administración
acudir legítimamente a contratos de prestación de servicios. No obstante, cuando
aquella se presenta de manera conjunta con la integración del prestador a la
estructura organizacional, el sometimiento a instrucciones, el control de su jornada
y la necesidad de autorización para ausentarse, adquiere valor indiciario para
establecer la verdadera naturaleza de la relación.

101. Tampoco desvirtúa la conclusión anterior que en los documentos contractuales
se hubiera estipulado que el actor desarrollaría el objeto «de manera autónoma
según lo considere necesario». Dicha cláusula expresa la forma jurídica escogida
por las partes y constituye, precisamente, uno de los elementos que debe ser
contrastado con las circunstancias materiales en las cuales se ejecutó la actividad,
en aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las
formalidades.

102. De igual manera, la ausencia de registros escritos de asistencia, llamados de
atención, memorandos, evaluaciones de desempeño o actuaciones disciplinarias no
impide tener por demostrado el elemento de la subordinación. Tales documentos
constituyen algunas de las posibles manifestaciones del poder subordinante, pero

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no configuran una tarifa probatoria cuya ausencia excluya la posibilidad de acreditar
dicho elemento mediante otros medios de convicción legalmente admisibles.

103. En el presente asunto, además, las declaraciones no se encuentran aisladas
del restante material probatorio. Por el contrario, la prueba contractual corrobora
aspectos sustanciales de lo relatado por los testigos acerca de las labores
desarrolladas por el actor y de su posición dentro del programa: los documentos le
atribuyen expresamente la administración del SISBÉN, la programación y vigilancia
de las actividades del personal y la supervisión de otros contratistas, mientras los
declarantes lo ubican ejerciendo precisamente funciones de coordinación sobre los
encuestadores, supervisión de la atención al público y gestión cotidiana de la oficina.

104. Si bien Luz Mirian Naranjo Loaiza tuvo conocimiento directo de las condiciones
de prestación hasta mayo de 2014 y Julio César Corrales hasta 2016, tal
circunstancia delimita el alcance temporal inmediato de sus percepciones, pero no
conduce a restarles mérito respecto de los hechos que efectivamente presenciaron.
A su vez, la prueba documental demuestra que con posterioridad el municipio
continuó vinculando al demandante para desarrollar actividades de administración
y seguimiento dentro del mismo programa, sin que obre elemento alguno que
permita establecer una modificación sustancial de la posición funcional que venía
desempeñando.

105. Para estos efectos, la técnica del haz de indicios supone que la subordinación
no se determina a partir de la comprobación aislada de una circunstancia, sino
mediante la valoración conjunta de diversos hechos indicadores debidamente
acreditados que, aunque individualmente puedan admitir explicaciones compatibles
con una relación contractual autónoma, adquieren una especial fuerza demostrativa
cuando son concordantes, se complementan entre sí y convergen razonablemente
hacia una misma conclusión. De este modo, corresponde establecer si la
articulación de tales circunstancias permite inferir, conforme con las reglas de la
sana crítica, que el prestador perdió materialmente la autonomía para organizar la
ejecución de su actividad y quedó sometido al poder de dirección y control de la
entidad. Se trata, entonces, de una inferencia construida a partir de la convergencia
del conjunto probatorio y no de atribuir carácter determinante a un único indicio.

106. Así las cosas, aplicada dicha metodología y valorados conjuntamente los
medios de convicción, la Sala encuentra acreditado el elemento de la continuada
subordinación o dependencia. La inserción del demandante en la estructura
organizacional del SISBÉN como su administrador; las funciones permanentes de
administración, coordinación y supervisión que desarrollaba; el cumplimiento de una
jornada cuyo acatamiento era verificado por el secretario de Gobierno; la necesidad
de obtener autorización para ausentarse; la recepción de instrucciones de dicho
funcionario; y la prolongada continuidad funcional de las labores desarrolladas
constituyen circunstancias que, apreciadas no aisladamente sino en su
concordancia y convergencia, permiten establecer que el actor no ejecutó sus
obligaciones con la autonomía e independencia características del contrato de
prestación de servicios, sino integrado al círculo rector y organizativo del municipio
y sometido a su poder de dirección.

107. En consecuencia, se desvirtuó la presunción prevista en el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y se acreditó que entre las partes existió una

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relación laboral encubierta durante los períodos en los cuales se demostró la
prestación efectiva del servicio.

108. En consecuencia, como se encuentran acreditados los elementos constitutivos
de una relación laboral encubierta y, por tanto, prosperan los reparos formulados
por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, la Sala revocará
la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 25 de agosto de
2022, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se declarará la nulidad
del acto ficto negativo demandado y se accederá parcialmente a las pretensiones,
en los términos que se precisan a continuación respecto del restablecimiento del
derecho.

3.5. Restablecimiento del derecho

109. Establecido que entre el señor Héctor Augusto Cardona González y el
municipio de Apía se configuró una relación laboral encubierta durante la ejecución
de los contratos de prestación de servicios acreditados en el proceso, corresponde
determinar las consecuencias jurídicas derivadas de dicha declaración y,
particularmente, el alcance del restablecimiento del derecho solicitado.

110. En primer lugar, la Sala precisa que el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades permite reconocer los derechos laborales derivados de la
prestación subordinada del servicio. Por consiguiente, el restablecimiento del
derecho estará dirigido al reconocimiento de las prestaciones sociales y demás
consecuencias económicas que se derivan de la relación laboral acreditada, sin que
ello comporte la incorporación del demandante a la planta de personal del municipio,
el reconocimiento de la condición de empleado público ni el pago de salarios
dejados de percibir durante períodos en los cuales no existió prestación efectiva del
servicio.

3.5.1. Período objeto de reconocimiento y prescripción

111. El demandante solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral
durante el período comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 30 de diciembre
de 2019. Sin embargo, la prueba documental permite establecer que el primer
contrato de prestación de servicios acreditado en el expediente inició su ejecución
el 10 de abril de 2012, por lo que no existe fundamento probatorio para extender la
declaración a un período anterior. En consecuencia, el reconocimiento procederá
exclusivamente respecto de los períodos de prestación efectiva del servicio
demostrados mediante los contratos incorporados al proceso.

112. Ahora bien, para determinar la prescripción de los derechos económicos
derivados de la relación laboral debe establecerse previamente si las interrupciones
existentes entre los distintos contratos produjeron solución de continuidad. Como se
explicó en el marco jurídico de esta providencia, la sentencia de unificación de 9 de
septiembre de 2021 estableció, como parámetro general, un término de treinta días
hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, sin perjuicio
de que dicho criterio pueda flexibilizarse atendiendo a las circunstancias particulares
debidamente acreditadas.

113. En el presente asunto, la sucesión contractual evidencia que el municipio de
Apía acudió reiteradamente a la contratación del demandante para satisfacer una
misma necesidad institucional relacionada con la administración y funcionamiento
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del SISBÉN. Los objetos contractuales mantuvieron un núcleo funcional homogéneo
durante los años examinados y las interrupciones acreditadas obedecieron a la
celebración sucesiva de los instrumentos contractuales mediante los cuales se
prolongó dicha actividad.

114. Por esta razón, para efectos exclusivamente relacionados con el cómputo de
la prescripción, la Sala tendrá por acreditada la unidad de la vinculación hasta la
terminación del último contrato. Esta conclusión no significa que durante los
interregnos existentes entre los contratos se hubiera prestado efectivamente el
servicio ni autoriza el reconocimiento de prestaciones sociales por esos lapsos. La
continuidad se predica únicamente para establecer el momento a partir del cual
debe computarse el término prescriptivo, mientras que las condenas económicas
recaerán exclusivamente sobre los períodos de prestación efectiva del servicio
acreditados en el expediente.

115. En ese orden, como el último vínculo contractual terminó el 31 de diciembre
de 2019, el demandante presentó la reclamación administrativa el 13 de febrero de
2020, esto es, dentro de los tres años siguientes a la terminación de la relación, y la
demanda fue presentada el 9 de marzo de 2021, no operó la prescripción respecto
de las prestaciones sociales derivadas de los períodos reconocidos.

3.5.2. Reconocimiento de prestaciones sociales

116. Como consecuencia de la declaratoria de la relación laboral encubierta, el
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
legalmente previstas que habría devengado un empleado de planta del municipio
de Apía que ejerciera funciones iguales o funcionalmente equivalentes a las
desempeñadas por aquel durante los períodos de efectiva prestación del servicio.

117. En cuanto a la base para efectuar la liquidación, la Sala reitera que esta debe
corresponder, por regla general, al salario asignado al empleo de la planta de
personal cuyas funciones sean iguales o funcionalmente equivalentes a las
desarrolladas por el demandante. En efecto, cuando se declara la existencia de una
relación laboral encubierta en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, no resulta adecuado acudir, como primera opción, a los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, pues estos
corresponden a una contraprestación fijada dentro de una relación contractual cuya
naturaleza jurídica precisamente ha sido desvirtuada judicialmente.

118. La equivalencia que debe establecer la administración es de carácter
funcional. Por tanto, no se requiere que en la planta de personal exista un empleo
con una denominación idéntica a la utilizada en los contratos de prestación de
servicios, sino que deberá verificarse si alguno de los cargos existentes durante los
períodos objeto de reconocimiento tenía asignadas funciones iguales, similares o
equivalentes a las desarrolladas materialmente por el señor Héctor Augusto
Cardona González como administrador del SISBÉN.

119. Esta solución materializa, además, el principio de igualdad salarial, pues, una
vez establecido que el demandante desarrolló bajo subordinación actividades
equivalentes a las propias de un servidor de planta, resulta razonable que las
prestaciones sociales derivadas de esa relación sean liquidadas con fundamento en

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la remuneración prevista para el empleo que constituye el referente funcional de
comparación.

120. En consecuencia, el municipio de Apía deberá reconocer y pagar al
demandante las prestaciones sociales causadas durante los períodos de efectiva
prestación del servicio, entre ellas las primas, cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones y demás emolumentos de carácter legal a que haya lugar, liquidadas
con base en el salario asignado al empleo de planta cuyas funciones sean iguales
o funcionalmente equivalentes a las desempeñadas por aquel. Solo en el evento de
que se determine que durante alguno de los períodos reconocidos no existía en la
planta de personal un empleo con funciones iguales, similares o equivalentes, la
base de liquidación corresponderá, de manera residual, a los honorarios pactados
en el respectivo contrato.

121. Las sumas resultantes deberán actualizarse de conformidad con el artículo
187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
aplicando la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación: R = Rh × índice
final / índice inicial.

122. En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh) por el resultado de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, entre el índice
vigente para la fecha en que debió efectuarse cada pago.

3.5.3. Aportes al sistema de seguridad social en pensiones

123. En materia pensional, la declaratoria de la relación laboral encubierta comporta
la obligación de reconstruir las cotizaciones correspondientes a los períodos de
efectiva prestación del servicio, a partir del ingreso base de cotización que habría
correspondido al demandante de haber estado vinculado conforme a la verdadera
naturaleza de la relación.

124. Para tal efecto, el municipio de Apía deberá determinar, mes a mes, el ingreso
base de cotización pensional tomando como referencia el salario asignado al
empleo de planta que durante cada período tuviera funciones iguales o
funcionalmente equivalentes a las desarrolladas por el demandante. Solo en el
evento de que no exista un cargo de planta que permita efectuar dicha comparación,
se tomará como referente residual el valor de los honorarios pactados.

125. Una vez establecido el ingreso base de cotización, la entidad deberá calcular
la diferencia entre los aportes que debieron efectuarse al sistema general de
pensiones y aquellos que efectivamente fueron realizados por el demandante como
contratista, y cotizar al respectivo fondo la suma faltante únicamente en el
porcentaje que legalmente le correspondía asumir como empleador.

126. Para estos efectos, el accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó
durante sus vínculos contractuales y, en caso de que no las hubiera efectuado o
existiera una diferencia a su cargo, deberá pagar o completar el porcentaje que le
habría correspondido como trabajador. Las sumas correspondientes al componente
patronal deberán ser giradas directamente por la entidad al respectivo fondo de
pensiones y no entregadas al demandante.

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3.5.4. Aportes al sistema de seguridad social en salud

127. Diferente consecuencia se presenta respecto de los aportes efectuados al
sistema general de seguridad social en salud. Conforme con la regla de unificación
expuesta en esta providencia, no procede ordenar la devolución de los valores que
el contratista hubiera asumido por dicho concepto, aun cuando como consecuencia
de la declaratoria judicial deba reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

128. Ello obedece a que las cotizaciones efectuadas al sistema de salud
constituyen recursos parafiscales que fueron destinados al financiamiento de las
prestaciones asistenciales y económicas cubiertas durante el correspondiente
período, razón por la cual no resulta jurídicamente procedente disponer su
devolución. En consecuencia, se negará esta pretensión.

3.5.5. Indemnizaciones reclamadas

129. Finalmente, el demandante solicitó el reconocimiento de las indemnizaciones
derivadas del no pago oportuno de las prestaciones sociales y de las cesantías. La
Sala negará estas pretensiones, toda vez que los derechos prestacionales
reconocidos en esta sentencia surgen como consecuencia de la declaración judicial
mediante la cual se desvirtúa la forma contractual utilizada por las partes y se
establece la existencia de una relación laboral encubierta.

130. En efecto, antes de esta decisión existía formalmente una vinculación regida
por sucesivos contratos de prestación de servicios y, por tanto, el reconocimiento
de las prestaciones sociales reclamadas dependía precisamente de que el juez
declarara que la realidad en la ejecución de tales contratos había desbordado su
configuración jurídica. En esas condiciones, no resulta procedente trasladar
automáticamente al municipio las consecuencias sancionatorias previstas para el
incumplimiento de obligaciones laborales cuya existencia y exigibilidad dependían
de la declaración judicial que se adopta en esta sentencia.

131. En consecuencia, el restablecimiento del derecho se limitará al reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales causadas durante los períodos de prestación
efectiva del servicio, debidamente actualizadas, y a la adopción de las medidas
correspondientes respecto de los aportes al sistema general de pensiones, en los
términos anteriormente señalados.

3.6. Conclusión de la decisión

132. De conformidad con el análisis precedente, la Sala concluye que le asiste
razón a la parte demandante en cuanto cuestionó la valoración probatoria efectuada
por el Tribunal Administrativo de Risaralda respecto del elemento de la continuada
subordinación o dependencia. En efecto, apreciados conjuntamente los contratos
de prestación de servicios, las obligaciones allí pactadas y las declaraciones
rendidas en el proceso, se encuentra acreditado que el señor Héctor Augusto
Cardona González prestó personalmente sus servicios al municipio de Apía, recibió
una remuneración como contraprestación por dicha actividad y desarrolló sus
funciones sometido al poder de dirección y control de la administración.

133. En particular, la inserción del demandante dentro de la estructura
organizacional del SISBÉN como administrador del programa y supervisor de otros
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contratistas, el cumplimiento de una jornada cuyo acatamiento era verificado por el
secretario de Gobierno, la necesidad de obtener autorización para ausentarse, la
recepción de instrucciones de dicho funcionario, así como la continuidad funcional
de las actividades desarrolladas, permiten concluir que la ejecución contractual
desbordó los límites de la coordinación propia de los contratos de prestación de
servicios y configuró una verdadera relación laboral encubierta. En consecuencia,
se desvirtuó la presunción prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993.

134. No obstante, la declaratoria no puede extenderse desde el 15 de enero de
2012, como fue solicitado en la demanda, pues el primer contrato acreditado en el
expediente inició su ejecución el 10 de abril de ese año. Por tanto, la relación laboral
se reconocerá únicamente respecto de los períodos de efectiva ejecución de los
contratos de prestación de servicios demostrados en el proceso, sin que ello
comporte el reconocimiento de salarios, prestaciones sociales o demás acreencias
durante los interregnos contractuales en los cuales no se acreditó la prestación del
servicio.

135. Para efectos de la prescripción, la Sala tendrá por acreditada la unidad de la
vinculación hasta la finalización del último contrato, ocurrida el 31 de diciembre de
2019. Como el demandante presentó la reclamación administrativa el 13 de febrero
de 2020, esto es, dentro de los tres años siguientes a la terminación definitiva del
vínculo, no operó la prescripción respecto de las prestaciones sociales derivadas de
los períodos efectivamente laborados.

136. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
la nulidad del acto ficto negativo derivado de la falta de respuesta a la reclamación
administrativa presentada el 13 de febrero de 2020. A título de restablecimiento del
derecho, se ordenará al municipio de Apía reconocer y pagar al señor Héctor
Augusto Cardona González las prestaciones sociales causadas durante los
períodos de efectiva prestación del servicio, liquidadas con base en el salario
asignado al empleo de planta cuyas funciones sean iguales o funcionalmente
equivalentes a las desempeñadas por aquel; únicamente en el evento de que no
exista un empleo de esta naturaleza, se acudirá de manera residual a los honorarios
pactados.

137. Asimismo, el municipio deberá efectuar los ajustes correspondientes en
materia pensional, tomando como ingreso base de cotización el salario del empleo
de planta funcionalmente equivalente y asumiendo únicamente el porcentaje que
legalmente le correspondía como empleador. Se negará, en cambio, la devolución
de los aportes efectuados al sistema general de seguridad social en salud y las
indemnizaciones reclamadas por el no pago oportuno de las prestaciones sociales
y de las cesantías, por las razones expuestas en esta sentencia.

4. Costas

138. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la existencia del acto administrativo ficto o presunto negativo
configurado por la falta de respuesta del municipio de Apía a la reclamación
administrativa presentada por el señor Héctor Augusto Cardona González el 13 de
febrero de 2020.

Tercero: Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo
configurado por la falta de respuesta del municipio de Apía a la reclamación
administrativa presentada por el señor Héctor Augusto Cardona González el 13 de
febrero de 2020.

Cuarto. Declarar que entre el señor Héctor Augusto Cardona González y
el municipio de Apía existió una relación laboral encubierta durante los períodos de
efectiva prestación del servicio correspondientes a los contratos de prestación de
servicios acreditados en el proceso, a partir del 10 de abril de 2012 y hasta la
finalización del último vínculo contractual el 31 de diciembre de 2019, con exclusión
de los interregnos contractuales en los cuales no se acreditó la prestación efectiva
del servicio.

Quinto. Condenar al municipio de Apía, a título de restablecimiento del derecho, a
reconocer y pagar al señor Héctor Augusto Cardona González las prestaciones
sociales legalmente previstas que habría percibido un empleado de planta que
desempeñara funciones iguales o funcionalmente equivalentes a las desarrolladas
por aquel, durante los períodos de efectiva prestación del servicio reconocidos en
esta providencia.

Para efectos de su liquidación, la entidad tomará como base el salario asignado,
durante cada período, al empleo de su planta de personal cuyas funciones fueran
iguales, similares o funcionalmente equivalentes a las desempeñadas
materialmente por el demandante como administrador del SISBÉN. Únicamente en
aquellos períodos en los cuales se determine que no existía un empleo de planta
que permitiera efectuar dicha comparación, se tomarán como referente residual los
honorarios pactados en el respectivo contrato de prestación de servicios.

Las sumas resultantes serán actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia.

Sexto. Ordenar al municipio de Apía efectuar los ajustes correspondientes a los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por los períodos de
efectiva prestación del servicio reconocidos en esta sentencia.

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Demandante: Héctor Augusto Cardona González
Demandado: Municipio de Apía

Para tal efecto, la entidad determinará, mes a mes, el ingreso base de cotización
tomando como referencia el salario asignado al empleo de planta cuyas funciones
fueran iguales o funcionalmente equivalentes a las desempeñadas por el
demandante y, únicamente cuando no exista un cargo que permita efectuar dicha
comparación, acudirá de manera residual a los honorarios pactados en el respectivo
contrato.

Establecido el ingreso base de cotización, el municipio calculará la diferencia entre
los aportes que debieron efectuarse y aquellos efectivamente realizados por el
demandante como contratista, y girará directamente al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante en el porcentaje que legalmente le correspondía asumir
como empleador. El demandante deberá acreditar las cotizaciones realizadas y
asumir o completar, cuando corresponda, el porcentaje que legalmente habría
estado a su cargo como trabajador.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda, en particular las relativas
al reconocimiento de salarios y prestaciones sociales durante los interregnos
contractuales en los cuales no se acreditó la prestación efectiva del servicio, la
devolución de los aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y el reconocimiento de las indemnizaciones reclamadas por el no pago
oportuno de las prestaciones sociales y de las cesantías.

Octavo. Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Noveno. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Décimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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