Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2021-00074-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2021-00074-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-33-000-2021-00074-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 660012333000202100074-01
Demandante: Santiago Vásquez Gómez
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER; Municipio
de Pereira- Risaralda; Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S. y Pedro Nel Guiot
Ronchaquira
Coadyuvante: Cotty Morales Caamaño, Augusto Becerra y Dagoberto Vásquez
Zuleta
Tema: Derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; y a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Gestión del riesgo
de desastres; Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Pereira,
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y Todoterreno
Ingeniería y Equipos S.A.S., contra la sentencia de 29 de junio de 2023 proferida
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Santiago Vásquez Gómez1 presentó demanda en ejercicio del
respectivo medio de control, contra la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda-CARDER; el Municipio de Pereira- Risaralda; los propietarios del
1 En nombre propio.
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Proyecto de Adecuación Morfológica Predio “El Brillante”; y la sociedad Todoterreno
Ingeniería y Equipos S.A.S., con el objeto de lograr la protección de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano; la moralidad administrativa; a la
seguridad y salubridad públicas; a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: DECLARAR la vulneración de los derechos e intereses colectivos
enunciados, por la existencia de un daño ambiental antijurídico en la escombrera “El
Brillante”.
SEGUNDA: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación investigar las
actuaciones de los funcionarios involucrados en la concesión de la Resolución 473
de 2018, y las demás actuaciones administrativas previas que le dieron lugar, o que
fueron consecuencia de ella.
TERCERA: Con base en el experticio científico de los funcionarios de la CARDER,
RECONOCER la existencia de los daños y perjuicios enunciados en el aparte de
hechos.
CUARTA: ORDENAR a los propietarios y a los administradores de la Escombrera
el Brillante, que restauren y adecuen el paso de agua de la quebrada que discurre
desde la Finca “El Vergel” y a través de la escombrera “El Brillante”, para evitar el
represamiento de agua, nuevas inundaciones y daños estructurales adicionales en
los dominios aledaños.
QUINTA: ORDENAR todas las demás medidas necesarias para el restablecimiento
de los derechos colectivos vulnerados y la reparación del daño ambiental, en
particular las obras de mitigación del daño irreversible por la ocupación del cauce
de la fuente hídrica […]”2.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1 Indicó que por el predio “El Brillante”, discurre una quebrada procedente de
la finca “El Vergel”, en específico, de un guadual de 200 metros de longitud, que
nutre el afluente como bosque nativo. Esta quebrada es a su vez afluente de la
quebrada Condina.
2 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
5_EXPEDIENTEDIGI_DEMANDA1566001233300_20240502104056.
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3.2 Señaló que el 21 de marzo de 2018, la Corporación Autónoma Regional
expidió la Resolución núm. 473, por la cual otorgó el permiso de ocupación de cauce
y autorizó la disposición de depósito de residuos de construcción y demolición en el
predio “El Brillante”. Desde esa fecha, explicó que millares de metros cúbicos de
tierra han caído sobre el predio mencionado procedente de varias obras civiles en
la ciudad.
3.3 Manifestó que como parte de las obras de la escombrera, Todoterreno
Ingeniería y Equipos S.A.S. construyó un tubo de desagüe desde los límites de la
finca “El Vergel” hasta el límite del dominio de la escombrera. Buscaron tener
comunicación con el propietario de la finca indicada, para que accediera a que,
dentro de su dominio, en un tramo de 20 metros, se pudiera cubrir por completo el
remanente del cauce de la quebrada que discurre desde ese predio, en beneficio
del margen de capacidad de la escombrera, y en el supuesto de que él también
resultaría beneficiado por la conversión de su dominio en un terreno llano.
3.4 Señaló que se accedió a lo anterior desde el año 2019, para contribuir con el
relleno de la escombrera, bajo la apariencia de legalidad de la obra por la licencia
ambiental contenida en la Resolución núm. 473 de 2017.
3.5 Resaltó que desde el año 2021 se han presentado numerosos derrumbes al
interior de la escombrera, al punto que la boca de desagüe se encuentra
completamente obstruida, sin contar con las probables fallas estructurales del
sistema de drenaje y obstrucción al interior de las recámaras de inspección.
3.6 Evidenció que, como consecuencia de la situación anterior, el agua de la
quebrada empezó a represarse y a filtrarse dentro de la escombrera y a erosionar
todo el terreno circundante. Por lo anterior, el señor Dagoberto Vásquez Zuleta y su
familia resultaron damnificadas en su vivienda con pérdidas materiales.
3.7 Mencionó que adicionalmente, el tanque de reserva del acueducto veredal,
AQUASAT, ubicado 500 metros montaña arriba, desborda el excedente de agua
colina abajo, hasta el punto geográfico más bajo de la vereda en el predio del señor
Dagoberto Vásquez Zuleta y el predio “El Brillante”, donde se encuentra ubicada la
escombrera, lo que ha generado un flujo de agua constante que alimenta el
represamiento. Aclara que para los funcionarios de AQUASAT es imposible cerrar
la válvula desde el sector de Cajones, porque la presión la haría reventar y que, por
ello, es necesario reducir el caudal de captación y la presión del agua desde la
central de la bocatoma.
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3.8 Refirió que el represamiento de agua en el corazón de la escombrera ha
causado la erosión progresiva de los residuos acumulados en su interior; con su
respectivo arrastre a los terrenos aledaños, el estancamiento del agua de la
quebrada – la producción de mosquitos-, afectación del tránsito por la vía
intervederal Cañaveral – Montelargo y el daño ambiental irreparable por la
ocupación ilícita del cauce de la quebrada.
3.9 Resaltó que los terrenos donde se encuentran ubicados los predios son
bastantes corredizos por la humedad de la fuente hídrica, por lo que la inundación
de la escombrera amenaza con generar un deslizamiento.
Contestaciones de la demanda
4. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
4.1. Indicó que no existe prueba técnica alguna que demuestre la existencia de
los daños y perjuicios enunciados. No se encuentra demostrada la inadecuada
intervención del cauce que amerite una restauración y adecuación en el paso de
agua de la quebrada que discurre desde la finca El Vergel y a través de la
escombrera El Brillante. Tampoco se encuentra probado el daño ambiental.
4.2. Manifestó que no se advierte omisión en el acto administrativo que otorgó el
permiso de ocupación de cauce y autorizó la disposición de residuos de
construcción y demolición, el cual se otorgó con base en el certificado de uso de
suelo y goza de presunción de inocencia.
4.3. Aclaró que la Corporación Autónoma Regional, realiza de manera
permanente las labores de seguimiento y control a la Resolución núm. 473 de 2018,
por la cual se otorgó el permiso de ocupación de cauce y autorizó la disposición en
el predio “El Brillante”, en efecto, mediante concepto técnico núm. 049 de 7 de mayo
de 2021, se evidenció el flujo continuo del agua en la cámara que había colapsado,
y se concluyó en el concepto que: “[…] no se recomienda técnicamente levantar las
medidas preventivas, toda vez que han dado cumplimiento parcial a las obligaciones
establecidas en la Resolución de Medidas Preventivas N° 0441 de 08.04.2021 y
según lo informado en la visita NO se ha dado cumplimiento total a causa de las
condiciones climáticas, que no permiten adelantar considerablemente actividades
manuales y mecanizadas […]”.
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4.4. Manifestó que se configura la culpa exclusiva de la víctima y la
responsabilidad del accionante por permitir que los ejecutores del proyecto
escombrera realizaran un lleno en el predio de su propiedad.
4.5. Indicó que la Corporación Autónoma Regional cumple con las labores de
seguimiento, pero no es la generadora de los escenarios de riesgo presentados ni
es la llamada a categorizar este tipo de situaciones, tampoco ejecuta las actividades
o acciones requeridas para la mitigación o eliminación del riesgo.
4.6. Refirió la inexistencia de prueba que acredite la existencia de vulneración o
amenaza a los derechos colectivos por parte de la CARDER.
4.7. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por la CARDER para la ejecución de las actividades que se requieren
para la mitigación del riesgo”; y la “Excepción genérica”3.
5. La sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S. contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
5.1. Indicó que el actor popular no aportó prueba alguna para demostrar la
existencia de los hechos que motivan su petición.
5.2. Señaló que de los supuestos fácticos y probatorios del libelo demandatorio
se puede apreciar que no ha vulnerado ni pretende vulnerar derechos colectivos
planteados por el actor.
5.3. Manifestó que solicitó el levantamiento de las medidas preventivas por
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CARDER.
5.4. Adujo la culpa exclusiva de la víctima y responsabilidad del accionante al
permitir que los ejecutores del proyecto escombrera “El Brillante” realizaran un lleno
en el predio de su propiedad”4.
6. El Municipio de Pereira contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
3 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 27_013CONTESTACIONCARDER.
4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 28_014CONTESTACIONTODOTERRENOINGENIERIAYEQUIPOSSAS.
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6.1. Indicó que mediante la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo, el 21 de
marzo de 2021, llevó a cabo una visita de campo al lugar de los hechos y elaboró
un concepto técnico con radicado SAIA 11672-2021, el que realizó una
recomendación de intervención rápida para garantizar el manejo adecuado de
aguas superficiales, mediante la construcción de canales y drenes. Adujo que, por
lo anterior, el ente territorial ya evaluó la situación desde el ámbito de sus
competencias.
6.2. Propuso la excepción que denominó: “Falta de legitimación en la causa por
pasiva”5.
La audiencia de pacto de cumplimiento
7. El Tribunal, mediante audiencia de 21 de octubre de 2021, llevó a cabo la
diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes6.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda profirió
sentencia de 29 de junio de 2023, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] 1. NO SE ACCEDE al decreto de la medida cautelar solicitada por el
accionante popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. DECLÁRAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA por pasiva, propuesta por la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER y el Municipio de Pereira, de conformidad con lo expresado en
la parte motiva de este fallo.
3. DECLÁRAR VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
descritos en los literales a) y i) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, con ocasión
del proyecto de adecuación morfológica realizado por la sociedad Todoterreno
Ingeniería y Equipos S.A.S, y por las omisiones de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE RISARALDA –CARDER y el Municipio de Pereira en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado expresadas en la parte
considerativa de la presente sentencia.
4. ORDENÁSE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS antes
descritos, para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
el Municipio de Pereira, los titulares de los permisos de ocupación de cauce y la
sociedad Todoterreno S.A deberán efectuar las siguientes actuaciones:
5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 30_016CONTESTACIONDEMANDAMPIOPEREIRA.
6 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 68_043ACTAAUDIENCIAPACTODECUMPLIMIENTO.
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4.1. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER
que, en el plazo máximo de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de
esta sentencia, adelante todas las actuaciones administrativas y técnicas
necesarias a que haya lugar, para establecer el cumplimiento de las medidas
preventivas impuestas en el Predio El Brillante, definiendo el daño o impacto
negativo causado al medio ambiente y, una vez determinado ello, establecerá
técnicamente que otras medidas deberán ser adoptadas para evitar otro tipo
de situaciones como estas.
4.2. ORDENAR a la CARDER que al menos, durante los tres (3) años
siguientes a la presente decisión, realizará cada tres (3) meses, los
seguimientos e informes periódicos a que haya lugar, respecto de las
condiciones en que se otorgó el permiso y su cumplimiento.
4.3. ORDENAR al Municipio de Pereira, y a través de la Dirección de Gestión
del Riesgo, que en el plazo máximo de los seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, adelante todas las actuaciones administrativas
y técnicas necesarias a que haya lugar, para establecer el cumplimiento de
las actividades recomendadas, y determinará técnicamente que se hayan
realizado las obras necesarias para recuperar el cauce que fue alterado con
el incidente.
4.4. ORDENAR a la sociedad Todoterreno ingeniería y equipos S.A.S, y a los
titulares del permiso de la ocupación del cauce del predio El Brillante que en
el plazo máximo de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, acredite el cumplimiento de las actividades ya recomendadas por
la DIGER, así como las medidas preventivas impuestas por la CARDER.
4.5. ORDENAR a los particulares titulares de los permisos de ocupación de
cauce del predio “El Brillante” y a la sociedad Todoterreno ingeniería y equipos
S.A.S., que, (sic) en el plazo máximo de los seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, adelante todas las actuaciones administrativas
y técnicas necesarias a que haya lugar, para que restauren y adecuen el paso
de agua de la quebrada que discurre desde la Finca “El Vergel” y a través de
la escombrera “El Brillante”, para evitar el represamiento de agua, nuevas
inundaciones y daños estructurales adicionales en los dominios aledaños, de
acuerdo con las medidas preventivas y recomendaciones consignadas en los
conceptos técnicos rendidos para dicho efecto.
5. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el
cual estará integrado por el actor popular, un delegado de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER, un representante de la sociedad Todoterreno e
ingeniería S.A., un delegado del Municipio de Pereira, y el Procurador Judicial No.
38 en Asuntos Administrativos y este Tribunal, quien lo presidirá, con la obligación
de rendir por parte de sus miembros el informe conjunto respectivo, de conformidad
con lo considerado en esta sentencia.
6. CONDÉNASE EN COSTAS a las demandadas vencidas Corporación
Autónoma Regional de Risaralda-CARDER, Municipio de Pereira y Sociedad
todoterreno e ingeniería S.A en favor del actor popular. Una vez ejecutoriada la
presente providencia, liquídense por Secretaría. En virtud de lo anterior, se fija como
agencias en derecho la suma total de 1 salario mínimo legal mensual vigentes a
cargo de las mismas, por partes iguales, conforme lo considerado en esta
providencia.
7. Por Secretaría, remítase copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
8. Se acepta la renuncia presentada por la abogada Alejandra María Giraldo
González, identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.159.685 y portadora de la
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Núm. único de radicación: 660012333000202100074-01
T.P. Nº 177.344 del C.S.J, como apoderada del ente Territorial demandado,
conforme a los términos del artículo 76 del Código General del Proceso.
9. Se reconoce personería a la abogada Luisa Fernanda Díaz Sánchez,
identificada con la C.C. No. 1.093.224.575 y T.P. No 337.726 del C.S.J. como
apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en los
términos del poder otorgado para el efecto.
10. Aceptar como coadyuvante de la parte actora a los señores Augusto Becerra y
Dagoberto Vásquez Zuleta […]”7.
Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver era el siguiente: “[…]
[e]stablecer si existe vulneración o amenaza de los derechos […] como
consecuencia del permiso de ocupación de cauce y la autorización de disposición
de material sobrante de Descapote y Excavación otorgada por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda-CARDER, mediante la Resolución N° 0473 del 21
de marzo de 201820, en desarrollo del proyecto denominado “Adecuación
morfológica Predio el Brillante”, a criterio de los accionantes, dicha sociedad ha
desarrollado actividades sin el cumplimiento del marco legal y técnico que regula
estas actividades, lo que a su juicio constituye vulneración de los derechos
colectivos invocados […]”.
9.1. El Tribunal precisó que, en relación con el cargo relacionado con la violación
de las normas ambientales y urbanísticas, que este derecho implica la necesidad
de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de
manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en
contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que
haga sus veces.
9.2. El Tribunal determinó que el derecho señalado en el literal m del artículo 4 de
la Ley 472 corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y particulares de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la
materia urbanística. Identificó que la Corporación Autónoma Regional emitió el auto
de inicio de trámite núm. 001031 para el trámite administrativo ambiental de permiso
de ocupación de cauce, autorización para disposición final de escombros y material
sobrante de descapote y excavación, en favor del señor Pedro Nel Guiot
Ronchaquira. Se expidió el concepto técnico 00246 de 2018 en el que se indicó que
7 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 15_001DEMANDAYMEDIDACAUTELAR.
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el predio “El Brillante” no se encuentra afectado por suelos de protección rural y
urbano.
9.3. El Tribunal determinó que para cuando la Corporación Autónoma Regional
dio inicio al trámite de otorgamiento del permiso de ocupación de cauce, el día 28
de diciembre de 2017, mediante auto de inicio de trámite núm. 001031, se
encontraba vigente la Resolución 541 de 1994 “[p]or medio de la cual se regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación […]”, la cual empezó a
regir el día de su publicación, a saber el 14 de diciembre de 1994. Posteriormente
el 1 de enero de 2018, entró a regir la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017
“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición-RCD- y se dictan otras disposiciones” que
derogó de manera expresa la Resolución núm. 541 de 1994, la cual fue tenida en
cuenta por la Corporación Autónoma Regional para expedir el concepto técnico
núm. 00246 de 2018.
9.4. El Tribunal aclaró que, si bien, el actor popular afirma que no se respetaron
las exigencias contenidas en la Resolución núm. 472 de 2017, dicha aseveración
no tiene vocación de prosperidad porque los trámites administrativos inician y
finalizan con la norma con la cual se da apertura a ellos, por lo cual consideró que
no era jurídicamente válida la aplicación de la resolución mencionada porque el
trámite ya se encontraba iniciado y ello vulneraría el debido proceso administrativo.
9.5. El Tribunal verificó que el predio en cuestión no le figura protección en
especial alguna para la actividad que se presente desarrollar, la cual consiste en
realizar la adecuación morfológica, mediante conformación de plataforma superior
generando áreas de lleno para disponer los sobrantes de descapote y excavación
(no escombros), provenientes del mismo predio y de proyectos de infraestructura
del sector.
9.6. El Tribunal consideró: i) las exigencias para la conformación de los permisos
son aquellas vigentes al momento de la solicitud y en este caso se encuentran
satisfechos de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; y ii) contrario a lo indicado por el actor, la selección para la
disposición final de los RCD señalada en el artículo 11 de la Resolución 472 de 2017
y los criterios de evaluación que allí se exponen son alusivos a los sitios de
disposición final de RCD municipales de carácter local o regional, los cuales deben
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ser seleccionados por los municipios con el apoyo técnico del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, con preferencia de su localización en áreas de paisaje
degradado, como minas y canteras abandonadas; no obstante, tal escenario no se
acompasa con la situación jurídica aquí analizada, toda vez que la disposición de
material sobrante de descapote y excavación, se desarrolla en un predio privado,
en virtud de un proyecto de adecuación morfológica del mismo para futuras
construcciones, es decir, consideró que no le son exigibles los requisitos de esa
disposición.
9.7. El Tribunal determinó, en relación con el segundo cargo, sobre la violación a
la moralidad administrativa, que la simple irregularidad normativa – legalidad no
puede caracterizarse automáticamente como la materialización de una inmoralidad
administrativa y ello debe ser concordado con la definición de desviación de poder
previamente expuesta, en el entendido que, en la moralidad administrativa, debe
analizarse y probarse también el elemento subjetivo determinante para establecer
la afectación. Logró advertir que no existe evidencia dentro del plenario que
demuestre una afrenta a la moralidad o al patrimonio público porque no se
comprobó una finalidad irregular, interés indebido, privado, oscuro o el ánimo de
defraudación, o daños al erario, sino únicamente la intención de adelantar el
permiso de ocupación de cauce y autorización para la disposición final de material
de excavación y descapote, en virtud del proyecto de adecuación morfológica.
9.8. El Tribunal estableció el marco normativo y jurisprudencial sobre los
derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, al goce de un ambiente sano y al derecho a la seguridad y salubridad
públicas; estableció las competencias de la entidad territorial y la Corporación
Autónoma Regional en materia de atención y prevención del riesgo. Descartó la falta
de legitimación en la causa por pasiva en relación con las mencionadas entidades,
porque la Corporación Autónoma Regional es la máxima autoridad ambiental en la
jurisdicción de Risaralda y respecto del Municipio explicó le asiste la obligación de
garantizar la planificación ambiental.
9.9. El Tribunal consideró que de acuerdo con las actuaciones ambientales
surtidas en el predio “El Brillante” en virtud del seguimiento y control al permiso de
ocupación de cauce y autorización de Disposición Final de Material de Descapote y
excavación, se colige que existió un proceso de remoción en masa, que una vez
evaluado se consideró que, aunque es superficial, detonados por la acumulación de
aguas lluvias y de escorrentía provenientes de la parte superior de la ladera, genera
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inestabilidad sobre la ladera dada la saturación de agua en el terreno; por tanto, es
importante que en el predio donde se desarrolla el proyecto de adecuación
morfológica, se realice un adecuado manejo de las aguas superficiales que
involucre un manejo integral.
9.10. El Tribunal aclaró que, si bien, existe una irregularidad en el terreno de origen
geológico en nada desvirtúa la afectación del medio ambiente y el desequilibrio
ecológico aquí advertido ni, por ende, la vulneración de los derechos colectivos
invocados en el escrito de demanda, cuando Todoterreno Ingeniería y Equipos
S.A.S procedió a realizar movimientos de tierra para la adecuación morfológica, sin
que se haya reparado o compensado esa afectación en debida forma. Debido a lo
anterior, un fuerte aguacero ocasionó un evento de deslizamiento de material de
excavación depositado, el cual empujó de manera parcial una de las recamaras
construidas y la fracturó ocasionando el desprendimiento y fraccionamiento de la
misma, lo cual ocasionó una disminución en la sección hidráulica de la tubería
instalada.
9.11. Estableció que, aunque los titulares del permiso de cauce del predio “El
Brillante” han sido sancionados con ocasión de su actuar por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda-CARDER con amonestación escrita y suspensión
de la recepción de material, que en las visitas se confirmó o verificó que ya no se
estaba realizando, por infracción de normas ambientales; tal circunstancia no
excluye la consecuencia de que ese mismo comportamiento pueda dar lugar a
diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta enjuiciada
vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y finalidades, de tal
manera que lo que se busca es proteger la eventual infracción o amenaza de
derechos colectivos, asunto diametralmente disímil al proceso sancionatorio
ambiental en el que se impuso sanción por desconocimiento de normas
ambientales.
9.12. Encontró demostrada una afectación ambiental que desembocó en una
vulneración a la efectiva prevención de desastres y gestión del riesgo, toda vez que
la remoción de tierra en virtud del proyecto de adecuación morfológica y las fuertes
lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que se represó y ocasionó una
inundación en el predio La Gloria, generando una inadecuada intervención del
cauce que amerite una restauración y adecuación en el paso de agua de la
quebrada que discurre desde la Finca “El Vergel” y a traviesa bajo canalización el
predio “El Brillante”, y que se itera fue alterado por el deslizamiento. De las pruebas
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aportadas, se demostró que se han realizado diferentes intervenciones al predio
donde funciona la escombrera con el fin de vigilar y contribuir en el cese de los
hechos que fueron intervinientes dentro del represamiento, pero no han finalizado y
su falta de concreción en un futuro generarían los mismos efectos devastadores en
el ecosistema.
9.13. Concluyó que, se encontraba probada la vulneración del derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, no solo por la
categorización de la zona objeto de controversia, sino porque las actividades
humanas realizadas en principio bajo la autorización de actos administrativos,
generaron las afectaciones a los predios contiguos que allí se ubican. Por un lado,
si bien la afectación es de origen geológico, ello no exime a las autoridades de su
deber de adoptar todas las medidas necesarias para conocer, reducir y manejar su
impacto, y por el otro, debe hacerse claridad que las afectaciones no se limitan a
intereses particulares, pues si bien el proyecto de adecuación morfológica se
desarrolla en el predio “El Brillante”, lo cierto es que las medidas para mitigar el
riesgo redundan en la seguridad de las viviendas aledañas y las capas de
vegetación se ven arruinadas por los deslizamientos de tierras, máxime si se tiene
en cuenta que las obras de estabilización de terreno por la disposición final del
material que en el paso se efectuaron necesitan ser vigiladas porque su
compactación no ha cumplido con las especificaciones para ello.
Recurso de apelación presentado por el Municipio de Pereira
10. El Municipio de Pereira presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
10.1. Manifestó que la vulneración de los derechos colectivos que se reclama se
produce por el deslizamiento en un afluente canalizado ubicado en un predio
habilitado como sitio para disposición final de RCD, que para operar debe tener
autorización expedida por la corporación autónoma regional.
10.2. Expresó que pese a que se logró demostrar el cumplimiento de las funciones
que como entidad territorial le corresponden, no obstante, se decidió endilgarle
responsabilidades que no le competen y sin tener en cuenta lo siguiente: i)
situaciones de riesgo en predio privado, que se generaron como consecuencia del
actuar de un particular; ii) la emisión de conceptos en cumplimiento de sus
funciones; iii) la responsabilidad de los particulares para tramitar ante la dirección
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de gestión del riesgo el cumplimiento de las órdenes impartidas en el concepto
técnico; iv) impartir obligaciones al Municipio es cargar de obligaciones del particular
incumplidas por este; v) no existe argumento jurídico o técnico que indique cual es
la omisión del Municipio frente a la violación de los derechos colectivos reclamados;
y vi) se considera violado el derecho a la defensa del Municipio porque no hay
argumentos para endilgar la supuesta violación.
10.3. Por último, solicitó la revocatoria de los numerales 3, 4.3 y 6 de la sentencia
proferida en primera instancia8.
Recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER
11. La Corporación Autónoma Regional presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación adhesiva contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en los siguientes términos:
11.1. Indicó que no se logró demostrar un daño ambiental, debido a la ausencia de
los elementos que dan lugar a este, es decir hay falta de pruebas. En relación con
la vinculación de la CARDER no se observa omisión; por el contrario, el acto
administrativo que autorizó la disposición de material goza de plena presunción de
legalidad. La Corporación ha realizado seguimiento permanente y control a las
actuaciones realizadas por parte de la escombrera en el área que sufrió la presunta
afectación.
11.2. Indicó que la Corporación Autónoma Regional realizó actuaciones ajustadas
a derecho, de acuerdo con sus competencias asignadas en la Ley 99.
11.3. Expresó que el particular fue el responsable de la generación de los
escenarios de riesgo, por cuanto la Ley 1523 en su artículo 2 indicó que los
habitantes son corresponsables de la gestión del riesgo, por lo que dichos derechos
no fueron vulnerados por la Corporación Autónoma Regional.
11.4. Resaltó que la geóloga testigo técnico indicó que la afectación a la fecha de
realizar las visitas ya se había superado, a pesar de que señaló que era una época
en la que el territorio se encontraba afectado por lluvias y que el terreno es propenso
a la ocurrencia de deslizamientos o movimientos de tierra, independientemente de
si existiera o no la recepción de material por parte de la escombrera.
8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo
denominado: 092_078APELACIONMUNPEREIRA.
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11.5. Señaló que de las pruebas se puede observar que luego del suceso del
hecho generador de la acción popular se han realizado diferentes intervenciones al
predio donde funciona la escombrera con la finalidad de vigilar y contribuir en el
cese de los hechos que crearon el represamiento.
11.6. Manifestó la falta de legitimación por pasiva porque la propiedad del ZODME9
es de un particular y las medidas deben ser desarrolladas por su propietario. En esa
misma línea indicó que el Municipio de Pereira es el ente municipal encargado de
realizar los trámites y acompañamientos solicitados en la acción popular. Es decir,
la ejecución de las obras o acciones conforme lo establece la Ley 1523 de 2021,
por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, se encuentra en cabeza
únicamente de la entidad territorial.
11.7. Por último, indicó que se presenta una falta de valoración de las pruebas
allegadas al proceso porque estas dan cuenta del cumplimiento por parte de la
Corporación Autónoma Regional en el acompañamiento ambiental, emitiendo
conceptos técnicos y resoluciones, cumpliendo con la totalidad de sus funciones de
asesoría y acompañamiento técnico y ambiental; e indicó adicionalmente que en
una acción de tutela que presentó el señor Dagoberto Vásquez Zuleta se probó que
los derechos no han sido vulnerados. Por último, solicitó que se le exonere de las
cargas impuestas en la sentencia proferida, en primera instancia10.
Recurso de apelación presentado por la sociedad Todoterreno Ingeniería y
Equipos S.A.S
12. La sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S presentó escrito por
medio del cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en los siguientes términos:
12.1. Indicó que ya se ha dado cumplimiento a todas las órdenes impartidas por el
despacho judicial, por lo que considera que se configuró un hecho superado e
inclusive aportó documentos que, en su criterio, evidencian el cumplimiento.
9 Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrantes ZODMES.
10 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal. Archivo
denominado: 093_079APELACIONCARDER.
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12.2. Expresó que por lo anterior no es procedente la condena en costas. Solicitó
sean revocadas las órdenes impartidas y revocar la condena impuesta11.
Actuaciones en segunda instancia
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de mayo de 202412, ajustó al
efecto devolutivo los recursos de apelación interpuestos; mediante auto de 23 de
mayo de 202413 admitió los recursos de apelación y por medio de auto de 18 de
julio de 2024, negó las solicitudes probatorias presentadas por la sociedad
Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S14. El Ministerio Público no rindió concepto,
ni las partes se pronunciaron en relación con los recursos de apelación interpuestos.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
14. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
principio de prevención en materia ambiental; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del derecho colectivo al goce
al ambiente sano; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y vii)
el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
15. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 15, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201916, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15017 de la Ley
11 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal. Archivo
denominado: 094_080RECURSAPELACTERCVINCULTODOTERRENO.
12 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 008Auto
que adecua_AP-a-2021-74-01 Sant
13 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 012Auto
que admite_APa20217401SantiagoV.
14 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 024Auto
que niega _APa20217401SantiagoV.
15 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
16 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
17 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
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1437 de 18 de enero de 201118, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
16. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia 29 de junio de 2023 proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con los artículos 32019 y
32820 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Los problemas jurídicos
17. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si se probó o no la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente en virtud del permiso de ocupación de cauce
y autorización de disposición final de material de descapote y excavación en el
predio “El Brillante”.
17.1. Posteriormente, en caso de encontrar probada la vulneración o amenaza y
en los términos de los recursos de apelación, se determinará si el Municipio de
Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, se encuentran
legitimadas por pasiva para atender la situación de daño ambiental y de riesgo que
se presentó por el proyecto de adecuación morfológica realizado por la sociedad
Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S. Además, se determinará si el Municipio de
Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER son
responsables por omisión de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
19 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
20 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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técnicamente, con ocasión del proyecto de adecuación morfológica realizado por la
sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S.
17.2. De igual manera, se verificará si en el caso concreto se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado como argumento expresado por la sociedad
Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S.
17.3. Se establecerá si es procedente la revocatoria de la condena en costas en
favor del actor popular, impuesta en la sentencia proferida en primera instancia.
18. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 29 de junio de 2023 proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
19. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
19.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
19.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
19.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
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19.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”22.
19.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental
20. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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20.1. Es importante recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.
20.2. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201523 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:
“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.
Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.
20.3. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
23 Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra.
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.
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despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.
20.4. En ese sentido, la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano
21. En el orden internacional24 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.
21.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.25
21.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:
“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:
24 Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia proferida el 19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación
270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
25 Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
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1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.
21.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"26, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199627 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200128, estableció:
“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).
21.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional29 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.
21.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de
26 El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en
su artículo 21, numeral 3.
27 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San
Salvador el 17de noviembre de 1988.
28 Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988.
29 Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de
22 de noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
21.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.
21.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional30 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
21.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199931 precisó lo siguiente:
“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.
21.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197332 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
30 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
31 M.P. Hernando Herrera Vergara.
32 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
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197433, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
21.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.
21.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201934, en los siguientes términos:
“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo35. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:
33 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01
(AP).
35 Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Demanda de inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo
Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
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“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]36
Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.
En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.
Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”37.
Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:
“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
36 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP)
37 Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
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de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)
De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)
[…]
Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.
El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente38. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.
A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201239, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.
Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.
Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.
En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
38 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia
de 17 de agosto de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
39 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".
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que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.
Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”40.
Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”41.
De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201442, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.
Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
22. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política43.
22.1. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
40 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
41 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María
Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
43 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
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22.2. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
22.3. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201244, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
22.4. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación45, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
22.5. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
44 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
45 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación
número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP)
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efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.
22.6. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir,
por un lado, que el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, es transversal a otros derechos como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros; y, por el otro, que se trata de un derecho e interés colectivo que se
sustenta en el principio de primacía del interés general.
Marco general de la competencia de los departamentos y de los municipios
en materia de prevención de desastres
23. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política,
el Estado colombiano se define como una República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, en
la cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.
24. La Constitución a su vez en sus artículos 298 y 300 asignó a los
departamentos autonomía para la administración de los asuntos seccionales y
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio.
Asimismo, les encomendó funciones administrativas, de coordinación y
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios determinados en la Constitución y en la
ley.
25. Con respecto a la función de complementariedad de la acción municipal,
establece el artículo 300 de la norma en cita:
“[…] Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas:
[…]
2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y
el desarrollo de sus zonas de frontera […]” (Destacado fuera de texto).
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26. En el mismo sentido la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 46, estableció en
cuanto a la función de complementariedad:
“[…] ARTÍCULO 74. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN OTROS
SECTORES. Los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social
dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
[…]
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los
Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las
competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar. […]” (Destacado de
la Sala).
27. Ante las situaciones de vulnerabilidad por las condiciones del suelo o
amenazas similares, el Estado ha promovido un sistema, el cual tiene como objetivo
crear una política pública sólida para la identificación y evacuación de tales zonas,
con miras a garantizar los derechos y los bienes de sus habitantes.
28. El artículo 2 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201247 establece que la gestión
del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano. La norma dispone en su tenor literal:
“[…] En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres,
en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión
del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo
personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades
[…]”.
29. En virtud del principio de responsabilidad, la ley determinó como integrantes
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a: i) las entidades
públicas, ii) entidades privadas y iii) la comunidad, de allí que disponga que la
gestión del riesgo debe desarrollarse bajo los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad de todos los agentes que intervienen.
30. Particularmente en materia de prevención de desastres, la Ley 1523 asigna a
46 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
47 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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las autoridades departamentales las siguientes funciones:
“[…] Artículo 13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional
y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento
y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial.
Parágrafo 1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.
Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son la
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento […]”
(Destacado fuera de texto).
31. De conformidad con esta norma, a los departamentos les corresponde: i)
proyectar la política del Gobierno Nacional en materia de gestión del riesgo; ii)
responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del
riesgo y de manejo de desastres; iii) poner en marcha y mantener la continuidad de
los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio; iv) integrar en la
planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y v)
coordinar los municipios de su territorio de manera concurrente y con subsidiariedad
positiva.
32. Por su parte, los municipios fueron instituidos en los artículos 311 y 313 de la
Constitución Política como la entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, a la cual corresponde ordenar el desarrollo de su
jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes, y a los concejos municipales como los encargados de
reglamentar el uso del suelo.
33. Un primer referente en materia de gestión del riesgo es la Ley 9 de 11 de
enero de 198931 que establece, dentro de los planes de desarrollo municipal, la
reserva de tierras para la reubicación de asentamientos humanos ubicados en
sectores de alto riesgo y la posibilidad de expropiación de tierras con esa finalidad,
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para lo cual, los alcaldes deben levantar un inventario sobre los asentamientos
que se encuentren en alto riesgo, y tomar las medidas de precaución y de
reubicación.
34. La Ley 388 complementó el anterior mandato y dentro de sus objetivos
señaló: “[…] establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes […]” y “[…] [g]arantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios,
y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección
del medio ambiente y la prevención de desastres […]”.
35. A su vez, el literal “d” del artículo 10 de la Ley 388 prevé la necesidad de que
los municipios establezcan dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial
políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas
a amenazas y riesgos naturales, en especial en lo que a la zona urbana y su
expansión se refiere.
36. Más recientemente, la Ley 715 reiteró la responsabilidad de los municipios
conrespecto a la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:
“[…] Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: […]
76.9. En prevención y atención de desastres
Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación
de asentamientos […]”.
37. La Ley 1523 asigna a la administración distrital y municipal, dentro del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la directa e inmediata
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responsabilidad de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y el
manejo de los desastres, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo
yel manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública […]” (Destacado fuera de texto).
38. Esta Sección48, con ocasión de una acción popular interpuesta por hechos
similares que se verificaron en el Municipio de Dosquebradas, abordó ampliamente
el análisis de las competencias de los municipios en lo que tiene que ver con la
atención y prevención de desastres, en los siguientes términos:
“[…] Como bien lo expresa la jurisprudencia constitucional, ese deber genérico ha
sido concretado en distintos preceptos de carácter legal, de manera específica y
en relación con la materia que nos ocupa, la Ley 715 de 2001
[…]
Las anteriores normas se complementan con los diferentes mandatos contenidos
en la Ley 388 de 1997 los cuales destacan la importancia de la prevención de
desastres dentro de la planeación del ordenamiento territorial municipal.
El artículo 1º señala entre los objetivos de la Ley el establecimiento de los
mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la
ejecución de acciones urbanísticas eficientes; garantizar que la utilización del
suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y
permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del
espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres; promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio,
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Por su parte, el artículo 8º establece que la función pública del ordenamiento del
territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las
entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento
del territorio y la intervención en los usos del suelo y menciona entre las
acciones urbanísticas “localizar las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación 17001-23-33-000-2012-00286-01,
C.P. María Elizabeth García González.
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conservación y recuperación paisajística”.
En el mismo sentido el artículo 10º supra prescribe que “en la elaboración y
adopción de sus planes de ordenamiento territorial los Municipios y distritos
deberán tener en cuenta como determinantes, que constituyen normas de
superior jerarquía las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de
riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de
zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales”.
Así pues, los entes Municipales cuentan con sendas competencias específicas en
la prevención y atención de desastres, las cuales pueden ser financiadas con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones o de otros recursos.
Estas competencias no se limitan a las zonas de alto riesgo ni se agotan con la
reubicación de asentamientos […]”.
39. Administrativamente, son los municipios las entidades territoriales que
ostentan la responsabilidad principal y directa en la prevención y en la atención de
desastres, de allí que los alcaldes como máximas autoridades son los encargados
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo su
conocimiento y reducción y, el manejo de los desastres en el área de su jurisdicción,
en la forma señalada por el artículo 14 de la Ley 1523.
Aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad en
las funciones municipales y departamentales
40. La Constitución Política establece que las competencias de los diferentes
niveles de la administración se ejercerán conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiaridad, así:
“[…] Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley […]”.
41. El concepto de estos principios fue establecido por la Ley 136 de 2 de junio
de 199449, en el siguiente tenor:
“[…] a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los Municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer
en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
49 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.
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Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y
hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los Municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente […]”.
42. En unos términos más específicos, la Ley 1523 describe de manera especial
estos principios, orientadores en materia de gestión del riesgo, de la siguiente
manera:
“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la
actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios
especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para
garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o
cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre
entidadesnacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario
que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar
cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión
de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de
algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el
respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para
alcanzarlas.
Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía delas
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser
de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las
autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el
deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización
en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada […]”.
43. La Corte Constitucional ha destacado la importancia de estos principios como
un medio a través del cual se cumplen de una forma más eficiente los fines,
cometidos y metas estatales, de manera que los diferentes niveles de la
administración deben mantener una comunicación constante y una planificación
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conjunta en el ejercicio de sus funciones; en síntesis, esa Corporación estableció lo
siguiente34:
“[…] En este orden de ideas, juega un papel importante el principio de
coordinación. Este principio se relaciona de manera estrecha con el principio de
subsidiariedad y podría considerarse como una derivación del mismo. Implica,
entre otras cosas, una comunicación constante entre los distintos niveles
para armonizar aquellos aspectos relacionados, por ejemplo, con la garantía
de protección de los derechos constitucionales fundamentales así como aquellos
asuntos vinculados con el efectivo cumplimiento de las metas sociales del Estado.
La Corte Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que:
[…]
En este respecto, el principio de concurrencia desempeña un papel fundamental.
La Nación no puede dejar de estar pendiente de la suerte de las Entidades
Territoriales y de apoyar a aquellas que lo necesitan más.
[…]
El principio de concurrencia – conectado estrechamente con el principio de
subsidiariedad - no solo invoca la atención de la Nación sino que apela también a
la solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de que quienes
pueden ir a una mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas. Al
respecto de los principios contenidos en el artículo 288 de la Constitución Nacional
ha dicho la Corte Constitucional:
“El artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos
constitucionales y legales. El primer principio, indica que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades
territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica
un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de
modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y
proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva
de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de
descentralización y autonomía territorial."
Así las cosas, los tres principios contenidos en el artículo 288 no pueden verse de
manera aislada. Los tres deben ser aplicados de consuno. Colombia es un Estado
social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales. Esto implica la necesidad de
concurrencia de l[o]s distintos niveles para la solución de ciertos problemas que
vanmás allá de las fronteras de las Entidades Territoriales o que ellas mismas no
están en posibilidad de solucionar y, en especial, para la realización de los
cometidos sociales del Estado. La Ley establece los criterios o elementos para
que las diferentes dependencias gubernamentales tanto a nivel nacional como a
nivel territorial trabajen de manera coordinada. Este exigente trabajo en
conjunto no puede soslayarse porque la Constitución radique en cabeza de
una entidad territorial determinada – por ejemplo en cabeza de los municipios
la prestación de los servicios básicos y en especial el cubrimiento del servicio
públicode educación y salud […]” (Destacado fuera de texto).
44. De esta providencia se extrae: i) la importancia de que exista una
comunicación constante entre los departamentos y los municipios; ii) los
departamentos como entes territoriales de nivel superior deben hacer seguimiento
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y estar pendientes del estado y de la gestión de los municipios, respetando
naturalmente el principio de autonomía; iii) deben haber procesos de participación
de modo que los departamentos apoyen e intervengan en la planeación de los
programas y proyectos, sin que ello implique que necesariamente deban participar
en la ejecución; y iv) el hecho de que la ley radique en cabeza de los municipios
determinada función, no puede soslayar el trabajo conjunto que deben desarrollar
con los departamentos.
45. En suma, el ordenamiento jurídico propende porque las actuaciones de las
autoridades departamentales y municipales referentes a la planificación y ejecución
de obras de prevención y atención de desastres se desplieguen de manera
articulada, en el marco de las competencias administrativas que la ley le asigna a
cada uno de estos entes territoriales, puesto que, por una parte, es a los municipios
a los que en primera instancia y de manera directa les corresponde adelantar todos
los planes y programas, así como la ejecución de las obras y, por la otra, a los
departamentos les corresponde responder por la implementación de los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres y coordinar y
complementar la gestión que desarrollan los municipios que hacen parte de su
territorio.
46. De manera concreta, las funciones concatenadas y coordinadas de los entes
territoriales están previstas en la Ley 1523, entre otras normas, de la siguiente
manera:
“[…] Artículo 32. Planes de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar
y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco
de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del
desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para
realizar su seguimiento y evaluación […]”.
47. Corolario de lo anterior, los municipios son los responsables directos de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento,
la planeación, la ejecución de obras de reducción del riesgo y el manejo de
desastres y, en concordancia, a los departamentos les corresponde desarrollar
funciones especiales de planeación, conocimiento, seguimiento, asesoría,
orientación, acompañamiento y asistencia técnica, administrativa y financiera a los
municipios.
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Sobre las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales y su
obligación de asesoramiento y acompañamiento en materia ambiental
48. La Constitución de 1991 atribuye al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía50 con identidad propia e independencia.
49. Así, la Ley 99 reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y definió a
dichas corporaciones autónomas regionales en el artículo 23, como:
"[…] entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.
50. En lo concerniente a su objeto, la Ley establece que éste se circunscribe a la
“[…] ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”51.
51. Finalmente, en cuanto a sus funciones de asesoramiento y acompañamiento,
el artículo 31 de la Ley 99, establece:
“[…] 1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del
ámbito de su jurisdicción;
2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
50 El artículo 150, numeral 7 de la Constitución señala: “[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 7. Determinar la estructura de la administración
nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica;
reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen
de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta […]”.
51 Cfr. artículo 30.
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recursos naturales renovables;
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes
organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el
área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por
las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito desu jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones
que se adopten;
6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras
entidadespúblicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus
funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas;
7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales
adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de
apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no
formal, conforme a las directrices de la política nacional;
[…]
11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósitode los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
locual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes,la reparación de daños causados;
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las
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cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación
de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado
manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes;
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas
y reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables;
[…]
26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional
de Regalías o con otros de destinación semejante;
[…]
29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales
y a los concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de
planificación que les otorga la Constitución Nacional;
30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por
la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la
presente ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.
Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313
numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a
las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en
cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará
a la conservación de la vegetación nativa existente. […]” (Destacado fuera de texto).
52. Esta Corporación ha considerado que, de acuerdo con las disposiciones de
la ley 99, las corporaciones autónomas regionales son “entes corporativos de
carácter público”, sometidas al derecho público y, por tanto, a los principios de
legalidad y de la improrrogabilidad de la competencia, según los cuales ésta sólo
puede ejercer las funciones públicas que la Constitución o el legislador le
autorizan. Así las cosas, al ser autoridades ambientales, definen las políticas del
medio ambiente, lo planifican y ejercen poder de policía en los casos de permisos,
concesiones o por incumplimiento de normas ambientales.
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53. Como se observa, las corporaciones autónomas regionales están facultadas
para, entre otras: i) ejecutar las políticas, planes y programas en materia ambiental
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el área de su
jurisdicción; ii) ejercer las funciones de máxima autoridad ambiental de acuerdo
con los criterios y directrices del ministerio; y iii) labores de inspección, vigilancia,
seguimiento y control de los recursos renovables y no renovables.
Análisis del caso concreto
54. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes de acuerdo con los cuales se plantearon los problemas
jurídicos de esta providencia.
55. El Tribunal determinó que: i) la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
– CARDER y el Municipio de Pereira están legitimadas de hecho por pasiva, dada
la relación procesal que se establece entre los derechos colectivos invocados en la
demanda y la actuación u omisión de dicha entidad en lo referente a la expedición
de la Resolución 0473 de 2018 y la alegada correlación con el presunto daño
ambiental; ii) la actividad desarrollada en el predio “El Brillante” consistente en la
adecuación morfológica del mismo para futuras construcciones no se encuentra
prohibida de cara al uso del suelo, el predio donde se localiza no tiene una
protección especial por parte del plan de ordenamiento territorial y el permiso no da
lugar a modificaciones del suelo; iii) las exigencias para la conformación de los
permisos son las previstas en las normas vigentes al momento de la solicitud y en
el caso concreto se encuentran satisfechos con la normatividad anterior, esto es, la
Resolución núm. 541 de 1994, además como el sitio de disposición de material
sobrante de descapote y excavación se desarrolla en un predio privado, en virtud
de un proyecto de adecuación morfológica del mismo para futuras construcciones,
no se trata de un sitio de disposición final de carácter municipal por lo que no le son
exigibles los requisitos de la Resolución 472 de 2017; iv) en consecuencia no se
vulneraron las normas sobre usos de suelo.
55.1. Además, el Tribunal consideró que no se probó la vulneración del derecho e
interés colectivo a la moralidad administrativa; se determinó que corresponde al
municipio delimitar las áreas urbanizables de acuerdo a la priorización del riesgo en
las construcciones, además de adelantar todas las acciones pertinentes para la
recuperación de los terrenos que sirven de cauce a las fuentes hídricas ubicadas en
su territorio, que corresponde también a la Corporación Autónoma Regional la
vigilancia y control de los cuerpos hídricos y sus laderas, pues les corresponde en
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compañía de las demás autoridades la protección y recuperación de los mismos; y
que la Ley 1523 señaló a todas las autoridades y habitantes del territorio como
responsables de la gestión del riesgo.
55.2. Concluyó que de acuerdo con las actuaciones ambientales surtidas en el
predio “El Brillante” en virtud del seguimiento y control al permiso de ocupación de
cauce y autorización de disposición final de material de descapote y excavación, se
deduce que existió un proceso de remoción en masa, que una vez evaluado se
consideró que aunque es superficial, detonados por la acumulación de aguas lluvias
y de escorrentía provenientes de la parte superior de la ladera, genera inestabilidad
sobre ella dada la saturación de agua en el terreno, por lo que es importante que se
realice un manejo adecuado de las aguas superficiales; y se le endilga la
responsabilidad a los propietarios del predio, teniendo en cuenta lo mencionado y a
las entidades demandadas porque no continuaron con el control y seguimiento de
las recomendaciones impartidas a los particulares.
56. En los recursos de apelación, por un lado, el Municipio controvierte la
ausencia de responsabilidad del ente territorial con fundamento en el cumplimiento
de sus funciones, la ausencia de prueba de alguna omisión de la entidad y la
corresponsabilidad de particulares. Por el otro, la Corporación Autónoma Regional
alegó la ausencia de responsabilidad con fundamento en la falta de prueba sobre
acción u omisión de la entidad; reiteró que la amenaza y vulneración de los derechos
tiene origen en el hecho de un particular y controvirtió la competencia de la entidad
para el cumplimiento de medidas. Por último, la sociedad Todoterreno Ingeniería y
Equipos S.A.S. explicó que en este caso se configuró un hecho superado y solicitó
la revocatoria de la condena en costas.
57. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a resolver los problemas
jurídicos.
En relación con la prueba de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos, la responsabilidad de las entidades y de los particulares, en el caso
concreto
58. Para resolver este punto de los recursos de apelación, la Sala advierte que
las pruebas relevantes son las siguientes52:
52 Expediente digital del Tribunal.
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58.1. Copia del certificado de tradición del predio con matrícula inmobiliaria núm.
290- 127102 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, cuyo
titular real de dominio figura entre otros, el señor Dagoberto Vásquez Zuleta.
58.2. Copia del auto de inicio de trámite núm. 001031 del 28 de diciembre de 2017,
mediante el cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
ordena iniciar el trámite Administrativo Ambiental de Permiso de Ocupación de
Cauce, Autorización para Disposición Final de Escombros y Material Sobrante de
Descapote y Excavación, a favor de los señores Pedro Nel Guiot Ronchaquira,
Pedro Alejandro Guiot Montoya, Marta Helena Montoya Giraldo, Ana Milena Guiot
Montoya, Teresa Guiot Montoya, para el predio denominado El Brillante, localizado
en la vereda Cañaveral, en jurisdicción del Municipio de Pereira, departamento de
Risaralda, cuyos linderos se encuentran descritos en la Matrícula inmobiliaria núm.
290-30861.31.
58.3. Copia del concepto técnico núm. 00246 del 17 de febrero de 2018, a través
del cual la CARDER autoriza la disposición de material sobrante de descapote y
excavación – permiso de ocupación de Cauce, Finca El Brillante – Vereda
Cañaveral. Tuvo como antecedentes relacionados con el predio, entre otras: i) no
se evidencia afectado por suelos de protección rural y urbano, en lo referente a
corrientes hídricas y altas pendientes, según el Acuerdo núm. 35 de 23 de diciembre
de 2016 POT, no se encuentra afectado por ningún tipo de suelo de protección; y ii)
acatar con rigurosidad lo dispuesto en la Resolución núm. 472 de 28 de febrero de
2017 proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referida al
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
material de excavación y de construcción.
58.4. Copia de la resolución núm. 0473 del 21 de marzo de 2018, expedida por la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, “[…] Por la cual se
autoriza un permiso de ocupación de cauce; se autoriza la disposición de material
sobrante de descapote y excavación, y se dictan otras disposiciones […]” a los
propietarios del predio “El Brillante”.
58.5. Copia del auto núm. 00299 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER ordena iniciar el trámite
Administrativo Ambiental de prórroga de la Resolución núm. 473 de 2018, en cuanto
al Permiso de Ocupación de Cauce y Autorización para disposición final de
escombros y material sobrante de descapote y excavación, a favor de los señores
Pedro Nel Guiot Ronchaquira, Pedro Alejandro Guiot Montoya, Marta Helena
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Montoya Giraldo, Ana Milena Guiot Montoya, Teresa Guiot Montoya, para el
desarrollo del proyecto denominado “adecuación morfológica predio el brillante”.
58.6. Concepto Técnico ZODME El Brillante del 18 de marzo de 2021, expedido
por la Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER del Municipio de Pereira, dentro del
cual se indicó:
“[…] La visita, consistió en la inspección general de los predios Finca La Gloria y
zona de Depósito El Brillante, verificación del estado actual e identificación de
procesos existentes, con el fin de observar las posibles afectaciones que estos
puedan estar presentando. Teniendo en cuenta que la Dirección de Gestión del
Riesgo - DIGER tiene como fin, buscar y llevar a cabo acciones para el
conocimiento, reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito de
contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas por parte
de esta dependencia y con presencia de los profesionales de la misma (Geólogos
Mónica Sánchez, Camila Aguilar y Sebastián García Idárraga) se realizó una visita
técnica el pasado 15 de marzo de 2021 y una posterior verificación con vuelo de
DRON. Cabe resaltar que en la última visita realizada el 17 de marzo de 2021 se
identificó que los encargados del manejo de la zona de Depósito (sic) habían
realizado acciones para la desobstrucción de la canalización, facilitando el paso de
agua de la fuente hídrica.
[…]
Recomendaciones
Se recomienda realizar una intervención rápida para garantizar el manejo
adecuado de aguas superficiales, mediante la construcción de canales y
drenes, que permitan el adecuado drenaje de dichas aguas. Esto con el fin de
evitar nuevos procesos de remoción en masa que generen nuevas
obstrucciones y futuras afectaciones a la vivienda localizada en la Finca La
Gloria. Por tal motivo y teniendo en cuenta que la propiedad del ZODME El Brillante
es de un particular, las medidas a tomar deben ser desarrolladas por parte del
propietario, el señor Pedro Nel Guiot Ronchaquira identificado con cedula de
ciudadanía 79.121.657, como poseedor (mediante contrato de compraventa
aportado) del predio en mención. La información anterior es proporcionada a través
de la Resolución No. 0473 del 21 de marzo de2018 emitido por CARDER […]”
(Destacado fuera de texto).
58.7. Copia del concepto técnico núm. 00564 del 23 de marzo de 2021, dentro del
cual se atiende PQR de la acción popular radicado 4061-2021 y acción de tutela
00088 de 2021 – Predio El Brillante vía a Altagracia y se determinaron como
conclusiones y recomendaciones, las siguientes:
“[…] CONCLUSIONES
En el predio denominado El Brillante Exp. 8896 con Prorroga Resolución N°
0473 de 21/03/2018 según Concepto Técnico N° 244de 18.02.2021, localizado
en la Vereda Cañaveral, km 3, vía San Joaquín-Altagracia, jurisdicción del
Municipio de Pereira, se realizó construcción de tres (3) cuerpos de la Cámara
de Inspección sin tener en cuenta el nivel de tierra a la par, por lo tanto al
momento de hacer el depósito de material, dicha tierra generó peso sobre la
estructura expuesta causando colapso de los tres (3) cuerpos sobre el resto de
la estructura, generando represamiento de la corriente del sobrante del
acueducto AQUASAT, aguas lluvias y aguas subsuperficiales, lo cual se
constituye en una infracción objeto de imposición de medidas preventivas.
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[…]
RECOMENDACIONES.
Desde el punto de vista técnico, se recomienda imponer las siguientes medidas
preventivas a los señores Pedro Nel Guiot Ronchaquira, Ana Milena Guiot
Montoya, Pedro Alejandro Guiot Montoya, Teresa Guiot Montoya y Martha
Elena Montoya Giraldo en calidad de poseedores, las siguientes medidas
preventivas:
• Amonestar por escrito, a los señores Pedro Nel Guiot
Ronchaquira, Ana Milena Guiot Montoya, Pedro Alejandro Guiot
Montoya, Teresa Guiot Montoyay Martha Elena Montoya Giraldo, en
calidad de poseedores por realizar construcción de tres (3) cuerpos de
la Cámara sin tener en cuenta el nivel de tierra a la par, por lo tanto, al
momento de hacer el depósito de material, dicha tierra generó peso
sobre la estructura expuesta causando colapso de los tres (3) cuerpos
sobre el resto de la estructura, generando represamiento de la corriente
del sobrante del acueducto AQUASAT, aguas lluvias y aguas
subsuperficiales.
• Suspender, la recepción de material hasta tanto cumpla con
las obligaciones establecidas en el presente concepto técnico.
Observación: Con el fin de prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia del hecho, la realización de la actividad o la existencia de cualquier
situación que atente contra el medio ambiente, surgido de la actuación
presuntamente constitutiva de infracción ambiental, se imponen las siguientes
obligaciones:
[…]”.
58.8. Copia del documento de evaluación de medidas núm. 0049 del 7 de mayo
de 2021, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
y realizada en el predio “El Brillante”, vereda cañaveral, de lo cual se extrae lo
siguiente:
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Se conceptuó:
“[…] No se recomienda técnicamente levantar las medidas preventivas, toda
vez que han dado cumplimiento parcial a las obligaciones establecidas en la
Resolución de Medidas Preventivas N° 0441 de 08.04.2021 y según lo
informado en la visita NO se ha dado el cumplimiento total a causa de las
condiciones climáticas, que no permiten adelantar considerablemente
actividades manuales y mecanizadas; por lo tanto, se realizará nuevamente
visita técnica de seguimiento en 15 días, para verificar el cumplimiento total de
dichas obligaciones. Sin embargo, se considera que se han remediado en un
alto porcentaje, las situaciones que se encontraban realizando una afectación
sobre los recursos, razón por la cual se impuso la medida preventiva […]”.
58.9. Testimonio de la señora Mónica Alejandra Sánchez, geóloga de profesión y
representante de la DIGER, la cual realizó visita a los predios donde se presentó la
afectación, se refirió a los siguientes puntos: i) encontró rastros de la inundación en
la finca de propiedad del señor Dagoberto; ii) evidenció que en la zona de depósito
se estaban adelantando acciones de mitigación ante la problemática, sin embargo,
era complicado por el estado del terreno, y los procesos de remoción en masa que
se presentaron; iii) indicó que con un vuelo en dron se identificó que el predio donde
se encuentra la finca está en una depresión topográfica y que aguas arriba se
encuentra un afluente hídrico canalizado el cual con el deslizamiento se represó y
que parte del problema se había solucionado; iv) identificó que el predio pertenecía
a particulares; v) indicó que la inundación fue asociada a ese deslizamiento que
represó el afluente y por la topografía que presenta la finca; vi) argumentó que no
tiene conocimiento sobre el cumplimiento de las obras de mitigación o las
recomendaciones; vii) señaló que si no se toman las medidas correspondientes,
se puede volver a presentar este tipo de situaciones; viii) explicó que la amenaza
por remoción en masa es media, según el Plan de Ordenamiento Territorial, y que
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igualmente es de nivel medio la existencia de aguas de escorrentía; ix) describió la
zona: una parte es más a nivel de la carretera y hay otra que es una depresión; x)
mencionó que existía el deslizamiento que es un proceso erosivo; xi) indicó que
para establecer la estabilidad geotécnica, está supeditado a un estudio de detalle y
básicamente por una visita técnica donde uno evalúa de carácter visual, no se
alcanza el alcance para poder establecer eso; xii) mencionó que las medidas para
contención dependen de un estudio; xiii) señaló que únicamente en el POT, está
relacionado con amenaza media por fenómenos de remoción en masa, por
topografía del área; xiv) concluyó que si la canalización se obstruye, sí podría
volverse a repetir el escenario por inundación, pero en ninguna de las herramientas
que tenemos como en el plan de ordenamiento, no está zonificado como en temas
de inundación la finca La Gloria; y xv) por último, indicó que la probabilidad de que
estos deslizamientos se presenten es alta por las precipitaciones y que la
combinación del material que se disponía allí con las lluvias generó el deslizamiento.
58.10. Interrogatorio de parte del señor Santiago Vásquez Gómez, en condición de
actor popular, quien indicó en líneas generales que: i) se invocó una norma que se
encontraba derogada; no reposa en el concepto técnico 246 ningún análisis acerca
de los criterios que impone la Resolución 472 de 2017 sobre oferta ambiental,
degradación del suelo, distancia de cuerpos hídricos, disponibilidad de vías de
acceso, densidad poblacional y usos del suelo; ii) la Corporación Autónoma
Regional no tenía competencia para realizar ese tipo de procedimiento técnico y
tenía que dar esa tarea de forma indelegable al plan de gestión integral de residuos
sólidos que debía contar con un grupo técnico de trabajo organizado por planeación
municipal y por la alcaldía; iii) se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente
de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de
recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos,
humedales, manglares y zonas ribereñas del artículo 20 de la mencionada
resolución; y entre otros temas, y iv) tampoco el sitio cuenta con pesaje
debidamente calibrado.
58.11. En relación con el interrogatorio de parte del actor popular se debe aclarar,
conforme con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que
no es compatible en este tipo de acciones constitucionales, por oponerse a la
naturaleza, fines y características de este medio de control, toda vez que el actor
popular no está facultado para confesar a nombre de toda la comunidad 53. No
53 Consejo de Estado; Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2008, NUR C.P 70001-23-31-000-2003-
00618-01(AP), Ruth Stella Correa Palacio.
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obstante, es analizado de acuerdo con las reglas de la sana crítica y teniendo de
presenta lo establecido por esta Corporación54.
58.12. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.
58.13. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito55.
59. Previamente se debe resaltar que en la sentencia proferida, en primera
instancia, se consideró probado que existió un proceso de remoción en masa y que
una vez evaluado se consideró que, aunque es superficial, y que la acumulación de
aguas lluvias y de escorrentía provenientes de la parte superior de la ladera generó
la inestabilidad por la saturación de agua en el terreno, era necesario realizar un
manejo adecuado de las aguas superficiales que involucre un manejo integral en el
predio donde se desarrolla el proyecto de adecuación morfológica. Además, se
evidenció que, si bien, existe una irregularidad en el terreno de origen geológico,
ello no desvirtúa la afectación al medio ambiente y el desequilibrio ecológico porque,
sin duda, están probados los movimientos de tierra para la adecuación morfológica,
sin que se haya reparado o compensado esa afectación, lo cual evidencia la
existencia de una vulneración de los derechos e intereses colectivos.
59.1. En el plenario se cuenta con un acervo probatorio técnico relacionado con el
uso y manejo de las fuentes hídricas; en concreto, para el adecuado manejo de las
aguas superficiales y los procesos de remoción en masa que generan obstrucciones
y, en consecuencia, inundaciones en la zona, al punto que las entidades, en el
54 Consejo de Estado; Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 2019, NUR 08001-23-33-000-2014-
01034-01(4422-16), C.P. William Hernández Gómez.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020 NUR
150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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marco de las acciones adelantadas para el conocimiento, reducción y el manejo de
desastres, realizaron recomendaciones que se contienen en conceptos técnicos
que identificaron las situaciones que afectan el medio ambiente y constituyen un
riesgo en materia de prevención de desastres, en este caso, de la fuente hídrica y
de la seguridad, bienes y calidad de vida de las personas.
59.2. Por ende, la Sala considera que el argumento de la Corporación Autónoma
Regional en punto a la no existencia de prueba técnica que demuestre la
inadecuada intervención del cauce y la no demostración del daño ambiental, no
tiene sustento y, por el contrario, se aportaron pruebas que evidencian la necesaria
protección y amparo de los derechos colectivos invocados en este caso concreto.
60. En relación con lo indicado por la Corporación Autónoma Regional en cuanto
a lo que se demostró en el proceso, es de aclarar que se deriva del testimonio
técnico que, si bien, parte del problema se había solucionado, no se tiene certeza
sobre el cumplimiento de las recomendaciones y que, para establecer la estabilidad
geotécnica del terreno, ello está supeditado a un estudio de detalle y que si se
volviera a obstruir la canalización se podría presentar un nuevo deslizamiento. En
ese orden, no es de recibo lo afirmado por la Corporación Autónoma Regional en
su recurso de apelación en cuanto indicó que no hay prueba sobre la situación de
amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos y que, en todo caso,
se trata de una situación superada.
60.1. Ahora bien, el Municipio de Pereira expresó en su recurso de apelación que:
“[…] no existe un argumento jurídico o técnico que indique cual es la omisión del
municipio frente a la violación de los derechos colectivos reclamados, motivo por el
cual la responsabilidad del Municipio no tiene asidero en ningún argumento y su
defensa se hace inocua […]”, por su parte, la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda fundamentó su recurso de apelación e indicó que: “[…] no se observa
OMISIÓN alguna por parte de esta Corporación, pese a que en los hechos 4,5, y 6
se hace relación a la Resolución 473 del 21 de marzo de 2018 “POR LA CUAL SE
OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, SE AUTORIZA LA
DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRAN DE DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN; Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Además, es importante resaltar que este Acto
Administrativo goza de plena presunción de legalidad según lo dispuesto en el
Artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.En cuanto las actuaciones que se desprenden
de la Resolución 473 de 2018, la CARDER ha realizado de manera permanente
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labores de seguimiento y control de las actuaciones realizadas por parte de la
escombrera en el área que sufrió la presunta afectación […]”.
60.2. En relación con lo anterior, el Tribunal en la sentencia de primera instancia
realizó el análisis probatorio y evidenció que ambas entidades realizaron labores de
inspección en los predios finca La Gloria y la escombrera “El Brillante”, con el fin de
verificar el estado actual y la identificación de procesos existentes para establecer
las posibles afectaciones que se pudieran estar presentando.
60.3. El Tribunal consideró que: “[…] de acuerdo con las actuaciones ambientales
surtidas en el predio “El Brillante” en virtud del seguimiento y control al permiso de
ocupación de cauce y autorización de Disposición Final de Material de Descapote y
excavación, se colige que existió un proceso de remoción en masa, que una vez
evaluado se consideró que, aunque es superficial, detonados por la acumulación de
aguas lluvias y de escorrentía provenientes de la parte superior de la ladera, genera
inestabilidad sobre la ladera dada la saturación de agua en el terreno; por tanto, es
importante que en el predio donde se desarrolla el proyecto de adecuación
morfológica, se realice un adecuado manejo de las aguas superficiales que
involucre un manejo integral […]”.
60.4. Por lo anterior, declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano, a la efectiva prevención de desastres y gestión del riesgo, porque
fue desconocida la función preventiva de la autoridad ambiental y de planificación
urbanística por parte del ente territorial, porque conocieron de la situación
relacionada con los movimientos de tierra y ocupación de cauces ejecutados en el
predio “El Brillante”, si bien dispusieron algunas medidas preventivas como la
suspensión de actividades y realización de obras de contención para la mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos nocivos producto de la
inundación y afectación presentada en el sector, no se probó que se haya
continuado con el control y seguimiento a las recomendaciones realizadas.
60.5. En consecuencia, se demostró la afectación ambiental porque debido a la
remoción de tierra en virtud del proyecto de adecuación morfológica y las fuertes
lluvias, provocaron un deslizamiento de tierra que se represó y ocasionó una
inundación en el predio La Gloria, que generó una inadecuada intervención del
cauce que amerita una restauración y adecuación en el paso de agua de la
quebrada que discurre desde la Finca “El Vergel” y atraviesa bajo canalización el
predio “El Brillante”.
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60.6. En línea con lo establecido en la sentencia proferida en primera instancia, se
tiene que, el principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer de las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en
marcha de determinado proyecto o actividad. A su vez, el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, aplica el criterio de
la anticipación para precaver desastres y calamidades.
60.7. Dentro de las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada gestión
de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, se encuentra la contaminación
al aire, al agua y al suelo. La Resolución núm. 0472 de 28 de febrero de 2017 “Por
la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición – RCD”56, en su artículo 1, tiene como
ámbito de aplicación las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten,
transporten, almacenen, aprovechen y dispongan de los mencionados residuos de
las obras civiles o de otras actividades conexas.
60.8. En el caso concreto, por medio de la Resolución núm. 0473 de 2018 se otorgó
el permiso de ocupación de cauce y la autorización para la disposición final de
material. El artículo 1 de la resolución define sitio de disposición final de RCD
(anteriormente conocido como escombrera) como el lugar técnicamente
seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de RCD,
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de dichos residuos.
60.9. Por su parte como lo indica el Decreto 1541 de 1978, compilado por el artículo
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, se tiene que, en relación con la ocupación;
la construcción de obras que ocupan el cauce de una corriente o depósito de agua
requiere autorización. En el concepto técnico núm. 246 proferido por la CARDER se
determinó el manejo de aguas sub-superficiales y de infiltración -transporte de
caudales- aguas lluvias trasversales antigua vía, se estableció la descripción de las
obras para el manejo de las aguas así:
56 Modificada por la Resolución No. 1257 del 23 de noviembre de 2021.
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60.10. En el marco de la evaluación de las medidas impuestas por la CARDER se
recomendó que no se levantaran las medidas preventivas establecidas en la
Resolución 0441 de 8 de abril de 2021, porque no se había dado cumplimiento total
a las recomendaciones a causa de las condiciones climáticas, la mencionada
evaluación se realizó el 7 de mayo de 2021, y no se probó en el plenario que con
posterioridad se adelantaran más visitas. Por su parte la DIGER el 18 de marzo de
2021 recomendó realizar una intervención rápida para garantizar el manejo
adecuado de aguas superficiales mediante la construcción de canales y drenes, que
permitan el adecuado drenaje de dichas aguas, con la finalidad de evitar nuevos
procesos de remoción en masa que generen nuevas obstrucciones y futuras
afectaciones a la vivienda localizada en la Finca La Gloría. Sin embargo, tampoco
se probó que se hubieran adelantado actividades posteriores para revisar el
cumplimiento de las medidas.
60.11. Por lo anterior, es claro para esta Sala que se probó la vulneración de los
derechos e intereses colectivos invocados, a saber, el goce de un ambiente sano y
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente con ocasión del
proyecto de adecuación morfológica realizado por la sociedad Todoterreno
Ingeniería y Equipo S.A.S y por la omisión de las entidades demandadas;
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y el Municipio de Pereira,
si bien adelantaron labores de control y seguimiento, incluso hicieron
recomendaciones, ello no ha sido suficiente.
En relación con la competencia del Municipio de Pereira y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, en el caso concreto
61. La gestión del riesgo de desastres se define en la Ley 1523 como un proceso
que implica varias etapas como lo son: la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes encaminadas al conocimiento, la reducción del
riesgo y su manejo, con la finalidad de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
61.1. Son responsables de la gestión todas las autoridades y los habitantes del
territorio colombiano. El artículo 4 de la mencionada ley define como prevención de
riesgo aquellas “[…] [m]edidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede
enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante
la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo [...]”.
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61.2. Se indica en la norma también que los instrumentos esenciales de la
prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el
ordenamiento ambiental territorial, los cuales tienen como objetivo reglamentar el
uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.
61.3. Igualmente, se define la reducción del riesgo; por una parte, como aquella
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, es
decir, la mitigación del riesgo y a evitar un nuevo riesgo, y por la otra, el plano de la
prevención del riesgo. En cuanto a las medidas implementadas, se deben adoptar
con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad
de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los
recursos ambientales, etc. La reducción en efecto, está compuesta por: i) la
intervención correctiva del riesgo existente; ii) la intervención prospectiva de nuevo
riesgo y; iii) la protección financiera.
61.4. Como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
se encuentran las entidades públicas, en el artículo 14 se señala a los alcaldes como
jefes de la administración local que representan al sistema en el Distrito y el
municipio. En consecuencia, es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento
y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
61.5. Para el caso concreto el Municipio de Pereira a través de la Dirección de
Gestión del Riesgo – DIGER profirió concepto técnico de la Zona de Disposición de
Materiales Sobrantes el 18 de marzo de 2021, en el marco de sus funciones de
buscar y llevar a cabo acciones para el conocimiento, reducción del riesgo y manejo
de desastres y recomendó: “[…] [R]ealizar una intervención rápida para garantizar
el manejo adecuado de aguas superficiales, mediante la construcción de canales y
drenes, que permitan el adecuado drenaje de dichas aguas. Esto con el fin de evitar
nuevos procesos de remoción en masa que generen nuevas obstrucciones y futuras
afectaciones a la vivienda localizada en la Finca La Gloria […]”.
61.6. El anterior marco normativo y las actuaciones adelantadas por el Municipio
de Pereira demuestran que es clara la competencia de la entidad territorial para el
conocimiento y atención de la situación de vulneración y riesgo que ha sido
generada por el particular en su predio con la adecuación morfológica.
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61.7. En este punto es relevante señalar por un lado que; la propiedad privada
tiene una función social y ecológica que constituye el límite impuesto por el
legislador a ese derecho fundamental en beneficio del interés general, y por el otro
que dentro de la estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres juegan un papel importante en la responsabilidad de sus acciones
tendientes a contribuir desde el punto de vista de la prevención, en la realización de
mejores prácticas para evitar las consecuencias desastrosas que trae la
materialización de los eventos que producen el riesgo. No obstante, la vigilancia, el
seguimiento y el control de las entidades que pertenecen al mencionado sistema
son de vital importancia para el conocimiento y la gestión del riesgo.
61.8. Esta Sección en cuanto a la corresponsabilidad de la comunidad en la
causación del riesgo, ha determinado que cuando se demuestre que los riesgos a
la seguridad y a la prevención de desastres han sido causados por acciones
atribuibles a los ciudadanos, resulta procedente que el juez popular ordene que los
sujetos corresponsables concurran con las entidades gubernamentales para
adoptar las medidas que resulten necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos, en aras de hacer efectivos los deberes de
precaución, solidaridad y autoprotección que tanto en lo personal como en sus
bienes les impone el artículo 2 de la Ley 1523, concretamente, en materia de
prevención del riesgo57.
61.9. Por lo anterior, el ente territorial no puede excusar su responsabilidad
alegando que la adecuación morfológica para la disposición final se encuentra en
un predio privado porque la violación de la ley y la amenaza o vulneración derivada
de la acción de los ciudadanos, en modo alguno exonera a las autoridades del
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, máxime si se tiene en
consideración que en este caso la situación de vulneración de los derechos tiene
origen en un cuerpo de agua, cuyo cause y ronda tienen una connotación de espacio
público. Lo anterior no obsta para que los particulares, en el marco de sus
responsabilidades, concurran en el cumplimiento de las recomendaciones
realizadas por las entidades encargadas de vigilar y controlar las actividades en las
que se evidencie o deduzca la posibilidad de materialización de un riesgo.
61.10. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en este caso es necesario
modificar el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de junio de 2023,
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de marzo de
2018; NUR 19001333100520110029401, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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proferida en primera instancia, con el objeto de incluir al señor Pedro Nel Guiot
Ronchaquira, en calidad de poseedor autorizado del predio “El Brillante” y titular del
permiso de ocupación de cause, como corresponsable de la situación de
vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos, toda vez que, como
se consideró y probó en la sentencia proferida en primera instancia, la Corporación
Autónoma Regional, en el marco de sus funciones de seguimiento, realizó una visita
al predio mencionado y encontró que en este se construyeron 3 cuerpos de la
cámara de inspección sin tener en cuenta el nivel de tierra a la par, por lo que al
momento de realizar el depósito de material, esa tierra generó peso sobre la
estructura causando el colapso y generando el represamiento de la corriente
sobrante del acueducto, aguas lluvias y aguas subsuperficiales; situación que
constituyó una infracción objeto de imposición de medidas preventivas de
amonestación a los poseedores y de suspensión de la actividad hasta que se
cumplieran las obligaciones impuestas.
61.11. Posteriormente, la Corporación Autónoma Regional realizó la evaluación de
las medidas preventivas, y concluyó que no se recomendaba técnicamente ordenar
su levantamiento por el incumplimiento parcial de lo solicitado. Igualmente, el
Municipio de Pereira recomendó realizar una intervención rápida para garantizar el
manejo adecuado de las aguas superficiales, mediante la construcción de canales
y drenes que permitan el adecuado drenaje y evitar procesos de remoción en masa
que generen obstrucciones y futuras afectaciones.
61.12. En efecto, en la sentencia de primera instancia se determinó que: “[…] es
responsable tanto la Sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S como los
poseedores del predio El Brillante por acción, cuando en virtud del proyecto de
adecuación morfológica en las labores de Disposición Final del Material de
Excavación y Descapote, dispusieron iniciar la construcción de 3 cuerpos de la
cámara de inspección, sin verificar que técnicamente estuvieran al nivel de tierra a
la par […] lo que constituyó en una infracción objeto de imposición de medidas
preventivas; con lo cual desconoció que la propiedad privada tiene una función
ecológica y que es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, más en su
calidad de constructor y conocedor del marco ambiental del desarrollo de dicha
actividad comercial […]”. Se resalta que, dicha determinación de responsabilidad no
fue objeto de recurso de apelación.
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61.13. En consecuencia, en el numeral 4.5 de la mencionada sentencia, se ordenó
“[…] a los particulares titulares de los permisos de ocupación de cauce del predio
“El Brillante” y a la sociedad Todoterreno ingeniería y equipos S.A.S, que, en el
plazo máximo de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
adelante todas las actuaciones administrativas y técnicas necesarias a que haya
lugar, para que restauren y adecuen el paso de agua de la quebrada que discurre
desde la Finca “El Vergel” y a través de la escombrera “El Brillante”, para evitar el
represamiento de agua, nuevas inundaciones y daños estructurales adicionales en
los dominios aledaños, de acuerdo con las medidas preventivas y recomendaciones
consignadas en los conceptos técnicos rendidos para dicho efecto [...]”.
61.14. A su vez las Corporaciones Autónomas Regionales integran el Comité
Nacional para el Conocimiento del Riesgo, que es una instancia interinstitucional
del sistema nacional que asesora y planifica la implementación permanente del
proceso de conocimiento del riesgo. Al igual que hacen parte de los consejos
territoriales. Sin embargo, su competencia se materializa en el artículo 31, porque
adicional a las funciones establecidas por la Ley 99 y la Ley 388, sirven de apoyo a
las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo.
61.15. En el parágrafo del artículo supra se establece que su papel es
complementario y subsidiario respecto a la labor de las alcaldías y gobernaciones,
y está enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que correspondan a
la sostenibilidad ambiental del territorio. Lo anterior quiere decir que, no se exime a
los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación
de los procesos de gestión del riesgo de desastres. Esta Sala en un
pronunciamiento reciente58 determinó que: “[…] uno de los actores que integran el
sector ambiental y que dinamiza la gestión del riesgo de desastres son las
Corporaciones Autónomas Regionales, que tienen como labor administrar el
ambiente y los recursos naturales renovables de su jurisdicción y apoyar a las
entidades territoriales en la mitigación del riesgo. Si bien el parágrafo 1 del artículo
31 ibidem establece que el rol de la corporación es complementario y subsidiario,
en relación con este último, se entiende como un principio que orienta la gestión del
riesgo, teniendo en cuenta que las corporaciones actúan como máxima autoridad
ambiental. Por lo tanto, no es procedente en este caso la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por pasiva en relación con la corporación […]”.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 11 de julio de
2024, NUR 680012333000201600347-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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61.16. En el caso concreto, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER por medio de la Resolución núm. 0473 de 21 de marzo de 2018, otorgó el
permiso de ocupación de cauce a favor de los propietarios del predio El Brillante
ubicado en la vereda Cañaveral, en jurisdicción del Municipio de Pereira – Risaralda;
por una parte, para el desarrollo del proyecto denominado “Adecuación Morfológica
Predio El Brillante”, y por la otra, dispuso la autorización para la disposición de
material sobrante de descapote y excavación para el desarrollo del mismo proyecto.
61.17. El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99, asigna a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de otorgar permisos para usar o afectar los
recursos naturales renovables. Por lo tanto, en el caso concreto la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER está legitimada en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias para realizar el control,
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones previstas en el
permiso y autorización y, en virtud de la Ley 133359, adelantar las actuaciones
administrativas y técnicas para establecer el cumplimiento de las medidas
preventivas impuestas en el predio “El Brillante”.
61.18. En consecuencia, no es de recibo el argumento expuesto en el recurso de
apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional, en el punto de la falta
de legitimación por pasiva, en el que indica que las medidas deben ser desarrolladas
por parte del propietario, porque teniendo en cuenta lo expuesto en líneas
precedentes, esa entidad al haber otorgado el permiso y tener en su control la
afectación de los recursos naturales, tiene el deber de intervenir para vigilar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los particulares e iniciar y adelantar
los procesos sancionatorios ambientales a que haya lugar.
61.19. Como tampoco es procedente el argumento del recurso de apelación en el
que indicó que: “[…] [e]s completamente imposible y va en contra de todos los
preceptos constitucionales que el accionante pretenda que el Juez Constitucional
conozca y decida sobre situaciones dentro de las cuales la vulneración o amenaza
alegada de algún Derecho Fundamental, se haya generado por culpa exclusiva de
la persona que quiere hacerlos valer y que se considera como víctima. Puesto que
como se ha mencionado en la contestación de la demanda, dentro de la práctica de
pruebas y dentro de la Tutela mencionada dentro del presente trámite, dichos
59Modificada por la Ley 2387 de 25 de julio de 2024, “Por medio del cual se modifica el Procedimiento
Sancionatorio Ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y
sancionar a los Infractores y se dictan otras disposiciones”.
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derechos no fueron vulnerados por el actuar o la Omisión de alguna autoridad
pública o en particular de la CARDER […]”.
61.20. Es de aclarar que, si bien, se probó la presentación de una acción de tutela
promovida por el señor Dagoberto Vásquez, en la decisión de primera se resolvió
declarar la improcedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que no
resultaba ser el mecanismo idóneo para la protección de los derechos e intereses
colectivos y que la mencionada acción no sustituye los medios de control ordinarios,
por lo que se evidenció que otro juez constitucional había asumido el conocimiento
de la problemática, a saber, el juez de la acción popular, bajo los mismos hechos; y
que la acción de tutela procedía excepcionalmente para su protección, debido a su
competencia subsidiaria y residual. En la decisión de segunda instancia el Tribunal
confirmó el fallo proferido por el Juzgado 4° de Familia de Pereira.
61.21. En consecuencia, en el trámite de acción de tutela no se realizó un análisis
sobre la acción u omisión de la Corporación Autónoma Regional respecto de la
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados, con fundamento en
la subsidiariedad de la acción de tutela y que la problemática se estaba ventilando
a través del juez de la acción popular, siendo esta la instancia pertinente por tratarse
de una controversia en torno a los derechos e intereses colectivos.
En relación con la no configuración de la carencia de objeto por hecho
superado y la falta de prueba de la causación de la condena en costas y su
revocatoria, en el caso concreto
62. En el recurso de apelación presentado por la sociedad Todoterreno
Ingeniería y Equipos S.A.S. se indicó como argumento que “[…] ya se ha dado
cumplimiento a todas las ordenes impartidas por el despacho judicial; razón por la
cual nos encontramos frente a un hecho superado […]”.
63. Se debe aclarar en relación con este punto que la Sección reiteró60 la
jurisprudencia decantada desde el año 200361, en la que se consideró que hay lugar
a la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto en dos circunstancias:
i) cuando se ha superado la afectación de los derechos e intereses colectivos y no
es procedente ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, por no ser
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de
2018, NUR 25000-23-41-000-2013-0081701(AP), M.P. María Elizabeth García González.
61 Consejo de Estado, sentencia de 27 de marzo de 2003, M.P. Darío Quiñones Pinilla.
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ya necesario; o ii) cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir a la
restitución.
63.1. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, mientras
permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la interposición de la
demanda, no se configura el fenómeno de la carencia de objeto. Lo anterior ocurre,
por ejemplo, cuando la autoridad administrativa ha adelantado alguna actuación
tendiente a la superación de la situación que ocasiona la vulneración o amenaza de
los derechos, sin que ello implique que cesó la conducta o los hechos que dieron
lugar al reclamo de amparo de dichos derechos.
63.2. Esta Corporación se ha pronunciado en igual sentido, cuando en el curso de
una acción popular ha encontrado que la vulneración de los derechos colectivos
invocados persiste, a pesar de que el demandado, o aun las autoridades judiciales
de conocimiento consideran que la situación conculcadora cesó. Así, por ejemplo,
en sentencia de 30 de junio de 2017, la Sección Primera consideró que no había
lugar a declarar la carencia actual de objeto en la medida en que “no se probó que
hubiese desaparecido la situación de transgresión de los derechos colectivos cuyo
amparo se perseguía [al goce a un ambiente sano, el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y los derechos de los consumidores y usuarios
[…]”. Si bien se allegaron al expediente algunos informes técnicos que daban cuenta
de la disminución de la problemática alertada en la acción por cuenta de algunas
actuaciones adelantadas por las entidades, era claro que hacía falta la adopción de
otras medidas para mitigar el riesgo62.
63.3. Se ha mantenido de forma reiterada que, a pesar de que en el curso del
proceso se alegue la superación de la situación que dio lugar a la instauración de la
demanda, es necesario que se pruebe tal circunstancia y que el juez “[…] verifique
el cese de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el
actor popular […]”63 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración
subsiste, no es posible declarar el hecho superado64.
63.4. En el caso concreto, no se ha configurado la situación de un hecho superado.
A pesar de que la sociedad señaló que ya se ha dado cumplimiento a todas las
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de
2017, NUR 17001-23-33-000-2013-0025902(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,
NUR 2010-00650-01(AP), C.P. María Elizabeth García González.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de
2014, NUR 41001-23-31-000-2011-0035601(AP), C.P. María Elizabeth García González
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órdenes impartidas por la sentencia proferida en primera instancia, no obstante, se
deriva de los conceptos y actas de control y seguimiento, que en efecto, no se ha
dado cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones, además la sentencia de
primera instancia fue proferida en el año 2023 y las razones que esboza para probar
el supuesto cumplimiento tienen como base informes de los años 2021 y 2022. Sin
embargo, como se mencionó en líneas precedentes, la superación debe probarse y
el juez a su vez verificar el cese de la amenaza o vulneración, lo cual no ocurrió en
este caso por subsistir la vulneración.
64. En consecuencia, debido a lo anterior solicitó la revocatoria de la condena en
costas. Por su parte, la entidad territorial Municipio de Pereira solicitó también la
revocatoria de la condena en costas ordenada en el numeral 6 de la sentencia
proferida en primera instancia.
64.1. El Tribunal en la sentencia indicó que la calidad en la que actúa el sujeto
procesal, el resultado del proceso y su actuación son los factores determinantes
para examinar la viabilidad de la condena en costas. Consideró que no se acreditó
la causación de las expensas y en relación con las agencias en derecho si se
causaron por que la acción fue promovida por “[…] una persona natural que ejercitó
su derecho de acción para hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos
amparados, razón por la cual, en el sub lite las costas tienen un carácter
indemnizatorio y retributivo […]”.
65. De acuerdo con lo establecido en los artículos 38 de la Ley 472, 365 y 366
de la Ley 156465, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación profirió sentencia de 6 de agosto de 201966, en la que unificó lo
relacionado con el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el
trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
de la siguiente manera:
“[…] [U]nificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el
alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:
2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
65 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, de 12 de
julio de 2012 […]”.
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P.
Rocío Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.
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proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.
2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem.
2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.
2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo
previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.
Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o
este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas […]”. (Resaltado fuera del texto).
66. De acuerdo con lo anterior, se entiende que las costas procesales son una
“erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso
judicial” y se componen de dos elementos: i) las expensas y/o gastos procesales; y
ii) las agencias en derecho.
66.1. Las expensas corresponden a aquellos gastos en que se incurre para tramitar
el proceso, como, por ejemplo: el valor de copias, publicaciones, impuestos de
timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de
desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, entre otros.
66.2. Las agencias en derecho son entendidas como la suma de dinero que se
reconoce por los costos asumidos con ocasión de la representación de un abogado,
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o en caso de actuar en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.
66.3. La sentencia de unificación previamente citada, definió que, como regla
general, en lo que atañe al demandado, trátese de una autoridad pública o de un
particular, hay lugar a condenarlo en costas cuando resulte vencido en el litigio. No
obstante, precisó que la aplicación de esta regla, está acompañada de los siguientes
supuestos:
66.4. Las expensas y/o gastos procesales se reconocen a favor del actor popular
que resulta victorioso cuando estas estén causadas en el proceso y se liquidan en
la medida de su comprobación. Al respecto, la Sala Plena de la Corporación,
destacó que “[…] [e]llo quiere decir que sólo será posible tasar la suma de las
expensas conforme a lo que se acredite y verifique conforme con el expediente,
teniendo en cuenta que sólo es posible reconocer aquellas expensas necesarias
para el desarrollo del proceso […]”.
66.5. En términos similares, definió que las agencias en derecho se reconocen en
favor del actor popular que resulte victorioso cuando estén causadas en el proceso
y se liquidan en la medida de su comprobación. Para argumentar la regla, la Sala
Plena señaló “[…] aun cuando se verifique en forma objetiva su victoria procesal, la
tasación de la suma a reconocer por la actividad procesal del actor popular, requiere
la valoración del juez respecto de la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada, o de otras circunstancias especiales, a partir de la cual, debe fijar la suma
que por razón de agencias en derecho se estimó razonable y acorde […]”.
66.6. Adicionalmente, en la sentencia de unificación se indicó que, para la tasación
de las agencias en derecho se aplicarán las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura. Que, en caso de precisar un mínimo y un máximo, el juez
debe tener en cuenta al momento de fijar el monto a reconocer “[…] la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, [entre] otras circunstancias especiales […]”.
66.7. Sobre el particular, el Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
“por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente a partir de su publicación y aplicable a los procesos
iniciados a partir de dicha fecha, establece en su artículo 2.° los criterios para la
fijación de las agencias en derecho, para lo cual, prevé que el juez determinará la
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tarifa a reconocer, entre el rango mínimo y máximo, de conformidad con la
valoración de “[…] la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad […]”.
66.8. Asimismo, en el artículo 3.° se establece que cuando la demanda no
contenga pretensiones de índole pecuniario, o cuando se trate de la segunda
instancia, de recursos, de incidentes o asuntos similares, las tarifas se establecen
en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según lo dispuesto por el
parágrafo 1.° de esta norma, son pretensiones de dicha índole aquellas en las que
se pide la simple declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, entre
otras.
66.9. El artículo 5.° del mismo Acuerdo, fija las tarifas de las agencias en derecho
de conformidad con la instancia, en tal sentido, prevé que en los procesos sin
cuantía o sin pretensiones pecuniarias de primera instancia el reconocimiento de
las agencias en derecho oscila entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales
vigentes. Y, en los de segunda instancia de idénticas características, entre 1 y 6
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
67. De acuerdo con lo anterior, la Sala resolverá la inconformidad del Municipio
de Pereira y la sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S. en punto a la
condena en costas en cuanto a las agencias en derecho en su contra en primera
instancia, no sin antes señalar que la orden será confirmada, con fundamento en
los siguientes argumentos: la Sala observa que, las demandadas indicadas además
de resultar vencidas en el litigio, dada su responsabilidad en la vulneración del
derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y el goce de un ambiente sano; cumple con las demás reglas definidas
en la sentencia de unificación anteriormente estudiada, como quiera que, la Sala
encuentra que el actor presentó la demanda, aportó pruebas, estuvo presente en la
audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 21 de octubre de 2021, audiencia
de pruebas de 17 de mayo de 2022 y allegó alegaciones en la oportunidad
correspondiente, lo cual, da cuenta que las agencias se encuentran justificadas y
causadas en favor del actor popular.
68. Así las cosas, la Sala confirmará la condena en costas en contra del
Municipio de Pereira y la sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S. en lo
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que respecta a la primera instancia. Las cuales deberán ser liquidadas en los
términos del artículo 366 de la Ley 1564.
69. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones
70. La Sala confirmará la sentencia de 29 de junio de 2023 proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda en cuanto declaró la
vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por la actividad de
adecuación morfológica llevada a cabo en el predio El Brillante por el permiso
otorgado para la ocupación de cauce y la disposición final de material de descapote
y excavación a la sociedad Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S y por las
omisiones de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda- CARDER y el
Municipio de Pereira en cuanto a la mitigación del riesgo producido por la actividad
mencionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia de 29
de junio de 2023 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“[…] 3. DECLARAR VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de
un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, descritos en los literales a) y i) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998,
con ocasión del proyecto de adecuación morfológica realizado por la sociedad
Todoterreno Ingeniería y Equipos S.A.S. y Pedro Nel Guiot Ronchaquira, en
calidad de poseedor autorizado del predio “El Brillante” y titular del permiso
de ocupación de cause; y por las omisiones de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER y el Municipio de Pereira en las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que han quedado expresadas en la parte considerativa de
la presente sentencia […]”.
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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de junio de 2023
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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