Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00085-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00085-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2021-00085-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
2 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 66001-23-33-000-2021-00085-011
Actora : Cotty Morales Caamaño
Demandado : Juez Segundo (2º) Administrativo de Pereira
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación2 formulada por la demandante contra
la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda (sala tercera de decisión), que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La señora Cotty Morales Caamaño, por
conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados
por el señor Juez Segundo (2º) Administrativo de Pereira.
Como consecuencia de lo anterior, pide ordenar a la autoridad accionada que
tenga en cuenta los argumentos que expuso como coadyuvante, a través de su
abogado, en la inspección judicial y audiencia en la que se rindieron
testimonios surtidas el 19 de febrero de 2021, dentro de la acción popular
instaurada por la señora Yuri Viviana Calvo de Castro contra el municipio de
Pereira, policía metropolitana de esa ciudad y las empresas Italautos S. A.,
Autos La 27 S. A., Mega Autos del Café S. A. S., Comercializadora de Autos
La Avenida S. A., Tridiautos La 19, Consignatarias Chicar y Autosfran y
Automotores del Café (expediente 66001-33-33-002-2019-00179-00); o, en su
defecto, se realicen de nuevo dichas actuaciones, con la finalidad garantizar su
participación en ellas.
1.2 Hechos. Relata la accionante que la señora Yuri Viviana Calvo de
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Concedida el 31 de enero de 2022.
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
Castro incoó acción popular contra el municipio de Pereira, la policía
metropolitana de esa ciudad y las empresas Italautos S. A., Autos La 27 S. A.,
Mega Autos del Café S. A. S., Comercializadora Autos La Avenida S. A.,
Tridiautos La 19, Consignatarias Chicar y Autosfran y Automotores del Café
(expediente 66001-33-33-002-2019-00179-00), con el propósito de que se
amparara el derecho colectivo al uso del espacio público y se ordenara a los allí
demandados adoptar medidas orientadas a evitar que las referidas sociedades
utilicen la vía para comercializar vehículos, pues impiden la libre circulación
de la ciudadanía.
Que el asunto constitucional fue asignado por reparto al Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Pereira, que el 13 de junio de 2019 lo admitió, motivo por el
cual el 5 de febrero de 2021 solicitó de aquel aceptarla como coadyuvante de la
allí actora y le autorizara «el acceso al expediente», sin embargo, no se
pronunció sobre el particular y convocó a audiencia de pruebas para el 19
siguiente, por lo que otorgó poder especial al profesional del derecho Paulo
César Lizcano Durán, para que actuara como su apoderado en esas diligencias.
Dice que el 19 de febrero de 2021, en horas de la mañana, se realizó inspección
judicial al lugar donde presuntamente ocurría la invasión del espacio público, a
la cual asistió su representante judicial e intervino en varias ocasiones, frente a
lo que el juzgado de conocimiento no planteó objeción alguna. Luego de que la
diligencia terminara, se dispuso que en la tarde de ese día se practicarían unos
testimonios, por lo que aquel pidió «acceso al proceso» para poder participar,
empero no recibió el respectivo enlace electrónico, sin embargo, se lo
suministró la allí demandante.
Que la autoridad accionada, durante la última de las precitadas audiencias,
señaló que no tenía la condición de coadyuvante ni había pedido ser aceptada
como tal, razón por la cual carecían de validez las observaciones que hizo su
abogado, decisión contra la cual este interpuso recurso de reposición, pero fue
confirmada, lo que motivó a que dicho profesional del derecho deprecara que
se tuviera como ciudadano interesado, para poder permanecer allí, a lo que
accedió el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Pereira, en virtud del
«principio de caridad de interpretación».
Sostiene que el 26 de febrero de 2021 el Juzgado de conocimiento (i) le
reconoció personería jurídica al señor Lizcano Durán; (ii) la aceptó como
coadyuvante y (iii) dispuso enviar a las partes copia de las actas de las
2
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
diligencias para que presentaran las observaciones a que hubiere lugar,
determinación contra la cual interpuso recurso de reposición, con el fin de que
se le tuviera como coadyuvante desde el 19 de febrero de 2021 (para así tener
como propios los comentarios que hizo su apoderado durante las actuaciones
judiciales surtidas ese día), despachado el 19 de marzo siguiente, en el sentido
de confirmar la inicial.
Que la autoridad accionada no advirtió que la Ley 472 de 1998 no establece
disposición alguna que le impida participar, en condición de coadyuvante, en la
acción popular 66001-33-33-002-2019-00179-00, y en razón a que no fue
aceptada como tal oportunamente, se impidió que las acotaciones de su
representante judicial fueran tenidas en cuenta, lo que trasgrede sus derechos
fundamentales y la naturaleza de ese trámite constitucional, al cual, por ser
público, puede acudir cualquier persona.
Afirma que el señor juez demandado también desconoció el principio pro
homine, puesto que adoptó una interpretación de la norma que regula la
coadyuvancia en acciones populares desde un ámbito netamente procesal, lo
que contraría preceptos superiores, como la prevalencia del derecho sustancial
y la garantía de acceso a la administración de justicia.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 El señor Juez Segundo (2º) Administrativo de Pereira indica que la
tutelante fue reconocida como coadyuvante el 26 de febrero de 2021, dentro de
la acción popular 66001-33-33-002-2019-00179-00, y no era dable aceptarla
como tal desde el día 19 de los mismos mes y año, porque no lo deprecó antes
de las diligencias celebradas en esa fecha.
Que el 19 de febrero de 2021 se realizaron dos audiencias, una en horas de la
mañana y otra en la tarde; en la primera participó activamente quien decía ser
apoderado de la tutelante, pero, en la segunda, se percató de que ella no había
sido admitida como coadyuvante y que tampoco presentó una solicitud en tal
sentido, circunstancia por la que se dispuso que la intervención de aquel
profesional del derecho, no se tendría en cuenta.
Asevera que el referido abogado aclaró verbalmente que lo solicitado por la
aquí actora era que se tuviera como coadyuvante, motivo por el que el 26 de
febrero de 2021 se accedió a ello, le reconoció personería a aquel profesional
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Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
del derecho y dispuso que lo señalado por este en las precitadas diligencias
tendría validez, pero se tomaría como intervenciones de un ciudadano
interesado, decisión contra la cual este interpuso recurso de reposición, con el
argumento de que su poderdante debía ser aceptada como coadyuvante desde el
inicio de la inspección judicial, no obstante, la determinación recurrida fue
confirmada el 19 de marzo de esa anualidad.
Que independientemente del momento a partir del cual la actora fue reconocida
como coadyuvante en la acción popular 66001-33-33-002-2019-00179-00, las
aseveraciones expuestas por su apoderado serán tenidas en cuenta, por ende, no
se evidencia quebranto de sus garantías superiores. Además, en el memorial de
tutela no se invoca causal específica de procedibilidad alguna, lo que comporta
un incumplimiento de la carga argumentativa que impide acceder al amparo
deprecado.
1.3.2 El señor alcalde de Pereira3, a través de la señora secretaria jurídica del
ente territorial que regenta, pide desestimar las pretensiones de la tutelante, por
cuanto si bien el 5 de febrero de 2021 allegó un memorial a la acción popular
66001-33-33-002-2019-00179-00, en este pidió que se le informara el enlace
de acceso a las audiencias surtidas el día 19 de los mismos mes y año, sin
embargo, no que fuera aceptada como coadyuvante, inexactitud que conllevó
que fuera excluida de dichas diligencias e impide atribuirle trasgresión de
prerrogativas superiores a la autoridad accionada.
1.3.3 El señor representante legal de la empresa Italautos S. A. arguye que no
es dable realizar nuevamente la inspección judicial de 19 de febrero de 2021,
dentro de la acción popular 66001-33-33-002-2019-00179-00, comoquiera que
cuando se practicó la tutelante no tenía la condición de coadyuvante, en
consecuencia, no resultaba indispensable que participara en ella.
Adicionalmente, indica que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no incidió en el presunto quebranto de los derechos constitucionales
fundamentales aludidos en el escrito inicial.
1.3.4 Los señores Yuri Viviana Calvo de Castro, comandante de la policía
metropolitana de Pereira y los representantes legales de las empresas Autos La
3
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 12 de abril de 2021, al presente asunto constitucional,
junto con los señores Yuri Viviana Calvo de Castro, comandante de la policía metropolitana de Pereira y los
representantes legales de las empresas Italautos S. A., Autos La 27 S. A., Mega Autos del Café S. A. S.,
Comercializadora Autos La Avenida S. A., Tridiautos La 19, Consignatarias Chicar y Autosfran y Automotores
del Café, en condición de terceros interesados.
4
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
27 S. A., Mega Autos del Café S. A. S., Comercializadora Autos La Avenida S.
A., Tridiautos La 19, Consignatarias Chicar y Autosfran y Automotores del
Café guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. El Tribunal Administrativo de Risaralda (sala
tercera de decisión), mediante sentencia de 15 de abril de 2021, declaró
improcedente la tutela de la referencia, al considerar que carece de relevancia
constitucional, puesto que el reproche atañe a un aspecto netamente legal,
como lo es la aplicación de la figura procesal de la coadyuvancia, y los
argumentos de la demandante conciernen a inconformidades con lo decidido
sobre el particular en la acción popular 66001-33-33-002-2019-00179-00, mas
no a la vulneración de garantías fundamentales.
Que si bien es cierto que a la actora no se le reconoció la condición de
coadyuvante antes de celebrarse las audiencias de 19 de febrero de 2021,
porque no pidió ello adecuadamente, también lo es que quien decía actuar
como su apoderado fue aceptado como ciudadano interesado, de manera que
los comentarios que formuló a su favor, serán analizados al decidir el fondo del
referido asunto constitucional.
1.5 Impugnación. La tutelante, inconforme con la anterior decisión, la
impugnó, con fundamento en los mismos argumentos planteados en el escrito
inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 324 del Decreto ley 2591 de 19915
y 256 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
4
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
7
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. Aunque en el escrito inicial no se enjuicia
expresamente providencia alguna, de lo allí expuesto se observa que el
reproche de la demandante atañe a las de (i) 26 de febrero de 2021, mediante la
cual el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Pereira la reconoció como
coadyuvante dentro de la acción de popular 66001-33-33-002-2019-00179-00;
y (ii) 19 de marzo siguiente, con la que el mencionado despacho judicial
confirmó aquella, al desatar un recurso de reposición, toda vez que, a juicio de
la actora, dichas decisiones debieron disponer que adquirió la referida
condición a partir de las audiencias celebradas el 19 de febrero de esa
anualidad, con el propósito de que los argumentos planteados en aquellas por
su apoderado, fueran tenidos en cuenta.
En ese orden de ideas, en atención al principio de oficiosidad8 del juez de
tutela, la Sala asume que la presunta trasgresión de los derechos
constitucionales fundamentales aludida por la tutelante, tienen su origen en las
precitadas determinaciones judiciales.
Ahora bien, únicamente se estudiará la providencia de 19 de marzo de 2021,
por ser la que, al desatar el recurso de reposición interpuesto contra la de 26
de febrero de ese año, decidió de manera definitiva sobre el reconocimiento
de la actora como coadyuvante dentro de la acción popular 66001-33-33-002-
2019-00179-00.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la tutela,
8
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del
juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su
función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de
otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción
así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca
de la demanda».
6
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el auto de 19 de marzo de 2021, por cuyo
conducto el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Pereira confirmó el de 26
de febrero de esa anualidad, con el que reconoció a la tutelante como
coadyuvante dentro de la acción popular incoada por la señora Yuri Viviana
Calvo de Castro contra el municipio de Pereira, la policía metropolitana de esa
ciudad y las empresas Italautos S. A., Autos La 27 S. A., Mega Autos del Café
S. A. S., Comercializadora de Autos La Avenida S. A., Tridiautos La 19,
Consignatarias Chicar y Autosfran y Automotores del Café (expediente 66001-
33-33-002-2019-00179-00); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
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Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
8
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos11.
9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
9
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia de la actora12; (ii) contra el
proveído acusado no cabe recurso alguno, por cuanto desató el de reposición
(único procedente) y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv)
el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada se profirió el 19 de marzo de 2021 y la solicitud de amparo se instauró
el día 25 de los mismos mes y año, es decir, dentro de un término prudencial (6
días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
Ahora bien, en el escrito inicial la demandante no invoca de manera expresa
causal específica de procedibilidad alguna, sin embargo, los argumentos de que
la autoridad accionada (i) inobservó que la Ley 472 de 1998 no prevé
disposición alguna que le impida participar como coadyuvante en la acción
popular 66001-33-33-002-2019-00179-00 desde el 19 de febrero de 2021; y (ii)
desconoció el principio pro homine, al acoger una interpretación normativa que
trasgrede los preceptos superiores de prevalencia del derecho sustancial y
acceso a la administración de justicia, comportan defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución Política, respectivamente, motivo por el cual la Sala
analizará el asunto en atención a estas causales, en virtud del principio de
oficiosidad.
2.6.1 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
12
En ese sentido, no se compadece de la situación de la demandante la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominadas defecto sustantivo y violación directa de la Constitución
Política (como se dilucidará más adelante), que de demostrarse afectarían garantías superiores de la
accionante, lo que impone efectuar un análisis del fondo del presente asunto.
10
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
La jurisprudencia constitucional13 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»14.
En el sub lite la Sala evidencia, en atención a lo expuesto en el escrito inicial
y las pruebas adosadas al presente trámite constitucional, que la señora Yuri
Viviana Calvo de Castro incoó acción popular contra el municipio de Pereira,
la policía metropolitana de esa ciudad y las empresas Italautos S. A., Autos La
27 S. A., Mega Autos del Café S. A. S., Comercializadora Autos La Avenida S.
A., Tridiautos La 19, Consignatarias Chicar y Autosfran y Automotores del
Café (expediente 66001-33-33-002-2019-00179-00), con el propósito de que se
ampare el derecho colectivo al uso del espacio público y se ordene a los
organismos y sociedades demandadas adoptar medidas encaminadas a impedir
la utilización de la vía pública para comercializar vehículos, pues los parquean
en los andenes y pasos peatonales, en afectación del desplazamiento de las
personas.
El asunto constitucional fue asignado por reparto al Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Pereira, que el 13 de junio de 2019 lo admitió y el 31 de
enero de 2021 convocó a inspección judicial y práctica de testimonios para el
19 de febrero siguiente, motivo por el cual el día 5 de los mismos mes y año la
tutelante allegó memorial, en el que aseveró «[…] que, para participar en
calidad de coadyuvante, [se le] permiti[era] el acceso al expediente o [se le]
indic[ara] la manera de conocerlo y también los enlaces de acceso para las
audiencias próximas».
13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
El día de las diligencias la demandante adosó poder otorgado al abogado
Paulo César Lizcano Durán, por lo que en la inspección judicial, que inició a
las 8:00 a. m., él intervino como su apoderado, pero en la audiencia virtual de
práctica de testimonios, que empezó a la 1:30 p. m., no se le permitió el acceso,
razón por la que a la 1:33 p. m. el profesional del derecho envió un escrito al
correo electrónico del Juzgado de conocimiento, en el que deprecó se
autorizara su asistencia, circunstancia que derivó en que la autoridad accionada
suspendiera la actuación, con el fin de evaluar la situación, momento en el que
la actora remitió virtualmente al despacho judicial una solicitud orientada a que
se le suministrara el respectivo «link» para ingresar a la reunión, sin embargo,
pese a que le fue informado, no se conectó a ella, motivo por el que se habilitó
la participación del señor Lizcano Durán, pero como ciudadano interesado.
A través de auto de 26 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Pereira aceptó a la accionante como coadyuvante, le
reconoció personería al señor Paulo César Lizcano Durán y ordenó el envío de
las correspondientes actas a las partes, para que se pronunciaran sobre lo allí
consignado, proveído contra el cual aquella interpuso recurso de reposición,
con el argumento de que dicha condición debía otorgarse desde el 19 de febrero
de esa anualidad, desatado el 16 de marzo posterior, en el sentido de confirmar
la decisión recurrida, toda vez que los efectos de la coadyuvancia son hacia el
futuro, por ende, no comprendían actos procesales surtidos con anterioridad.
Efectuadas las anteriores precisiones fácticas, se evidencia que la accionante
afirma que en la providencia censurada no se advirtió que la Ley 472 de 1998
la autorizaba para participar desde el 19 de febrero de 2021, en condición de
coadyuvante, en la acción popular 66001-33-33-002-2019-00179-00, por tanto,
debió reconocerse como tal a partir de esa fecha, con el fin de que tuvieran
validez los planteamientos formulados por su apoderado en las diligencias
celebradas ese día.
Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que la acción popular es un mecanismo
judicial, instituido en el artículo 88 de la Constitución Política y regulado por
la Ley 472 de 199815, cuyo objeto consiste en la protección de derechos
colectivos, en el evento en que resulten vulnerados o amenazados, y la
restitución de «las cosas a su estado anterior cuando fuere posible»16.
15
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
16
Artículo 2º ibidem.
12
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
En el aludido trámite constitucional es dable que cualquier persona pueda
intervenir en él en virtud de la figura procesal de la coadyuvancia, entendida
como una herramienta que permite a alguien acudir a un proceso, antes de que
se decida en primera instancia, con el objeto de apoyar la prosperidad de las
pretensiones del demandante u oponerse a ellas. Sobre el particular, el artículo
24 de la Ley 472 de 1998 prevé:
Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes
de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará
hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones
las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor
del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y
demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o
defender los derechos e intereses colectivos.
Cabe advertir que, tal como lo contempla la precitada norma, los efectos del
reconocimiento de la coadyuvancia son hacia futuro, en consecuencia, no
tiene incidencia en las actuaciones ya surtidas, pues, de lo contrario, el
coadyuvante podría refutar decisiones sobre aspectos ya desatados, en
afectación del normal desarrollo del proceso17.
En virtud de lo expuesto, en el sub lite se evidencia que la actora, con
memorial de 5 de febrero de 2021, pidió «[…] que, para participar en calidad
de coadyuvante, [se le] permiti[era] el acceso al expediente o [se le] indic[ara]
la manera de conocerlo y también los enlaces de acceso para las audiencias
próximas», lo que para la autoridad accionada, en su momento, no
comportaba una solicitud de coadyuvancia, situación por la que no la vinculó
desde el día 19 de los mismos mes y año, sin embargo, se admitió como
coadyuvante el 26 siguiente, no obstante, para la actora, ello debió disponerse a
partir de aquel día, con el fin de que tuviera validez lo actuado por su
apoderado en las respectivas diligencias.
Así las cosas, la Sala no observa que el reconocimiento de la accionante como
coadyuvante desde el 26 de febrero de 2021 comporte una aplicación arbitraria
o caprichosa del ordenamiento jurídico, en razón a que del escrito que ella
presentó el día 5 anterior, no era dable colegir que lo deprecado era que se
vinculara en la referida condición a la acción popular 66001-33-33-002-2019-
00179-00, sino que se le pusiera en conocimiento el expediente y los
17
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2014, M. P. Gerardo
Arenas Monsalve, expediente 68001-23-33-000-2014-00036-01.
13
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
respectivos enlaces virtuales, circunstancia por la que el señor juez accionado
no estaba en el deber de aceptarla como coadyuvante desde las audiencias
surtidas el 19 de febrero de 2021.
Cabe advertir que si bien es cierto que, a través de auto de 26 de febrero de
2021, el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Pereira admitió a la tutelante
como coadyuvante en el precitado trámite constitucional, también lo es que
dicha decisión la adoptó luego de las diligencias judiciales en las que ella dice
actuó por conducto de apoderado, en consecuencia, no es factible disponer que
deba tenerse como tal desde su celebración, es decir, a partir del día 19 de los
mismos mes y año, toda vez que, como se anotó en precedencia, la aceptación
de una persona en un proceso, en atención a la figura de la coadyuvancia,
«oper[a] hacia la actuación futura»18, por consiguiente, no tiene incidencia en
las etapas procesales surtidas con antelación.
Ahora bien, aunque la autoridad accionada le permitió al profesional del
derecho Paulo César Lizcano Durán, quien dijo actuar como representante
judicial de la actora, participar en la inspección judicial realizada el 19 de
febrero de 2021, ello no impedía que en la práctica de testimonios se le
imposibilitara intervenir en la referida condición, habida cuenta de que el señor
juez accionado, como director del proceso, tenía la potestad de adoptar las
medidas que estimara pertinentes para asegurar que el trámite no tuviere
irregularidades, en virtud del artículo 42 (numerales 1 y 1219) del Código
General del Proceso (CGP), aplicable en acciones populares, de acuerdo con
los artículos 4420 de la Ley 472 de 1998 y 30621 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
En ese orden de ideas, si el mencionado abogado era apoderado de una persona
que no era parte en el proceso, porque no se había reconocido como
coadyuvante, lo adecuado era que el juez demandado tomara decisiones
18
Artículo 24 de la Ley 472 de 1998.
19
«Son deberes del juez:
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes
para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal.
[…]
12. Realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso».
20
«En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil
[derogado por el CGP] y del Código Contencioso Administrativo [derogado por el CPACA]dependiendo de
la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan
a la naturaleza y la finalidad de tales acciones».
21
«En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [derogado
por el CGP] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
14
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
orientadas a superar la anomalía derivada de la intervención de aquel, con el fin
de evitar que las actuaciones se viciaran, sin que ello, contrario a lo aseverado
en el escrito inicial, pueda considerarse como trasgresión del sistema
normativo.
Resulta pertinente indicar que la demandante, dado que fue aceptada como
coadyuvante el 26 de febrero de 2021, tuvo la posibilidad de pronunciarse
sobre las pruebas practicadas el día 19 de los mismos mes y año en los alegatos
de conclusión22 (conforme al artículo 3323 de la Ley 472 de 1998), toda vez que
es la oportunidad procesal para que los sujetos procesales expongan los
argumentos que estimen pertinentes en lo que concierne, entre otras cosas, a la
etapa probatoria24.
Así las cosas, la Sala evidencia que la providencia censurada, al no otorgarle la
condición de coadyuvante a la actora desde el 19 de febrero de 2021, no
incurrió, contrario a lo aseverado por ella, en desatención de la Ley 472 de
1998, por el contrario, la observó, puesto que su artículo 24 prevé de manera
expresa que la coadyuvancia produce efectos hacia futuro, razón por la cual se
impone concluir que no incurre en defecto sustantivo.
2.6.2 Violación directa de la Constitución Política. La violación directa de la
Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la
desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i)
en esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el
precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos
fundamentales sin aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta
Política.
22
De los que se corrió traslado el 29 de abril de 2021.
23
«Vencido el término para practicar pruebas, el juez dará traslado a las partes para alegar por el término
común de cinco (5) días».
24
Corte Constitucional, sentencia C-107 de 2004, M. P. Jaime Araújo Rentería: «[…] sobre la base de las
pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor
entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los
motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra -, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión
del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la
dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la
oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de
otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un
conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar
retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en
hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio
tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho».
15
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
En el caso sub examine la demandante indica que la autoridad accionada
desconoció el principio pro homine, al acoger una interpretación normativa que
trasgrede los preceptos superiores de prevalencia del derecho sustancial y
acceso a la administración de justicia.
No obstante, para la Sala dicho argumento carece de asidero jurídico, dado que
si bien el principio pro homine propende por la prevalencia de una
interpretación del ordenamiento jurídico que proteja en mayor medida
prerrogativas superiores25, del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 no resulta
dable inferir que la coadyuvancia tenga efectos retroactivos, pues esa norma es
clara en señalar que esa figura procesal solo tiene incidencia en las etapas
procesales futuras.
En virtud de lo anterior y como de la mencionada norma no es dable inferir,
siquiera en atención al principio pro homine, que la aceptación de la
coadyuvancia tiene efectos en las actuaciones judiciales surtidas con
antelación, la Sala no evidencia que la negativa de la autoridad accionada de
reconocer como coadyuvante a la actora desde el 19 de febrero de 2021,
involucre violación directa de la Constitución Política.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
censurada no incurre en defecto sustantivo ni en violación directa de la
Constitución Política, se impone revocar el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, negar el
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión), que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el
25
Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos: «El principio de interpretación
pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional».
16
Acción de tutela 66001-23-33-000-2021-00085-01
Actora: Cotty Morales Caamaño
amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por la señora Cotty
Morales Caamaño, conforme a lo indicado en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo a la sala tercera de decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda y remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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