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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00181-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00181-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual quedara de la siguiente forma: «[…] Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a pagar la pensión gracia en favor del señor Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, a partir del 20 de octubre de 2012, pero con efectos fiscales desde el 10 de noviembre de 2017 por prescripción; la cual debe liquidarse con base en el 75% del valor de los factores salariales devengados en el año anterior al estatus pensional, esto es, 20 de octubre de 2011 al 19 de octubre de 2012.» SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 04 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Risaralda, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Se reconoce personería al abogado Carlos Santiago Valencia Vera como apoderado de la UGPP, en consideración al poder allegado vía correo electrónico y que se encuentra visible en el expediente digital disponible en SAMAI. www.consejodeestado.gov.co 21 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66000 23 33 000 2021 00181 01 (4101-2023) Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00181-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66000 23 33 000 2021 00181 01 (4101-2023)
Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Cofinanciación. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda el 04 de mayo de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones

El señor Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, por intermedio de apoderado judicial
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 008701 del 13 de abril de
2021 y RDP 016449 del 30 de junio de 2021, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales
devengados a partir de la adquisición del estatus jurídico, condenar a la entidad
al pago de los ajustes de ley, al pago de los intereses moratorios de que trata el
artículo 192 del CPACA; así como se condene en costas a la UGPP.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66000 23 33 000 2021 00181 01 (4101-2023)
Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, indicó estuvo vinculado como
docente territorial en el departamento de Nariño y Risaralda en los siguientes
períodos: i) desde el 22 de noviembre de 1971 al 10 de enero de 1972; ii) el 01
de febrero de 1972; iii) 01 de febrero de 1974; iv) 07 de noviembre de 1975; v)
26 de mayo de 1976 al 26 de junio de 1976; vi) 01 de marzo de 1978 al 30 de
mayo de 1978; vii) 03 de mayo de 1995 hasta por lo menos la fecha de
presentación de la demanda. Estimando entonces, que adquirió el estatus de
pensionado el 25 de abril de 2009.

En consideración a que cumplió con los requisitos, solicitó ante la UGPP, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue negado el
derecho a través de los actos administrativos demandados por considerar que
los tiempos de servicio a partir de 1995 son de orden nacional.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política, así como las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966 y 91 de 1989. Expuso
que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional
en clara omisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto.

1.4 Contestación de la demanda2

Luego de presentada la demanda el 23 de julio de 2021, y admitida el 30 de
septiembre de 2021, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales – UGPP, una vez notificada, presentó escrito en
el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que la actuación
de la entidad se ajustó derecho. Señaló que, a pesar de que el actor estuvo
vinculado por más de 20 años al servicio docente, la labor ejecutada a partir de
1995 fue certificada de carácter nacional, por tanto, no pueden ser tenidos en
cuenta para el cómputo de la pensión gracia.

Como consecuencia, presentó las excepciones de i) inexistencia de la obligación
y cobro de lo no debido; ii) buena fe; iii) prescripción; iv) genérica.

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Radicado: 66000 23 33 000 2021 00181 01 (4101-2023)
Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

1.5 Sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 04 de mayo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, y
se abstuvo de condenar en costas.

Para el efecto, de conformidad con el material probatorio, se estableció el
cumplimiento de los requisitos por parte del actor para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, estimando entre otros, que aquél tuvo una vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siendo procedente, además, la
contabilización del tiempo laborado a partir de 1995, que si bien se dice que son
plazas cofinanciadas por el departamento, ello no determina que la vinculación
recaiga sobre la nación, esto conforme al Decreto 196 de 1995.

En consecuencia, se condenó a la UGPP a reconocerle la pensión gracia a partir
del 03 de mayo de 2008, tomando como base para su cómputo el promedio de
lo devengado durante el año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional.

1.6 Recurso de apelación4

La UGPP solicitó revocar la decisión y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

A manera de síntesis, expuso que no está demostrado que el actor tuvo una
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; al igual que reitera la
improcedencia de tener en cuenta el tiempo de servicio prestado a partir de 1995.

Que, si en gracia de discusión se tuviera por cierta una vinculación con
anterioridad a 1980, no existe claridad frente al tipo de designación con
posterioridad a dicha data, como tampoco el origen de los recursos con que se
efectuaron los correspondientes pagos; y en caso de que estos provinieran de la
Nación, no es posible reconocer la prestación deprecada.

Agrega que, el único certificado válido para demostrar el tipo de vinculación del
demandante es el CETIL No. 202012891480085900420003 de 16 de diciembre
de 2020 en el que constan factores salariales devengados por el señor Satizabal
Salazar desde el 03 de mayo de 1995 al 26 de noviembre de 2020, y se indica
que dicha vinculación es de carácter nacional.

Así entonces, concluye que la carga de la prueba en este caso recae en el
demandante, quien debió acreditar los requisitos de ley, entre estos, la naturaleza
del vínculo docente, bien fuera, como territorial o nacionalizado.

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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia

Mediante auto de 23 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación.

En esta instancia, el actor, guardó silencio.

En esta oportunidad, el Agente del Ministerio Publico delegado ante esta
Corporación intervino indicando que el actor cumple con los requisitos para que
le sea reconocida la pensión gracia; por lo que conceptúa en orden a que se
confirme la sentencia.

La entidad demandada reiteró que el docente no acreditó los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia, y por tanto debe revocarse la sentencia.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

2.2. Cuestión previa

Frente a la solicitud de la parte recurrente de que se decrete prueba a fin de que
se remita acto administrativo que reconoció pensión a la parte actora, es
menester señalar que ello será denegado, pues, conforme lo dispone el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo
212, las pruebas deben solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso en los
términos y oportunidades dispuestas en dicho estatuto, a saber, en primera
instancia con la demanda, la contestación; las excepciones y la oposición a estas;
los incidentes y su respuesta.

Ahora, en segunda instancia, podrán solicitarse pruebas en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, únicamente cuando, entre otras, i) las
partes lo pidan de común acuerdo; ii) fuere negado su decreto en primera
instancia o no obstante haberse decretado se dejaran de practicar sin culpa de
quien las solicita5; iii) versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la

5 En este caso, según el código, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les

falten para su perfeccionamiento.
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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solo para demostrar o
desvirtuar estos hechos; iv) se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la
primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Vistas las anteriores anotaciones, se advierte que la solicitud probatoria de la
parte demandada no encaja en ninguna de ellas, de manera que será rechazada,
en la medida que la presentó por fuera de las oportunidades de ley; sin que
advierta la Sala la necesidad de decretar una prueba de oficio en esta etapa
procesal, pues no se evidencian puntos oscuros que despejar.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Gustavo Bolívar
Satizabal Salazar, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para dicho reconocimiento.

2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.4.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

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Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
[…]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 19976 señaló:

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997.

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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial
la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos
servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20187 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen
o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes

7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia,
en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad,
o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 20228 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 66000 23 33 000 2021 00181 01 (4101-2023)
Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 10 de
noviembre de 2020, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 008701 del 13 de abril de 20219, por considerar que los
tiempos de servicios acreditados a partir de 1995 son del orden nacional, lo que
impide el reconocimiento pensional.

Inconforme con la respuesta, el docente interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado de manera negativa mediante la resolución RDP 016449 del 30 de
junio de 2021.

2.5 Caso concreto

Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a
determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

Se encuentra acreditado que el señor Gustavo Bolívar Satizabal Salazar nació el
25 de abril de 1954, razón por la que, el 25 de abril de 2004, cumplió 50 años;
requisito este frente al cual no existe discusión.

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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

• Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980 (entre los años 1971 a
1982)

Sea lo primero señalar que, no se aportaron actos administrativos que dieran
cuenta de designaciones realizadas al actor durante las anualidades en cita.

Ahora, lo que se allegó fue certificación emitida por el profesional universitario del
archivo departamental de Nariño el 27 de julio de 2012, en la que se indica que
el señor Satizabal Salazar prestó sus servicios al magisterio de ese departamento
así:

-Año 1971: Decreto 917 de 22 de noviembre de 1971, nombramiento como
docente departamental; y con Resolución 227 de 22 de noviembre
de 1971, fue destinado como Seccional de la Escuela Urbana de
Niñas del municipio de El Charco.
-Año 1972: Decreto 145 de febrero 1972. Fue retirado del servicio a partir del 11
de enero de 1972.
-Año 1974: Decreto 0222 de 25 de abril de 1974. Fue nombrado interinamente
como maestro por el departamento, y destinado como seccional de
la Escuela Urbana de Varones de El Charco a partir del 1° de febrero
de 1974.
-Año 1975: Decreto 1076 de 07 de noviembre de 1975. Se indica que fue
“reelegido”.
-Año 1976: Decreto 467 de 4 de mayo de 1976. Se precisa que fue confirmado
como seccional de la escuela de varones antes mencionada. Y con
Decreto 579 de 30 de junio de 1976, fue nombrado interinamente
como maestro del departamento, y destinado en comisión al colegio
Río Tapaje de El Charco por 30 días, a partir del 26 de mayo de
1976.
-Año 1978: Resolución 1311 de 10 de marzo de 1978. Se indica que fue
nombrado interinamente como profesor de tiempo completo en el
colegio antes mencionado, con retroactividad al 1° de marzo.

Obsérvese la citada certificación:

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66000 23 33 000 2021 00181 01 (4101-2023)
Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

Seguidamente, en atencion al decreto de pruebas efecutado en primera
instancia, la secretaria de educacion departamental de Nariño, allegó al plenario
certificación expedida el 22 de marzo de 2023, en cuanto a que el demandante
laboró desde el 19 de noviembre de 1976 hasta el 18 de marzo de 1982,
desempeñando el cargo de auxiliar administrativo grado 01, en la institución
educativa Río Tapaje del municipio de El Charco; que el nombramiento se realizó
en propiedad mediante acto administrativo N° 999 de 19 de noviembre de 1976;
se destaca que este último no fue aportado.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

Revisado el material probatorio aportado con miras a acreditar el requisito de la
vinculación docente territorial o nacionalizado antes de 1980, estima la Sala que
únicamente se encuentra plenamente probado el tiempo servido como docente
entre el 22 de noviembre de 1971 y el 10 de enero de 1972, y desde el 1° de
febrero de 1974 hasta el 25 de junio de 1976.

Al respecto, si bien no militan en el plenario los actos de designación, contrastada
la certificación emitida por el profesional universitario del archivo departamental
de Nariño y el Formato N° 1 Certificado de Información Laboral N° 1 que data de
6 de agosto de 2012, se evidencia que son coincidentes respecto al período, y el
último documento en cita identifica claramente los extremos laborales, y del
mismo se puede establecer que se trata de un docente territorial.

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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

Ahora, no ocurre lo mismo con los demás tiempos de servicios que se pretende
sean tenidos en cuenta, ya que, si bien en los certificados antes mencionados se
aduce que el actor prestó el servicio entre el 1° de marzo y el 30 de mayo de
1978 como docente, en cumplimiento del decreto de prueba en primera instancia,
se aportó certificado por parte de la secretaria de educacion departamental de
Nariño, en el que se señala que desde el 19 de noviembre de 1976 hasta el 18
de marzo de 1982, el actor se desempeñó en el cargo de auxiliar administrativo
grado 01, en la institución educativa Río Tapaje del municipio de El Charco; que
el nombramiento se realizó en propiedad mediante acto administrativo N° 999 de
19 de noviembre de 1976.

Así entonces, la Sala tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia reclamada, la labor como docente territorial, ejecutada por el
demandante i) desde el 22 de noviembre de 1971 hasta el 10 de enero de
1972 (1 mes y 19 días), y ii) desde el 1° de febrero de 1974 hasta el 25 de
junio de 1976 (2 años 4 meses 24 días). Todo ello para un tiempo total de 2
años, 6 meses y 13 días.

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• Desde 03 de mayo de 1995 hasta el 10 de noviembre de 2020 (fecha
de reclamación administrativa) (25 años, 6 meses y 7 días)
Reposa en el plenario, copia del Decreto 0217 de 29 de marzo 1995 suscrito por
el gobernador del departamento de Risaralda, por medio del cual “se hacen unos
nombramientos en básica secundaria media vocacional (plazas cofinanciadas
por el departamento)”, entre esos, se llevó a cabo el nombramiento del señor
Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, como profesor de tiempo completo en el
instituto agrícola Mistrató de Mistrató. Véase:

Igualmente figura Formato Único para la Expedición de Historia Laboral, de fecha
05 de agosto de 2022, en el cual se indican las novedades del servicio docente
a partir de dicho nombramiento:

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Ahora, el certificado de la referencia fue objeto de reparo por la parte demandada
en el recurso de apelación, al considerar que se trató de un vínculo de naturaleza
nacional, no obstante, advierte la Sala que no es dable tener por cierta tal
afirmación, toda vez que no se está haciendo referencia al tipo de vinculación
sino al régimen de pensiones, el cual no es un punto de referencia que permita
establecer la naturaleza del vínculo.

Aclarado lo anterior, procede la Sala a estudiar la naturaleza de la vinculación de
los docentes financiados o cofinanciados, siendo pertinente destacar que esta
Subsección en sentencia del 11 de abril de 201810 resolvió un asunto similar, en
el que concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo anterior y en virtud a que las normas definen a los
docentes cofinanciados como docentes departamentales, distritales o
municipales dependiendo del ente que los hubiera vinculado, la Sala
considera que como el demandante fue vinculado como docente
cofinanciado por el Municipio (sic) de San Sebastián de Mariquita desde
1994, se debe entender que dicha vinculación se dio como municipal y por
consiguiente tiene derecho a que dichos tiempos sean tenidos en cuenta
para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia.”

10 Radicado 190012333000201500392 01 (2235-2017), C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Este criterio fue reiterado por esta Sala en las sentencias del 10 de febrero de
201111, del 10 de marzo de 201612, del 17 de julio de 202013, del 13 de abril de
202314 y del 20 de abril de 202315. Y por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-559 de 1997, al indicar que los docentes departamentales, municipales y
distritales, también son los cofinanciados por la Nación.

Si bien en el Decreto 0217 de 29 de marzo 1995 se dejó sentado que la plaza de
la demandante tenía el carácter de cofinanciada, ello no implica, como aduce la
demandada, que el señor Gustavo Bolívar Satizabal Salazar tuviera la calidad de
docente nacional, pues la cofinanciación no es más que una de las modalidades
previstas en la norma de financiación de la plaza docente, pero no se refiere de
modo alguno a la naturaleza del cargo o de la vinculación.

Así se previó en el artículo 2 del Decreto 196 de 1995, por medio del cual se
reglamentó parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993:

Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente
Decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno
de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido
siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con
recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60
de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta
de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la
Nación- Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que
se encuentran vinculados a plazas departamentales o municipales
(resalta la Sala).

Lo anterior quiere decir que la modalidad de cofinanciación no modifica la
naturaleza jurídica de la vinculación del docente a la entidad territorial; asimismo,
el artículo 4 de la mencionada Ley 60 de 1993, dispuso sobre los docentes
financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional
mediante convenios, que además de ser afiliados o incorporados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sus prestaciones estarían a
cargo de la respectiva entidad territorial.

11 Subsección B, Expediente Rad. 0088-10 C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
12 Subsección A, Expediente Rad. 2604-14. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
13 Subsección B, Expediente Rad. 3398-16 C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 Subsección A, Expediente Rad. 3114-2017. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Subsección A, Expediente Rad. 3905-2018. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

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Por su parte, el artículo 110 de la Ley 21 de 199216 consagró que:

Los recursos para la cofinanciación de maestros cuyo objeto es facilitar
nombramientos por parte de los entes locales procederán previo convenio
entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el respectivo distrito,
departamento o municipio.
Publicada la presente Ley todos los municipios del país elaborarán en un
plazo de tres meses el plan de desarrollo educativo con base en el cual se
procederá a la creación de plazas de maestros.
Los maestros deben ser nombrados por los alcaldes donde se haya
municipalizado la educación.

A su vez, los artículos 4 y 5 del Decreto 206 de 199317 señalaron:

Artículo 4. Cofinanciación para el pago de maestros. Con los recursos
asignados en el Presupuesto Nacional para efectos de cofinanciar el pago
de maestros de primaria y secundaria, se financiarán, en promedio, hasta
el 70% del costo de cada educador que sea contratado por las entidades
territoriales.
Para el año 1993 estos recursos serán ejecutados por el Ministerio de
Educación al igual que los recursos para cofinanciar infraestructura
educativa.
Artículo 5. Reglamentación de convenios, Ley 21 de 1992. El Ministerio de
Educación Nacional, antes del 31 de marzo de 1993, reglamentará los
convenios a que hace referencia el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.

Del anterior análisis normativo, se concluye que los maestros cofinanciados por
la Nación son docentes territoriales, por lo tanto, sus prestaciones estarían a
cargo de la entidad territorial respectiva18.

Por otro lado, de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio de 201819
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia lo esencialmente relevante
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada20.

16 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.
17 Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989.
18 En similar sentido véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2014, radicado 25000-23-42-000-2020-00711-01 (4630-2022).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación

Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, (3805-2014).
20 Máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
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Adicionalmente dicha providencia también fue clara al establecer la regla de que
no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten
en educadores nacionales i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora
del respectivo fondo educativo regional; o ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

De acuerdo con las consideraciones del acto de nombramiento y las autoridades
que intervinieron en su expedición, se concluye que el nombramiento se efectuó
por voluntad de la autoridad territorial, lo cual permite inferir válidamente que el
cargo ocupado por el educador era del orden territorial y que el convenio de
cofinanciación no implicaba que la naturaleza de su nombramiento fuera del
orden nacional. Ahora, si bien en el acto administrativo no se dejó sentado, la
Sala estima que la firma del representante del ministro ante la entidad territorial
estuvo encaminada a garantizar la disponibilidad de los recursos que le
correspondían en virtud de la cofinanciación para el pago de los salarios de la
docente, más ello no implica en modo alguno, que la demandante tuvo la
condición de docente nacional.

Así entonces, el tiempo de servicio transcurrido entre el 03 de mayo de 1995 y
el 10 de noviembre de 2020 (fecha de reclamación administrativa), para un total
de 25 años, 6 meses y 7 días, resulta computable para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia.

En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, para la
Sala, el señor Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, acredita los requisitos para
obtener la prestación en comento, entre estos, el de 20 años de servicios como
docente territorial y/o nacionalizado, con una vinculación de dicha naturaleza
antes del 31 de diciembre de 1980.

Para el efecto, el señor Satizabal Salazar acreditó un tiempo total de servicio para
efectos de pensión gracia, así:
Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Territorial 22 de noviembre de 10 de enero de 1 mes y 19 días
1971 1972
Territorial 01 de febrero de 25 de junio de 1976 2 años, 4 meses y
1974 24 días
Territorial 03 de mayo de 10 de noviembre de 25 años, 6 meses y
1995 2020 7 días
Total: 28 años y 20 días

En esa línea de consideraciones, hay lugar a modificar el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, señalando que,

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el actor adquirió estatus de pensionado el 20 de octubre de 2012, momento para
el cual ya había cumplido 50 años de edad. Y no el 03 de mayo de 2008 como lo
señaló el juez de primera instancia. En consecuencia, para efectos de la
liquidación de la prestación, deberá tenerse en cuenta todos los factores
devengados entre el 20 de octubre de 2011 y el 19 de octubre de 2012.

En punto a la prescripción, es necesario resaltar que operó el fenómeno de la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 10 de noviembre de
2017, pues, dado que el derecho se hizo exigible a partir del 20 de octubre de
2012, la actora tenía hasta el 20 de octubre de 2015 para presentar la
reclamación administrativa, lo cual ocurrió el 10 de noviembre de 2020, esto,
cuando ya habían transcurrido más de 3 años desde la exigibilidad del derecho,
y la demanda se presentó el 23 de julio de 2021.

2.6 Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el docente
Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, tal como lo dispuso el tribunal de instancia,
cumplió todos los requisitos establecidos en las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989
y la jurisprudencia de esta Corporación para ser beneficiario de una pensión
gracia, es decir, no existen reproches sobre la buena conducta en el desempeño
de la labor, cumplió 50 años de edad, laboró en la educación oficial con
naturaleza territorial por más de 20 años, con una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980.

Sin embargo, resulta necesario modificar la sentencia de primera instancia, a fin
de precisar que el demandante alcanzó el estatus pensional el 20 de octubre de
2012, conforme se explicó, y por tanto para efectos de liquidar la prestación debe
tenerse en cuenta todos los factores devengados entre el 20 de octubre de 2011
y el 19 de octubre de 2012. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.

2.7 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando

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lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el
cual quedara de la siguiente forma:

«[…] Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración y a título
de restablecimiento del derecho se condena a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, a pagar la pensión gracia en favor del señor
Gustavo Bolívar Satizabal Salazar, a partir del 20 de octubre de 2012,
pero con efectos fiscales desde el 10 de noviembre de 2017 por
prescripción; la cual debe liquidarse con base en el 75% del valor de
los factores salariales devengados en el año anterior al estatus
pensional, esto es, 20 de octubre de 2011 al 19 de octubre de 2012.»

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 04 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Risaralda, por medio de la cual se
accedió a las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta
sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

CUARTO. Se reconoce personería al abogado Carlos Santiago Valencia Vera
como apoderado de la UGPP, en consideración al poder allegado vía correo
electrónico y que se encuentra visible en el expediente digital disponible en
SAMAI.

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Demandante: Gustavo Bolívar Satizabal Salazar

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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