Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00254-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00254-01 (3790-2024)
Demandantes: Nelly Yaneth Peña Cárdenas
Demandado: Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General
de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC)
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Nulidad del
acto administrativo por desconocimiento del debido proceso.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de
la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Nelly Yaneth Peña Cárdenas instauró demanda en contra de la
Agencia ITRC y de la DIAN, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias del 23 de enero y
del 22 de diciembre de 2020, expedidas por la Subdirección Técnica de la ITRC y
por la Dirección General de la ITRC, mediante las cuales fue sancionada con
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y la nulidad de la
Resolución 001246 del 25 de febrero de 2021, mediante la cual la DIAN ejecutó la
sanción.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al
cargo que desempeñaba, sin solución de continuidad, junto con el reconocimiento
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y pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir y de las
indemnizaciones por los perjuicios causados, debidamente actualizadas.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que fue investigada por hechos que presuntamente ocurrieron cuando se
desempeñaba como jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Seccional
Pereira de la DIAN, con fundamento en una queja anónima recibida de forma
telefónica el 28 de enero de 2016, en que la que se dijo que al parecer habría
incrementado injustificadamente su patrimonio por favorecer a distintos
contribuyentes en las investigaciones adelantadas por la División en el Grupo
Interno de Trabajo (GIT) de auditoría tributaria y recibir, a cambio, retribuciones
económicas.
6. Que la sanción se impuso porque la ITRC determinó que incurrió en una falta
disciplinaria gravísima, a título de dolo, pues habría incrementado su patrimonio de
manera injustificada en la cuantía de $98.534.343,00, representados en
$88.078.880 utilizados en la compra de un bien inmueble y en un depósito a una
cuenta de ahorros de Bancolombia por valor de $14.455.463.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Constitución Política: artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 121, 122, 123, 124, 125,
126 y 209; Ley 734 de 2002: artículos 5, 9, 13 y 48.
8. Considera que en la expedición de los actos demandados se desconoció el
debido proceso, porque fue sancionada sin que existieran pruebas que llevaran al
pleno convencimiento de que su actuación fue irregular, que no se probó que algún
ciudadano le hubiese entregado dinero ni que era imposible que un funcionario de
la DIAN ahorrara el 30% de su salario mensual, si este era en promedio de 7
SMMLV.
9. Que se le impuso una sanción extravagante (sic), porque en todo caso no se
produjo ninguna consecuencia gravosa para la entidad o para los ciudadanos,
además de que se demostró en la actuación disciplinaria que el alegado incremento
de patrimonio no existió, sino que se trató de un ahorro o incremento lícito, producto
de 28 años de trabajo. Que pese a ello, y sin pruebas, se tipificó la conducta en el
inciso segundo del artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002.
10. Agregó que el desconocimiento del debido proceso también tuvo lugar en la
medida en que se superó el término de 12 meses para adelantar la investigación
disciplinaria y que se lesionó el derecho de contradicción, porque no pudo acceder
a varias pruebas.
11. Que además se quebrantó el principio non bis in idem, porque la investigación
disciplinaria 1704-00-2016-005, en el marco de la cual se expidieron los actos
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demandados, tuvo como fundamento los mismos hechos que motivaron el radicado
1704-01-2015-299, que, a su vez, fue adelantada por cuenta de la actuación 1704-
01-2015-211 en la cual se investigó a varios funcionarios de la División de Gestión
de Fiscalización. El radicado 1704-01-2015-299 fue acumulado al 1704-00-2016-
005; no obstante, respecto del primero se ordenó el archivo de la actuación.
12. Que la ITRC no le trasladó la prueba documental «análisis financiero y
bancario y análisis de gastos e inversiones representativa y disminución de
pasivos», a pesar de ser la base para endilgarle responsabilidad; lo que debió llevar
a que la segunda instancia decretara la nulidad de lo actuado.
13. Que se vulneró la presunción de inocencia, pues desde que se recibió la
llamada anónima del 28 de enero de 2016 se le consideró culpable, al punto de que
con ese solo fundamento se abrió el proceso disciplinario, pese a que se evidenció
que el quejoso actuó con el objeto de perjudicarla.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda fue admitida el 30 de septiembre de 20211. Las entidades
demandadas se pronunciaron en el siguiente sentido:
15. La DIAN manifestó que no se encontraba legitimada en la causa por pasiva,
pues en la expedición de la Resolución 001246 del 25 de febrero de 2021 se limitó
a dar cumplimiento a lo ordenado por la Agencia ITRC; de manera que se trató de
un acto de ejecución, no susceptible de control. Con todo, se opuso a la pretensión
de reconocimiento de perjuicios morales y materiales, por considerar que carecen
de soporte probatorio2.
16. La Agencia ITRC señaló que la actuación disciplinaria tuvo lugar porque se
acreditó que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de enero
de 2016, la demandante obtuvo un crecimiento patrimonial no justificado, mientras
desempeñó el cargo de jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN
Seccional Perera, situación que contó con respaldo probatorio documental y
testimonial. Que, a pesar de que la investigada intentó justificar el depósito en la
cuenta de Bancolombia en la manutención que el padre de su hija le consignaba,
dicha afirmación resultó desvirtuada; y que tampoco se logró justificar la compra de
un inmueble en la ciudad de Pereira.
17. Agregó que no cualquier incremento constituye falta disciplinaria, sino aquel
que carezca de explicación razonable, financiera, contable y legal; y ello fue lo que
ocurrió en el trámite adelantado en contra de la demandante, pues la debida
justificación del incremento patrimonial no es una circunstancia opcional, en la
medida en que es obligación de todo servidor público brindarla cuando es requerido
por alguna autoridad administrativa o judicial, una vez se establecen diferencias
patrimoniales significativas que no se ajusten a sus ingresos.
1 Véase archivo 11 del expediente digital e índice 00007 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
2 Véase archivo 17 del expediente digital e índice 00014 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
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18. Que la demandante, en su condición de servidora pública, era plenamente
consciente de la referida obligación y que con suficiencia se estableció que sus
ingresos no soportaban el incremento de su patrimonio que se advirtió, pues
también quedó probado que no contaba con fuentes adicionales de ingreso y,
aunque sus pasivos también se incrementaron, «(…) dichos préstamos no son
suficientes para demostrar la diferencia entre lo devengado y los gastos e
inversiones que se reportaron por las entidades financieras durante el periodo
investigado».
19. Agregó que haber iniciado la actuación disciplinaria con fundamento en una
queja anónima no representa una irregularidad, pues esto es posible cuando la
información que ella contengan sea clara, concreta y permita llegar a medios
probatorios suficientes para establecer la ocurrencia de los hechos denunciados.
Que los argumentos de la demandante son los mismos que plasmó a lo largo de la
actuación disciplinaria; de manera que no puede convertir a la jurisdicción en una
tercera instancia y señaló que en el trámite sancionatorio no se desconoció el debido
proceso3.
20. Por auto del 22 de julio de 20224 se resolvió no tener en cuenta la
contestación presentada por el Ministerio de Hacienda5, tras considerar que de
conformidad con la normativa de reglamentaria de la Agencia ITRC, esta puede
ejercer su representación judicial a través de la Subdirección de Asuntos Legales
(artículo 6 del Decreto Ley 4173 de 2011). También se declaró probada la excepción
de inepta demanda respecto del acto que ejecutó la sanción. Luego, en providencia
del 17 de abril de 2023 se adecuó el proceso al trámite de la sentencia anticipada.
En consecuencia, se fijó el litigio y se decretaron pruebas documentales6; una vez
incorporadas, por auto del 15 de agosto de 20237 se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto,
luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
21. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del dieciséis (16)
de mayo de dos mil veinticuatro (2024)8, negó las pretensiones, tras concluir que la
autoridad disciplinaria respetó el derecho al debido proceso de la demandante,
observó el principio de legalidad y aplicó en debida forma las normas que sirvieron
para fundamentar la expedición de los actos acusados; lo que implica el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 734 de 2002; mientras que la
demandante no logró demostrar los cargos de nulidad que planteó.
22. Que la conducta resultó típica, en la medida en que la demandante fue
responsabilizada porque durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de
3 Véase archivo 19 del expediente digital e índice 00015 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
4 Véase archivo 21 del expediente digital e índice 00018 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
5 La contestación del Ministerio de Hacienda, en el archivo 16 del expediente digital e índice 00013 de SAMAI-
gestión en otros Despachos.
6 Véase archivo 28 del expediente digital e índice 00030 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
7 Véase archivo 35 del expediente digital e índice 00042 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
8 Véase archivo 43 del expediente digital e índice 00051 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
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2011 al 31 de enero de 2016 obtuvo un incremento patrimonial no justificado, de
manera directa, en favor propio, situación que se adecuó a la falta disciplinaria
gravísima prevista en el inciso final del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002; falta para cuya configuración no es necesario demostrar el nexo de causalidad
entre el incremento injustificado y el ejercicio del cargo, ni la ilicitud de tales ingresos.
23. Que los reproches en este punto carecían de fundamento fáctico, pues en las
distintas actuaciones del procedimiento se precisó que la entonces disciplinada
había pasado por alto una de las obligaciones derivadas de su relación legal y
reglamentaria con el Estado; al tiempo que se individualizaron las actividades en las
cuales se reflejó la conducta, representadas en la compra de un bien inmueble y en
el depósito de una suma de dinero en una cuenta de ahorros a su nombre.
24. Respecto de la queja anónima, dijo que si bien la regla general es que la
autoridad la debe inadmitir en los términos del artículo 69 de la Ley 734 de 2002, lo
cierto es que la misma norma remite a la excepción contemplada en el artículo 38
de la Ley 190 de 1992, según la cual, cuando existan medios probatorios suficientes
sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar una
actuación de oficio es posible darle trámite, sin que ello signifique que la queja
pueda servir como prueba de la conducta reprochable.
25. Que tampoco se lesionó el principio de non bis in idem, pues si bien se
adelantaron dos investigaciones por el incremento patrimonial de la demandante
(radicados 1704-01-2015-299 y 1704-00-2016-005), lo que permitiría hablar de
identidad de persona y de objeto, lo cierto es que, en cuanto a la identidad de causa,
no se demostró que en ambas actuaciones se hubiere analizado la conducta
respecto del mismo periodo y si la señora Peña Cárdenas lo consideraba así, debía
probarlo conforme a la carga procesal que le asistía. Esto, sin dejar de lado que
ambos radicados se acumularon y que el archivo del 1704-01-2015-299 no
implicaba que se debiera archivar también lo que era objeto del segundo
procedimiento; aceptar una conclusión así equivaldría a dejar en la impunidad
conductas posiblemente constitutivas de falta disciplinaria.
26. Agregó que si bien transcurrieron más de 13 meses entre la apertura de la
investigación disciplinaria y la decisión de cargos, ello no representaba una
irregularidad sustancial, en la medida en que no representó una lesión del debido
proceso; ni implicaba la pérdida de competencia de la autoridad disciplinaria, sin
perjuicio de las posibles consecuencias para el funcionario a cargo de realizar las
diligencias. Que tampoco se lesionó el debido proceso de cuenta de la práctica
probatoria, pues sus distintas intervenciones dieron cuenta de que pudo acceder a
todos los medios de prueba que obraban en la actuación y que, inclusive, al advertir
una irregularidad respecto del enlace de acceso al expediente, la segunda instancia
disciplinaria decretó una nulidad, con lo cual saneó el procedimiento.
27. Que en el trámite sancionatorio no existió una prueba denominada «Análisis
financiero y bancario y análisis de gastos e inversiones representativa y disminución
de pasivos», sino que de esa manera la autoridad se refirió al estudio que se realizó
desde el pliego de cargos de las pruebas que se allegaron al proceso y que
permitieron demostrar la conducta constitutiva de falta disciplinaria, por lo cual no
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se requería su decreto y menos su traslado. Esto, sumado a que la prueba técnica
que se decretó de oficio en la segunda instancia, que llevó a corroborar la
información existente respecto de los ingresos y gastos de la demandante, fue
puesta en su conocimiento y se le permitió pronunciarse al respecto.
28. Que, en el marco de la falta endilgada, la carga de la autoridad disciplinaria
consistía en acreditar lo injustificado del incremento patrimonial, lo que implica una
disminución de su actividad probatoria, en la medida en que lo esperado es que el
investigado justifique el incremento de su patrimonio, por ser quien tiene todos los
elementos de juicio para ello, conforme al deber consagrado en el artículo 34.23 de
la Ley 734 de 2002, sin que ello implique en modo alguno la vulneración del principio
de presunción de inocencia.
29. Que la sanción correspondió a la naturaleza de la falta y forma de culpabilidad
en que fue imputada y que, si bien en el trámite disciplinario no se determinó el
origen de los recursos, sí se demostró que la demandante vulneró un deber
funcional, que le imponía la obligación de justificar en debida forma el origen de las
sumas con las que adquirió el inmueble y del depósito realizado en el producto
financiero de su propiedad, sin que sea necesario que se hubiese causado un daño
patrimonial al Estado.
30. Se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
31. La demandante9 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que la
sentencia contenía una argumentación aparente, pues en ella solo se habló de una
relación de ingresos y gastos para los años 2014 y 2015, con lo que se dejó de lado
que el cargo que se formuló se ubicó temporalmente en las vigencias 2011 a 2016.
32. Que tampoco se realizó una valoración integral de las pruebas por parte del
Tribunal, pues de forma extraña se «puso a tono» con las decisiones disciplinarias,
en las que solo se valoraron la queja anónima y una serie de inferencias y
supuestos, porque de sus ingresos y egresos no era posible evidenciar que se
hubiese incrementado su patrimonio en forma indebida, ni se probó que hubiese
recibido algún tipo de prebenda de un tercero, situación que representa el
desconocimiento del debido proceso por parte de la primera instancia, porque solo
valoró las pruebas a las que hizo referencia la Agencia ITRC y apenas mencionó
las que ella aportó.
33. Insistió en que a lo largo de la actuación disciplinaria demostró el origen de
sus recursos (salarios, honorarios, cuota alimentaria, anticipos de cesantías,
créditos de entidades bancarias, ahorros de parte de su salario, venta de una
vivienda) y reprochó que el Tribunal no la hubiese protegido respecto del abuso del
poder disciplinante, pues a la jurisdicción «le corresponde proteger al ciudadano de
la arbitrariedad».
34. Que, en suma, no se evidenció el incremento patrimonial injustificado; por el
9 Véase archivo 45 del expediente digital e índice 00055 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
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contrario, posee un ínfimo patrimonio y, pese a demostrar de dónde obtuvo su
pequeño capital, «se sanciona como el peor criminal y se deja de lado la verdad,
ignorando a propósito el valor de las viviendas de muchos funcionarios públicos,
políticos, senadores o representantes que de la noche a la mañana aparecen con
viviendas de hasta 5.000 millones de pesos».
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
35. El 20 de agosto de 202410 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
36. La DIAN11 solicitó que se confirme la sentencia apelada, en especial,
respecto de lo que tiene que ver con la falta de legitimación en la causa por pasiva
de dicha entidad, pues de manera exclusiva se limitó a ejecutar la medida
disciplinaria impuesta a la demandante por parte de la Agencia ITRC.
37. La demandante, la Agencia ITRC y el Ministerio Público guardaron
silencio.
38. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
39. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda debe revocarse, porque en ella no se realizó un análisis
integral de los medios de prueba y no se expusieron argumentos suficientes para
negar las pretensiones; de otro modo, se habría concluido que no se configuró la
falta disciplinaria por la cual fue sancionada la apelante.
40. Con este propósito, la providencia se referirá al marco jurisprudencial
aplicable al análisis de los actos administrativos que imponen sanciones
disciplinarias, a la nulidad de los actos administrativos por desconocimiento del
debido proceso y abordará el caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
41. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
42. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
10 Véase índice 00004 de SAMAI.
11 Véase índice 00008 de SAMAI.
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proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
43. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias12.
44. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»13.
45. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»14, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
13 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.
2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
46. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
47. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13715 y 13816 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
48. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
49. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico17.
50. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
15 Del medio de control de nulidad.
16 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
17 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 18; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
51. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso19 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución20.
Caso concreto
52. Para la apelante, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda se debe revocar por dos razones: (i) porque la autoridad judicial se «puso
a tono» con la demandada y, en consecuencia, no la «protegió» del abuso del poder
disciplinante y (ii) porque no realizó una adecuada valoración de las pruebas; de
otro modo, habría encontrado que el comportamiento reprochado no existió.
53. Respecto del primer punto, lo que la Sala advierte es que en la sentencia
apelada se aplicó la tesis jurisprudencial vigente en materia de control de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias y, en esa medida, analizada
la actuación que culminó con las decisiones cuestionadas, no se encontraron vicios
formales ni sustanciales que llevaran a declarar su nulidad. Otra cosa es que la
demandante no comparta las razones por las cuales el juez de primera instancia no
accedió a sus pretensiones; pero ello, lejos de constituir una irregularidad de la
providencia, es precisamente lo que implica la interposición del recurso de
apelación.
54. También cabe destacar que, en línea con la tesis jurisprudencial vigente, el
18 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
19 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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juicio de legalidad que realiza el juez no tiene por cometido la corrección de la
actuación disciplinaria, sino la constatación de que en su desarrollo y en la
expedición de los actos que se examinan, no se incurrió en desconocimiento de las
garantías sustanciales y formales del debido proceso y, por supuesto, que no se
configuraron los vicios que, con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011, alegó la parte demandante.
55. Si, valorada en su integridad la actuación disciplinaria y contrastada con los
medios de prueba allí obrantes y con los que, en cumplimiento de la carga
probatoria, hubiese aportado o solicitado la demandante, no se encuentra ningún
vicio, no hay razón para que la decisión de ratificar la legalidad de los actos sea
leída como una «desprotección» o como que la autoridad judicial se «puso a tono»
con quien impuso la sanción disciplinaria, pues tales calificaciones despojan al juez
de lo contencioso administrativo de la imparcialidad que lo caracteriza.
56. Ahora bien, los reproches de la apelante relacionados con la valoración
probatoria (segundo motivo de inconformidad), que se pueden analizar a partir del
defecto fáctico como forma de desconocimiento del debido proceso, implican
detenerse en los medios de prueba que, analizados de forma integral y a la luz de
la sana crítica, llevaron a la Agencia ITRC a concluir que se había incurrido en un
comportamiento disciplinable.
57. Recuérdese que a la señora Peña Cárdenas se le formuló como único cargo:
«Haber obtenido durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2011
al 31 de enero de 2016, un incremento patrimonial no justificado de manera
directa en favor propio, ya que, como resultado del análisis bancario y
financiero, se pudo establecer que a las cuentas bancarias, registradas a su
nombre, le fueron depositadas sumas de dinero superiores a los ingresos
percibidos acreditados dentro del proceso así: para el año 2011 en cuantía de
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($14.455.463,00) y para el año
2012 por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
($798.000,00).
Igualmente, como resultado del análisis de gastos e inversiones representativas
y Disminución de Pasivos, se encontró que la encartada, para el año 2015, debe
justificar la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($84.078.880), de la compra del
parqueadero 12, cuarto útil 3, 12 y apartamento 801 de la Carrera 27 Calles 13
y 14. Edifico El Mirador de los Álamos en la ciudad de Pereira.
Sumas que deberá justificar al tenor de lo dispuesto en el inciso final del numeral
tercero (sic) del artículo 48 de la Ley 734 de 2002»21.
58. Se determinó que dicho cargo implicaba la incursión en el tipo disciplinario
del artículo 48.3, inciso segundo, de la Ley 734 de 2002, según el cual constituye
falta disciplinaria gravísima «[i]ncrementar injustificadamente el patrimonio, directa
o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga»
(subrayas de la Sala, para destacar los elementos de la descripción típica imputados
a la demandante); también se dijo que con ese comportamiento se quebrantó el
21 Véanse páginas 29 a 61 del documento «CUADERNO 7», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del
expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
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deber propio de los servidores públicos de tener el control de su patrimonio y poder
brindar una explicación satisfactoria sobre los aumentos del mismo, al ser requerida
por las autoridades.
59. Además, la autoridad disciplinaria encontró que se debía calificar como
dolosa la conducta, porque se satisfacían los dos componentes de esa forma
subjetiva de la responsabilidad: el conocimiento, porque la señora Peña Cárdenas
era servidora de la DIAN desde 1992, lo que la dotaba de la capacidad para conocer
los actos vedados para los servidores públicos; el volitivo, porque el tipo disciplinario
endilgado implicaba la realización de operaciones comerciales y financieras, que se
materializan con el conocimiento de la causa y con la voluntad de quienes en ellas
intervienen.
60. Esas consideraciones, que se ratificaron en los actos cuestionados, se
apoyaron en el análisis financiero y bancario y el estudio de los gastos e inversiones
representativas de la investigada y de la disminución de sus pasivos, con
fundamento en:
• La certificación de pagos, descuentos y deducciones de la señora Nelly Yaneth
Peña Cárdenas, para las vigencias 2011 a 2016, según se expidió por el jefe de
tesorería de la DIAN22.
• El estudio de los depósitos que recibió en distintas cuentas de ahorros a su
nombre, para el periodo objeto de estudio, de las que, en definitiva, se encontró
que el 31 de marzo de 2011 recibió en la cuenta de ahorros Bancolombia nro.
72150427968 una consignación por valor de $14.455.463,0023, que, a la fecha
de expedido el acto sancionatorio, no contaba con explicación por parte de la
disciplinada.
En la decisión de primera instancia se encontró justificado el presunto
incremento por valor de $798.000.000, que habría tenido lugar durante la
vigencia 2012; no así respecto del imputado para el 2011, pues aunque la
servidora manifestó que el referido producto en Bancolombia contaba con fecha
de apertura posterior a la consignación, el banco certificó el 28 de mayo de 2009
como fecha de apertura de la cuenta24; y, pese a que en sus distintas
intervenciones la entonces investigada insistió en que esa suma hacía parte de
la manutención que el padre de su hija aportaba, lo cierto es que se logró
acreditar que esa obligación se consignaba en una cuenta distinta25.
Respecto de la suma de $14.445.463, la Agencia ITRC encontró que la
investigada nunca reportó una actividad económica distinta a su rol como
22 Véanse páginas 103 a 123 del documento «CUADERNO 1», disponible en el enlace visible en el archivo 15
del expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
23 Véase página 172 del documento «CUADERNO 5», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del
expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos. La consignación, según el soporte
aportado por el banco, se realizó en efectivo, por la misma funcionaria.
24 Véase página 171 del documento «CUADERO 5», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del
expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
25 Concretamente, en la cuenta nro. 72149348019 de Bancolombia, con fecha de apertura del 8 de abril de
2009. Véase página 39 del documento «CUADERNO 8», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del
expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
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funcionaria de la DIAN. Sumado a ello, según el resumen de movimientos del
producto, dicha consignación fue el movimiento más representativo para el mes
de enero de 201126, lo que, valorado en conjunto, llevó a que se concluyera que
ese monto representaba un incremento patrimonial no justificado.
• En relación con la suma de $84.078.880, que la funcionaria habría empleado
para adquirir los bienes inmuebles que hicieron parte de la formulación de cargos
(un parqueadero, dos cuartos útiles y un apartamento), la autoridad disciplinaria
encontró que el monto real de los mismos ascendió a $160.000.000 27; luego de
lo cual confrontó los argumentos expuestos por la señora Peña Cárdenas con lo
acreditado en la actuación, de lo que concluyó:
• Que aunque la funcionaria mencionó que contó con $50.000.000 como base
para la compra del apartamento, «no existe registro en las cuentas de ahorro
manejadas por la servidora durante el lapso investigado, así como tampoco
fue registrado en los formatos de Declaración de bienes y rentas de los años
2011, 2012, 2013, 2014 ni 2015»28.
• Que los avances por concepto de cesantías, en cuantía de $20.170.380,48
ingresaron al patrimonio de la investigada dos años antes de adquirir los
inmuebles29.
• Que las sumas por concepto de préstamos y créditos a las que hizo
referencia, valoradas en conjunto con los ingresos y egresos reportados en
sus declaraciones de renta, permitían concluir que para el año 2015, fecha
de adquisición de los inmuebles, la demandante disponía de $75.921.120,
persistía la suma no justificadas del $84.078.880, pues el valor real de los
bienes no fue el que quedó consignado en la escritura pública, según se
acreditó en la actuación sancionatoria.
61. En el trámite de la segunda instancia disciplinaria, la autoridad decretó de
manera oficiosa una prueba, consistente en la elaboración, por parte de un
profesional contador de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de la
Agencia ITRC, de un análisis técnico, financiero y bancario de gastos e inversiones
representativas, activos y pasivos, durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2011 a 31 de enero de 2016, en el cual se debía establecer si existían
diferencias patrimoniales entre los ingresos percibidos, reportados y las inversiones
realizadas por la investigada30.
26 Véase página 301 del documento «CUADERNO 4», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del
expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
27 Al respecto, el administrador de los inmuebles manifestó en diligencia de declaración juramentada que en la
escritura pública de compraventa se consignó un valor menor para evitar el pago de mayores impuestos Véanse
páginas 2 a 4 del documento «CUADERNO 7», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del expediente
digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
28 En el escrito de descargos y alegatos de conclusión, la funcionaria dijo que de la venta de su inmueble en la
ciudad de Cúcuta destinó $40.000.000 para la compra de los bienes relacionados con el trámite disciplinario,
ante lo cual la Agencia ITRC manifestó que «(…) el Despacho no desconoce la transacción de venta del
inmueble de la ciudad de Cúcuta, sin embargo, esta se dio en el año 2008, es decir 7 años atrás de la
negociación de los bienes cuestionados; no obrando soporte sobre la existencia de estos ahorros, ni reflejados
en su información financiera, como tampoco fueron reportados como efectivo o título valor en las declaraciones
juramentadas de bienes y rentas» (véase página 29 del documento «CUADERNO 9», disponible en el enlace
visible en el archivo 15 del expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos).
29 Véanse páginas 20 a 22 del documento «CUADERNO 6», disponible en el enlace visible en el archivo 15 del
expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
30 Auto del 5 de agosto de 2020. Véanse páginas 253 a 259 del documento «CUADERNO 9», disponible en el
enlace visible en el archivo 15 del expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
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62. Como resultado, el 7 de septiembre de 2020 se presentó el concepto técnico,
en el cual se concluyó que la servidora no disponía de los recursos para la compra
de los inmuebles que fueron objeto de análisis31. Esta prueba fue trasladada a la
disciplinada, quien formuló objeciones a la misma32, las que se resolvieron en la
Resolución nro. 013 del 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se resolvió la
segunda instancia disciplinaria. En esa oportunidad, se reiteró que los medios de
prueba aportados por la funcionaria no desvirtuaban la ocurrencia de la conducta
disciplinable, pues de ellos no se derivaba la justificación requerida respecto del
incremento de su patrimonio respecto de la consignación realizada por la suma de
$14.455.463 ni de los recursos para la adquisición de los inmuebles a los que
previamente se hizo referencia33.
63. No encuentra la Sala que la autoridad disciplinaria hubiese dejado por fuera
de su análisis circunstancias que estuvieran debidamente acreditadas; o que los
medios de prueba la hubiesen podido llevar a otra conclusión. Por el contrario, el
juicio sobre los argumentos de los actos demandados da cuenta de que la Agencia
ITRC desplegó la actividad probatoria que la normativa disciplinaria le impone a las
autoridades.
64. Como bien lo indicó el Tribunal Administrativo de Risaralda, la falta que fue
endilgada es de aquellas que dinamiza la actividad probatoria, sin invertir la carga,
porque su configuración implica que el servidor público está llamado a cumplir con
lo dispuesto en el artículo 122 constitucional, según el cual «[a]ntes de tomar
posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo
solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas» (subrayas
de la Sala), que se concreta en el deber del artículo 34.23 de la Ley 734 de 2002,
esto es, «[e]xplicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría
General de la Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia
del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o
servicio».
65. Respecto de la falta disciplinaria que se configura cuando se omite dicho
deber y la carga probatoria necesaria para desvirtuar o ratificar la responsabilidad,
esta Corporación ha señalado:
«Establecido lo anterior, se hace necesario indicar que, sin perjuicio de que la
carga de la prueba radique en el Estado, en virtud de las particularidades
propias del tipo disciplinario en cuestión, el investigado se encuentra en la
obligación de brindar las explicaciones relativas al origen y procedencia de su
patrimonio pues, de lo contrario, existiendo pruebas que demuestren las
irregularidades relativas al incremento patrimonial injustificado, deberá
otorgársele valor a aquellas»34 (subrayas de la Sala).
31 Véanse páginas 17 a 26 del documento «CUADERNO 10», disponible en el enlace visible en el archivo 15
del expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
32 Véanse páginas 29 a 38 y 45 a 54 del documento «CUADERNO 10», disponible en el enlace visible en el
archivo 15 del expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
33 Véanse páginas 75 a 116 del documento «CUADERNO 10», disponible en el enlace visible en el archivo 15
del expediente digital e índice 00012 de SAMAI-gestión en otros Despachos.
34 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentenica del 12 de abril de 2018. Exp. 11001-03-25-
000-2014-01086-00 (3378-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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66. En la sentencia apelada también se precisó que el tipo disciplinario no exige
comprobar que los recursos que se tengan por no justificados provengan de fuentes
ilícitas, afirmación que comparte la Sala, pues el inciso tercero del numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se refiere a (i) el incremento del patrimonio, (ii)
que ese incremento tenga lugar de forma directa o indirecta; (iii) en favor del propio
servidor o de un tercero y (iv) que sea injustificado.
67. Tales elementos quedaron acreditados en la actuación que concluyó con la
expedición de los actos demandados, pues, agotado el trámite disciplinario, la
señora Peña Cárdenas no brindó la explicación satisfactoria del origen de los
recursos empleados para la compra de los inmuebles y de los depositados en la
cuenta de ahorros de Bancolombia; sumado a ello, la Agencia ITRC no encontró
reporte de los mismos en las declaraciones de bienes y rentas de la entonces
funcionaria de la DIAN.
68. En lo que al trámite ante esta jurisdicción se refiere, tampoco se encuentra
que, al cuestionar la legalidad de los actos, la demandante hubiese solicitado o
aportado elementos que llevaran a concluir que la autoridad disciplinaria la sancionó
sin los medios de convicción exigidos por la normativa aplicable. Por el contrario, se
advierte que las pruebas practicadas se contrastaron con las que en la actuación
sancionatoria aportó la señora Peña Cárdenas, pero no bastaron para generar
dudas que debieran resolverse en su favor, lo que en modo alguno representa un
ejercicio arbitrario o aleccionador de la potestad disciplinaria.
69. En suma, la Sala no encuentra que en la expedición de los actos
demandados se hubiese lesionado el debido proceso, en la forma del defecto
fáctico; ni que el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Risaralda se
hubiese apartado de la perspectiva del control judicial integral de las decisiones que
imponen sanciones disciplinarias. Por ello, se confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas en esta instancia
70. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
71. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
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72. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
73. En consecuencia, se impondrán costas, en esta instancia, en contra de la
demandante, por cuanto no prosperan las pretensiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la demandante. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.
Tercero. RECONOCER personería a la abogada Viviana Patricia Salazar Gómez,
identificada con cédula de ciudadanía nro. 42.145.204 y portadora de la tarjeta
profesional nro. 197.576 del C.S. de la J. para representar los intereses de la DIAN,
conforme al poder que obra en el índice 00008 de SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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16
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