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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00399-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00399-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Nancy Restrepo Castaño contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el municipio de Pereira. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024). JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 47

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00399-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de Pereira

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988. Vinculación a través de contratos de prestación de
servicios. Entidades que intervienen en el reconocimiento de las
prestaciones a favor de los docentes oficiales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Nancy Restrepo Castaño presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en

1 En adelante Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 1366 del 5 de abril de 2021,
por la cual el secretario de educación de Pereira, en nombre y representación del
Fomag, le negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes
de conformidad con la Ley 71 de 1988.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) la declaratoria de «que los tiempos prestados como docente oficial bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios, contrato de trabajo servicio docente y
orden de prestación de servicios, […] que tuvieron lugar con el municipio de Dosquebradas
y municipio de Pereira, entre el 15 de marzo de 2000 y el 31 de octubre de 2003, son
computables para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes
de que trata la Ley 71 de 1988, en tanto concurren en estos los elementos de una relación
laboral»; ii) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 18 de
mayo de 2019 en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio; iii) la
indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudadas; y iv) el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la condena en
costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Nancy Restrepo Castaño nació el 18 de mayo de 1964 y cumplió 55 años
el 18 de mayo de 2019.

3.2. Entre el 6 de agosto de 1987 y el 17 de diciembre de 1999, laboró en el sector
privado (Colegio Militar Rafael Reyes) «y cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y
muerte, en un inicio al entonces Instituto de Seguros Sociales ISS-, y posteriormente, a la
Administradora de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS» (sic).

3.3. Prestó sus servicios como docente en diversas instituciones educativas públicas
en los siguientes periodos:

Entidad Tipo de Institución
Cargo Desde Hasta
nominadora vinculación educativa
Municipio de Contrato de Agustín Nieto
15/03/2000 01/12/2000
Dosquebradas trabajo docente Caballero
Contrato
05/02/2001 20/12/2001
individual de
Docente trabajo por Colegio Carlos 20/02/2002 22/03/2002
Municipio de
labor Eduardo Vasco
Pereira
contratada Uribe
docentes de 02/05/2002 28/06/2002
tiempo

2

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

completo

Orden de
15/07/2002 30/09/2002
trabajo
Orden de
prestación de
servicios 01/10/2002 13/12/2002
Orden de
trabajo
Instituto
Orden de Docente 02/04/2003 11/04/2003
prestación de Centenario
servicios Carlos Eduardo
21/04/2003 04/07/2003
Vasco
Nombramiento Hans Drews 26/01/2004 29/06/2005
en propiedad Arango 13/07/2005 17/05/2019

3.4. En su vinculación como docente por contratos y órdenes de prestación de
servicios realizó aportes al sistema de seguridad social en pensión en el Instituto de
Seguros Sociales3 y en Colfondos, así:

Patrono Período de vinculación
ASOMIR 01/04/2001 al 30/11/2001
Colegio Carlos4 01/06/2001 al 30/11/2001
01/04/2002 al 30/04/2002
01/05/2002 al 31/05/2002
01/06/2002 al 30/06/2002
Municipio de Pereira 01/07/2002 al 31/07/2002
01/08/2002 al 31/08/2002
01/09/2002 al 30/09/2002
01/10/2002 al 01/10/2002

3.5. En suma, por razón de los períodos laborados «en cumplimiento de Contrato de
trabajo docente, Contrato Individual de Trabajo Por Labor Contratada Docentes Tiempo
Completo, Contratos de prestación de servicios y Orden de Trabajo Para Docentes y, los
tiempos reconocidos en los Formatos Únicos Para La Expedición De CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL por NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD, […] cuenta con un total con
28,89 años» (sic).

3.6. El 20 de agosto de 2020 solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes; sin embargo, a través del acto acusado, la entidad negó tal
petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución

3 En adelante ISS.
4 Así se aludió en los hechos de la demanda.

3

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

Política; 1, literal b), de la Ley 6ª de 1945; 3 de la Ley 65 de 1946; 4 de la Ley 4ª de
1966; 5 del Decreto 1743 de 1966; 27 del Decreto 3135 de 1968; 68 del Decreto
1848 de 1969; 6 y 7 del Decreto 1950 de 1973; 1, 2, 3, 10 y 36 del Decreto 2277 de
1979; 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; y 81 de la Ley 812 de
2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:

5.1. Por virtud de los derechos «a la igualdad y a la seguridad social en pensión», los
tiempos de servicio prestados como docente con vinculación a través de contratos
y órdenes de prestación de servicios son válidos para efectos de contabilizar y
reconocer la pensión de jubilación por aportes.

5.2. Quienes se vinculen a la docencia oficial con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
tienen derecho al régimen pensional contenido por las leyes 33 de 1985 o 71 de
1988 y sus decretos reglamentarios, mientras que quienes lo hagan con
posterioridad a su vigencia, son beneficiarios de los derechos pensionales
dispuestos en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.3. La demandante prestó sus servicios como docente antes del 23 de junio de 2003,
por lo que puede beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 71 de 1988 y
comoquiera que acreditó los requisitos para la pensión que esta norma establece,
al haber cumplido más de 20 años de servicio y contar con la edad de 55 años debe
reconocerse su derecho prestacional.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente6:

6.1. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y los decretos 1160 de
1989, 2709 de 1994 y 3752 de 2003, tienen derecho a la pensión por aportes los
docentes que acrediten en cualquier tiempo 20 años de cotizaciones en el ISS y en
una o varias entidades de previsión social del sector público, sin que sea posible
computar aquellos tiempos laborados «en empresas privadas no afiliadas al Instituto de
los Seguros Sociales».

5 Samai del tribunal, índice 1, 3_003ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 1.
6 Samai del tribunal, índice 9,
15_015CONTESTACIONDEMANDAMINEDUCACION(.pdf) NroActua 9.

4

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

6.2. La demandante no es beneficiaria de régimen de transición alguno, por cuanto
para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 30 años de edad y el año
2005 no logró acreditar 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios.

6.3. Finalmente, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la obligación; ii)
improcedencia de condena en costas; y iii) genérica.

7. El municipio de Pereira solicitó que se negaran las súplicas de la demanda, con
sustento en los siguientes argumentos7:

7.1. María Nancy Restrepo Castaño no es beneficiaria del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, por cuanto para su entrada en vigencia no tenía 35
años de edad ni 15 años o más de servicios cotizados.

7.2. El ente territorial no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez
que, si bien, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el secretario
de educación municipal tiene la competencia de expedir y firmar el acto
administrativo que resuelve la situación pensional de los docentes oficiales, es la
Fiduprevisora SA la encargada de aprobar o de negar las prestaciones sociales.

7.3. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
ii) inexistencia de la obligación «al no ser beneficiaria la demandante del régimen de
transición Art. 36 de la Ley 100 de 1993» (sic); iii) cobro de lo no debido; iv) legalidad
del acto demandado; v) prescripción; vi) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Risaralda, profirió sentencia el 29 de junio de 2023,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó
lo siguiente:

«1. DECLÁRASE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES de prescripción y falta de
legitimación en la causa material por pasiva, por lo considerado en este proveído.

2. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución N° 1366 del 05 de abril de 2021,
expedida por el secretario de Educación del municipio de Pereira, de conformidad con lo
argumentado en la parte motiva del presente proveído.

3. Como consecuencia de la declaración que antecede y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar, en favor de la señora María

7 Samai del tribunal, índice 7, 13_013CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 7.

5

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

Nancy Restrepo, a partir del 19 de mayo de 2019, día siguiente a la fecha de adquisición
del estatus pensional, una pensión de jubilación por aportes con fundamento en la Ley
71 de 1988, con base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
y/o cotizaciones durante el último año anterior al de adquisición del status de
pensionada, esto es, del 18 de mayo de 2018 al 17 de mayo de 2019, de conformidad
con los términos y parámetros indicados en la parte motiva de este fallo.

4. Se condena a la demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG a efectuar los ajustes de valor
sobre las sumas que resulten a favor del demandante según el Índice de Precios al
Consumidor de conformidad con el artículo 187 del CPACA. y atendiendo lo señalado
en la parte considerativa de este proveído.

5. La entidad demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, dará cumplimiento a la presente sentencia en los
términos referidos en el artículo 192 del CPACA.

6. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio deberá repetir y, en consecuencia, solicitar a la entidad de previsión a la
que hubiere estado afiliada la demandante en el tiempo que fungió como contratista
durante el período descrito en la parte motiva, el reembolso de los pagos hechos por
aquella bajo el concepto de aportes a pensión, siempre y cuando así se asegure y
acredite.

En caso de que ello no hubiese ocurrido de dicha forma, CONDÉNASE al municipio de
Dosquebradas y al municipio de Pereira, a asumir los aportes legales que como
empleador (encubierto) beneficiario, les correspondía por los referidos períodos. En
todo caso, si ello no se acredita, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG, estará autorizado a descontar de las sumas adeudadas al docente,
los valores equivalentes al porcentaje de cotización en el monto legal que, como
trabajador tuvo que haber realizado por ese mismo período para completar el monto de
la contribución a su cargo; todo conforme lo expuesto en la parte considerativa.

7. Se declara la compatibilidad de la pensión de jubilación aquí reconocida y el salario
que devenga en la actividad docente, de acuerdo con la motiva de esta sentencia.

8. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

9. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia.» [Resaltado
del texto original].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:

8 Samai del tribunal, índice 20,
23_023SENTENCIAANTICIPADA(.pdf) NroActua 20.

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

9.1. De acuerdo con la certificación de tiempo de servicio expedida por la Secretaría
de Educación del municipio de Pereira el 8 de enero de 2020, la demandante laboró
como docente para ese ente territorial desde el 26 de enero de 2004 hasta el 29 de
junio de 2005, en provisionalidad, y desde el 13 de julio de 2005 hasta la fecha de
expedición del certificado, en propiedad, para lo cual acumuló «un tiempo total de
servicios de 14 años, 6 meses y 23 días».

9.2. Las pruebas aportadas al expediente permiten evidenciar que entre el 15 de
marzo de 2000 y el 31 de octubre de 2003, con algunas interrupciones, María Nancy
Restrepo Castañeda se desempeñó como docente al servicio de los municipios de
Dosquebradas y Pereira a través de contratos individuales de trabajo docente y
órdenes de prestación de servicios.

9.3. Comoquiera que la demandante ingresó a la docencia oficial desde el 15 de
marzo de 2000, cumplió con las condiciones señaladas en la Ley 812 de 2003, para
efectos de aplicación del régimen anterior previsto en las leyes 33 de 1985 o 71 de
1988.

9.4. Conforme con los postulados de la Ley 71 de 1988, para el cumplimiento de los
20 años de aportes o cotización que exige el régimen pensional, es posible acumular
tiempos de servicios al sector público como docente y los aportes realizados en
virtud de vinculaciones en el sector público.

9.5. En consecuencia, la demandante adquirió el estatus pensional el 18 de mayo de
2019, data para la cual contaba con más de 55 años de edad y 24.1 años de servicio,
«teniendo en cuenta para ello los aportes como docente oficial bajo la modalidad contractual
y mediante vinculación legal y reglamentaria», así como los aportes en el sector privado.

9.6. La pensión por aportes a la que tiene derecho la actora en los términos de la Ley
71 de 1988, corresponde al equivalente del 75% del salario mensual promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios; no obstante,
comoquiera que no se ha retirado del servicio docente oficial, el período que debe
tenerse en cuenta para calcular el IBL es el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus jurídico pensional.

9.7. Es el Fomag la entidad obligada al reconocimiento y pago de la prestación
pretendida, por cuanto fue a esta entidad a la que se efectuaron aportes por un
periodo consecutivo superior a 6 años.

9.8. En línea con los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, «la labor del docente contratista no es independiente, sino que el
servicio se presta de manera personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

propios del servicio público de la educación, por lo que los tiempos servidos en tal condición
no pueden ser descartados para el reconocimiento pensional, sin perjuicio de que haya
efectuado o no aportes por concepto de seguridad social en pensiones, en virtud del
principio de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales». En tal virtud
«a la demandante le corresponde el deber de demostrar las cotizaciones a pensión
realizadas en su momento a cualquier entidad por el tiempo que duró la relación contractual
antes descrita (…) a riesgo de que deba pagar o completar el monto que como trabajadora
le correspondía abonar por ese concepto; lo mismo sucede con las entidades empleadoras
y la entidad pública beneficiaria de dichos servicios, esto es, el municipio de Pereira y el
municipio de Dosquebradas, quienes fueron en últimas los beneficiarios de dichos servicios
docentes y quien ocultó dicho vínculo de trabajo» (sic).

1.4. Los recursos de apelación

10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente9:

10.1. No es posible reconocer los tiempos laborados bajo la modalidad contractual,
por cuanto no existe sentencia que reconozca la relación laboral de la demandante
ni vinculación o nombramiento como docente oficial adscrito a las secretarías de
educación de las entidades territoriales.

10.2. No acreditó el requisito previsto por la Ley 812 de 2003 para ser beneficiaria del
régimen de transición, toda vez que ingresó al servicio educativo oficial el 12 de julio
de 2005, esto es con posterioridad a su entrada en vigencia, por lo que su situación
debe analizarse bajo el régimen pensional de prima media establecido en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.

10.3. La demandante no cumple con el número de semanas requerido para realizar
dicho reconocimiento el cual es de 1300 semanas de cotización, razón por la cual
no es procedente reconocer la pensión de jubilación.

11. El municipio de Pereira apeló la decisión de primera instancia, por lo siguiente10:

11.1. La demandante no cumple con los requisitos previstos por el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria del régimen de transición, toda vez que a la
entrada en vigencia del sistema general de pensiones no tenía 35 años de edad ni
15 de servicios.

9 Samai del tribunal, índice 27, 26_026RECURSOAPELACIONSENTENCIAPODERFOMAG(.pdf)
NroActua 27.
10 Samai del tribunal, índice 28,
27_027RECURSOAPELACIONMPIOPEREIRA(.pdf) NroActua 28.

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

11.2. Laentidad territorial carece de competencia para reconocer y pagar las
prestaciones sociales de la actora, toda vez que «en materia prestacional, los docentes
cuentan con un régimen especial, gestionado por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), creado a través de la ley 91 de 1989, como un patrimonio
autónomo que mediante la celebración de un contrato de fiducia atiende las prestaciones
sociales de los docentes en lo relacionado con salud, pensiones y cesantías» (sic).

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

12. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia12.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscriben a
establecer lo siguiente:

14.1. ¿Los tiempos de servicios prestados por María Nancy Restrepo Castaño con
ocasión de órdenes y contratos de prestación de servicios pueden computarse para

11 Tal y como se indicó en el auto del 4 de marzo de 2024. Índice 4 de Samai.
12 Así se desprende del informe secretarial del 10 de abril de 2024. Índice 8 de Samai.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

acreditar el tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?

14.2. ¿Laentidad territorial carece de competencia para reconocer y pagar las
prestaciones a ella reconocidas?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

15. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte14. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas15.

16. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción16. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»17. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

17. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos18. Está integrado por dos regímenes

14 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
15 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
16 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
17 Preámbulo y artículo 6.
18 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de

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específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

18. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

19. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

20. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las

entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200319.

21. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

22. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag

23. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes

19 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

24. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

25. La Ley 60 de 199320 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

26. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se

20 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»

27. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

28. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

29. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

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30. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»21 (se destaca).

31. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

32. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este

21 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.

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modo desconoce su propio campo de reglamentación.

22
33. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

34. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

35. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»23 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

36. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador24. En ese orden, la que más se ajusta a la protección

22 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
23 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
24 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre

cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho

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de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

37. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

38. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

39. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación25.

al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
25 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas

sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en

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40. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

40.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

40.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

40.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

40.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior26.

41. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
26 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

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42. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .

43. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.

44. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

45. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

46. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al

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prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

47. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

2.2.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988

48. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».

49. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.

50. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más

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de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

51. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 627 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.

27 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su

artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
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2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

52. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

28
53. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

54. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201929, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la

28 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
29 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».

55. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
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de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]

56. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años30. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».

57. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección31, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

57.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir

30 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,

radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad32
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

57.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199433.

58. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

59. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

32 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
33 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
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2.2.5. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

60. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores34. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

61. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

62. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 35, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación36 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

63. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1637 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por

34 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
35 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades

estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
36 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
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el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

64. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199438 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

65. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

66. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199339 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199440; y el hecho de

38 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
39 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y

administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
40 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»

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que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
que históricamente se han pretendido eliminar41. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

67. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»

68. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.

69. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado42, sino lo que se evidencia de esa relación, en

41 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de

mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.

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armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

70. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»43. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»44.

71. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados

Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
43 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
44 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

72. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

73. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

74. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación45, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

75. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200346 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-

000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
46 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley

715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

76. En efecto, el artículo 2347 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2448 y 5749 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

77. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.2.6. Entidades que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones a
favor de los docentes oficiales

47 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados

para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
48 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes

regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
49 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso

Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

78. El artículo 350 de la Ley 91 de 198951 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90 % del
capital.

79. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.

80. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría52.

81. Ahora bien, a propósito de los fondos especiales sin personería jurídica creados por
el legislador para el manejo de recursos públicos, la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, con ocasión de una consulta elevada por el gobierno nacional
a través del Ministerio de Educación Nacional en el concepto 1423 de 200253
determinó que estos se administran en la forma que establezca la disposición legal
que los creó y por regla general «no son un patrimonio autónomo del organismo o entidad
pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para
cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo
respectivo; en forma excepcional pueden llegar a constituir patrimonios autónomos».

82. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 54,

50 «Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta

especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual
el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en
los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de
los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
51 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
52 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
53 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, consulta del 23 de mayo de 2002,

expediente 1423. M.P. César Hoyos Salazar.
54 «Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».

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reglamentó el funcionamiento del Fomag, para lo cual, en relación con el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes, precisó
que las solicitudes debían ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del
respectivo fondo educativo regional, el que procedería a realizar el estudio de la
documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la
correspondiente resolución de reconocimiento.

83. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 200555, dispuso que
las prestaciones sociales pagaderas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2,
3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200556, los cuales establecen lo siguiente:

«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada
a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de
acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada
de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará
un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la
sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado
de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,
la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las
secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que
haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

55 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
56 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91

de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».

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2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo
de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente,
de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a
que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que
estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido
y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto
del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad
territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de
efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que
haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o
haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue
del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la
sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las
razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de
educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el
secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con
las formalidades y efectos previstos en la ley».

84. Así las cosas, esta Subsección concluyó que los actos a través de los cuales se

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

dispone el reconocimiento y la orden de pago de una prestación social a favor de
los afiliados del Fomag, son actos administrativos complejos57, pues para su
formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de
los recursos de tal fondo).

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

85. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

85.1. María Nancy Restrepo Castaño nació el 18 de mayo de 1964, según consta en
el registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía58.

85.2. Deacuerdo con las historias válidas para el cálculo de bono pensional
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público59 y por la administradora
de pensiones Horizonte60, se extrae que laboró en el Colegio Militar Rafael Reyes
entre agosto de 1987 y diciembre de 1994 y en CEMEX Colombia SA, entre abril y
noviembre del año 2000.

85.3. Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones, entre el 27 de febrero de
1990 y el 30 de diciembre de 1997, prestó sus servicios en el Colegio Militar Rafael
Reyes, con un acumulado de 325 semanas de cotización a pensiones61.

85.4. Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2000 y el 31 de octubre
de 2003, prestó sus servicios como docente en instituciones educativas oficiales,
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, así62:

Contrato Institución Área o lugar de Periodo
educativa prestación de
contratante servicios

57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
58 Samai del tribunal, índice 1, 3_003ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 1, páginas 28 y 29.
59 Ibidem, páginas 65 al 75.
60 Ibidem, páginas 79 y 80.
61 Reporte de semanas cotizadas en pensiones – periodo de informe: Enero de 1967 a enero de

2020, visible en Samai del tribunal, índice 1, 3_003ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 1, páginas
76 al 78.
62 Según los contratos de prestación de servicios y certificaciones visibles en Samai del tribunal,

índice 1, 3_003ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 1, páginas 45 al 60.

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

206 del 15 Asociación de Institución Educativa Del 15 de marzo al 1° de
de marzo profesionales de la Agustín Nieto diciembre de 2000
de 2000 educación de
Risaralda (APER)
Contrato Municipio de Pereira Colegio Carlos Del 5 de febrero al 20 de
individual Eduardo Vasco Uribe diciembre de 2001
de trabajo
por labor
contratada.
Docentes
de tiempo
completo
Del 20 de febrero al 22 de marzo
de 2002
Del 2 de mayo al 28 de junio de
2002
Del 16 de julio al 30 de septiembre
de 2002
Contratos
Municipio de Pereira Del 1° de octubre al 13 de
sin número
diciembre de 2002
Del 2 al 11 de abril de 2003
Colegio Carlos Del 21 al 4 de julio de 2003
Eduardo Vasco
Colegio Carlos Del 1° al 31 de octubre de 2003
Eduardo Vasco

85.5. La directora de talento humano de la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira emitió un certificado el 28 de enero de 2020, según el cual a la fecha de
expedición del documento se encontraba vinculada y había prestado sus servicios
en esa entidad territorial desde el 13 de julio de 2005, en la Institución Educativa
Hans Drews Arango63.

85.6. El director de talento humano de la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira emitió un certificado el 11 de octubre de 2018, según el cual, la demandante
laboró como docente en provisionalidad en el Instituto El Dorado del municipio de
Pereira entre el 26 de enero de 2004 y el 30 de junio de 200564.

85.7. El 20 de agosto de 2020 solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
jubilación, en los términos del artículo 7 de la Ley 71 de 198865.

85.8. Mediante Resolución 1366 del 5 de abril de 2021, la secretaria de educación
del municipio de Pereira negó tal petición con fundamento en que María Nancy
Restrepo Castaño no cumplía con la edad mínima establecida por la ley para su
reconocimiento66.

63 Ibidem, páginas 63 y 64.
64 Samai del tribunal, índice 1, 3_003ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 1, páginas 61 y 62.
IIbidem, páginas 32 al 40.
66 Ibidem, página 41.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

2.3.2. Análisis sustancial

86. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia proferida el 29 de junio de 2023, declaró la nulidad de la Resolución 1366
del 5 de abril de 2021 y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
a partir del 19 de mayo de 2019, de conformidad con lo previsto en la Ley 71 de
1988, con base en el promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año anterior a la adquisición del estatus pensional.

87. El Fomag solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo, por cuanto no es
procedente el reconocimiento de la pensión con fundamento en los tiempos
laborados bajo la modalidad contractual sin que medie una sentencia que reconozca
la relación laboral de la demandante ni vinculación o nombramiento como docente
oficial adscrito a las secretarías de educación de las entidades territoriales. Por
tanto, a su juicio, no acreditó el requisito previsto por la Ley 812 de 2003 para ser
beneficiaria del régimen de transición, toda vez que ingresó al servicio educativo
oficial el 12 de julio de 2005, esto es con posterioridad a su entrada en vigencia.

88. Asimismo, el municipio de Pereira apeló la decisión de primera instancia al
considerar que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la demandante no
tenía 35 años de edad ni 15 de servicios, requisitos indispensables para ser
beneficiaria del régimen de transición. Además, alegó que carecía de competencia
para reconocer y pagar las prestaciones sociales de la actora, por cuanto esto
correspondía al Fomag.

89. Respecto del argumento de la entidad territorial la Sala precisa que, tal y como
fue expuesto en el marco normativo de esta providencia, si bien la Ley 100 de 1993
creó un sistema de seguridad social integral, que estableció un régimen de
transición (en el artículo 36), también es cierto que de manera taxativa dicha norma
exceptuó a los afiliados al Fomag, los cuales cuentan con normativa propia. De ahí
la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, de conformidad
con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b),
de la Ley 91 de 1989.

90. Al respecto resulta necesario precisar que la transición a que acudió el Tribunal
para concluir que María Nancy Restrepo Castaño tenía derecho a la pensión, no fue
la del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino las prerrogativas contenidas en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

91. Así las cosas, y teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 328 del CGP,

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Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

la competencia de esta Sala como juez de segunda instancia se supedita al estudio
de aquellos argumentos expuestos por el apelante, y que de acuerdo con el artículo
320 ibidem podrá interponer el recurso de apelación la parte a la que le haya sido
desfavorable la decisión, con el objeto de que el superior realice un examen de la
providencia, pero solamente en relación con los reparos concretos que este
haya formulado en torno a la decisión que se pretende que se revoque o reforme;
esta Sala advierte que los argumentos de la entidad territorial no tienen
correspondencia con las conclusiones del a quo, por lo que esa particular cuestión
de aparente disenso carece de objeto, lo que impide a esta Subsección estudiarlos.

92. Así las cosas, tal y como se planteó en el problema jurídico, el estudio en el sub
judice se limitará a determinar si el tiempo que laboró la demandante como docente
con ocasión de contratos de prestación servicios puede ser computado para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 71 de 1988 y para acreditar el requisito exigido por la Ley 812 de 2003 para
beneficiarse del régimen de transición previsto en esta última norma; y si la entidad
territorial carece de competencia para reconocer y pagar las prestaciones a ella
reconocidas.

2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para acceder al beneficio pensional reclamado

93. De las pruebas aportadas al expediente se advierte que por sus servicios en el
sector privado María Nancy Restrepo Castaño acumuló un total de 325 semanas de
cotización a pensiones, y que entre el 15 de marzo de 2000 y el 18 de mayo de 2019
prestó sus servicios como docente así:

Total
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta tiempo de Años Meses Días
servicios
1 de
Colegio Militar Rafael Reyes y Cemex Colombia SA 1 de agosto de 325
noviembre 6 3 25
(reporte Colpensiones) 1987 semanas
de 2000
Asociación de
profesionales de la
educación de 2 de
15 de marzo de 8 meses 17
Risaralda, Instituto Laboral Docente diciembre de 0 8 17
2000 días
Agustín Nieto 2000
Caballero de
Dosquebradas
20 de
Municipio de Coordinador de 5 de febrero de 10 meses
Laboral diciembre de 0 10 15
Pereira convivencia 2001 15 días
2001
Municipio de 20 de febrero 22 de marzo 1 mes 2
OPS Docente 0 1 2
Pereira de 2002 de 2002 días
Municipio de 2 de mayo de 28 de junio 1 mes 26
OPS Docente 0 1 26
Pereira 2002 de 2002 días

38

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

30 de
Municipio de 16 de julio de 2 meses 14
OPS Docente septiembre 0 2 14
Pereira 2002 días
de 2002
13 de
Municipio de 1 de octubre de 2 meses 12
OPS Docente diciembre de 0 2 12
Pereira 2002 días
2002
Municipio de 2 de abril de 11 de abril de
OPS Docente 9 días 0 0 9
Pereira 2003 2003
Municipio de 21 de abril de 4 de julio de 2 meses 13
OPS Docente 0 2 13
Pereira 2003 2003 días
31 de
Municipio de 1 de octubre de
OPS Docente octubre de 30 días 0 0 30
Pereira 2003
2003
Decreto 65
1 año 5
Instituto el Dorado del 23 de 26 de enero de 30 de junio
Docente meses 4 1 5 4
Pereira enero de 2004 de 2005
días
2004
Decreto
Inst. Educativa 14 años 6
336 del 6 de 13 de julio de 28 de enero
Hans Drews Docente meses 15 14 6 15
julio de 2005 de 2020
Arango días
2007
21 40 182
3 6 /30
24 46 6,07
/12 2
3,8
10

94. De acuerdo con lo anterior, acreditó 24 años, 10 meses y 2 días, sumadas las
325 semanas de cotización por sus servicios al sector privado. Además, cumplió
con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por cuanto
estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley (desde su ingreso el 15 de marzo de 2000), de manera que,
tenía derecho al reconocimiento pensional de conformidad con el régimen que
beneficiaba a los servidores públicos del orden nacional antes de la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993.

95. Asimismo, para la fecha en la que concluyó el a quo que María Nancy Restrepo
Castaño adquirió el estatus pensional, el 18 de mayo de 2019, contaba con más de
55 años de edad y 20 años de servicio, por lo que acreditó los requisitos exigidos
por la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, para el reconocimiento de la
prestación de jubilación, debido a la acumulación de tiempos públicos y privados.

96. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado en la apelación, es
irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
hubiera sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de servicios y no a través

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de
transición de la norma antes mencionada no establece condición alguna adicional
al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como
docente nacional, nacionalizado o territorial67.

97. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»68

98. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia
del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le permite el
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.

99. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

100. De esta manera, si bien, María Nancy restrepo Castaño estuvo vinculada a
través de una relación contractual por más de 2 años, esa situación desconocía las
disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las
cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos quienes

67 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-

000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
68 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas
contenidas en la ley y no en el contrato.

101. Asílas cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria por
tener acreditados los aportes a pensión, pues lo cierto es que el Fomag podría
adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del bono
pensional [como lo ordenó el a quo] e incluso ante las entidades territoriales en las
que el demandante prestó sus servicios a efectos de que estas asuman los aportes
que debieron realizarse en virtud de esas vinculaciones contractuales y así
garantizar la financiación de la prestación.

102. Lo anterior es así, toda vez que se constituye en un deber de la entidad acudir
a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003;
cuyo trámite no puede afectar el reconocimiento prestacional, de conformidad con
el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

103. Así pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad contractual
o de OPS a los municipios de Dosquebradas y de Pereira del departamento de
Risaralda, resultan válidos para determinar que estuvo vinculada al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Por lo tanto, podía pensionarse con las normas vigentes aplicables, la cual, para su
caso era la Ley 71 de 1988.

104. En ese sentido, resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
relación con el Estado69, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el

69 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

ejercicio de la función docente a través de otras modalidades, como la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.

105. Finalmente, frente a la posibilidad de tener en cuenta los servicios que los
docentes prestaron con ese tipo de vinculaciones, se encuentra pertinente recordar
lo expuesto por la Corte Constitucional cuando declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios70:

«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.

A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).

Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características71.»

que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
70 Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
71 Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

106. En consonancia con lo anterior, se concluye que existe una «prohibición
constitucional» de vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de
contratos de prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en
la Ley 812 de 2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de
una relación contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que,
conllevaría a una interpretación desfavorable con sustento en una situación
que, como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales,
esto es, la vinculación de docentes a través de un contrato.

107. Por lo expuesto, las vinculaciones de la demandante a través de OPS, con
ocasión de los cuales prestó sus servicios entre: el 15 de marzo de 2000 y el 31 de
octubre de 2003, con sus interrupciones, la hacen beneficiaria de la transición
prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, puesto que acreditó una vinculación
anterior a la entrada en vigor de esta72.

108. Por otro lado, resulta oportuno precisar que comoquiera que entre la adquisición
del estatus pensional de la demandante (18 de mayo de 2019) y la petición de
reconocimiento pensional (20 de agosto de 2020) no trascurrieron más de 3 años,
según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, no operó el fenómeno prescriptivo
de las mesadas adeudadas.

2.3.2.2. En torno a la entidad competente para reconocer y pagar las
prestaciones reconocidas

109. Por último, en lo concerniente al argumento relativo a la falta de competencia de
la entidad territorial para reconocer y pagar las prestaciones sociales de la actora,
esta Sala recuerda que esta corporación73 venía señalando que la entidad
encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el
Fomag, pues así se desprendía de lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 91 de 1989
que indica que «[e]l Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los
siguientes objetivos: 1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado».
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 3 de
agosto de 1990, se reglamentó el funcionamiento del Fomag y se precisó el trámite
relativo a la recepción de solicitudes, su estudio, liquidación y reconocimiento; y que
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2831 de 2005 es el fondo a través de la
fiduciaria que administra sus recursos, quien debe pagar las sumas y emolumentos

72 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de

2019.
73 Entre otros se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 14 de febrero de 2013, radicado 25000-23-25-000-2010-01073-01 (1048 de 2012), M.P. Gerardo
Arenas Monsalve; Subsección A, auto del 18 de julio de 2019, radicado 25000-23-42-000-2015-
01243-01 (2620-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

que se reconocen a los docentes afiliados al Fondo y no a las entidades territoriales
certificadas a las cuales pertenece dicho personal.

110. De acuerdo con lo anterior, la corporación concluía que la obligación de
reconocimiento y pago de las prestaciones docentes le correspondía al Fomag y no
a las entidades territoriales, quienes únicamente tienen a su cargo elaborar el
proyecto de resolución de reconocimiento, en virtud de los artículos 2 a 4 del Decreto
2831 de 2005, para que sea aprobado o improbado por la entidad fiduciaria. De
manera que el legitimado en la causa por pasiva en un litigio en el que se reclamaba
el pago de una pensión era el Fomag, por ser el obligado a efectuar o materializar
el pago que de la suscripción del acto emane.

111. Incluso se señaló que en los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento
del derecho, promovidos ante esta jurisdicción contra el Fomag, en los que se
discuta el reconocimiento de prestaciones sociales, no es procedente la vinculación
de las entidades territoriales74 pues, además, las consecuencias económicas que
se deriven de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración
administrativa dada en las secretarías de educación de los entes certificados,
radican única y exclusivamente en la nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag75.

112. Sin embargo, recientemente esta Subsección concluyó que los actos a través
de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una prestación
social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos complejos76,
pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría de
educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el
solicitante o causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos de tal fondo), lo que permite considerar que estas
entidades están todas legitimadas en la causa cuando se discute el derecho a una

74 Ver entre otras las siguientes providencias: i) de la Subsección A: auto del 26 de abril de 2018

radicado: 68001-23-33-000-2015-00739-01 (0743-2016) MP William Hernández Gómez; sentencia
del 2 de julio de 2015, radicado 25000-23-25-000-2012-00262-01(0836-13). M.P. Rafael Vergara
Quintero; sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado 66001-23-33-000-2013-00190-01 (1520-
2014) CP William Hernández Gómez; sentencia del 12 de julio de 2017, radicado 08001-23-33-000-
2012-00400-01(1874-14) M.P. William Hernández Gómez; ii) de la Subsección B sentencia del 5
de diciembre de 2013, radicado 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve; radicado 05001-23-31-000-2005-04218-01 (2713-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
sentencia del 8 de septiembre de 2016, radicado 15001-23-33-000-2013-00082-01(1530-14) M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez; y radicado 41001-23-33-000-2015-00686-01(4155-16) M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 18 de julio de 2019, radicado 25000-

23-42-000-2015-01243-01 (2620-2017), M.P. William Hernández Gómez.
76 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

prestación.

113. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que el Tribunal condenó a los municipios
de Dosquebradas y de Pereira, a asumir los aportes legales que como empleador
(encubierto) beneficiario, les correspondía por los períodos en los que hubo un
vínculo contractual con la demandante, situación que lejos de considerarse una
decisión equivocada del a quo, responde a lo que en esta decisión se ha expuesto
sobre la responsabilidad que tenían las entidades territoriales que incurrieron en la
«prohibición constitucional» de vincular a docentes al servicio público educativo oficial
a través de contratos de prestación de servicios, lo que generó las desigualdades
que con estos pronunciamientos se pretenden corregir o resarcir. De manera que
aun cuando el Fomag es al que le corresponde pagar las prestaciones sociales de
los docentes (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,
estas se financian con los aportes que las entidades territoriales realizan por los
servicios de los que ellas se benefician por parte de los docentes.

114. Además, lo que no puede pasarse por alto es que los servidores públicos deben
cumplir su tarea con un alto compromiso de responsabilidad, eficiencia y eficacia, y
en el desarrollo de sus labores deben atender principios como el de coordinación,
que impone garantizar que sus funciones se cumplan, para lo cual deben facilitar lo
necesario con ese fin y evitar impedir o estorbar su cumplimiento, pues la
administración es una sola.

115. Bajo dicho entendimiento, ninguna de las entidades que participan en la
conformación del acto pueden excusarse en trámites o plazos administrativos
internos, ni pretender que por virtud de ellos se impida el reconocimiento del
derecho reclamado y reconocido. «Aceptar aquello sería tanto como convalidar la
ineficiencia de la administración en el cumplimiento de sus funciones, y equivaldría a admitir
que le es dable a la entidad desplazar hacia el administrado la carga de soportar las
consecuencias de su mal funcionamiento y que, en definitiva, le está permitido alegar la
propia culpa en su beneficio, en directa contravía del principio nema auditur propiam
turpitudinem allegans» y en detrimento de los derechos del trabajador como extremo
débil de la relación laboral, lo que resulta inadmisible77.En ese orden de ideas, para
esta Subsección, la entidad territorial apelante sí está legitimada en la causa por
pasiva.

2.4. Costas

116. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-

77 Sentencia del 26 de noviembre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2016-00743-01 (4822-2017),

M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

117. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

118. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma78.

119. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

120. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

121. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo laborado por la
demandante con ocasión de órdenes y contratos de prestación de servicios puede
ser computado para efectos de acreditar la vinculación exigida para ser beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988.

122. En consonancia con lo anterior, María Nancy Restrepo Castaño era beneficiaria

78En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00399-01 (5293-2023)
Demandante: María Nancy Restrepo Castaño

del régimen pensional contenido en la 71 de 1988, toda vez que acreditó los
requisitos señalados en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, razón por la cual se
confirmará la decisión apelada que accedió a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de junio de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por María Nancy Restrepo Castaño contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el municipio de Pereira.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad.
AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024).

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

47

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