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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00427-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00427-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 29 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00427-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 66001-23-33-000-2021-00427-01 (5831-2023)
Demandante : Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado : Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho –
Ley 1437 de 2011

Tema : Derechos salariales y prestacionales - Homologación
Nivel Ejecutivo - Reconocimiento subsidio familiar
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
accionante, contra la sentencia de 26 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

Carlos Ariel Adarve Duque por intermedio de apoderado, acudió a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar lo siguiente:

Se inapliquen las normas por medio de las cuales con fundamento en el Decreto
1091 de 1995 se han fijado los sueldos básicos para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las fuerzas militares, oficiales, suboficiales y agentes de la Policía
Nacional, personal ejecutivo y otros empleados públicos así: Decretos 122, 58, 62,

1
Samai-expediente digital 002.

2

Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

2724, 2737, 745, 3552, 4158, 923, 407, 1515, 673, 737, 1530, 1050, 842, 1017, 187,
1028, 214, 984, 324, 1002 y 318, es decir, desde el año 1997 al 2020, e incluso el
decreto que se expida el año 2021 “pues a la fecha de presentación de la demanda,
no ha sido expedido”.

La nulidad de los Oficios S-2019 - 076898/DITAH -ANOPA -1.10 de 28 de diciembre
de 2019, 0272 de 29 de julio de 2020 y 02339 de 30 de septiembre de 2020, por
medio de los cuales la accionada negó el reconocimiento del “subsidio familiar, su
reliquidación y retroactivo del 30% sobre el salario básico por esposa; 5% por su
primer hijo; y un 4% por su segundo y tercer hijo respectivamente”.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
solicitó:

“se reconozca el derecho fundamental a la igualdad del Intendente ®
CARLOS ARIEL ADARVE DUQUE mediante aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, y con ocasión de tal reconocimiento,

SE CONDENE a LA NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL) a reliquidar y pagar su salario
devengado como miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, con
los incrementos de su salario básico a partir de la prestación SUBSIDIO
FAMILIAR, la cual deberá liquidarse de conformidad con lo dispuesto en
los Decretos 1212 (artículo 82) y 1213 (artículo 46) aplicable al personal de
Oficiales y Suboficiales y Agentes de esa institución, bajo los siguientes
parámetros:

1.5.1. En un 30% del salario básico por la señora SANDRA MILENA
DUQUE MURILLO, con quien el demandante inició unión marital de hecho
desde el mes de febrero de 1994; y por la señora EDY MARITZA CARO
VÉLEZ, con quien contrajo matrimonio el 30 de abril de 2014, junto con los
intereses e indexación que en derecho corresponde, desde el mes de
febrero de 1996 y años siguientes cuando se inició la unión marital, y
desde el 30 de abril de 2014 y años siguientes cuando contrajo matrimonio
con la señora Caro Vélez.
1.5.2. En un 5% -adicional al 30%- del salario básico por su primer hijo
CRISTIAN CAMILO ADARVE DUQUE, junto con los intereses e indexación
que en derecho corresponde, desde el 26 de febrero de 1996, fecha de su
nacimiento.

1.5.3. En un 4% -adicional AL 35%- del salario básico, por su segundo hijo
INGRID DEILEGI ADARVE DUQUE, junto con los intereses e indexación
que en derecho corresponde, desde el 22 de febrero de 1998, fecha de
nacimiento.

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

1.5.4. En un 4% -adicional AL 39%- del salario básico, por su tercer hijo
ELIUD ADARVE CARO, junto con los intereses e indexación que en
derecho corresponde, desde el 19 de enero de 2015, fecha de nacimiento.

1.6. A título de Restablecimiento del Derecho, SE CONDENE a LA
NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL) a pagar al Intendente ® CARLOS ARIEL ADARVE
DUQUE C.C. No. 10.019.699, en forma retroactiva desde el 1º de febrero
de 1996, las sumas de dinero correspondientes a todas las prestaciones
sociales, subsidios, incrementos anuales y cualquier otro derecho
económico causado y reconocido, más la indexación que en derecho
corresponda, a partir de la inclusión y cómputo del subsidio familiar como
factor salarial.

1.7. Se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.8. Se condene a La Nación –Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de la Policía Nacional- a pagar las costas del proceso al tenor de
lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo”.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

Carlos Ariel Adarve Duque ingresó a la Policía Nacional el 14 de febrero de 1994 en
calidad de alumno y luego de la aprobación del curso de formación, ingresó bajo el
régimen laboral del Nivel Ejecutivo el 1 de marzo de 1995.

El demandante tuvo unión marital de hecho con Sandra Milena Duque Murillo, de la
cual nacieron sus hijos Cristian Camilo e Ingrid Deilegi Adarve Duque, el 26 de
febrero de 1996 y 22 de febrero de 1998, respectivamente.

El 30 de abril de 2014, contrajo matrimonio con Edy Maritza Caro Vélez con quien
procreó a Eliud Adarve Caro el 19 de enero de 2015.

El accionante se retiró de la Policía Nacional el 26 de diciembre de 2017
encontrándose en el grado de intendente, sin que para esta fecha se le hubiere
reconocido, liquidado y pagado por concepto de la prestación social subsidio familiar
con un incremento del 43% sobre su salario básico devengado en tal grado,
discriminado para las épocas en que inició su unión libre y contrajo matrimonio
(febrero de 1996 y abril de 2014) en un 30%, más el 5% el 26 de febrero de 1996

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

cuando nació su primer hijo, el 4% adicional para el 22 de febrero de 1998 cuando
nació su segundo hijo, y el 19 de enero de 2015 cuando procreó al tercero.

Por medio de reclamación administrativa ante la entidad demandada, pidió la
inclusión del subsidio familiar en los porcentajes que fueron estipulados para los
demás miembros de la institución. Pedimento que fue desatado de manera
desfavorable a través de los actos administrativos enjuiciados.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política los artículos 1, 2, 4, 13, 42, 53 y 218; Decreto 0118 de
1957 artículo 7; Decreto 609 de 1977 artículo 12; Decreto 613 de 1977 artículo 54;
Ley 21 de 1982 artículos 1, 7, 13 y 18, Decreto 1212 de 1990 artículo 82; Decreto
1213 de 1990 artículo 46; Ley 4 de 1992 artículo 1, 2 y 10; Decreto 132 de 1995
artículo 1; Decreto 1091 de 1995 artículos 15 a 17.

Al desarrollar el concepto de violación indicó que existe una flagrante
discriminación respecto del reconocimiento del subsidio familiar a los miembros del
nivel ejecutivo, pues considera que no es válido que dicha prestación sea aplicada
de forma diferente entre las categorías que componen la institución policial. Aunado
a que, dicha prestación debe ser reconocida a los trabajadores que poseen menores
o medianos ingresos; por lo que, bajo la escala gradual que existe en la Policía, los
oficiales de la institución son las personas que mejor remuneración perciben y
siempre han tenido el reconocimiento del subsidio.

2. Contestación de la demanda

La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda2.

Señaló que, al señor Adarve Duque le están siendo liquidadas sus partidas
prestacionales mensuales de conformidad con el ordenamiento legal que le es
aplicable por tratarse de un miembro del nivel ejecutivo de incorporación directa,
dentro del cual no se encuentra estipulado el subsidio familiar a favor del cónyuge o

2
Samai-expediente digital 002.

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

compañero permanente ni tampoco como factor salarial liquidable para efectos de la
pensión.

Destacó que, que en el sub examine no son aplicables los Decretos 1212 y 1213 de
1990, ya que estas normas regulan el régimen salarial y prestacional para los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional pero no al nivel ejecutivo al que
pertenece el actor. Luego, la institución no está facultada para realizar
reconocimientos salariales y/o prestacionales que no estén contemplados en las
disposiciones legales que rigen la materia.

Por consiguiente, concluyó que: 1) Las normas concernientes a los soldados del
Ejército Nacional no son equiparables ni aplicables a los miembros del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, y 2). No existe violación al derecho a la igualdad, y
tampoco se observa un grave perjuicio o detrimento en el demandante.

Sostuvo que, respecto a la equivalencia de los grados del personal del nivel
ejecutivo con los de las fuerzas militares: “es imperativo afirmar que el escalafón del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional no puede ser asimilado a cualquier otro dentro
de las Fuerzas Militares, toda vez que solo existe en la Institución y que la única
equivalencia que se permite dentro del mismo es la establecida en el artículo 9 del
Decreto Ley 1791 de 2000 respecto al ingreso de suboficiales del nivel ejecutivo”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda por sentencia de 29 de junio de 2023, negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente3:

Al realizar el análisis integral de las normas y no factor por factor, tal como lo ha
señalado el Consejo de Estado4, es dable concluir que el régimen del nivel ejecutivo
es favorable a los intereses prestacionales. Luego, le correspondía a la parte
demandante demostrar la desmejora o discriminación salarial o prestacional
alegada, lo que no ocurrió, dado que, no es dable tomar factores aislados para
hacer la comparación pretendida, sino revisar integralmente el régimen.

3
Samai índice 44-gestión otros despachos.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 31 de
enero de 2013, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, número de radicación
73001233100020110039001.

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Destacó que, se debe tener presente que la normatividad que se somete a análisis,
con miras a que se inaplique con base en la figura de excepción de
inconstitucionalidad, más que establecer una discriminación negativa en su
naturaleza, son normas que se encargan de regir un sistema de prestaciones y
beneficios para un sector específico de la población, el cual es uno de los
exceptuados por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; es decir, se trata de un
sector prestacional y pensional que cuenta con unos estándares por encima de los
que se dirigen a la generalidad de la población del país.

Así mismo, se debe tener presente la Observación General 3 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, cuyo párrafo 10 determina
que “corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”. En
ese sentido, consideró que en el sub lite no se está comprometiendo este mínimo de
asegurabilidad del riesgo; ya que, la discusión estriba en una de las partidas que
pretende incluirse como parte de la asignación de retiro, no en la prestación en sí
misma considerada.

Refirió que, toda la argumentación esquematizada con base en el marco
convencional que fue traído como argumentación principal por la parte actora, bajo
la lectura que se ha dado “lleva a concluir que para nada se violan los compromisos
del Estado Colombiano, con el conjunto de normas jurídicas que establecen la
naturaleza y forma en que se liquida la prestación cuya reliquidación pretende la
parte actora”.

Pues, en primer lugar, la igualdad de trato que se pretende parte de dos poblaciones
de uniformados cuya normatividad es diversa y su concepción también lo es. En
segundo, la libertad de configuración reglamentaria y legislativa con que cuentan las
autoridades competentes en Colombia es amplia siempre y cuando se respete el
marco constitucional; y tercero, no hay lugar a predicar un trato regresivo en la
medida en que las normas que rigen los aspectos prestacionales del nivel ejecutivo
han mantenido una especie de consistencia.

Indicó que, el régimen que corresponde al señor Adarce Duque, determina
necesariamente la normativa aplicable en relación con el derecho al subsidio
pretendido, toda vez que la finalidad del subsidio familiar es: “el alivio de las cargas
económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
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sociedad”, se predica de manera común en todos los regímenes en los cuales se
prevé como “una prestación social pagadera en: (i) dinero, (ii) especie y (iii) servicios
a los trabajadores de menores ingresos, en proporción al número de personas a
cargo”5, lo que impide anteponer la finalidad del subsidio familiar y el destinatario del
mismo, al régimen aplicable al servidor, como lo reclama la parte actora mediante
un juicio integrado de igualdad, en el que prevalezcan los derechos de la familia y el
interés del menor. De manera que, tal criterio se opondría a la libertad de
configuración legislativa de establecer distintos regímenes salariales y
prestacionales, que ha sido respaldada por la jurisprudencia constitucional,
conforme quedó anotado.

Por consiguiente, advirtió que en la conclusión traída a cita en precedencia y sin
necesidad de mayores elucubraciones, se encuentra toda la justificación jurídica de
aplicación del principio de inescindibilidad de la norma, puesto que como lo ha
recordado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado6, las normas jurídicas bajo las
cuales ha de regirse un caso concreto, deben ser aplicadas en su integridad, no
resulta de ningún modo viable tomar parte de una y parte de otra bajo un argumento
de favorabilidad, cuando el espíritu que persigue dicho principio no es otro que
evitar el “desenglobamiento” de las disposiciones legales existentes y aplicables a
determinado asunto o situación particular.

Señaló que, la aplicación del régimen que en materia salarial y prestacional en el
cual se encuentra incurso el demandante, debe obedecer entonces al mencionado
principio de inescindibilidad normativa en materia laboral; dado que, su connotación
ha sido de amplia argumentación y sustento jurisprudencial, concebido por la Corte
Constitucional7 como “principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir,
aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al
que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más

5
Corte Constitucional, sentencia T-623 de 2016.
6
Ver sentencia de unificación 02235 del 30 de mayo de 2019. Sección Segunda. Subsección “A”. M.P.: William
Hernández Gómez. PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA NORMA Principio de inescindibilidad de la norma
(…) consiste en entender que las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse un asunto concreto, deben ser
aplicadas en su integridad, es decir, no pueden ser divididas para resolver con parte de ellas y parte de otras el
caso de que se trate. […] [L]a inescindibilidad se estructura con fundamento en el principio de favorabilidad, según
el cual, no es viable desmembrar las normas legales, de manera que quien resulte beneficiario de un régimen debe
aplicársele en su integridad y no parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento. [...] [C]uando en un
asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe
ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el desmembramiento
de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.[…] De esta manera, quien
invoca un ordenamiento que le beneficia y quien en efecto lo aplica no puede recoger las prebendas contenidas en
el uno para incrustarlas en la aplicación del otro.
7
Sentencia T832A-13.

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favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas
contenidas en un régimen normativo distinto al elegido”.

En suma, que partiendo de la base que lo que es objeto de estudio en el presente
caso, es la determinación sobre si debe ser incluido o no como parte de la
asignación básica mensual el subsidio familiar, arribó a la conclusión que es aquella
una cuestión que se encuentra regulada legalmente y con una normativa que, según
ha quedado establecido, no es violatoria de disposiciones y principios superiores, de
tal modo que no podría aplicarse otras normas en virtud de la residualidad o de la
analogía, o para suplir un supuesto vacío normativo, ya que los regímenes
aplicables al demandante contemplan específicamente la situación particular sobre
los conceptos a que tiene derecho dentro de su asignación básica mensual, sin que
por modo alguno remita para tal fin a ordenamientos jurídicos diferentes; ni como se
ha indicado en líneas precedentes, entrañe su aplicación una vulneración del
derecho a la igualdad.

Por lo tanto, refirió que la excepción de inconstitucionalidad requiere un amplio
ejercicio jurídico en el que se vaya más allá de considerar que en una situación
específica se vulnera un principio de naturaleza constitucional, y en especial, en
normas de textura tan abierta como lo es el derecho fundamental a la igualdad.
Ello, comoquiera que la excepción de inconstitucionalidad, pese al carácter
normativo de las normas superiores, no otorga al operador jurídico en general o al
funcionario judicial en particular, un margen interpretativo tan amplio que le permita
fungir como juez constitucional investido de las mismas potestades del juez natural,
dado que su rol se contrae a determinar mediante un cotejo directo y sin
razonamientos prolijos propios del control constitucional, si la norma jurídica es
incompatible con la Carta Política, pues para ello precisamente está establecida la
acción ciudadana de inconstitucionalidad (art. 241-1° C.P.) y prima facie no puede
establecerse en este caso que aparezca un quebranto a los preceptos superiores.

Precisó que, la parte actora lleva la discusión al tema relativo a la protección de la
familia de los servidores del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y bajo ese preciso
enfoque pretende que se prodigue igual trato a las familias de todos los policiales.
Sin embargo, la prestación reclamada deviene precisamente de esa condición de
trabajador de la institución policial en cuyo seno hay diferenciaciones legítimas que
desde luego inciden en el aspecto salarial y prestacional, sin que la aludida
distinción comporte discriminación alguna, de tal modo que si ello es así menos

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

pueden existir discriminación o tratamiento peyorativo a sus correspondientes
núcleos familiares.

En conclusión, indicó que en sub examine no se advierte la incompatibilidad
flagrante con las normas constitucionales denunciadas como trasgredidas; y en tal
sentido, negó las súplicas de la demanda.

No condenó en costas a la parte demandante.

4. Recurso de apelación

El apoderado del accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia8.

El fallo se concentra en comparar los regímenes prestacionales contemplados para
el personal de los agentes de la institución con los miembros del nivel ejecutivo, bajo
la premisa que a partir del Decreto 1212 de 1990 (para los agentes) fue
contemplado inicialmente el subsidio familiar, obviando comentar sobre sus
antecedentes legales “Decreto 0118 de 1957, Ley 21 de 1982, Decretos 609 y 613
de 1977”; lo que permitió un pronunciamiento incompleto, pues la solicitud de
reconocimiento del derecho a la igualdad deprecado por el actor a partir de la
declaración de nulidad de los actos demandados por vía de aplicación de la
“excepción de inconstitucionalidad” frente al Decreto 1091 de 1995 se diluyó en
unas consideraciones que, si bien tienen soportes y argumentaciones válidas y
comprensibles, no resolvieron sobre la violación del derecho fundamental a la
igualdad que el actor reclamaba por su condición de miembro de la Policía Nacional,
de casado y padre.

5. Alegatos de conclusión

Por auto de 22 de marzo de 2024, el despacho del consejero ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

8
Samai-expediente digital 002.

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6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio público no se pronunció9.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.

Para ello se analizará (i) si Carlos Ariel Adarve Duque en su condición de miembro
del Nivel Ejecutivo de la Policía (intendente) tiene derecho a que se le incluya el
subsidio familiar en los porcentajes previstos en los Decretos 1212 y 1213 de 1990;
o (ii) si, por el contrario, se le debe aplicar en su integridad el régimen vigente al
momento de su vinculación a la Policía Nacional en aplicación del principio de la
inescindibilidad de la norma.

Visto lo anterior, la Sala abordará los siguientes temas: 3.1. Del régimen salarial y
prestacional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; 3.2. Hechos probados; y 3.3.
Caso concreto.

2.2.1. Del régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional10.

A partir de la expedición de la Ley 21 de 1982 en el artículo 1 se definió el Subsidio
Familiar de la siguiente manera:

9
Samai-expediente digital 002.

10
El análisis que continuación efectúa la Sala se contrae a las distintas partidas computables que deben tenerse en
cuenta al momento de establecer el monto de las asignaciones de retiro reconocidas a los miembros del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional.

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Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

“Artículo 1º. El subsidio familiar es una prestación social pagadera en
dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores
ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo
fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa
el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad”.

Así mismo, en el artículo 2 estableció que:

“(…) Artículo 2º. El subsidio familiar no es salario, ni se computará como
factor del mismo en ningún caso (…)”.

A través de la Ley 62 de 1993 el Congreso de la República, además de expedir
disposiciones sobre la Policía Nacional, le concedió al Presidente de la República
facultades extraordinarias para modificar las normas de carrera del personal de
oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; estructurar el régimen
prestacional para viudas, huérfanos e incapacitados y modificar los reglamentos de
disciplina, evaluación y clasificación del personal de la Policía Nacional.

En desarrollo de las referidas facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional
expidió los Decretos 41 de 1994 “por el cual se modifican las normas de carrera del
personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras
disposiciones” y 262 de 1994 “por el cual se modifica las normas de carrera del
personal de Agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Empero, debe precisarse que el Decreto 41 de 1994 fue declarado parcialmente
inexequible por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-417 de 1994,
argumentado que “el Presidente de la República, al tenor de la ley de investidura
[Ley 62 de 1993], no estaba autorizado para crear una tercera categoría dentro del
personal uniformado de la Policía Nacional, denominada "Nivel Ejecutivo", tal como
se hizo, pues el legislador ordinario decidió conservar las mismas tres categorías
que tradicionalmente se conocen en esa Institución, a saber: la de oficiales, la de
suboficiales y la de agentes”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el legislador a través de la Ley 180 de 1995,
modificó el artículo 6 de la Ley 62 de 1993, al contemplar por primera vez, y de
manera expresa, el Nivel Ejecutivo como parte de la estructura de la Policía
Nacional. En ese mismo sentido, debe decirse que el artículo 7 de la referida Ley
180 de 1995, le confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República

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Interno: 5831-2023
Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

para desarrollar los distintos aspectos que comprenden la carrera profesional del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, entre ellos, “las asignaciones salariales,
primas, prestaciones sociales”.

Para mayor ilustración se transcribe el citado artículo 7 de la Ley 180 de 1995:

“ARTÍCULO 7o. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de
la Constitución Política de Colombia, revístese al Presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de
noventa (90) días, contados a partir de la promulgación de la presente
Ley, para los siguientes efectos:

1. Desarrollar en la Policía Nacional la Carrera Profesional del Nivel
Ejecutivo a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, a la cual
podrán vincularse Suboficiales, Agentes, personal no uniformado y de
incorporación directa. Esta nueva carrera comprenderá los siguientes
aspectos:
a) Disposiciones preliminares;
b) Jerarquía, clasificación y escalafón;
c) Administración de personal:
• Selección e ingreso
• Formación
• Grados, ascenso y proyección de la carrera
• Asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales
• Sistemas de evaluación
• Destinaciones, traslados, comisiones, licencias y encargos
• Suspensión, retiro, separación, reincorporación
• Reservas
• Disposiciones varias
• Normas de transición (…)”.

Cabe destacar que el legislador, en el parágrafo del artículo 7 ibídem, dispuso una
salvaguarda a favor del personal de Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional
que decidieran integrar el Nivel Ejecutivo de dicha institución; al señalar que en
ningún caso su situación podría ser objeto de discriminación o desmejora.

Siguiendo con el recuento normativo anunciado, el 13 de enero de 1995 el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 180
de 1995, expidió el Decreto 132 de ese mismo año, “Por el cual se desarrolla la
carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”.

En dicha oportunidad, el Presidente de la República dispuso que: i) el personal de
Suboficiales y Agentes que se encontraba en servicio activo, a la fecha de
promulgación de ese Decreto, podían solicitar su ingreso al Nivel Ejecutivo previo el

13

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cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos (arts. 1211 y 1312 ); ii) el
personal que ingresara al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional debía someterse al
régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios
y prestaciones dictara el Gobierno Nacional (art. 1513); y, iii) que el ingreso al Nivel
Ejecutivo, bajo ninguna circunstancia podía discriminar y/o desmejorar las
circunstancias de quienes ya venían vinculados a la Policía Nacional (art. 8214).

Con posterioridad, el Presidente de la República, a través del Decreto 1091 de
199515, expidió16 el régimen de asignaciones y prestaciones del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional contemplando como partidas computables para efectos del cálculo
de la asignación de retiro: “el sueldo básico; la prima de retorno a la experiencia;
el subsidio de alimentación; la duodécima parte de la prima de navidad; la
duodécima parte de la prima de servicio; la duodécima parte de la prima de
vacaciones y la bonificación por compensación”17. Así mismo estableció
expresamente que ninguna de las primas, subsidios, auxilios y compensaciones
consagradas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 podrán ser computables para
efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensionados, sustituciones
pensionales y demás prestaciones sociales, a excepción de las específicamente
señaladas en la norma.

11
“ARTÍCULO 12. INGRESO DE SUBOFICIALES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar a la escala jerárquica
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los suboficiales en servicio activo que lo soliciten (…).”.
12
“ARTÍCULO 13. INGRESO DE AGENTES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar al primer grado del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, los agentes en servicio activo (…).”.
13
“Artículo 15. Definición. El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios al
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, en proporción al número de personas a cargo y
de acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de disminuir las cargas económicas que representa el
sostenimiento de la familia. Esta prestación estará a cargo del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional. Parágrafo. El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún
caso. RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DEL PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO. El personal que
ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las
disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional.”.
14
“ARTÍCULO 82. INGRESO AL NIVEL EJECUTIVO. El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá
discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional.”.
15
“ARTÍCULO 49. BASES DE LIQUIDACIÓN. A partir de la vigencia del presente decreto, al personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del servicio activo, se le liquidará las prestaciones sociales
unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas.
a) Sueldo básico;
b) Prima de retorno a la experiencia;
c) Subsidio de Alimentación;
d) Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad;
e) Una duodécima parte (1/12) de la prima de servicio;
f) Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones;
• Bonificación por compensación <Partida adicionada por el artículo 1 de la Ley 420 de 1998.
PARÁGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas,
subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en los decretos 1212 y 1213 de 1990 y en el presente decreto,
serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensionados, sustituciones pensionales y
demás prestaciones sociales.”.
16
En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992.
17
La Sala no pasa por alto que esta Corporación, a través de la sentencia de 14 de febrero de 2007. Rad. 1240-
2004, declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, en lo que se refería al tiempo exigido a los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional para efectos del reconocimiento de una asignación de retiro. Así
se expresó en la referida providencia: “El Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los
miembros de la Fuerza Pública en tanto - se repite - era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte,
existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo.”.

14

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Por otro lado, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1791 de 2000 “Por el cual
se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional” dispuso, artículos 9 y 10, que los
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional i) podían ingresar a la escala
jerárquica del Nivel Ejecutivo y ii) que, en todo caso, el referido personal estaría
sometido al régimen salarial y prestacional establecido para el citado nivel.

A su vez, el Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional fijó el
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Señaló que el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que haya
ingresado al escalafón del referido nivel a partir de la vigencia del referido decreto,
tendría derecho al reconocimiento de una asignación de retiro18 después de 20 años
de servicio, cuando el retiro se produzca por “llamamiento a calificar servicios, por
disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno” o con 25 años
de servicio siempre que el retiro se verifique por solicitud propia o en forma
absoluta19.

En relación con el cálculo del monto de la asignación de retiro, el artículo 23.2 del
Decreto 4433 de 2004 estableció que debían tenerse en cuenta, como partidas
computables:

“23.2. Miembros del Nivel Ejecutivo.
23.2.1. Sueldo básico.
23.2.2. Prima de retorno a la experiencia.
23.2.3. Subsidio de alimentación.
23.2.4. Duodécima parte de la prima de servicio.

18
“ARTICULO 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los Oficiales y el personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por llamamiento a calificar
servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud
propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro, así:
25.1 El setenta por ciento (70%) del monto de las partidas computables a que se refiere el artículo 23 del presente
decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio.
25.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento (4%) por cada año que
exceda de los veinte (20) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%). 25.3
A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se adicionará en un dos por ciento
(2%) por cada año, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.”.
19 Debe precisarse, que esta Corporación a través de la sentencia de 12 de abril de 2012. Rad. 1074-2077, declaró
la nulidad del parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, al considerar que dicha norma “(…)
Excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo
mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de
la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas
legítimas.
En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años,
tiempo que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años.”.

15

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23.2.5. Duodécima parte de la prima de vacaciones.
23.2.6. Duodécima parte de la prima de navidad devengada,
liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de
retiro.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en
este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios,
bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para
efectos de la asignación de retiro, las pensiones, y las sustituciones
pensionales”. (Subraya la Sala).

Al respecto, esta Subsección no pasa por alto, que los artículos 7 de la Ley 180 de
1995, 82 del Decreto 132 de 1995 y, a su turno, la Ley 923 de 2004 establecieron,
cada una en su ámbito, una protección a favor del personal de Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional que decidieron voluntariamente ingresar, a través de
homologación, al Nivel Ejecutivo de dicha institución. En efecto, las referidas normas
prohibieron la discriminación y/o desmejora de las condiciones que venían
disfrutando los referidos Suboficiales y Agentes antes de hacer parte del Nivel
Ejecutivo, esto con el fin de evitar la afectación o variación de sus condiciones
laborales.

Protección que se hizo patente a través de la sentencia de 12 de abril de 2012
proferidas por esta misma Sección mediante la cual se declaró la nulidad del
parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 en cuanto
incrementaba los requisitos, referido concretamente al tiempo de servicio, para que
el personal del Nivel Ejecutivo que venía vinculado a la Policía Nacional, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la referida norma obtuviera el
reconocimiento de una asignación de retiro.

Así las cosas, queda claro que quienes pertenecían al Nivel de Agentes y
Suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder, voluntariamente,
a la carrera del Nivel Ejecutivo; y, que quienes así lo hicieran debían someterse al
régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, sin que
pudieran ser desmejorados o discriminados en su situación laboral.

Lo anterior, constituye un desarrollo del principio convencional de la progresividad
dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
impide desmejorar las condiciones laborales de los miembros homologados del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

16

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Así mismo, en el Decreto Reglamentario 1858 de 2012, “Por medio del cual se fija el
régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional”, se estableció:

“Artículo 3. Fíjanse como partidas computables de liquidación dentro
del régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó a la institución antes del
01 de enero de 2005, previsto en el presente decreto, las siguientes:

1. Sueldo básico.
2. Prima de retorno a la experiencia.
3. Subsidio de alimentación.
4. Duodécima parte de la prima de servicio.
5. Duodécima parte de la prima de vacaciones.
6. Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con
los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

Parágrafo. Ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones,
auxilios y compensaciones, que devengue el personal a que se
refiere este Decreto, serán computables para efectos de la
asignación de retiro, las pensiones o las sustituciones
pensionales.” (Subraya la Sala).

2.3. Hechos probados

Mediante Resolución 01371 de 20 de febrero de 199520, el accionante fue
incorporado al Nivel Ejecutivo desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 7 de febrero de
2008.

Por Resolución 0656 de 26 de diciembre de 2017, el demandante se retiró del
servicio por solicitud propia ocupando el grado de intendente, produciéndose su
desvinculación a partir del 28 de marzo de 2018, incluidos los tres (3) meses de
alta21.

Conforme se observa del extracto de hoja de vida de 19 de junio de 2019, expedido
por la Policía Nacional (grupo retiros y reintegro DITAH) Carlos Ariel Adarve Duque
desempeñó los siguientes cargos22:

20
Samai-gestión otras corporaciones.
21
Samai-gestión otras corporaciones.
22
Samai-gestión otras corporaciones- índice digital 44.

17

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El 20 de diciembre de 201923, el señor Adarve Duque solicitó ante la Dirección
General de la Policía Nacional que: “Me sea reconocido el derecho fundamental a la
Igualdad consagrado en el artículo 13 de la constitución Nacional, a través de la
aplicación de EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD que esa autoridad
administrativa puede aplicar como un deber, según criterio de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional cuando se advierta una clara contradicción entre una
disposición aplicable a un caso concreto y la norma constitucional, en consecuencia,
se proceda al pago del subsidio familiar en los porcentajes de incremento sobre mi
salario básico devengado, correspondientes al 80% (para ml esposa) cuando
contraje matrimonio y del 5% y el 4% hasta el 17%, (por cada uno de mis hijos a
cargo), conforme se le ha reconocido, reconoce, liquida y paga a los demás
miembros de la Policial Nacional (personal de Ofíciales, Suboficiales y Agentes)
regidos por los Decretos 1212 y 1213 de 1990, y no con base en lo dispuesto por el
Decreto 1091 de 1995 pare los integrantes del Nivel Ejecutivo”.

Por oficio S-2019 - 076898/DITAH -ANOPA -1.10 de 28 de diciembre de 201924, la
accionada le negó el reconocimiento del “subsidio familiar, su reliquidación y
retroactivo del 30% sobre el salario básico por esposa; 5% por su primer hijo; y un
4% por su segundo y tercer hijo respectivamente”.

A través de la Resolución 0272 de 29 de julio 202025 expedida por la Dirección de
Talento Humano de la Policía Nacional, se resuelve el recurso de reposición contra
el acto administrativo anterior, y lo confirma en todas y cada una de sus partes.

Mediante Resolución 02339 de 30 de septiembre 202026 proferido por el Director
General de la Policía, se resuelve el recurso vertical contra el Oficio S-2019 -

23 Samai-gestión otras corporaciones.
24
Samai-gestión otras corporaciones.
25
Samai-gestión otras corporaciones.
26
Samai-gestión otras corporaciones.

18

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076898/DITAH -ANOPA -1.10 de 28 de diciembre de 2019 y lo ratifica de manera
integral.

2.3. Caso concreto

El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda, bajo el
argumento de que, al analizar las normas y no factor por factor, es dable concluir que
el régimen del nivel ejecutivo es favorable a los intereses prestacionales. Por
consiguiente, le correspondía al actor demostrar la desmejora o discriminación
salarial o prestacional alegada, lo que no ocurrió, pues, no es dable tomar factores
aislados para hacer la comparación pretendida, sino revisar integralmente el
régimen.

Destacó que, se debe tener presente que la normatividad que se somete a análisis
(para que se inaplique con base en la figura de excepción de inconstitucionalidad),
más que establecer una discriminación negativa en su naturaleza, son normas que
se encargan de regir un sistema de prestaciones y beneficios para un sector
específico de la población, el cual es uno de los exceptuados por el artículo 279 de
la Ley 100 de 1993; es decir, cuenta con tiene unos estándares por encima de los
que se dirigen a la generalidad de la población del país.

En contradicción con tal decisión, el actor indicó que lo pretendido es el
reconocimiento del derecho a la igualdad a partir de la declaración de nulidad de los
actos demandados por vía de aplicación de la “excepción de inconstitucionalidad”
frente al Decreto 1091 de 1995, ya que, a su juicio infringe el derecho fundamental a
la igualdad en su condición de miembro de la Policía Nacional de “casado y padre”.

No obstante, se resalta que esta Colegiatura en casos con identidad de supuesto
fácticos y jurídicos al que hoy ocupa su atención, ha sostenido que el hecho de que
el régimen prestacional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no reproduzca con
exactitud el previsto, en otrora, para el personal de Suboficiales de esa institución no
supone per se una discriminación o desmejora en materia prestacional para los
miembros del referido Nivel. Por el contrario, esta Sección ha precisado que un
análisis y/o visión en conjunto de ambos regímenes permite advertir que las
prestaciones previstas para un miembro del Nivel Ejecutivo, en el Decreto 1091 de
1995, superan en monto a las contempladas para el personal de Suboficiales de la
Policía Nacional.

19

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Efectivamente, al realizar un análisis del emolumento del cual ruega el actor le sea
reconocido, se observa lo siguiente:

LEY 21 DE 1982 DECRETO 1212 DE DECRETO 1091 DE 1995
1990 NIVEL EJECUTIVO
SUBOFICIALES
ARTÍCULO 1. El ARTÍCULO 82. ARTÍCULO 15. DEFINICIÓN.
subsidio familiar es una SUBSIDIO El subsidio familiar es una
prestación social FAMILIAR. A partir de prestación social pagadera en
pagadera en dinero, la vigencia del presente dinero, especie y servicios al
especie y servicios a los Decreto los Oficiales y personal del nivel ejecutivo de
trabajadores de Suboficiales de la la Policía Nacional en servicio
medianos y menores Policía Nacional, en activo, en proporción al
ingresos, en proporción servicio activo, tendrán número de personas a cargo y
al número de personas a derecho al pago de un de acuerdo a su remuneración
cargo, y su objetivo subsidio familiar que se mensual, con el fin de
fundamental consiste en liquidará mensualmente disminuir las cargas
el alivio de las cargas sobre el sueldo básico, económicas que representa el
económicas que así: sostenimiento de la familia.
representa el a. Casados el treinta por Esta prestación estará a cargo
sostenimiento de la ciento (30%), más los del Instituto para la Seguridad
familia, como núcleo porcentajes a que se Social y Bienestar de la
básico de la sociedad. tenga derecho conforme Policía Nacional.
al literal c. de este
PARÁGRAFO. Para le artículo. PARÁGRAFO. El subsidio
reglamentaron, b. Viudos, con hijos familiar no es salario, ni se
interpretación y, en habidos dentro del computa como factor del
general, para el matrimonio por los que mismo en ningún caso.
cumplimiento de esta ley exista el derecho a
se tendrá en cuenta la devengarlo, el treinta Artículo 16. Pago en dinero
presente definición del por ciento (30%), más del subsidio familiar. El
subsidio familiar. los porcentajes de que subsidio familiar se pagará al
trata el literal c. Del personal del nivel ejecutivo de
ARTÍCULO 2. El presente artículo. la Policía Nacional en servicio
subsidio familiar no c. Por el primer hijo el activo. El Gobierno Nacional
es salario, ni se cinco por ciento (5%) y determinará la cuantía del
computará como un cuatro por ciento subsidio por persona a cargo.
factor del mismo en (4%) por cada uno de
ningún caso. los demás, sin que se
sobrepase por este Artículo 17. De las personas
concepto del diecisiete a cargo. Darán derecho al
por ciento (17%). subsidio familiar las personas
a cargo del personal del nivel
ejecutivo de la Policía
Nacional en servicio activo,
que a continuación se
enumeran:

a. Los hijos legítimos,
extramatrimoniales, adoptivos

20

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Demandante: Carlos Ariel Adarve Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

e hijastros menores de doce
(12) años.
b. Los hijos legítimos,
extramatrimoniales, adoptivos
e hijastros mayores de doce
(12) años y menores de
veintitrés (23 años, que
acrediten estar adelantando
estudios primarios,
secundarios y post-
secundarios en
establecimientos docentes
oficialmente aprobados.
c. Los hermanos huérfanos de
padre menores de dieciocho
(18) años.
d. Los hijos y hermanos
huérfanos de padre que sean
inválidos o de capacidad física
disminuida, que hayan
perdido más del 60% de su
capacidad normal de
trabajo.
e. Los padres mayores de
sesenta (60) años, siempre y
cuando no reciban salario,
renta o pensión alguna.
Para efecto del pago del
subsidio se consideran
personas a cargo las
enumeradas, cuando
convivan y dependan
económicamente del personal
del nivel ejecutivo y se hallen
dentro de las condiciones aquí
estipuladas.

Visto lo anterior, el subsidio familiar en la Policía Nacional se encuentra
contemplado inicialmente en el artículo 82 de Decreto 1212 de 1990 “estatuto de
carrera del personal de Oficiales de Ia Policía Nacional”, en los que se establece el
porcentaje a liquidar mensualmente sobre el sueldo básico, respecto a los
siguientes conceptos: “a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a
que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo. b. Viudos, con hijos
habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta
por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. Del presente artículo.
c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada
uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento

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(17%)”. Luego, el tema del subsidio familiar para los integrantes del nivel ejecutivo
fue regulado por el Decreto 1091 de 1995, “Por el cual se expide el Régimen de
Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”, norma que estableció:

“ARTÍCULO 15. DEFINICIÓN. El subsidio familiar es una prestación social
pagadera en dinero, especie y servicios al personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo, en proporción al número de personas a
cargo y de acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de disminuir las
cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia. Esta
prestación estará a cargo del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional.

PARAGRAFO. El subsidio familiar no es salario, ni se computa como
factor del mismo en ningún caso. (..)

ARTÍCULO 16. PAGO EN DINERO DEL SUBSIDIO FAMILIAR. El
subsidio familiar se pagará al personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional en servicio activo. El Gobierno determinará la cuantía del subsidio
por persona a cargo.

ARTÍCULO 17. DE LAS PERSONAS A CARGO. Darán derecho al
subsidio familiar las personas a cargo del personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo, que a continuación se enumeran:

a. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros menores
de doce (12) años.
b. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros mayores
de doce (12) años y menores de veintitrés (23 años, que acrediten estar
adelantando estudios primarios, secundarios y postsecundarios en
establecimientos docentes oficialmente aprobados.
c. Los hermanos huérfanos de padre menores de dieciocho (18) años.
d. Los hijos y hermanos huérfanos de padre que sean inválidos o de
capacidad física disminuida, que hayan perdido más del 60% de su
capacidad normal de trabajo.
e. Los padres mayores de sesenta (60) años, siempre y cuando no reciban
salario, renta o pensión alguna.

Para efecto del pago del subsidio se consideran personas a cargo las
enumeradas, cuando convivan y dependan económicamente del personal
del nivel ejecutivo y se hallen dentro de las condiciones aquí estipuladas”.

Puestas así las cosas, y en desarrollo de las normas citadas en precedencia, esta
Subsección precisa que al accionante le están siendo liquidadas sus partidas
prestacionales mensuales de conformidad con el ordenamiento legal que le es
aplicable, por tratarse de un miembro del nivel ejecutivo de incorporación directa,
dentro del cual no se encuentra estipulado el subsidio familiar a favor del cónyuge o

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compañero permanente ni tampoco como factor salarial liquidable para efectos de
pensión.

Empero, se crearon unas nuevas primas y se consagró una asignación básica
mensual muy superior en relación con el grado anterior. Luego, con el nuevo
régimen se superaron las condiciones salariales y prestaciones que ostentaba el
señor Adarve Duque antes de junio de 1995; amén de que, en relación al subsidio
familiar pretendido, que aun cuando el régimen del Nivel Ejecutivo previó nuevas
condiciones que en cierta forma no favorecen al interesado, en otros aspectos fue
más favorable, en el sentido de permitir la inclusión de los hermanos y padres como
beneficiarios de éste (según se lee en el anterior cuadro comparativo). Por ello no
está previsto dentro de la asignación de retiro, conforme lo dispuesto en el artículo
23.2 del Decreto 4433 de 200427.

Ahora bien, respecto a la pretensión del apelante “reconocimiento del derecho a la
igualdad a partir de la declaración de nulidad de los actos demandados por vía de
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al Decreto 1091 de 1995”,
la Sala destaca que, el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Carta Política de Colombia, prohíbe al legislador dar un trato distinto a las personas
que se encuentran en un mismo supuesto de hecho. Esto es, involucra además el
principio de igualdad en la aplicación de la ley, el cual obliga estudiar las normas de
modo igual frente a todos aquellos que se encuentren en la misma situación
contemplada por ella. (Sentencia T-491 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Ello, toda vez que en el sub lite los decretos anuales de sueldos son expedidos por
el señor Presidente de la República de Colombia y en los mismos se establece el
valor a pagar por concepto de subsidio familiar por persona a cargo del funcionario
perteneciente al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional -como en el caso del

27
“ARTÍCULO 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de
sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según
corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
(…)
23.2 Miembros del Nivel Ejecutivo
23.2.1 Sueldo básico.
23.2.2 Prima de retorno a la experiencia.
23.2.3 Subsidio de alimentación.
23.2.4 Duodécima parte de la prima de servicio.
23.2.5 Duodécima parte de la prima de vacaciones.
23.2.6 Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha
fiscal de retiro.
PARÁGRAFO. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas,
subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las
pensiones, y las sustituciones pensionales”.

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intendente (r) Carlos Ariel Adarve Duque -; y en tal sentido, no puede exigir que se
le aplique norma distinta a la de su régimen prestacional y salarial, cual es el
Decreto 1091 de 1995, en lo que considera le es más favorable cobijándose en el
derecho de igualdad, ya que, es claro que los miembros del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional se rigen por normas distintas a las del escalafón de Oficiales,
Suboficiales y Agentes.

Además, se establece que para hacer uso de este medio excepcional es necesario
que la contradicción sea manifiesta; es decir, que la norma constitucional y la legal
sean tan conflictivas entre sí que, al compararlas, resulte absolutamente imposible
su aplicación simultánea28:

“Pero esta excepción de inconstitucionalidad debe reunir ciertos requisitos
para su procedencia, uno de los cuales es la palmaria y flagrante oposición
entre los textos constitucionales y la norma cuya inaplicación se pretende.
(resalta la Sección) Es pertinente aludir a la sentencia C-600 de 1998, en
la cual la Corte Constitucional precisó el alcance de esta figura:

“La inaplicación de una norma de jerarquía inferior con apoyo en el artículo
4 de la Carta supone necesariamente la incompatibilidad entre su
contenido y el de los preceptos constitucionales. Si tal incompatibilidad no
existe, no cabe la inaplicación y la circunstancia no es otra que la de
incumplimiento o violación de los mandatos dejados de aplicar. Por el
contrario, en el supuesto de un palmario enfrentamiento entre la norma y la
Constitución, la obligación del funcionario o autoridad que en principio
debería aplicar aquélla es la contraria: no darle aplicación.

Al respecto, esta Corte ha señalado:

"El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el
derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente
de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene
lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos,
cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que
se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la
definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la
Constitución -lo cual es propio de la providencia que adopte el tribunal
competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de
acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de otro orden a un
caso singular.

Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del
ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la
conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el
principio que establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde
luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas

28
Radicado 1996-7762-01 (7212), 5 de julio de 2002. CP Olga Inés Navarrete Barrera.

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

competencias de control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo
dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, haciendo prevalecer los
preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores
que con ellos resultan incompatibles.

Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial
para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el
funcionario llamado a aplicar la ley no puede argumentar la
inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad
en términos generales como "repugnancia que tiene una cosa para unirse
con otra, o de dos o más personas entre sí".

En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos
normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse
al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la
materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan
grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento
constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así
las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de
ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua
cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que
existe.

De lo cual se concluye que, en tales casos, si no hay una oposición
flagrante con los mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva
con efectos "erga omnes" el juez de constitucionalidad según las reglas
expuestas.

Fluye de lo anterior con toda claridad que una cosa es la norma - para
cuyo anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el
proceso correspondiente- y otra bien distinta su aplicación a un caso
concreto, la cual puede dejar de producirse -apenas en ese asunto- si
existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que se trata y los
mandatos constitucionales (artículo 4º C.N.)" (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Primera de Revisión. Sentencia T-614 del 15 de diciembre de 1992.
M.P.: Dr. José Gregorio Hernandez Galindo). (Subrayado fuera de texto).
(resalta la Sala)

La Sala Plena de la Corporación, al fijar el alcance del artículo 66 del
Código Contencioso Administrativo, que declaró exequible, supeditando la
exequibilidad al acatamiento del artículo 4 de la Constitución, manifestó:

"Considera la Corte que el texto constitucional ha de hacerse valer y
prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de
la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de
cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la
legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de
manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa
de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la
misma categoría.

Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se

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impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de
manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales
está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre
armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de
inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de
manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en
aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad
entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para
ello. Desde luego que la norma inaplicable por ser contraria a la
Constitución en forma manifiesta, no queda anulada o declarada
inexequible, pues esta función corresponde a los organismos judiciales
competentes, en virtud del control constitucional asignado por la Carta
Fundamental en defensa de la guarda de la integridad y supremacía de la
norma de normas (artículos 237 y 241 C.P.).

Si bien es cierto que por regla general las decisiones estatales son de
obligatorio cumplimiento tanto para los servidores públicos como para los
particulares "salvo norma expresa en contrario" como lo señala la primera
parte del artículo 66 del decreto 01 de 1984, también lo es que, cuando de
manera palmaria, ellas quebrantan los ordenamientos constitucionales, con
fundamento en la supremacía constitucional, debe acatarse el mandato
contenido en el artículo 4° de la Carta ya citado, que ordena -se repite- que
“en todo caso de incompatilibidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, sin
perjuicio de la responsabilidad correspondiente de que trata el artículo 6°
de la misma, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o
extralimitación, por parte de los servidores públicos, en el ejercicio de sus
funciones”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-069 del 23
de febrero de 1995. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara). (Subrayado
fuera de texto)”.( Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 1998. M.P.
Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Condensando lo anterior, la excepción de constitucionalidad no puede
fundamentarse únicamente en la simple manifestación de la vulneración de un
derecho, como en este caso el de la igualdad, esta violación debe ser manifiesta, sin
lugar a la menor duda. De manera que, en el sub lite no se observa una disputa o
enfrentamiento evidente entre principios constitucionales que deje en evidencia una
violación a los mismos, implicando una discriminación.

Aunado a que, que el actor no puede pretender que se le reconozca el subsidio
familiar con el porcentaje establecido para su reconocimiento en el régimen del
Decreto 1212 de 1990, por considerarlo más benéfico y que así mismo, en lo que
respecta al salario y los demás aspectos favorables, se le aplique lo dispuesto para
el régimen del Nivel Ejecutivo, esto es, el Decreto 1091 de 1995; puesto que, con
ello se estaría contrariando el principio de inescindibilidad de la ley, según el cual
solo es posible aplicar un régimen en su integridad, sin que sea dable tomar lo más

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favorable de cada uno de los regímenes que pretende le sean aplicables.

En conclusión, indicó que en sub examine no se advierte la incompatibilidad
flagrante con las normas constitucionales denunciadas como trasgredidas; y siendo
ello así, lo que sigue en confirmar la sentencia objeto de apelación.

Condena en costas

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a disposición
del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse certeza de su
causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad y mala fe, no basta
el simple hecho de los resultados del proceso29.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no se
evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará en costas
en esta instancia.
III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte actora y; por ende, confirma la sentencia de

29 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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primera instancia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 29 de junio de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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