Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00445-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2021-00445-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00445-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2021-00445-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de junio de 2022
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
Demandante: ZORAIDA ORTEGA SERRANO
Demandado: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
Temas: Confirma parcialmente la decisión de primera instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 10 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Segunda de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó a la entidad accionada que “...en el término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de esta sentencia, realice la auditoría integral de la
reclamación presentada por la accionante…”.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
La señora Zoraida Ortega Serrano, por intermedio de apoderada judicial, ejerció
acción de cumplimiento contra la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social – ADRES, con el fin de obtener el acatamiento de
los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 20161 y 17 de la Resolución No.
1645 de 3 de mayo de 20162, expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
1.2. Pretensiones de la demanda
“1. Con fundamento en los hechos narrados y las normas que se predican
incumplidas, con la demanda se pretende que se declare que la Administradora
1
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social”.
2
Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a la
Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT del Fondo de
Solidaridad y Garantía - FOSYGA, o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES
está incumpliendo la obligación de aplicar el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780
de 2016; y el artículo 17 de la Resolución 1645 del 3 de mayo de 2016 expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social, en consecuencia, que se le ordene a la
autoridades renuentes (sic) que cumplan (sic) el mandato en un término perentorio
no superior a 5 días siguientes a la ejecutoria del fallo, de conformidad con el
criterio del Consejo de Estado en proceso de radicado No. 66001-23-33-000-2015-
00438-01.
2. Que se le ordene a la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - ADRES el cumplimiento del deber legal, a fin de
concluir de forma inmediata la AUDITORÍA INTEGRAL de la reclamación radicada
ante la Subcuenta Ecat del Fosyga, por indemnización por muerte y gastos
funerarios, y se surta su respectiva notificación.
1. (sic) Que se ordene a la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – ADRES, realicen la auditoría integral de
la reclamación radicada ante la Subcuenta ECAT del Fosyga, ajustándose a los
decretos, resoluciones, circulares, notas externas y manuales que reglamentan las
reclamaciones que se presentan ante la Subcuenta Ecat del Fosyga.
2. (sic) Que se le ordene a la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – ADRES, en costas y agencias en
derecho, de conformidad con el artículo 19 y 21 d la ley (sic) 393 de 1997”.
1.3. Hechos
La demanda se sustentó en los siguientes supuestos fácticos:
1.3.1. La señora María Trinidad Archila Ortega falleció el 18 de septiembre de
2020, como consecuencia de un accidente de tránsito.
1.3.2. El 31 de agosto de 2021, por intermedio de apoderado judicial, la parte
actora solicitó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - ADRES la indemnización por la muerte y gastos
funerarios de la señora María Trinidad Archila Ortega, sin que hasta la fecha haya
sido resuelta.
1.3.3. El 4 de noviembre de 2021, la parte accionante solicitó a la ADRES que
diera cumplimiento “a lo establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de
2016 y el artículo 17º de la Resolución 1645 del 3 de mayo de 2016 expedida por
el Ministerio de Salud y de la (sic)Protección Social, los cuales prevén un término
de dos meses a partir de la fecha del cierre del periodo de radicación, para realizar
la AUDITORÍA INTEGRAL de las reclamaciones presentadas ante la subcuenta
ECAT del FOSYGA, debido a que dicho término feneció, sin que hasta le (sic)
fecha se haya notificado algún resultado definitivo de la auditoría integral”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la demanda
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de auto
del 12 de enero de 2022, admitió la demanda y ordenó la notificación al director
general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social – ADRES y del Ministerio Público.
1.4.2. Informes
1.4.2.1 La ADRES no presentó escrito de oposición3.
1.4.2.2. El Ministerio Público guardó silencio.
1.4.3. Sentencia de primera instancia
En fallo de 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Segunda de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social –
ADRES que en el término de treinta (30) días “..realice la auditoría integral de la
reclamación presentada…”.
Precisó que a través del SOAT se busca cubrir a las víctimas de accidentes de
tránsito de los gastos que deben sufragar por muerte, atención médica, quirúrgica,
farmacéutica, hospitalaria e incapacidad, los gastos funerarios y los ocasionados
por el transporte de la víctima a las entidades del sector salud, así mismo cuando
el accidente sea ocasionado por un vehículo no identificado o no asegurado.
Señaló que los servicios de salud, indemnizaciones y gastos mencionados serán
cubiertos por el Fosyga; por lo que se hizo necesario reglamentar las condiciones
de cobertura, reconocimiento y pago, como la ejecución de recursos y
funcionamiento de la subcuenta ECAT como del SOAT, en cuanto a criterios
comunes para evitar la duplicidad de amparos.
Indicó que en relación con las reclamaciones referidas a la indemnización por
muerte y gastos funerarios, quienes se encuentren legitimados en la causa deben
diligenciar el formulario denominado FURPEN, junto con los documentos en que
se fundamenta la reclamación, siendo posible presentarla en cualquier día del
mes, y con cierre del periodo de radicación el último día de cada mes calendario.
Concluyó que es claro que la obligación de resolver las citadas reclamaciones está
3
Como consta en el informe de paso a despacho de la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Risaralda, obrante en el índice 14 de el trámite de primera instancia en SAMAI.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
actualmente a cargo de la ADRES, entidad que no ha dado cumplimiento a los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016, y 17 de la Resolución 1645 del 3
de mayo de 2016, en cuanto no ha tramitado la que formuló la señora Ortega
Serrano.
1.4.4. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se
revocara parcialmente el fallo de primera instancia, para que se reforme el plazo
del cumplimiento de la sentencia a 10 días, en los términos del artículo 21 de la
Ley 393 de 1997.
Refirió que desde el mes de octubre del año 2019, el Consejo de Estado
“…extendió en principio el término a 30 días para que la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, realizara la Auditoría
Integral de las reclamaciones, dicho término fue concedido, en virtud a la
problemática que vivió la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, con su firma auditora Unión Temporal Auditores de
Salud, ya fue superada y no existe razón para continuar extendiendo el término
para su cumplimiento a 30 días”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del
10 de febrero de 2022 del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 393 de 19974, 125, 150 y 243 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
“CPACA”, Ley 1437 de 20115, así como en el artículo 13, numeral 7º, del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de “[…] las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
4
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones
de cumplimiento. […]”.
2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
10 de febrero de 2022 del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de
Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo
cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:
¿Hay lugar a confirmar la orden a la ADRES, referente al cumplimiento de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 de
2016, para que realice la auditoría integral de la reclamación presentada por la
parte actora y reducir el término concedido a 10 días de acuerdo con las
previsiones del numeral 5 del artículo 21 de la Ley 393 de 1997?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de procedibilidad; y,
(iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Generalidades de la acción de cumplimiento6
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
6
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, con ponencia de Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación
20001-23-33-000-2016-00371-01 MP Alberto Yepes Barreiro ; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez (E).
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”7.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)8.
ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts.
5º y 6º).
iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (Art. 8º).
iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso
que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
7
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. También son
causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que
establezcan gastos a la administración (Art. 9º).
2.3.2. Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y requisitos
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de
cumplimiento comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último
desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política9.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”10.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello,
es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto
de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado11.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
10
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Dra. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento
paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime
a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el
evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”12.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,13 a menos que estén
apropiados;14 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 Superior15.
2.3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia, consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este16 y
que esta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días
siguientes a la presentación de la solicitud.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
13
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
14
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15
Sentencia ibídem.
16
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”.17
Sobre el tema, esta Sección18 ha dicho que:
“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos […]19” (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
18
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP: Susana Buitrago.
19
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente, o porque aunque sea emitida en
tiempo resulte contraria al querer del ciudadano 20.
Al expediente, la parte actora acompañó copia de la solicitud remitida por medios
electrónicos el 4 de noviembre de 2021, en la que pidió a la ADRES el
cumplimiento de los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la
Resolución 1645 de 2016, para que realizara la auditoría integral de la
reclamación presentada, sin que hasta la fecha se le haya notificado resultado
alguno de la auditoría integral de la reclamación presentada en 2021.
En consecuencia, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte accionante agotó en debida forma el requisito de
renuencia.
2.3.4. Análisis del caso concreto
2.3.4.1. Disposiciones cuyo cumplimiento se pretende
La parte actora pretende el cumplimiento de los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto
0780 de 2016 y el 17 de la Resolución 1645 del 3 de mayo de 2016 del Ministerio
de Salud y Protección Social. Las referidas normas disponen:
“Decreto 0780 de 2016
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud
y Protección Social
(…)
Artículo 2.6.1.4.3.12 Término para resolver y pagar las reclamaciones. Las
reclamaciones presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga a que
refiere el presente Capítulo, se auditarán integralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al cierre de cada periodo de radicación, los cuales serán establecidos por
el Ministerio de Salud y Protección Social (…)”.
“Resolución 1645 del 3 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud y de la
Protección Social
20
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones,
con cargo a la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes
de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), o quien
haga sus veces, y se dictan otras disposiciones.”
(…)
ARTÍCULO 17. DESARROLLO DE LA ETAPA DE AUDITORÍA
INTEGRAL. Durante esta etapa, que se desarrolla dentro de los dos (2) meses
siguientes al cierre del periodo de radicación, el Fosyga o quien haga sus veces
realiza la validación del cumplimiento de los aspectos mínimos de verificación
consignados a continuación, mediante el análisis de la información suministrada por
el reclamante en las etapas de pre radicación y radicación (…)”.
Esta Sección encuentra que se cumple con el primero de los requisitos de
procedencia de la acción constitucional, toda vez que se busca la materialización
de una norma vigente.
2.3.4.2. De los demás requisitos de procedencia de la acción
Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá
cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para
hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no
proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
En este asunto la parte actora pretende que se ordene el acatamiento de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y el 17 de la Resolución 1645 del
3 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que hace la
acción procedente, toda vez que no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para solicitar a la entidad cuestionada que se realice la auditoría integral a
la reclamación presentada ante la subcuenta ECAT del FOSYGA.
La Sala reitera que lo solicitado no implica la ejecución de un gasto, toda vez que,
si bien pudiera considerase que lo perseguido es el pago de la indemnización por
muerte y gastos funerarios a cargo de la Subcuenta ECAT, lo cierto, es que el
mandato que se pide hacer cumplir es el contenido en la parte primera del artículo
2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 del 3 de mayo
de 2016. Así, es claro que la parte accionante pretende que se realice y concluya
la auditoría integral a la reclamación presentada a la ADRES.
Por último, se encuentra que lo perseguido por la parte actora no involucra la
protección de derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de
cumplimiento.
2.3.4.3. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante
la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar que se ejecuten toda
clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se
caracterizan como “deberes”21. Los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan
un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un deber
“imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la
Ley 393 de 1997.
Ahora bien, el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 señala que la presente acción se
dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con
fuerza material de ley o acto administrativo, es decir, impone al demandante la
carga de establecer, tanto para la constitución en renuencia como para la
interposición de la demanda, la autoridad pública o el particular en ejercicio de
funciones públicas que debe cumplir la norma.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro
y directo. Así, por ejemplo, si la norma consagra una facultad o su ejercicio es
discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.
En el presente caso la parte actora pretende que se cumpla el término de dos
meses previsto en los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la
Resolución No. 1645 de 3 de mayo de 2016, para que se resuelva la reclamación
presentada ante la ADRES.
Se hace necesario precisar que la referida solicitud se originó de la muerte de la
señora María Trinidad Archila Ortega, como consecuencia de un accidente de
tránsito, correspondiendo en consecuencia a aquellos eventos en los cuales el
parágrafo 2º del artículo 167 de la Ley 100 de 1993, prevé:
“RIESGOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO. En los casos de
urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas
por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos
expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho al
cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad
permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro
asistencial. El Fondo de Solidaridad y Garantía pagará directamente a la Institución
que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de
acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARÁGRAFO 1o. En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los
servicios médico-quirúrgicos y demás prestaciones continuará a cargo de las
21
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
aseguradoras autorizadas para administrar los recursos del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito con las modificaciones de esta Ley.
PARÁGRAFO 2o. Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a
la subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, de acuerdo con la
reglamentación que establezca el Gobierno Nacional”.
En este orden de ideas, cuando el automotor involucrado en el accidente no
cuenta con SOAT los afectados pueden acudir para el reconocimiento de
indemnizaciones a la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía hoy
ADRES, entidad creada con naturaleza especial del nivel descentralizado del
orden nacional, cuyo objeto es administrar los recursos que hacen parte del
Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y
Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en
salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de
beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como
consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
conforme lo establecen los artículos 66 y 73 de la Ley 1753 de 2015.
Por su parte, el artículo 73, ejusdem, señaló que los procesos de recobros,
reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en Salud
que se surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones cuentan
con el término de tres años a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la
entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho
plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a
recibir el pago y se extingue la obligación para el Fosyga.
Entonces, existe obligación legal para la ADRES de recibir, tramitar y decidir las
reclamaciones derivadas de “…eventos catastróficos de origen natural o de
accidente de tránsito en que participen vehículos no identificados o no
asegurados con póliza SOAT” en el término de 2 meses.
Conviene recordar que esta Sección en reiteradas sentencias22 ordenó el
cumplimiento del artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 en cuanto a la
realización de las auditorías integrales a la ADRES.
En este orden de ideas, advierte la Sala que no puede olvidarse que la obligación
contenida en artículo 17 de la Resolución No. 1645 de 2016 y artículo 2.6.1.4.3.12
22
Al respecto la Sala se ha pronunciado en el mismo sentido; para el efecto se pueden consultar:
sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente número 66001-23-33-000-2019-00697-01, M.P.
Rocío Araújo Oñate; sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente número 66001-23-33-000-
2019-00687-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 27 de febrero de 2020,
expediente número 66001-23-33-000-2019-00774-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27 de febrero de 2020, expediente No. 66001-23-33-000-2019-00172-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 27 de febrero de 2020, expediente número 66001-
23-33-000-2019-00174-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 27 de febrero de 2020,
expediente No. 66001-23-33-000-2019-00170-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, entre otras.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
del Decreto 780 de 2016 en cuanto a concluir los resultados de auditoría en el
término de dos meses desde su presentación.
La Sala debe precisar que en este caso la reclamación que se encuentra sin
respuesta fue radicada el 31 de agosto de 2021, por tanto, el término de dos
meses para resolverse feneció el 31 de octubre de 2021, esto en razón de que de
conformidad con el artículo 17 de la Resolución No. 1645 de 2016, la auditoría se
debe realizar “…dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de
radicación”, mientras que el artículo 14, ejusdem, dispone que “…La fecha de
cierre del periodo de radicación para el caso de reclamaciones de primera vez,
presentadas por personas jurídicas, será el día quince (15) calendario de cada
mes (…) En el caso de reclamaciones presentadas por personas naturales, la
fecha de cierre será el último día calendario de cada mes”; por tanto, el mandato
es plenamente exigible y se advierte incumplido por parte de ADRES.
Ahora bien, frente al argumento de la parte accionante alegado en el escrito de
impugnación referente a que la orden de cumplimiento debe impartirse en el
término de 10 días, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 21 de
la Ley 393 de 1997, la Sala advierte que las dificultades de personal para resolver
las solicitudes radicadas en el año 2021, fueron superadas por la demandada
como lo ha indicado esta Sección en anteriores oportunidades23, razón por la cual
al no existir motivo alguno que retrase la prestación del servicio, es procedente
modificar el plazo inicialmente otorgado para el cumplimiento de la disposición
normativa y, en su lugar, reducirlo al de diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
2.3.5. Conclusión
La Sala confirmará parcialmente la decisión de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda, toda vez que como se demostró la obligación
legal, en el sub judice, recae en la accionada, entidad que debe resolver la
reclamación de la parte actora, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, pues la misma fue presentada desde el mes de
junio de 2021 sin que hasta la fecha se haya realizado la auditoría
correspondiente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
23
Al respecto la Sala se ha pronunciado en el mismo sentido; para el efecto se pueden consultar:
sentencias del 25 de noviembre de 2021, expedientes: 66001-23-33-000-2021-00353-01, 66001-
23-33-000-2021-00362-01, 66001-23-33-000-2021-00330-01 MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia
del 7 de diciembre de 2021, expediente 66001-23-33-000-2021-00365-01, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra, entre otras.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Zoraida Ortega Serrano
Demandado: ADRES
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00445-01
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 10 de
febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de
Decisión, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual se
concederá a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES el término de diez (10) días, siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, para la culminación de la auditoría de la reclamación presentada
por la parte actora, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.