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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00034-02

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00034-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda. SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2022-00034-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00034-02 (4463-2024)
Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz
Demandado: Nación - Defensoría del Pueblo
Tema: Insubsistencia. Empleado de libre nombramiento y remoción
en estado de debilidad manifiesta por salud.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. La decisión de retiro
obedeció al ejercicio razonable de la facultad discrecional
atribuida a los cargos de libre nombramiento y remoción, sin
que se acreditara una vulneración al fuero de estabilidad
laboral reforzada, dado que la actora contaba con una
pensión de vejez reconocida desde el año 2015.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. María Esperanza Bermeo Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Defensoría del Pueblo, con el
propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones 850 del 25 de junio de 2021 y 1047
del 26 de julio del mismo año, mediante las cuales fue retirada del cargo de Defensora
Regional de Risaralda por declaratoria de insubsistencia.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que desempeñaba o
a otro de igual o superior jerarquía, con sede en el departamento de Risaralda, así como
el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta
el reintegro efectivo, y la declaración de continuidad en la relación laboral.

3. Indicó que fue nombrada mediante Resolución 844 del 12 de junio de 2013 como
Defensora Regional, Código 0060 del nivel directivo, con sede en Arauca.
Posteriormente, mediante Resolución 882 del 23 de junio de 2015, la entidad dispuso su
retiro a partir del 1 de octubre del mismo año, con fundamento en el parágrafo tercero del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, al considerar que se había reconocido su pensión de

Radicación: 66001-23-33-000-2022-00034-02 (4463-2024)
Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

vejez. Frente a esta decisión promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, que fue resuelta a su favor mediante sentencia del 15 de noviembre de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca y confirmada por el Consejo de Estado
el 27 de febrero de 2020, ordenándose su reintegro.

4. En cumplimiento de ese fallo, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución 384 del
23 de marzo de 2021, en la cual dispuso su reintegro en la regional Amazonas. Ante
esta decisión, solicitó ser ubicada en una sede que permitiera el acceso a los tratamientos
médicos requeridos, en atención a su estado de salud. La entidad negó su petición
mediante Oficio 20210050101010771 del 26 de marzo de 2021, y le informó que podía
solicitar valoración médica y permisos remunerados para asistir a controles.

5. Ante la negativa, interpuso acción de tutela. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 26 de abril de 2021,
ordenó efectuar el reintegro en una regional que tuviera en cuenta las condiciones clínicas
de la accionante. En cumplimiento de dicha providencia, la Defensoría profirió la
Resolución 583 del 28 de abril de 2021 y la reintegró a la regional Risaralda. Sin embargo,
la decisión fue revocada por el Consejo de Estado en segunda instancia, mediante
sentencia del 3 de junio de 2021, al concluir que la acción de tutela no era el medio idóneo
para discutir las condiciones del reintegro.

6. Posteriormente, la entidad declaró la insubsistencia de la actora mediante Resolución
850 del 25 de junio de 2021, decisión que fue confirmada en sede administrativa a través
de la Resolución 1047 del 26 de julio siguiente. Según la demanda, esta desvinculación
desconoció el especial estado de salud de la actora, diagnosticada con cáncer de tiroides
y otras afecciones derivadas, lo que hacía procedente su protección reforzada frente a
decisiones administrativas que comprometieran su estabilidad laboral.

Contestación de la demanda

7. La Defensoría del Pueblo solicitó denegar las pretensiones, al considerar que los actos
administrativos demandados se ajustaban al ordenamiento jurídico y gozaban de
presunción de legalidad. Sostuvo que, conforme a los artículos 5, 12 y 15 del Decreto 26
de 2014 —por el cual se estableció la nomenclatura y clasificación de empleos de la
entidad—, el cargo desempeñado por la demandante corresponde a uno de libre
nombramiento y remoción.

8. Indicó que la declaratoria de insubsistencia obedeció al ejercicio legítimo de la facultad
discrecional del nominador para desvincular a funcionarios de esa naturaleza, siempre
que la decisión resulte proporcional y guarde relación con los hechos que la motivan.

9. Si bien reconoció las dificultades de salud que atraviesa la demandante, explicó que
la decisión respondió a necesidades institucionales vinculadas al cumplimiento de la
función pública asignada a la Defensoría del Pueblo.

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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00034-02 (4463-2024)
Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

II. SENTENCIA APELADA

10. El 20 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió a las
pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en que el nombramiento declarado
insubsistente correspondía a la Resolución 583 de 2021, expedida en cumplimiento de
una sentencia de tutela de primera instancia posteriormente revocada por el Consejo de
Estado.

11. Con base en ello, concluyó que la declaratoria de insubsistencia recayó sobre un acto
administrativo que había perdido fuerza ejecutoria, conforme a lo previsto en el artículo 7
del Decreto 306 de 1992 y en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

12. Advirtió, además, que la parte considerativa de la Resolución 850 de 2021 contenía
un error al afirmar que la Resolución 384 de 2021 —por medio de la cual se ordenó el
reintegro de la demandante en cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento— no existía. El Tribunal precisó que esta
resolución no podía desconocerse, dado que fue proferida en ejecución de una decisión
judicial y no como consecuencia de la tutela posteriormente revocada.

13. Consideró que los actos administrativos demandados incurrieron en error respecto
de las normas que los sustentaron. Indicó que, si bien los cargos de libre nombramiento
y remoción permiten la desvinculación del servidor en ejercicio de un amplio margen de
discrecionalidad, esta no puede derivar en arbitrariedades ni desconocer garantías
constitucionales, conforme lo ha establecido la Corte Constitucional.

14. De igual forma, citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se precisa que la
discrecionalidad debe ejercerse dentro de límites razonables y ponderados, orientados
por el principio del interés general. Particularmente, recordó que esta Corporación ha
reconocido el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que, durante la
relación laboral, adquieren una condición de debilidad manifiesta por razones de salud,
incluso si ocupan cargos de libre nombramiento y remoción.

15. En cuanto al estado de salud de la señora Bermeo, el Tribunal valoró los documentos
aportados como prueba y concluyó que acreditaban una situación crítica, derivada de
múltiples diagnósticos médicos. Con fundamento en lo anterior, rechazó el argumento
según el cual no era necesaria motivación para el acto de retiro, por tratarse de un cargo
de libre nombramiento y remoción. Consideró que la condición de salud de la demandante
imponía al Estado el deber de proteger su estabilidad laboral reforzada.

16. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos que ordenaron la insubsistencia y
condenó a la Defensoría del Pueblo a reintegrar a la demandante al cargo que venía
desempeñando o a uno equivalente, con sede en Risaralda. Así mismo, ordenó el pago
de los salarios, prestaciones y demás derechos laborales dejados de percibir desde la
fecha de retiro hasta el reintegro efectivo, sin solución de continuidad, descontando los
valores recibidos por concepto pensional o laboral en ese mismo período.

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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00034-02 (4463-2024)
Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

III. RECURSOS DE APELACIÓN.

17. El extremo demandado interpuso recurso de apelación. Alegó que el Tribunal incurrió
en un error al considerar que el acto que declaró insubsistente a la demandante se
encontraba motivado o fundado en las decisiones judiciales proferidas en el trámite de la
acción de tutela interpuesta por la señora Bermeo.

18. Sostuvo que, en el caso concreto, la nulidad de la Resolución 882 del 23 de junio de
2015 obedeció a que esta se motivó en una norma inaplicable, en lugar de fundarse en
las facultades propias del régimen de libre nombramiento y remoción. Con fundamento
en ello, la Resolución 850 de 2021 —acto demandado— fue expedida en ejercicio de la
potestad discrecional, y no como consecuencia del fallo de tutela.

19. Agregó que el Tribunal omitió considerar que la señora Bermeo tiene reconocida una
pensión de vejez mediante Resolución GNR 158539 del 28 de mayo de 2015, expedida
por Colpensiones. A su juicio, esta circunstancia hace improcedente el reconocimiento
de estabilidad laboral reforzada, toda vez que la pensión garantiza el acceso a servicios
médicos y recursos suficientes para atender sus necesidades básicas.

20. Con base en los anteriores argumentos, la entidad demandada solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, al estimar que el acto demandado no adolece de ninguna
causal de nulidad y que no procede invocar la estabilidad reforzada en favor de la
demandante por cuanto se encuentra pensionada.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

21. Mediante auto proferido el 24 de octubre de 2024, notificado por estado del 1 de
noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación1.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

23. Corresponde determinar si la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Risaralda se ajusta a derecho, en particular frente a los cuestionamientos formulados en
el recurso de apelación, en cuanto: (i) calificó como viciado de falsa motivación el acto

1
Índice 9 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

que declaró la insubsistencia del nombramiento de la demandante, al basarse en una
resolución sin fuerza ejecutoria y desconocer los antecedentes judiciales que ordenaron
su reintegro; (ii) estimó probada su condición de sujeto de especial protección por razones
de salud, a partir del análisis de los documentos aportados al proceso; y (iii) reconoció la
procedencia de la estabilidad laboral reforzada, pese al carácter discrecional del retiro y
a la condición de pensionada de la actora.

Análisis del problema jurídico

24. Con el objetivo de resolverlo en primer lugar, se abordará la naturaleza jurídica del
cargo ocupado y el alcance de la facultad discrecional en los casos de libre nombramiento
y remoción. En segundo lugar, se analizará el alcance del derecho a la estabilidad laboral
reforzada en contextos de diversidad funcional, particularmente cuando existe
reconocimiento pensional. Finalmente, se valorará si, en el caso concreto, la decisión de
retiro fue adoptada dentro de los límites razonables del poder discrecional o si, por el
contrario, implicó una afectación ilegítima de los derechos fundamentales de la
demandante.

25. La Sala revocará la sentencia apelada, al encontrar que el Tribunal omitió valorar
circunstancias determinantes como la condición de pensionada de la demandante, que
excluía la configuración del fuero de estabilidad laboral reforzada por salud. Tal y como
se demuestra a continuación.

Naturaleza del cargo y potestad discrecional del nominador

26. La jurisprudencia de esta Corporación2 ha sido reiterativa en señalar que los empleos
de libre nombramiento y remoción se caracterizan por su especial relación de confianza
con el nominador y por la alta dirección o asesoría que ejercen dentro de la entidad
pública. Esta categoría de vinculación implica que la administración cuenta con una
facultad discrecional para nombrar y retirar a sus titulares, sin necesidad de una
motivación estricta en los términos exigidos para los empleos de carrera, aunque dicho
poder no es absoluto ni exento de límites.

27. En efecto, aunque la potestad de retiro en estos cargos puede ejercerse sin
necesidad de invocar una causal disciplinaria o de ineficiencia comprobada, su uso debe
ajustarse a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad de la función
pública. La discrecionalidad no puede operar como una licencia para la arbitrariedad ni
como un mecanismo para encubrir medidas discriminatorias, en particular cuando se ve
comprometido el ejercicio de derechos fundamentales.

28. Según consta en el expediente, la demandante fue reintegrada al cargo de Defensora
Regional en cumplimiento de una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, y
posteriormente retirada mediante un acto de insubsistencia. Este último se profirió

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 15 de febrero de 2024, rad. núm. 25000-23-42-000-2018-01641-02 (661-2023), C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.

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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00034-02 (4463-2024)
Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

invocando la naturaleza discrecional del vínculo, conforme al Decreto 26 de 2014, que
regula el régimen de empleos de la Defensoría del Pueblo y clasifica el cargo en cuestión
como de libre nombramiento y remoción.

29. No se discute, por tanto, que la entidad contaba con competencia para disponer la
desvinculación. El punto de controversia radica en si el ejercicio de dicha facultad atendió
los límites que impone el ordenamiento jurídico, especialmente frente a la condición de
salud de la funcionaria y su eventual amparo por estabilidad laboral reforzada.

Estabilidad laboral reforzada y condición de pensionada

30. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce la estabilidad laboral reforzada como
una garantía de protección especial para las personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, entre ellas, quienes enfrentan un deterioro significativo en su estado
de salud3. Esta protección, que tiene arraigo constitucional y ha sido desarrollada
jurisprudencialmente, impone límites al ejercicio de la facultad discrecional del
nominador, incluso tratándose de cargos de libre nombramiento y remoción.

31. A partir de la expedición de la Ley 790 de 2002, el ordenamiento jurídico colombiano
reconoció a las personas con diversidad funcional como sujetos de especial protección,
titulares del derecho a una estabilidad laboral reforzada, orientada a evitar su exclusión
del ámbito laboral y productivo por razones discriminatorias. Esta garantía busca
preservar la dignidad de quienes enfrentan una situación de debilidad manifiesta y
sancionar cualquier medida adoptada en el entorno laboral que responda a patrones de
exclusión estructural.

32. En consecuencia, cuando una entidad advierte que un servidor público bajo ese
régimen se encuentra en dicha condición, debe evaluar con especial rigor si resulta
procedente su desvinculación, ponderando el impacto que tal decisión tendría sobre su
estabilidad vital y su inclusión en el entorno laboral. No obstante, debe tenerse en cuenta
que la finalidad última de esta protección es garantizar una fuente estable de ingresos
que permita atender las necesidades básicas del trabajador y mantener su vinculación al
sistema de salud.

33. En este caso, consta en el expediente que la señora Bermeo fue reconocida como
beneficiaria de una pensión de vejez mediante Resolución GNR 158539 del 28 de mayo
de 2015, proferida por Colpensiones. Este hecho reviste especial relevancia, en tanto
demuestra que la demandante cuenta con una fuente de ingresos permanente y con
acceso garantizado a los servicios de salud, objetivos que, precisamente, pretende
asegurar la estabilidad laboral reforzada.

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Población que tenga limitación física, mental, visual o auditiva.

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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00034-02 (4463-2024)
Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

Caso concreto

34. En el presente caso, el Tribunal de primera instancia consideró que la Resolución
850 de 2021, por la cual se declaró insubsistente a la demandante, estaba viciada por
haberse expedido con fundamento en un acto —la Resolución 583 de 2021— que había
perdido fuerza ejecutoria tras la revocatoria de la sentencia de tutela que lo motivó. Sin
embargo, dicha valoración resulta desacertada.

35. El material probatorio obrante en el expediente muestra que la entidad no sustentó la
declaratoria de insubsistencia en la decisión judicial de tutela, sino que invocó
expresamente el ejercicio de la facultad discrecional para disponer el retiro de una
funcionaria que ya había sido reintegrada con ocasión de una sentencia de nulidad
dictada dentro del medio de control ordinario. Así lo explicó la propia entidad en su
defensa, al señalar que la insubsistencia obedeció a criterios institucionales y no a
consideraciones derivadas del fallo de tutela que fue posteriormente revocado.

36. Adicionalmente, no se acredita que la decisión haya tenido un móvil discriminatorio o
arbitrario, ni que se haya adoptado desconociendo una situación de estabilidad laboral
reforzada que hiciera imperativa la motivación del acto. Como se explicó en el acápite
anterior, la señora Bermeo contaba con una pensión de vejez desde 2015, por lo que no
resultaba procedente predicar en su favor el fuero de estabilidad previsto para quienes,
por su estado de salud, dependen del empleo para garantizar su subsistencia.

37. No puede sostenerse que la decisión de retiro del servicio haya dejado a la
demandante en una situación de indefensión o riesgo de exclusión social por razones de
salud, pues el sistema pensional ya le proporciona las condiciones materiales que
justifican la aplicación de dicha garantía. Aunque el Tribunal entendió correctamente los
límites que impone el estado de salud del servidor público al ejercicio de la facultad
discrecional, pasó por alto —como lo advirtió la entidad demandada— que la señora
Bermeo percibe una pensión de vejez desde 2015, circunstancia que, además, genera
una incompatibilidad con el ejercicio simultáneo del cargo de Defensora Regional,
conforme lo dispone el artículo 128 de la Constitución Política.

38. Por lo anterior, esta Subsección revocará la decisión de primera instancia, al
considerar que el retiro de la demandante obedeció al ejercicio legítimo y razonable de la
facultad discrecional, sin que se evidencie una afectación ilegítima de su estabilidad
laboral ni una violación de sus derechos fundamentales, dada la existencia de una
pensión que asegura sus condiciones materiales de vida.

Condena en costas

39. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Además, dispone que, en todo
caso, se condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley

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Demandante: María Esperanza Bermeo Diaz

2080 de 2021. De lo anterior se colige que, para la imposición de costas, se deben
emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.

40. En el caso concreto, no se advierte que la demanda haya carecido de manera
manifiesta de fundamento legal, por lo cual, se prescindirá del estudio del elemento
valorativo y, en consecuencia, se abstendrá de imponer condena en costas en ambas
instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

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