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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2022-00062-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2022-00062-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, el cual quedará así: 2. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR en abstracto para que la demandante o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP promueva incidente de liquidación de sentencia. Para tal efecto, deberá el peticionario presentar escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía en la que se i) se tome en la base de cotización de salud, pensión y ARL, el concepto de viáticos permanentes en aquella parte de manutención y alojamiento debidamente acreditada y sin perjuicio del límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; ii) eliminar los ajustes a SENA e ICBF en relación con la exoneración del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 para los trabajadores enlistados en el escrito de subsanación de la demanda; iii) eliminar los aportes a pensión y FSP del trabajador Vasco Sepúlveda José Augusto por los meses de septiembre a noviembre de 2013; iv) eliminar los ajustes para los siguientes aprendices y subsistemas: Yuliana María Aguirre (2013-12, pensión y CCF); Vanessa García Zapata (2013-5-6-7-8-9-10, pensión y CCF); Maribel Daza Díaz (2013-12, pensión y CCF); Carlos Enrique López Marín (2013-1, pensión, CCF e ICBF); v) eliminar los ajustes a salud, pensión, ARL y CCF del trabajador Gómez Rodríguez Jonathan para el mes de marzo de 2013; y vi) se modifique las sanciones por omisión e inexactitud en la forma que corresponda. 2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 66001-23-33-000-2022-00062-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 66001-23-33-000-2022-00062-01 (30862)
Demandante INGENIO RISARALDA S.A.
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes. Cargo nuevo en la apelación.
Vacaciones. Exoneración de aportes. Pensionados.
Incapacidad. Aprendices Sena. Error en la digitación de la
cédula. Pagos no salariales. Condena en abstracto. Condena
en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, que resolvió lo siguiente1:
1. DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución Liquidación Oficial No. RDO 2019-
01546 del 31 de mayo de 2019 y de la Resolución Recurso Reconsideración No. RDC –
2021-01374 del 19 de mayo de 2021, mediante las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, determinó ajustes por omisión en la afiliación, mora en el pago de los aportes e
inexactitud en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos
de enero a diciembre de 2013 y sancionó a la sociedad demandante Ingenio Risaralda
S.A., por la conducta de omisión e inexactitud, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad que antecede y, a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a
realizar una nueva liquidación respecto de los aportes al sistema de seguridad social a
cargo de la sociedad demandante, en la cual i) por cada uno de los trabajadores
respecto del concepto viáticos permanentes, solo tenga como base gravable para los
aportes a salud, pensión y riesgos laborales, la manutención y el alojamiento que
hubieren sido acreditados, sin perjuicio del límite legal contenido en el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010; ii) elimine los ajustes propuestos frente a la trabajadora Daza Díaz
Maribel por el subsistema de “PENSIÓN”, por la conducta “OMISOS CALCULO ACTUARIAL”
por el mes 12 y por el subsistema “CCF”, por la conducta de “Omisión” por el mismo mes
12, al ostentar la condición de aprendiz para dicho mes y, por ende, estar exenta de
efectuar cotizaciones a dichos subsistemas; y iii) modificar las sanciones por omisión e
inexactitud, si a ello hay lugar, como consecuencia de la condena impuesta en esta
sentencia; todo con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de este fallo.
3. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo aquí expuesto.

4. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia.
5. Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente.

1
Samai del Tribunal. Índice 27.

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Radicado: 66001-23-33-000-2022-00062-01 (30862)
Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2018-01959 del 31 de octubre
de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió la resolución RDO
2019-01546 del 31 de mayo de 2019, en la cual liquidó a cargo de la demandante
los aportes por mora, omisión e inexactitud por los períodos de enero a diciembre
de 2013, y la sancionó por las últimas dos conductas.

La demandante presentó el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la
resolución RDC 2021-01374 del 19 de mayo de 2021, en el sentido de disminuir el
monto de los aportes y las sanciones2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Se declare la NULIDAD TOTAL de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO-2019-01546 del 31 de mayo de 2019: “Por medio de la cual se
profiere liquidación oficial a INGENIO RISARALDA S.A. con NIT: (…), por omisión en la
afiliación, mora en el pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
al Sistema de la Protección Social” por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($436.636.688),
sanción por omisión, por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($6.842.800) y sanción por inexactitud por la suma de
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
PESOS MCTE ($218.139.164)

2. Resolución No. RDC-2021-01374 del 19 de mayo de 2021: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2019-
01546 del 31 de mayo de 2019, a través de la cual se profirió sanción a INGENIO RISARALDA
S.A. con NIT: (…), por omisión en la afiliación, mora en el pago de los aportes e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social” por la suma de CIENTO
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($188.364.758), sanción por omisión, por la suma de UN MILLÓN
CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.409.200), y sanción por inexactitud
por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($82.442.457).

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

1. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en caso
de NO conceder la pretensión principal de NULIDAD TOTAL de los anteriores actos,
solicitamos se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la
presente demanda, y si es del caso, proceda a realizar una reliquidación en solo lo
desfavorable a mi poderdante de la presunta deuda fijada por la UGPP, declarando la
nulidad parcial de los siguientes actos:
A. Resolución No. RDO-2019-01546 del 31 de mayo de 2019: “Por medio de la cual se
profiere liquidación oficial al INGENIO RISARALDA S.A. con NIT: (…),” por la suma de (…).

2
Los antecedentes administrativos obran en el Samai del Tribunal. Índice 16
3
PDF en el que subsana la demanda, puntualmente frente a las pretensiones. Samai del tribunal, índice 8

2
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Radicado: 66001-23-33-000-2022-00062-01 (30862)
Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

B. Resolución No. RDC-2021-01374 del 19 de mayo de 2021: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2019-
01546 del 31 de mayo de 2019 (…)”
2. De igual forma, Señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al haber
interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado caso se
obligue a realizar un pago por sanciones. Solicitamos cordialmente se le EXONERE del pago
de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi
representado por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente planilla tipo J, la cual
se utiliza para condenas de sentencia judicial.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

1. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP practicar
una nueva liquidación de las contribuciones al Sistema de la Protección Social por los
subsistemas de Salud y Pensión, Arl, Caja de Compensación, ICBF y SENA por los meses
de enero a diciembre de 2013 de acuerdo a la nulidad que se decrete por su despacho, e
igualmente se reliquide la sanción a que haya lugar por la reliquidación de las
contribuciones al sistema de la protección social.
CONDENA EN COSTAS

Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 48,
y 338 de la Constitución Política; 708 y 730 (numeral 2) del Estatuto Tributario; 9 del
Código Sustantivo del Trabajo; 178 de la Ley 1607 de 2012; 50 de la Ley 1739 de
2014; y 21 del Decreto 575 de 2013. Los argumentos de nulidad se resumen de la
siguiente manera:

1. Debido proceso. Motivación de los actos

Expuso que la UGGP, sin sustento ni pruebas, tomó los valores contables de
contratos de prestación de servicios y los convirtió en salariales, vulnerando el
principio seguridad jurídica y dando lugar a la falsa motivación de la actuación
administrativa.

2. Pagos no salariales y competencia UGPP

Reprochó que la entidad categorizara determinados conceptos como salariales
pese a que no lo eran, puntualmente los viáticos, que al ser reconocidos de manera
ocasional de ninguna manera integraban la remuneración. Además, los «suma al
100% sin realizar la operación consistente en el 40%».

Advirtió que el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo facultó a las partes
para que acordaran que ciertos emolumentos no fueran salariales, pero por ello no
se podía cambiar la naturaleza que la ley le otorgó a los viáticos, de manera que
era improcedente su inclusión en la base de cotización, aun cuando fueran para
alojamiento o manutención.

Si bien la empresa realizó unos aportes de manera incompleta, lo que conllevó a
errores en el IBC, lo cierto era que lo calculado por la entidad también presentaba
inconsistencias al incluir conceptos que no eran salariales en el 100%, lo cual se
identificaba con los registros cuestionados. Agregó que solo el juez laboral tenía la
competencia para mutar la naturaleza de los pagos reconocidos a los empleados,
dado que la Ley 1151 de 2007 no facultó a la demandada para ello.

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Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

3. Vacaciones

Alegó la incorrecta determinación de los aportes para aquellos casos en que se
presentó esta novedad, pues no se tomó el IBC del mes anterior como dispone el
artículo 70 de Decreto 806 de 1998. Transcribió una imagen con el nombre de las
personas por las cuales debían eliminarse los ajustes.

4. Exoneración de aportes

Explicó que en el concepto devengar que contempla el artículo 25 de la Ley 1607
de 2012, para acceder a la exoneración de los aportes, no se debe incluir el pago
de vacaciones para establecer el límite de los 10 SMMLV4, lo que significaba que las
cotizaciones hechas por la empresa a SENA e ICBF fueron correctas. Refirió que
enlistó los trabajadores cuyos ajustes deben verificarse.

5. Aportes a pensión

Adujo que la entidad le impuso a la sociedad sanción por omisión en el subsistema
de pensión respecto de algunos de sus trabajadores, pese a que al inicio del proceso
de fiscalización ya habían cumplido con los requisitos para que le fueran
reconocidas sus pensiones de vejez, motivo por el cual cesó la obligación de cotizar
en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993. Esto se soportaba con la
resolución de pensión, devolución de saldos o indemnización sustitutiva, sin
embargo, en caso de faltar alguna documentación, la UGPP, en aplicación del
artículo 9 del Decreto 019 de 2012, podía solicitar a las administradoras la
documentación faltante y que estimara necesaria.

Relacionó varios trabajadores manifestando que en el caso del empleado Jorge
Eliécer Sánchez Echeverry tampoco estaba obligado a cotizar por tratarse de un
pensionado activo y en la respectiva planilla se marcó el subtipo de cotizante 1,
novedad que pasó por alto la administración.

6. Mora injustificada

Alegó que la demandada realizó una presunción de días sin fundamento alguno,
pues en las planillas de liquidación de aportes se presentaban la novedad de
«vacaciones», determinando así una deuda inexistente conforme a la situación real
del trabajador y pasando por alto los extremos de la relación laboral. Para el efecto,
transcribió un cuadro en el que individualizó al trabajador Taborda Benjumea Albeiro
quien presentó la novedad IRL (incapacidad por riesgos laborales) por 30 días
durante varios meses, por lo cual no debieron generarse pagos parafiscales (CCF,
SENA e ICBF) ni ARL.

Además, dentro de la información entregada a la UGPP, se encontraban los valores
por las novedades de días, siendo su deber realizar los cruces de información.

7. Salario integral e incapacidad

Explicó que, para aquellos trabajadores que percibían un salario integral, la
administración les estaba sumando el 100% de las incapacidades, cuando por
disposición legal los aportes se debían cancelar sobre el 70%. Es decir, que las
incapacidades de origen común para esos casos se debían liquidar sobre el IBC

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Citó la Resolución 5304 de 2015 proferida por la Superintendencia de Salud

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reportado del 70% y de ahí era procedente sacar el porcentaje que la ley señala
que es el 66.66%, dando como resultado el monto de la incapacidad a favor del
empleado. Refirió que esta situación se presentó respecto de 2 trabajadores.

8. Aprendices SENA

Precisó que, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.5 del Decreto 1072 de 2015, no
se deben realizar aportes a pensión ni subsidio familiar para los aprendices, por
cuanto no tenían vinculación laboral. Enlistó las personas con esta condición.

9. Error de digitación en la cédula

Explicó que, por un error humano, las cotizaciones para algunos empleados se
hicieron a una cédula diferente, lo que generó que los aportes no se vieran reflejados
al momento de realizarse el cruce de información. Sin embargo, en esos casos, los
mismos operadores corrigen de manera automática en sus sistemas los errores,
así mismo, se puede solicitar la corrección al operador PILA. Refirió los 4 registros
por los cuales alegó la irregularidad.

Oposición de la demanda

La UGPP controvirtió las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente5
:

Frente a la motivación de los actos sostuvo que, aparte de tratarse de un aspecto
planteado solo con la demanda, la sociedad no identificó los casos o trabajadores a
los que presuntamente se modificaron los pagos percibidos por concepto de
contratos de prestación de servicio. De manera que, ante la falta de actividad
probatoria por parte de la interesada, el juez no podía convertirse en el auditor del
proceso de fiscalización para proceder con el saneamiento de algo que no fue
discutido previamente.

Sobre los pagos no salariales advirtió que la empresa reconoció haber realizado los
aportes de una manera incompleta, pero al margen de ello, al realizar el estudio de
habitualidad en el pago de los viáticos para 3 trabajadores, se pudo encontrar que
fueron reconocidos en 11 de los 12 meses del año 2013, lo que los convertía en
permanentes y constituyen factor salarial.

Agregó que la UGPP en ningún momento asumió competencias propias de la
jurisdicción laboral, pues solo tomó la información reportada por la demandante para
efectos de determinar el IBC, sin que ello implique la modificación de los extremos
laborales.

En cuanto a las vacaciones, luego de ejemplificar la forma en que se liquidó la base
de cotización para 3 trabajadores, afirmó que el ejercicio desplegado por la entidad
fue el correcto en la medida que observó la información remitida por la sociedad.

Referente a la exoneración de aportes advirtió que, además de tratarse de un
argumento que tampoco hizo parte del recurso de reconsideración, el concepto
devengar para establecer el límite de los 10 SMMLV, se obtenía de la sumatoria de
los pagos que eran salariales y los que no lo eran, así como los emolumentos por
mera liberalidad, las vacaciones y las licencias remuneradas.

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Samai del Tribunal. Índice 16.

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Luego, tomó el caso de 3 trabajadores para concluir que el cálculo de la base de
cotización fue correcto para los subsistemas de SENA e ICBF, pues en ninguno de
los casos se percibieron menos de 10 salarios

Sobre los pensionados y la obligación de cotizar a ese subsistema puso de presente
que se trataba de un asunto discutido solo en sede judicial. Así mismo, y pese a
que desde el requerimiento de información fueron solicitadas las pruebas que
acreditaran esa condición, la empresa allegó únicamente las resoluciones de
pensión para 3 de sus empleados y de éstos solo el caso del señor Augusto Velasco
Sepúlveda presentó ajustes por mora para septiembre a noviembre de 2013, toda
vez que se reconoció como jubilado desde el 1 de diciembre del mismo año.

Agregó que era deber de los administrados allegar las pruebas que estimaran
pertinentes para desvirtuar la presunción de veracidad de las decisiones
administrativas, más aún por tratarse de soportes que acreditaran el cumplimiento
de los requisitos para acceder a la pensión o que ya gozaran de esta.

En cuanto a los cargos por mora injustificada y salario integral adujo que, además
de tratarse de situaciones que no fueron planteadas en sede administrativa, para el
trabajador Albeiro Taborda Benjumea, quien fue alegado en la demanda, en la
nómina que entregó la demandante nunca se registró la incapacidad, en la PILA no
se reportó la incapacidad y tampoco allegó alguna prueba documental al respecto,
como un soporte médico, pese a que era su carga hacerlo.

Precisó que, la incapacidad no es un pago salarial, sino que corresponde a un auxilio
o subsidio monetario según el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, por
ende, no estaba sujeta a lo establecido frente a la norma general del salario integral.
En su lugar, esa novedad se liquida y paga con el 100% del IBC.

En cuanto a los aprendices del SENA planteó que se trataba de un argumento que
solo fue presentado con la demanda. No obstante, luego de consultar varios casos
en la base de la entidad educativa, concluyó que algunos no contaban con el
contrato requerido, y frente a otros los soportes no permitieron desvirtuar la calidad
de trabajadores para los períodos en los que se determinaron ajustes.

Respecto a los errores en la digitación de cédulas consideró que también se trataba
de un asunto nuevo, pero que al revisar el caso de Jonathan Gómez Rodríguez se
encontraron los aportes con un número de identificación distinto, siendo deber de la
parte interesada solicitar la corrección ante las diferentes administradoras y enviar
las cartas de respuestas confirmando la respectiva modificación en la base PILA,
pues de lo contrario no había lugar a eliminar los ajustes.

Agregó que los actos demandados se fundamentan en la información allegada por
la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 742 del Estatuto
Tributario, siendo deber de la interesada ejercer su derecho de defensa y
contradicción a fin de desvirtuar las valoraciones desplegadas por la entidad.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda por lo siguiente6:

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Samai del Tribunal. Índice 27.

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1. De la motivación de los actos y la vulneración al debido proceso

Precisó que en principio no es posible estudiar cargos que no fueron planteados en
sede administrativa, a menos, como en este caso, que se esté invocando la
vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso referente a la
motivación de los actos, lo cual incide directamente en la defensa del administrado,
haciendo la salvedad que la falta de motivación si fue objeto del recurso de
reconsideración.

En todo caso, el cargo no estaba llamado a prosperar debido a que los argumentos
eran contradictorios, pues por un lado la empresa alegaba tanto la falta como la
falsa motivación. Afirmó que en realidad lo que planteaba la empresa era que la
demandada tomó valores contables de contratos de prestación de servicios para
convertirlos en salariales, pero sin especificar frente a qué conceptos, trabajadores
o contratos se configuraba la violación al debido proceso.

Advirtió que, durante la fiscalización, se ofrecieron todas las garantías inherentes al
procedimiento administrativo, lo que le permitió a la interesada atender los
requerimientos y presentar el recurso de reconsideración allegando las pruebas que
estimara convenientes. Además, se explicaron con suficiencia los ajustes,
empleados, conductas fiscalizadas y períodos, todo lo cual quedó recopilado en los
archivos Excel.

2. Pagos no constitutivos de salario. Viáticos

Indicó que la UGPP, en ejercicio de las facultades asignadas por el legislador, podía
establecer si determinados conceptos tenían o no carácter salarial, sin que ello
implicara ejercer competencias del juez laboral.

Explicó que los viáticos permanentes, por disposición del artículo 130 del Código
Sustantivo del Trabajo, constituyen salario en aquella parte destinada a alojamiento
y manutención, y eran precisamente estos los que debían integrar la base de
cotización, los cuales según los actos estarían sujetos al límite del 40%. Además,
estaba acreditada la existencia de una convención colectiva entre la sociedad
demandante y el sindicato nacional de trabajadores de la industria del dulce
SINTRAIDUBAR, en cuya cláusula séptima se acordó que los viáticos no podían
considerarse como salario, acuerdo que no controvirtió la demandada.

De esta manera, era errado que la UGPP pasara por alto el acuerdo de desalarización
suscrito por la empresa y tomara todo lo recibido por los empleados como gastos
de viaje o reembolsos de gastos que los trabajadores efectuaron a título de viáticos
permanentes y los sometiera al límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, puesto
que solo se componen de alojamiento y manutención.

En ese contexto declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó a la
demandada realizar una nueva liquidación de los aportes en la que los ajustes por
concepto de viáticos permanentes solo integren la base gravable para salud,
pensión y riesgos laborales, en aquella parte que se trate de manutención y
alojamiento que hubieren sido acreditados dentro de la actuación y excluya los
demás, sin perjuicio del límite del 40%, producto del pacto de exclusión salarial.
Precisó que esto no implicaba una nueva oportunidad probatoria para la
demandante, en cuanto la nueva determinación debía efectuarse con base en lo
que ya estaba soportado en la actuación administrativa.

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Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

3. Vacaciones o permisos remunerados

De manera previa, indicó que no se trataba de un hecho nuevo sino un argumento
y fundamento de derecho novedoso respecto de lo planteado en el recurso de
reconsideración, por tanto, era procedente su análisis, pues de conformidad con el
precedente del Consejo de Estado, a las partes les era permitido presentar nuevos
alegatos en la etapa jurisdiccional.

Luego de revisar el Excel de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, afirmó que las diferencias referidas por la empresa, en relación
con el IBC del mes anterior, obedecía a un cálculo erróneo al momento de efectuar
las operaciones correspondientes para obtener el valor de la licencia, permiso o
vacaciones con el ingreso base de cotización del mes anterior, el cual correspondía
al mismo valor que tuvo en cuenta la sociedad para hacer el cálculo, con excepción
de 2 trabajadores (Flórez Cano Hernán de Jesús y García Restrepo Ramón
Antonio), donde la sociedad tomó como valor por permiso o licencia sumas
diferentes a las reportadas en el anexo y desconociendo también los días
reportados como trabajados en ese mismo mes, para efectos de determinar el valor
del día laborado y con base en ello obtener el monto de la cotización respecto de
dichas novedades.

Precisó que dicha información no era discutida por la demandante, por el contrario,
quedó acreditado que la entidad sí tomó el IBC del mes previo para calcular la
cotización por concepto de permisos, licencias o vacaciones en el mes de su
disfrute, sin que se evidencien las diferencias pregonadas por la sociedad. Acto
seguido, el tribunal revisó el caso de varios trabajadores negando con ello el cargo.

4. Exoneración de aportes

Como ocurrió antes, era viable analizar este cargo por cuanto las partes en la vía
jurisdiccional podían discutir fundamentos de derecho que no fueron puestos en
consideración en la sede administrativa.

Señaló que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, las vacaciones
integran el ingreso base de cotización de los aportes a SENA, ICBF y CCF. Por su
parte, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 que consagra este beneficio hace
referencia al devengo de 10 salarios. Citó el concepto 201611201243361 del 28 de
abril de 2016 emitido por la entidad y consideró que no era aplicable al caso, pues
además de haber sido expedido de manera posterior a los períodos fiscalizados,
era ambiguo en la interpretación de incluir o no en el IBC los descansos.

Por el contrario, era pacífica la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se
ha sostenido que los descansos remunerados o compensados hacen parte de la
cotización a los parafiscales, por lo que al analizarse el valor devengado si debían
incluirse las vacaciones para efectos de determinar la exoneración. Negó el cargo.

5. Pensionados

Refirió que era procedente su análisis al tratarse de un argumento y no un hecho
nuevo. Sin embargo, negó su prosperidad debido a que la actora omitió cumplir con
su carga de demostrar que los trabajadores con ajustes se encontraban realmente
pensionados o que por lo menos cumplieran con los requisitos de edad y semanas
para alcanzar su derecho.

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Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

6. Novedad de incapacidad

Luego de mencionar que había lugar a estudiar este argumento, señaló que cuando
se presentaba la mencionada incapacidad se pagaba un auxilio monetario que
debía tenerse en cuenta para el ingreso base de cotización de salud, pensión y
fondo de solidaridad y no para ARL, ICBF y SENA. En todo caso, al revisar las pruebas
tampoco se advertía que para los meses de febrero a diciembre de 2013 en las
nóminas se hubiere reportado incapacidad del señor Albeiro Taborda Benjumea.

En lo referente a las personas con salario integral, explicó que en los términos del
artículo 18 de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones se calcularan sobre el 70% de
dicho salario, pero en los términos de artículo 40 de Decreto 1406 de 1999, para
efectos de salud, pensión y FSP, debe tomarse como IBC el 100% de la incapacidad.

7. Aprendices Sena

Al igual que en cargos precedentes el a quo estudió el asunto. Revisó los contratos
allegados por la sociedad con el recurso de reconsideración y encontró que solo
uno de ellos correspondía a uno de los aprendices demandados (Daza Díaz
Maribel), desde el 8 de agosto de 2013 al 7 de febrero de 2014. De manera que los
ajustes propuestos por la conducta de omisión para pensión y CCF por el mes de
diciembre carecían de sustento legal. Prosperó parcialmente.

8. Error en la digitación de la cédula

Adujo que había lugar a su estudio en vía judicial y posteriormente manifestó que
aun cuando se presentó un error en la identificación del trabajador Jonathan Gómez
Rodríguez, debían mantenerse los ajustes propuestos por la UGPP, no solo porque
tenían origen en el marco de sus atribuciones legales, sino también porque tal
falencia carecía de entidad suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos.

En su lugar, era necesario que la parte interesada solicitara a cada administradora
la corrección del yerro mediante la planilla N en los términos del artículo 39 del
Decreto 1406 de 1999, en concordancia con el artículo 14 de la Resolución 3214 de
2012, que consagran como deber de los empleadores informar las novedades
laborales de los afiliados, procedimiento que no se evidenciaba en este caso.

Por lo anterior y dada la prosperidad de algunos cargos, el restablecimiento del
derecho se concentró en ordenar la reliquidación de los aportes i) tomando como
base los viáticos sólo en la parte de manutención y alojamiento que estén
debidamente acreditados y sin perjuicio de límite del artículo 30 de la Ley 1393 de
2010; ii) eliminando los ajustes a pensión de la aprendiz Daza Díaz Maribel por el
mes de diciembre y para los subsistemas de pensión y CCF; y iii) modificar las
sanciones de omisión e inexactitud.

Negó lo relacionado con la planilla tipo J por cuanto las sanciones a que podía
exponerse la demandante no tenían origen en la sentencia sino en los actos de
fiscalización acusados en aquella parte que quedó vigente, y, por otro lado, el uso
de esa planilla dependía de los reglamentos y la situación particular de la aportante,
por lo que era improcedente impartir alguna directriz al respecto.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas porque no estaban debidamente
probadas, ni existió conducta que así lo ameritara.

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Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

Recursos de apelación

Las partes apelaron la sentencia de primera instancia

La UGPP7, luego de transcribir los argumentos expuestos por el Tribunal para
declarar la nulidad parcial, señaló que al abrir el archivo PDF que contiene el contrato
de la señora Daza Díaz Maribel, por el cual se le dio la razón a la demandante, se
evidenciaba que correspondía a otra persona, esto es, a Mariana Arias Castillo. En
ese sentido, no existía prueba del acuerdo laboral como aprendiz universitario de
Daza Díaz Maribel, situación que fue advertida desde la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración. Por ende, debía revocarse la decisión de primera
instancia para negar la totalidad de las pretensiones.

La demandante en su recurso planteó lo siguiente8:

1. Caducidad

Expuso que, por disposición del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la UGPP cuenta
con el término de 5 años para fiscalizar los aportes al sistema de seguridad social,
los cuales se cuentan desde la fecha en que ocurre la conducta de mora, inexactitud,
u omisión y hasta el momento en que la entidad profiere la liquidación oficial, so
pena de configurarse la caducidad. Como en este caso se notificó la liquidación
oficial el 31 de mayo de 2019, ya estaba fenecido el término para fiscalizar los
períodos comprendidos entre enero a abril de 2013, lo que conllevaba la nulidad
total de la actuación administrativa.

2. Pagos no salariales

Sostuvo que, si bien el cargo le fue favorable, el Tribunal no fue claro en definir los
valores que se debían disminuir de la base gravable, lo cual era de suma
importancia debido a que la UGPP al hacer las nuevas liquidaciones omite incluir
todo lo indicado en la decisión judicial.

3. Vacaciones

Adujo que el a quo realizó un análisis inadecuado ya que el IBC en período de
vacaciones no se liquida sobre la misma prestación sino con el salario ordinario
devengado por el trabajador antes de iniciar el descanso, toda vez que no existe
prestación de servicios efectiva sino suspensión con pago de salario. De manera
que, al no considerar el salario del mes anterior, la sentencia apelada inducía a un
error en la determinación de los aportes, perjudicando con ello a los trabajadores y
al sistema. Puso de presente que con la demanda se indicaron los trabajadores que
presentaban la situación.

4. Exoneración de aportes

Reprochó que con la sentencia de primera instancia se aceptara que la entidad
generara aportes bajo la conducta de mora en los subsistemas de SENA e ICBF sin
tener en cuenta que los trabajadores no superaron los 10 SMMLV, esto debido a que
sumó el valor correspondiente a vacaciones para establecer el límite para acceder
a la exoneración, aun cuando en concepto de la misma entidad, los pagos por dichos

7
Samai del Tribunal. Índice 31.
8
Samai del Tribunal. Índice 32.

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descansos no se debían tener en cuenta para delimitar la base que permite acceder
al beneficio.

Como en la demanda, hizo referencia a la resolución 5304 de 2015 expedida por la
Superintendencia de Salud que consagra los requisitos para la exoneración.

5. Pensionados

Consideró que el Tribunal impuso una carga desproporcionada teniendo en cuenta
que en el expediente obraban otros elementos de convicción suficientes para
demostrar la condición de pensionado y la improcedencia en el doble pago del
aporte. Así, debía prevalecer el derecho material sobre el formal, más aún al exigir
una prueba documental sobre la protección de los intereses financieros de la
sociedad.

Por esta razón debía disponerse un estudio de fondo de la pretensión, declarando
la improcedencia en el pago de aportes por un pensionado, aunque no se haya
aportado la resolución del reconocimiento del derecho, toda vez que existían
pruebas diferentes para acreditar la situación.

6. Incapacidad

Alegó que la liquidación por parte del a quo de los aportes se hizo con un IBC
calculado sobre el salario mensual ordinario y sin tener en consideración los días
de incapacidad médica que disminuyen la base para ese período. Dicha omisión
implicó que se tomara como base un ingreso irreal, desconociendo así que durante
los días de la novedad en cuestión se paga es un auxilio reconocido por la EPS y no
un salario. En la demanda se explicaron cada una de las condiciones de los
trabajadores cuyos ajustes debían eliminarse

7. Aprendices SENA

Si bien el cargo le fue favorable, indica que la sentencia no fue clara en definir cuáles
eran los valores que debían disminuir ya que la UGPP al realizar las nuevas
liquidaciones no cumplía con lo indicado en la instancia judicial, por ello era
necesario indicar el monto del capital que debía deducirse. Además, no se accedió
a la totalidad de lo pedido en este asunto, razón por la cual debía declararse la
nulidad para todos los aprendices.

8. Error en la digitación de la cédula

Insistió en que los pagos a seguridad social se realizaron oportunamente, pero se
presentó un yerro en el campo de identificación. Sin embargo, el a quo desestimó
la situación pese a existir prueba del desembolso de los recursos al sistema,
convirtiendo así un error formal en un obstáculo para reconocer el cumplimiento de
la obligación.

Oposición a la apelación

Las partes no se pronunciaron.

Intervención del Ministerio Público

El agente del ministerio guardó silencio.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección decidir los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones RDO-2019-01546 del 31 de mayo de 2019 y RDC 2021-01374 del 19 de
mayo de 2021, por medio de las cuales la UGPP le determinó a la demandante los
aportes al sistema de seguridad social por inexactitud, omisión y mora, por los
meses de enero a diciembre de 2013 y la sancionó por las primeras dos conductas.

Como cuestión previa, la Sala advierte que en el recurso de apelación la parte
demandante formuló el cargo relacionado con la caducidad de la potestad de
fiscalización de la UGPP debido a que habían transcurrido más de los 5 años que
prevé el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 entre las conductas fiscalizadas y la
notificación de la liquidación oficial.

La Sección no se pronunciará al respecto, comoquiera que se trata de un asunto
que solo fue planteado con la presentación del recurso de apelación. Ha sido
constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las partes la inclusión
en sede de apelación de cargos y argumentos novedosos, desconocidos y ausentes
a lo largo del debate judicial, pues supone el planteamiento de cuestiones que no
han sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que regulan
el derecho procesal administrativo y las garantías al debido proceso9.

Así mismo, se pone de presente que pese a que el tribunal accedió al cargo
relacionado con los viáticos y su inclusión en la base de cotización la administración
no presentó un reparo al respecto. Sin embargo, la demandante, reconociendo que
le fue favorable este asunto presentó un cargo de apelación relacionado con la
aclaración de los valores que fueron objeto de pronunciamiento del a quo, por lo
que se resolverá únicamente este asunto.

Precisado lo anterior, los cargos analizar en esta instancia corresponden a los
siguientes: i) la determinación de los aportes con la novedad de vacaciones; ii) la
exoneración de aportes; iii) la obligación de los pensionados de cotizar; iv) la
novedad de incapacidad; v) los aprendices del SENA; y vi) error en la digitación de la
cédula y vii) la inclusión de pagos no salariales

Análisis del caso concreto

1. Vacaciones

La demandante manifestó que el IBC durante el período de vacaciones no se debe
liquidar sobre la misma prestación sino con el salario ordinario devengado por el
trabajador antes de iniciar el descanso, toda vez que no existía prestación de
servicios sino una suspensión con pago de salario.

En la sentencia de primera instancia se expuso que al revisar el SQL de la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración, podía advertirse que las diferencias
alegadas por la demandante «obedece a un cálculo erróneo al momento de efectuar las
operaciones correspondientes para obtener el valor de la licencia, permiso o vacaciones, con base

9
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de abril de 2021, exp 25427, reiterada el 21 de agosto de 2025,
exp 29803 ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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en el IBC del mes anterior, que por cierto corresponde al mismo valor que tiene en cuenta el actor al
hacer su cálculo -excepto para el caso del señor Flórez Cano Hernán de Jesús (mes 4) y García
Restrepo Ramón Antonio (mes 7)- donde el actor toma como valor de permiso o licencia sumas
diferentes a las reportadas en dicho anexo (46.369 y 69.155)».

Acto seguido refirió que si bien tomó la base de cotización del mes anterior como lo
establece la normativa, lo cierto era que la sociedad demandante no tuvo en
consideración el número de días reportados como trabajados en ese mismo período
para efectos de establecer el valor del día laborados. Posteriormente, el a quo
enlistó una serie de empleados calculando el IBC para cada uno, en el que se
evidencia la base del mes anterior como los días de la novedad y, con fundamento
en ello, negó el cargo de nulidad.

De conformidad con el anterior recuento, la Sección estima que los argumentos
planteados por la demandante en nada desvirtúan el análisis desplegado por el a
quo, nótese como solo se limita a señalar que durante el período de vacaciones se
debe tomar el salario anterior al inicio del descanso, pero nada dice sobre los errores
en el cálculo de los días trabajados que advirtió el Tribunal, así mismo, tampoco
plantea algún reparo frente a los valores tomados para cada uno de los empleados.

De esta manera, lo que se advierte, entonces, es una inconformidad por parte de la
sociedad frente al estudio del Tribunal, pero frente al cual no propone reparos
puntuales, como lo exige el artículo 320 del Código General del Proceso10, que
habiliten analizar el asunto de manera diferente.

La Corte Constitucional ha asumido la misma posición, pues ha precisado que la
finalidad del recurso de apelación es «controvertir una decisión judicial y provocar la
intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste del aparato judicial, y en
merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el fallador una
cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada
las razones de la discrepancia»11

En consecuencia, al no refutarse lo dicho en primera instancia, se niega el asunto.

2. Exoneración de aportes

Según la demandante para los trabajadores que devengaron menos de 10 SMMLV
no debía liquidarse aportes a los subsistemas de SENA e ICBF, destacando que el
cálculo de la entidad era errado porque incluyó lo pagado por vacaciones al
momento de establecer el límite para acceder a la exoneración.

Para decidir lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 25 de la Ley 1607 de
2012, determinaba:
Artículo 25. A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de
retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE),
y en todo caso antes del 1º de julio de 2013, estarán exonerados del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los

10
ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.
11
Sentencia SU-418 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, reiterada por la Sección en sentencias del 8 de agosto
de 2024, exp 27381 y el 8 de mayo de 2025, exp 27269, ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutierrez
Argüello

13
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trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos
legales vigentes.

Por su parte el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, que reglamentó parcialmente
la Ley 1607 de 2012, estableció:
Artículo 7º. EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES. Las sociedades y personas
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE, están
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
(…)
Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la
totalidad de lo devengado por el trabajador.

Por lo anterior, la Sección ha manifestado que i) en el caso de los aportes
parafiscales a ICBF y SENA, la norma establecía que la exoneración aplicaba a partir
de la reglamentación del Gobierno Nacional sobre el sistema de retenciones en la
fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE, lo cual
se materializó mediante el artículo 2 del Decreto 862 de 2013, es decir a partir del
1 de mayo de año 2013; y ii) se ha entendido que el concepto devengo debe referirse
únicamente a los pagos que reciba el trabajador por concepto de salario12.
Al respecto se tiene que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo consagra
que el salario se constituye no solo por la remuneración ordinaria, variable o fija,
sino «todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del
servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos,
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en
días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones», de ahí que la Sección
en sentencia de unificación13 sobre la interpretación del artículo 30 de la Ley 1393
de 2010 estableciera en la primera regla de decisión que en los términos del
mencionado artículo 127 los factores constitutivos de salario son «los que por su esencia
o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador».

Comoquiera que la demandante discute la inclusión del concepto de vacaciones en
el total devengado, conviene precisar que según el numeral 1 del artículo 186 ibidem
«los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15)
días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas», además, el artículo 189 consagra los
eventos en los cuales se pueden compensar en dinero.
Ahora bien, sobre las vacaciones, esta Sección ha considerado que no son salario
«porque no se trata de retribución del servicio, sino de un descanso remunerado, no existe en ellas,
por tanto, la causa del salario, que es el servicio»14, postura compartida por esta
Corporación, específicamente la Sección Segunda, según la cual «constituyen un pago
que corresponde al reconocimiento en tiempo libre y en dinero a los empleados que cumplan un año
de servicios, pero no constituyen factor de salario»15

En ese sentido, se estima que lo pagado por vacaciones de ninguna manera puede
incluirse para determinar la procedencia de la exoneración de los aportes al SENA e

12
Consejo de Estado. Sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 25302 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en
sentencia del 12 de marzo de 2026, exp 30554 de la misma magistrada ponente.
13
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 9 de diciembre de 2021, exp 25185, M.P. Milton Chaves García.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de abril de 1993, exp. 4246, M.P. Delio Gómez Leyva
15
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 12 de marzo de 2020, exp 1959-2014, M.P. César
Palomino Cortés.

14
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ICBF. Esto es así porque la expresión «devengado» a que hace referencia el artículo
25 de la Ley 1607 de 2012 para establecer el límite de los 10 SMMLV debe
comprender únicamente los pagos que reciba el trabajador por concepto de salario,
como se mencionó en precedencia, calidad que no tienen las vacaciones, pues su
esencia no es remunerar el servicio, sino brindar un descanso luego del año de
labores.

Cuestión diferente es que una vez determinado que el trabajador si devengó más
de los 10 salarios y se estableció la obligación de cotizar, deba acudirse a lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 21 de 198216 que expresamente reconoce que
la base de los aportes parafiscales se compone de la nómina mensual, en la cual sí
están incluidas los descansos remunerados de ley, entre los cuales se encuentren
las vacaciones (ya sean remuneradas o compensadas).

Para resolver el caso concreto, se procedió a revisar, a manera de ejemplo, 3 de los
casos referidos en el escrito de subsanación de la demanda y se verificaron los
pagos reportados en el SQL con el fin de establecer si devengaron más de 10 salarios
mínimos que para el año 2013 corresponden a $5.895.000:

SUBSISTEMA PERÍODO PRIMA TOTAL
TRABAJADOR SALARIO DOMINICAL
DEMANDADO DEMANDADO EXTRALEGAL17 DEVENGADO
Leyton Bedoya
ICBF - SENA 2013-11 $1.311.471 $572.179 $2.606.514 $4.490.164
José Julián
Correa Jiménez
ICBF - SENA 2013-8 $1.177.652 $952.325 $3.176.071 $5.306.048
Gildardo
Marulanda Ospina
ICBF - SENA 2013-12 $505.619 $0 $4.424.163 $4.929.782
Gerardo Antonio

De conformidad con lo expuesto, opera la exoneración de aportes a SENA e ICBF,
comoquiera que le asiste razón a la demandante al señalar que no se pueden tomar
en cuenta conceptos ajenos a lo que efectivamente remunere el servicio prestado.
En consecuencia, el cargo de apelación prospera y se deben reliquidar los ajustes
de los trabajadores demandados por los períodos indicados en la demanda con el
fin de excluir las vacaciones del cálculo del total devengado para efectos de
establecer si operaba el beneficio invocado.

3. Pensionados

El Tribunal negó este cargo al considerar que la parte interesada no allegó pruebas
que demostraran el estatus de jubilación de los empleados demandados. En la
apelación, la demandante consideró que el juez de primera instancia impuso una
carga desproporcionada porque en el expediente obraban documentos que
demostraban tal condición.

Para dilucidar este aspecto18, se precisa tener en cuenta que, el artículo 17 de la
Ley 100 de 1993, (modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003), establece

16
ARTÍCULO 17. Para efectos de la liquidación de los aportes al Régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración (ESAP), Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, se entiende
por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagas hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes
del salario en los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley
Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y
convencionales o contractuales (…).
17
Estos pagos fueron tomados por la UGPP como no salariales para efectos de calcular el IBC, sin embargo, esto obedeció
a la existencia de una cláusula de desalarización en la convención colectiva de Trabajo 2012-2017 (página 15 de la
resolución RDC-2021-01374 de 2021), de ahí que si remuneran el servicio. Así mismo, la parte demandante solo cuestiona
la inclusión de las vacaciones y no solicitó que se eliminara esta prima.
18
Se puede consultar la sentencia del 30 de junio de 2022, exp 24815, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

15
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que «la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder
a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente»19.

En este caso, al revisar tanto los antecedentes administrativos como las pruebas
allegadas con la demanda, se encontraron 3 resoluciones de reconocimiento
pensional20, pero de allí solo un trabajador fue demandado, esto es, Vasco
Sepúlveda José Augusto.

Así, se tiene que según la resolución GNR 330335 del 1 de diciembre de 2013, se le
reconoció a este trabajador su estatus de pensionado a partir del 14 de agosto de
ese año. Revisado el SQL de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, se observa que los ajustes por mora en los subsistemas de
pensión y FSP se dieron para los meses de septiembre a noviembre de 2013, razón
por la cual hay lugar a ordenar su eliminación ante la acreditación de los requisitos
para esos períodos.

Sin embargo, para los demás empleados reportados en la demanda no aparecen
las resoluciones que demuestren la calidad que alega la sociedad, solo se
encontraron copia de las cédulas de ciudadanía21, documentos que dan cuenta de
la edad de los trabajadores, pero no del cumplimiento de los demás requisitos como
las semanas cotizadas. Al respecto, cabe recordar que de conformidad con el
artículo 167 del Código General del Proceso «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

Por lo anterior, este cargo tiene vocación de prosperidad de manera parcial al no
demostrar la condición de pensionado o el estatus para todos los trabajadores
demandados. En consecuencia, se modificará el restablecimiento del derecho, en
el sentido de eliminar los aportes a pensión y FSP del trabajador Vasco Sepúlveda
José Augusto por los meses de septiembre a noviembre de 2013.

4. Incapacidad

El Tribunal expuso que para el trabajador Albeiro Taborda Benjumea no se encontró
en la nómina reporte de la incapacidad por ninguno de los meses de febrero a
diciembre de 2013. Así mismo, respecto de los empleados Franco Pulgarín José
Antonio (2013-6) y Castro Vargas Eladio Enrique (2013-12), los cuales devengaron
salario integral, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, para
efectos del IBC por esta novedad debía tomarse el 100% de la incapacidad y no el
70% como lo alegaba la demandante.

En el recurso de apelación la interesada insiste en que la UGPP determinó los aportes
sobre el salario mensual sin tener en consideración los días de incapacidad médica
que disminuían la base gravable, lo que implicó la generación de una deuda irreal,
pues durante dicha novedad se pagaba era un auxilio por parte de la EPS y no un
salario.

Para la Sección, el reparo propuesto por la sociedad no desvirtúa el análisis hecho
por el a quo frente a los tres trabajadores mencionados, pues, por un lado, para uno
de ellos, advirtió la inexistencia de la novedad en la información de nómina, así como
las pruebas que lo demostraran, mientras que, para los otros dos, quienes percibían

19
Sobre el particular se pronunció la Corte, en sentencia C-529 de 2010, precisando que, la obligación de cotizar a pensión
cesaba al momento en que se cumplieran los requisitos para acceder al derecho pensional.
20
Antecedentes Administrativos. Parte I. 1. REQ. INFORMACIÓN. 4. Rad. 20147221075462_29-04-2014. CD 3.
21
Samai del Tribunal. Índice 1. Escrito de la demanda. Páginas 199 a 226 del PDF.

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salario integral, el estudio se limitó al porcentaje que debía tomar la entidad para la
determinación del IBC. No obstante, la interesada se dispuso a insistir en la
disminución de la base gravable y la generación de una deuda irreal por concepto
de aportes debido al pago de un auxilio por parte de las EPS, situación que en nada
controvierte lo dicho en primera instancia. No prospera el asunto.

5. Aprendices SENA

Tanto la demandante como la UGPP proponen reparos relacionados con este cargo,
por lo que se resolverán de manera conjunta.

La entidad aduce que el archivo PDF que le sirvió de fundamento al a quo para dar
prosperidad al asunto, no corresponde a la aprendiz Daza Díaz Maribel, sino a
Mariana Arias Castillo. De manera que no existía prueba del acuerdo laboral como
aprendiz. Por su parte la sociedad plantea que, si bien el cargo en principio le fue
favorable, era necesario definir los valores que debían sustraerse de la base de
cotización. Además, reprochó que no se hubiere accedido a la totalidad de lo pedido.

Para resolver este punto, se pone de presente que el artículo 30 de la Ley 789 de
2002, al definir el contrato de aprendizaje, dispuso que «Durante la fase práctica el
aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de
salud, durante las fases lectivas y práctica, el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad
Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes, y pagado plenamente por la
empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional.»

A su vez, el literal a) del artículo 5 del Decreto 933 de 2003 estableció que «Durante
las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud
y la cotización será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora, sobre la base de un salario
mínimo legal mensual vigente»

En ese contexto, se tiene entonces que, en la etapa lectiva y práctica, la empresa
patrocinadora deberá responder por la totalidad del pago de los aportes a salud y,
durante la parte práctica, también debe efectuar los aportes a ARL respecto de los
aprendices a su cargo22. Por consiguiente, no hay lugar a efectuar las cotizaciones
en los demás subsistemas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar la situación de los empleados
relacionados en el cuadro que obra en el escrito de la subsanación de la demanda
de conformidad con las pruebas 23 y los ajustes determinados por la entidad:
• Carlos Enrique López Marín (2013-1, pensión, CCF, ICBF): En el contrato consta que se
desempeñó como aprendiz entre el 11 de junio de 2012 y 10 de enero de 201324. Dado
que se encuentra probada la condición de aprendiz, deberán eliminarse los ajustes para el
mes de enero que fueron por 2 días trabajados en los subsistemas de pensión, CCF e ICBF.
• Yuliana María Aguirre Arcila (2013-12 pensión, CCF): Consta el contrato como aprendiz
en fase lectiva y práctica, con vigencia desde el 24 de junio de 2013 hasta el 23 de
diciembre del mismo año25. Por tanto, deben desaparecer los ajustes liquidados en los
subsistemas de pensión y CCF para diciembre de 2013 ante la inexistencia de la obligación

22
Ver sentencia del 7 de marzo de 2024, exp 27774, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Se pone de presente que, en los antecedentes administrativos, en la carpeta del recurso de reconsideración. Recurso
Rad 2019500502478212. Anexo No.8 Contratosaprendiz, obran varios contratos suscritos por la demandante con
aprendices. Así mismo, con las pruebas aportadas al proceso judicial se allegaron aquellos respecto de las personas que
aparecen en el escrito de la demanda, lo que demuestra que desde sede administrativa la demandante está ejerciendo
su derecho de contradicción
24
Samai del Tribunal. Índice 1. Escrito demanda. páginas 242 y 243.
25
Ibidem. Páginas 235 y siguientes

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de cotizar debido a que está probada la calidad alegada26.
• Vanessa García Zapata (2013 5-6-7-8-9-10 pensión y CCF): Según el contrato de aprendiz
en fase práctica, sus labores iban desde el 6 de mayo de 2013 hasta el 5 de noviembre del
mismo año27. Comoquiera que se encuentra probada la condición alegada, deberán
eliminarse los ajustes a pensión y CCF de los meses de mayo28 a octubre de 2013 que
fueron los fiscalizados.
• Maribel Daza Díaz (2013-12, pensión, CCF): Según el contrato realizaría sus funciones en
etapa práctica y lectiva como aprendiz, desde el 2 de diciembre de 2013 hasta el 1 de junio
de 201429. En ese sentido, deben desaparecer los aportes para pensión y CCF liquidados
en el anexo de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración para el mes de
diciembre30.
• Ana Carolina Carrillo Gil (2013-2,3,4, pensión, CCF, ICBF, SENA): Consta el contrato como
aprendiz en la fase práctica suscrito con la demandante, con vigencia desde el 26 de julio
de 2012 hasta el 25 de enero de 201331. Sin embargo, se negará la prosperidad del asunto
debido a meses fiscalizados fueron de febrero a abril de 2013 y no se encuentra probada
la condición alegada, pues el contrato de aprendizaje finalizó en el primer mes del 2013.

Prospera parcialmente el asunto para la demandante, razón por la cual se
modificará el restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar la eliminación
de los ajustes para, Yuliana María Aguirre (2013-12, pensión y CCF); Vanessa
García Zapata (2013-5-6-7-8-9-10, pensión y CCF); Maribel Daza Díaz (2013-12,
pensión y CCF); Carlos Enrique López Marín (2013-1, pensión, CCF e ICBF).

Por otro lado, se niega el recurso de apelación de la UGPP, pues si bien en los
antecedentes administrativos se presentó la irregularidad que alegó, esto es que el
archivo del contrato que aparentemente era de Maribel Daza Díaz32 correspondía a
otra persona, lo cierto es que con la demanda fue allegado el documento
correspondiente, el cual se analizó anteriormente.

6. Error en la digitación de la cédula

Según la sociedad los aportes a seguridad social se realizaron oportunamente en la
PILA, pero se presentó un yerro en el campo de identificación, por lo que el Tribunal
incurrió en un error al no valorar la prueba del desembolso de los recursos al
sistema. Al revisar el escrito de subsanación de la demanda se encuentra que en el
cargo fue relacionado el trabajador Gómez Rodríguez Jonathan con ajustes por
mora en pensión y omisión en salud, CCF y ARL, todos para el mes de marzo.

Revisado el pantallazo que obra en la página 29 del escrito de oposición a la
demanda se encuentran los pagos a salud, pensión, ARL y CCF por el mes fiscalizado
y, en efecto, en esa oportunidad se reportó un número diferente al que aparece en
la cédula aportada con la demanda33. De lo anterior se desprende que las partes no
cuestionan que se hayan realizado los aportes por el mencionado trabajador, pero
con otro número de identificación.

Ahora bien, se pone de presente que en un caso similar, esta Sección34 no aceptó
que la entidad endilgara una conducta por omisión ante la inconsistencia en el

26
En este mes se fiscalizaron 7 días, los cuales entiende la Sección están cobijados por la duración del contrato.
27
Samai del Tribunal. Índice 1. Escrito demanda. Páginas 238 y 239.
28
En este mes se identificaron 25 días trabajados que coinciden con el inicio del contrato de aprendizaje.
29
Samai del Tribunal. Índice 1. Escrito demanda. Páginas 240.
30
Los ajustes son por 29 días que coinciden con el inicio del contrato de aprendizaje
31
Ibidem. Página 234.
32
Antecedentes Administrativos. Parte 2. 4. Recurso de reconsideración. Recurso Rad 2019500502478212. Anexo No.8.
Contratosaprendiz. Contrato Daza Diaz Maribel Practicas.PDF.
33
PDF escrito demanda. Página 244.

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número de identificación de un trabajador, y al respecto señaló que ella se
configuraba «por la falta de afiliación y pago de los aportes al SPS, lo que no ocurrió en el presente
caso, pues está probado (y no se discute por las partes) que la demandante realizó los aportes a
esos subsistemas, al margen del error en el número de identificación del trabajador, el cual no
impedía verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, ya que en la declaración también se
incluyó el nombre del respectivo trabajador.»

La misma situación ocurre en el presente asunto, pues para los subsistemas de
salud, ARL y CCF se fiscalizó por la conducta de omisión, mientras que para pensión
fue la mora, lo cual, se insiste, obedeció a un error en el número de la cédula del
trabajador y, bajo ese entendimiento, la entidad no podía desconocer el
cumplimiento de los aportes.

Así, no son procedentes los ajustes por omisión y mora. Prospera el cargo.

7. Pagos no salariales

Señala la demandante que aun cuando el asunto le fue favorable en primera
instancia, no se tenía claridad en cuanto a los valores que la entidad debía deducir
de la base gravable, lo cual era relevante debido a que la entidad al momento de
reliquidar los aportes no tomaba en consideración la totalidad de lo señalado en la
decisión judicial.

Sobre el asunto se tiene que el a quo ordenó una nueva liquidación de los aportes
en la que el concepto de viáticos integrara la base de cotización en aquella parte de
manutención y alojamiento, y sin perjuicio del límite del 40%, producto de la
existencia del pacto de exclusión salarial.

En ese contexto, la Sección estima que, contrario a lo indicado por la demandante,
el a quo sí identificó los conceptos que debían tenerse en consideración para
realizar la reliquidación

Sin perjuicio de lo anterior, la postura actual de la Sección consiste en modificar el
restablecimiento del derecho para condenar en abstracto, y dentro de ese
procedimiento, las partes interesadas, en este caso, la demandante, tendrá la
oportunidad de presentar la liquidación correspondiente con los valores que
considere deban ser excluidos de la base de cotización por concepto de viáticos.
No prospera el cargo.

Conclusiones

Comoquiera que prosperó parcialmente el recurso de apelación presentado por la
demandante, se modificará la sentencia de primera instancia, no obstante, se
condenará en abstracto, y a título del restablecimiento del derecho se ordenará
realizar una nueva liquidación de las contribuciones parafiscales al Sistema Integral
de Seguridad Social por los períodos de enero a diciembre de 2013, previo incidente
promovido por la sociedad demandante o la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en
el que: i) se tome en la base de cotización de salud, pensión y ARL, el concepto de
viáticos permanentes en aquella parte de manutención y alojamiento debidamente
acreditada y sin perjuicio del límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; ii) eliminar

34
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de junio de 2022, exp 24963, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez,
reiterada en la sentencia del 11 de mayo de 2023, exp 26612 y de 12 de marzo de 2026, exp 30554, ambas con ponencia
de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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los ajustes a SENA e ICBF en relación con la exoneración del artículo 25 de la Ley
1607 de 2012 para los trabajadores enlistados en el escrito de subsanación de la
demanda; iii) eliminar los aportes a pensión y FSP del trabajador Vasco Sepúlveda
José Augusto por los meses de septiembre a noviembre de 2013; iv) eliminar los
ajustes para los siguientes aprendices y subsistemas: Yuliana María Aguirre
(2013-12, pensión y CCF); Vanessa García Zapata (2013-5-6-7-8-9-10, pensión y
CCF); Maribel Daza Díaz (2013-12, pensión y CCF); Carlos Enrique López Marín
(2013-1, pensión, CCF e ICBF); v) eliminar los ajustes a salud, pensión, ARL y CCF del
trabajador Gómez Rodríguez Jonathan para el mes de marzo de 2013; y vi) se
modifique las sanciones por omisión e inexactitud en la forma que corresponda.

Costas

Ninguna de las partes apeló la decisión del Tribunal de no condenar en costas.
Ahora bien, como en esta oportunidad se mantiene la decisión de acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda, tampoco hay lugar a su imposición,
de conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida
el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión, el cual quedará así:

2. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR en abstracto para que la
demandante o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP promueva incidente de liquidación de
sentencia. Para tal efecto, deberá el peticionario presentar escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de su cuantía en la que se i) se tome en la base de
cotización de salud, pensión y ARL, el concepto de viáticos permanentes en aquella parte
de manutención y alojamiento debidamente acreditada y sin perjuicio del límite del
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; ii) eliminar los ajustes a SENA e ICBF en relación con
la exoneración del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 para los trabajadores enlistados
en el escrito de subsanación de la demanda; iii) eliminar los aportes a pensión y FSP del
trabajador Vasco Sepúlveda José Augusto por los meses de septiembre a noviembre
de 2013; iv) eliminar los ajustes para los siguientes aprendices y subsistemas: Yuliana
María Aguirre (2013-12, pensión y CCF); Vanessa García Zapata (2013-5-6-7-8-9-10,
pensión y CCF); Maribel Daza Díaz (2013-12, pensión y CCF); Carlos Enrique López
Marín (2013-1, pensión, CCF e ICBF); v) eliminar los ajustes a salud, pensión, ARL y CCF
del trabajador Gómez Rodríguez Jonathan para el mes de marzo de 2013; y vi) se
modifique las sanciones por omisión e inexactitud en la forma que corresponda.

2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

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Demandante: Ingenio Risaralda S.A.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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