RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2022-00184-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2022-00184-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2022-00184-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 1° de diciembre 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2022-00184-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

16 de febrero de 2023

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00184-01
Demandante: JOHN JAIRO LÓPEZ GARCÍA
Demandado: ALCALDÍA DE PEREIRA

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor John Jairo López
García contra la sentencia del 1° de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 21 de noviembre de 2022, el señor John Jairo López
García, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Municipio de
Pereira, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al “debido
proceso, al trabajo y seguridad social”.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales debido a
que no se le han reconocido sus derechos laborales, prestaciones sociales y
estabilidad laboral derivados del Decreto de nombramiento N.º 193 del 12 de julio de
1982 y el acta de posesión N.º 284 del 19 de julio del mismo año.

3. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, como
consecuencia, pidió:

“Quiero cobrar lo que la alcaldía de Pereira me adeuda por concepto de salarios
y los demás emolumentos que por ley tengo derecho como contraprestación a la
labor prestada como bombero al que fui nombrado mediante Decreto 193 del 12
de julio de 1982 y acta de posesión N.º 284 del 19 de julio 1982, en total 42 años,
porque nunca me dieron una terminación del nombramiento, ni este tiene una
causal de terminación, ni lo declararon insubsistente y el alcalde de ese

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

entonces, Álvaro Ramírez González, me dijo que no me preocupara que yo
estaba nombrado y eso lo tenía que respetar y algún día se lo tenían que pagar”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor John Jairo López García tiene 64 años de edad y reside en Pereira –
Risaralda. En 1982 fue nombrado en el cargo de Bombero Ayudante a través del
Decreto N.º 198 suscrito por el alcalde municipal de la época.

5. El accionante tomó posesión del cargo el 19 de julio de 1982, situación que se
materializó en el acta N.º 284 de la jefatura de personal del ente territorial
mencionado.

6. Mediante Decreto N.º 216 del 30 de julio de 1982 el alcalde de Pereira aceptó
la renuncia del señor John Jairo López García al cargo de Bombero Ayudante,
dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal.

7. Con oficio N.º JPM -156 del 29 de julio de 1982, la jefe de personal (E) de la
Secretaría General del municipio de Pereira remitió a la tesorería municipal la
liquidación de los salarios y prestaciones sociales a favor del señor López García por
el tiempo en que estuvo vinculado con el ente territorial.

8. El tutelante presentó solicitud ante el municipio de Pereira con el fin de que se
le entregara copia de los actos de posesión y nombramiento y todos aquellos que
visibilizaran su relación laboral con la entidad. La documentación requerida fue
suministrada mediante oficio del 13 de enero de 2022.

1.3. Fundamentos de la vulneración

9. La parte actora presentó un escrito inicial en el que reseñó que por ser un
deportista boxeador destacado en 1982 fue nombrado como Bombero Ayudante por
el alcalde de la época. Indicó que no fue declarado insubsistente del cargo por lo que
existe un acto administrativo vigente desde hace 42 años, pero el municipio de
Pereira no ha cumplido con el pago de sus acreencias laborales, como lo son
salarios y demás derechos laborales.

10. Advirtió que estuvo retenido por 10 días en un supuesto entrenamiento que
debía durar 6 meses, tiempo que no fue reconocido por la accionada. En su
declaración de ampliación informó que lo que pretende es el reconocimiento de todas
las acreencias laborales que la entidad territorial se ha negado a reconocer.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

11. Afirmó que fue víctima de acoso laboral por parte del comandante de
Bomberos de Pereira que “desconoce el poder del Alcalde como primera autoridad del
municipio de Pereira” y lo retiró del entrenamiento con la excusa que no podía cumplir
físicamente con las exigencias del mismo, situación que en su sentir era falsa.

12. Aseveró que se comunicó con la máxima autoridad administrativa de la época
y éste le aseguró que no se preocupara que debían reubicarlo en algún lugar, que de
no hacerlo deberían asumir las consecuencias. Recalcó que debido a que el
municipio no ha asumido sus responsabilidades se le impide tener acceso a una
pensión digna.

13. En su sentir, como existe un acto administrativo de nombramiento en firme, se
generaron obligaciones que han sido completamente desconocidas por el municipio
de Pereira, desapareciendo incluso los actos administrativos, por lo que insiste en la
protección de sus derechos laborales y a la seguridad social.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

14. Mediante auto del 28 de noviembre de 2022, el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, luego de recibir la
ampliación verbal del actor sobre los hechos y presuntas vulneraciones que dieron
origen a la acción de tutela, admitió la demanda de tutela y ordenó la notificación de
la parte actora, así como al Municipio de Pereira en calidad de accionada. De otra
parte, como tercero con interés vinculó a la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de
Pereira.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Municipio de Pereira

15. El apoderado de la entidad territorial, sostuvo que no tuvo acceso al escrito
inicial de tutela. Informó que únicamente conoció el escrito de ampliación y puso de
presente la existencia de la tutela radicada con el N.º 66001-40-88-002-2022-00165-
00, que fue resuelta con fallo del 10 de agosto de 2022, en el que se negó la solicitud
de amparo por cuanto “la accionada, resolvió de fondo y de forma clara la solicitud elevada
por el accionante, desde antes de presentarse la tutela, pues reposa en el expediente
respuesta de julio 7 , recibida personalmente en julio 11, en la que se le indicó, “De otro lado, y
en atención a emitir una decisión de fondo sobre su reclamación, debe decirse que el salario y las
prestaciones sociales son consecuencia de la prestación de un servicio, situación que no se evidencia,
pues de las pruebas aportadas en su reclamación, no se observa que hubiera desempeñado sus

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

funciones o que actualmente las esté desempeñando, situación en la cual habría lugar a reconocer
todos los emolumentos de un funcionario público”.

16. Afirmó que la anterior decisión fue confirmada por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Pereira el 23 de septiembre de 2022. Asimismo, solicitó que se conmine
al actor a que acuda a la jurisdicción competente evitando así la cogestión judicial,
además que se le impongan las sanciones que prevé la norma que regula la acción
de tutela.

17. Indicó que se le explicó al actor que si bien, no existía un acto administrativo
que diera por terminado su nombramiento no puede ser considerado por la
administración municipal como un funcionario activo, ni que de esa situación se
desprenda el reconocimiento y pago de los derechos pretendidos en su reclamación,
por cuanto, el principio de primacía de la realidad sobre las formalidad no sólo opera
respecto de él como presunto trabajador sino también a favor de la administración
que no se ha visto beneficiada de la fuerza laboral del reclamante, quién no le ha
prestado ningún servicio y por tanto tampoco ha nacido para ella alguna obligación
prestacional.

18. Destacó que el accionante no es funcionario público activo, no está afiliado al
sistema de seguridad social con el municipio de Pereira como empleador y no presta
servicios personales ni subordinados a favor de ninguna secretaría o ente
descentralizado del municipio. De manera que, tampoco hay lugar al reconocimiento
de la mora que pretende cobrar y que supera los 40 años, pues no existe prueba de
la prestación de algún tipo de servicio. Por último, refirió que no hay ninguna petición
pendiente de resolver y se opuso a la prosperidad de las pretensiones del actor.

1.5.2. UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira

19. El director operativo de la entidad informó que para el año 1982 el cargo
desempeñado por el actor era el de Bombero Ayudante y la forma en que eran
capacitados era a través del acuartelamiento que los habilitaba para practicar una
profesión de alto riesgo.

20. Frente a las afirmaciones del actor referentes al acoso o la conversación con
el alcalde de la época y la obligación de permanencia del actor como funcionario
público adujo que como han transcurrido más de 40 años no queda en la institución
ningún funcionario o registro que le permitiera corroborar lo alegado.

21. En relación con la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
afirmó que en el año 1982 no se encontraba vigente la actual Constitución Política
por lo que no es dable alegar su desconocimiento. De otra parte, aportó como
pruebas los siguientes documentos:

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

• “Decreto No. 193 de 1982 julio 12 Nombramiento en el cargo BOMBERO AYUDANTE
Jhon Jairo García en remplazo del señor William Giraldo Ríos quien fue declarado
insubsistente.
• Certificado de examen de admisión No. 053 Julio 18 de 1982 Jhon Jairo García
• Registro del personal al servicio del municipio Jhon Jairo García
• Acta de posesión No. 284 del 19 de julio de 1982 Jhon Jairo García en el cargo
BOMBERO AYUDANTE
• Oficio No. JPM – 156 suscrito por la jefe de personal encargada de Martha Cecilia
Gutiérrez el día julio 29 de 1982. Renuncia del Bro Ayudante Jhon Jairo López
García.
• Oficio No. C_041de fecha 28 de 1982 firmado por el Comandante de Bomberos de la
época señor Héctor Aragón, donde comunica renuncia del señor Bro. ayudante Jhon
Jairo López García.
• Decreto No. 216 del julio 30 del 1982. Renuncia del señor Bro. Ayudante Jhon Jairo
López García firmado por los señores alcalde Álvaro Ramírez González, José Daniel
Trujillo Secretario de Gobierno y Carlos E. Cardona Gutiérrez”.

1.6. Fallo impugnado1

22. El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión mediante
sentencia del 1° de diciembre de 2022, declaró la improcedencia de la acción al no
acreditar los requisitos de subsidiaridad e inmediatez. Lo anterior, por cuanto el
hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales fue el
nombramiento y posterior retiro del tutelante de la administración municipal sin el
respectivo acto administrativo motivado que lo efectuara, esto en 1982.

23. Destacó que transcurrió un extenso periodo en que el actor no reclamó el
reconocimiento de las presuntas acreencias laborales que, en su sentir, le adeudaba
la administración. El a quo no encontró justificada la inactividad del actor por lo que
no se satisfizo el requisito de la inmediatez.

24. En lo que respecta a la subsidiaridad manifestó que lo pretendido por el actor
son conflictos jurídicos en materia de salarios y prestaciones que deben ser
reclamados utilizando los mecanismos judiciales ordinarios, como lo es la jurisdicción
ordinaria o contenciosa administrativa, según sea el caso.

1.7. Impugnación

25. Mediante escrito remitido el 7 de diciembre de 2022, la parte actora
inconforme con la anterior decisión la impugnó, y expuso que si se satisface el
requisito de la inmediatez porque lo reclamado son los derechos que se derivan de
un acto administrativo de carácter legal que ha sido 42 años ignorado, oculto o
desaparecido por el municipio de Pereira, vulnerando sus derechos fundamentales.

1 Notificado el 2 de diciembre de 2022

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

26. Refirió que solo hasta que le fueron entregadas las copias de los actos de
nombramiento y posesión, esto es, el 25 de octubre de 2021 empezó a recuperar las
pruebas que evidencian su vinculación y ello justifica su tardanza en actuar.

27. Mencionó que su nombramiento sigue siendo válido pues no presentó
renuncia, sino que la misma fue firmada por el comandante de los bomberos lo que
es clara prueba de acoso laboral, además de mediar la garantía que el alcalde de la
época le hizo de sostener su vinculación mientras el ostentara el cargo.

28. Afirmó que la existencia de un hecho nuevo también avala la posibilidad de
iniciar una acción de tutela, luego de la ocurrencia de la vulneración principal, en su
caso se trata de una sentencia en la que el Municipio de Pereira fue condenado al
pago de unas acreencias laborales por concepto de la relación del actor con el ente
territorial entre el 16 de marzo y 15 de noviembre de 2015, por desconocer las
normas convencionales que lo cobijaban al pertenecer al sindicato. Asimismo, aportó
la constancia del pago de dicha sentencia a su favor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 1 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda –
Sala Cuarta de Decisión de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el artículo 1°del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 1°
de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala
Cuarta de Decisión, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas
jurídicos:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de la acción de tutela referidos
a la inmediatez y subsidiariedad?

• De superarse dichos requisitos, ¿se vulneraron los derechos fundamentales “a
la seguridad social y al debido proceso” como consecuencia de la negativa del
municipio de Pereira de reconocer relación laboral y sus derechos derivados
en favor del señor López García?

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

31. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) su naturaleza subsidiaria; (iii) análisis del caso
concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

32. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

33. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

34. Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en ocasiones anteriores3, el
cual se expone a continuación.

35. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.

36. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

37. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10-09.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Rad. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21.07.2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia4.

38. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

39. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de
la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del
artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales
de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Caso concreto

40. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con la
negativa del municipio de Pereira de reconocerle los salarios y demás emolumentos
dejados de percibir, que se derivan de su nombramiento y posesión como Bombero
Ayudante en el año 1982, acto administrativo que continua vigente y que le permite
reclamar sus derechos laborales.

41. Por su parte, el a quo constitucional consideró que no se cumplen en el caso
concreto con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. El señor López García en
su escrito de impugnación reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial y
resaltó que solo hasta que la entidad territorial le entregó las copias de los actos
administrativos que acreditaban su vinculación, se generó la oportunidad de tener las
pruebas necesarias y acudir a la acción de tutela. También aseguró que existían
hechos nuevos como lo es haber logrado a su favor el reconocimiento de algunas
acreencias laborales con ocasión de una demanda que previamente presentó contra
el municipio de Pereira.

42. Para la Sala debe confirmarse la sentencia de primera instancia en la medida
que los argumentos presentados por el actor no logran desvirtuar su inactividad. De
una parte, la sentencia del proceso ordinario laboral que señaló como hecho nuevo a
partir del cual se debe analizar la oportunidad de la acción, no tiene relación alguna

4 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria
a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

con su vinculación de 1982, que es de la que reclama los derechos laborales además
de haber sido proferida hace más de 4 años.

43. Tampoco es de recibo su argumento según el cual, a partir de la entrega de
los documentos se le facultó acudir a la administración de justicia, ya que su
inconformidad radica en que nunca fue desvinculado del cargo, pero tampoco se le
pagaron los salarios correspondientes, circunstancia que no depende de tener o no
en su poder los documentos que requirió de la administración.

44. Igualmente, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, por cuanto del
material probatorio aportado con las contestaciones se advierte que el actor reclamó
de la administración los salarios y demás derechos laborales dejados de percibir
desde su vinculación en 1982, y dicha solicitud fue negada por la administración
como se comprueba de la contestación del municipio de Pereira, generándose para
él la oportunidad de acudir al medio de control que le permitiera controvertir dicha
negativa.

45. Se destaca que, contra la decisión adoptada por el ente territorial, el actor
debió ejercer los medios de control previstos en la Ley 1437 de 20115, a saber,
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de desvirtuar la legalidad del acto
administrativo acusado, actuación judicial en el marco del cual, a efectos de evitar la
consumación o agravación del daño, pudo pedir que se decretaran las medidas
cautelares, que se encuentran reguladas en los artículos 229 a 2416 ejusdem.

5 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

6 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado
Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

46. En consecuencia, para la Sala es claro que, en el presente caso, el actor tuvo
a su alcance otro mecanismo de defensa judicial, sin embargo, no inició el medio de
control correspondiente. Incluso, de las pruebas aportadas se advierte la existencia
de un acto administrativo de desvinculación que el mismo accionante señaló como
ilegal, pues afirmó que nunca presentó renuncia al cargo y que la misma fue suscrita
por el jefe de bomberos, de manera que en el proceso ordinario también pudo alegar
este hecho.

47. En efecto, el señor López García ante la posible afectación de otros derechos
o la urgencia de su protección, pudo solicitar el decreto de medidas cautelares en el
curso de la acción ordinaria, dichos recursos se presentan en nuestra legislación
como eficaces e idóneos para lograr una verdadera tutela judicial, tornando
innecesaria la intervención del juez de tutela para la protección transitoria de los
derechos fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir
previamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

48. En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo al
momento de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite
de un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

49. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

50. Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado que “conforme al carácter residual
de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones
administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio
de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”.7

51. Así, en jurisprudencia reiterada8 la Corte Constitucional ha señalado que la
acción de tutela procede excepcionalmente como mecanismo para la protección de
derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por la
expedición de actos administrativos.

52. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

53. Por tanto, dicha Corte ha señalado que el accionante debe acreditar la
necesidad de la medida para evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en
la obligación de probar que: i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se
requieren medidas urgentes e impostergables para superar el daño.

54. No obstante lo anterior, si bien el señor López García adujo que se le impidió
el disfrute de los salarios que le correspondían por el acto administrativo que lo
nombró, ello no constituye una circunstancia suficiente a efectos de otorgar el
amparo deprecado, toda vez que, de los documentos obrantes en el expediente de
tutela y de lo relatado por el actor, no se advierte la existencia de un peligro actual de
tal magnitud que afecte con inminencia y de manera grave su subsistencia, y que en
tal sentido, se requiera una medida impostergable por parte de este juez
constitucional para neutralizar dicha afectación.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
8Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del
12.11.14., M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala Novena
de Revisión, Sentencia T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-5769057;
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto Rojas
Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del
30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-7.132.435

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

55. Aunado a lo anterior, el señor López García no allegó prueba alguna sobre la
afectación de su mínimo vital o una situación de vulneración o indefensión que
constituya un perjuicio irremediable, frente a su reclamo pensional lo cierto que es
que no existen derechos ciertos e indiscutibles ya que dependerá de lo que pueda
decidir un juez ordinario en su caso.

2.7. Conclusión

56. Por lo expuesto en precedencia, se confirmará la improcedencia de la acción
porque no se cumplió con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez porque la
negativa de la administración es pasible de ser controvertida en sede judicial, ni es
viable flexibilizar la inactividad del actor por más de 40 años por lo que no hay lugar a
realizar un análisis de los derechos invocados por el accionante, en lo que involucra
sus reconocimientos laborales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 1° de diciembre 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, por las razones
expuestas en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo López García
Demandado: Alcaldía de Pereira
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00184-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.