RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2023-00063-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2023-00063-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2023-00063-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2.- Condenar en costas a la demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 42 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.” 43 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.” 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715) Demandante: Caja de Compensación Familiar de Risaralda 3.- Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Viviana Patricia Salazar Gómez, como apoderada de la U.A.E. DIAN, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del CGP. Por Secretaría, se ordena comunicar la presente decisión a la parte demandante.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 66001-23-33-000-2023-00063-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Risaralda
Demandado: DIAN
Tema: Cobro coactivo. Argumento novedoso. Artículo 45 de la Ley 2155
de 2021

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1, contra
la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas2.

ANTECEDENTES

El 13 de noviembre de 2018 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira profirió la Resolución Sanción por no
Declarar 1624120180000323, en la cual se impuso sanción por no presentar
declaraciones de retención en la fuente del periodo 12 del año 2013 por valor de
$1.557.572.000. Previo recurso de reconsideración, mediante la Resolución
992232019000014 del 30 de octubre de 2019 la Dirección de Gestión Jurídica confirmó
la resolución sanción4.

El 26 de septiembre de 2022, la División de Recaudo y Cobranzas de la referida
Dirección Seccional profirió el Mandamiento de Pago No. 202203020003335, frente al
cual la demandante propuso la excepción de pago efectivo y alegó la nulidad por
violación al debido proceso. Dicha excepción fue resuelta por la misma División
mediante la Resolución No. 2022162720312 de 17 de noviembre de 2022, en la cual
se declaró no probada la excepción de pago, se negó la nulidad por violación al debido
proceso y se ordenó seguir adelante con la ejecución6.

1
Índice 38 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda
2
Índice 30 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda
3
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 237 a 252
4
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 225 a 236
5
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 276 a 278
6
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 317 a 320

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

Al respecto la actora interpuso recurso de reposición7, el cual fue resuelto mediante la
Resolución 2023162720311-000018 del 11 de enero de 2023, confirmando el acto que
resolvió la excepción contra el mandamiento de pago8.

DEMANDA Y REFORMA

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho formuló las siguientes pretensiones9:
Los actos administrativos cuya nulidad se demanda, son:

a) Resolución 2022162720312-001233 de 17 de noviembre de 2022, notificada el 21
de noviembre de 2022, emitida por la División de Recaudo y Cobranzas de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, por medio de la cual se
niegan las excepciones al mandamiento de pago No 20220302000333 de 29 de
septiembre de 2022 y ordena adelantar la ejecución contra la [Caja de
Compensación Familiar de Risaralda].

b) Resolución 2023162720311-000018 del 11 de enero de 2023, notificada el 12 de
enero de 2023, emitida por la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, por medio de la cual se decide
confirmar todas las partes de la Resolución 2022162720312-001233 de 17 de
noviembre de 2022 y se ordena seguir adelante con la ejecución ene l proceso en
contra de la [Caja de Compensación Familiar de Risaralda].

A título de restablecimiento del derecho solicito que se decrete lo siguiente:

Primero: Que se declare que la [Caja de Compensación Familiar de Risaralda] no tiene
obligaciones pendientes de pago derivados de la Resolución sanción No.
162412018000032 de 30 de octubre de 2019.

Segundo: Que se decrete probada la excepción de pago propuesta contra el
mandamiento de pago No 202203200333 de 29 de septiembre de 2022.

Tercero: Que cese la orden de ejecución contra la [Caja de Compensación Familiar de
Risaralda].

Cuarto: Que en los términos del artículo 188 de la ley 1437 de 2011 se condene en
costas a la demandada y se ordene su liquidación

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política y
45, 46 y 47 de la Ley 2155 de 2022, e invocó como concepto de violación lo siguiente:

Indebida aplicación de la norma. Mencionó que teniendo en cuenta que se efectuó el
pago de la obligación determinada en los actos sancionatorios con fundamento en los
alivios otorgados por el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 -por ser esta la opción más
conveniente10-, es claro que contra el mandamiento de pago procedía la excepción de
pago efectivo de que trata el numeral 1 del artículo 831 del ET.

7
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 322 a 338
8
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 340 a 347
9
Índice 1 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo 2_002ESCRITODEMANDAANEXOS(.pdf) NroActua 1(.pdf)
NroActua 1. Páginas 1 a 12.
10
Citó la sentencia C 015 de 1993 en la que se sostuvo que los contribuyentes tienen derecho a hacer uso del ordenamiento con
el objeto de encauzar sus asuntos de la manera más apropiada a su naturaleza e intereses.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

Acotó que para acceder al beneficio contemplado en el artículo 45 de la Ley 2155 de
2021, debían cumplirse los siguientes requisitos: (i) que se tratara de obligaciones
administradas por la DIAN o que se tratara de impuestos, tasas o contribuciones del
orden territorial, (ii) que las obligaciones fueran canceladas a más tardar el 31 de
diciembre de 2021, (iii) que el alivio recayera sobre obligaciones que presentaran mora
en el pago11 de conformidad con los artículos 634 y 867-1 del ET y, (iv) que se
demostrara un agravio como consecuencia de la pandemia.

Con fundamento en lo anterior, refirió que en el presente caso, se cumplen todos los
requisitos, dado que la obligación corresponde a una sanción administrada por la DIAN
referida a la no presentación de la declaración de retenciones en la fuente del periodo
12 del año gravable 2013. Agregó que el pago exigido para acceder al beneficio se
efectuó el 3 de diciembre de 2021 y que se encuentra demostrado que la sociedad
sufrió una disminución en su flujo de caja como consecuencia del atraso de los
empleadores en el pago de los aportes, lo que generó resultados inferiores en el año
2020 respecto de los obtenidos en el año 2019.

Indicó que la negativa de la Administración frente a la procedencia del beneficio por la
presunta inexistencia de la mora en la obligación, evidencia una clara confusión frente
al concepto de mora en el pago de la obligación y su exigibilidad. Precisó que la
primera se refiere al incumplimiento del pago dentro del término establecido para ello,
mientras que la segunda alude a la existencia de un título ejecutivo que habilita a la
autoridad para adelantar su cobro.

De tal manera añadió que, si bien la resolución sanción y el acto que la confirmó fueron
demandados, dicha circunstancia no eliminaba la mora en el cumplimiento de la
obligación de pago, máxime cuando la sanción prevista en el artículo 761-1 del ET
tipifica precisamente como conducta sancionable la no cancelación oportuna de la
obligación.

Indebida interpretación de la doctrina vigente. Los actos demandados tomaron como
referencia el Concepto General 415 de 2021 sin analizar que lo que allí se estableció
fue la prohibición de aplicar el beneficio del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 sobre
reducciones ya calculadas en aplicación de los artículos 46 y 47 de la citada norma.

Nulidad por violación al debido proceso. La Administración también negó las
excepciones propuestas contra el mandamiento de pago al considerar que no
resultaba procedente el alivio previsto en el anotado artículo 45 porque sobre la deuda
cursaba una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que implicaba
que el proceso culminara mediante un acuerdo conciliatorio con los beneficios propios
de esa modalidad de terminación.

Si la DIAN pretendía controvertir la procedencia del beneficio tributario, debía acudir
previamente al procedimiento de determinación para fijar la obligación tributaria antes
de iniciar el proceso de cobro coactivo. Sin embargo, en el presente caso, el
mandamiento de pago no estuvo precedido de acto administrativo alguno que negara
la aplicación del beneficio ni que señalara el incumplimiento de los requisitos previstos

11
La demandante sostuvo que la expresión “obligaciones que presenten mora en el pago” se encuentra definida en el artículo 2
de la Resolución DIAN 126 de 2021 que establece que: «se entienden por obligaciones que presenten mora en el pago, todas
aquellas obligaciones administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
que no hayan sido canceladas oportunamente (…)».

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

en la norma para acceder a este, razón por la cual no existe un título ejecutivo que
respalde el cobro pretendido. Así, ante la imposibilidad de discutir en debida forma la
aplicación del beneficio, se configura una vulneración del debido proceso.

Aplicación del alivio. Si bien el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021 prevé la posibilidad
de solicitar la conciliación de los procesos judiciales, lo cierto es que se trata de un
beneficio de carácter facultativo. En ese sentido, el contribuyente podía optar por
acogerse a dicho mecanismo o a cualquiera de los demás beneficios contemplados en
la misma ley, previo análisis de cuál resultaba más favorable para la sociedad, máxime
cuando la norma no estableció restricción alguna frente al ejercicio de dicha elección.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente12:

Indebida aplicación de la norma. Señala que la demandante debió aplicar de manera
prevalente el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, teniendo en cuenta que la obligación
contenida en los actos sancionatorios se encontraba en discusión ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Al respecto, el artículo 5 de la Ley 51 de 1887
establece el criterio de especialidad para la aplicación de las normas, según el cual la
disposición relativa a un asunto especial prevalece sobre aquella de carácter general.

Precisa que la Resolución Sanción por no declarar 16241201800032 y su
confirmatoria, la Resolución 992232019000014, fueron demandadas ante la
jurisdicción, de manera que adquirieron firmeza el 25 de marzo de 2022 con la
providencia que dio por terminado el proceso judicial por desistimiento de las
pretensiones13. Sin embargo, para esa fecha ya había concluido el término para
acceder al beneficio previsto en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021. En
consecuencia, atendiendo a la situación jurídica de la demandante para la época de
los hechos solo podía optar por el beneficio contemplado en el artículo 46 de dicha
norma.

Al efecto, debe tenerse en cuenta que los beneficios fiscales constituyen una
excepción a la regla general, por ende, su aplicación debe ser restrictiva y
circunscribirse estrictamente a los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la norma,
sin que resulte procedente extender su alcance mediante interpretaciones que
atiendan únicamente a la voluntad de los contribuyentes.

Falta de requisitos para el beneficio del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021. Resaltó
que en el presente caso, a 30 de junio de 2021 no existía mora en el pago de la
obligación, pues si bien las obligaciones de declarar y pagar previstas en los artículos
811 y 812 del ET tenían una fecha cierta de conformidad con el calendario tributario,
la obligación aquí discutida se derivaba de una sanción por no declarar que no contaba
con una fecha cierta en los mismos términos, por ello solo podía entenderse en mora
una vez la obligación fuera exigible, esto es, cuando existiera una obligación insoluta
a cargo de la Caja de Compensación.

12
Índice 17 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda
13
La cual fue emitida el 10 de marzo de 2022 dentro del proceso judicial 66001-23-33-000-2020-00144-01. CP. Stella Jeannette
Carvajal Basto.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

Lo anterior evidencia que la demandante incumplía con los requisitos previstos en el
artículo 45 ejusdem, en la medida en que, a 30 de junio de 2021, no se encontraba en
mora, toda vez que la sanción aún no se encontraba ejecutoriada. En efecto, si bien la
resolución sanción nace a la vida jurídica con su notificación, solo a partir de su firmeza
la obligación se torna exigible y, por ende, puede configurarse el supuesto de mora
previsto en el artículo 1608 del Código Civil, tratándose de una obligación no sometida
a plazo.

Indicó que en el caso bajo estudio no resultan aplicables los términos de mora previstos
en los artículos 635 y 867-1 del ET, toda vez que dicha normativa regula los intereses
moratorios que se generan sobre obligaciones derivadas de retenciones o anticipos
dejados de pagar, mas no respecto de sanciones provenientes de un acto
administrativo que no determinó tributo alguno, como ocurre en este caso. En efecto,
los artículos 813 y 590 del ET excluyen la causación de intereses moratorios respecto
del incumplimiento en el pago de sanciones.

Indebida interpretación de la doctrina vigente. Mencionó que si bien el extracto del
Concepto General 415 de 2021 citado en la resolución, alude a la imposibilidad de
utilizar concurrentemente ambos beneficios, lo cierto es que este no constituyó el
fundamento para negar las excepciones ni el recurso interpuesto, sino la imposibilidad
de aplicar el beneficio solicitado.

Nulidad por violación al debido proceso. Argumentó que de conformidad con el artículo
4 de la Resolución 126 de 2021, el proceso de cobro fue la oportunidad para verificar
si el contribuyente había aplicado en debida forma los beneficios previstos en la Ley
2155 de 2021, por lo que, de conformidad con el inciso segundo de la anotada
resolución, la Administración podía solicitar la información necesaria para verificar el
cumplimiento de los requisitos legales en el marco de sus procesos misionales -como
lo es el proceso de cobro-. Precisó que, en todo caso, no existe norma alguna que
exija la expedición de un acto administrativo de determinación para verificar el
cumplimiento de los requisitos de cada beneficio, pues para tal efecto el ordenamiento
prevé mecanismos como la solicitud de información.

En todo caso, en la respuesta al derecho de petición elevado por la demandante se le
expusieron las razones de hecho y de derecho por las cuales resultaba improcedente
la aplicación de este beneficio, respuesta que fue puesta en conocimiento de la
sociedad con anterioridad a la expedición del mandamiento de pago. Asimismo, debe
precisarse que exigir a la DIAN el adelantamiento de un procedimiento adicional para
determinar la procedencia del beneficio implicaría extender los efectos de la norma,
máxime si se tiene en cuenta que dicho procedimiento no se encuentra previsto en la
Resolución 126 de 2021.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas, bajo las siguientes
consideraciones14:

14
Índice 38 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

Advirtió que para el 9 de diciembre de 2021, esto es, para el momento en que la
demandante realizó el pago del 20% de la sanción por no declarar retenciones en la
fuente, se encontraba en curso un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el cual se debatía la legalidad de los actos administrativos que constituían el título
ejecutivo. Para esa fecha, el proceso se encontraba en trámite ante el Consejo de
Estado, quien debía resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de primera instancia de 23 de abril de 2021, sin embargo, dicho
litigio culminó el 10 de marzo de 2022, con el auto mediante el cual se aceptó el
desistimiento del recurso de apelación presentado por la demandante y se dio por
terminado el proceso.

El Tribunal no encontró acreditada la indebida aplicación de la norma por parte de la
entidad demandada. Al efecto, consideró que si bien el artículo 45 de la Ley 2155 de
2021 prevé, de manera general, una reducción transitoria de sanciones y de la tasa de
interés para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN que, con ocasión
de la pandemia se encontraran en mora al 30 de junio de 2021, sin excluir
expresamente aquellas que se encontraran en discusión ante la jurisdicción, lo cierto
es que, el artículo 46 ejusdem sí previó dicha situación y reguló de manera especial
ese supuesto a través del mecanismo de conciliación. En consecuencia, atendiendo al
criterio de especialidad previsto en el artículo 5 de la Ley 51 de 1887, la norma
aplicable en este caso era el artículo 46 ibidem, que contemplaba el beneficio
específicamente para los eventos en los que existiera un litigio para cuestionar la
legalidad de actos de carácter tributario15.

Señaló que aun si se aceptara que la demandante podía aplicar el beneficio
consagrado en el artículo 45, lo cierto es que no cumplía el requisito de que la
obligación presentara mora en el pago a 30 de junio de 2021, teniendo en cuenta que
conforme el artículo 867-1 del ET, la sanción tributaria determinada por la DIAN estaba
sujeta a actualización a partir del 1 de enero siguiente a la fecha en que quedó en firme
en sede administrativa en tanto no se trataba de una obligación de plazo sino pura y
simple.

Añadió que de conformidad con el numeral 4 del artículo 829 del ET, la exigibilidad de
las obligaciones derivadas de actos administrativos -y, por ende, la configuración de la
mora- solo opera respecto de actos que se encuentren ejecutoriados. En el caso
concreto, dicha ejecutoria solo se adquirió el 10 de marzo de 202216.

Precisó que el Concepto General 415 de 2021 no solo analizó la improcedencia de la
aplicación concurrente de las reducciones previstas en la Ley 2155 de 2021, sino que
también examinó la operancia de cada uno de los beneficios allí contemplados, en
función del procedimiento que se encontrara en curso, por lo que dichas
consideraciones sirvieron de sustento a la DIAN para proferir los actos demandados,
sin que se configurara la indebida interpretación doctrinal alegada por la demandante.

Anotó que el artículo 4 de la Resolución DIAN 126 de 2021 estableció el procedimiento
para la aplicación de los beneficios previstos en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021.
En dicha disposición se indicó que la Administración tenía la facultad de verificar el

15
Así lo confirma el Concepto General 100208192-415 del 5 de noviembre de 2021 proferido por la DIAN, el cual constituye un
criterio auxiliar de interpretación.
16
Fecha en la que el Consejo de Estado aceptó el desistimiento del recurso de apelación presentado por la demandante y declaró
la terminación del proceso

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, sin que ello implicara la
obligación de proferir un acto administrativo de determinación, como lo sostiene la
demandante. Sin embargo, destaca que, en el presente caso, el 22 de agosto de 2022
la DIAN puso en conocimiento de la actora la improcedencia del beneficio con
anterioridad a la expedición del mandamiento de pago, concluyendo así que no se
presentó vulneración al debido proceso como lo alega la actora.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones17:

Violación al debido proceso. Argumentó que el procedimiento para que la
Administración verificara el cumplimiento de los requisitos del alivio era el previsto en
el Título IV del Libro Quinto del Estatuto Tributario, referido a los procesos de
investigación, determinación, discusión y cobro, por lo que el Tribunal debió tener en
cuenta que de conformidad con el artículo 4 de la Resolución 126 de 2021, la
dependencia competente para analizar el cumplimiento de los requisitos del alivio era
la División de Fiscalización, no la División de Cobranzas, quien en el presente asunto
al negar las excepciones al mandamiento de pago, resolvió el recurso de reposición y
rechazó la procedencia del alivio, vulnerándose con ello el debido proceso.

Refirió que el Tribunal desconoció que el proceso de cobro no podía convertirse en el
escenario para que la administración cuestionara la procedencia o no del alivio
tributario.

Argumentó que en el presente caso se desconoció la presunción de buena fe a su
favor por la culminación legitima del proceso con el pago efectivo de la obligación al
ser este un derrotero que la misma ley acogió para estructurar el alivio.

Indicó que el derecho de petición en el que se solicitó el estado de cuentas y paz y
salvo fue resuelto por la División de Cuentas Corrientes18 quien señaló que la
obligación reflejada en el estado de cuenta estaba vigente porque para la
Administración no era procedente el alivio, sin embargo, lo cierto es que dicha
actuación de ninguna manera podía sustituir el procedimiento legal para el estudio de
la procedencia del alivio.

Cumplimiento de los requisitos para el alivio. Consideró que el Tribunal confunde los
conceptos de mora de la obligación con la exigibilidad de esta. El artículo 867-1 del ET
establece que aquellas obligaciones que no se paguen oportunamente y lleven más
de un año de vencidas deben ser objeto de actualización. En ese sentido, una sanción
constituye una obligación que, de no ser cancelada dentro del plazo correspondiente,
genera actualización. Por ello, cuando la Resolución DIAN 126 de 2021 define la
obligación en mora como aquella que no se paga oportunamente, incluye también las
derivadas de sanciones, aun cuando se encuentren siendo discutidas ante la
jurisdicción contencioso administrativa, pues la mora no depende de su exigibilidad
sino del momento en que se causa. En el caso de las sanciones, dicha mora inicia a
partir del 1.º de enero del año siguiente a la fecha en que el acto sancionatorio queda
en firme en la vía administrativa.
17
Índice 38 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda
18
Específicamente por el Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

Concluye que se encuentra demostrado que la sociedad cumplió con los requisitos
para acceder al beneficio previsto en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, toda vez
que las obligaciones derivadas de las sanciones determinadas por la DIAN constituyen
obligaciones en mora y corresponden a hechos ocurridos con anterioridad al 30 de
junio de 2021, resaltando que aunque una obligación pueda encontrarse demandada
y, por tanto, no sea exigible, ello no impide que se configure la mora, la cual subsiste
con independencia de su exigibilidad.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 9 de julio de 202519, sin pronunciamiento frente
a este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió
traslado para alegar -nums. 4 y 5, art. 247 del CPACA20-. El Ministerio Público emitió
concepto en donde solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia 21.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos que negó la excepción contra el
mandamiento y ordenó seguir adelante con la ejecución y la resolución que la confirmó.

En el recurso de apelación la demandante argumentó que el acto mediante el cual se
dio respuesta a un derecho de petición22, fue emitido con falta de competencia por
parte de la División de Cuentas Corrientes para la verificación del cumplimiento de los
requisitos del beneficio tributario contenido en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, y
refirió que se desconoció la presunción de buena fe a su favor por la culminación
legitima del proceso con el pago efectivo de la obligación al ser este un derrotero que
la misma ley acogió para estructurar el alivio.

Al respecto, la Sala advierte que dichos argumentos no fueron planteados en la
demanda. En consecuencia, la parte demandada no ha tenido la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa frente a este planteamiento. Por tanto, el análisis de
este cargo implicaría abrir una nueva discusión en el trámite de segunda instancia, en
contravía de los derechos al debido proceso y de defensa de la contraparte, razón por
la cual la Sala se abstiene de estudiarlo23.

De tal manera, y atendiendo a los demás cargos propuestos por la demandante en el
recurso de apelación, en calidad de apelante único, corresponde a la Sala establecer
sí: (i) la Administración vulneró el debido proceso de la actora y, (ii) la demandante
cumplió con los requisitos del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 para acceder al
beneficio.

Debido proceso

Con el propósito de proteger a la población más vulnerable frente al incremento de la

19
Índice 5 de SAMAI
20
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
21
Índice 8 de SAMAI
22
Oficio 14749030953693 del 22 de agosto de 2022
23
Sentencias del 20 de junio de 2024, Exp. 28106 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello y 23 de octubre de 2025, Exp. 30097 CP
Luis Antonio Rodríguez Montaño

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

pobreza, de preservar el tejido empresarial y de afianzar la credibilidad de las finanzas
públicas, el legislador expidió la Ley 2155 de 2021 -De Inversión Social- , mediante la
cual adoptó un conjunto de medidas orientadas a promover la reactivación económica,
la generación de empleo y la estabilidad fiscal del país. Para tal efecto, la ley articuló
instrumentos de política fiscal relacionados con el gasto público, la austeridad y la
eficiencia del Estado, la lucha contra la evasión, el fortalecimiento de los ingresos y la
sostenibilidad fiscal, con el propósito de mantener y ampliar el gasto social, así como
de establecer las medidas presupuestales necesarias para la consecución de esos
fines.

Bajo ese propósito, el artículo 45 ejusdem24 consagró un beneficio tributario de
carácter transitorio consistente en la reducción excepcional de las sanciones
impuestas por actos administrativos independientes y de las actualizaciones a las
mismas al veinte por ciento (20%) del momento previsto en la legislación tributaria. Así
mismo, dispuso que los intereses moratorios se liquidaran a una tasa diaria equivalente
al veinte por ciento (20%) de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad
de créditos de consumo y ordinario. Este beneficio, concebido como una medida para
contribuir a la reactivación económica derivada de la pandemia, resultaba aplicable a
las obligaciones administradas por la DIAN y a los tributos del orden territorial que
fueran pagados hasta el 31 de diciembre de 2021 o respecto de las cuales se
suscribieran facilidades de pago dentro de ese mismo término.

En ese contexto la DIAN expidió la Resolución 000126 de 29 de octubre de 2021,
contentiva de las instrucciones para aplicar el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021. En
su artículo 4 dispuso lo siguiente25:

«Artículo 4º. Procedimiento para aplicar los beneficios del artículo 45 de la ley 2155 de
2021: Quienes pretendan acceder a los beneficios establecidos en el artículo 45 de la Ley 2155
de 2021 deberán cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en la ley, sin que se requiera
presentar una solicitud ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).

Ahora bien, conforme a los procedimientos establecidos para la investigación, determinación,
control, discusión y cobro, las dependencias con facultades de fiscalización de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrán solicitar a

24
Para las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, así como respecto de los
impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, que se paguen hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, y para las
facilidades de pago que se suscriban con la DIAN y los entes territoriales hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 respecto
a las obligaciones que presenten mora en el pago a treinta (30) de junio de 2021, y cuyo incumplimiento se haya ocasionado o
agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, las sanciones y la tasa de interés moratoria se
reducirán y liquidarán en los siguientes términos:
A. Las sanciones, incluyendo aquellas que se liquiden en actos administrativos independientes, y sus actualizaciones se
reducirán al veinte por ciento (20%) del monto previsto en la legislación aduanera, cambiaria o tributaria.
B. La tasa de interés moratoria establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario será liquidada diariamente a una tasa de
interés diario que sea equivalente al veinte por ciento (20%) de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos
de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
PARÁGRAFO 1o. En caso de incumplimiento, las resoluciones mediante las cuales se otorgó la facilidad de pago prestarán
mérito ejecutivo, sin que se requiera de liquidación oficial u otro acto, y procederá el procedimiento de cobro coactivo respectivo
por la suma total de la obligación más el ciento por ciento (100%) de las sanciones e intereses sobre los cuales versa dicha
facilidad de pago. Para tal fin, los intereses serán reliquidados a la tasa establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. Si
el incumplimiento de la facilidad de pago corresponde a la declaración de retención en la fuente, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 580-1 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 2o. La presente disposición aplica igualmente para las obligaciones parafiscales de determinación y
sancionatorias que se encuentren en proceso de cobro adelantado por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP). Lo anterior no aplica a los aportes e intereses del Sistema General de Pensiones.
25
Los artículos 4 y 6 de la Resolución 126 de 2021 fueron objeto de una demanda de nulidad simple, de la cual conoció esta
Sección, que en sentencia del 14 de septiembre de 2023, expediente 26301, con ponencia de la consejera Stella Jeannette
Carvajal Basto, confirmó la legalidad de dichas disposiciones.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

quienes hayan accedido al beneficio señalado en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 la
información necesaria que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos legales. En esta
medida, podrá solicitar los documentos o pruebas que permitan verificar que el incumplimiento se
ocasionó o se agravó como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19».

La demandante estima que en este caso el procedimiento para verificar el
cumplimiento de los requisitos del beneficio tributario es el dispuesto en el Título IV del
Libro Quinto del Estatuto Tributario y, por ende, la Administración debió proferir un acto
administrativo aparte del mandamiento de pago en donde se decidiera sobre la
procedencia del beneficio aplicado.

Al respecto la Sala debe precisar que el Título IV del Libro Quinto del Estatuto
Tributario establece las normas relativas a la determinación del impuesto y la
imposición de las sanciones. Por su parte, el artículo 684 del ET dispone que la
Administración Tributaria cuenta con amplias facultades de fiscalización e
investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, como
es el caso de las sanciones por no declarar, en donde con ocasión a la omisión en la
obligación formal de declarar y luego de una investigación y debido proceso, se fija
una suma correspondiente a la sanción aplicable conforme a los elementos de tipicidad
del artículo 643 del ET.

Por otro lado, el Título VIII regula lo relacionado con el procedimiento de cobro
coactivo, el cual, en los términos del artículo 823 del ET procede en los casos en los
que exista una deuda fiscal por concepto de impuestos, anticipos, retenciones,
intereses y sanciones. En este sentido, el artículo 826 ejusdem establece que, el
funcionario competente para exigir el cobro coactivo emitirá mandamiento de pago
ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses
respectivos. Para esos efectos el artículo 828 del ibidem determinó de manera taxativa
los títulos que prestan mérito ejecutivo.

En el presente caso se encuentran como hechos probados los siguientes:

• El 13 de noviembre de 2018 la jefe de División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Aduanas de Pereira profirió la Resolución
Sanción 164142018000032, en la que impuso sanción por omisión en la
presentación de la declaración de retención en la fuente 12 del periodo gravable
2013 por una suma de $1.557.572.00026.

• Previo recurso de reconsideración, el 30 de octubre de 2019 la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica profirió la
Resolución 992232019000014, en la que confirmó la resolución sanción27.

• La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
actos sancionatorios, cuyas pretensiones fueron negadas por el Tribunal
Administrativo de Risaralda mediante sentencia del 23 de abril de 2021. Contra
esta decisión, la sociedad interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido
por esta Corporación. Luego, mediante solicitud del 22 de febrero de 2022 la
sociedad desistió del recurso. Dicho desistimiento fue aceptado por el Consejo

26
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 237 a 252
27
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 225 a 236

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

de Estado mediante providencia del 10 de marzo de 202228, en la cual también
se declaró terminado el proceso29.

• El 9 de diciembre de 2021 mediante Recibo Oficial 4910048179980 la actora
consignó la suma de $328.558.000 por concepto de sanción30.

• El 3 de agosto de 2022 la demandante radicó ante la DIAN un derecho de
petición en donde solicitó que se realizaran actuaciones para la actualización
del sistema con el fin de reflejar el cumplimiento de su obligación y que emitiera
paz y salvo o estado de cuenta en donde se evidenciara el pago de la obligación
por retención en la fuente 12 del periodo gravable 201331.

• El 22 de agosto de 2022, el Jefe de División de Recaudo y Cobranzas mediante
oficio 14749030953693, respondió dicha petición en donde indicó: «En lo que
respecta al primer presupuesto, hay que precisar que, en este caso, y según lo expuesto por el
peticionario, el título que generó la obligación a cargo de la Caja de Compensación fue la
Resolución Sanción por no Declarar No. 1642142018000032 proferida el 13 de noviembre de
2018 respecto del impuesto de retención en la fuente del año gravable 2013 periodo 12,
confirmada con la resolución que resuelve recurso de reconsideración 992232019000014 de 30
de octubre de 2019, actos administrativos que fueron demandados ante el Contencioso
Administrativo y que por ende, para la fecha a la que alude el requisito bajo estudio (30 de junio
de 2021) se encontraban en discusión ante dicha jurisdicción, sin que pueda predicarse
entonces la mora en el pago de la obligación a esa fecha, pues si un acto administrativo está
demandado como en este caso, no opera sobre el la ejecutoria a la que alude el artículo 829
del ET que señala: (…)»

• El 28 de septiembre de 2022 la demandante interpuso recurso de
reconsideración frente a la respuesta del derecho de petición. Allí expresó que
«La Administración Tributaria confunde la mora de una obligación con la exigibilidad. Una
obligación está en mora cuando no se paga dentro de la oportunidad legal y por ello se sanciona
esa mora con el pago de intereses de mora y/o con el reajuste de la obligación. En cambio, una
obligación es exigible cuando existe un título ejecutivo, habilitando a la autoridad para perseguir
su pago coactivamente». También afirmó que «La DIAN profirió una resolución sanción y
una resolución confirmatoria de la sanción, que son títulos por medio de los cuales se liquidó e
impuso la sanción. Esos títulos fueron objeto de demanda ante el contencioso y en ese sentido,
por supuesto, los mismos no quedaron ejecutoriados, es decir, la obligación derivada de la
imposición de la sanción no podía ser exigible por la autoridad por falta de ejecutoria del
título32».

• La anterior solicitud fue resuelta el 13 de octubre de 2022 por el jefe de División
de Recaudo y Cobranzas mediante oficio 004154, en el que reiteró la respuesta
otorgada el 22 de agosto de 202233.

28
proceso judicial 66001-23-33-000-2020-00144-01
29
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 258 a 261
30
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Página 264
31
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 257 y 256
32
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 279 a 286
33
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 289

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

• El 26 de septiembre de 2022, la División de Recaudo y Cobranzas de la
Dirección Seccional de Pereira profirió el Mandamiento de Pago
2022032000333, en el que ordenó el pago de $1.261.458.000 34.

• El 27 de octubre de 2022 la demandante propuso excepción de pago efectivo35,
la cual fue negada el 17 de noviembre de 2022 por la anotada división mediante
la Resolución 202216272031236. Decisión que fue confirmada el 11 de enero
de 2023 mediante la Resolución 202316272031137.

Del análisis de los hechos y de las pruebas que obran en el proceso en contraste con
los argumentos de apelación referidos a la presunta vulneración del debido proceso,
se advierte que la actora realmente busca cuestionar la validez de la decisión de la
Administración de negar la procedencia del beneficio previsto en el artículo 45 de la
Ley 2155 de 2021. Sin embargo, lo cierto es que dicha decisión no fue adoptada
mediante los actos de cobro que ocupan la atención de esta Sala, sino mediante los
actos administrativos que fueron proferidos por la DIAN para dar respuesta al derecho
de petición elevado por la sociedad el 3 de agosto de 2022, esto es, el oficio
14749030953693 de 22 de agosto de 2022 y a su oficio confirmatorio.

De tal manera, los reparos formulados respecto de la competencia de la división que
resolvió la referida petición y los cuestionamientos dirigidos a advertir la indebida
aplicación del procedimiento para negar el beneficio, corresponden a una discusión
propia del control de legalidad del oficio 14749030953693 de 22 de agosto de 2022 y
a su oficio confirmatorio, los cuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del
CPACA, eran demandables y, por ende, susceptibles de control judicial, siendo del
caso agregar, que de conformidad con el artículo 829-1 del ET en el trámite de cobro
no pueden debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía
administrativa.

Tal y como lo ha sostenido la Sala, el procedimiento administrativo de cobro coactivo
tiene por objeto la ejecución de obligaciones claras, expresas y exigibles. Por lo que
se parte del entendimiento de que, respecto del origen, la causa, la liquidación y la
vigencia de la obligación que se pretende cobrar, ya están agotadas las etapas de
discusión administrativa y, por tanto, no es posible controvertir aspectos diferentes a
aquellos dirigidos a atacar la eficacia del título ejecutivo38.

En el caso sub examine los actos demandados tienen como finalidad perseguir el cobro
contenido en el título ejecutivo que está constituido por la Resolución Sanción
164142018000032 y su confirmatoria, la Resolución 992232019000014, actos objeto
de control judicial ante la Jurisdicción, que culminó con el auto que aceptó el
desistimiento del recurso de apelación, decisión ejecutoriada el 24 de marzo de 202239,
en virtud de lo previsto en el numeral 4° del artículo 829 de ET.

34
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 276 a 278
35
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 291 a 305
36
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 317 a 320
37
Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo
8_008CONTESTACIONDEMANDAANTECEDENTESDIAN(.pdf) NroActua 9. Páginas 340 a 347
38
Sentencia del 12 de junio de 2025, Exp. 29373 CP Wilson Ramos Girón (E).
39
Auto notificado por estado del 18 de marzo de 2022.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

En consecuencia, se advierte que mediante el recurso de reconsideración interpuesto
contra el Oficio 14749030953693 de 22 de agosto de 2022, la actora tuvo la
oportunidad procesal de formular argumentos en contra de la decisión de la
Administración que negó la procedencia del beneficio pretendido. En consecuencia,
no se evidencia que, en el marco de los actos de cobro coactivo, se hubiera vulnerado
el derecho al debido proceso de la demandante.

Aunado a lo anterior, se advierte que la demandante propuso como excepción la
extinción de la obligación por pago, circunstancia que imponía a la Administración el
deber de verificar si el pago invocado tenía la entidad suficiente para extinguir
íntegramente la obligación tributaria. En ejercicio de esa función, la autoridad concluyó
que únicamente se encontraba acreditado un pago parcial, al considerar que la
contribuyente no reunía los requisitos para acogerse al beneficio previsto en el artículo
45 de la Ley 2155 de 2021.

En efecto, tanto en el escrito de excepciones contra el mandamiento de pago como en
el recurso de reposición, la demandante sostuvo que había cancelado la totalidad de
la obligación mediante la aplicación del referido beneficio y, paralelamente, alegó que
cualquier controversia sobre el cumplimiento de sus requisitos debía ventilarse en un
procedimiento independiente, por estimar que su análisis en sede de cobro vulneraba
el debido proceso.

La Sala no comparte esa tesis. La excepción de pago obliga a la Administración a
establecer no solo la existencia material de un desembolso, sino también su eficacia
jurídica para extinguir la obligación cuyo cobro se persigue. En esa medida, cuando el
deudor fundamenta la extinción de la obligación en la aplicación de un beneficio legal
que reduce el monto exigible, resulta ineludible verificar si concurren los presupuestos
normativos que habilitan su reconocimiento. De lo contrario, la autoridad se vería
compelida a aceptar como suficiente cualquier pago parcial sustentado en un beneficio
cuya procedencia no ha sido acreditada, con desconocimiento del principio de
legalidad que rige la actuación administrativa.

Por consiguiente, el análisis efectuado por la Administración respecto del cumplimiento
de los requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 no constituyó un
pronunciamiento autónomo sobre el reconocimiento del beneficio ni implicó la
sustitución de otro procedimiento. Se trató, por el contrario, de un examen
estrictamente instrumental e indispensable para resolver la excepción de pago
propuesta por la propia demandante y determinar si el pago invocado tenía la
virtualidad de extinguir total o parcialmente la obligación objeto del cobro. Solo a partir
de esa verificación era posible establecer si la excepción estaba llamada a prosperar.

En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

De la obligación en mora como requisito del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021

La actora afirmó que cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo
45 de la Ley 2155 de 2021, toda vez que, en los términos del artículo 867-1 del ET,
tenía una deuda en mora y susceptible de ser actualizada al 30 de junio de 2021, pues
si bien a esa fecha los actos sancionatorios se encontraban en discusión ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por tanto, no estaban ejecutoriados, la
mora subsistía con independencia de la exigibilidad de la obligación.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

El artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 establecía como requisito para la procedencia
del beneficio que las obligaciones objeto de reducción se encontraran en mora al 30
de junio de 2021. Para estos efectos, el artículo 2 de la Resolución 000126 de 2021
definió como obligaciones en mora aquellas que no hubieran sido canceladas
oportunamente e incluyó, entre otras, las obligaciones incluidas en actos
administrativos y sentencias judiciales cuyo vencimiento fuere hasta esa fecha40.

Al efecto, de conformidad con el numeral 3 del artículo 828 del ET, constituyen títulos
ejecutivos los actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos que
se encuentren debidamente ejecutoriados y en los cuales se fijen sumas líquidas de
dinero en favor del fisco nacional, como ocurre en este caso con la Resolución Sanción
164142018000024 y su confirmatoria, la Resolución 992232019000014.

Al respecto, la Sala41 ha sostenido que la configuración de la mora solo procede en
aquellos casos en que la obligación tributaria que se pretende cumplir se encuentre
plenamente determinada. Por ello, no podría entenderse configurada la mora sobre
una obligación que esté siendo discutida ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, máxime si se tiene en cuenta que, en caso de declararse la nulidad de
los actos, la obligación y sus eventuales intereses no serían exigibles al contribuyente.

Es por lo anterior que la misma Ley 2155 de 2021, en su artículo 46, estableció un
beneficio específico para aquellas obligaciones que se encontraran en discusión
judicial, facultando a la DIAN para conciliar, en los casos en que se hubiera presentado
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el valor de las sanciones e intereses, según
correspondiera. En particular, dispuso que: «Cuando el acto demandado se trate de una
resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario,
aduanero o cambiario, en las que no hubiere impuestos o tributos a discutir, la conciliación operará
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá
pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción
actualizada.».

Al respecto, conviene precisar que esta Corporación no confunde los conceptos de
mora y exigibilidad de la obligación tributaria, pues se trata de categorías jurídicas
distintas. La mora presupone el incumplimiento de una obligación actualmente exigible,
de modo que solo puede configurarse cuando la obligación tributaria se encuentra
plenamente determinada y es susceptible de ser reclamada por la Administración. En
consecuencia, no puede predicarse la existencia de mora respecto de una obligación
que se encuentra sub judice y cuya legalidad está siendo controvertida ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues, de prosperar la pretensión de
nulidad, la obligación y los intereses asociados carecerían de fundamento jurídico.
Precisamente por ello, el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021 estableció un mecanismo
especial de terminación de controversias para las obligaciones discutidas
judicialmente, facultando a la DIAN para conciliar las sanciones e intereses, lo que
evidencia que el legislador reconoció el tratamiento diferenciado de aquellas
obligaciones cuya exigibilidad aún dependía de la definición del litigio.

40
También aquellas sanciones actualizadas en los términos del artículo 867-1 del ET y que correspondan a hechos anteriores al
30 de junio de 2021.
41
Sentencia del 16 de marzo de 2023, Exp. 26621 CP Wilson Ramos

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

En este caso, la demandante no podía acceder al beneficio previsto en el artículo 45
de la Ley 2155 de 2021, toda vez que esta figura presuponía la existencia de una
obligación tributaria exigible. En efecto, la finalidad de esta norma era permitir el pago
de obligaciones pendientes con el fisco, esto es, obligaciones plenamente exigibles.
Por lo tanto, los actos sancionatorios que, a 30 de junio de 2021, se encontraban en
discusión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tenían el carácter de
ser una obligación en mora, condición que solo se adquirió con la ejecutoria del auto
de 10 de marzo de 2022 que aceptó el desistimiento y la terminación del proceso
cuando la jurisdicción atendió la solicitud presentada por la actora el 22 de febrero de
2022, siendo esta fecha notoriamente posterior al termino definido por el legislador
para acreditar el cumplimiento de los requisitos que permitían acceder al beneficio
tributario.

En suma, al no encontrarse satisfechos en su integridad los requisitos exigidos por el
artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, y por ende, al no encontrarse probada la excepción
de pago efectivo, tal como lo expuso la DIAN en los actos acusados, no prospera el
cargo de apelación y, en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia.

Costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 de la Ley 1564
de 201242, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 201143, y
acorde con lo contemplado en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante, al
haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado la sentencia
de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) smmlv. Por
lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1.- Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2.- Condenar en costas a la demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

42
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión.”
43
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00063-01 (29715)
Demandante: Caja de Compensación Familiar
de Risaralda

3.- Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Viviana Patricia Salazar
Gómez, como apoderada de la U.A.E. DIAN, de conformidad con lo previsto en el
artículo 76 del CGP. Por Secretaría, se ordena comunicar la presente decisión a la parte
demandante.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.