RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2024-00030-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2024-00030-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2024-00030-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia. 2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. En consecuencia, ordenar al tribunal, que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 66001-23-33-000-2024-00030-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.-
OPAM
Demandado MUNICIPIO DE PEREIRA
Temas Estampillas Pro-Cultura y Pro-Bienestar del Adulto Mayor.
Contrato de concesión. Cosa juzgada. Base gravable.
Intereses moratorios. Condena en costas nulidad parcial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que resolvió1:
1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
propuesta por la Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña S.A.S. contra el Municipio de
Pereira.
2. Sin costas en esta instancia, por lo considerado.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El municipio de Pereira liquidó la Estampilla Pro-Cultura y la Estampilla Pro-
Bienestar del Adulto Mayor a cargo de la Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña
S.A.S.- OPAM (en adelante OPAM), mediante resoluciones 526 y 527 del 31 de mayo
de 2018, corregidas por las resoluciones 546 y 547 del 6 de junio de 2018 y
confirmadas mediante resoluciones 114513 y 114614 del 5 de octubre de 2018,
respectivamente. En los actos se tuvo como hecho generador la suscripción del
contrato de Concesión 092 de 2017 entre OPAM y el Aeropuerto Internacional
Matecaña, calendado el 17 de abril de 2017 y como base el valor del contrato.

Estos actos fueron demandados y el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
mayo de 20222, complementada el 7 de diciembre de 20223 y corregida el 19 de
julio de 20234, declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho dispuso que la demandante no estaba obligada al
pago de los valores determinados por la administración.

El 8 de noviembre de 2022, el ente territorial, expidió las resoluciones 2637 y 2638
por las cuales profirió la liquidación oficial de las Estampillas Pro-Cultura y Pro-
Bienestar del Adulto Mayor, por los períodos de septiembre de 2017 a agosto de
2022 respectivamente, confirmadas mediante las resoluciones 007777 del 5 de
1
Samai del tribunal, índice 28, página 45
2
Sección Cuarta, expediente 25322, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
3
Sección Cuarta, expediente 25322, M.P. Milton Chaves García (E).
4
Sección Cuarta, auto del 19 de julio de 2023, exp. 25322, M.P. Wilson Ramos Girón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

septiembre de 2023 y 007784 del 6 del mismo mes y año. En los actos se tomó
como base la remuneración percibida por el contratista en cada período.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló las siguientes
pretensiones5:
8.1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 2637 del 8 de noviembre de 2022 y 007777 del
5 de septiembre de 2023, que liquidaron y confirmaron la Estampilla Pro-Cultura por los
periodos comprendidos entre septiembre de 2017 a agosto de 2022.
8.2. Declarar la nulidad de las Resoluciones 2638 del 8 de noviembre de 2022 y 007784 del
6 de septiembre de 2023, que liquidaron y confirmaron la Estampilla Pro-Bienestar del
Adulto Mayor por los periodos comprendidos entre septiembre de 2017 a agosto de
2022.
8.3. A título de restablecimiento del derecho se solicita, que como consecuencia de la
nulidad de las Resoluciones anteriormente identificadas, se declare que la sociedad
OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S (…) no adeuda suma alguna
al Municipio de Pereira por concepto de Estampilla Pro-Cultura y Estampilla Pro-
Bienestar del Adulto Mayor por los periodos comprendidos entre septiembre de 2017 a
agosto de 2022.

Invocó como normas violadas los artículos 6, 29, y 338 de la Constitución Política;
634 y 730 (numeral 5) del Estatuto Tributario; 303 del Código General del Proceso;
artículo 189 de la Ley 1437 de 2011; y 218, 221, 222, 237, 238 y 243 del Acuerdo
029 de 2015. El concepto de la violación se resume a continuación:
Alegó que los actos acusados son nulos por vulnerar el debido proceso, por
corresponder a un procedimiento legalmente concluido y desconocer la cosa
juzgada. A su parecer, el proceso de determinación oficial de las estampillas Pro-
Cultura y Pro-Bienestar del Adulto Mayor derivadas del contrato de concesión 092
de 2017 quedó concluido con la sentencia del Consejo de Estado. En consecuencia,
el municipio no podía iniciar una nueva actuación para determinar los mismos
gravámenes en los que confluyen los mismos elementos, desconociendo lo
establecido en el numeral 5 del artículo 730 del Estatuto Tributario, entre otras
normas, así como el principio de seguridad jurídica
En su entendimiento, en ambos casos los sujetos activo y pasivo, los tributos; el
hecho generador, y las tarifas son las mismas, lo cual ilustró en un cuadro
comparativo, por lo que acceder a una nueva liquidación implicaría desconocer los
efectos de cosa juzgada6 de la sentencia del Consejo de Estado y permitir que el
municipio subsane los errores de la primera actuación administrativa.
Aunque reconoció que en la primera actuación de la demandada tuvo como base
gravable el valor del contrato y en la segunda la remuneración percibida por OPAM,
sostuvo que esa diferencia no elimina la identidad sustancial del litigio ni habilita a
la administración para reabrir una actuación ya concluida mediante sentencia
ejecutoriada.
5
Samai del tribunal, índice 01. PDF demanda
6
Citó los artículos 303 del Código General del Proceso, 189 de la Ley 1437 de 2011, así como varios pronunciamientos
del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre esta figura

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

También alegó falta de competencia del municipio para liquidar por segunda vez las
estampillas respecto del contrato de concesión 092 de 2017. Sostuvo que, aunque
el ente territorial tiene potestad tributaria para determinar esos gravámenes, solo
podía ejercerse una vez frente al mismo contribuyente, tributo y hecho generador,
para lo cual citó pronunciamientos del Consejo de Estado7.

Sostuvo que el municipio pretendió justificar la nueva liquidación en la tesis jurídica
del Consejo de Estado sobre la base gravable de las estampillas en los contratos
de concesión, para señalar que se habilitaba nuevamente la determinación de los
tributos y liquidarse parcialmente a medida que se perciban ingresos. Sin embargo,
dicha postura no autorizaba a reabrir un procedimiento ya concluido ni a revivir la
facultad de la administración, en contravía del debido proceso y la seguridad
jurídica.

Añadió que la demandada solicitó al Consejo de Estado adicionar la sentencia del
expediente 25322 para que se declarara que podía liquidar nuevamente las
estampillas cuando el concesionario percibiera remuneración, petición que fue
rechazada por extemporánea e improcedente, lo que refuerza que el ente territorial
no fue habilitado judicialmente para iniciar una nueva determinación. Así, la
demandada ya agotó su oportunidad para determinar las estampillas en cuestión.

Adicionalmente, invocó la violación del principio de legalidad tributaria afirmando
que aun si se aceptara que la demandada podía liquidar nuevamente las
estampillas, los actos serían nulos porque determinaron la obligación con base en
elementos no previstos por el concejo municipal. Esto porque el Acuerdo 029 de
2015, norma vigente para la suscripción del contrato, establecía que la base
gravable de las Estampillas era el valor del contrato y no la remuneración mensual
percibida por el concesionario como se indicó en los nuevos actos, para lo cual
transcribió los artículos 218, 221 y 222, que regulaban la Estampilla Pro-Cultura; y
234, 237 y 238 para la Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor.

Así, el municipio no podía reemplazar la base gravable prevista en el acuerdo por
la remuneración mensual de OPAM con fundamento en una interpretación
jurisprudencial, so pena de desconocer el artículo 338 de la Constitución, que
dispone que únicamente la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden fijar los
elementos de los tributos.

Agregó que la regulación municipal no contemplaba un procedimiento de recaudo
adecuado para contratos de concesión, pues las normas locales preveían que las
estampillas se descontarían del primer pago realizado por la entidad contratante,
supuesto que no se configura en el contrato de concesión porque la demandante
no recibe pagos directos del concedente, sino de distintas fuentes provenientes de
terceros.

Argumentó que su actuación dentro del proceso administrativo y judicial no
constituye abuso del derecho ni una intención de eludir el pago de tributos, como se
señaló en los actos, sino el ejercicio legítimo de su derecho de defensa y a exigir la
correcta aplicación de los principios de legalidad, seguridad jurídica y justicia en las
actuaciones del ente territorial. Por ello, sus cuestionamientos han buscado
evidenciar que la regulación municipal de las estampillas no se ajusta a los contratos
de concesión, porque prevé como base gravable el valor del contrato y como
momento de recaudo el primer pago, pese a que en este tipo contractual la
7
Sentencia del 5 de diciembre de 2011, exp. 18396. (No se identificó Magistrado Ponente).

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

remuneración del concesionario es determinable durante la ejecución y no proviene
de pagos directos de la entidad concedente.

Cuestionó el cobro de intereses moratorios señalando que, conforme al artículo 634
del Estatuto Tributario, aplicable por remisión del artículo 243 del Acuerdo 029 de
2015, solo proceden cuando el contribuyente no cancela oportunamente impuestos,
anticipos o retenciones y, como en este caso es improcedente la nueva liquidación
de las estampillas, también lo es el cobro de intereses «causados desde la notificación de
los actos liquidatorios». Agregó que, aun si se aceptara la posibilidad de liquidaciones
parciales, estos tendrían naturaleza de pagos anticipados frente al valor final del
contrato, por lo que la sociedad no estaría en mora, lo cual ha sido respaldado por
el Consejo de Estado8. Además, al no existir un procedimiento ni plazo específico
de pago para estampillas causadas en contratos de concesión, no se configura el
presupuesto legal para exigir intereses moratorios.

Oposición de la demanda

El Municipio de Pereira se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones de la
demanda9. Sostuvo que, contrario a lo alegado por la demandante, la sentencia del
Consejo de Estado, en la que se declaró la nulidad de los primeros actos de
determinación, dejó claro que OPAM es sujeto pasivo de las referidas estampillas,
pero consideró que era improcedente tomar como base gravable el valor total del
contrato, puesto que, según la jurisprudencia reiterada de esa corporación, la
remuneración efectivamente percibida por el concesionario constituye la base
durante la ejecución del contrato. Así, la decisión judicial nunca tuvo como
fundamento la inexigibilidad del tributo.

Frente al cargo relacionado con la supuesta existencia de un procedimiento
legalmente concluido y la vulneración de la cosa juzgada, sostuvo que los actos
demandados no desconocen la sentencia proferida dentro del proceso 2018-00553
(25322), sino que, precisamente, desarrollan el criterio allí fijado para determinar el
tributo sobre las remuneraciones periódicas obtenidas por OPAM y no el valor total
del contrato de concesión.

Expuso que, aunque las partes son las mismas, el objeto del presente proceso
difiere del decidido anteriormente, puesto que los actos administrativos
demandados son distintos de aquellos anulados en ese proceso. Por ello, consideró
que no concurren los presupuestos previstos en el artículo 303 del Código General
del Proceso.

Añadió que la misma sociedad reconoció en su escrito que se trata de procesos
diferentes y que las liquidaciones oficiales tienen como fundamento el fallo del
Consejo de Estado, el cual confirma que es sujeto pasivo de los gravámenes en
cuestión para los períodos 2017 a 2022.

Respecto del cargo según el cual el municipio carecía de competencia para iniciar
una nueva actuación de determinación oficial, sostuvo que la nulidad declarada en
el proceso anterior no eliminó la obligación tributaria ni impidió su determinación
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

8
Invocó apartados de la sentencia del 20 de febrero de 2017, exp. 21579, sin identificar magistrado ponente.
9
Samai del Tribunal, Índice 09.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

Afirmó que la demandante reproduce los mismos argumentos expuestos en el
proceso anterior acerca de la inexistencia de un procedimiento específico para
liquidar las estampillas en contratos de concesión, asunto que ya fue resuelto por la
Sección Cuarta, la cual precisó que el sujeto activo del tributo conserva la facultad
de liquidar las obligaciones tributarias mediante acto administrativo, siguiendo las
reglas generales previstas en el artículo 2º del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sobre la liquidación de intereses moratorios, argumentó que el hecho generador de
las estampillas es la celebración del contrato y que, tratándose de concesiones, la
exigibilidad del tributo surge conforme se perciben las remuneraciones derivadas
de su ejecución. Indicó que, como OPAM recibió ingresos durante las vigencias 2017
a 2022, según las certificaciones expedidas por el Aeropuerto Matecaña, y no
efectuó el pago correspondiente de las estampillas, procedía el cobro de intereses
moratorios en los términos señalados en los actos demandados.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda, sin
condenar en costas, conforme a lo siguiente10:

Como cuestión inicial, examinó si se configuraba la cosa juzgada respecto de la
sentencia del Consejo de Estado del 26 de mayo de 2022 (exp. 25322), que anuló
las liquidaciones de las mismas estampillas derivadas del contrato de concesión
092 de 2017.

Aunque encontró identidad de partes, tanto activa como pasiva, y se estudió
igualmente la procedibilidad del pago de las Estampillas Pro-Cultura y Pro-Bienestar
del Adulto Mayor, consideró que ambos procesos difieren en la forma de aplicación
de la base gravable (causa petendi) pues la nulidad decretada por el Consejo de
Estado obedeció a una indebida cuantificación de la base gravable y no a la
inexistencia de la obligación tributaria que es diferente a la que contienen los actos
ahora demandados. Además, indicó que no había identidad de objeto porque se
debate la nulidad de actos administrativos diferentes. Concluyó que los nuevos
actos administrativos no desconocían la cosa juzgada, pues no reproducían la
misma liquidación anulada, sino que aplicaban una base gravable distinta, fundada
en la remuneración efectivamente percibida por la sociedad demandante como
concesionaria.

Sostuvo que el Municipio de Pereira sí tenía facultad para fiscalizar, liquidar, discutir,
recaudar y cobrar los tributos municipales, conforme a los artículos 2, 243, 244 y
308 del Acuerdo 029 de 2015 y explicó que del tenor literal del artículo 223 ibidem
se concluye que corresponde a la entidad administradora del contrato suscrito con
OPAM efectuar la liquidación del valor a pagar por concepto del tributo, esto es, e
cálculo del valor a descontar por dicho concepto pero que ese artículo no establecía
una norma especial para la liquidación oficial del tributo que excluyera la
competencia que la demandada tenía para determinarlo mediante liquidación oficial.

Invocó el pronunciamiento del Consejo de Estado11 para insistir en que la
administración municipal, en el ejercicio de sus facultades, puede liquidar la
obligación cuando evidencie el incumplimiento en su pago, pese a que para el

10
Samai del Tribunal, Índice 28.
11
Sección Cuarta, sentencia del 24 de mayo de 2018, exp. 21096, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

gravamen en cuestión no se deba presentar declaración alguna. También indicó
que el procedimiento para efectuar la retención en la fuente es diferente al de
determinación de la obligación.

Sobre la alegada imposibilidad de determinar por segunda vez la obligación,
consideró que la liquidación de 2018 desapareció del ordenamiento jurídico al haber
sido anulada por el Consejo de Estado. Por tanto, los actos demandados en la
presente litis no constituían una segunda liquidación concurrente, sino un nuevo
proceso administrativo dirigido a determinar correctamente el tributo a cargo de la
demandante con base en la remuneración del concesionario, conforme al criterio
jurisprudencial aplicable, siendo los actos demandados la única liquidación.

Así, consideró que la nulidad del acto original tiene como efecto su pérdida de
validez y genera la obligación de rectificar sus consecuencias jurídicas, sin que ello
implique la exoneración del tributo, siempre y cuando no ha haya perdido
competencia temporal.

En cuanto al principio de legalidad tributaria, analizó los artículos 221, 222, 237 y
238 del Acuerdo 029 de 2015 y concluyó que la base gravable de las estampillas
corresponde al valor del contrato. Sin embargo, acogió la jurisprudencia del Consejo
de Estado12 según la cual, en los contratos de concesión, la base corresponde a la
remuneración que recibe el concesionario como contraprestación por la ejecución
del contrato.

Por ello, aunque la base no podía determinarse desde la suscripción del contrato,
sí era determinable durante su ejecución.

Destacó que la demandada tomó como base gravable la suma correspondiente a
pagos y retribuciones percibidos por OPAM entre septiembre de 2017 y agosto de
2022, de conformidad con la facturación de dichos períodos allegada por la misma
demandante, informes mensuales de interventoría, informes del revisor fiscal,
estados financieros y declaraciones tributarias de la fiduciaria. Además, indicó que
dichas cifras no fueron objetadas.

En consecuencia, consideró ajustadas las liquidaciones oficiales de conformidad
con las tarifas para cada estampilla.

Frente a los intereses moratorios, señaló que el Acuerdo 029 de 2015 presentaba
un vacío sobre el momento de exigibilidad del pago en contratos de concesión en
los que no existe desembolso directo de la entidad contratante al concesionario. Si
bien, tal situación fue superada por los artículos 62 y 63 del Acuerdo 042 de 2017,
no podía aplicarse en virtud del principio de irretroactividad.

Sin embargo, destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado13, ha dispuesto
que tratándose de estampillas sin obligación de declarar ni descuento de la entidad
contratante, los intereses solo se causan desde la notificación del acto
administrativo que determina el tributo, lo cual fue acogido en los actos
demandados.

Se abstuvo de condenar en costas, por considerar que no se probó su causación.
12
Invocó las sentencias del 04 de mayo de 2015, exp. 20615, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 20 de febrero de
2017, exp. 21579, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 24 de mayo de 2018, expedientes. 21110 y 21243, M.P.
Julio Roberto Piza.
13
Sección Cuarta. Sentencia 24 de mayo de 2018, sin identificar proceso ni magistrado ponente

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

Recurso de apelación

La demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia14 y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que los actos administrativos
son nulos porque revivieron un procedimiento de determinación tributaria
legalmente concluido15 respecto a la liquidación de las estampillas con ocasión al
contrato de concesión 092 de 2017 y desconocieron la cosa juzgada derivada de la
sentencia del proceso 25322, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos de
determinación expedidos en 2018 y reconoció, como restablecimiento del derecho,
que OPAM no estaba obligada al pago de los valores allí determinados.
Afirmó que, aunque los actos administrativos son distintos y la base gravable
utilizada difiere, en ambos procesos concurren las partes, el tributo, el mismo hecho
generador (suscripción del contrato de concesión) para lo cual hizo un cuadro
comparativo16.
Así, se configuraba la cosa juzgada porque había identidad de i) objeto, ya que los
gravámenes y las tarifas eran idénticas, además de que la pretensión era la misma,
esto es la nulidad de actos oficiales y la declaratoria de que la sociedad no adeuda
suma alguna por concepto de las estampillas objeto de litigio; ii) causa, al surgir los
dos procesos del contrato de concesión; iii) partes, pues el sujeto activo (municipio)
y pasivo (demandante) no cambiaron.
También alegó que la demandada carecía de competencia para liquidar por
segunda vez las estampillas respecto del mismo contrato de concesión. Precisó que
no cuestiona la potestad tributaria del municipio para determinar el tributo, sino la
posibilidad de ejercer dicha facultad más de una vez respecto de la misma
obligación.
Citó la sentencia del 5 de diciembre de 2011 del Consejo de Estado17 y sostuvo que
el procedimiento oficial de determinación sólo puede adelantarse una vez y que, si
el acto definitivo es anulado por vicios propios de la actuación administrativa, no se
puede iniciar un nuevo procedimiento para corregir sus errores, más cuando la
postura del alto tribunal ya había sido fijada antes de la expedición de los primeros
actos.
Señaló que los artículos 702 y 703 del Estatuto Tributario consagran que solo se
puede modificar la declaración privada por una vez y que el requerimiento especial
solo se puede proferir una vez.
Agregó que la sentencia complementaria del proceso 25322 reconoció
expresamente que OPAM no estaba obligada al pago de las estampillas
determinadas en los actos anulados y que la actuación del municipio en dicho
proceso evidencia que requería autorización judicial para efectuar nuevas
liquidaciones, lo cual nunca fue concedido en las providencias posteriores a la
sentencia.
Insistió en que los actos administrativos vulneran el principio de legalidad tributaria,
ya que el Acuerdo Municipal 029 de 2015 (norma que no ha sido anulada) estableció

14
Samai del Tribunal, índice 32.
15
Artículo 730 numeral 5 del Estatuto Tributario
16
En respaldo, citó las sentencias C-100 de 2019 y SU-498 del 14 de septiembre de 2016 de la Corte Constitucional; así
como las proferidas por el Consejo de Estado, Sección Cuarta del 24 de octubre de 2020, exp. 24509; reiterada el 23 de
septiembre de 2021, exp. 24223; el 25 de julio de 2024, exp. 27836; y el 15 de marzo de 2024, exp. 25535.
17
Expediente 18396

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

expresamente como base gravable de las estampillas el valor del contrato y fijó
igualmente el momento de su recaudo mediante descuento sobre el primer pago
efectuado por la entidad contratante, lo cual no se evidenciaba en este caso dado
que en el contrato de concesión la retribución del concesionario proviene de
ingresos regulados y no regulados pagados por terceros y no directamente por la
entidad concedente
A su juicio, el municipio sustituyó esos elementos esenciales del tributo al liquidar
las estampillas sobre las remuneraciones e ingresos efectivamente percibidos por
el concesionario durante la ejecución contractual, criterio construido a partir de la
jurisprudencia del Consejo de Estado y no de la regulación municipal vigente. Sin
embargo, una providencia judicial no puede modificar los elementos esenciales del
tributo ni suplir la ausencia de regulación local para los contratos de concesión.
Finalmente, cuestionó la procedencia de los intereses moratorio señalando que la
nulidad de los actos origina la improcedencia de su cobro. Añadió que, aun bajo la
hipótesis de que fuera válida la determinación oficial de las estampillas, tampoco
podrían liquidarse intereses de mora, pues, conforme a la jurisprudencia de la
Sección Cuarta18, las liquidaciones efectuadas durante la ejecución de un contrato
de concesión constituyen liquidaciones provisionales o pagos anticipados del
tributo, situación incompatible con la configuración de mora.
En consecuencia, de estimarse exigible el tributo, los intereses sólo podrían
causarse desde la ejecutoria de la decisión judicial definitiva de este proceso.
Oposición al recurso de apelación
El municipio demandado guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se
declare la nulidad de las resoluciones acusadas.
Sostuvo que la sentencia del Consejo de Estado del 26 de mayo de 2022 declaró la
nulidad de los actos expedidos en 2018 y que la sentencia complementaria precisó
que OPAM no estaba obligada al pago de los valores determinados en esos actos
administrativos, por lo que esa decisión delimitó los efectos de la cosa juzgada a los
valores allí liquidados, sin extenderlos a cualquier otra determinación futura del
tributo.
Indicó que el municipio ajustó la metodología de determinación, pero que
correspondía verificar si demostró adecuadamente los ingresos percibidos por la
sociedad demandante, carga probatoria que, según la jurisprudencia, recaía en la
administración, y, al no cumplirlo, las nuevas liquidaciones carecen de soporte
probatorio suficiente y resultan nulas.
En cuanto a los intereses moratorios, señaló que el Consejo de Estado ha sostenido
que estos solo proceden cuando existe un plazo cierto de pago fijado por la ley.
Como, en este caso no se definió tal procedimiento, concluyó que no procedía exigir
intereses moratorios.
En conclusión, los actos demandados adolecen de vicios en la determinación de la
base gravable y en el cobro de intereses.
18
Citó las sentencias del 4 de mayo de 2015, exp 20615 y del 20 de febrero de 2017, exp 21579.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección decidir la legalidad de las resoluciones 2637 del 8 de
noviembre de 2022 y 007777 del 5 de septiembre de 2023, que liquidaron y
confirmaron la Estampilla Pro-Cultura y las resoluciones 2638 del 8 de noviembre
de 2022 y 007784 del 6 de septiembre de 2023, que liquidaron y confirmaron la
Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor, expedidas por el municipio de Pereira,
por los periodos comprendidos entre septiembre de 2017 a agosto de 2022 a cargo
de OPAM.

A efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
se verificará si i) los actos administrativos demandados desconocieron la cosa
juzgada derivada de la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
proferida en el proceso 25322, ii) correspondieron a un procedimiento legalmente
concluido lo cual está relacionado con la competencia de la entidad demandada.

Así mismo, se deberá establecer si iii) la liquidación de las estampillas con base en
la remuneración efectivamente percibida por la concesionaria vulneró el principio
de legalidad tributaria y, iv) procede el cobro de intereses moratorios.

Previo a este estudio, se pone de presente que en la apelación se invocaron los
artículos 702 y 703 para fundamentar el hecho de que la administración solo podía
modificar la declaración privada por una sola vez, lo cual cobijaba la expedición de
un solo requerimiento especial. Sin embargo, tales circunstancias no fueron
presentadas en la demanda, sino que corresponde a reparos planteados solamente
en el recurso, por lo que la Sección no se pronunciará al respecto.

Al respecto ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a
las partes la inclusión en sede de apelación de cargos y argumentos novedosos,
desconocidos y ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el
planteamiento de cuestiones que no han sido objeto de controversia, siendo este
un requisito de las normas que regulan el derecho procesal administrativo y las
garantías al debido proceso19.

Análisis del caso concreto

Sobre la cosa juzgada

La apelante sostiene que la sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente 25322,
complementada el 7 de diciembre de 2022 y corregida el 19 de julio de 2023, hizo
tránsito a cosa juzgada y cerró definitivamente la posibilidad de liquidar las
estampillas Pro-Cultura y Pro-Bienestar del Adulto Mayor causadas con ocasión del
contrato de concesión 092 de 2017.

Al respecto, para que opere el fenómeno de cosa juzgada, esta Sección ha
precisado que se requiere de lo siguiente20:
(i) la identidad del objeto, i.e. que la demanda verse sobre la misma pretensión material o
inmaterial respecto de la cual pudo reconocerse un derecho, o haberse declarado, o

19
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de abril de 2021, exp 25427, reiterada el 30 de abril de 2026, exp
30862, ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del del 21 de agosto de 2025, exp. 22480, M.P. Wilson Ramos Girón.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

modificado un aspecto de la relación jurídica debatida; (ii) la identidad sobre los elementos
consecuenciales de un derecho que no fue declarado expresamente; (iii) la identidad de causa
petendi, como sucede cuando la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
recaen sobre los mismos fundamentos de hecho y de derecho; y, finalmente, (iv) la identidad
de partes e intervinientes los cuales están atados a las decisiones que se tornaron en cosa
juzgada.

Para el caso concreto, se observa que en la sentencia 25322, la Sección analizó la
legalidad de los actos administrativos expedidos en 2018, mediante los cuales el
Municipio de Pereira liquidó las estampillas con fundamento en el presupuesto
estimado de inversión del contrato de concesión y concluyó que esa base gravable
era improcedente, porque en ese tipo de contratación ella corresponde a la
remuneración que percibe el concesionario como contraprestación por el
cumplimiento del objeto contractual, la cual depende de los resultados de la
ejecución del contrato.

Por esa razón, la nulidad decretada tuvo como causa la indebida determinación de
la base gravable, sin que en ningún momento se declarara que OPAM no fuera sujeto
pasivo de las estampillas ni que el contrato de concesión no constituyera hecho
generador

La sentencia complementaria del 7 de diciembre de 2022 adicionó el fallo para
declarar, a título de restablecimiento del derecho, que la demandante no estaba
obligada al pago de los valores determinados en los actos administrativos acusados.
Esa precisión fue corregida posteriormente en el sentido de que la nulidad declarada
era total, pero no se modificó el restablecimiento.

Con ello, se considera que, aunque existe identidad de partes y el debate se
relaciona con el mismo contrato de concesión y las mismas estampillas, no hay
identidad de causa. Ello por cuanto, en el proceso 25322 se juzgó la legalidad de
unas liquidaciones expedidas en 2018, calculadas sobre el presupuesto estimado
de inversión, mientras que en este asunto se juzgan actos distintos, expedidos en
2022 y 2023, que liquidan las estampillas por periodos, en este caso desde
septiembre de 2017 a agosto de 2022, con fundamento en la remuneración
percibida por OPAM.

Esta diferencia, que es reconocida por la demandante, no es meramente formal. De
hecho, se verifica que la causa jurídica de la nulidad anterior fue la indebida
utilización del presupuesto estimado de inversión como base gravable, mientras que
en los actos ahora demandados se pretende aplicar el criterio jurisprudencial fijado
por esta Sección, según el cual la base gravable corresponde a la remuneración del
concesionario. Ello implicó que la demandante planteara cargos independientes en
este proceso y se invocaron fundamentos de derecho diferentes a los del primero
proceso. En consecuencia, no prospera el cargo.

Sobre el procedimiento legalmente concluido y la falta de competencia

La apelante afirma que, al haberse anulado los actos de 2018, el Municipio agotó
su competencia de determinación y no podía iniciar una nueva actuación para
liquidar las mismas estampillas. Invoca, entre otros argumentos, la causal de nulidad
prevista en el numeral 5 del artículo 730 del Estatuto Tributario y la sentencia del 5
de diciembre de 2011, expediente 18396. Aclara que no está cuestionando la
facultad de la administración para determinar los tributos, razón por la cual, es
innecesario pronunciarse al respecto en esta instancia.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

Al respecto, es importante destacar que, como lo indicó el tribunal, en este caso no
se puede hablar de «procedimientos legalmente concluidos» como lo dispone el numeral
5 del artículo 73021, comoquiera que los primeros actos administrativos fueron
declarados nulos y, en consecuencia, no producen efectos jurídicos, a lo cual se
suma que el caso bajo examen no se verifica que el municipio hubiese reproducido
la misma liquidación anulada ni que se hubiese dictado el mismo acto dentro del
mismo procedimiento. Lo que ocurrió fue que, luego de la sentencia 25322, se
expidieron nuevos actos administrativos para determinar las estampillas con
fundamento en la remuneración efectivamente percibida por la concesionaria
durante periodos específicos de la ejecución contractual.
Adicionalmente, en la sentencia del 26 de mayo de 2022, se reconoció que la
administración municipal, como sujeto activo de las estampillas, tiene competencia
para liquidarlas oficialmente y que la discusión debía centrarse en la forma correcta
de determinar la base gravable.
Por tanto, no puede concluirse que la demandada careciera de competencia para
proferir los actos por el solo hecho de haber existido una liquidación anterior
anulada, pues la nulidad de los actos de 2018 expulsó del ordenamiento esas
liquidaciones y produjo el restablecimiento relativo a los valores allí determinados,
pero no extinguió la potestad tributaria municipal ni eliminó la obligación sustancial,
máxime si se tiene en cuenta que, conforme al ordenamiento local y a la
jurisprudencia de la Sección, se configuraban los presupuestos del tributo sobre
remuneraciones efectivamente percibidas.
De hecho, en el auto de corrección de 19 de julio de 2023 proferido en el proceso
25322, esta corporación negó la aclaración solicitada por la ahora recurrente quien
consideró que el restablecimiento debía indicar que no adeuda suma alguna por los
gravámenes. En efecto, en el auto en cuestión se indicó que no existía motivo de
duda sobre el alcance de la decisión: la nulidad de los actos de 2018 implicaba que
la sociedad no estaba obligada al pago de los valores allí liquidados; de allí que no
pueda entenderse que los pronunciamientos proferidos en ese proceso
establecieron una exoneración general y definitiva frente a cualquier determinación
futura de las estampillas.
Sobre la sentencia invocada por la demandante (un solo acto de liquidación de la obligación
tributaria)22, se observa que no hay lugar a su aplicación al presente caso, porque la
regla allí construida tiene un contexto distinto, relacionado con la reiteración de
liquidaciones de aforo dentro de un mismo procedimiento de determinación y frente
al mismo periodo, después de que la propia administración revocó actos definitivos
por sus propios errores, y esas son situaciones fácticas y jurídicas que no se
evidencian en el sub examine. En consecuencia, no prospera el cargo.
Sobre el principio de legalidad tributaria y la base gravable
La apelante sostiene que el municipio vulneró el principio de legalidad porque el
Acuerdo 029 de 2015 estableció como base gravable de las estampillas el valor del
contrato, no la remuneración mensual percibida por el concesionario. A su juicio, la
administración sustituyó un elemento esencial del tributo con fundamento en una
interpretación jurisprudencial.
21
Artículo 730. Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resoluciones de recursos, proferidos por la
Administración Tributaria, son nulos:
(…)
5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.
22
Sentencia del 5 de diciembre de 2011, expediente 18396, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

Al respecto, se observa que el argumento parte de una lectura incompleta de la
sentencia del 26 de mayo de 2022, dado que esta Sección no modificó la base
gravable prevista en los artículos 221 y 237 del Acuerdo 029 de 2015, sino que
interpretó el alcance de la expresión «valor del contrato» cuando se trata de un contrato
de concesión cuyo valor no puede conocerse íntegramente desde su suscripción.

La regla fijada por la Sección en otros procesos23 y que fue reiterada en el 25322
consiste en que, en los contratos de concesión, el valor del contrato corresponde a
la remuneración que percibe el concesionario como contraprestación por el
cumplimiento del objeto contractual, y no al presupuesto estimado de inversión. Esa
remuneración depende de los resultados de la ejecución y, por tanto, la base
gravable es determinable en la medida en que las prestaciones pactadas sean
retribuidas al contratista.

En ese sentido, la utilización de la remuneración percibida por OPAM no implica crear
una nueva base gravable ni desconocer el artículo 338 de la Constitución. Por el
contrario, constituye la aplicación del elemento previsto en el acuerdo municipal (el
valor del contrato) al tipo contractual específico de concesión, cuyo contenido
económico se concreta durante su ejecución.

Ahora bien, como se indicó en primera instancia, los actos demandados tomaron
como base gravable las remuneraciones percibidas por OPAM entre septiembre de
2017 y agosto de 2022, y aplicaron las tarifas correspondientes, sin que la
demandante presentara reparos puntuales sobre los valores tomados, de allí que
no sea procedente revisar este punto.

Por lo dicho, tampoco prospera este asunto.

Sobre los intereses moratorios

La apelante cuestiona el cobro de intereses moratorios. Sostiene que, si los actos
son nulos, tampoco proceden los intereses; y que, aun si se aceptara la validez de
las liquidaciones, el cobro de intereses resulta improcedente porque, tratándose de
liquidaciones parciales sobre un contrato de concesión de valor determinable, los
pagos tienen naturaleza de anticipos y no puede predicarse mora del contribuyente.
También alegó que el municipio no fijó un procedimiento ni un plazo cierto para el
pago de las estampillas en contratos de concesión.

Lo primero a advertir es que, tal como se indicó en la sentencia 25322, de acuerdo
con los artículos 222 (parágrafo) y 223 del Acuerdo 029 de 2015, las respectivas
entidades encargadas de la administración del hecho sujeto del gravamen son las
competentes para «liquidar» la estampilla, lo cual se traduce en que tienen la
obligación de practicar la retención en la fuente por concepto de la estampilla y
cuando ello no ocurre, «el sujeto activo del tributo cuenta con la potestad de liquidar las
obligaciones que se han causado a su favor, mediante un acto administrativo en el cual manifieste
con carácter definitivo su voluntad».

Además, esa sentencia advirtió que, primero, el acuerdo municipal no establecía
una norma especial para la liquidación oficial del tributo que excluyera la
competencia que la demandada tenía para determinarlo mediante liquidación oficial
y, segundo, que «aún si no existiese un procedimiento específico para determinar la obligación
23
Sentencias del 04 de mayo de 2015 (exp. 20615, M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) del 20 de febrero de 2017 (exp.
21579, M.P: Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 24 de mayo de 2018 (expedientes 21110 y 21243, M.P: Julio Roberto
Piza.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

tributaria, el sujeto activo del tributo cuenta con la potestad de liquidar las obligaciones que se han
causado a su favor, mediante un acto administrativo en el cual manifieste con carácter definitivo su
voluntad, siguiendo las reglas generales del procedimiento administrativo, como lo preceptúa el
artículo 2.º del CPACA. Así, una vez concurre el nacimiento de la obligación tributaria y se causa la
deuda a cargo del sujeto pasivo, el derecho de crédito no se extingue, ni se frustra, si se careciere
de una regulación procedimental específica». Con ello, queda claro que el procedimiento
de determinación de la estampilla no se rige por el procedimiento especial de
determinación del Estatuto Tributario, como lo afirmó el apelante.

También se resalta, que si bien lo anterior ya se había dilucidado desde esa
sentencia, ello se reitera en esta oportunidad considerando que el demandante
plantea nuevamente ese cuestionamiento en este proceso.

Así mismo, en la sentencia 2061524, reiterada en el fallo señalado, esta Sección
precisó que, cuando el valor del contrato de concesión es determinable durante su
ejecución, las liquidaciones parciales de estampillas se acomodan a la naturaleza
del contrato y permiten recaudar el tributo conforme se concrete la remuneración
del concesionario. Sin embargo, agregó que esos pagos deben tenerse en cuenta
frente al valor final del contrato como una especie de pago anticipado del tributo y
que, por esa razón, no pueden cobrarse intereses de mora, pues no puede afirmarse
que el sujeto pasivo se encuentre en situación de mora.

Esa regla resultaría aplicable al presente asunto si los actos demandados hubieran
ordenado el pago de los intereses conforme a la fecha de cada una de las
remuneraciones percibidas durante la ejecución del contrato de concesión; sin
embargo, se observa que los actos determinaron que los intereses moratorios se
causarían desde la notificación de las respectivas liquidaciones oficiales de las
estampillas, lo cual se encuentra en línea con la posición ya reiterada de la Sección25
. No prospera el cargo.

En ese contexto, no resulta procedentes los reparos planteados por la demandante
y se debe confirmar la sentencia de primera instancia.

Costas

El tribunal se abstuvo de condenar en costas en primera instancia, aspecto que no
fue apelado. En cuanto a la condena en costas en esta instancia, comoquiera que
no prosperó el recurso de apelación, se condenará en costas a la demandante, de
conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Para tal efecto, se tasan en un (1) smlmv, conforme el acuerdo PCSJA-12355 del 28
de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura.

Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

24
Sentencia del 4 de mayo de 2015, exp 20615, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
25
Sentencias del 24 de mayo de 2018 (exp. 21243, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 5 de julio de 2018 (exp.
21952, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00030-01 (30371)
Demandante: OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S.

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por las razones
expuestas en esta providencia.

2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal, que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Sin condena
en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.