Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00139-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00139-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2024-00139-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de junio de 2024
Radicación: 66001 23 33 000 2024 00139 01
Accionante: María Teresa Escobar Jurado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 66001 23 33 000 2024 00139 01
Accionante: MARÍA TERESA ESCOBAR JURADO
Accionados: JUZGADO DÉCIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE PEREIRA Y JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se promueve
en contra de providencias judiciales proferidas en el
trámite de la acción de tutela.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 30 de abril de 2024 por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora María Teresa Escobar Jurado, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Décimo Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Pereira y del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Pereira, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
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radicado nro. 66001 23 33 000 2024 00139 01.
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Accionante: María Teresa Escobar Jurado
“[…] 1. TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales al
Debido Proceso y Acceso Efectivo a la Administración de Justicia de
la ciudadana MARÍA TERESA ESCOBAR JURADO, (…), vulnerados
por el Juzgado Décimo Penal con función de Conocimiento de Pereira
y Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, con
ocasión de la expedición del Auto del 11 de abril de 2024 dentro del
Proceso. 66-001- 40-010-2024-000-52-00 y el Auto del 12 de abril
de 2024 dentro del Proceso 66-001-33-33-007-2024-00-112-00.
2. DEJAR SIN EFECTO LEGAL ALGUNO, con fundamento en los
elementos fácticos y normativos anteriormente referenciados en
este escrito tutelar, el Auto del 11 de abril de 2024 del Juzgado
Décimo Penal con función de Conocimiento de Pereira y el Auto del
12 de abril de 2024 Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Pereira, los cuales i). declararon incompetente para conocer de
la Acción de Tutela en el caso del primero despacho y ii). no asumir
el conocimiento de la Acción de Tutela tras provocar un Conflicto
Negativo de Competencia en el caso del segundo despacho.
3. En consecuencia con lo anterior, ORDENAR al JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA,
proceder de forma inmediata en cumplimiento irrestricto del Auto
No. 406 de 2023 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, y lo
dicho en el Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Artículo 1° del Decreto 333 de 2021, a analizar el
juicio de admisión de la Acción de la Tutela instaurada por la
ciudadana MARÍA TERESA ESCOBAR JURADO contra la NUEVA
EPS el día 11 de abril de 2024, restringiendo de provocar Conflictos
de Competencia infundados y prevaleciendo los Derechos
Constitucionales de la accionante.
4. En el caso que se remita al JUZGADO DÉCIMO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA
la Acción de Tutela instaurada por la ciudadana MARÍA TERESA
ESCOBAR JURADO contra la NUEVA EPS, se ORDENE a este
órgano judicial dar cumplimiento irrestricto del Auto No. 406 de
2023 de la Sala Plena de la Corte Constitucional en especial lo
relacionado con el conocimiento inmediato de la acción por ser el
primer despacho al que se repartió la misma […]”. (Mayúsculas,
negrillas y resaltados originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el 11 de abril de 2024 presentó acción de tutela
en contra de la Nueva EPS S.A. por la presunta vulneración de su derecho
fundamental a la salud y el principio de dignidad humana, y solicitó la
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vinculación, a dicho trámite tutelar, de la E.S.E. Hospital Santa Mónica y
la IPS Oftalmología de Alta Tecnología S.A.S. – Clínica OAT.
Manifestó que, por acta de reparto de ese mismo día, esto es el 11 de
abril de 2024, la oficina judicial de Pereira asignó la acción de tutela al
Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira
a través del radicado nro. 66001 40 010 2024 000 52 00.
Señaló que, por auto del 11 de abril de 2024, el Juzgado Décimo Penal
Municipal con Función de Conocimiento se declaró incompetente para
conocer de la acción de tutela con fundamento en que la accionada
correspondía a una entidad del orden nacional, razón por la cual la
solicitud de amparo debía ser repartida a los juzgados del circuito de
Pereira.
Indicó que la acción de tutela fue devuelta a la oficina judicial de Pereira
y se asignó por nuevo reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pereira con el número de radicado 66001 33 33 007 2024
00112 00, que por auto del 12 de abril de 2024 no avocó el conocimiento
de la solicitud de amparo al considerar que “(…) la competencia para
tramitar y decidir la solicitud de amparo impetrada corresponde a el
Juzgado Décimo Penal Municipal de Pereira, pues es en dicho juzgado
donde se presentó inicialmente la demanda, además de concurrir la
competencia territorial dada la vulneración del derecho y sus efectos
(…)”2; por lo que, provocó un conflicto negativo de competencia y ordenó
remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.
Anotó que el 15 de abril de 2024 revisó la página web de la Corte
Constitucional y al consultar el expediente objeto de la remisión no
encontró resultado alguno.
Precisó que “(…) se pretende con esta acción constitucional evidenciar la
abierta y mayúscula vulneración a los derechos constitucionales
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fundamentales de la señora María Teresa Escobar Jurado, los cuales con
las providencias del 11 y 12 de abril de 2024 proferidas respectivamente
por los Juzgados Décimo Penal Municipal con función de Conocimiento de
Pereira y Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, configuran unas
verdaderas vías de hecho, puesto que en desconocimiento de las normas
establecidas para el reparto de acciones de tutela y las propias decisiones
de la Corte Constitucional en la materia, están imponiendo a la ciudadana
la carga de soportar una traba administrativa en cuanto al acceso efectivo
a la jurisdicción constitucional; en tanto tiene que estar sometida a
esperar que el máximo Tribunal Constitucional resuelva un conflicto
negativo de competencia que planteó el Juzgado 007 Administrativo del
Circuito de Pereira (…)”3.
Sostuvo que, ante la remisión del expediente por parte del Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira a la Corte Constitucional
para que dirima el conflicto negativo de competencia propuesto, “(…) se
está consolidando que la accionante María Teresa Escobar Jurado, en lo
que corresponde a su derecho fundamental a la salud, pueda estarse ante
el escenario que cuando se dirima dicho conflicto que no necesitaba ser
resuelto (…), las órdenes médicas se encuentren vencidas, las
autorizaciones ya no tengan vigencia, deban volver a tramitarse; y aún
peor el seguimiento, tratamiento y cirugía que tiene que realizarse la
accionante se vea trabada por plenos formalismos de la propia Rama
Judicial (…)”4.
Alegó que las autoridades judiciales accionadas, con sus actuaciones y
decisiones, negaron la posibilidad de la señora Escobar Jurado de acceder
a la acción de tutela promovida en contra de la Nueva EPS, vulnerando
así sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia. Agregó que, en tanto dichas autoridades
utilizaron y concibieron los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial, incurrieron en un exceso ritual manifiesto.
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Ibidem.
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Explicó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se ha determinado que la aplicación de las normas de
reparto señaladas en el Decreto 333 de 2021 no autorizan al juez de tutela
a rechazar la competencia, en la medida que se tratan de reglas
administrativas de reparto.
Expuso que cuando dos autoridades judiciales, como las accionadas en
esta oportunidad, promueven un conflicto de competencia basado en
simples reglas de reparto, el expediente será remitido a la autoridad que
conoció en primer lugar de la acción de tutela para que sea tramitada y
decidida inmediatamente. Lo anterior, con fundamento en los autos nro.
481 y nro. 495 de 2019 de la Corte Constitucional.
Señaló que, en este caso, por un lado, el Juzgado Décimo Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Pereira, de manera inexplicable, se
declaró incompetente para conocer de la solicitud de amparo de la señora
María Teresa Escobar Jurado, al indicar que la Nueva EPS es una entidad
del orden nacional; y por el otro, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pereira, “(…) al principio del auto contrapone los argumentos
utilizados por el Juzgado Municipal para apartarse de la tutela, pero luego
trayendo a colación el propio Auto No. 406 de 2023 y lo dicho en el
Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Artículo
1 del Decreto 333 de 2021, en vez de devolver el expediente al juzgado,
sin justificación legal alguna provocó un conflicto negativo de competencia
ante la Corte Constitucional (…)”5.
Manifestó que la decisión tomada por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Pereira constituye un defecto procedimental absoluto,
comoquiera que, según estima, dicha autoridad judicial trató la acción de
tutela como un proceso ordinario en los que sí se presentan conflicto de
jurisdicciones, dejando de lado que, independientemente de las
especialidades de los juzgados, todos los jueces son constitucionales.
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Indicó que, “(…) con la decisión tomada y la remisión hecha el mismo
viernes 12 de abril de 2024 a las 8:40 A.M. a la Corte Constitucional,
donde propuso un conflicto negativo de competencia, vulneró el
procedimiento establecido para este tipo de circunstancias,
transgrediendo de summa las garantías esenciales de la señora Escobar
Jurado, puesto que a la fecha frente a sus derechos fundamentales a la
salud y el principio de dignidad humana no tiene una autoridad judicial,
que pueda avocar conocimiento de su caso, por el excesivo rigorismo y
desapego de lo dicho por la Corte Constitucional frente a casos similares
(…)”6.
Finalmente, arguyó que “(…) existió una violación al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia como derechos constitucionales
fundamentales por parte de los Juzgados Décimo Penal con función de
Conocimiento de Pereira y Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira;
así mismo que se incurrió abietamente (sic) en una vía de hecho con un
defecto procedimiental (sic) absoluto (…) en tanto desconociendo
instrumentos normativos como el Auto nro. 406 de 2023 de la Corte
Constitucional, y lo dicho en el Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 333 de 2021, invocaron
por un lado desconocer la competencia, y por el otro provocar un Conflicto
negativo de competencia ante la Corte (…)”7.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de abril de 20248 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sala Primera de Decisión del Tribunal
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Ibidem.
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Administrativo de Risaralda que por auto del 18 de abril de 2024 9 la
admitió y dispuso notificar 10 al Juzgado Décimo Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Pereira y al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Pereira, como parte accionada, así como vincular11 a la
Corte Constitucional.
3.2. La titular del Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Pereira rindió informe 12 en el que solicitó la
desvinculación del trámite tutelar al estimar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
Explicó que al recibir la tutela presentada por la señora María Teresa
Escobar Jurado en contra de la Nueva EPS S.A. y al estudiarla
íntegramente, ordenó la devolución del expediente a la oficina judicial de
Pereira para que fuese repartida a los juzgados del circuito, conforme lo
establecido en el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 2021.
Anotó que “(…) este juzgado se aparta del criterio que tuvo el Juzgado
Séptimo Administrativo de Pereira, a quien le correspondió el nuevo
reparto de la acción constitucional, con el solo argumento que el
conocimiento y trámite de la tutela tiene que ser asumido por este
juzgado al cual fue repartida primigeniamente y erradamente la demanda,
pasando por alto las posiciones de la misma Corte Constitucional con
respecto a este mismo tema en donde se encuentra inmiscuida la Nueva
EPS, ya que la incompetencia no obedeció al factor territorial sino al
jerárquico funcional (…)”.
9
Ibidem.
10
Esta orden se cumplió el 18 de abril de 2024. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
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11
Ibidem.
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Accionante: María Teresa Escobar Jurado
3.3. La titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira
rindió informe13 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela al considerar que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
Adujo que lo expuesto por la accionante, frente a la presunta amenaza de
sus garantías constitucionales al tener que soportar una carga que no le
corresponde mientras se dirime el conflicto de competencia propuesto, no
es atribuible a su despacho, sino a aquel que dispuso la remisión de la
acción de tutela promovida contra la Nueva EPS, desatendiendo los
reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, e incluso la
misma norma de reparto, que indican que las reglas de reparto no pueden
ser usadas por los servidores judiciales para rechazar la competencia.
Agregó que el despacho a su cargo, allanándose a lo dispuesto por la ley
y el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, imprimió el
trámite adecuado en la acción de tutela identificada con el radicado nro.
66001 33 33 007 2024 00112 00, obrando dentro del marco normativo y
jurisprudencial permitido.
Sostuvo que “(…) proponer el conflicto negativo de competencia es una
figura procesal que puede ser invocada por el Juez cuando evidencie
claramente que no le corresponde asumir el conocimiento de un asunto,
como ocurre en el caso de marras(…)”.
3.4. La accionante, actuando por conducto de su apoderado, presentó
memorial14 en el que se pronunció frente a los informes rendidos por las
autoridades judiciales accionadas.
En cuanto al informe presentado por el Juzgado Décimo Penal con Función
de Conocimiento de Pereira, manifestó que “(…) el Juzgado accionado con
base en interpretaciones sobre reglas de reparto y las condiciones
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particulares que presentó sobre la NUEVA EPS, procede a ratificar su
violación a los derechos fundamentales de la accionante; en tanto,
desconociendo jurisprudencia constitucional, además olvida lo también
dicho por el alto tribunal, (…) en Sentencia C-629 de 2003 (…)”.
Respecto al informe del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pereira, señaló que “(…) si bien como se ha dicho se comparte que la tesis
restrictiva mayoritaria es del Juzgado 10 Penal Municipal con función de
Conocimiento de Pereira; no comprende esta apoderado como el Juzgado
Administrativo teniendo tan clara la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el eje temático de reglas de reparto y competencias
actualmente aplicables, haya justificado como solución la figura procesal
de conflicto negativo de competencia, en vez de devolver al Juzgado
Municipal de origen, tal como lo trae el Auto No. 106 de 2023 (…)”.
Finalmente indicó que el 22 de abril de 2024 tuvo que acudir a urgencias
médicas en el municipio de Circasia, Quindío, por lo que resaltó lo
perentorio que es una decisión que le permita continuar con el trámite de
la acción de tutela contra la Nueva EPS.
3.5. La Secretaría General de la Corte Constitucional allegó escrito15 en el
que informó que el conflicto de competencia propuesto por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira y el Juzgado Décimo Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Pereira fue radicado el 16 de
abril de 2024, asignado por reparto en Sala Plena del 18 de abril de 2024
al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y remitido a su despacho el 19
de abril de 2024 para su correspondiente decisión.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
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La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, en
sentencia del 30 de abril de 202416, declaró improcedente la solicitud de
amparo.
Para ello, explicó que, conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-627 de 2015, por regla general, la acción de tutela es
improcedente cuando se promueve en contra de una sentencia de tutela;
sin embargo, cuando exista la posibilidad de comprometer derechos
fundamentales con ocasión de actuaciones previas y posteriores al fallo
de tutela, la solicitud de amparo, excepcionalmente, puede ser
procedente en los siguientes casos: (i) si la actuación acaece con
anterioridad a la sentencia, será procedente siempre que dicha actuación
consista en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de
tutela; y (ii) si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia, será
procedente si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la acción.
Expuso que, en el caso concreto, las actuaciones con ocasión de las cuales
la actora considera vulnerados sus derechos fundamentales corresponden
a las surtidas por las autoridades judiciales accionadas previo a avocar el
conocimiento de la acción constitucional, puntualmente las que declaran
la falta de competencia, es decir, actuaciones anteriores a la sentencia.
En ese sentido, adujo que “(…) la actuación discutida por la señora
Escobar Jurado y los argumentos de inconformidad frente a la misma,
escapan a las reglas fijadas por la H. Corte Constitucional para la
procedencia del mecanismo tutelar contra actuación judicial en acción de
tutela, comoquiera que el presente caso no se dirige contra actuaciones
consistentes en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la sentencia de
tutela, sino contra las decisiones adoptadas por los juzgados accionados
16
Ibidem.
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en las que manifestaron incompetencia para asumir el conocimiento de la
acción constitucional elevada por la actora y que llevaron finalmente a
suscitar un conflicto negativo de competencias entre estos, mismo que en
la actualidad se encuentra en la H. Corte Constitucional para dirimir y
determinar la autoridad judicial a la que le corresponderá conocer de la
acción (…), ante lo cual emerge improcedente la acción constitucional
instaurada (…)”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó 17
manifestando lo siguiente:
Señaló que se aparta de los argumentos y las razones jurídicas planteadas
por el a quo dado que hizo una interpretación restrictiva, comoquiera que
no se puede hablar de una actuación previa a la sentencia de tutela,
cuando ni siquiera se ha iniciado el trámite de la solicitud de amparo. Al
respecto, precisó que, en este caso, no se cuenta con un auto admisorio,
inadmisorio o de rechazo.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el fallo de primera
instancia, únicamente enunció lo relacionado con la procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, y centró el eje temático y
decantó el caso en los términos de la sentencia SU-627 de 2015, obviando
los argumentado planteados en otras providencias de la Corte
Constitucional como la C-590 de 2005 y la SU-128 de 2021, respecto al
defecto procedimental absoluto alegado, en el que, aseveró, incurrieron
las autoridades judiciales accionadas.
Anotó que “(…) la figura de la acción de tutela contra providencia judicial,
no debería limitarse a simples yerros de notificación de las partes, que es
lo que el operador de justicia para el caso planteó para una
improcedencia; pues esto en la praxis, está llevando a que el trámite más
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“garantista” y constitucional de todo nuestro ordenamiento, se convierta
como es para el caso de la ciudadana Escobar Jurado es más irregular,
lesivo y desconocer de normas y derechos esenciales de cualquier persona
en un Estado Social de Derecho (…)”.
Por último, solicitó que, “(…) de acuerdo al caso concreto, y al estado en
el que se encuentra el mismo, en especial frente a la garantía de principios
y derechos constitucionales, los cuales a juicio de este abogado, han sido
abiertamente desconocidos, y en detrimento y carga impositiva para la
ciudadana ESCOBAR JURADO, tanto en la fase previa a la Sentencia de la
Acción de Tutela contra Providencia Judicial, así como del juicio emitido
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que no aplicó, estudió y
analizó los efectos sustanciales de su declaratoria de improcedencia, se
solicita vincular al presente trámite constitucional en Segunda Instancia
a la Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Constitucionales, esto en aplicación del Decreto Ley
262 del 2000 y la Resolución No. 210 de 2009, a fin de que presente
Concepto como Ministerio Público en la materia (…)”.
Por auto del 9 de mayo de 2024 se concedió la impugnación18 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 17 de mayo de 202419.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 1991 20 , en concordancia con el numeral 5 del artículo
18
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Ibidem.
20
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201521, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 22 , así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201923 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. CUESTIÓN PREVIA
La parte actora en el escrito de impugnación solicitó vincular a la
Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Auxiliar
para Asuntos Constitucionales conforme lo señalado en el Decreto Ley
262 de 2000 y la Resolución nro. 210 de 2009.
Al respecto, la Sala advierte que dicha petición no es procedente
comoquiera que el Decreto 2191 de 199124, que regula el procedimiento
de las acciones de tutela, no dispone la intervención del Ministerio Público
en el trámite de instancia de la acción de tutela.
Aunado a lo dicho, las disposiciones que la parte actora citó para
fundamentar la solicitud de vinculación se refieren a la facultad de la
Procuraduría General de la Nación para intervenir ante la Corte
Constitucional, en sede de revisión, para seleccionar fallos de tutela que
hubiesen sido excluidos por las respectivas salas de selección.
6.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente25:
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
21
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
22
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela".
23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
24
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
25
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visibles en el índice 2
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 66001 23
33 000 2024 00139 01.
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6.3.1. El 11 de abril de 2024, la señora María Teresa Escobar Jurado,
actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra
de la Nueva EPS S.A. por la presunta vulneración de su derecho
fundamental a la salud, la cual correspondió por reparto al Juzgado
Décimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira.
6.3.2. Por auto proferido el 11 de abril de 2024, el Juzgado Décimo Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Pereira se declaró
incompetente para conocer de la mencionada acción constitucional, por lo
que ordenó devolverla a la oficina judicial para que fuese sometida al
correspondiente reparto ante los juzgados del circuito de Pereira.
Para ello, consideró que “conforme a las disposiciones dadas en el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 (Por el cual se modifican los artículos
2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de
reparto de la acción de tutela"), compete a los Jueces del Circuito y no a
este despacho, conocer de la presente acción de tutela (…)”.
6.3.3. La acción de tutela correspondió por nuevo reparto al Juzgado
Séptimo Administrativo de Pereira que, por auto proferido el 12 de abril
de 2024 resolvió:
“[…] PRIMERO: No asumir el conocimiento de la acción de la
referencia, por las consideraciones precedentes.
SEGUNDO: REMÍTASE DE MANERA INMEDIATA por Secretaría
el expediente a la Honorable Corte Constitucional, a fin de que dirima
el conflicto planteado y decida a cuál Despacho corresponde conocer
del asunto […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
“[…] De conformidad con los hechos descritos en la demanda, a la
señora María Teresa Escobar Jurado se le ordenó, por su médico
tratante, interconsulta por las especialidades de optometría y cirugía
general, sin que a la fecha le hayan autorizado las mismas. Por lo
anterior, se considera que donde ocurre la eventual vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales es en el municipio de
Pereira y los efectos de dicha vulneración se concretaron en el
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mismo ente territorial, no obstante, el Juzgado Décimo Penal
Municipal de Pereira se desprende de la competencia basado en una
interpretación de competencia funcional que no comparte la
Judicatura, y basado en las reglas de competencia, obviando la
disposición prevista en el artículo 86 superior y la decantada
jurisprudencia de la Corte Constitucional donde precisa que las
reglas de competencia no hacen procedente la remisión por
competencia del proceso.
(…)
Lo anterior, a voces de lo ampliamente señalado por la H. Corte
Constitucional (Auto 106 de 2023), al explicar que la aplicación de
las normas de reparto señaladas en el Decreto 333 de 2021 no
autorizan al juez de tutela a reclamar o rechazar la competencia ni
a declarar la incompetencia de otra autoridad judicial, más allá de
su relevancia en la definición del factor territorial, en tanto coincida
(i) con el sitio en el que se vulnera o amenaza un derecho, o (ii) con
el lugar al que se extienden los efectos de su violación (…).
(…)
(…) en principio la competencia para tramitar y decidir la solicitud
de amparo impetrada corresponde a el Juzgado Décimo Penal
Municipal de Pereira, pues es en dicho juzgado donde se presentó
inicialmente la demanda, además de concurrir la competencia
territorial dada la vulneración del derecho y sus efectos.
De conformidad con lo anterior, no comparte el Juzgado las razones
que llevaron al Despacho remitente a separarse del conocimiento del
asunto, toda vez que habiéndole sido repartido el proceso
inicialmente, salvo las excepciones que ha establecido la Honorable
Corte Constitucional, le correspondía tramitar la acción de tutela.
Por lo anterior, este Despacho provocará el conflicto negativo de
competencia ante la Honorable Corte Constitucional, por tratase de
diferentes jurisdicciones, a fin de que sea la máxima Corporación
Constitucional la que defina cuál Despacho debe avocar
conocimiento del asunto y tramitarlo […]”.
6.3.4. El 12 de abril de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Pereira envió, vía correo electrónico, a la Secretaría General de la Corte
Constitucional, el expediente digital de la acción de tutela identificada con
el radicado nro. 66001 33 33 007 2024 00112 00, con el fin de que
resuelva el conflicto negativo de competencia suscitado entre dicho
despacho y el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Pereira.
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6.3.5. El conflicto negativo de competencia fue radicado por la Secretaría
General de la Corte Constitucional el 16 de abril de 2024 y se le asignó el
número ICC-4660. Posteriormente, en Sala Plena del 18 de abril de 2024
fue repartido al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar e ingresó al
despacho el 19 de abril de 2024 para resolver el asunto.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sala considera que hay lugar a confirmar la decisión del a quo,
conforme las razones que pasan a explicarse.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005 explicó que la
acción de tutela contra providencias judiciales sólo es procedente si se
cumplen ciertos requisitos, dentro de los cuales se distinguen unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una
vez interpuesto26. Es decir, es necesario que el juez constitucional primero
verifique que la solicitud de amparo cumpla con los requisitos generales
de procedibilidad para, luego, poder descender al estudio de los requisitos
específicos, también denominados vicios o defectos, que alegue la parte
accionante.
Respecto a los requisitos generales de procedibilidad, la Corte
Constitucional en la mencionada sentencia los definió de la siguiente
manera: (i) que el asunto resulte de evidente relevancia constitucional,
(ii) que se satisfaga el requisito de subsidiariedad, salvo en el evento en
que se pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii)
que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que, cuando se trate
de una irregularidad procesal presentada en la providencia cuestionada,
sea decisiva y afecte los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
que se identifiquen claramente tanto los hechos causantes de la
vulneración como los derechos vulnerados, y que tal vulneración hubiese
26
Corte Constitucional. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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sido alegada en el proceso judicial; y (vi) que la solicitud de amparo no
se dirija en contra de fallos de tutela.
Lo anterior quiere decir que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente cuando se promueve en contra de una sentencia proferida
en otro trámite tutelar.
Sin perjuicio de lo señalado, la Corte Constitucional, en la sentencia de
unificación SU 627 del 2015, estableció las reglas de procedencia de la
acción de tutela contra fallos de tutela y contra las actuaciones de los
jueces, anteriores o posteriores a dicho fallo.
Al efecto, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia en el sentido que,
si se pretende controvertir una actuación que acaece con anterioridad al
fallo de tutela y “(…) consiste en la omisión del juez de cumplir con su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede (…)”27.
(Se destaca).
A su vez, indicó que si se trata de una actuación que ocurrió con
posterioridad al fallo de tutela y consiste en “(…) lograr el cumplimiento
de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional (…)”28.
Finalmente explicó que, si la solicitud de amparo está encaminada a
controvertir el fallo de tutela, la regla fijada es que no procede, salvo
cuando “(…) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
27
Corte Constitucional. Sentencia SU 627 del 1 de octubre de 2015. M.P.: Mauricio
González Cuervo.
28
Ibidem.
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cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver
la situación (…)”29.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que la señora María Teresa
Escobar Jurado cuestiona los autos proferidos (i) el 11 de abril de 2024
por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Pereira en el que se declaró incompetente para conocer la acción de tutela
promovida en contra de la Nueva EPS y (ii) el 12 de abril de 2024 por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira que no avocó el conocimiento
de la precitada tutela y, en su lugar, propuso un conflicto negativo de
competencia, por lo que ordenó la remisión del expediente a la Corte
Constitucional para que lo resolviera.
Bajo dicho contexto, y tal como lo expuso el a quo, “(…) la actuación
discutida por la señora Escobar Jurado y los argumentos de inconformidad
frente a la misma, escapan a las reglas fijadas por la H. Corte
Constitucional para la procedencia del mecanismo tutelar contra actuación
judicial en acción de tutela (…)”30.
Ello, por cuanto el reproche planteado por la parte actora no está
encaminado a controvertir una actuación judicial consistente en la omisión
del juez constitucional de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la sentencia de tutela,
situación que ha sido considerada por la Corte Constitucional como causal
excepcional de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
29
Ibidem.
30
Apartes del fallo de tutela de primera instancia proferido el 30 de abril de 2024 por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda. Visto en el índice 2
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 66001 23
33 000 2024 00139 01.
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proferidas en el trámite de una acción de tutela; sino que la inconformidad
de la accionante está orientada a cuestionar las decisiones adoptadas por
las autoridades judiciales accionadas en cuanto a la falta de competencia
alegada para conocer la acción de tutela y al conflicto negativo de
competencia propuesto, lo que escapa a las reglas definidas por la Corte
Constitucional. Por consiguiente, le asiste razón al a quo al declarar
improcedente la acción de tutela.
Ahora, si bien la accionante en su escrito de impugnación adujo que en
este caso no se cuenta con un auto que haya dado inició al procedimiento
de la acción de tutela, lo cierto es que sí se profirieron dos autos en el
trámite de una acción de tutela por medio de los cuales, por una parte,
se declaró la falta de competencia, y por otra, se dispuso no avocar el
conocimiento y proponer un conflicto negativo de competencia; de
manera que, sí se tratan de actuaciones judiciales proferidas dentro del
trámite de la acción de tutela.
Por otra parte, la señora Escobar Jurado en la impugnación también
cuestionó que el a quo solo hizo referencia a lo relacionado con la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, y centró el
eje temático y decantó el caso en los términos de la sentencia SU-627 de
2015, obviando, según estima, los argumentos planteados en otras
providencias de la Corte Constitucional como la C-590 de 2005 y la SU-
128 de 2021, respecto al defecto procedimental absoluto alegado, en el
que, aseveró, incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
Al respecto, la Sala precisa que el juez constitucional, previo a estudiar
de fondo los defectos invocados en una acción de tutela, debe verificar el
cumplimiento de los llamados requisitos generales de procedibilidad
definidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. Por
esa razón, el a quo, en el fallo de tutela de primera instancia analizó los
mencionados requisitos generales, puntualmente el referente a que la
acción de tutela no se presente en contra de un fallo de tutela, y al
evidenciar que no se cumplía la excepción establecida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, determinó la
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improcedencia de la solicitud de amparo, sin que fuese necesario
descender al estudio del defecto invocado por la parte actora.
Por último, y sin perjuicio de lo expuesto previamente, no sobra advertir
que lo pretendido por la parte actora es que se ordene, por una parte, al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira que proceda a
realizar “el juicio de admisión” de la acción de la tutela instaurada por la
señora Escobar Jurado en contra de la Nueva EPS, sin provocar conflicto
de competencia alguno; y por otra, que, “en el caso que se remita” la
precitada acción de tutela al Juzgado Décimo Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Pereira, se ordene a dicha autoridad judicial que dé
cumplimiento al Auto nro. 406 de 2023 de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, “en especial lo relacionado con el conocimiento inmediato
de la acción por ser el primer despacho al que se repartió la misma”. (Se
destaca).
Frente a dichas pretensiones, la Sala recuerda que es la Corte
Constitucional la que debe resolver el conflicto negativo de competencia
suscitado entre las autoridades judiciales accionadas, por lo que será
dicha Corporación la que decida, finalmente, a cuál de los dos despachos
judiciales le corresponde conocer y tramitar la acción de tutela promovida
por la señora Escobar Jurado en contra de la Nueva EPS.
En ese escenario, además de lo anotado, la acción de tutela también
deviene improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, dado
que, el conflicto de competencias propuesto por los jueces de
conocimiento está pendiente de un pronunciamiento. En efecto, la Corte
Constitucional ha señalado que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad cuando el asunto está en trámite31, como ocurre en este
caso.
En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto previamente, la
solicitud de amparo es improcedente, por lo que se confirmará el fallo
31
Al respecto, puede verse la sentencia T-103 de 2014 proferida por la Corte
Constitucional. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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proferido el 30 de abril de 2024 por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud formulada por la señora María Teresa
Escobar Jurado en el escrito de impugnación, de vincular a la Procuraduría
General de la Nación a través de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 30 de abril de
2024 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, según lo explicado en la parte motiva.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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Accionante: María Teresa Escobar Jurado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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