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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00246-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00246-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 6 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2024-00246-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de agosto de 2024

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00246-01
Demandante: Cotty Morales Caamaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 66001-23-33-000-2024-00246-01
Demandante: COTTY MORALES CAAMAÑO
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE PEREIRA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción popular en la que no se
aceptó la solicitud de coadyuvancia porque ya había iniciado la
audiencia de pacto de cumplimiento. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante contra la sentencia de 6 de junio de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del expediente de tutela y de la acción popular, se observan como hechos
relevantes, los siguientes:

La Personería Municipal de Balboa presentó acción popular contra el
departamento de Risaralda y el municipio de Balboa (radicado No. 660001-33-33-
002-2023-00409-00), con el fin de que protegieran los derechos colectivos al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la
seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, supuestamente vulnerados por la ola invernal
ocasionada por el fenómeno de la niña en marzo de 2022 y que generó dos
afectaciones en las vías del municipio de Balboa.

En consecuencia, pidió que se ordenara a las entidades territoriales demandadas
que “en un plazo máximo de tres (3) mes, después de quedar en firme la
sentencia, realice los estudios y diagnósticos necesarios para mitigar el riesgo de
las vías: i) sector sur de La Cancha – Purace específicamente en el tramo 1
localizado entre las abscisas K0+250 K0+270; ii) sector norte de la vía Palmera –
Monos en el municipio de Balboa - Risaralda, con pérdida de media banca entre
las abscisas K0+800 y K1+000 y; iii) en las coordenada N° 4°55’ 46.4556’’ W 75°
57’3.3912’’ de la vía que conduce a la vereda de Monterredondo del Municipio de
Balboa – Risaralda”.
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Radicado: 66001-23-33-000-2024-00246-01
Demandante: Cotty Morales Caamaño

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira en auto de 30 de
noviembre de 2023, admitió la demanda y, posteriormente, en proveído de 18 de
abril de 2024, citó a las partes y al Procurador 210 Judicial en Asuntos
Administrativos a audiencia de pacto de cumplimiento para el lunes 27 de mayo de
2024 a la 1:30 p.m.

El 27 de mayo de 2024, a la 1:33 p.m. la señora Cotty Morales Caamaño allegó
poder, mediante correo electrónico, con el fin de que su abogado la representara
en “calidad de coadyuvante” y a la 1:37 p.m. el apoderado hizo presencia en la
audiencia.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira reconoció la presencia
del abogado, pero negó la participación, pues había iniciado el trámite de la
audiencia y, en consecuencia, no podría intervenir hasta que finalizara la etapa
procesal, además porque quien comparece no es parte en el presente proceso,
pues hasta ese momento no se le había reconocido la calidad de coadyuvante a la
señora Cotty Morales Caamaño. Esa decisión fue objeto de recurso de reposición,
el cual se resolvió desfavorablemente a la señora Morales Caamaño en el curso
de la misma diligencia.

Finalmente, al culminar la diligencia de pacto de cumplimiento en la que se indicó
que las partes no llegaron a un acuerdo, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Pereira admitió en calidad de coadyuvante a la señora Cotty Morales
Caamaño y reconoció personería a su abogado.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira, al negar la participación como coadyuvante
en la diligencia de pacto de cumplimiento que se adelantó en el curso de la acción
popular con radicado No. 660001-33-33-002-2023-00409-00.

En primer lugar, se refirió de manera general a cada uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
para luego afirmar que se cumplía con cada uno de estos.

Sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto, “por negar, desde la
omisión en la comunicación, la ausencia de accesibilidad a la administración de
justicia y por la falta de garantía de la participación para que las actuaciones de
todas las partes tengan una garantía en su procedencia, conducencia, legitimación
constitucional y legitimación social. Se requiere una actualización de los criterios
de legitimación procesal de las partes, en una función común, dentro de las
acciones constitucionales colectivas”.

Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, toda vez
que “más allá que requerirse una garantía de otro acto procesal en la acción, a
priori se omite la participación en el proceso, lo que, con mayor razón, anula las
posibilidades procesales de la garantía de la actuación en el resto de sus etapas.
El honorable juez desestima la participación de la coadyuvancia sin motivar sus
razones, pese a que no se había iniciado el trámite de participación a las partes”

Señaló que se configuró un defecto sustantivo, pues “el reconocimiento y la
funcionalidad en el proceso es el primer paso de accesibilidad para tener ejercicio
en él. En las acciones populares los intereses no son subjetivos, particulares o
autónomos, sino, todo lo contrario: requieren y se le autoriza en ellos la
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intervención pública, social, heterónoma y general de quienes puedan incidir en
las determinaciones y en los efectos adyacentes con los que se demuestre que
incidan en las demás personas que sean sus intervinientes”.

Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en decisión sin motivación,
“aunque no es el propósito primario y fundamental de esta acción, la ausencia de
los elementos para sustentar la determinación de las acciones, se puede pervertir
en irresoluciones ilegítimas. La sistematización de la información sobre temas
similares en otras acciones populares constituyen un insumo, hacen un aporte,
siendo precedentes para las decisiones que tienen una competencia sistemática
en la resolución constitucional; más cuando para su definición, se tiene en uso una
experiencia administrativa judicial múltiple que descargaría a los tribunales y
cortes superiores de la responsabilidad de decidir repetitivamente sobre aspectos
constitucionales colectivos, proveyendo soluciones de las que ya se deberían
estar definiendo soluciones sobre las accesibilidades universales, por los jueces
iniciales, desde hace años”.

Resaltó que se configuró un desconocimiento del precedente judicial, toda vez
que “el precedente constitucional sobre la importancia de la participación
ciudadana en las acciones populares, la debida notificación, de brindarles garantía
a quienes intervienen en ellos para su aproximación a las soluciones judiciales,
garantizando su participación oportuna, eficaz e igualitaria, tiene una línea muy
definida en la vía de la garantía del derecho constitucional de la información, el
derecho de defensa, el derecho de contradicción, de segunda instancia, el de
inmediación, entre otros, como base para el ejercicio del derecho al debido
proceso”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada vulneró el debido proceso, por lo que
hay una violación directa de la Constitución por parte del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira.

Mencionó que la omisión de permitirle participar en la audiencia de pacto de
cumplimiento impidió su participación eficaz y la posibilidad de plantear una
propuesto en la acción popular.

Por último, manifestó que “la participación de los actores que intervienen en los
mecanismos de protección de los derechos e intereses colectivos, como los
demandantes o sus coadyuvantes, no deben ser considerados desde el criterio de
legitimación procesal para actuar en su nombre únicamente, debido a que su
participación, desde los efectos que nos vinculan a todos, se deben considerar con
efectos difusos, extensos y universales y con un predominio sustantivo con
afecciones sobre el colectivo constitucional, y no solo definen situaciones solo
procesales ni solo para una incidencia binaria propuestas desde la demanda de la
acción: o de la parte activa o de la pasiva, o para beneficio exclusivo de alguna
parte especial”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“5.1. Se reconozca la participación ciudadana en la acción popular 66001333300220230040900
de la comunidad a través de Personería Municipal de Balboa a Municipio de Balboa y otros,
Risaralda, de forma irrestricta, completa, desde su primera solicitud, con funcionalidad procesal.
Es necesario que se obre en la consecuencia de volver producir los actos que se han adelantado
por el juzgado constitucional para procurar la solución a través del mecanismo alternativo de
solución de conflictos que es la audiencia de pacto de cumplimiento, en la que se pudiera haber
mediado, por la asistencia de cualquier persona que exprese un interés en la formulación de
soluciones al conflicto en esa etapa procesal. Es necesario contribuir a la seguridad jurídica
desde la capacidad de darle inclusión, participación y ejercicio de administración a las
comunidades sin ninguna barrera y menos si son propuestas por las instituciones del Estado.
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5.2. Se proteja el derecho al acceso a la administración de justicia y el derecho al debido
proceso, al diálogo social, a una participación con propuestas para el desarrollo social por
encima de las barreras procesales que no convienen para los intereses colectivos, a la igualdad,
además de la garantía de los derechos fundamentales adyacentes a los derechos e intereses
colectivos, al impedir que se permita la participación ciudadana en las decisiones
coadministrativas sociales.

5.3. Es importante que los actos futuros no ostenten la misma actitud que repele, deniega,
desestimula, que pretende desinteresar la coadministración, la concertación, la conciliación, el
diálogo social y el aporte con los que pueden participar los coactores. Los actos procesales en
las próximas acciones populares no se han producido, pero las actitudes negativas y sin buena
disposición para traer soluciones sociales para las comunidades si perseveran, como se puede
ver en las acciones populares en las que ha habido decisiones y hasta sentencias, sin aportar los
accesos a los expedientes, pese a haberse pedido varias veces.

5.4. Por extensión, como es del conocimiento de la corporación accionada en tutela, la
información de las acciones a las que se les ha pedido el acceso para actuar en ellas, se protejan
los derechos constitucionales al acceso de la administración de justicia, para las demás acciones
similares, para que, de manera preventiva y haciendo uso de su experiencia administrativa
judicial, se eviten producir fallos en las acciones que están implicadas desde unas actitudes
similares. Hay otras acciones de las que tiene conocimiento la accionada, que protegen derechos
colectivos por la coadyuvante, y en las que se ha determinado la negación de la participación en
ellas, dejando sin protección a la acción bajo la defensa técnica que pueden tener las
comunidades. Se solicita proteger los derechos constitucionales anteriores para el ejercicio de
otras acciones de la misma estirpe, en la que el despacho accionado tiene una postura que no
flexibiliza para la garantía del acceso a las comunicaciones, los accesos físicos de todos los
entornos para las personas (rampas, baños, espacios, instrumentos, etc.), incluidos los laborales,
que representan la concurrencia de centenares de entidades y empresas accionadas”.

4. Pruebas relevantes

En escrito de 29 de mayo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Pereira, remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 660001-33-33-
002-2023-00409-00 correspondiente a la acción popular que adelantó la
Personería Municipal de Balboa contra el departamento de Risaralda y el
municipio de Balboa.

5. Trámite procesal

Por auto de 28 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad
judicial accionada, así como al departamento de Risaralda, al municipio de Balboa
y al Ministerio Público. Igualmente, negó la medida cautelar solicitada por el
demandante.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira

Mediante escrito de 29 de mayo de 2024, el titular del despacho pidió que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela.

Afirmó que la accionante “no sabe manejar medios electrónicos. En consecuencia,
antes de analizar la procedencia y luego la violación de derechos, solicito se
establezca que efectivamente la tutela fue presentada por una señora cercana a
los 100 años, quien ante un funcionario judicial aceptó no saber usar un correo
electrónico”.

Sostuvo que no hubo solicitud expresa de coadyuvancia en el proceso No. 66001-
33-33-002-2023-00409-00, solo se envió una vez iniciada la audiencia de pacto de
cumplimiento un poder que no contenía la petición de coadyuvancia de manera
expresa, pero el juzgado a pesar del defecto, aplicando el principio de caridad,
entendió que se trataba de una coadyuvancia y así se resolvió.
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Resaltó que en aras de salvaguardar los derechos se decidió admitir la
coadyuvancia y reconocer personería, no en el momento en que el abogado
interrumpió la audiencia, sino una vez termina la etapa de pacto, pues según el
artículo 24 de la Ley 472 de 1998 la coadyuvancia opera hacia la actuación futura,
por tanto, estando en trámite la audiencia de pacto de cumplimiento, se le señaló
que una vez culminara se resolvería la petición.

6.2. Respuesta del departamento de Risaralda

Por medio de oficio de 29 de mayo de 2024, la apoderada de la entidad territorial
pidió que se desvinculara por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues las
pretensiones van dirigidas contra las actuaciones que adelantó la autoridad judicial
accionada.

6.3. El municipio de Balboa guardó silencio, aun cuando se le notificó en debida
forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Risaralda por sentencia de 6 de junio de 2024,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos
de subsidiariedad y la relevancia constitucional.

Afirmó que el memorial con el poder para actuar fue enviado al correo del
despacho judicial cuando ya se había iniciado la audiencia y que el ingreso a la
audiencia por parte del apoderado de la señora Cotty Morales Caamaño también
se realizó a la 1:37 p.m., por lo que se le indicó que como no era parte dentro del
proceso debía esperar hasta la finalización de la etapa que se encontraba
surtiendo para efectos de resolver su solicitud, decisión frente a la cual se
interpuso recurso de reposición y que fue resuelto de manera negativa.

Agregó que a la 1:42 p.m. el apoderado de la accionante solicitó reconocimiento
como coadyuvante, pero se le reiteró esperar la culminación de la etapa procesal
correspondiente. Luego de declarar fallida la etapa de formulación de pacto de
cumplimiento de las entidades, el juzgado aceptó la solicitud de coadyuvancia de
la ahora accionante y se reconoció personería a su abogado.

Resaltó que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, en relación con la coadyuvancia
refiere que toda persona natural o jurídica puede coadyuvar las acciones, pero que
opera hacia el futuro, es decir, el tercero interesado asume el proceso en el estado
en que se encuentre.

Señaló que el juzgado conforme a dicha norma decidió esperar a culminar la etapa
que se encontraba adelantando, para efectos de hacer el reconocimiento de
coadyuvancia solicitado de manera tardía.

Aseguró que se le permitió la interposición del recurso respectivo, el cual se
resolvió dentro de la diligencia, por lo que, podría decirse que la demandante hizo
uso de los recursos que tenía a su alcance para que procediera la acción de
tutela, no obstante, no se avizora una situación de la cual se desprenda la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

De otro lado, indicó que las supuestas irregularidades advertidas por la accionante
no cumplen con el requisito de relevancia constitucional, debido a que la
controversia planteada versa sobre un asunto meramente legal, pues se pretende
que se estudien las decisiones tomadas por el juez ordinario y se determine cómo
debe ser presentada la solicitud de coadyuvancia, a partir de cuándo puede
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intervenir en tal calidad y cómo operaría en los casos en que se presente la
solicitud durante la realización de una audiencia o diligencia, debido a que se
encuentra en desacuerdo a la forma en que se resolvieron las mismas.

Para terminar, manifestó que si bien el debido proceso constituye un límite a la
actividad judicial, debido a que la autonomía judicial no puede convertirse en un
pretexto para la arbitrariedad, lo cierto es que cualquier error u omisión de la
autoridad judicial no constituye una causal que habilite la procedencia de la tutela,
teniendo la parte accionante la carga de acreditar que la irregularidad alegada
tenga un efecto determinante o decisivo que comporta una grave lesión de sus
derechos fundamentales, carga que no fue asumida por la actora.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revoque el
fallo que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad y la relevancia constitucional y que se reconocieran 17 smlmv
como costas procesales.

Del escrito de impugnación se pueden entender como argumentos relevantes los
siguientes:

La accionante manifestó que es necesario “que se produzca un orden
administrativo judicial, conforme a la cronología de los escritos allegados: (i) el
acceso a los elementos completos, irrestrictos, oportunos y suficientes a sus
elementos; (ii) luego el que defina el acervo probatorio del incidente de nulidad por
indebida notificación; y por último se proceda a la definición de los PUNTOS
NUEVOS Y NO DECIDIDOS que se han solicitado a los despachos, en varios
escritos, con los mismos cuestionamientos que se han argumentado
sistemáticamente, que se han puesto a su conocimiento intelectual a través de su
canal digital, de manera múltiple, con respecto a todos los temas procesales y ius
fundamentales”.

Afirmó que “hubo un exceso ritual manifiesto por un vicio procedimental absoluto
que se impidió la participación desde una defensa completa, suficiente y que
tuviera un apremio a las entidades territoriales e instituciones del estado para que
se promovieran las soluciones sociales del asunto, más concretamente, para que
se informara qué temas se habían ventilado dentro del comité de conciliación y
para que se aportara una actualización de los eventos ambientales y las
dificultades en la comunicación vehicular terrestre por los efectos de la remoción
en masa del punto crítico de la acción”.

Agregó que la defensa técnica, si no es prestada con la plena garantía de su
ejercicio completo, suficiente, irrestricto y sin barreras de accesibilidad, deteriora la
seguridad jurídica y representa un inconveniente para el ejercicio procesal de los
intereses fundamentales constitucionales colectivos.

Resaltó que “es desobligado pretender que las omisiones en las garantías
constitucionales y fundamentales derivadas de un debido proceso, en cualquier
actuación judicial no tengan relación con los actos sustantivos que las incluya. Los
actos de la debida notificación para el ejercicio de oponibilidad, contradicción,
derecho de defensa técnica y la capacidad de brindar garantías de un debido
proceso son actos probatorios, procesales, legales, constitucionales y hasta
provistos de convencionalidad, que vinculan los actos judiciales y no han tenido
resolución ni descarte para tomar una decisión”.

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Indicó que en el acta de la diligencia de pacto de cumplimiento se observa la
conducta restrictiva, pues no escuchó al apoderado de la señora Cotty Morales
Caamaño sin dar una explicación con respeto y con una voluntad objetiva por la
presencia de cualquier persona a una reunión con fines comunitarios.

Mencionó que existe un apego excesivo a la ritualidad por parte de la autoridad
judicial accionada y que de este “no se da un buen ejemplo para obtener la
posibilidad de entrar en una actitud de diálogo social; así, es natural que las
expresiones de los asistentes sean con el fin mínimo de sobrepasar un trámite
formal, de salir de la oportunidad que da la reunión sin un aporte de alguna
solución institucional. Esa conducta inconveniente, no debe originarse desde la
dirección de las audiencias. Una actitud de esas características no ocasiona la
promoción de soluciones administrativas, sino que sólo aliviaría el ejercicio laboral
particular de todas las personas que intervienen y, por supuesto, no agilizan las
soluciones que deben gestionar sus representantes para el bien común. Por el
contrario, estos representantes de las instituciones adoptan una actitud de
reluctancia, que busca eludir, en lo que más puedan, las decisiones que podrían
adelantar con premura y que deberían producir que se reduzca la gravedad de las
consecuencias previsibles que se exponen para que no tengan que ser ordenados
sólo a través del esfuerzo del juez y del despacho judicial en una sentencia,
siendo necesario el compromiso armónico y corresponsable de las instituciones y
de los particulares para los fines constitucionales del Estado”.

Sostuvo que “es cierto que se envió el poder correspondiente durante los primeros
minutos de la audiencia; pero la corrección de las actas, con esta novedad, no
representa un empleo de tiempo de más de un minuto para la corrección de los
actos que se debían consignar en su redacción; no había avanzado de la
audiencia que se compare con el esfuerzo por comparecer, y el esfuerzo que
representa aportar con el desarrollo de una audiencia que no propuso ni una sola
fórmula para la solución del conflicto por las instituciones accionadas; lo que si no
es cierto es que no se hubiera solicitado el reconocimiento de coadyuvancia si en
el mismo poder se expresó la calidad de coadyuvancia. Sería inconveniente e
innecesario que el despacho tuviera que designar en un auto independiente y
adicional, para la verificación institucional de una actuación que ya está
evidenciando un interés para actuar. Repetir la confirmación de esa condición, por
la sola intención de interponer un criterio de autoridad no debe sobrepasar los
lineamientos constitucionales y que ya tiene establecida la ley especial 472 de
1998”.

Señaló que existe relevancia constitucional pues “la relevancia ius fundamental de
la comunicación para un juicio de conveniencia social, que comprometa a las
partes e instituciones públicas, por su puesto es de relevancia constitucional”.

Afirmó que se cumple con el requisito de la subsidiariedad, porque en la diligencia
de pacto de cumplimiento se interpuso el recurso de reposición, en el cual se
reprochó lo relacionado con que no se permitiera la intervención en la mencionada
diligencia.

Agregó que “los cuestionamientos también están dados por la coadyuvancia. Se
solicita que se complemente con los aspectos que cuestiona: (i) la nulidad por
indebida notificación (133-4 CGP), empezando por su trámite probatorio y
procesal; (ii) la accesibilidad a los derechos fundamentales como al trabajo digno y
decente, a la igualdad y al aporte de los trabajadores con discapacidad -TcD- al
Sistema General de Seguridad Social -SGSS-; (iii) los derechos fundamentales al
salario mínimo legal mensual vital y móvil de los coactores que contribuyen al
mecanismo constitucional y de participación ciudadana, con base en la necesidad

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de tener posibilidad de constribuir al SGSS, con base a las tarifas ordenadas en el
Acuerdo PSAA16 10554 de 2016, por el Consejo Superior de la Judicatura”.

Por último, mencionó varios alegatos relacionados con las omisiones y violaciones
de los derechos colectivos por parte de las entidades territoriales demandadas en
la acción popular, y señaló que en la mencionada acción no se tienen sujetos
procesales sino coactores y que “no es acertado pensar que no deban tener una
intervención de fondo en el asunto. No es ni conveniente, ni legal, ni útil tener esta
perspectiva valiosísima que puede dar la administración”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. La accionante en el escrito de impugnación planteó argumentos nuevos que
no fueron presentados en la demanda de tutela, como lo relacionado con las
supuestas omisiones de las entidades demandadas en la acción popular y la
naturaleza de la coadyuvancia, razón por la cual la Sala se abstendrá de
pronunciarse sobre esas razones en aras de garantizar los derechos de defensa y
contradicción de la autoridad judicial accionada.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del
escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 6 de junio de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por falta de los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, y de superarse los restantes requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira, vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al no
permitir la intervención de la demandante en el curso de la diligencia de pacto de
cumplimiento que se adelantó en la acción popular que presentó la Personería
Municipal de Balboa contra el departamento de Risaralda y el municipio de
Balboa, bajo la supuesta configuración de un defecto procedimental absoluto.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un

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perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
1
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
2
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
3
el ordenamiento jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
4
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
3 A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P

Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
4
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
9

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adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
5
aquellos diseñados por el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios”6.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 6 de junio de 2024,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos
de la subsidiariedad, pues no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable, y de relevancia constitucional, en razón a que lo pretendido por la
parte actora es plantear un debate de mera legalidad.

La demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual limitó el argumento a la
supuesta configuración del defecto procedimental absoluto, por no permitir la
participación de la demandante en la audiencia de pacto de cumplimiento.

4.2. La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero solo porque no cumple el requisito de la
subsidiariedad, en razón a que la acción popular se encuentra en trámite.

Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de
algunas actuaciones que se surtieron en el curso de la acción popular, así:

La Personería Municipal de Balboa presentó acción popular contra el
departamento de Risaralda y el municipio de Balboa, con el fin de que protegieran
los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, los que considera
vulnerados por el mal estado de las vías que comunican el mencionado municipio
con sus respectivas veredas y corregimientos.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira admitió la demanda y,
posteriormente, citó a las partes para adelantar la diligencia de pacto de
cumplimiento, para el lunes 27 de mayo de 2024 a la 1:30 p.m.

La referida autoridad judicial el 27 de mayo de 2024 a la 1:30 p.m., instaló la
audiencia de pacto de cumplimiento. Luego, a la 1:33 p.m. la señora Cotty Morales
Caamaño allegó poder por medios electrónicos, con el fin de que su abogado la

5 Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
6
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10

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representara en “calidad de coadyuvante”. El apoderado de la señora Morales
Caamaño hizo presencia en la audiencia a la 1:37 p.m., sin embargo, se le negó la
participación, pues ya había iniciado la diligencia cuando este se presentó y, en
consecuencia, no podría intervenir, hasta que finalizara la etapa procesal, además
porque a quien representa no es parte en el proceso y con anterioridad no se le
había reconocido la calidad de coadyuvante, tal como se observa en el acta de la
audiencia, así:

“1. ETAPA DEL PACTO:

El suscrito Juez, recuerda a los comparecientes que al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de
la Ley 472 de 1998, la finalidad de esta audiencia no es ratificar lo expuesto en el escrito de
demanda, ni en los escritos de contestación, menos aún es un escenario para exponer alegatos
de conclusión, sino escuchar las diversas posiciones sobre la acción instaurada con el único fin
de establecer un eventual pacto de cumplimiento que determine la forma de protección de los
derechos e intereses colectivos en conflicto, ello si lo consideran pertinente las partes.

Siendo a la una y treinta y siete minutos de la tarde (1:37 p.m.) hace presencia a la sala de
audiencias el abogado Paulo Lizcano, a quien el Juez le aclara que debido a que ya inicio la
diligencia no podrá intervenir, hasta que finalice la etapa procesal, además porque quien
comparece no es parte en el presente proceso.

Paulo Lizcano indica que acaba de enviar la solicitud de coadyuvancia al correo e interpone
recurso de reposición solicitando que se le permita intervenir en la etapa de pacto, alegando que
compareció a la diligencia en el trámite de la etapa.

Se les corre traslado a las partes del recurso.

La parte demandante, indica que está de acuerdo con el abogado Paulo Lizcano.

El apoderado del municipio de Balboa, indica que debe confirmarse la decisión tomada por el
Despacho.

El apoderado del departamento de Risaralda no tiene observaciones.

El agente del Ministerio Público solicitó que se permitiera la intervención del señor Paulo Lizcano,
ya que, aunque la etapa ya había iniciado aún no había terminado.

El Despacho señaló que se apartaba de la posición del agente del Ministerio Público porque no
se podían resolver las solicitudes del señor Lizcano en esta etapa procesal, debido a que ya
había iniciado, además por el debido respeto que merecen los demás sujetos procesales que
asistieron a la diligencia de manera puntual.

Por lo tanto, se dispone a continuar la diligencia y se le indica a Paulo Lizcano que una vez
termine la etapa de pacto de cumplimiento se le concederá la palabra para que realice las
solicitudes y se le resolverán.

Se deja constancia que a la una y cuarenta y dos minutos de la tarde (1:42 pm) Paulo Lizcano
solicita el reconocimiento a nombre propio como coadyuvante, por lo cual, el juez le aclara
nuevamente que no debe interrumpir la diligencia y que estas solicitudes le serán resueltas una
vez finalice la etapa.

Continuando con el pacto de cumplimiento:

El municipio de Balboa allegó certificación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial en el
que se dispuso “LA NO CONCILIACIÓN”.

Del mismo modo, el Departamento de Risaralda durante el trámite de la diligencia allegó el
certificado del Comité de Conciliación, donde se dispuso no presentar fórmula de pacto de
cumplimiento.

Por lo anterior, se declara fallida la etapa del pacto.

Decisión notificada en ESTRADOS. Sin recursos.

2. RECONOCIMIENTO DE COADYUVANCIA

Se acepta la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora Cotty Morales Caamaño, del
mismo modo, se reconoce personería a Paulo Lizcano como su apoderado.

Decisión notificada en ESTRADOS. Sin recursos.

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Por economía procesal, y como quiera que las entidades vinculadas realizaron peticiones
probatorias, se resolverá a continuación sobre el particular.

(…)”.

De lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada le indicó al
apoderado de la señora Cotty Morales Caamaño que se hizo presente en la
diligencia después de que esta había iniciado y que no podía intervenir en ella
hasta que finalizara, decisión que fue recurrida por el abogado y que se resolvió
en el curso de la misma audiencia, en la que se insistió en que se presentó
cuando había iniciado la actuación. Luego, una vez culminada la diligencia, fue
reconocida a la señora Morales Caamaño como coadyuvante en el trámite judicial
y, a su vez, se le reconoció personería al profesional del derecho que la
representaba.

4.3. Descendiendo al caso concreto, se observa que la accionante afirma en el
escrito de impugnación que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto procedimental absoluto, toda vez que no se le permitió intervenir durante
la diligencia de pacto de cumplimiento.

Al respecto, se advierte que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto
de la subsidiariedad, dado que en la actualidad el proceso judicial se encuentra en
trámite y se le reconoció la calidad de coadyuvante, a lo que se agrega que no
demostró la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia
de este mecanismo excepcional y residual, de manera transitoria.

Respecto a la calidad de coadyuvante reconocida a la actora, con posterioridad a
la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento, valga recordar que el
artículo 223 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión del artículo 44 7 de la
Ley 472 de 1998, prevé que “el coadyuvante podrá independientemente efectuar
todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté
en oposición con los de ésta”. Es decir, que al coadyuvante le está permitido
efectuar todos los actos procesales a los que tiene derecho la parte a la que
ayuda, como lo es la interposición de recursos, entre otros, aun cuando esta no
haga uso de estos, siempre y cuando su proceder no se contraponga con los
intereses de la parte principal.

Ahora bien, la demandante en el escrito de impugnación alega la configuración de
un defecto procedimental porque no se le permitió intervenir en la audiencia de
pacto de cumplimiento, sin embargo, como quedó evidenciado, solo se le
reconoció la calidad de coadyuvante con posterioridad a la finalización de la
audiencia de pacto de cumplimiento, lo que justifica porqué razón no pudo
intervenir en esa diligencia.

En efecto, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el
artículo 86 superior dispone que la procedencia de la acción de tutela está
supeditada a que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, lo
que supone su existencia en abstracto, o que el mismo se haya puesto en marcha,
lo que solo se puede omitir por el juez constitucional ante la existencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo constitucional se utilizaría como
mecanismo transitorio.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el

7
ARTICULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del
Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda,
en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones.
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ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se objetan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional
está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
8
resueltos al interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
formulada por la parte actora, porque no se cumple el requisito de la
subsidiariedad, en tanto se presentó cuando existe otro medio de defensa judicial
que se encuentra en trámite. No sobra recordar que este mecanismo de
protección constitucional tiene una naturaleza residual, por lo que no puede
erigirse de manera simultánea a los medios previstos en el ordenamiento jurídico,
es decir, que, por regla general, no se puede acudir a él cuando se encuentre en
curso otro medio de defensa.
9
No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional , “si bien por
regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales
cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado
todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en
aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de
defensa no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos
fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción
de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto
puesto a su consideración”.

Sin embargo, la Sala observa que la demandante no allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara su estudio
como mecanismo transitorio, para el momento en el que se presentó la solicitud de
amparo constitucional.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el requisito general de
subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 6 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
8
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
9
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: Cotty Morales Caamaño

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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