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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00250-01

Acción de tutela contra providencias judiciales

Fecha
31 de julio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00250-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por el abogado Diego Alejandro Hernández Duque, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2024-00250-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

31 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 66001-23-33-000-2024-00250-01
Demandante: ALBA LUCÍA LOAIZA OSPINA Y OTROS
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA Y
OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / LEGITIMACIÓN
PARA EJERCER ACCIÓN DE TUTELA – Abogados deben aportar poder especial
que los faculte para presentar una solicitud de amparo constitucional; el poder,
además de ser especial, debe ser específico.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 31 de mayo de 2024, el abogado Diego Alejandro Hernández Duque, quien dijo
actuar como apoderado judicial de los señores Alba Lucía Loaiza Ospina, Juan
Guillermo Loaiza Ospina, Huberney Loaiza Ospina y María Dioselina Ospina
Escobar, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de
Pereira, la Personería Municipal de Marsella, Risaralda, la Contraloría General de
la República, la Procuraduría General de la Nación y el Municipio de Marsella,
Risaralda, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas y de acceso a la administración de justicia. Formularon las
siguientes pretensiones:

1Se advierte que, el 3 de julio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 66001-23-33-000-2024-00250-01
Demandante: Alba Lucía Loaiza Ospina y otros
Demandado: Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas y acceso a la administración de justicia de mi padre, señor José
Felipe Loaiza QEPD y de nosotros especialmente nuestra madre como
compañera supérstite con derecho a la pensión.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al MUNICIPIO DE MARSELLA
que en el improrrogable término de CUARENTA Y OCHO (48) horas,
profiera el respectivo acto administrativo (Resolución) de pago de aportes a
COLPENSIONES en nombre del señor José Felipe Loaiza conforme lo
ordenó el Juzgado Primero Administrativo y Tribunal Contencioso
Administrativo de Pereira.

TERCERO: Ordenar a las demás entidades accionadas para que cumplan lo
propio.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:

El señor José Felipe Loaiza Acevedo trabajó durante más de 40 años en el
matadero municipal de Marsella, Risaralda, y, a instancias del Ministerio del
Trabajo, llegó a un acuerdo para que le pagaran los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir; sin embargo, en la diligencia de conciliación no se
pactó nada sobre los aportes al sistema de seguridad social integral, que son
irrenunciables.

Por ese motivo, los aquí accionantes presentaron demanda laboral que le
correspondió, en principio, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,
quien remitió por competencia el asunto a los juzgados administrativos.

El conocimiento lo asumió el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, el que,
en sentencia del 31 de marzo de 2020, negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto en providencia del 24 de febrero de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en la que se revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, se concedieron las pretensiones.

El 6 de junio de 2022, la parte accionante remitió al Municipio de Marsella una
solicitud de cumplimiento de sentencia, que no fue contestada.

Por lo anterior, instauró demanda ejecutiva a continuación ante el Juzgado
Primero Administrativo de Pereira. El 24 de enero de 2023, el referido despacho
libró mandamiento de pago y negó las medidas cautelares solicitadas.

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Radicación: 66001-23-33-000-2024-00250-01
Demandante: Alba Lucía Loaiza Ospina y otros
Demandado: Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

Posteriormente, mediante auto del 16 de junio de 2023, el juzgado ordenó seguir
adelante con la ejecución. El 9 de agosto de la misma anualidad, la parte actora
solicitó nuevamente que se decretaran medidas cautelares, las cuales fueron
negadas a través de proveído del 19 de noviembre de 2023.

1.2. Argumentos de la tutela

Considera la parte actora que el Juzgado Primero Administrativo de Pereira
vulneró sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y de acceso
a la administración de justicia, pues, a pesar de que se han solicitado múltiples
solicitudes de medidas cautelares en el proceso ejecutivo, estas han sido
denegadas.

Precisó que el abogado que los representa ha solicitado a todas las entidades de
control que realicen seguimiento al cumplimiento de la sentencia del 31 de marzo
de 2020, pero la Personería de Marsella nunca les dio respuesta y la Contraloría
manifestó que el asunto no era de su competencia, aunque es evidente que cada
la condena aumenta y se genera un detrimento al patrimonio público.

Indicó que como el señor José Felipe Loaiza murió el 26 de marzo de 2021, su
compañera supérstite está interesada en recibir la pensión a la que aquel tenía
derecho.

Expuso que intentó hacer la solicitud de pago de aportes mediante la página web
www.soyactuario.com, observando que únicamente podía hacer la solicitud el
empleador.

Finalmente, explicó que se le ha denegado el acceso efectivo a la administración
de justicia por parte de todas las autoridades demandadas, por cuanto «nadie
vela porque efectivamente se cumpla la sentencia, a pesar de que era la
seguridad social de nuestro padre», aunado al hecho de que se hicieron
nugatorios los derechos de su padre «y por ende los de nuestra madre, quien
tendría derecho a la sustitución pensional».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de junio de 2024, el Despacho sustanciador en primera
instancia admitió la tutela y ordenó que se notificara al Juzgado Primero
Administrativo de Pereira, a la Personería Municipal de Marsella, a la Contraloría

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Demandante: Alba Lucía Loaiza Ospina y otros
Demandado: Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y al Municipio de
Marsella, como parte demandada.

2.2. La Contraloría General de la República expuso que la tutela no se dirige
contra esa autoridad, por cuanto se trata de aspectos ajenos a la labor de
vigilancia y control fiscal.

Expuso que la parte actora ya hizo uso del mecanismo principal para obtener las
pretensiones, esto es, el proceso ejecutivo y el hecho de que el juez no hubiera
decretado las medidas cautelares solicitadas no desvirtúa el carácter residual de
la solicitud de amparo.

Finalmente, precisó que las labores de su competencia se dan a partir de un
enfoque de fiscalización del recurso administrativo, sin que implique la emisión de
órdenes o mandatos dirigidos a los entes territoriales con el propósito de ejecutar
o abstenerse de realizar determinada conducta, por cuanto ello implicaría
coadministrar, lo cual no está permitido desde la óptica constitucional.

2.3. El Juzgado Primero Administrativo de Pereira explicó que el apoderado de la
parte demandante radicó solicitud de ejecución a continuación y también pidió el
decreto y práctica de las medidas cautelares de embargo y retención de sumas de
dinero que tuviera el Municipio de Marsella.

El 24 de enero de 2023, se libró mandamiento de pago y se negó la medida
cautelar solicitada, toda vez que la ejecución perseguida correspondía a una
obligación de hacer. Informó, además, que la parte actora no interpuso recurso
alguno contra la providencia que negó la medida cautelar.

El 16 de junio de 2023, se ordenó seguir adelante con la ejecución y, el 9 de
agosto siguiente, solicitó el decreto de las mismas medidas cautelares solicitadas,
petición que fue negada mediante auto del 19 de noviembre de 2023.

Expuso que la parte actora no agotó los recursos a su alcance, pues no ejerció
ningún medio de impugnación al interior del proceso con el fin de lograr que ese
juzgado o el superior funcional reconsiderara la decisión adoptada.

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Demandante: Alba Lucía Loaiza Ospina y otros
Demandado: Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

2.4. La Procuraduría General de la Nación expuso que no se pronunciaría
respecto de las pretensiones, por cuanto «en un futuro no lejano se podrían
presentar quejas relacionadas con servidores públicos municipales que ahora
presuntamente se encuentran comprometidos viéndose compelido este Despacho
a declararse impedido para investigarlos por haber dado concepto frente al caso
concreto».

2.5. La Personería Municipal de Marsella señaló que, mediante auto 24 del 16 de
marzo de 2024, dispuso la apertura de indagación previa dentro del proceso
disciplinario 017-2024, lo que indica que esa dependencia ha actuado de forma
diligente.

3. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 17 de junio de 2024,
declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que la acción de tutela
no cumple el requisito de subsidiariedad.

En primer lugar, señaló que la única persona que le otorgó poder al abogado fue
la señora Alba Lucía Loaiza Ospina, de ahí que sólo está legitimada para
representarla a ella en el juicio de tutela.

Respecto de las solicitudes de iniciación de los procesos fiscal y disciplinario,
sostuvo que la ley no prevé la acción fiscal ni disciplinaria como el mecanismo
procesal para la recuperación de los montos resultantes de condenas judiciales,
sin que se advirtiera irregularidad alguna en la labor de control y vigilancia, de
conformidad con las competencias que constitucional y legalmente le
corresponden.

En relación con el Municipio de Marsella, expuso que no obraba prueba de la
respuesta a la solicitud que presentó el señor José Felipe Loaiza, y, por tanto,
habría lugar a aplicar la presunción de veracidad, pero quedó acreditado que
aquel falleció. Además, indicó que en la solicitud de amparo no se invocó el
derecho de petición como vulnerado.

Con todo, advirtió que la parte accionante allegó memorial del 13 de junio de
2024, en el cual el apoderado del Municipio de Marsella contestó la solicitud de

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Demandante: Alba Lucía Loaiza Ospina y otros
Demandado: Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

cumplimiento de la sentencia y requirió los documentos necesarios para adelantar
las gestiones tendientes a la expedición de los actos administrativos que
ordenaron el pago. Por lo tanto, expuso que ese hecho estaba superado, al
verificarse una respuesta real y concreta a la solicitud de cumplimiento.

Consideró que es el proceso ejecutivo la herramienta oportuna para exigir el
cumplimiento del fallo, aunado al hecho de que no hay explicación alguna que
justifique la existencia de un perjuicio irremediable ni una afectación directa de los
derechos al mínimo de la accionante, quien, «valga recordar, su calidad de
heredera no conlleva que la misma esté obligada a suceder procesalmente al
causante en el procedimiento judicial, en tanto, la sucesión procesal por la muerte
del demandado no es obligatoria, tampoco se declara de oficio, y deberá acreditar
el título sucesorio para la sucesión procesal que sea aceptada por el juzgado».

Concluyó que, si bien no se decretaron las medidas cautelares solicitadas, lo
cierto es que la parte accionante no ejerció los recursos judiciales procedentes
contra esa decisión, de ahí que se encuentre acreditado la actuación negligente
de la parte actora, quien pretende tramitar sus pretensiones por la acción de tutela
sin agotar la vía ordinaria.

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión y argumentó que lo pretendido
es que se cumpla con la obligación de hacer contenida en la sentencia del
Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin de que el Municipio de Marsella
realice todos los actos tendientes a pagar los aportes al sistema pensional.

Expuso que aun cuando el Juzgado Primero Administrativo de Pereira libró
mandamiento ejecutivo, al no decretarse las medidas cautelares solicitadas, se
hizo nugatorio lo pretendido en ese proceso.

Señaló que la Corte Constitucional, en la sentencia T-874 de 2012, consideró que
la tutela era procedente para obtener el cumplimiento de una obligación de hacer
contenida en la sentencia.

Manifestó, además, que la compañera supérstite del señor José Felipe Loaiza
Acevedo es una persona de la tercera edad y, por tanto, sujeto de especial

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Demandante: Alba Lucía Loaiza Ospina y otros
Demandado: Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

protección constitucional, a lo cual se suma que sufre serias «patologías que debe
tratar en un hospital del Estado, cuando le correspondería en este caso ser
cotizante, dado que su cónyuge le dejó causado ese derecho».

Finalmente, pidió que se revocara lo atinente a la falta de legitimación en la causa
por activa de la señora María Dioselina Ospina Escobar y los señores Juan
Guillermo y Huberney Loaiza Ospina, por cuanto también suscribieron la acción
constitucional, amén de que ya se radicó solicitud de sucesión procesal ante el
Juzgado Primero Administrativo de Pereira, por los derechos que le
corresponderían al señor José Felipe Loaiza Acevedo.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 17 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Para tal efecto, primero se deberá establecer si el abogado Diego Alejandro
Hernández Duque se encuentra legitimado por activa para representar los
intereses de los señores Alba Lucía Loaiza Ospina, Juan Guillermo Loaiza Ospina,
Huberney Loaiza Ospina y María Dioselina Ospina Escobar.

2. De la legitimación para ejercer la acción de tutela

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado
para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Empero, dicha regla supone que el actor de tutela debe estar legitimado en la
causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer esta acción
constitucional quien reclame la protección de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de lo que se establece respecto de la agencia oficiosa
de derechos, como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

De esta manera, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la
acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de

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protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de
procedibilidad como la legitimación en la causa por activa2.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que, en los casos en los cuales se
ejerza la acción de tutela mediante representante judicial, el poder debe ser
otorgado mediante escrito que se presumirá auténtico, únicamente puede estar
dirigido a un profesional del derecho y debe ser especial. Por este último motivo, el
poder otorgado para iniciar un proceso judicial diferente no supone la facultad para
interponer una demanda de tutela por hechos derivados de él. Textualmente, esto
dijo la Corte Constitucional:

Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala
señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse
por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume
auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser
especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o
para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso
inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (...)3.

De acuerdo con lo transcrito, quien manifieste que actúa como apoderado de una
persona natural o jurídica en una acción de tutela, debe estar investido de poder
especial que así lo acredite, dado que este se confiere «para el fin específico y
determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos
fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos
hechos concretos que dan lugar a su pretensión»4.

De lo anterior, se desprende que el poder, además de ser especial, debe ser
específico. Es decir, que en el documento contentivo del mandato judicial hay que
identificar la autoridad contra la cual se va a dirigir la acción de tutela y los
derechos fundamentales cuya protección se busca reclamar. Además, tratándose
de una acción de tutela contra providencia judicial, se insiste, «el poder conferido
para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial», razón por la cual es

2 Al respecto, ver la sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016.
3 Sentencia T- 531 de 2002.
4 Sentencia T-001 de 1997.

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indispensable que en el mandato se identifiquen el acto y/o providencia que motiva
la solicitud de amparo5.

En el caso bajo estudio, el abogado Diego Alejandro Hernández Duque interpuso
acción de tutela en representación de los señores Alba Lucía, Juan Guillermo y
Huberney Loaiza Ospina y María Dioselina Ospina Escobar, por la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y de
acceso a la administración de justicia, derivada de la omisión del Municipio de
Marsella en dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia dictada el 24 de
febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

En primer lugar, la Sala observa que el poder allegado por el abogado Hernández
Duque no cumple con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional, pues le
fue conferido por la señora Alba Lucía Loaiza Ospina, para que en su nombre
«solicite sucesión procesal y lleve hasta su culminación demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del MUNICIPIO DE MARSELLA por el
pago de aportes al sistema pensional a que fue condenada la entidad demandada
EN FAVOR DE NUESTRO PADRE Y COMPAÑERO», así como para «presentar
la acción y vincular demás demandados en la acción de tutela que considere el
togado en defensa de nuestros intereses».

Sin embargo, se advierte que el referido poder no identificó las particularidades del
trámite de origen, pues en el encabezado únicamente se mencionó: «asunto:
2019-00265», y si bien el documento estaba dirigido al «juez constitucional de
Pereira», lo cierto es que no se precisó la providencia que se cuestiona ni cuáles
son los derechos fundamentales cuya protección se reclama, lo que significa que
este no contiene los parámetros mínimos6 para predicar de él su especificidad de
cara a la interposición de la presente tutela.

Es más, se observa que en el escrito de impugnación, el señor Hernández Duque
aportó el poder conferido por los señores Huberney Loaiza Ospina, Juan Guillermo
Loaiza Ospina, María Dioselina Ospina Escobar en los mismos términos en los
que le había sido conferido el poder por la señora Alba Lucía Loaiza Ospina, de
manera que el referido documento tampoco cumple con los requisitos exigidos por

5 Ver, entre otras, las sentencias T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-998 de 2006, T-024 de 2019 y

T-106 de 2023.
6 Tal como se advirtió, el mandato de carácter especial y específico deberá identificar, como

mínimo, (i) la autoridad contra la cual se va a dirigir la acción de tutela; (ii) el acto y/o providencia
que motivan la solicitud de amparo y (iii) los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

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la jurisprudencia constitucional para la presentación de la solicitud de amparo, de
ahí que no prospere el argumento de la impugnación, según el cual ya había
radicado solicitud de sucesión procesal ante el Juzgado Primero Administrativo de
Pereira, «máxime que como ciudadanos, los señores Huberney, Juan Guillermo y
Dioselina suscribieron la acción constitucional».

Además de lo anterior, la Sala advierte que no es cierto, como lo afirmó la parte
recurrente, que hubieran suscrito en calidad de ciudadanos la solicitud de amparo,
por cuanto el encabezado del escrito de tutela que se presentó ante el Tribunal
Administrativo de Risaralda se observa que el señor Diego Alejandro Hernández
Duque manifestó que actuaba como «apoderado de los herederos determinados
que me han otorgado poder para la presente acción de tutela», lo que permite a la
Sala descartar ese argumento.

En este punto, es importante resaltar que, aunque el señor Diego Alejandro
Hernández Duque fue el apoderado judicial en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho del señor José Felipe Loaiza Acevedo, que ya
falleció, la personería adjetiva que allí se le reconoció no lo faculta para promover
también la presente solicitud de amparo, toda vez que, se insiste, para ello
requiere un poder especial conferido en debida forma por el titular del derecho, a
fin de representarlo judicialmente en la acción de tutela.

A lo anterior se suma que la ley y la jurisprudencia han facilitado al máximo el
otorgamiento de un poder a los profesionales del derecho, por lo que resulta
inexcusable que un abogado actúe sin mandato o con uno otorgado sin el lleno de
los requisitos legales y jurisprudenciales para un proceso determinado, tal como
se exige para ejercer la representación judicial en una acción de tutela, con mayor
razón si con ella se cuestionan providencias judiciales.

Bajo las anteriores consideraciones, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, pero
por falta de legitimación en la causa por activa del abogado Diego Alejandro
Hernández Duque.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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Pereira y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró improcedente la solicitud de
amparo promovida por el abogado Diego Alejandro Hernández Duque, por las
razones aquí expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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