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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00471-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00471-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: Revocar el auto proferido el 27 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante el cual rechazó la acción de tutela de la referencia por temeridad, con el fin de que aquella autoridad se pronuncie sobre la admisión del presente mecanismo, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2024-00471-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de febrero de 2025

1

Radicado: 66001-23-33-000-2024-00471-01
Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 66001-23-33-000-2024-00471-01
Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por el señor Mario Alberto
Restrepo Zapata en contra del auto emitido el 27 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante el cual rechazó la
acción de tutela de la referencia por temeridad.

1. Antecedentes

1.1. Acción de tutela

El señor Mario Alberto Restrepo Zapata solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, al expedir la providencia del 7 de octubre
de 2024, comoquiera que aquella autoridad accedió a las pretensiones formuladas en
el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
66001-33-33- 006-2023-00047-00, pero no concedió las agencias en derecho en favor
del actor.

Con fundamento en lo anterior, planteó las siguientes pretensiones:

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Radicado: 66001-23-33-000-2024-00471-01
Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata

«[S]e le [ordene] a [la] tutelada pronunciarse sobre las agencias en derecho y se le
[ordene] aplicar [el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura núm.] 10554 del 5
agosto de 2016 a fin [de] que fije agencias en derecho a mi favor en mi popular, sin que
pueda olvidar que se ampar[ó] lo pedido en mi popular

Se le ordena a la tutelada respetar y cumplir lo que la [L]ey 472 de 1998 art 38 le impone
[…] referente a las agencias en derecho. [S]e valore copia de una tutela donde se
aclara la diferencia entre costas y AGENCIAS EN DERECHO

[S]e le [ordene] a la tutelada adicionar el fallo de acci[ó]n popular y conceder agencias
en derecho a mi favor

[S]e le aclare a la tutelada que no puedo apela[r] la sentencia por negar agencias en
derecho, pues lo que se apela es simplemente la negativa del amparo, pero en este
caso, se ampar[ó] y POR ELLO ESTÁ OBLIGADA A ADICIONAR EL FALLO COMO
INFRUCTUOSAMENTE SE LO PEDÍ EN DERECHO Y LO NEGÓ […]».

1.2. Trámite de la acción

El 22 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
ordenó remitir el expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda,
al considerar que la acción de tutela se centra en discutir las acciones u omisiones del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, por lo que, de acuerdo
con lo establecido en el ordinal 5.° del artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, el reparto
debía efectuarse ante el Tribunal mencionado.

1.3. Auto que rechaza la solicitud de amparo

El 27 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de
Decisión, rechazó por temeridad la solicitud de amparo presentada por el señor Mario
Alberto Restrepo Zapata, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991. Como fundamento de la anterior decisión, afirmó que las partes, hechos
y pretensiones de la acción de la referencia coinciden plenamente con la tutela 66001-
23-33-000-2024-00464-00, toda vez que en los escritos de tutela del 6 de noviembre
de 2024 y 20 de noviembre de igual anualidad el actor requirió la protección del mismo
derecho fundamental y, adicionalmente, en ellos solicitó el reconocimiento de las
agencias en derecho y costas en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado 66001-33-33-006-2023-00047-00. Además, el

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Radicado: 66001-23-33-000-2024-00471-01
Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata

Tribunal resaltó que el accionante no planteó ningún argumento que justificara la
duplicidad de las acciones.

1.4. Impugnación

El 2 de diciembre de 2024, el accionante impugnó la anterior providencia, para lo cual
indicó que presentó la acción de tutela «creyendo, como ciudadano, tener razón en
derecho» de que debía protegerse el derecho fundamental invocado. Por lo anterior,
solicitó dar trámite a la acción constitucional.

1.5. Auto que concede impugnación

El 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda concedió la
impugnación formulada por el actor en contra de la providencia del 27 de noviembre
de 2024.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Frente a la impugnación, la Corte Constitucional ha manifestado1 que este recurso de
alzada hace parte del procedimiento de la acción de tutela y es reconocido como un
derecho fundamental que forma parte del debido proceso. Además, se constituye en
una garantía reconocida expresamente en el artículo 86 de la Constitución Política.

En este sentido, sobre la decisión de rechazo de la solicitud de tutela, la autoridad
precitada ha manifestado en reiterada jurisprudencia que «existe la posibilidad de que
ella sea impugnada y eventualmente sometida a la revisión por parte de esa
corporación judicial»2.

1 Corte Constitucional. Autos 220 de 2012, 091 de 2002, 265 de 2002, y Sentencias T-034 de 1994 y

SU-387 de 2022.
2 Corte Constitucional. Sentencias C-483 de 2008 y T-313 de 2018.

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Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata

Así las cosas, se concluye que la Subsección es competente para resolver el recurso
de impugnación formulado por el señor Mario Alberto Restrepo Zapata en contra del
auto del 27 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión, mediante el cual rechazó la presente acción de amparo.

2.2. Rechazo de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo amomento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional, como máxime interprete del
texto superior, en la sentencia T-034 de 1994, indicó que toda demanda de tutela
instaurada ante los jueces de la República debe ser admitida, tramitada y fallada dentro
del término constitucional, de manera que al culminar dicho procedimiento preferente
y sumario, el peticionario debe recibir respuesta acerca de si su derecho fue amparado
y, en caso contrario, sobre los motivos que asistieron al juez para negarlo.

No obstante, la autoridad judicial precitada, en el referido pronunciamiento, también
precisó que la única excepción a esta regla se encontraba dispuesta en el artículo 17
del Decreto 2591 de 1991, el cual reza lo siguiente: «si no pudiere determinarse el
hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que
la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la
correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de
plano».

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Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata

En consonancia con esa disposición, el máximo tribunal constitucional, en reiterada
jurisprudencia3, ha aclarado que el rechazo a la tutela solo opera de manera
excepcional cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) que no se pueda
determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; (ii) que el
juez requiera a la parte actora para que amplíe, aclare o corrija la información
correspondiente, dentro de un término de tres (3) días; y (iii) que ese plazo haya
vencido sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto.

2.3. Análisis del caso en concreto

El señor Mario Alberto Restrepo Zapata interpuso acción de tutela en contra del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estimó vulnerado,
debido a que la autoridad judicial precitada accedió a las pretensiones formuladas en
el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
66001-33-33-006-2023-00047-00; sin embargo, no concedió las agencias en derecho
a su favor.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, decidió rechazar la
presente solicitud de amparo, al considerar que existía identidad de partes, hechos y
pretensiones entre la acción de la referencia y la tutela con radicado 66001-23-33-000-
2024-00464-00. Además, destacó que el accionante no planteó ningún argumento que
justificara la duplicidad de las acciones.

Por su parte, el actor, en el escrito de impugnación, afirmó que promovió la acción de
amparo convencido de que, como ciudadano, tiene razón en derecho para que se
proteja la garantía fundamental invocada.

Pues bien, tras un análisis de lo expuesto, la Subsección observa que la decisión de
rechazó fue proferida mediante auto en el trámite de la acción de tutela, lo cual
constituye una clara transgresión de los derechos fundamentales del accionante,

3 Ver, entre otras, las sentencias C-483 de 2008 y T-313 de 2018.

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particularmente, el de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En
efecto, al rechazarse la solicitud de amparo en la etapa inicial, impidió que el
accionante obtuviera una respuesta de fondo frente al supuesto quebrantamiento de
sus prerrogativas esenciales, lo que desconoce la eficacia del mecanismo
constitucional.

Al respecto, si bien el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el proveído recurrido,
afirmó que, al constatarse que se están tramitando dos acciones de tutela con
identidad de partes, hechos y pretensiones, lo procedente, dependiendo de la etapa
procesal en que se detecte esa coincidencia, es el rechazo de la demanda o la
declaración de improcedencia de las pretensiones, ya que, en principio, no pueden
existir dos fallos de tutela que contengan una decisión de fondo.

No obstante, debe precisarse que el rechazo de plano de la solicitud de amparo solo
opera cuando se cumplen los presupuestos mencionados en el anterior acápite, esto
es: (i) que no se pueda determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud
de protección; (ii) que el juez requiera a la parte actora para que amplíe, aclare o corrija
la información correspondiente, dentro de un término de tres (3) días; y (iii) que ese
plazo haya vencido sin obtener ningún pronunciamiento del demandante.

En esa medida, se concluye que el análisis que debe realizar el juez de primera
instancia, para decidir sobre la admisión de una acción de tutela, debe centrarse
únicamente en establecer si pueden identificarse claramente los hechos y razones que
motivaron la solicitud del amparo constitucional, tal y como lo disponen los artículos 14
y 17 del Decreto 2591 de 1991, de ahí que el examen sobre si el accionante presentó
previamente otra acción bajo los mismos hechos y derechos y si se encuentra
configurada la temeridad, son aspectos que deben resolverse exclusivamente en la
sentencia, al ser necesario realizar no solo un juicio meramente formal, sino
pormenorizado y exhaustivo del expediente, pues más allá de que eventualmente
exista una triple identidad debe desvirtuarse la presunción de buena fe del peticionario
del amparo.

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Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata

Por tanto, la Subsección concluye que en el presente asunto debe revocarse el auto
proferido el 27 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión, mediante el cual rechazó la acción de tutela, a fin de que aquella
autoridad se pronuncie sobre la admisión del presente mecanismo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A,

RESUELVE

Primero: Revocar el auto proferido el 27 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante el cual rechazó la
acción de tutela de la referencia por temeridad, con el fin de que aquella autoridad se
pronuncie sobre la admisión del presente mecanismo, de acuerdo con las
consideraciones aquí expuestas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.

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