Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2025-00090-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2025-00090-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2025-00090-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
8 de mayo de 2025
Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Radicado: 66001-23-33-000-2025-00090-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 66001-23-33-000-2025-00090-01
Demandante: NATALIA ZULUAGA RESTREPO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
a la igualdad y a la salud
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico contra la sentencia del 27 de
marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión que accedió a la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 14 de marzo de 20241, la señora Natalia Zuluaga Restrepo, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo2 y a «la estabilidad laboral reforzada de una
mujer embarazada».
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión del cálculo del Índice de Evacuación Parcial realizado por la autoridad
1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2 Si bien la parte actora indicó que el derecho al trabajo estaba siendo vulnerado, se advierte que el
estudio se hará frente al derecho a la salud, que es el que realmente se puede ver comprometido en
el caso.
1
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Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
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accionada al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, en el que le otorgó una
puntuación del 79% para el año 2024, el cual, a su juicio, no corresponde a la
realidad.
Lo anterior tiene injerencia en el desarrollo de sus labores como empleada de
carrera del mencionado Despacho, ya que de acuerdo con el Acuerdo PCSJA-
12151 del 28 de febrero de 2024, una puntuación menor del 80% no permite radicar
solicitudes de teletrabajo, lo cual la perjudica en atención a su estado de gravidez.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1. Se ajuste el cálculo del Índice de Evacuación Parcial del Juzgado Noveno Civil
Municipal de Pereira para el cual laboro actualmente, dado que la cifra reportada del
79% no refleja con precisión su rendimiento, para el efecto, deberán tomarse en
cuenta únicamente los procesos ingresados por reparto, y no los que fueron
transferidos mediante redistribución, ya que estos últimos no constituyen nuevos
ingresos sino la carga de trabajo inicial del Juzgado en mención.
2. De no ser posible lo anterior, solicito se me exonere del requisito contenido en el
Literal c del artículo 7 del Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de 2024, «Por el
cual se regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial», a efectos de poder
tramitar la solicitud de teletrabajo, atendiendo mis condiciones particulares para
acceder a este.
3. En el evento en que el fallo de tutela sea posterior a la fecha límite para radicar la
solicitud de teletrabajo, se autorice a la nominadora del Juzgado Noveno Civil
Municipal de Pereira para dar trámite a las solicitudes de teletrabajo fuera del
término inicialmente previsto3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Por medio del Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023, el Consejo
Superior de la Judicatura creó de manera permanente el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Pereira, iniciando formalmente su operación el 22 de abril de 2024.
En desarrollo de tal disposición, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda,
mediante el Acuerdo CSJRIA24-0068 del 22 de marzo de 2024, dispuso la
redistribución de 725 procesos provenientes de los ocho juzgados civiles
municipales de Pereira al nuevo juzgado. Asimismo, de acuerdo con el artículo 3º
los procesos redistribuidos debían ser registrados en el sistema SIERJU en la casilla
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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denominada «ingresos por descongestión», tal como se realizó.
No obstante, en la estadística del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, se
sumaron los procesos provenientes de otros juzgados más los ingresos ordinarios
por reparto y pese a que fueron evacuados 1087 procesos en el año 2024, el Índice
de Evacuación Parcial (IEP) reflejó una estadística del 79%.
Por lo anterior, mediante oficio del 4 de marzo del año en curso, la juez Novena Civil
Municipal de Pereira solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura ajustar el cálculo del IEP del año 2024 para el
juzgado, dado que la cifra reportada no reflejaba con precisión su rendimiento, pues
no se había excluido del ingreso efectivo anual los procesos asignados por
redistribución.
Frente a tal petición, el Consejo Superior de la Judicatura le otorgó respuesta el 19
de marzo de 2025, informando que no se podían modificar ni excluir procesos de
las estadísticas.
Por su parte, la señora Natalia Zuluaga Restrepo se desempeña como empleada
de carrera que labora en el Despacho en mención, cuenta con 7 meses de
embarazo y reside en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, municipio distinto
al lugar donde desarrolla sus funciones.
El artículo 7 del Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de 20244, consagra las
condiciones dispuestas para acceder al teletrabajo entre las cuales indica que los
juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de Evacuación Parcial
igual o superior al 80% como requisito para poder acceder al beneficio.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La actora manifestó que la situación en comento generaba un trato desigual e
injustificado por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura dado que, se contabilizaron los procesos que fueron
asignados de forma extraordinaria por redistribución de carga al juzgado, en lugar
de revisar solamente los conocidos por reparto.
De igual forma, señaló que en atención al porcentaje asignado al Juzgado Noveno
Civil Municipal de Pereira no ha podido radicar su solicitud de teletrabajo, lo cual la
perjudica ampliamente debido a su condición de gravidez, pues no puede
desplazarse de una ciudad a otra a diario y por recomendación médica debe guardar
reposo y no manejar vehículos automotores.
4 «Por el cual se regula la modalidad de teletrabajo de la Rama Judicial».
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Asimismo, informó que ha venido disfrutando del teletrabajo, lo cual no le ha
impedido cumplir con sus funciones y acudir a sus citas de control prenatal. También
señaló que por medio de Resolución CSJRIR25-166 del 5 de marzo de 2025, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda la autorizó por el término de 1 año
residir en un municipio distinto al que desempeña sus labores.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de
Decisión en auto del 17 de marzo de 2025, admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante5 y, como demandado, al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico6.
Asimismo, ordenó vincular como terceros con interés al Juzgado Noveno Civil
Municipal de Pereira7, al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda8 y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Risaralda9.
Por otro lado, negó la medida provisional solicitada por la actora, ya que no se
advirtió, prima facie, una vulneración o amenaza a las garantías fundamentales,
como tampoco un perjuicio irremediable.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda
Por medio de informe allegado el 19 de marzo de 2025, el presidente de la
corporación adujo que era el Consejo Superior de la Judicatura quien tenía la
potestad de fijar los lineamientos y políticas relativas a la Rama Judicial que les
aplicaba a los servidores judiciales. Por lo cual, dichas facultades eran ajenas al
ente y las pretensiones de la accionante desbordaban sus competencias.
5 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó en los siguientes buzones web:
nzuluaga94@hotmail.com y nzuluagr@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6 Índice 7 de Samai de primera instancia. Se realizó la notificación por medio de mensaje de datos:
udae@cendoj.ramajudicial.gov.co y info@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7
Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo
j09cmpalper@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación fue realizada en el siguiente correo
electrónico: secsaladris@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada en el buzón web:
dsajpeinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Expresó que en atención a que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira inició
sus labores en el segundo trimestre de 2024, el índice de evacuación parcial debía
revisarse teniendo en cuenta dicha situación, la cual fue puesta de presente al
Consejo Superior de la Judicatura mediante el oficio CSJRIO25-0324 del 17 de
marzo del 2025.
Explicó que el teletrabajo en sí no era un derecho, sino una prerrogativa, por lo cual
no era obligatorio su otorgamiento, de acuerdo al artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024.
Así las cosas, argumentó que no existía nexo causal entre los hechos objeto de la
acción de tutela y el accionar de la entidad, por lo cual resultaba improcedente o en
su defecto, se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico
A través de memorial del 19 de marzo de 2025, el director en funciones de la unidad
expuso que hasta el momento el ente no había resuelto la petición formulada por la
nominadora del juzgado, por lo que no se podía utilizar la acción constitucional como
un mecanismo subsidiario cuando no existía una actuación u omisión que pudiese
ser catalogada como vulneradora de derechos.
Asimismo, refirió que si se pretendía discutir alguna inconformidad frente al Acuerdo
PCSJA24-12151, tenía a su disposición el medio de control de nulidad simple, en el
cual también podida solicitar medidas cautelares. Adicionalmente citó varias
providencias de la Corte Suprema de Justicia en las que se resolvieron casos
similares al presente y se indicó que dicho acto administrativo era de carácter
general, impersonal y abstracto, por lo que no podía afectar situaciones jurídicas
personales y concretas y su legalidad debía ser discutida por la jurisdicción
contenciosa administrativa.
En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción tutelar, en
atención a que la parte actora cuenta con otros medios judiciales y no se encuentra
demostrada la configuración de un perjuicio irremediable.
1.6.3. Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira
Por medio de contestación del 21 de marzo de 2025, la titular del juzgado indicó que
a través de comunicación del 4 de marzo de 2025 le solicitó a la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico la aclaración del Índice Evacuación Parcial del año
2024. Frente a ello, la entidad contestó que:
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[…] el cálculo se basó en la información reportada al Sistema de Información
Estadística de la Rama Judicial (SIERJU) y se incluyen todos los ingresos y egresos
del año 2024, sin excluir los procesos por redistribución. Según sus registros, el
juzgado tuvo 1802 ingresos y 1419 egresos, arrojando un IEP del 79%. Además,
precisa que este índice forma parte de los requisitos para el teletrabajo (Acuerdo
PCSJA24- 12151) y se calcula anualmente con corte al 31 de diciembre. La UDAE
reitera que no puede modificar ni excluir procesos de las estadísticas.
Manifestó que le asistía razón a la tutelante, pues la situación generaba una
desproporción, sin embargo, solicitó que se declarara la improcedencia frente al
juzgado por no vulnerar los derechos de la accionante.
Pese a que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Risaralda fue notificada en debida forma, guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en sentencia del
27 de marzo de 2025, accedió a la solicitud de amparo.
Posterior a citar el contenido de los acuerdos PCSJA23-12124 del 19 de diciembre
de 202310, PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 202411 y CSJRIA24-068 del 22 de
marzo de 202412, señaló que:
[…] las disposiciones citadas no contemplaron ningún tratamiento estadístico
especial en cuanto a la distribución y asignación de los procesos con motivo de la
creación de juzgados y el procedimiento de redistribución, […] desconociendo con
ello el impacto en los ingresos del Despacho y a su vez, en el índice de evacuación,
lo cual evidencia un trato desigual que carece de justificación, en tanto no refleja de
manera precisa el trabajo del juzgado y difiere del trato que se le da a los otros
Juzgados, como los que remiten los procesos, situación que fue evidenciada por el
Consejo Seccional de la Judicatura quien la puso de presente dicha realidad ante la
Unidad de Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, a través Oficio
CSJRIO25-0324 del 17 de marzo de 2025 […].
En consecuencia, adujo que pese a la presunción de legalidad de las disposiciones
enunciadas, podían existir situaciones que desbordaban lo regulado y se generaba
un trato desigual, como era el caso del cálculo del Índice de Evacuación Parcial a
un juzgado nuevo como el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira.
10 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción
Ordinaria a nivel nacional».
11 «Por el cual se regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial».
12 Redistribución de procesos.
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Con el fin de soportar el dicho, citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal13 donde se estudió una situación fáctica y jurídica similar y
se concluyó que resultaba inequitativo exigir a los juzgados creados recientemente
una tasa de producción bruta superior a la de los demás, imponiéndoles como
consecuencia la imposibilidad de acceder al teletrabajo, por lo que se declaró la
excepción de inconstitucionalidad de la disposición.
En particular frente a la señora Zuluaga Restrepo se manifestó que, con ocasión de
su estado de embarazo, se le debía dar tratamiento de sujeto de especial protección
constitucional, máxime si se tenía en cuenta la valoración médica aportada en la
que se recomendaba no conducir vehículos por riesgo de parto, atendiendo a que
la actora residía en una ciudad distinta a la que laboraba.
Así las cosas, el juez constitucional de primera instancia advirtió que se debían
tomar medidas urgentes con el fin de salvaguardar la vida de la madre y del
nasciturus, pues si bien se reconocía que el teletrabajo era una prerrogativa y no un
derecho, indicó que la Corte Constitucional14 ha utilizado dicha medida para
proteger a personas que tuvieran un estado particular de salud.
Por lo tanto, se decidió inaplicar por inconstitucionalidad el porcentaje del 80% del
Índice de Evacuación Parcial establecido en el literal C del artículo 7° del Acuerdo
PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, por el término de 2 meses o hasta tanto
se realizara el trámite de autorización del teletrabajo. De igual forma, se ordenó
expedir un acto administrativo en el que se dispusiera que la señora Zuluaga
Restrepo al ser sujeto de especial protección sería beneficiaria de la medida del
teletrabajo desde su lugar de habitación ubicado en el municipio de Cartago.
Asimismo, se le ordenó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura que, en el término de 72 horas posteriores a la notificación
del fallo, procediera a recalcular el IEP del Juzgado Noveno Civil Municipal de
Pereira «[…] excluyendo los procesos repartidos a esos despachos en virtud de
redistribución de cargas, conforme con la tesis contenida en la providencia dictada por la
H. Corte Suprema de Justicia, ya reseñada y trascrita en esta sentencia».
Consecuente a lo anterior, ordenó que, si se cumplían los requisitos dispuestos en
el acuerdo del 28 de febrero de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura debía
habilitar la plataforma para que la actora radicara la solicitud de teletrabajo, que
posteriormente sería tramita por la nominadora.
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Gerardo Barbosa Castillo, Sentencia
STP6631-2024 del 30.04.24.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 2016 y T-265 de 2024.
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Puso de presente que «[L]as decisiones que se despachan para nada implica una
intromisión en las competencias de las demás unidades de la Rama Judicial, incluyendo
juzgado o la unidad de estadística, como quiera que la falta de regulación para el caso como
el que ocupa la Sala es evidente, aunado a que para nada deja por fuera de consideración
que el teletrabajo no es un beneficio en sí mismo, y que si bien el umbral mínimo para la
procedencia del este, es una medida administrativa en aras del eficiente rendimiento de los
juzgados, para el caso concreto su aplicación se hace injusta, violatoria del derecho a la
igualdad y no tiene en cuenta parámetros de discriminación positiva».
Por último, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión exhortó
al Consejo Superior de la Judicatura para que, en uso de sus competencias, al
regular el teletrabajo en la Rama Judicial, contemplara o tuviera en cuenta la
situaciones excepcionales o singulares que se pueden presentar en la realidad,
como las indicadas en la providencia.
1.8. Impugnación
1.8.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico
Con documento radicado por medio del aplicativo Samai el 28 de marzo de 202515,
la parte demandada impugnó el fallo de primera instancia. Al respecto manifestó
que se realizó un análisis indebido del requisito de subsidiariedad, ya que la facultad
de controvertir el resultado del cálculo del IEP no estaba sujeta al nominador del
Despacho, sino a cualquier miembro de este, por lo que no se encontraba cumplida
dicha condición de la acción de tutela, pues ante la notificación del resultado era
procedente el recurso de reposición.
Asimismo, refirió que la respuesta que se le otorgó a la solicitud realizada por la
jueza Novena Civil Municipal de Pereira el 19 de marzo de 2025 constituía un acto
administrativo que podía ser recurrido ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.
Por otra parte, indicó que la parte actora no se manifestó de forma concreta sobre
la causación de un perjuicio irremediable, pues si bien el teletrabajo se encontraba
reglamentado en el Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, este era
un acto de carácter general, impersonal y abstracto, por lo cual no podía lesionar
por sí solos derechos de índole particular.
Respecto al precedente judicial utilizado como fundamento de la decisión objeto de
impugnación, señaló que la providencia de la Corte Suprema de Justicia quedó sin
efectos por la indebida conformación del contradictorio y, en la nueva sentencia se
15
Notificado el 28 de marzo de 2025.
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declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que no era aplicable
un sustento inexistente.
Así las cosas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional,
en atención al incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
1.9. Actuaciones posteriores al fallo de primera instancia
En documento del 1º de abril del año en curso, el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico presentó solicitud de nulidad al
considerar que el a quo no tuvo en cuenta la contestación a la presente acción
tutelar allegada el 19 de marzo de 2025.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en
auto del 27 de marzo de 2025, consideró que el informe no fue remitido en tiempo
y, por lo tanto, no fue relacionado en el fallo, no obstante, explicó que dicha situación
no tenía la virtualidad de generar una nulidad, pues «[…] la falta de contradicción o
valoración de una prueba no vicia el procedimiento, ni la decisión; ya que, eventualmente
lo que puede generar es la revocatoria de la providencia por parte del superior».
De igual forma, expuso que observado el memorial, la decisión de amparo no
hubiese sido diferente, dado que «[…] el diagnóstico médico que recomienda evitar
movilizarse en vehículos, la posibilidad de realizar las funciones a través de la modalidad
de teletrabajo y su condición de sujeto especial de protección constitucional, hacían
procedente la tutela de los derechos fundamentales conculcados con el fin de evitar un
perjuicio irremediable».
En consecuencia, adujo que no se encontraba una irregularidad procesal que
debiera ser saneada, razón por la que negó la solicitud de nulidad y concedió la
impugnación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
contra la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera de Decisión de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo
de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.
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2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27
de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de
Decisión para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico vulneró el derecho a la igualdad al calcular erróneamente el
Índice de Evacuación Parcial del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira,
al contabilizar los procesos ingresados por redistribución, así como por
reparto?
• ¿Puede la señora Natalia Zuluaga Restrepo acceder a la medida de
teletrabajo en atención a su estado de embarazo y en protección de su
derecho a la salud?
Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección
constitucional; (iii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su
excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez
contencioso administrativo; (iv) subsidiariedad y, (v) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable16.
2.4. Sujetos de especial protección constitucional
En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
16 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos,
síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y «todas aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera
que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la
intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados17».
Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos
13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea
material, es decir, real y efectiva.
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso
administrativo
Existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces
para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar
que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto
las normas jurídicas y la jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia18.
17 Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
18 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».
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El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos
los operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y legalidad.
Por tanto, esta Sala reitera19 su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto administrativo, en
atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden pedir medidas cautelares en
los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
La existencia del otro mecanismo de defensa judicial, en determinadas
oportunidades no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se
resuelven, toda vez que se puede dar el caso que tal transgresión sea el producto
de una decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se
encuentre revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.
2.6. Subsidiariedad
En el presente caso, se deben diferenciar dos situaciones que acontecen; en primer
lugar, la parte actora relata su inconformidad respecto al cálculo del Índice de
Evacuación Parcial otorgado al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira en
atención al conteo realizado de los expedientes provenientes de la redistribución y
los asignados por reparto.
En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, solicita que sea eximida del
requisito establecido en el literal C del artículo 7° del Acuerdo PCSJA24-12151 del
28 de febrero de 2024, el cual versa sobre la obtención por parte del Despacho
judicial de un porcentaje mayor al 80% en el IEP para poder radicar la solicitud de
teletrabajo. La importancia de ello deviene de su avanzado estado de embarazo y
las recomendaciones entregadas por su médico.
19 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias
del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-
23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01.
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Así, se evidencia que la primera situación atañe al juzgado y sus funcionarios,
mientras que la segunda, solamente se sostiene frente a la señora Zuluaga
Restrepo.
En primera instancia constitucional, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión dispuso ordenar a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
del Consejo Superior de la Judicatura recalcular el IEP del Juzgado Noveno Civil
Municipal de Pereira excluyendo los procesos repartidos en virtud de la
redistribución de cargas. Además, indicó que en caso de ser procedente y que se
cumplieran con los requisitos del acuerdo, se le debía habilitar la plataforma a la
accionante para radicar la solicitud de teletrabajo.
Asimismo, se inaplicó por inconstitucional para el caso concreto el requisito
dispuesto en el literal C del artículo 7 referenciado, se le ordenó a la nominadora
que dictara el acto administrativo por medio del cual fuera señalado que al ser la
señora Zuluaga Restrepo un sujeto de especial protección constitucional tendría
derecho al beneficio del teletrabajo y exhortó al Consejo Superior de la Judicatura
para que contemplara situaciones excepcionales que se pudieran presentar en torno
al tema del teletrabajo y sus condiciones.
De lo anterior se evidencia que, el juez constitucional condensó ambas situaciones
en una y accedió a todas las pretensiones presentadas por la tutelante, sin distinguir
el alcance de una y otra. En atención a ello, se analizarán los reparos de forma
separada.
2.6.1. Revisión del Índice de Evacuación Parcial
El Índice de Evacuación Parcial tiene como objetivo ser un indicador de la
proporción de los procesos evacuados en un periodo determinado frente a la
cantidad de asuntos que tuvo a su cargo el Despacho. El resultado final de dicho
porcentaje es entregado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadísticos del
Consejo Superior de la Judicatura a cada uno de los juzgados. Frente a tal informe,
el interesado puede interponer recurso de reposición con el fin de que se revise el
cálculo realizado.
En el presente caso, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
resultado para el año 2024 y le asignó un porcentaje del 79% al Juzgado Noveno
Civil Municipal de Pereira, frente a lo cual, la nominadora solicitó aclaración, por
considerar que lo informado no correspondía a la realidad. No obstante, en
respuesta del 19 de marzo de 2025, la entidad accionada le indicó que no era
posible hacer modificación alguna sobre el resultado obtenido.
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En consecuencia, se evidencia que la información brindada por el Consejo Superior
de la Judicatura constituye un acto administrativo susceptible de control y recurrible
ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Tal como lo explicó el ente en su contestación a la presente acción, cualquier
funcionario del Despacho tiene la facultad de cuestionar el acto, con el fin de que
sea revisada su legalidad.
Por lo tanto, en atención al inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 1º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, que establecen que el
requisito de subsidiariedad es un presupuesto de procedencia de la acción de tutela
y determina que el mecanismo solo se puede presentar cuando no se disponga de
otro medio judicial, se debe indicar que sobre la revisión del cálculo del IEP, la actora
dispone del medio de control de nulidad simple para manifestar su inconformidad.
Asimismo, se resalta que si la inconformidad va más allá del resultado del cálculo y
cuestiona el contenido del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, este
también puede ser demandado en ejercicio del medio de control señalado.
Así las cosas, no es posible a través de la acción tutelar resolver dicha pretensión,
pues le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en el ámbito del juez ordinario,
ni determinar si se vulneró el derecho fundamental a la igualdad de los funcionarios
de dicho juzgado, por lo que no se observa el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad del mecanismo y se debe declarar la improcedencia del mismo frente
al asunto.
2.6.2. Solicitud de teletrabajo
Si bien, se reconoce que la pretensión de la parte actora en torno a la solicitud de
teletrabajo tiene que ver con eximirla del cumplimiento de un requisito establecido
en un acto administrativo que puede ser objeto de control judicial, en la sentencia
SU-037 de 200920, la Corte Constitucional explicó que la acción de tutela contra
actos de contenido general, impersonal y abstracto, solo procedería de manera
excepcional y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, cuando se tratara de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable y se estableciera que el contenido del acto afectara clara y
directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable.
De igual forma, en la sentencia SU-075 de 201821, el máximo órgano constitucional
aseguró que: «[…] en circunstancias especiales, como las que concurren en el caso del
20 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia SU-037 de 28.01.09, Exp. T-1.756.767.
21 Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, Sentencia SU-075 de 24.07.18, Exp. Acum.
T-6.240.380, T-6.318.375 y T-6.645.503.
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fuero de maternidad, las acciones ordinarias pueden resultar inidóneas e ineficaces para
brindar un remedio integral, motivo por el cual la protección constitucional procede de
manera definitiva”. Este enfoque se ha mantenido en providencias posteriores, como la T-
395 de 2018, T-279 de 2021 y T-467 y T-329 de 2022, en las que se ha flexibilizado el
análisis de subsidiariedad de la tutela para la protección de la estabilidad laboral reforzada
de las mujeres en estado de gestación o lactantes […]22».
En lo que atañe al caso concreto, la señora Natalia Zuluaga Restrepo es una mujer
con 7 meses de embarazo con unas recomendaciones claras entregadas por su
médico tratante, como se observa:
Al respecto, es previsible saber que su situación permite que sea catalogada como
un sujeto de especial protección constitucional frente al cual se deben tomar
medidas para proteger su vida, así como la del nasciturus, con el fin de evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La jurisprudencia constitucional23 ha previsto unos requisitos que se deben valorar
para saber si el accionante se encuentra en riesgo de sufrir un perjuicio
irremediable, frente a lo cual se hace necesaria la intervención del juez
constitucional. Las circunstancias que deben concurrir son las siguientes: i) que se
produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho fundamental;
ii) que de ocurrir no exista forma de reparar el daño producido al mismo; iii) que su
ocurrencia sea inminente; iv) que resulte urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra y, v) que la
gravedad de los hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad
de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales.
De dichas situaciones, es posible advertir que la señora Zuluaga Restrepo se
encuentra en una condición de debilidad manifiesta, en donde debe cuidar de su
salud para poder entregarle el mejor ambiente a la vida que se encuentra formando
en su vientre, para lo cual debe seguir las recomendaciones médicas de guardar
22 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, Sentencia
T-119 de 26.03, 23, Exp. T-9.023.337.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-086 de 1999, T-600 de 2002, T771 de 2004, T-451 de 2010,
entre otras.
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reposo y no exponerse a situaciones riesgosas que comprometan la vida del bebé,
como manejar vehículos automotores.
La consecuencia de no seguir dichas recomendaciones puede acarrear desenlaces
fatales y amenazar gravemente su vida y la que está por nacer, razón por la que no
es postergable la medida de protección.
Como ya se ha referido anteriormente, si bien el teletrabajo no es un derecho sino
una prerrogativa, esta es una medida que ha sido utilizada por la Corte
Constitucional para proteger derechos de sujetos en situaciones de debilidad
manifiesta como lo son las mujeres en estado de gravidez.
Así las cosas, como se observa, es posible advertir que en el caso de la señora
Natalia Zuluaga Restrepo se cumplen todos los requisitos para que sea flexibilizada
la subsidiariedad y se siga adelante con el estudio de fondo, en orden de decidir las
medidas urgentes e impostergables que se deben tomar, pues para este tipo de
eventos, la acción de tutela deja de ser un mecanismo subsidiario para convertirse
en una herramienta judicial preferente.
2.7. Caso concreto
La accionante solicita que se le exima de cumplir con la condición dispuesta en el
inciso C del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, con
el fin de poder acceder al teletrabajo, con ocasión de su avanzado estado de
gestación.
Del material probatorio allegado al expediente, se evidencia que: i) la actora ha
estado vinculada a la Rama Judicial desde el 14 de julio de 2020; ii) actualmente
desempeña sus labores en el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira; iii) ha
disfrutado de la medida del teletrabajo desde el mes de marzo de 2024; iv) por medio
de la Resolución CSJRIR25-166 del 5 de marzo de 2025, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda le concedió la autorización para residir por fuera del
municipio donde ejerce su cargo y, v) hasta el momento ha podido cumplir a
satisfacción con sus deberes24.
24
Aseveración realizada con base en el parágrafo del artículo 1° de la Resolución CSJRIR25-166 del
5 de marzo de 2025, por medio del cual se le concedió la autorización a la actora para residir por
fuera del municipio donde ejercer su cargo, pues el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda
le ordenó a la directora del juzgado que debía informar a la Corporación cualquier situación que
ameritara modificar o dar por terminada la autorización, lo cual no ha sucedido y, por el contrario, la
jueza apoyó las pretensiones de la señora Zuluaga Restrepo, en su escrito de contestación a la
presente tutela.
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En atención a que la especial protección y asistencia a las mujeres gestantes y
lactantes es un principio constitucional que busca garantizar su mínimo vital,
proteger su derecho a la salud y evitar que sean discriminadas por encontrarse en
esa situación, se les puede otorgar determinaciones para asegurarles efectivamente
la posibilidad de trabajar en condiciones seguras para su salud y la de su bebé.
Así, teniendo en cuenta que la actora ha venido disfrutando del teletrabajo sin
inconvenientes reportados por su nominadora y su desempeño no se ha visto
afectado por la medida, aunado a las claras recomendaciones médicas de guardar
reposo, continuar con el trabajo remoto y no conducir automotores, es procedente
acceder al amparo solicitado.
Asimismo, en virtud de no desmejorarle las condiciones laborales a la señora
Zuluaga Restrepo en este momento que se considera un sujeto de especial
protección constitucional, se ordenará a su nominador conceder la medida de
teletrabajo.
En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión del juez de primera
instancia, en lo referente a amparar el derecho a la salud de la accionante y se
ordenará al Juez Noveno Civil Municipal de Pereira expedir la resolución mediante
la cual se le conceda a la señora Zuluaga Restrepo el beneficio de teletrabajo.
Por otro lado, se revocarán las órdenes dadas, para en su lugar, declarar la
improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad, en lo referente a la
revisión del cálculo del Índice de Evacuación Parcial.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión del 27 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en
el sentido de AMPARAR el derecho fundamental a la salud de la señora Natalia
Zuluaga Restrepo.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira que dentro
de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de la presente
providencia, expida acto administrativo por medio del cual le conceda el teletrabajo
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a la señora Natalia Zuluaga Restrepo, en atención a su condición de sujeto especial
protección constitucional.
TERCERO: REVOCAR los numerales 2, 3, 4 y 8 de la sentencia del 27 de marzo
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de
Decisión, para en su lugar, DECLARAR improcedente la acción constitucional en lo
referente a la revisión del cálculo del Índice de Evacuación Parcial.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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