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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2025-00160-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2025-00160-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2025-00160-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2025-00160-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE DECLARAR IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.
CONDENA EN COSTAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 18 de junio de 2025, mediante la cual la SALA

TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

RISARALDA1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante el Tribunal.

2

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Actora: LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la

igualdad, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO PRIMERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PEREIRA2, al

haber proferido la providencia de 4 de febrero de 2025 dentro

del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

2015-00066-00.

I.2.- Hechos

Señaló que, promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, con el propósito de

que le fueran reconocidos los pagos correspondientes a las horas

extras derivadas de la prestación de servicios en jornada

suplementaria en días de descanso obligatorio, dominicales y

festivos.

Afirmó que en la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho se condenó a la NACIÓN - RAMA

JUDICIAL al pago de dichos emolumentos.

2
En adelante el Juzgado.

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Manifestó que, en tal virtud, presentó solicitud de ejecución y

mediante auto de 23 de octubre de 2024, el JUZGADO profirió

mandamiento de pago en su favor, reconociendo así la obligación

derivada de la sentencia previamente obtenida.

Refirió que el JUZGADO, mediante auto proferido el 4 de febrero de

2025, ordenó seguir adelante con la ejecución, conforme a los

términos del mandamiento de pago de 23 de octubre de 2024 y se

abstuvo de condenar en costas a la parte ejecutada, pese a que dicha

medida había sido expresamente solicitada en la demanda ejecutiva.

Relató que las costas procesales no se limitan a las expensas

ordinarias del proceso, sino que incluyen también las agencias en

derecho, esto es, los honorarios derivados de la gestión profesional

del abogado de la parte vencedora, y que dichas agencias pueden

reconocerse incluso cuando no se ha designado apoderado, conforme

lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso -CGP-.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, en la decisión cuestionada se configuró un

defecto sustantivo, originado en una interpretación errónea e

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irrazonable de las normas aplicables al caso, en particular de los

numerales 2° y 8° del artículo 365 del CGP, así como de los artículos

366, 440 y 443 ibidem, toda vez que, a su juicio, dichas disposiciones

regulan de manera clara y expresa la procedencia de la condena en

costas en los procesos ejecutivos, por lo que su inaplicación o

desconocimiento injustificado constituye una violación directa al

ordenamiento jurídico y al principio de legalidad.

Aseguró que las costas, conforme a la legislación procesal civil,

comprenden no solo las expensas procesales sino también las

agencias en derecho, y que su causación depende de la verificación

objetiva de su existencia en el expediente, sin que sea relevante la

conducta procesal de las partes.

Argumentó que contrario a lo afirmado en la providencia

controvertida, las costas sí fueron causadas dentro del proceso

ejecutivo, toda vez que tuvo que promover una demanda ejecutiva,

incurrir en gastos propios y realizar actuaciones procesales

orientadas a lograr el cumplimiento forzado de la obligación

declarada en la sentencia judicial, ante la falta de pago voluntario por

parte de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL.

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Arguyó que se omitió ordenar la condena en costas bajo el

argumento de que la parte ejecutada no presentó oposición alguna,

razonamiento que desconoce que el criterio para su imposición es de

naturaleza objetiva y valorativa, conforme a la evolución

jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, lo

cual excluye la consideración de la conducta procesal de las partes

como criterio para decidir tal carga.

Invocó como precedente una providencia de 5 de marzo de 2025

proferida por el TRIBUNAL, en la que se resolvió un caso con

supuestos fácticos y jurídicos similares al presente asunto y se

ordenó condenar en costas a la entidad allí demandada, reconociendo

además agencias en derecho equivalentes al 5% de la suma

adeudada.

Advirtió que al omitir ordenar la condena en costas se trasladó

injustamente a la parte vencedora la carga económica de promover

la ejecución forzada, lo cual vulnera el principio de reparación integral

y desconoce el derecho al acceso efectivo a la administración de

justicia.

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Finalmente, aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo por inaplicación del derecho material y

desconocimiento del precedente judicial, lo cual configura una

vulneración al debido proceso y a la igualdad, razón por la que solicita

que se declare la nulidad del auto cuestionado y se ordene la

adopción de una nueva decisión conforme a las reglas

jurisprudenciales y legales vigentes.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados en los siguientes términos:

“[…] 7.3 Se amparen los derechos fundamentales conculcados en
el auto proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira
del día 02 de febrero del año 2025, dentro del proceso radicado
66001333300120150006600, donde es actora LUZ BIANTEH
MARULANDA CASTAÑO y demandada la Nación – Rama Judicial,
dejando sin efectos el mismo, ordenando que en sede de instancia
se resuelva conforme a derecho y según las directrices que se den
por el Juez Constitucional […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que la controversia planteada por la

parte actora carece de relevancia constitucional, pues lo que

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realmente se discute a través de la presente solicitud es una

discrepancia de orden legal, propia del ámbito de interpretación

judicial, que pretende ser canalizada por una vía excepcional como

lo es la tutela, desnaturalizando así su finalidad principal de

protección inmediata de derechos fundamentales.

Sostuvo que la pretensión de la accionante se limita a extender un

debate ya resuelto en el proceso ejecutivo, pretendiendo modificar o

replantear la interpretación judicial sobre la procedencia de la

condena en costas y que dicho aspecto responde a intereses

eminentemente patrimoniales y no guarda relación directa con una

amenaza, afectación o vulneración de garantías ius fundamentales.

Afirmó que el asunto no cumple con el umbral de constitucionalidad

exigido por la Corte Constitucional para habilitar la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales.

Manifestó que no se configura ninguna de las causales específicas de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

pues el asunto planteado carece de relevancia constitucional, habida

cuenta que, la decisión objeto de cuestionamiento fue el resultado de

la aplicación razonada y coherente del marco normativo y

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jurisprudencial vigente en materia de costas en los procesos de

ejecución dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Concluyó que lo planteado por la parte tutelante ciertamente refleja

una visión interpretativa distinta de la asumida por el JUZGADO, lo

cual constituye una divergencia jurídica legítima, pero que no puede

asimilarse a una vulneración del debido proceso ni a un defecto

constitucional, pues la disparidad de criterios no configura, por sí

sola, una actuación arbitraria ni un desconocimiento del

ordenamiento, y por tanto, no puede ser objeto de control

constitucional a través de la acción de tutela.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA, vinculada en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que

se declare la improcedencia de la solicitud de amparo de la

referencia.

Afirmó que la acción de tutela no puede sustituir los mecanismos

ordinarios de defensa judicial ni permitir revisiones permanentes de

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decisiones judiciales bajo el pretexto de una eventual afectación de

derechos, pues, el principio de seguridad jurídica impide la

reapertura indefinida de debates ya resueltos por los jueces

competentes.

Señaló que lo que en realidad subyace en la presente acción de tutela

es una inconformidad con el contenido de la decisión judicial,

mediante la cual se pretende reabrir un debate jurídico y probatorio

que ya fue debidamente resuelto dentro del proceso ordinario.

Insistió en que la acción de tutela no puede ser utilizada como una

instancia adicional para cuestionar la legalidad de decisiones

adoptadas por el juez natural de la causa, salvo que se configuren

violaciones flagrantes a derechos fundamentales, lo cual no se

vislumbraba en el presente asunto.

Expresó que tampoco se acreditó un perjuicio irremediable que

justifique una intervención excepcional del juez constitucional, que

habilite la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 18 de junio de 2025, declaró

improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con el requisito

general de la relevancia constitucional.

Sostuvo que la discusión planteada en torno a la imposición de la

condena en costas en ambas instancias es una controversia de tipo

legal relacionada con la interpretación y aplicación de los artículos

188 del CPACA3 y 365 del CGP.

En ese sentido, concluyó que al involucrarse el juez de tutela en el

asunto se estaría permitiendo que el mecanismo de amparo se

convirtiera en una instancia o recurso adicional, ya que resolvería

asuntos de mera legalidad desnaturalizando el mecanismo

constitucional.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL,

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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito

introductorio.

Además, sostuvo que fallo de primer grado desconoció la relevancia

constitucional del caso al omitir el análisis de la afectación al derecho

fundamental al debido proceso, derivada de la falta de motivación en

la decisión judicial que negó la condena en costas dentro de un

proceso ejecutivo.

Argumentó que, contrario a lo señalado por el a quo, el debate

planteado no se limita a un asunto de mera legalidad ni a una

discrepancia interpretativa sobre un contenido normativo, sino que

se estructura en torno a la omisión del deber judicial de valorar las

pruebas obrantes en el expediente, lo cual representa una

transgresión directa al debido proceso.

Precisó que el proceso ejecutivo fue promovido debido al

incumplimiento prolongado de la sentencia ordinaria proferida en

2020, por lo que se vio obligada a iniciar un trámite adicional para

obtener el pago, incurriendo en gastos adicionales que implicaron la

necesidad de contratar un profesional del derecho sin que dichos

costos fueran examinados por la autoridad judicial accionada al

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momento de decidir sobre la condena en costas.

Arguyó que la providencia cuestionada omitió cualquier análisis

probatorio respecto a la condena en costas, limitándose a citar el

numeral 8 del artículo 365 del CGP, sin evaluar si en el expediente

existían pruebas que permitieran acreditar la causación de las

agencias en derecho.

Señaló que, conforme a lo dispuesto por el artículo 365 del CGP, la

condena en costas -incluidas las agencias en derecho-, debe basarse

en su comprobación dentro del expediente, más no en la existencia

o no de oposición por parte del demandado. Por tanto, fundar la

negativa de la condena en la simple ausencia de oposición procesal

constituye una lectura contraevidente de la norma, ajena a su

verdadero alcance.

Indicó que esta omisión representa un defecto sustantivo, en tanto

la decisión judicial se adoptó sin sustento probatorio, sin motivación

suficiente y en abierta contradicción con las pruebas existentes, lo

cual, según la jurisprudencia constitucional, habilita la intervención

del juez de tutela, pues la valoración probatoria resulta

manifiestamente arbitraria o irrazonable.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la providencia de 4 de febrero de 2025

proferida por el JUZGADO, por medio de la cual se ordenó seguir

adelante con la ejecución sin condenar en costas a la parte vencida,

dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2015-00066-00.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, habida

cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 18 de junio de 2025, declaró

improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con el requisito de

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la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia y, señaló que en el presente asunto

existe una vulneración al debido proceso, dado que el juez del

proceso ejecutivo negó la condena en costas sin valorar las pruebas

existentes ni motivar adecuadamente su decisión. Además, omitió

analizar la carga económica que asumió para lograr el cumplimiento

de la sentencia, desconociendo así sus derechos fundamentales y el

precedente jurisprudencial aplicable. Por ello, solicitó revocar el fallo

de primera instancia y conceder el amparo deprecado.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en el defecto alegado.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

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judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

En el caso bajo examen, la Sala observa que la solicitud de amparo

no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en

razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido económico,

derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

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Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202111, la Sala señaló:

“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:

[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

la Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202112, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

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desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.

[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la

actora como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos

fundamentales a la igualdad y al debido proceso, están encaminados

a replantear la discusión jurídica en torno a la imposición de las

costas procesales a la parte vencida en el proceso, circunstancia que

resulta improcedente, en tanto la presunta afectación de los derechos

fundamentales se deriva de un asunto de contenido económico que

fue debidamente argumentado y concluido por el juez natural de la

causa, razón por la cual la Sala concluye que tal inconformidad carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Aunado a lo anterior, al revisar el expediente, se constata que la

parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión que

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aquí se cuestiona; sin embargo, dicho recurso fue declarado

improcedente mediante auto de 29 de abril de 2025 por el

TRIBUNAL. Esta circunstancia demuestra que la actora sí tuvo

acceso a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, pero su

pretensión no prosperó dentro del marco procesal establecido.

Ahora bien, el hecho de que el recurso no haya tenido vocación de

prosperidad no convierte la acción de tutela en una instancia paralela

ni autoriza su uso como mecanismo sustitutivo de las vías ordinarias,

máxime cuando no se ha acreditado la configuración de una causal

específica de procedencia ni la existencia de un perjuicio

irremediable.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

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competencia y la independencia del juez ordinario.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia

que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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