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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00003-01

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00003-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de enero de 2026 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2026-00003-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 66001-23-33-000-2026-00003-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES /
Improcedencia / No se cumple con los presupuestos de legitimación en la causa por
activa, subsidiaridad e inmediatez / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE
LA MISMA NATURALEZA / No se acreditó la existencia de una situación de fraude.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 26 de enero de 2026 por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 7 de enero de 2026, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, actuando en
nombre propio y “representación de 56 familias”, promovió acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, con el fin de que se ampararan sus
derechos a la igualdad y libre desarrollo de la personalidad.

2.
Del escrito de tutela, los informes rendidos por la autoridad judicial demandada y
los terceros vinculados, junto con el resumen fáctico efectuado por el juez de primera
instancia, la Sala logra entender que su pedimento se sustenta en los siguientes
hechos:

3.
El actor presentó tutela bajo el radicado 66001-33-33-004-2025-00015-00/01,
inicialmente dirigida al Consejo de Estado, para que hiciera extensivo a su favor lo
decidido en sentencia del 12 de febrero de 2015 1 . No obstante, dicha instancia
judicial remitió el proceso a reparto y el conocimiento del asunto correspondió al

1 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-15-000-2014-04413-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

Accionante: Diana Rolina Barreto Alonso.

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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira

Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, que mediante auto del 29 de enero de
2025 lo requirió para que subsanara la solicitud de amparo, a fin de dar claridad
sobre los hechos, pretensiones y calidad en la que presentaba la demanda.
Posteriormente, se “rechazó y negó” la tutela, en desconocimiento de los graves
hechos que motivaron su interposición.

4.
En concreto, refirió que el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira tenía el deber
de vincular a sus más de 61 empleadores, entre estos, la Universidad Tecnológica
de Pereira, ante la cual había exigido ser nombrado como rector desde febrero de
1988, lo cual nunca ocurrió porque el expresidente Cesar Gaviria “movió sus
influencias” para posesionar en dicho cargo a su hermano. Acorde a ello, el juez
constitucional debía ordenar el reconocimiento y pago de los salarios, incapacidades
por su grave estado de salud y demás prestaciones dejadas de percibir al no haber
sido nombrado. A su vez, mencionó que a pesar de que contaba con una calificación
de pérdida de capacidad laboral del 53.18% sus empleadores lo han desvinculado
laboralmente sin autorización del Ministerio del Trabajo, por lo que la tutela
interpuesta era procedente para disponer su reintegro laboral hasta la edad de retiro
forzoso. En relación con lo anterior, afirmó que las juntas de calificación que lo
valoraron profirieron dictámenes viciados de nulidad en lo que se indicó que sus
padecimientos son de origen común. También cuestionó las atenciones médicas,
destacando que ha presentado más de 150 peticiones ante la Superintendencia de
Salud a las que no se les ha dado trámite, y lo mismo ocurre con el Defensor del
Pueblo.

5.
Expuso que el juez de tutela accionado también pasó por alto que ha cursado
diferentes programas de pregrado, posgrado, doctorado y postdoctorado en
diferentes instituciones nacionales e internacionales, pero los títulos obtenidos no se
han otorgado porque falsifican notas en su contra y existen dilaciones injustificadas.

6.
Refirió que contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira presentó denuncia
cuyo conocimiento correspondió a la Fiscalía 28 Seccional de Pereira, contra la que
también debió interponer denuncia por prevaricato por acción al desconocer que
dicho juez debía dictar sentencia, ordenando a la Universidad Tecnológica de
Pereira, a la “Universidad Autónoma” y a Seguros Alfa S.A., el pago de
incapacidades desde 1988 y de las becas de estudios para más de 10 pregrados y
posgrados por valor de ochocientos millones aproximadamente.

7.
Es así como afirmó que el juez accionado desconoció lo dispuesto en el artículo 3
de la Ley 776 de 2012 sobre la procedencia del pago de incapacidades médicas por
más de 20 años, y desatendió el precedente judicial constituido por las sentencias T-
312 de 2018, T-777 de 2012, el fallo del 29 de octubre de 2025 que profirió la Sala
de Casación de la Corte Suprema de Justicia a su favor, y lo dispuesto por la Corte
Constitucional en su línea jurisprudencial sobre protección al derecho a la libertad de

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expresión en contextos educativos2 y en el Auto 1709 de 2025, providencia en la que
-asegura- se ordenó a los jueces de tutela que han conocido sus solicitudes de
amparo, corregir sus fallos y acceder a sus pretensiones laborales, económicas,
académicas y de salud.

8.
Acorde a lo expuesto, afirmó que la instancia judicial accionada debió admitir y
acceder de forma inmediata a la solicitud de amparo, cuyas pretensiones reiteró en
la tutela bajo análisis: (i) ordenar el pago de la indemnización por incapacidad
permanente, luego de que se le realice, por parte de un equipo interdisciplinar
convocado por Alfa Seguros, una nueva calificación de pérdida de capacidad laboral
en un 100%, proceso en el que se deben citar a todos sus empleadores y ordenarles
remitir toda la documentación que se requiera; (ii) reconocer y pagar todas las
incapacidades que se le adeudan desde 1970 hasta el año en curso, con
independencia de la indemnización previamente referida, sumas que podían
ascender a más de dos mil billones de dólares; (iii) ordenar el pago de hospedaje y
todos los gastos de transporte y hospedaje en relación con los servicios de salud que
se le asignen y otorguen fuera de su ciudad de residencia, especialmente en Bogotá,
en la Clínica Santa Bibiana; (iv) ser reintegrado laboralmente bajo la figura de la
estabilidad laboral reforzada hasta la edad de retiro forzoso; (v) anular el
nombramiento del rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, disponer su
destitución y nombrarlo actor en dicho cargo, en un plazo no mayor a 48 horas; (vi)
pagar todas las becas de estudios a las que tiene derecho; (vii) ordenar a la Fiscalía
28 de Pereira resolver en 48 horas la denuncia interpuesta ante esta, que inicie las
investigaciones contra varios funcionarios, destituya a un personal del CTI y ordene
indemnizaciones por las omisiones referidas; y (viii) ordenar al expresidente César
Gaviria pagar con su patrimonio, por concepto de indemnización: a) todas las
propiedades que el accionante va a comprar en Pereira incluyendo una casa por
valor de dos mil seiscientos millones de pesos y su hipoteca por valor de setecientos
millones; b) un carro último modelo, blindado y el salario del respectivo conductor; c)
doscientos millones de pesos por concepto de pago de perjuicios; y, d) que su equipo
de abogados asuma la defensa de los señores Diego Quintero Mesa, Juan Felipe
Moayorga Quintero y Carlos Eduardo Quintero, quienes se encuentran en Estados
Unidos como “ilegales” y requieren se les garantice no ser deportados, vivienda y
empleo.

B. Sentencia de primera instancia

9.
Mediante sentencia de 26 de enero de 2026, el Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión declaró improcedente el
amparo constitucional reclamado por carecer de subsidiariedad, inmediatez y
relevancia constitucional. Sobre la decisión emitida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira refirió que el Consejo de Estado mediante providencia del
3 de julio de 2025 dentro del proceso 11001-03-15-000-2025-03585-00 ya se

2 Entre otras, citó las sentencias T-124 de 1998, T-065 de 1993, T-118 de 1993, T-377 de 1995, SU-642 de 1998,

SU-642 de 1998, T-5616 de 1998, T-377 de 1995, T-293 de 1999, T-839 de 2007.
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pronunció e indicó que el accionante no agotó los recursos al interior del proceso de
tutela, ni tampoco expresó el motivo por el cual las decisiones atacadas vulneraban
sus derechos fundamentales, por lo que declaró improcedente el amparo.

10.
Pero, si en gracia de discusión tal pronunciamiento no existiera, resaltó que
tampoco resultaban claros los motivos por los cuales se inició esta acción de tutela,
pues muy a pesar de que se mencionó la falta de aplicación de precedentes, la
decisión de rechazo obedeció a la falta de claridad en el escrito de tutela, que a pesar
de haberse requerido en dos oportunidades la parte demandante no realizó la debida
corrección contemplada en la norma. Por lo que, es claro que el demandante ni
siquiera agotó los mecanismos con los que contaba dentro del proceso, por lo que
mucho menos puede a través de este medio solicitar un cambio de decisión, cuando
aquel no cumplió con la carga procesal que le correspondía.

11.
Por demás, estimó que los cargos de la actora contra la IPS Capitolio no cumplían
con el requisito de inmediatez, pues se refería a hechos del año 2024, sobre los que,
en todo caso no allegó prueba alguna. Tampoco era procedente pronunciarse sobre
las irregularidades denunciadas en el sistema de salud, por no haber sustento
probatorio al respecto.

12.
Aclaró que las pretensiones del actor relacionadas con presuntos despidos
irregulares, reintegros masivos a más de 61 empleadores, reconocimiento de
salarios desde 1988, reactivación de vínculos laborales, ordenar su nombramiento
como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, conceder la expedición de
títulos académicos y becas, así como también, ordenar resolver las acusaciones
penales formuladas por falsedad en documento público, prevaricato por omisión y
fraude procesal, no pueden ser ventiladas ni decididas en sede de tutela, más aún
cuando no existe prueba sumaria que acredite la existencia de los vínculos que
invoca, la fecha de terminación, la causa del retiro o la supuesta afectación directa
de un derecho fundamental.

C. La impugnación

13.
El accionante presentó escrito dirigido a la Comisión de Acusaciones contra el
magistrado ponente del fallo de primera instancia en el que considera debe ser
investigado penal y disciplinariamente por incurrir en el presunto delito de prevaricato
por acción, en razón a que, declaró improcedente el amparo en desconocimiento de
lo ordenado a su favor y de los “56 integrantes de su familia que representa” por la
Corte Constitucional en Auto 1709 de 2025. Pide que a este se le haga la respectiva
anotación en la hoja de vida, junto con los magistrados del Consejo de Estado y
demás instancias judiciales que no han dado el debido trámite a sus acciones de
tutela.

14.
Señaló que el actuar del a quo denotó que hace parte del cartel de la toga, que
operó en su contra desde que el Consejo de Estado – Despacho de la magistrada
4

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Lucy Jeannete Bermúdez remitió la tutela (2025-00015-00) al Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira, evitando aplicar su propio precedente, fallo del 12 de
febrero de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2014-04413-00, que resolvió
favorablemente un caso similar al suyo, y en virtud del cual, se debe acceder al pago
de las incapacidades no solo del demandante, sino que “todos los demandantes, a
los integrantes de las 56 familias y a todos los que le otorgaron poder de actuación”,
entre quienes menciona a los señores Luz Divia Becerra Restrepo, Luis Fernando
Quintero Becerra y Luz Stella Quintero Mesa, quienes padecen enfermedades
“ruinosas, catastróficas, de alto costo y huérfanas”. Además, debe exonerárseles de
cobros de cuotas moderadoras, copagos y en caso de que no estuviesen afiliados a
servicios de salud deberán ser incluidos en el SISBEN calificados como estrato dos
e incluso, debe pagárseles salarios, pensión incluyéndoseles en la nómina de
Colpensiones y garantizarles en todo caso un empleo hasta la edad de retiro forzoso.

15.
Expuso que, el juez de primera instancia al declarar improcedente el amparo,
avaló el indebido actuar que por más de un año adoptó en su contra el Juzgado
Cuarto Administrativo de Pereira, el cual causó la muerte de uno de sus
representados. Esto, sin justificar por qué se aparta del precedente aplicable a su
caso concreto, constituido por decisiones de Altas Cortes que permiten acceder a la
totalidad de sus pretensiones.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.

E. Análisis del caso concreto

17.
En primera instancia se declaró la improcedencia del amparo por falta de
subsidiariedad respecto a las pretensiones de índole laboral, penal, académico y de
salud, al considerar que el accionante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios
a su disposición a fin de discutir la presunta violación de derechos fundamentales.
Temas sobre los cuales resaltó que el actor no allegó prueba siquiera sumaria de su
ocurrencia. De otro lado, declaró que la acción de tutela carecía de inmediatez sobre
los reproches formulados contra la IPS Capitolio por haber ocurrido hace más de un
año.

18.
Contra dicha decisión judicial, el señor Quintero Mesa presentó un escrito dirigido
a la Comisión de Acusaciones, en el aseguró que el magistrado sustanciador incurrió
en delito de prevaricato por acción, sustentado en que la decisión de declarar
improcedente el amparo: (i) desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en

3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Auto 1709 de 2025, en el que se ordenó a los jueces de tutela que conocían los
diversos procesos iniciados por el actor, acceder a sus pretensiones y corregir su
actuar, y que (ii) denotaba su pertenencia al cartel de la toga, “mafia” cuyo actuar en
el caso concreto podía advertirse desde la decisión del Consejo de Estado de remitir
para reparto, la acción de tutela dirigida para su conocimiento, en desconocimiento
de su propio fallo del 12 de febrero de 2015; proceso constitucional que fue
inadmitido y rechazado injustificadamente por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pereira, causando la muerte de una de las personas que representó en dicho asunto.

19.
Es claro que el accionante, más que presentar la impugnación al fallo de primera
instancia, buscó allegar una queja disciplinaria y penal contra el magistrado que lo
sustanció, no obstante, el a quo le dio trámite a su escrito como si se tratara de una
verdadera impugnación, y por ende esta instancia en aras de salvaguardar el debido
proceso del actor, estudiará los reproches formulados en relación con lo decidido por
el juez de primera instancia,

20.
Así, se advierte que no se presentaron argumentos dirigidos a discutir la
declaración de improcedencia del amparo por falta de cumplimiento de los requisitos
generales de subsidiaridad e inmediatez respecto a las pretensiones relacionadas
con los siguientes tópicos: pago de incapacidades, indemnización por incapacidad
permanente, reconocimiento de salarios y prestaciones sociales desde 1988 a la
fecha de interposición de la tutela, anulación del acto de nombramiento del rector de
la Universidad Tecnológica de Pereira y su nombramiento en dicha calidad, reintegro
laboral hasta la edad de retiro forzoso, no injerencia en las funciones de la Fiscalía
General de la Nación y de los jueces penales en los diversos procesos iniciados por
el señor Quintero, nueva calificación de su porcentaje de invalidez, indemnización
económica solicitada al expresidente Cesar Gaviria, y pago de becas y expedición
de títulos académicos. Solamente se discutió lo referente al trámite de tutela
adelantado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira.

21.
Es así como, esta Sala considera procedente ratificar el estudio del caso
efectuado por el Tribunal Administrativo de Risaralda sobre las pretensiones de
índole laboral, económico, de salud, académicas, penales y administrativas
formuladas por el accionante, pues es evidente que carecen de subsidiariedad al no
haberse allegado prueba de que, previo a la interposición de la solicitud de amparo,
se acudió a los respectivos jueces naturales para que se agotaran los mecanismos
judiciales puestos a disposición del actor para defender sus derechos e intereses.
Además, no se allegó prueba de ninguno de los hechos alegados y ello impedía
corroborar el dicho del actor sobre la presunta violación a sus prerrogativas
iusfundamentales. Por demás, otras circunstancias fácticas que sustentaron las
pretensiones databan de 2024, por lo que, no se cumplió con el requisito de
inmediatez.

22.
En tal sentido, esta Subsección debe pronunciarse sobre presuntas
irregularidades en el trámite de la tutela bajo el radicado 66001-33-33-004-2025-

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00015-00, por parte del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, instancia judicial
a la que se endilga haber actuado fraudulentamente contra el actor al proferir
providencia en la que inadmitió y rechazó la solicitud de amparo, así como también,
por haber negado sus pretensiones. Sobre el particular se anticipa que se confirmará
la decisión del a quo de declarar la improcedencia del amparo.

(i) Legitimación en la causa por activa

23.
Lo primero que la Sala advierte es que el señor Quintero Mesa no es claro si en
el presente trámite de tutela actúa únicamente a nombre propio o también como
apoderado y/o agente oficio de otras personas. En su demanda afirmó actuar por sí
mismo y como representante de “56 familias”, luego, en el escrito dirigido a
cuestionar el actuar del juez de primera instancia indicó actuar no solamente a
nombre propio, sino también como representante de “56 familiares” y de otras 3
personas que presuntamente le otorgaron poder para que los representara
judicialmente en este proceso, sobre quienes precisó que padecen graves
enfermedades.

24.
Revisada la totalidad del expediente se constató que el accionante no enlistó las
personas a nombre de quienes aduce haber interpuesto el amparo, así como
tampoco allegó ningún poder y/o las pruebas de las enfermedades que
presuntamente impidieron a los señores Luz Divia Becerra Restrepo, Luis Fernando
Quintero Becerra y Luz Stella Quintero Mesa acudir de forma directa ante el juez de
tutela, a fin de defender sus derechos fundamentales. Además el actor alega
solamente hechos que implican afectación a sus derechos fundamentales, no
menciona, ni prueba siquiera sumariamente, los derechos, pretensiones y
circunstancias fácticas que sustentarían el amparo a favor de terceros.

(ii) Tutela contra tutela – No se probó la existencia de una situación de fraude

25. Como se mencionó con antelación, los reproches del accionante se dirigen a

cuestionar el trámite dado a la acción de tutela con radicado 66001-33-33-004-2025-
00015-00, por parte del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, específicamente:
los autos mediante los cuales inadmitió y rechazó el amparo, y al mismo tiempo, la
decisión de negar sus pretensiones. A su juicio, dicho juzgado actuó
fraudulentamente al desconocer lo dispuesto por la Corte Constitucional en Auto
1709 de 2025, decisión judicial en la que -según su dicho- se ordenó a los jueces de
tutela que han conocido de sus solicitudes de amparo, corregir sus sentencias y
acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente, endilgó como actuar
fraudulento del titular de dicho despacho, su supuesta participación en “el cartel de
la toga”.

26. Con todo, se considera que el demandante al interponer la tutela bajo análisis, en

últimas, cuestionó una sentencia de su misma naturaleza, lo que implica analizar
unos requisitos adicionales para su procedencia. No obstante, a fin de denotar la
ausencia de actuaciones fraudulentas en los términos expuestos por el actor, se
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analizará cada uno de los cargos propuestos, incluyendo aquellos dirigidos a
cuestionar el trámite inicial de ese amparo.

27. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción

de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente carga argumentativa, que la providencia acusada fue
producto de un actuar fraudulento4.

28. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la

acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o extremadamente
negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la labor de administrar
justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido debido a que resulta
evidentemente incorrecto5.

29. A fin de entender con precisión lo solicitado por el actor, la Sala revisó la totalidad

de las actuaciones surtidas en ambos procesos de tutela y pudo advertir que el
demandante sustenta sus reproches en la presunta comisión de conductas
fraudulentas inexistentes.

30. Para empezar, se constató que en el expediente de tutela tramitado bajo el
radicado 2025-00015-00 y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira, no fue repartido inicialmente al Consejo de Estado.
Sumado a que, la decisión inicial de inadmitir la acción tuvo como causa la falta de
claridad del escrito de amparo presentado por el demandante, y ante la falta de una
debida subsanación, se procedió a declarar su rechazo. No obstante, el actor
interpuso tutela contra dichas decisiones judiciales y en virtud de lo allí decidido, su
amparo fue estudiado de fondo, por dos instancias judiciales, en relación con los
temas de salud alegados.

31. En efecto, revisado el aplicativo SAMAI6 de ese asunto, a índices 1 a 3, consta

que el 27 de enero de 2025, el demandante interpuso la mencionada acción de tutela
y, a diferencia de lo que afirmó, aquella no fue repartida ante el Consejo de Estado,
sino directamente al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira. Esa
instancia judicial, en auto del 28 de enero de 2025, le otorgó al accionante el término
de un día para que subsanara la demanda.

32. A índices 5 y 6, consta que ese mismo día el actor allegó algunos documentos,

informando que interponía la acción a nombre propio, exponiendo situaciones

4 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
5 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
6 Radicado: 66001-33-33-004-2025-00015-00/01

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médicas y fácticas de familiares y allegados. En auto del 29 de enero de 2025, el
juzgado requirió nuevamente al actor para que, en el término de dos días aclarara
sus manifestaciones.

33. En providencia del 3 de febrero de 20257 el Juzgado Cuarto Administrativo de

Pereira rechazó el amparo porque de los escritos allegados por el actor no se
entendía lo pretendido, sumado a que no se aportaron soportes que pudieran dar
mayores claridades. Esta decisión fue dejada sin efectos mediante auto del 17 de
febrero de 2025, en el que se mencionó que, en sentencia de tutela del 14 de febrero
de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó al juzgado dar trámite a la
acción de tutela, solo respecto del derecho a la salud, en lo que pudiera “desentrañar”
en relación a la Nueva EPS, requiriendo al actor allegar poder o señalar si actuaba
como agente oficioso del señor Luis Enrique Becerra Restrepo8.

34. El 24 de febrero de 2025 se dictó sentencia de primera instancia en la que se

declaró la carencia actual de objeto. Se indicó que el señor Quintero actuó como
agente oficioso Luis Becerra quien presentaba múltiples patologías, entre ellas
Epilepsia e incontinencia urinaria, por lo que requería estar incapacitado de forma
permanente y tramitar su pensión; no obstante, se corroboró en la página de la
Registraduría Nacional del Estado Civil que este había fallecido al momento de
proferirse el fallo. Esta decisión fue impugnada por el actor y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Risaralda en fallo del 31 de marzo de 2025 9. El proceso
fue remitido para la Corte Constitucional para su eventual revisión y no fue
seleccionado tal como consta en proveído del 30 de mayo de 202510.

35. Con lo hasta aquí expuesto se evidencia que no existió actuar fraudulento en el

trámite de la solicitud de amparo.

36. Por otro lado, las afirmaciones sobre fraude por pertenencia al cartel de la toga de

los jueces de tutela, se basan en consideraciones netamente subjetivas, basadas en
hechos noticiosos sobre actos de corrupción identificados en otros asuntos
judiciales, pasando por alto que fue su propio actuar el que causó que inicialmente
no se le diera trámite a su tutela.

37. Ahora,el accionante aseguró que tanto el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pereira como el Tribunal Administrativo de Risaralda -en su calidad de juez de
primera instancia en el amparo bajo análisis- desconocieron lo dispuesto en auto del
1709 de 2025 proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, proveído en el
que considera se ordenó a todos los jueces de tutela que han conocido de sus
demandas, deben acceder a sus pretensiones y corregir lo decidido en dichos
asuntos.

7 Índice 11, ídem.
8 Índice 14, ídem.
9 Índice 5, SAMAI del proceso de tutela 66001-33-33-004-2025-00015-01.
10 Índices 29 y 30, SAMAI del proceso de tutela 2025-00015-00.

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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira

38. Al respecto, esta Subsección consultó el referido auto11 y encontró que fue
proferido el 29 de octubre de 2025, a fin de dilucidar el conflicto de competencia
suscitado dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Quintero Mesa en
contra del Juzgado 004 Administrativo de Pereira, el Juzgado 020 Civil Municipal de
Cali, la Fiscalía 028 Seccional de Administración Pública de Pereira y los Juzgados
012 y 017 Civiles del Circuito de Cali. En tal sentido se emitieron decisiones sobre
ese asunto, no con el alcance que indicó el accionante.

39. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la
demanda.

40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de enero de 2026 por la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

11 Ver en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2025/A1709-25.htm
12 VF

10

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