Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00022-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00022-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2026-00022-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 66001-23-33-000-2026-00022-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
Temas: Tutela contra sentencia de tutela
Decisión: Confirmar la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Óscar Fernando Quintero Mesa, en
contra de la sentencia proferida el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Óscar Fernando Quintero Mesa promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira, en la solicitud de amparo identificada con el radicado
66001-33-33-0042025-00015-00.
2. De conformidad con la información registrada en Samai y el confuso escrito de
tutela, la Sala entiende como fundamento de la presente solicitud lo siguiente:
2.1 En una primera oportunidad presentó2 solicitud de tutela en contra de la Nueva
EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el amparo de
los derechos fundamentales de Enrique Becerra Restrepo, quien padecía de
enfermedades ruinosas, huérfanas, crónicas y de alto costo.
1
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «001EscritoTutelaPruebas(.pdf) NroActua 2».
2
Como agente oficioso Luis Enrique Becerra Restrepo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00022-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
2.3 El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira en sentencia
del 24 de febrero de 2025 declaró la carencia actual de objeto comoquiera que
Enrique Becerra Restrepo falleció. En contra de esta decisión presentó escrito de
impugnación.
2.4 El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia del 31 de marzo de 2025
confirmó la decisión del a quo por cuanto el titular del derecho falleció y tomar una
decisión de fondo sobre el tema en discusión, no produciría efecto útil.
2.5 La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente judicial en relación con los derechos a la
educación y a la estabilidad laboral reforzada. Además, debió ordenar el pago de las
incapacidades médicas pendientes, causadas desde 1970 hasta el 5 de enero de
2025, así como efectuar los reintegros laborales correspondientes.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad de la Sentencia T 312/18
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL POR
ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO-Caso en que se
reclamaba pago de incapacidades que fueron causadas con posterioridad a que la ARL
reconociera y pagara indemnización por incapacidad permanente parcial
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL-Desarrollo
constitucional, legal y jurisprudencial INCAPACIDAD LABORAL DE ORIGEN
PROFESIONAL Y DE ORIGEN COMUN-Normatividad aplicable/INCAPACIDAD
LABORAL-Entidades ante las cuales se deben reclamar las incapacidades PAGO DE
INCAPACIDAD LABORAL-Sustituye el salario durante el tiempo en el cual el trabajador
se encuentra involuntariamente al margen de sus labores
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Procedencia
excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE PAGO DE
INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE
TRABAJO-Procedencia por violación directa de la Constitución Resulta evidente que el
tribunal demandado faltó a su deber de aplicar los preceptos constitucionales por
encima de las disposiciones legales, habida cuenta que su fallo desconoció la
protección consagrada en la Carta en relación con el derecho fundamental a la
seguridad social y al amparo de personas en condición de discapacidad, en tanto que,
si bien se limitó a aplicar la norma que regula la materia, pasó por alto que el pago de
la indemnización por incapacidad permanente parcial persigue un fin distinto al del
reconocimiento de las incapacidades laborales pues, mientras el primero busca
2
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
compensar un daño sufrido, el segundo se erige como sustituto del salario de la
accionante. En esa medida, se configuró un defecto por violación directa de la
Constitución, al realizar una interpretación restrictiva de la citada norma, que
desconoce los principios constitucionales. Cabe reiterar, que no es constitucionalmente
aceptable admitir que el monto de la prestación económica o subsidio por incapacidad
temporal sea equivalente a un solo pago (indemnización), puesto que una persona que
se encuentra en situación de discapacidad parcial, pero laboralmente activa puede en
cualquier momento requerir la protección del Sistema de Seguridad Social como
consecuencia de las situaciones que afecten en su salud que se ocasionen con
posterioridad. y al libre desarrollo.
2. ORDENAR al juez del juzgado cuarto administrativo de Pereira, juan Pablo Apráez, el
pago de la indemnización equivalente a 2000.000.000(dos mil billones de dólares, la
indexación y el pago de intereses, por desconocer los precedentes jurisprudenciales
Verticales y Horizontales de los jueces homólogos y de los Magistrados de la Corte
Suprema de justicia.
3. ordenar el pago de las incapacidades y ordenar el reintegro a unos cargos superiores
a los que ocupaba en el momento de la desvinculación […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira3 solicitó
que se declarara improcedente lo pretendido por el demandante ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que la decisión
enjuiciada se ajustó a derecho.
4.1. El escrito de tutela careció de claridad, situación que resultó reiterada, en la
medida en que con anterioridad ha presentado diversas solicitudes de amparo que
han sido declaradas improcedentes por esta misma razón.
1.3. Sentencia de primera instancia4
5. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia proferida el 6 de febrero de
2026 declaró improcedente la solicitud de tutela al evidenciarse temeridad, debido a
la existencia del proceso constitucional previo, identificado con el radicado No. 2026-
00001, que presenta identidad de pretensiones, partes, hechos y objeto jurídico. Sin
embargo, no se configuró la cosa juzgada, comoquiera que «el fallo proferido dentro de
ésta última acción constitucional […] de fecha 26 de enero de 2026, no es definitivo y por
tanto no garantiza la finalización imperativa del litigio».
1.4. Escrito de impugnación5
6. Oscar Fernando Quintero Mesa impugnó la decisión del a quo para lo cual, no
expuso argumento adicional, y se limitó a indicar, entre otros, «[…] MAGISTRADO
PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA y sus Magistrados homólogos y después de
ser admitida y dan sentencia en falsificación en documento público en escrito que es
Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, seis (6) de febrero de dos mil veintiséis
3
Ver índice 9 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«008ContestacionJuzgadoCuartoAdministrativo(.pdf) NroActua 9».
4
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «23ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2».
5
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_Impugnacion(.pdf) NroActua 2».
3
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
(2026), donde los Magistrados cometiendo fraude a resolución judicial declaran una falsa
temeridad […]» [sic].
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 2000 6 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 7, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 9 . Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo 10 , adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no
se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir ¿si la
solicitud de tutela presentada por Óscar Fernando Quintero Mesa es procedente en
razón a que la decisión cuestionada es de similar naturaleza?
2.4. Análisis de la Sala
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
5
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00022-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva - tutela contra sentencia
de similar naturaleza
16. La solicitud de tutela contra sentencias proferidas en asuntos de similar
naturaleza, en principio, se consideró improcedente14, por cuanto el ordenamiento
jurídico estableció su revisión eventual por parte de la Corte Constitucional como
mecanismo de control para evitar la vulneración de derechos fundamentales. Así, se
buscó no solo unificar la interpretación constitucional en la materia, sino ratificar a
esa corporación como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de estos
derechos15.
17. Así las cosas, admitir que los fallos de tutela decididos o excluidos de revisión
por la Corte Constitucional sean luego objeto de una nueva demanda de amparo, sin
que se evidencie violación al derecho de acceso a la administración de justicia o al
debido proceso, sería avalar el desgaste de la administración de justicia para la
tramitación de una nueva instancia sobre un proceso de similar naturaleza ya
concluido, lo cual es contrario a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991. En ese orden, cuando se presentan las circunstancias
descritas opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional16.
18. Sin embargo, la jurisprudencia evolucionó y reconoció, de manera
excepcional, la procedencia de la solicitud de tutela contra decisiones de similar
naturaleza cuando exista fraude (cosa juzgada fraudulenta) y supere los demás
requisitos de procedibilidad adjetiva. Así lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia SU-627 de 2015, al señalar:
«[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de marzo de 2010. Radicación No. 11001-
15
Corte Constitucional. Sentencia SU – 1219 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda.
16 artículo 243 de la Constitución Política.
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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00022-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad
a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional. […]». (Se subraya)
2.4.2. Sobre el caso concreto
19. Óscar Fernando Quintero Mesa acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 24 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pereira, en la solicitud de amparo identificada con el radicado 66001-33-33-0042025-
00015-00.
20. Dicho ello, se advierte que la providencia que se cuestiona es una sentencia
de tutela, por lo que se debe precisar que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional respecto a la procedibilidad de la solicitud de amparo contra
decisiones judiciales emitidas en trámites similares, la invocada en esta oportunidad
por Óscar Fernando Quintero Mesa es improcedente, pues, de acuerdo con las
pruebas allegadas al expediente y sus propios argumentos, es claro que los
pronunciamientos constitucionales bajo estudio no fueron producto de un fraude, sino
del claro inconformismo con lo decidido al resultar contrario a sus intereses.
21. Sin perjuicio de lo expuesto, no sobra insistir en que el juez de tutela debe
respetar la interpretación jurídica efectuada en este caso por otro juez constitucional
y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo cual no se evidenció en el presente asunto.
3. Conclusión
22. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo a través
de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por Óscar
Fernando Quintero Mesa contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Pereira, pero por cuestionarse sentencias de similar naturaleza.
23. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00022-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Óscar Fernando Quintero Mesa contra el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
SS/LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
8
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