Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2026-00023-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
23 de abril de 2026
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00023-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00023-01
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de
vulneración y falta de argumentación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la providencia de
12 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
resolvió:
«1. Rechazar por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa con respecto a las decisiones del Juzgado Cuarto Administrativo
de Pereira, igualmente frente a las demás situaciones planteadas por el actor.
2. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991,
informándoles que en caso de impugnarse la decisión el escrito debe ser enviado al correo
electrónico des04tadmper@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3. En caso de no ser impugnada la presente decisión remítase al día siguiente el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Por Secretaría y a costa de la parte interesada, se expedirán copias de la presente
providencia, en caso de ser requeridas.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 30 de enero de 2026 el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, 52 y 53 del decreto 2591 de 1.991
solicito de manera respetuosa señor juez se sirva:
1. Ordenar a JUAN PABLO APRÁEZ, JUEZ DEL JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DE PEREIRA, dar cabal cumplimiento al fallo proferido por LA CORTE
CONSTITUCIONAL, POR CARLOS CAMARGO ASIS Y SUS MAGISTRADOS
HOMÓLOGOS y de la sentencia Sentencia T-312/18.
2. Ordenar el arresto hasta por 6 meses del representante legal de JUAN PABLO APRÁEZ,
juez del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira.
3. Multar hasta por 20 salarios mínimos al representante legal de JUAN PABLO APRÁEZ,
juez del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, y a el mismo.
4. Condenar en costas y perjuicios al representante legal de JUAN PABLO APRÁEZ, juez
del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
5. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible
comisión del delito de FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL de la Sentencia de Carlos
Camargo Asís y sus Magistrados homólogos y a la de la Corte Constitucional de la
Sentencia T-312/18 del Magistrado sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
o el que hubiere lugar por parte JUAN PABLO APRÁEZ, juez del Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira y del representante legal de JUAN PABLO APRÁEZ, juez del
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira,
“1. Tutelar [sus] derechos fundamentales a la igualdad Juez Magda Lorena Ceballos, juez
del juzgado cuarto Civil de Pereira y de la Consejera Ponente Lucy Jeannette Bermúdez,
y del Magistrado Ponente: (sic) Dr. Eduardo Montealegre Lynett y al libre desarrollo. 2. Ordenar al juez del juzgado cuarto administrativo de Pereira, que de la sentencia como
le fue propuesto en la tutela y en los precedentes jurisprudenciales citados que por
desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical, de las sentencias que se le
enviaron que tenía que acatar y no lo hizo, como la Sentencia SU354/17, nulidad del acto
de retiro de los empleos iniciando con el Sena, donde era compañera el fallecido cuñado
Luis Enrique Becerra Restrepo y donde laboró Oscar Fernando Quintero Mesa. Tampoco
resolvió́ lo de la indexación de las mesadas pensionales, ni del señor Oscar Fernando
Quintero Mesa, ni (sic) de Luis Enrique Becerra Restrepo. No lo de la pensión de los
familiares, como lo indica los efectos inter comunis (sic), instituidos por la Corte
Constitucional (Corte Constitucional, T-1023, 2001) con ponencia del Dr. Jaime Córdoba
Triviño, en la que se examinó la situación de 776 pensionados a quienes se les estaba
vulnerando el derecho al mínimo vital. 3. Ordenar a la juez del juzgado 20 veinte civil municipal de oralidad de Santiago de Cali,
Ruby Cardona Londoño, modificar la sentencia que dio desde once (11) de junio de dos
mil veinte (2020)., (sic) ya que manipuló el derecho al silencio administrativo positivo,
porque ya estaban vencidos los términos de la respuesta de los 10 días de la gobernadora
Clara Luz Roldán, de consignar en la cuenta de mi defendido los casi cuatrocientos
millones de pesos de la beca otorgada, haciéndolos pagar con recursos propios de la
Gobernación del Valle, por el ocad (sic) del Valle del Cauca, entidades que flagrantemente
desvinculó de la tutela la juez Ruby Cardona Londoño, su complicidad hizo que en las 48
horas que tenían que hacer la consignación y que la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
tenía que otorgar los títulos de Maestría (sic), doctorado y posdoctorado, me entregaran
los diplomas, la Juez (sic) es cómplice por omisión, no solo de desvincularlos, sino
también, que no me nombraran en los cargos del Banco de Excelencia, en la normal de
Guacarí (sic) y en la Institución Educativa Jorge Isaacs (sic), como docente de Ciencias
Naturales. 4. Ordenar a la fiscal de la Fiscalía 28 – Seccional Administración (sic) Publica(sic) de
Pereira Risaralda, resolver en un término inferior a 48 horas, la denuncia criminal que fue
asignada a su despacho, para que justifique su salario, su contrato laboral y sus funciones,
al igual que su secretario Marlon Leonid Andrade, se les inicie una investigación en su
contra (sic) por prevaricato por omisión, dilación y obstrucción, ya que las sentencias se
dieron desde el 2020 y su in (sic) actuación, me está afectando que vuelva a mi empleo,
además yo no trabajo en la fiscalía, ni soy el secretario de la Fiscal (sic) para hacerles el
trabajo a ellos, su contrato laboral les ordena que al comunicar de la notifica criminal a los
demandados, son ellos los que deben aportar todas las pruebas, no el afectado, el que les
debe hacer el trabajo a ellos. 5.
Se demanda (sic) Luis Armando Carpio Caicedo, para que
haga entrega de (sic) copia del libro denuncia de Benhur Navarrete y Marco Tulio Román
y se requiere la vinculación de la fiscal 41 de Cali, que es cómplice de la prescripción de
los delitos de Benhur Navarrete y Marco Tulio Román, quienes me enviaron a asesinar
junto con mi esposa en gestación y asesinaron los 5 bebes que perdió́ mi esposa por los
intentos de asesinato de los R-15, los dueños de Thomas Greg and Sons. La universidad
Santiago de Cali, está vinculada porque la Facultad de Derecho, fue quien asesoró a Luis
Armando Carpio Caicedo, porqué (sic) la Facultad de derecho, no hizo las demandas de
reparación en contra la fiscal 41 de Cali Elizabeth Alcalá Jiménez y los juzgados se
prestaron los juzgados Juzgado 30 Penal Municipal de Cali y el Juzgado 12 Penal del
Circuito de Cali, se prestaron para los fraudes judiciales en contra los demandados, como
lo hizo la Juez (sic) del juzgado 12 Civil de Circuito Claudia Cecilia Narváez, con radicado: 76-001-31-03-012/2023- 00063-00, sentencia que niega derechos tutelados, en los
juzgados 20 civil (sic) Municipal, en apelación por el juzgado 14 Civil del Circuito y que la
MP Ana Luz Escobar, tuteló en Santiago de Cali, diciembre tres (3) de dos mil veintiuno
(2021), con radicado 760001-34-03- 017- 2021-00166-01 (21-203)”.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Conforme a los hechos narrados anteriormente, una vez cumplidos los trámites y requisitos
legales, solicito a usted, señor Juez laboral, acceda de forma afirmativa y favorable a todas
y cada una de las siguientes pretensiones: 1. SE DECLARE que entre el señor OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA y la
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO existió un contrato de
trabajo escrito a término fijo inferior a un año desde el 1 de Febrero de 2010, con
subordinación hacia el empleador, con funciones de docente, recibía salario y demás
prestaciones de ley, el cual cumplió a cabalidad y fue bien calificado por los estudiantes. 2. SE DECLARE igualmente, la existencia del contrato de estudios de postgrado mediante
una beca otorgada por la institución, por el valor semestral de la Maestría de MASTER EN
GESTION INTEGRADA: MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y PREVENCION según contrato
y "ACTAS DE COMPROMISO" suscrito entre las partes, vigente al momento de la
terminación anticipada del contrato de trabajo sin justa causa el 22 de Diciembre del 2012
con la condición que una vez terminada la Maestría el docente debía de permanecer
vinculado a la institución por dos (2) años subsiguientes a partir de la terminación de sus
estudios. Según lo contemplado y pactado en el ACTA DE COMPROMISO, aportando
cumplidamente las certificaciones de pago de matrícula de la maestría al día a la
institución, con buen rendimiento académico, tal cual como quedó suscrito por OSCAR
FERNANDO QUTNTERO MESA y la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE
CAMACHO. El día 22 de Diciembre del 2012, le fue Terminado el contrato de trabajo por
decisión unilateral sin justa causa comprobada por parte de la INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, violando la condición resolutoria con
indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, indemnización que
comprende lucro cesante por $542.640.000 y daño emergente por $58.000.000 era el
quinto Contrato consecutivo de trabajo de forma injustificada e injustificable por parte del
empleador, pasando por alto los compromisos y condiciones acordados previamente,
violándose el contrato de estudios y el reglamento de la institución, sin procedimiento de
toma de descargos, vulnerándose así el derecho fundamental del debido proceso del Art,
29 Constitucional. 3. SE CONDENE al pago a la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE
CAMACHO que el día 22 de Diciembre del 2012, le fue Terminado el contrato de trabajo
por decisión unilateral sin justa causa comprobada por parte de la INSTITUCION, violando
la condición resolutoria con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable,
indemnización que comprende lucro cesante por valor 5542,640.000, y daño emergente
por valor de $58.000.000, al pasar por alto los compromisos y condiciones acordados
previamente, como docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Educación a
Distancia y Virtual, con un contrato de estudios de por medio. Que por razón de su trabajo
laboraba 4 horas extras mensuales, las cuales no eran canceladas bajo ningún concepto. Y se declare que el contrato suscrito directamente con la institución tenía una asignación
salarial inicial de $2.200.000 mensuales para el período correspondiente 2010-2011,. Y
del período 2011-2012 $2.350.000 y para el periodo de 2012-2013, $2.330.000. Y verifique
que en razón a este tipo de modalidad de trabajo de tiempo completo la INSTITUCION
UII|IVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO lo obligó a renunciar a su trabajo en la l
institución Educativa Santa Rosa ubicada en la Calle 72 W No. 2BE - 35 del Barrio El
Poblado ll de Cali en el cual estaba laborando como docente medio tiempo. 4.
SE CONDENE a la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO a
pagar a mi poderdante señor OSCAR FERNANDO QUINTEROMMESA QUINTERO
MESA, las habilitaciones que hizo, y que le quedaron debiendo, el pago de cuatro (4)
habilitaciones a S10.000 cada una, entregadas a EDWIN MILLAN, para registro
académico por valor total de CUARENTA MIL PESOS $40.000. igualmente, la prima
extralegal a la cual tenía derecho de Diciembre de 2012 por valor de UN MILLON CIENTO
NOVENTA MIL PESOS S1.190.000, Igualmente, TREINTA (30) días de vacaciones de los
periodos 2010, 2011,y 2012, siempre le quedaban debiendo días DIEZ (10) días de cada
periodo, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
$2.350.000, y pago de la indemnización por violación e incumplimiento de lo pactado en
el contrato de estudios de maestría de FUNIBER, pues le faltaban DOS (2) Semestres de
la beca otorgada por la INSTITUCION UNIVERS|TARIA ANTONIO JOSE CAMACHO,
según Acta de compromiso y a Diciembre de 2012 tenía el PAZ Y SALVO financiero,
cumpliendo a cabalidad con el requisito de la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO
JOSE CAMACHO, entrego los recibos respectivos de pago adjuntos de los DOS (2)
semestres cursados de la maestría de FUNIBER SE CONDENE al pago y cumplimiento a
la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONTO JOSE CAMACHO de la sanción moratoria
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del Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, de un día de
salario por cada día de mora en el pago de las prestaciones al trabajador, durante los
primeros 24 meses ya que como lo manifiesta la norma, a partir de este instante se
adeudan es intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal sobre el salario y
prestaciones adeudadas, es decir, por valor de S20.346.919, debiendo de ahí en adelante
intereses moratorios.
6. Se CONDENE al pago con indexación de las condenas respectivas.
1
7. Se CONDENE al pago de las costas del proceso.»
(sic a toda la cita)
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa mencionó que prestó sus servicios como
docente de biología y química en la modalidad de tiempo completo con la Institución
Universitaria Antonio José Camacho desde el 1º de febrero de 2010, mediante
contratos de prestación de servicio a término fijo inferior a seis meses.
Señaló que, el 22 de diciembre de 2012, después de la ejecución de varios contratos,
la referida Institución terminó su contrato laboral de manera unilateral e injustificada,
pese a que se encontraba incapacitado y bajo tratamientos médicos derivados de la
alta carga laboral y el manejo de sustancias químicas.
Adujo que la terminación del contrato se efectuó sin la autorización del Ministerio de
Trabajo, situación que también afectó a su hijo quien se encontraba en un tratamiento
médico y no pudo recibir la atención necesaria, asimismo, manifestó que a la fecha y
en razón a lo expuesto la institución universitaria debe reconocerle todos los
emolumentos dejados de percibir, entre ellos daños morales ocasionados a él y su
familia e incluso una “pensión especial de vejez por alto riesgo”.
Por lo anterior otorgó poder a los abogados Caled Cano, Gloria Amparo Ramírez
Quintero y a la firma H&S, a quienes atribuyó actuaciones irregulares durante la
interposición de sus demandas laborales de mayo, septiembre y octubre de 2013
hechos por los que indicó fueron denunciados en esa época por prevaricato por
omisión.
Igualmente, se refirió a que presentó acción de tutela que fue de conocimiento del
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, quien, a su juicio, hizo caso omiso a la
orden impartida por la Corte Constitucional en Auto 1709 de 2025, providencia en la
que -asegura- se ordenó a los jueces de tutela que han conocido sus solicitudes de
amparo, corregir sus fallos y acceder a sus pretensiones laborales, económicas,
académicas y de salud.
1
Del confuso escrito de tutela se advierte que no fueron enunciadas de manera clara y precisa los hechos y las pretensiones del
actor, no obstante dicha solicitud de amparo fue admitida por el el Tribunal Administrativo de Risaralda en aras de garantizar la
tutela judicial efectiva y verificar la presunta vulneración alegada dado que el aquo afirmó: “En el escrito de demanda se narran
hechos de forma extensa y desordenada, donde se incluyen conflictos laborales entre 2010 y 2015, reclamaciones derivadas de
contratos y estudio de posgrado, supuestos acosos laborales, referencia a procesos penales y disciplinarios en contra de sendos
funcionarios, peticiones sobre incapacidades desde 1970, cuestionamientos contra decisiones de jueces de Cali y Pereira. Lo
anterior, impide entender qué decisión concreta se atribuye a la autoridad accionada y cual es el derecho fundamental cuya
vulneración se alega en este asunto. No obstante, en anteriores oportunidades se inadmitió asuntos como el presente sin obtener
respuesta del accionante, por ende, dado que se trata del mismo accionante, de la informalidad de la tutela y en aras de garantizar
los derechos fundamentales del demandante, este despacho admitirá la demanda e intentará interpretar de lo expuesto qué le
está generando la afectación a sus derechos fundamentales” se destaca.
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Finalmente expuso que tanto el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, como el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali le desconocieron los derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, no obstante, no
especificó de qué manera o en qué instancia.
3. Argumentos de la acción de tutela
El accionante manifestó que los derechos fundamentales invocados le han sido
vulnerados en distintos escenarios, pues a su juicio tiene derecho a que le sean
reconocidos los perjuicios ocasionados con la terminación de su contrato laboral. Sin
embargo, no expresó de manera clara y precisa si busca dejar sin efecto alguna
providencia judicial, ni allegó pruebas que permitan aclarar lo pretendido, debido a que
no existe mayor argumentación al respecto.
4. Trámite previo
El 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la acción de
tutela en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia y ordenó notificar
al accionante, al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira en calidad de demandado
y a la Institución Universitaria Antonio José Camacho como tercera con interés.
5. Oposiciones
El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira guardó silencio respecto a los hechos
objeto de tutela.
La Institución Universitaria Antonio José Camacho solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia o en su defecto se nieguen las
pretensiones dado que no cumple los requisitos de procedibilidad.
Precisó que el actor persigue un interés económico, sin que se demuestre la existencia
de un perjuicio irremediable más aún si se tiene en cuenta que la relación laboral
culminó hace más de 10 años y que existió un proceso ordinario laboral contrario a
sus intereses.
Informó que en el mencionado proceso judicial en segunda instancia el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió el
proceso a la jurisdicción contencioso administrativa en la que se inadmitió la demanda
para que se adecuara al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, el apoderado del señor Quintero manifestó que resultaba inocuo realizar
tal carga procesal, como quiera que la demanda ante dicha jurisdicción estaría
caducada y por ende provocaría su rechazo.
Finalmente, indicó que el actor ha incurrido en temeridad pues ha promovido más de
50 solicitudes de amparo contra la universidad razón por la que considera que ha
hecho un uso abusivo de la acción de tutela lo cual debe ser sancionado.
6. Sentencia de primera instancia
El 12 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia
de primera instancia en la que rechazó por improcedente la acción de tutela por
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incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que los hechos alegados por el actor
sucedieron hace más de 10 años.
De igual forma indicó que tampoco se encontraba cumplido el requisito de legitimación
en la causa por pasiva, dado que la cantidad de entidades mencionadas en el escrito
inicial no tenían relación directa con la presunta vulneración actual.
Consideró que el accionante pretendía hacer uso del mecanismo constitucional como
un instrumento para obtener decisiones de naturaleza declarativa, sancionatoria o
patrimonial, incluso con la finalidad de reemplazar los medios ordinarios y
administrativos previstos en la Ley para cada una de estas materias.
Recalcó que, aunque el actor expresó que algunos despachos judiciales han
vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, no argumentó la vulneración
alegada, ni expuso de forma clara las circunstancias que a su juicio constituían la
amenaza.
Frente a las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira
explicó que en el proceso con radicado 66001-23-33-000-2026-00022-00 se
determinó́ la temeridad del accionante ante la presentación reiterada de la misma
acción constitucional, razón por la cual no había lugar a pronunciarse.
7. Impugnación
El actor impugnó la decisión de primera instancia y manifestó que: «En primer lugar le
indico que usted ha cometido el delito de estafa agravada y lo voy a denunciar a comisión de
acusaciones y consejo seccional de la Judicatura, porque no justificó, su salario su contrato laboral y
sus funciones, porque es cómplice de que el Juez Juan Pablo Apráez no sea arrestado por desacato a
la Sentencia dada por el Carlos Camargo Asís y sus Magistrados Homólogos, que desde el 29 de
Octubre de 2025 y que me fue notificado al correo electrónico, Carlos Camargo Asís y sus Magistrados
Homólogos le dio órdenes directas, expresas e ineludibles a Juan Pablo Apráez, juez del juzgado cuarto
administrativo de Pereira y que él se ha negado a acatar y que usted MAGISTRADO PONENTE:
LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO, es cómplice de estafa agravada de la Institución Universitaria
Antonio José Camacho, es cómplice de Juan Pablo Apráez de fraude a resolución judicial porque Carlos
Camargo Asís y sus Magistrados Homólogos, ordenaron por la sentencia SU-354/17, nulidad del acto
de retiro de los empleos. El abogado Hernando Morales Plaza, quien presentó la demanda laboral en
contra la Institución Universitaria Antonio José Camacho es un estafador, como lo denunció el Ex fiscal
Elmer Montaña. En la estafa que usted llama sentencia no veo vinculados los 1000 procesos en los
que está demandados los abogados de la institución Universitaria Antonio José Camacho por estafa y
que han mentido en 1000 casos como lo hicieron con usted.
(…)
Ustedes son cómplices de Estafa porque la juez que falsamente absolvió a la Institución Universitaria
Antonio José Camacho, fue la estafadora, juez del juzgado 17 laboral del Circuito que presuntamente
compraron a reparto y a la juez del juzgado 17 laboral del Circuito de Cali, para que diera una sentencia
denegatoria de derechos, que declaró la nulidad Germán Varela Collazos, y que declaró la nulidad de
todo lo actuado y envió el proceso al juzgado de origen para que lo enviara de nuevo a reparto y reparto
lo asignó a la juez Andrea Delgado Perdomo, juez del juzgado segundo administrativo oral de Cali, que
en exceso de ritual manifiesto, no justificó su salario, su contrato laboral y sus funciones y mediante
auto interlocutorio No 1528, con falsedad en documento público y mediante estafa agravada declara
una inadmisión que es infundada y no es cierto o que consigna en falsedad en documento público y el
proceso se quedó detenido y lo resolvió Carlos Camargo Asís y sus Magistrados homólogos con la
Sentencia.
La Sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional estableció que, al declarar la nulidad del acto
de retiro de empleados públicos (ya sean en carrera o provisionalidad), procede el reintegro y el pago
de salarios y prestaciones dejados de percibir sin solución de continuidad. Se debe descontar lo recibido
por otras actividades laborales.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Exijo la inmediata corrección de la Sentencia porque voy a hacer una denuncia en su contra por
falsedad en Documento Publico y por Estafa en la sentencia que dan porque no han tenido en cuenta
la Sentencia de Carlos Camargo Asis y sus Magistrados homólogos, que dieron el 29 de Octubre de
2025 y que fue notificada el 03 de diciembre de 2025.
1) Yo estoy nombrado en propiedad desde el 1985 en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali
y en la Secretaría de Educación de Manizales y desde el año 2009-2010-2011 y 2012 en la Institución
Universitaria Antonio José Camacho, donde el despido se hizo sin justa causa y sin autorización del
inspector de trabajo, donde usted tiene la obligación de declarar el despido inexistente e ilegal, en la
estafa que hizo con el documento que llama sentencia y por el cual voy a denunciarlo a Consejo
seccional de la Judicatura, dígame en qué momento resolvió la ineficacia del despido como lo indican
los precedentes jurisprudenciales verticales y horizontales, que son obligatorios para usted ques es una
Magistrado de Baja Categoría, que ha demostrado un alto grado de incompetencia porque su sentencia
es fraudulenta y ha cometido el delito de estafa a la rama judicial y de peculado por apropiación al
recibir dineros de la Rama judicial, entidad que lo contrató y que con sus sentencias está estafando al
ente que le paga mensualmente su salario.
2) En la fraudulenta sentencia y en el documento con el que estafa la rama judicial, en ningún momento
cita a los abogados Caled Cano, Gloria Amparo Ramiréz y Hernando Morales Plaza, que fueron los
tres abogados que radicaron la demanda laboral en los despachos de Cali y que fueron comprados
junto con la rama judicial, tampoco en su ineficiente trabajo, cito a las jueces de los juzgados laborales,
once y segundo laboral de Cali, a los jueces de los juzgado 16 penal Municipal con función de control
de Garantías de Cali, que fueron presuntamente comprados para dar los fallos donde declaran niegan
las pretensiones porque la juez a cargo del proceso, desconoció las demandas laborales radicadas
desde Mayo de 2014 y que por exceso de ritual manifiesto declararon improcedentes y desconocieron
la jurisprudencia citada por los abogados, se apela el proceso y lo admite el juzgado sexto penal que
la juez presuntamente comprada de segunda instancia confirma la tutela.
3) El 28 de Mayo de 2018, el Tribunal superior de Cali, ordenó el reintegro a los cargos que ocupé en
los empleos, pero el juez al que le ordenaron que tenía que revocar la sentencia de la Institución
Universitaria Antonio José Camacho el juez Cristhina Cabezas, tenía que vincular por ser la Falsa
Querellante y por cometer el delito de estafa agravada, porque se robó los dineros de las becas de los
15 pregrados, la especialización, la Maestría el doctorado y el posdoctorado y los estudios que
actualmente estoy cursando, han cometido el delito de estafa agravada porque se robaron los dineros
de las becas y me hicieron unas falsas querellas
4) En sentencia de Carlos Camargo Asís y sus Magistrados homólogos, dada el 29 de Octubre de 2025
y notificada el 03 de diciembre del mismo Hogaño, a Juan Pablo Apráez, le fue obligado que tenía que
ordenar la ineficacia del despido de los 61 empleadores, entre los que se encuentra los 08 contratos
sin solución de Continuidad de la Institución Universitaria Antono José Camacho, pero como el Juez
Juan Pablo Apráez, hace lo que se le viene en gana como ustedes, no ha querido acatar la sentencia
que a él personalmente le ordena Carlos Camargo Asís y sus Magistrados Homólogos(…).».
(sic a toda la cita)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que rechazó por
improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Óscar Fernando Quintero Mesa
contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira y la Institución Universitaria
Antonio José Camacho.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, en el entendido que, no se
demostró una afectación cierta de los derechos invocados por el actor ni se cumplió
con el requisito de relevancia constitucional como se pasa a explicar.
Al respecto, la Sala destaca que es necesario determinar si el presente asunto se
cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se
logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales,
descenderá con el estudio de lo alegado por la parte actora.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión
objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse
o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en
el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus
objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
(i) Del caso concreto
En el caso puesto en conocimiento de esta Corporación, el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa, en ejercicio de la acción de tutela, busca el amparo de derechos
fundamentales de aplicación inmediata, como lo son el de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera le están siendo
vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira y la Institución
Universitaria Antonio José Camacho.
La presunta vulneración de esos derechos la sustenta en un confuso escrito en el que
hace alusión a que en el periodo comprendido entre el año 2009 y el 2012 laboró en
la mencionada institución educativa mediante contratos inferiores a un año. Sin
embargo, señaló que la relación contractual se dio por terminada sin justificación
alguna mientras se encontraba incapacitado, lo cual a su juicio desconoció sus
derechos y dio lugar al reconocimiento de todos los emolumentos que dejo de percibir
y por los cuales inició innumerables procesos en los que además mencionó le fueron
desconocidas garantías procesales.
No obstante, la Sala advierte que, tal como lo indicó el a quo, en los términos en que
se formuló la presente solicitud de amparo no es procedente su estudio, dado que el
actor se limitó a señalar su inconformidad frente a la terminación de su contrato, la
falta de reconocimiento de sus derechos laborales, y distintos inconvenientes que
menciona ha presentado ante diferentes jueces, pero pese a esto no indica una
situación o hecho específico y actual que represente la posible vulneración cierta de
sus derechos fundamentales, pues los hechos invocados obedecen a lo ocurrido hace
más de 10 años, y sobre lo demás no aporta pruebas que demuestren lo invocado o
permitan aclarar la finalidad del presente mecanismo constitucional.
Lo anterior cobra especial trascendencia porque, si bien en el escrito inicial señaló a
la autoridad judicial accionada, el actor no identificó el proceso adelantado ante la
misma ni la providencia específica que presuntamente vulneró sus derechos
constitucionales. Es decir, el actor no cumplió con una carga mínima argumentativa
que permita realizar el estudio de la vulneración invocada.
En todo caso, si bien la solicitud de amparo fue admitida en primera instancia con la
finalidad de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, lo cierto es que esta no cuenta con vocación de prosperidad debido a la
ineficiente argumentación del escrito inicial y de la impugnación.
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En ese entendido, la Sala destaca que en el caso objeto de estudio no hay lugar a
estudiar lo expuesto por el actor dado que no es posible determinar la conducta
vulneradora; al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-883 de 2008,
sostuvo que la existencia de una conducta vulneradora es un requisito para la
procedencia de la acción, razón por la cual el mecanismo no resulta procedente
cuando se acude a él bajo una «mera suposición, conjetura, o hipotética trasgresión a los
derechos fundamentales».
De modo que, el amparo no puede prosperar sobre la base de actos en los que el
presunto daño alegado carece de claridad y certeza, pues no basta con aducir la
vulneración de derechos fundamentales dado que esta debe tener soporte fáctico y
argumentativo, situación que no se acreditó en el caso objeto de estudio.
En este punto, es preciso indicar que la mera inconformidad del actor con distintos
procesos y decisiones judiciales en que tiene interés no lo habilita para hacer un uso
indiscriminado de la acción de tutela, si se tiene en cuenta que, en los términos del
Decreto 2591 de 1991, la finalidad de este mecanismo constitucional es la protección
de derechos fundamentales y su procedencia contra providencias judiciales es de
carácter excepcional y sumamente restringido, dado su carácter residual.
Aunado a lo anterior, la Sala estima necesario precisar que en el presente asunto
tampoco se acreditan los requisitos generales de procedibilidad referentes a la
subsidiariedad y la inmediatez.
En lo que respecta a la subsidiariedad, se observa que el actor manifiesta su
inconformidad con una situación laboral ocurrida entre los años 2009 y 2012 con la
Institución Universitaria Antonio José Camacho. No obstante, se advierte que el
accionante no aportó elemento probatorio alguno que permita verificar que agotó
oportunamente las acciones ordinarias ante su juez natural para controvertir la
legalidad de la terminación de dichos contratos.
Por otra parte, se encuentra que la solicitud de amparo resulta improcedente por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, porque, como lo sostuvo el a quo, en el
caso concreto, los hechos objeto de reproche se remontan al 22 de diciembre de 2012,
lo que evidencia que han transcurrido más de 13 años hasta la interposición de la
presente acción.
En consecuencia, la prolongada inactividad del actor desvirtúa la urgencia que
caracteriza a este mecanismo, toda vez que lo expuesto a la fecha no refleja una
afectación presente que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.
En suma, en el presente caso se impone confirmar la providencia de primera instancia
del 12 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
rechazó por improcedente la solicitud de amparo, objeto de impugnación, en el
entendido que la solicitud de amparo debió ser declarada improcedente y no
rechazada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 12 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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