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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00054-01

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00054-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de marzo del 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negó la solicitud de tutela presentada por Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros en contra de la CNSC y la DIAN. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2026-00054-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros.
Demandados: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales1 y la Comisión
Nacional del Servicio Civil2

Temas: Tutela orientada a obtener los nombramientos derivados de un
concurso de méritos / Lista de elegibles

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros,
en contra de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda mediante la cual se negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud3

1. Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros, promovieron solicitud de tutela4 con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
al mérito, al trabajo y el acceso para desempeñar cargos públicos, los cuales
consideraron vulnerados por la DIAN y la CNSC ante la negativa de efectuar los
nombramientos en los cargos creados con ocasión de la ampliación de la planta de
personal, pese a encontrarse vigente la lista de elegibles del Proceso de Selección
No. 2497 de 2022.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. Dentro del Proceso de Selección de la DIAN No. 2497 de 2022 participaron
para proveer el cargo de «Analista IV, Código 204, Grado 04», identificado con la

1 En adelante DIAN.
2 En adelante CNSC.
3 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «11ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
4 Inicialmentela solicitud fue presentada como acción de cumplimiento; sin embargo, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en aplicación del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, adecuó el trámite a la
solicitud de tutela, al advertir que los demandantes alegaban la presunta vulneración de derechos
fundamentales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

OPEC No.198354 y ficha de empleo TG-GH-2013. Para ello, la entidad ofertó en total
nueve (9) vacantes. Una vez superadas las etapas del concurso, la CNSC, conformó
la lista de elegibles mediante resolución no. 7335 del 2024, cuya vigencia se extendió
por el término de dos (2) años.

2.2. Olga Lucia Gutiérrez Arenas, Cindy Johanna Tabares Toro y Gustavo Adolfo
Correa Santa ocuparon las posiciones 95, 61 y 84, respectivamente, dentro de la lista
de elegibles conformada para la OPEC No. 198354:

2.3. El proceso de selección se inició bajo la vigencia del Decreto Ley 71 de 2020;
no obstante, dicha normativa fue derogada posteriormente por el Decreto 927 de
2023. En particular, el parágrafo transitorio del artículo 36 de este último dispuso que
el proceso de selección continuaría rigiéndose por las reglas previstas en el Acuerdo
No. CNT2022AC000008 de 2022 y que, una vez conformada la lista de elegibles,
esta podría ser utilizada durante su vigencia para proveer no solo las vacantes
inicialmente ofertadas, sino también aquellas que surgieran con posterioridad como
consecuencia de la ampliación de la planta de personal, siempre que correspondieran
a empleos con iguales o equivalentes requisitos y funciones. De igual manera, la
disposición precisó que dichas listas no podrían emplearse para proveer cargos
ocupados mediante encargo o nombramiento provisional.

2.4. El Decreto 419 de 2023 amplió la planta de personal de la entidad, con la
creación de nuevos cargos. Entre ellos, se crearon 230 cargos con la denominación
de «Analista IV, Código 204 y Grado 04».

2.5. En desarrollo de lo anterior, la DIAN reportó ante la CNSC la necesidad de
incorporar determinadas vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria. Por
esta razón, se autorizó el uso de la lista de elegibles conformada por la Opec No.
198354. Como consecuencia de ello, el uso de la lista se extendió hasta la posición
22 para el referido cargo.

2.6. Con posterioridad, la Corte Constitucional, en sentencia C-197 de 2025,
declaró inexequible el aparte del parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto 927
de 2023, que prohibía utilizar las listas de elegibles respecto de cargos provistos
mediante encargo o provisionalidad. Lo anterior obligaba a la DIAN a utilizar las listas
de elegibles para proveer los cargos creados con posterioridad a la convocatoria.

2.7. Los días 12, 13 y 15 de febrero del 2025, presentaron solicitud para obtener
su nombramiento en periodo de prueba. Sin embargo, no obtuvieron respuesta
alguna al requerimiento por parte de las entidades.

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Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

2.8. Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al
abstenerse de efectuar los nombramientos correspondientes en los cargos creados
mediante la ampliación de la planta de personal de la DIAN, pese a encontrarse
vigente la lista de elegibles conformada dentro del proceso de selección No. 2497 de
2022.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] Se ordene a las demandadas el cumplimiento del Acuerdo Nº CNT2022AC000008
del 29 de diciembre de 2022, al Decreto Ley 419 de 2023 que amplió la planta de cargos
de la Dian, al Decreto 927 de 2023, a la sentencia C-197 de 2025 de la Corte
Constitucional y a la Resolución 7335 de 12 de marzo de 2024 de la Comisión Nacional
del Servicio Civil que estableció lista de elegibles.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene realizar los nombramientos
correspondientes en el cargo de ANALISTA IV, Código 204, Grado 4 (OPEC 198354) .
[…]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La CNSC5 solicitó su desvinculación de la petición de amparo por cuanto no
tenía competencia para acceder a lo pretendido, y que se declarara improcedente
ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
demandantes, comoquiera que, al no tener una posición meritoria en el concurso, no
tenían un derecho subjetivo consolidado a su nombramiento, sino una mera
expectativa condicionada a la generación y reporte de nuevas vacantes equivalentes.
En ese escenario, no se puede suponer que tengan un derecho absoluto para
acceder al cargo público, pues de ello depende de que se generen las vacantes
necesarias.

5. De igual manera, aclaró que los trámites relacionados con la generación de
nuevas vacantes, de nombramiento, planta del personal, entre otros, son funciones
exclusivas de la entidad nominada y no de la Comisión. Máxime cuando a la fecha,
la DIAN, no había reportado nuevos cargos y que, por esta razón, no era posible
efectuar los nombramientos de las personas que se encontraran en la lista.

6. La DIAN6 pretendió que se declarara improcedente, o en subsidio, se negara
la solicitud de tutela, al considerar que existen otros mecanismos judiciales idóneos
ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Máxime, cuando no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que ameritara la intervención excepcional del
juez constitucional, pues debido a la posición ocupada dentro de la lista de elegibles,
no era posible configurar un derecho consolidado al nombramiento, sino una
expectativa condicionada a la existencia de más vacantes.

5 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «9ED_Contestacion2 (pdf)NroActua2».
6 Ver indice 2 de Samai. Archivo denominado «10ED_Contestacion3 (pdf)NroActua2».

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7. Los cargos creados por medio del Decreto 419 de 2023 se iban a implementar
de manera gradual y progresiva conforme a los criterios de planeación institucional,
necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal. Razón por la cual, la entidad
priorizó la provisión de cargos misionales para fortalecer los procesos de recaudo,
por lo que no todas las vacantes creadas por medio del decreto eran equivalentes al
empleo identificado con la OPEC. No. 198354.

8. Asimismo, se reportaron ante la CNSC, las vacantes respecto de las cuales,
según estudios técnicos, era procedente el uso de la lista de elegibles y que una vez
autorizadas, los nombramientos fueron en estricto orden de mérito, lo cual explica
porque la lista de elegibles fue hasta el puesto 22. En consecuencia, ha dado estricto
cumplimiento a sus obligaciones legales.

9. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia7

10. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia del 19 de marzo de 2026,
negó la petición de amparo, al considerar que las actuaciones de las entidades
demandadas no vulneraron ni desconocieron derechos fundamentales. Pues, el
artículo 3 del Decreto 419 de 2023 señaló que la ampliación de la planta de personal
se haría con base en la estructura, las necesidades de organización y la
disponibilidad presupuestal, por lo que, las actuaciones de la DIAN y la CNSC se
desarrollaron conforme a la ley y a las normas que regulan la carrera administrativa

11. En cuanto a la provisión de la lista de elegibles para el cargo de «Analista IV,
Código 204, Grado 04», se determinó que no eran equivalentes. Señaló, además,
que aún bajo la hipótesis de que existiera equivalencia, no era procedente ordenar
los nombramientos, toda vez que estos dependían de las necesidades del servicio y
de la disponibilidad presupuestal. Finalmente, precisó que, aunque dicho registro
permanecía vigente, esa circunstancia no conllevaba la realización automática de los
nombramientos.

12. Por último, encontró que la DIAN sí utilizó la lista vigente para los cargos que
resultaron equivalentes, esto explica el hecho que se hayan autorizado más
vacantes.

1.4. Escrito de impugnación8

13. Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros, impugnaron la decisión del a quo, para lo
cual reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de tutela; en particular,
reafirmaron el desconocimiento de la sentencia C-197 de 2025 de la Corte
Constitucional. Asimismo, al modificar el trámite de la solicitud de cumplimiento al de
la tutela, acortó los términos procesales y obligó al Tribunal a fallar en menor tiempo,
lo que provocó que el fallo no analizara las cuestiones de fondo y solo se limitara a

7 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «13ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2».
8 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «12ED_Impugnacion. (pdf) NroActua2».

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compartir los planteamientos de la DIAN. Asimismo, argumentaron que el cargo
ofertado mediante el concurso sí tiene un carácter misional y, en consecuencia, sí
eran equivalentes.

2. Consideraciones

14. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico
iii) procedencia de la solicitud de tutela; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 329 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de
201911, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia
de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

2.2. Problema jurídico

16. De acuerdo con el escrito de impugnación la Sala deberá definir: ¿si la DIAN
y la CNSC vulneraron los derechos fundamentales de Olga Lucia Gutiérrez Arenas y
otros ante la negativa de efectuar los nombramientos en los cargos creados con
ocasión de la ampliación de la planta de personal, denominados «Analista IV, Código
204, Grado 04», prevista en el Decreto 419 de 2023, pese a encontrarse vigente el
registro de elegibles conformado dentro del Proceso de Selección No. 2497 de 2022?

2.3.1. Procedencia de la solicitud de tutela

17. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

18. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios

9 Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente

dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. […].
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye en último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. De la procedencia de la solicitud de tutela en materia de concurso de
mérito

19. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la
solicitud de tutela es un mecanismo judicial, preferente para la defensa de los
derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que
procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: cuando no existen
mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; cuando
existen esos medios de defensa, pero, en el marco del caso concreto, no resultan
idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, cuando se
interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

20. En un proceso de tutela en el que se cuestionaban actuaciones surtidas al
interior de un concurso de méritos, esta Sala tuvo la oportunidad de analizar los
eventos en los que era procedente la solicitud de amparo frente a esa materia 13,
criterio que se ha mantenido incólume y se ha aplicado en causas de contornos
similares; ocasión en la que se partió del hecho de que los concursos de méritos para
la provisión de empleos en general, y en especial en el sector público, comportan una
de las instituciones más significativas de nuestro Estado social de derecho, en razón
a que se constituyen en la herramienta más transparente para obtener un empleo en
condiciones dignas.

21. De ahí que se considerara que, en el marco de un concurso de méritos, se
encontraba comprometido el derecho de acceso al trabajo y que, por tal razón, dicha
institución debía ser examinada con especial rigor constitucional por el funcionario
judicial encargado de garantizar la aplicación de la norma superior, esto es, el juez
de tutela.

22. Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido la improcedencia de la solicitud
de tutela respecto de las actuaciones surtidas al interior de los concursos de méritos
por regla general. Sin embargo, en reciente sentencia SU-067 de 2022, se fijaron 3
supuestos excepcionales para que proceda, estos son cuando: (i) no exista un
mecanismo judicial idóneo para la protección de derechos fundamentales; (ii) se
configure un perjuicio irremediable; o (iii) el asunto plantee un problema de relevancia
constitucional que desborde el ámbito de competencia del juez administrativo.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. No 25000-23-15-000-2010-00238-01. Demandante: Milton Gonzalo
Beltrán Acosta. Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil.

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23. En consecuencia, la solicitud de tutela, pese a su carácter subsidiario y
residual, puede resultar procedente de manera excepcional en asuntos relacionados
con concurso de mérito y lista de elegibles, esto cuando la controversia planteada
involucre una afectación de un derecho fundamental, y por ende, no pueda ser
adecuadamente resuelta a través de los mecanismos ordinarios previstos en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2.4.2. Del acceso a cargos públicos mediante el sistema de mérito, la carrera
administrativa y la lista de elegibles.

24. Los artículos 40 y 125 de la Constitución Política definen el mérito como
principio rector para el acceso a funciones y cargos públicos. En ese sentido, el
ingreso a empleos de carrera administrativa debe realizarse mediante procesos de
selección objetiva que garanticen la igualdad, transparencia y eficiencia en el ejercicio
de la función pública.

25. La Corte Constitucional, ha señalado que «el mérito es transversal y piedra
angular del acceso al empleo público y que la carrera administrativa es un mecanismo técnico
a través del cual se concreta el principio constitucional del mérito»14. En esa línea se ha
dicho que, en los sistemas de carrera administrativa, el concurso de méritos se erige
como la herramienta más idónea para su materialización. Al respecto se dijo que:

«[…] el sistema de concurso como regla general regula el ingreso y ascenso dentro de la
carrera, y por ello, el proceso de selección entero se dirige a comprobar las calidades
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los
empleos.

[…]

El concurso es así un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y
la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones
y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impide que prevalezca la
arbitrariedad del nominador […]»15.

26. Ahora bien, en lo concerniente a las etapas y estructuras del concurso de
méritos, se debe desarrollar conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909
de 2004, en concreto son: (i) convocatoria; (ii) reclutamiento; (iii) pruebas; (iv) lista de
elegibles; (v) periodo de prueba. En relación con esto, la sentencia C-084 de 2018
estableció que el procedimiento del concurso «debe respetarse de principio a fin, tanto
por sus destinatarios como por la administración».

27. Una vez surtidas las etapas de la convocatoria, reclutamiento y pruebas, se
procede a conformarse la lista de elegibles, por medio de actos administrativos de
contenido particular cuyo objetivo es establecer las posiciones y los puntajes dentro
del concurso, con miras a revisar la distribución de las vacantes ofrecidas. La Corte
Constitucional, en sentencia C-040 de 1995, reconoció el carácter vinculante del uso

14 Ver sentencia C-197 de 2025.
15 Ver sentencia C-588/09. M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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de la lista, pues es por medio de la misma que se materializa el principio del mérito
en la provisión de cargos públicos.

28. Adicionalmente, existe cierta evolución jurisprudencial16 que ha reconocido el
carácter obligatorio de las listas de elegibles, la cual ha aceptado que no solo
funcionan para las vacantes convocadas inicialmente, sino para cargos creados con
posterioridad y que sean equivalentes. Asimismo, también decisiones de la Corte
Constitucional17 han precisado que su inclusión puede generar un derecho subjetivo
o una mera expectativa, según la posición del aspirante, de manera que quienes se
encuentran dentro de las plazas ofertadas adquieren un derecho consolidado al
nombramiento, mientras que los no tengan una posición en las primeras plazas
únicamente conservan una expectativa legítima de ser designados si llegan a
presentarse nuevas vacantes equivalentes durante la vigencia de la lista.

29. En conclusión, el mérito representa un principio fundamental para el acceso al
empleo público. Por este motivo, se establece como la forma mas eficaz para
materializar una selección objetiva de la capacidad e idoneidad del aspirante para
desempeñar sus funciones en la administración. En este contexto, las listas elegibles,
como última etapa del procedimiento de selección, constituyen un instrumento
obligatorio para garantizar la provisión de cargos públicos, esto para asegurar la
igualdad, transparencia y eficiencia administrativa, incluso para cargos creados con
posterioridad y que sean equivalentes a los ofrecidos. Por último, el resultado del
proceso conlleva a que se obtengan derechos consolidados para los aspirantes que
ocuparon las posiciones de las vacantes ofrecidas y una expectativa legitima para los
demás aspirantes en otras posiciones.

2.4.3. Del recuento de las actuaciones administrativas relevantes en el marco
de la convocatoria en cuestión.

30. La DIAN y la CNSC, adelantaron el Proceso de Selección No. 2497 de 2022
reglamentado mediante el acuerdo no. CNT2022AC000008 del 2022, con la finalidad
de iniciar un concurso de méritos para proveer empleos de carrera administrativa
para la primera entidad, el cual, se hizo bajo la vigencia del Decreto Ley 071 de 2020,
normativa que se encargaba de regular lo concerniente al sistema de carrera
administrativa.

31. Posteriormente, se expidió el Decreto 927de 2023, que derogó el anterior y, a
su vez, modificó las reglas del sistema específico de carrera administrativa de la
DIAN. El parágrafo transitorio del artículo 36 dispuso que el Proceso de Selección
No. 2497 de 2022 continuaría su curso conforme a las reglas ya establecidas y que,
la lista de elegibles debía utilizarse para proveer tanto las vacantes inicialmente
ofertadas como aquellas generadas con posterioridad derivadas de la ampliación de
la planta personal, siempre que los requisitos y funciones de los empleos fueran
iguales o equivalentes. La misma disposición estableció que las listas no podían
utilizarse respecto de cargos provistos mediante encargo o provisionalidad.

16 Ver Sentencia SU-446 de 2011; Sentencia C-319 de 2010; y Sentencia C-331 de 2022.
17 Ver Sentencia SU-913 de 2009; Sentencia SU-446 de 2011; T-081 de 2021, entre otras.

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32. Dentro del mencionado proceso, se ofertó el empleo denominado Analista IV,
Código 204, Grado 4, identificado con la OPEC No. 198354, ficha de empleo TG-GH-
2013 respecto del cual inicialmente fueron ofertadas nueve (9) vacantes definitivas.
Agotadas las etapas del concurso, la CNSC conformó la lista de elegibles mediante
Resolución No. 7335 de 2024, la cual adquirió firmeza el 21 de marzo de 2024 y
tendría vigencia por el término de dos (2) años.

33. Olga Lucia Gutiérrez Arenas, Cindy Johanna Tabares Toro y Gustavo Adolfo
Correa Santa ocuparon las posiciones 95, 61 y 84, respectivamente, dentro de la lista
de elegibles conformada para la OPEC No. 198354:

34. Posteriormente, se expidió el Decreto 419 de 2023, mediante el cual se amplía
la planta de personal de la DIAN. La disposición estableció la creación de 230
empleos con la denominación Análisis IV, Código 204, Grado 4 y su artículo 3,
dispuso que la implementación y provisión de dichos cargos debía realizarse con
base, en criterios de disponibilidad presupuestal, estructura institucional y
necesidades del servicio.

35. En desarrollo del anterior decreto, la DIAN reportó ante la CNSC la necesidad
de incorporar determinadas vacantes posteriores a la convocatoria, respecto de las
cuales se autorizó el uso de la lista de elegibles conformada para la OPEC No.
198354 únicamente para aquellas vacantes consideradas equivalentes. Como
consecuencia de ello, el uso de la lista se extendió hasta la posición 22, de
conformidad con las vacantes reportadas, autorizadas y disponibles.

36. La Corte Constitucional, en sentencia C-197 de 2025, declaró inexequible el
inciso del parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto 927 de 2023, que prohibía
utilizar las listas de elegibles respecto de cargos provistos mediante encargo o
provisionalidad. A partir de dicha decisión y la eliminación de la restricción, surgió la
cuestión de si la DIAN tiene la obligación de utilizar la lista de elegibles vigente para
proveer los cargos de carrera administrativa producto de la ampliación de la planta.

2.5. Del caso concreto.

37. Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros, acudieron al juez de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordenara a
la DIAN y a la CNSC, efectuar los nombramientos correspondientes en el cargo de
Analista IV, Código 204, Grado 4 (OPEC 198354) con ocasión de la ampliación de
planta de personal, al encontrarse vigente la lista de elegibles conformada dentro del
Proceso de Selección No. 2497 de 2022.

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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

38. Los días 12, 13 y 15 de febrero del 2025, presentaron solicitud ante la DIAN y
ante la CNSC18 en los siguientes términos:

«[…] en mi calidad de participante en el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, para proveer cargos en la
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN, en la lista de elegibles
debidamente conformada y en firme, me permito presentar RECLAMACIÓN FORMAL, por
el incumplimiento del deber legal de adelantar las actuaciones administrativas necesarias
para la constitución de renuencia y mi consecuente nombramiento en periodo de prueba
[…]» [sic].

39. Dicho requerimiento, fue debidamente remitido por el servicio E-Entrega, tal
como consta en el material probatorio del expediente19. Sin embargo, no obtuvieron
respuesta por parte de las entidades precisadas.

40. Asimismo, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al
considerar que la Corte Constitucional al declarar inexequible el parágrafo transitorio
del artículo 36 del Decreto 927 de 2023 habilitó el uso de la lista de elegibles para
proveer vacantes creadas con posterioridad a la convocatoria derivadas de la
ampliación de la planta de personal, pues gracias a esa decisión desapareció la
restricción de utilizar la lista vigente respecto de cargos ocupados por encargo o
provisionalidad.

41. En relación con el asunto a decidir, la Sala recuerda que, conforme al material
probatorio aportado, los aspirantes, ocuparon las posiciones 61, 84 y 95 dentro del
proceso de selección No. 2497 de 2022, respecto de un cargo para el cual,
inicialmente, se ofrecieron nueve (9) vacantes. En ese orden de ideas, es posible
concluir que no ocuparon las primeras posiciones que permitían el acceso al cargo
público.

42. En ese sentido, simplemente, se les generó una expectativa legitima a ser
nombrados más no un derecho consolidado. En ese escenario, la jurisprudencia
constitucional20 ha sido consistente en señalar que, pertenecer a lista de elegibles,
sin ocupar un lugar en las vacantes disponibles, no constituye un derecho absoluto y
automático al nombramiento, pues ello se encuentra condicionado a la existencia de
vacantes equivalentes disponibles. En consecuencia, insiste la Sala que, conforme
la posición de los aspirantes, a estos se les generó una expectativa a ser nombrados,
pero esta se encuentra sujeta a un requisito que es la creación de nuevas vacantes
que tengan equivalencia y se conforme, en concordancia con los puntajes obtenidos.

43. Ahora bien, también se encuentra acreditado que, mediante el Decreto 419 de
2023, la DIAN amplió su planta de personal, con lo cual creó nuevos cargos, entre
ellos, 230 vacantes para el empleo denominado Analista IV, Código 204, Grado 04.
No obstante, señala la Sala que la coincidencia en la denominación del cargo no
resulta suficiente para asumir automáticamente su equivalencia respecto del cargo

18 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «002Prueba(.pdf)NroActua2».
19 Ibidem.
20 Sentencia C-197 de 2025.

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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

ofertado mediante la Opec No. 198354, pues conforme al material probatorio
aportado, la entidad adelantó los correspondientes estudios técnicos de equivalencia
para determinar cuáles vacantes podían ser provistas mediante la lista de elegibles.

44. En concreto, los estudios técnicos encontraron que no era factible equiparar el
cargo ofertado en el concurso, con la totalidad de los cargos creados posteriormente,
pese a tener la misma denominación. El resultado del estudio indicó que, en algunos
casos, las funciones eran diferentes y, en otros, eran empleos de carácter misional,
aspecto que no ocurría en el cargo ofrecido. A continuación, se ejemplifica las
características del empleo concursado:

45. Con el propósito de desarrollar lo anterior, se considerar necesario referir las
características de los cargos creados posteriormente, con el objetivo de sintetizar las
diferencias entre los mismos. Dicha comparativa, se encuentra en los documentos
aportados por la entidad nominadora. Al respecto, se puede evidenciar que la
diferencia no solo radica en la ficha de empleo, sino también en que los procesos y
subprocesos son distintos y, en algunos casos, tienen carácter misional:

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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

46. Es decir, no todos los cargos creados con posterioridad resultaban
compatibles con el concursado inicialmente, pues bien, la DIAN, en cumplimiento del
Decreto 419 de 2023 reportó ante la CNSC, las vacantes que sí eran equivalentes
para el cargo de Analista IV, Código 204, Grado 4, identificado con la Opec No.
198354.

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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

47. Así, en Oficio No. 2025RS074761 del 2025, la CNSC autorizó el uso de la lista
para proveer tres (3) vacantes y, posteriormente, mediante Oficio No. 2025RS192083
de 2025, autorizó nuevamente la utilización de la lista, para diez (10) vacantes, por
lo que, finalmente, se utilizó hasta la posición 22. Lo anterior, evidencia que la entidad
nominadora sí utilizó la lista respecto de aquellos cargos que, conforme a los estudios
realizados, fueron considerados equivalentes al empleo ofertado.

48. Así las cosas, la Sala advierte que no se acreditó una negativa absoluta frente
al uso de la lista de elegibles, todo lo contrario. En realidad, la controversia radica en
si los cargos creados posteriormente, resultan equivalentes al cargo ofertado
inicialmente. Sin embargo, ese aspecto no puede presumirse únicamente por la
coincidencia en la denominación del empleo, sino que requiere de un análisis que
establezca la similitud de los mismos. A continuación, la Sala ilustra la autorización
de la CNSC para utilizar la lista de elegibles para el cargo en cuestión:

49. En ese contexto, la Sala no advierte que las entidades demandadas hubieran
actuado de manera arbitraria frente al uso de la lista de elegibles, pues como obra en
el material probatorio, se reportaron las vacantes disponibles, se adelantaron
estudios de equivalencia y la CNSC dio la autorización para el uso de la lista vigente.
Razón por la cual, las actuaciones de las entidades demandadas se desarrollaron
dentro del marco legal y en cumplimiento de los pasos necesarios para la provisión
de cargos públicos.

50. Por otra parte, en el escrito de impugnación, reiteró el posible desconocimiento
de la Sentencia C-197 de 2025 de la Corte Constitucional. Al respecto, la Sala precisa
que, si bien dicha decisión eliminó la restricción que impedía utilizar listas de elegibles
respecto de cargos ocupados mediante encargo o provisionalidad, ello no implicó el
reconocimiento de un derecho automático al nombramiento ni eliminó la necesidad
de verificar, cuando se trate de cargos posteriores, la equivalencia entre los empleos.
Inclusive, la misma sentencia reconoce que:

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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

«[…] la jurisprudencia constitucional ha señalado que el nominador está obligado a usar
las listas para cubrir vacantes que correspondan al mismo empleo en términos de
denominación, grado, código, funciones, propósitos y asignación básica […] [sic]».

51. En consecuencia, la decisión de la Corte no elimina el análisis de equivalencia
del empleo, el cual se constituye como un presupuesto para la aplicación de listas de
elegibles a vacantes posteriores. En el caso concreto, como quedó evidenciado, se
hizo dicho estudio para determinar que corresponden a funciones diferentes y, por
ende, no era posible proceder a su nombramiento.

52. Aunando a lo anterior, la Sala advierte que, de igual manera, el artículo 3 del
Decreto 419 de 2023, dispuso que la implementación de los cargos en la planta de
personal debía efectuarse con base en los criterios de estructura institucional,
necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal, es decir, no era de forma
inmediata. En ese sentido, la sola creación de cargos no generaba automáticamente
la obligación instantánea de proveer la totalidad de vacantes mediante la lista de
elegibles.

53. Bajo ese entendido, se reitera que, los demandantes ocuparon las posiciones
61, 84 y 95 dentro de la lista de elegibles, la cual únicamente avanzó hasta la posición
22, por lo que es factible decir que no ostentan un derecho consolidado al
nombramiento, sino una expectativa legítima condicionada a la existencia de más
vacantes que sean equivalentes.

54. En consecuencia, la Sala coincide en que las entidades no vulneraron los
derechos fundamentales invocados, toda vez que no contaban con un derecho
consolidado a su nombramiento, sino una mera expectativa legítima por su posición
en la lista. Además, tampoco se acreditó una negativa arbitraria frente al uso de la
lista de elegibles. Por el contrario, se demostró que las actuaciones de las entidades
correspondieron a la correcta aplicación de estudios técnicos de equivalencia y
correspondían, conforme al artículo 3 del Decreto 419 de 2023, a un proceso
condicionado a la disponibilidad presupuestal y necesidades del servicio.

3. Conclusión

55. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la
decisión del a quo, a través de la cual negó la solicitud de amparo presentada por
Olga Lucía Gutiérrez Arenas y otros contra la CNSC y la DIAN.

56. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00054-01
Demandante: Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de marzo del 2026 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negó la solicitud de tutela presentada
por Olga Lucia Gutiérrez Arenas y otros en contra de la CNSC y la DIAN.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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