Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00104-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00104-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2026-00104-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Pereira
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 7 de mayo
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela y se condenó en costas al accionante.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira por cuanto no ha
pagado unas incapacidades que le corresponden y tampoco ha realizado el reintegro
de 62 cargos (sin precisar detalles al respecto). Se modifica el numeral primero de la
sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela y,
en su lugar, se rechaza la solicitud de amparo por temeridad y se confirma lo demás
resuelto.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 22 de abril de 2026, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección a sus derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira por cuanto, según expone, no ha
pagado las incapacidades ni ha efectuado el reintegro a los 62 cargos desde el 29 de
enero de 20252.
2. La parte accionante formuló, entre otros, las pretensiones que se transcriben a
continuación:
ORDENAR DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia inconstitucional, flagrante, sesgada
y con falta de imparcialidad y que su dada por el juez demandado, de JAIRO HUGO
BURITICÁ TRUJILLO, del JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
1 Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial / Rechaza demanda de tutela por temeridad
2 Se advierte que el escrito de tutela es impreciso y confuso. En ese sentido, el accionante no determina
con claridad los fundamentos fácticos que motivan la presentación de la demanda constitucional y tampoco
precisa detalles sobre los supuestos hechos que vulneran sus derechos fundamentales.
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MANIZALES (CALDAS) y Restablecer mis derecho,
porque su IMPROCEDENCIA, es producto de que no sabe trabajar, es un juez
incompetente, porque la improcedencia es infundada y la sentencia carece de motivación,
porque mezcla un caso de tránsito con un caso de amparo de derechos al estudio y un
caso laboral, qué clase de juez es ese, se debe demostrar que no fue contratado a dedo.
Y COMO CONSECUENCIA DE LOS EXPUESTO ANTERIORMENTE SE ORDEN
DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DADA POR EL INCOMPETENTE JUEZ CON
RADICACIÓN NÚMERO 17011- 31-87- 001 - 2025 – 00268 – 00, DADA EL veintidós (22)
de enero de dos mil veintiséis (2026).
ORDENAR LA NULIDAD DE la sentencia del juez del juzgado Séptimo Penal del Circuito
[Proferida dentro de la acción constitucional n. ° 17001310400720190004000] Y COMO
CONSECUENCIA restablecer mis derechos, de manera inmediata, urgente e
impostergable, obligar a que el juez tenga que pagarme una indemnización equivalente a
700.000 (setecientos millones de pesos, más la indexación y los intereses).
ORDENAR LA NULIDAD DE la sentencia del juez Andrea Delgado Perdomo del juzgado
segundo administrativo Oral de Cali, que será obligada a hacer un auto interlocutorio de
reemplazo al dada el 18 de diciembre de 2017, con el cual inadmitió la demanda laboral
y Y COMO CONSECUENCIA, deberá hacer uno nuevo accediendo a las pretensiones
restablecer mis derechos, de manera inmediata, urgente e impostergable, obligar a que
el juez tenga que pagarme una indemnización equivalente a 700.000(setecientos millones
de pesos, más la indexación y los intereses) (Providencia dictada dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho n. ° 76001333300220170026200)
ORDENAR LA NULIDAD DE la sentencia del juez del juzgado segundo y once laboral
radicadas por el abogado Caled Cano Y COMO CONSECUENCIA restablecer mis
derechos, de manera inmediata, urgente e impostergable, obligar a que el juez tenga que
pagarme una indemnización equivalente a 700.000(setecientos millones de pesos, más
la indexación y los intereses) (Providencias dictadas dentro de los procesos n.
°76001310500220130075300 y 76001310501120130041800)
ORDENAR LA NULIDAD DE la sentencia dela juez tercero DRA. VALENTINA
JARAMILLO MARÍN, JUEZ TERCERA CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, que vulneró
el derecho a la igualdad en tutelar el derecho al estudio de los discapacitados OSCAR
FERNANDO QUINTERO MESA Y LUIS FERNANDO QUINTERO BECERRA, por parte
de la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, y otras universidades, Y COMO
CONSECUENCIA restablecer mis derechos, de manera inmediata, urgente e
impostergable, obligar a que el juez tenga que pagarme una indemnización equivalente a
700.000(setecientos millones de pesos, más la indexación y los intereses)
ORDENAR LA NULIDAD DE la sentencia de la DRA. VALENTINA JARAMILLO MARÍN,
JUEZ TERCERA CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, que vulneró el derecho a la
igualdad en tutelar el derecho al estudio de los discapacitados OSCAR FERNANDO
QUINTERO MESA Y LUIS FERNANDO QUINTERO BECERRA, por parte de la
Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, y otras universidades, Y COMO
CONSECUENCIA restablecer mis derechos, de manera inmediata, urgente e
impostergable, obligar a que el juez tenga que pagarme una indemnización equivalente a
700.000(setecientos millones de pesos, más la indexación y los intereses)
ORDENAR LA NULIDAD DE la sentencia del juez Guillermo Zuluaga Giraldo, del juzgado
Sexto Civil del Circuito de Manizales, en medio de su incompetencia, mezcló una tutela
laboral y de estudios, con una tutela de tránsito, que falló a Favor de Carlos Eduardo
Quintero Mesa y que por el efecto de modulación de los fallos de tutela, inter comunis,
tenían que fallar, de manera igual a como fallaron en el Caso de Carlos Eduardo Quintero
Mesa, en el caso de OLIVER SOLARTE Y JAVIER CEBALLOS GARCÍA AGENTE, frente
a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD (TRÁNSITO) DE MANIZALES, de BOGOTÁ Y de
CALI, invocando la protección del derecho fundamental de petición. que vulneró el
derecho Buscaron el expediente equivocado a los de las demandas de Estudio, laborales
y de salud, que tenían que fallar con el derecho a la la igualdad en tutelar el derecho al
estudio de los discapacitados OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA Y LUIS
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
FERNANDO QUINTERO BECERRA, por parte de la Universidad del Valle, la Universidad
de Caldas, y otras universidades, como fueron tutelado por la juez DRA. VALENTINA
JARAMILLO MARÍN, JUEZ TERCERA CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, que tuteló un
caso idéntico del discapacitado Ricardo Aurelio López Restrepo, Y COMO
CONSECUENCIA restablecer mis derechos, de manera inmediata, urgente e
impostergable, obligar a que el juez tenga que pagarme una indemnización equivalente a
700.000(setecientos millones de pesos, más la indexación y los intereses)
ORDENAR al juez Geovany Paz Meza, [Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales]
que resolvió la impugnación de procedencia del Juzgado Primero de Ejecución Civil
Municipal de Manizales y que adoptó las siguientes decisiones del caso idéntico al del
señor Marino Morales Giraldo, ordenó el reintegro en un término inferior a 48 horas y por
el efecto de modulación de los fallos inter comunis a la igualdad con extensión de la
Constitución, será obligado a tutelar de manera inmediata, urgente e impostergable los
derechos de OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA Y MARCO FABIAN PEREZ
CIPAGAUTA y LUZ DIVIA BECERRA RESTREPO LUIS FERNANDO QUINTERO MESA,
LUZ STELLA QUINTERO MESA BEATRIZ ELENA QUINTERO MESA, ELCEARIO
ALFONSO LOAIZA
ORDENAR AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DE CALI, el pago de la
indemnización por el daño antijurídico que ocasionó, la Señora Liliana Rosales España,
por ser cómplice de los 1000 jueces y más y de los 1000 Magistrados, y más, de los
abogados que contraté Caled Cano, Gloria Amparo Ramírez Quintero, de Gennys
Afanador Greco y Ana Lucero
Muñoz y de todos los abogados que me atendieron en la defensoría del Pueblo y de
Carlos Camargo Asis y su Magistrados Homólogos, por no juzgarlos y ser cómplice del
Fraude a Resolución judicial. Desde que le asignaron el proceso el 12 de diciembre de
2013 hasta el día de hoy 30 de Enero de 2026.
ORDENAR AL CONSEJO SECCIONAL DE LAJUDICATURA, DE Manizales, el pago de
la indemnización por el daño antijurídico que ocasionó, por ser cómplices de los 1000
jueces y más y de los 1000 Magistrados, y más, de los abogados que contraté y de todos
los abogados que me atendieron en la defensoría del Pueblo de Manizales y de Carlos
Camargo Asis y su Magistrados Homólogos, por no juzgarlos y ser cómplice del Fraude
a Resolución judicial. Desde que le asignaron el proceso el 12 de diciembre de 2013 hasta
el día de hoy 30 de Enero de 2026
ORDENAR LA NULIDAD DE:
El juez Juan Pablo Apráez, y la juez MARÍA DORIS MOLINA TORRES, juez del juzgado
13 Penal Municipal de Cali, con radicado: 2021-00019, entidad demandada Secretaría de
Educación de Santiago de Cali y la IE TECONOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO,
quien admitió la tutela el 30 de julio de 2021 y dio una falsa sentencia, no ordenó el
reintegro a un cargo superior y el pago de la indemnización de los 180 días de trabajo y
la indemnización por el despido inexistente e ilegal y que se impugnó y en la impugnación
confirmaron el fraude judicial
el juez Juan Pablo Apráez y el juez del juzgado Primero Municipal del Valle del Cauca,
con radicado: 2021-00125 del 30 de julio de 2021, siendo el demandado la Universidad
Antonio Nariño, el juez de primera instancia niega el pago de la pensión y el reintegro a
un cargo superior, cometiendo el delito de prevaricato por acción al desconocer los
precedentes jurisprudenciales verticales de la SL-711 de 2021 y de la SL SL1052-2025 y
de las de Consejo de estado y en la impugnación se perpetúa la falsa sentencia de
primera instancia.
[…]
En su lugar, SEGUNDO.- CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad de la Sentencias SL-711 de 2021 y SL1052- 2025
Radicación n.° 05360-31-05-001-2021-00041-01, de OSCAR FERNANDO QUINTERO
MESA. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia CADA UNA DE LAS
FALSAS SENTENCIAS DADAS y, por consiguiente, teniendo en cuenta, que ninguno de
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
los 61 empleadores, acreditó la prueba de la autorización del inspector de Trabajo se
ORDENARÁ el reintegro en un término inferior a 48 horas . con pago retroactivo desde el
momento de la desvinculación hasta el día de hoy, se ordenará el pago de los 180 días
de salario en un término inferior a 48 horas y la indemnización por despido inexistente e
ilegal, se ORDENARÁ EL PAGO DE LOS 2500.000.000 (DOS MIL QUINIENTOS
MILLONES,LA INDEXACIÓN Y EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS). COMO
LO INDICA LA SL-711 DE 2021 Y Sl-1052-2025, SE ORDENARÁ EL INGRESO A LA
NÓMINA DE PENSIONADOS EN UN TÉRMINO INFERIOR A 48 HORAS. CON EL
PAGO RETROACIVO DESDE EL MOMENTO DE LA DESVINCULACIÓN HASTA EL DÍA
DE HOY
TERCERO: SE ORDENARÁ EL PAGO POR PARTE DE CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA, COMISIÓN DE ACUSACIONES Y COMISIÓN DE DISCIPLINA
JUDICIAL, por el daño antijurídico que han ocasionado, de no investigar los jueces y
Magistrados de acuerdo a sus competencias, por no justificar sus salarios sus contratos
laborales y sus funciones, el pago de 2500.000.000 (DOS MIL QUINIENTOS
MILLONES,LA INDEXACIÓN Y EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS). Y se
ordenará que inicién las investigaciones de los jueces y Magistrados que enlisto de
acuerdo a sus competencias que sean investigados en un término inferior a 48 horas,
sancionados con copia a la hoja de vida, para que la sanción sea tenida en cuenta para
que no procedan ascensos y beneficios que puedan tener al demostrarse que cometieron
el delito de peculado por apropiación, los delitos punibles de prevaricato por acción y de
prevaricato por omisión y dar falsas sentencias, desconocer la jurisprudencia citada y por
presuntamente dejarse comprar de las partes demandadas
CUARTO: ORDENAR que sancionado el MINISTRO DE TRABAJO, POR TENER
PERSONAL CORRUPTO DENTRO DE SU MINISTERIO COMO LAS INPECTORAS DE
TRABAJO, GLORIA EUGENIA CAMACHO, LUZ ADRIANA MATIZ, ADRIANA
FERNANDA VILLEGAS, MILDREDH QUIÑONES PEINADO Y TODOS LOS
INSPECTORES DE TRABAJO Y REPRESENTANTES LEGALES QUE HAN MENTIDO
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO EN LOS 1000 PROCESOS en los cuales se han
vinculado y han dado respuestas evasivas y no han enviado las pruebas solicitadas de la
investigación administrativa que estaban obligadas a hacer por conductas de acoso
laboral y no las hicieron, serán obligados a pagar la suma de 2500.000.000 (DOS MIL
QUINIENTOS MILLONES,LA INDEXACIÓN Y EL PAGO DE LOS INTERESES
MORATORIOS, por dar respuestas que han servido para desviar lo exigido en la tutela y
no responder exactamente lo que se exigió, las respuestas son configurando el delito de
prevaricato por acción al desconocer la jurisprudencia citada de la SL-711 de 2021 y de
la SL1052-2025 Radicación n.° 05360-31-05-001-2021-00041-01, donde por el derecho
a la igualdad tenían hacer la investigación administrativa en contra de los 61 empleadores,
por haberme despido sin autorización del inspector de trabajo con conductas de acoso
laboral y que las inspectoras compradas, no hicieron las investigaciones administrativas
y no sancionaron a los 61 empleadores3
B. Hechos
De antemano la Sala pone de presente que el escrito de tutela es confuso e impreciso,
empero, se entiende que la cuestión fáctica que motiva la acusación constitucional de
tutela está constituida por lo siguiente:
3.El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira no ha pagado las incapacidades y
tampoco ha efectuado el reintegro a los 62 cargos desde el 29 de enero de 2025.
4.La Universidad Tecnológica de Pereira no nombró al señor Quintero Mesa en el cargo
de Rector, ya que en el año 1985 y con ocasión del tráfico de influencias que cometió el
expresidente César Gaviria Trujillo, designó a su hermano en el cargo que le pertenecía.
3 Índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
Además, la institución se ha negado a pagar los salarios causados desde 1985.
5. El Juez Ricardo León Contreras Giraldo cometió un delito de prevaricato por acción,
ya que desconoció las sentencias del Juzgado Tercero Civil de Cali y del Tribunal
Superior de Cali. Al respecto, el accionante indicó que (se trascribe): [el juez Contreras
Giraldo] me convalida el título de posdoctorado de la universidad de Venezuela y
Curasao [sic] y comete fraude a resolución judicial de la convalidación del posdoctorado
en la Universidad Hermilio UNHEVAL DEL PERÚ, porque es cómplice de estafa y robo
de título fraudulento otorgado en ésa universidad.
6. El juez 13 Penal Municipal de Cali, Juan Pablo Apráez inadmitió la tutela que le fue
asignada a su despacho por el Consejo de Estado. También indicó el accionante que
se le solicitó al doctor Apráez que ordenara el pago de la pensión de las 56 familias y
sus integrantes con ocasión de las enfermedades huérfanas que padecen y, pese a que
se le enviaron todos los nombres de los integrantes de las familias afectadas, el juez
cometió prevaricato porque a la fecha del 22 de abril de 2026 no ha cumplido.
7. Señaló que desde 1970 padece de epilepsia focal y a la fecha no le han pagado las
incapacidades derivadas de su estado de salud.
C. Fundamentos de la vulneración
8. En virtud de la solicitud de amparo, se entienden como vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad. Al respecto, el accionante indica:
9. La Universidad Tecnológica de Pereira vulneró sus derechos fundamentales debido
a que no lo designó en el cargo de rector de la institución, por lo cual no pudo pagar su
vivienda, la hipoteca, su vehículo, la manutención y el chofer.
10. El juez Ricardo León Contreras Giraldo no ordenó la convalidación de “los títulos”,
tal como lo ordenó la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los jueces civiles 14,
17 y 20 de Cali y el Tribunal Superior de Cali. Además, señala que el juez Contreras
Giraldo no garantizó la asistencia [sic] “de los 17 doctores y posdoctores al evento
programado el 17 de mayo”.
11. El juez Contreras Giraldo lo amenazó en la audiencia de ampliación de tutela y que
no justifica su salario, ni su contrato laboral, porque (se transcribe): le indico que me
[sic] garantizar la asistencia al evento del Perú, en Calidad de Presidente de la República
de Colombia.
12. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira dentro del trámite de tutela núm.
66001-33-33-004-2025-00015-00 profirió una providencia que incurrió en un exceso
ritual manifiesto, toda vez que desconoció el precedente fijado por el Consejo de Estado,
por medio del cual se ordenó el pago de las incapacidades causadas desde el año 1970
hasta el 22 de abril de 2026.
13. El juez Juan Pablo Apráez inadmitió la tutela que el Consejo de Estado le asignó a
su despacho, que ha negado el amparo de sus derechos fundamentales y que, a pesar
de que solicitó el pago de unas incapacidades derivadas de su estado de salud, la
petición se ha negado.
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
D. Trámite procesal
14. Mediante auto del 23 de abril de 20264, el Tribunal Administrativo de Risaralda
advirtió que la demanda de tutela expone hechos de manera extensa, imprecisa y
carente de sistematicidad, debido a que acumula múltiples pretensiones heterogéneas.
Agregó que en anteriores oportunidades se inadmitieron las demandas presentadas por
el demandante sin obtener respuesta, razón por la cual en el presente asunto se admitió
la solicitud de amparo, en virtud del principio de informalidad y en aras de garantizar los
derechos fundamentales del accionante.
15.En ese sentido, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira, y en calidad de terceros con interés, a la Universidad
Tecnológica de Pereira, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la
demanda de tutela.
16. Por medio de auto del 5 de mayo de 20265, el Tribunal Administrativo de Risaralda
declaró la temeridad del accionante, por cuanto presentó las demandas de tutela núm.:
2026-00001, 2026-00022, 2026-00069 y 2026-00105 por los mismos hechos, contra la
misma autoridad judicial accionada y con las mismas pretensiones.
17. En aras de que la parte accionante explicara la duplicidad en la presentación de las
solicitudes de amparo, el a quo requirió al accionante para que se pronunciara frente a
la actuación temeraria. Pese a que el señor Quintero Mesa fue debidamente notificado6,
guardó silencio.
E. Oposiciones e intervenciones
18. La Universidad Tecnológica de Pereira7 (tercero con interés) indicó que no ha
adoptado ninguna decisión, ni ha desplegado actuación alguna que pueda configurar la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante. En ese sentido, solicitó que
se declarara la improcedencia de la demanda y se desvinculara a la institución del
presente trámite constitucional.
19. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira (accionado) fue debidamente
notificado8, sin embargo, guardó silencio.
F. Fallo impugnado
20. Mediante sentencia del 7 de mayo de 20269, el Tribunal Administrativo de Risaralda
declaró improcedente la demanda de tutela y condenó en costas al accionante en los
4 Índice 3 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
5 Índice 9 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6 Índice 12 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7 Índice 7 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8 Índice 6 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9 Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
términos de los artículos 2510 y 3811 del Decreto 2591 de 199112.
21. El Tribunal indicó que el señor Quintero Mesa ya había formulado más de tres
demandas de tutela por los mismos hechos contra el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pereira, iguales a la que ahora se tramita, razón por la cual era procedente rechazar o
decidir desfavorablemente las pretensiones del trámite constitucional, ya que la Corte
Constitucional ha establecido que una de las reglas para acudir a la acción de tutela es
no haber formulado con anterioridad una demanda constitucional contra la misma parte,
por los mismos hechos y pretendiendo las mismas súplicas como ocurre en el caso bajo
estudio.
22. Señaló que el juez de tutela tiene la obligación de rechazar las solicitudes de amparo
cuando se presente multiplicidad en su ejercicio y también está facultado para imponer
sanciones pecuniarias a los responsables, por lo cual advirtió al accionante a que se
abstenga de presentar asuntos con identidad de partes y objeto.
23. Incluso, señaló que, mediante auto del 3 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Risaralda dentro del expediente núm. 2026-00022-00 dio apertura al
incidente por temeridad en contra del accionante, quien alegó en virtud de su derecho
de defensa, lo siguiente:
inocente, porque las temeridades deben ser demostradas y en su caso no ha leído las 1000
y más tutelas que se han radicado que tenía que exigir la lista el Juez Juan Pablo Apraéz,
que tenía que resolver desde el 29 de Enero de 2025, que Consejo de Estado le envió a
Reparto de Pereira, por pensar que la competencia territorial era de Pereira, porque el fallo
en contra de la juez del juzgado Cuarto Civil del Circuito Magda Lorena Ceballos, que tiene
que ver con las Becas OCAD, Bicentenario, que nunca resolvió, el juez Juan Pablo Apráez,
como tampoco lo hizo con la sentencia del pago de las incapacidades, la exención de
copagos y cuotas Moderadoras»; agregó que no se le puede culpar de temeridad ante el
inminente desacato de las diferentes sentencias proferidas por las Altas Cortes
24. A su vez, mediante auto del 5 de mayo de 2026, se declaró la apertura del incidente
por temeridad en contra del accionante, sin embargo, el señor Quintero Mesa no se
pronunció al respecto.
25. En ese sentido, señaló que en el presente asunto se configuró temeridad por parte
del accionante, debido a que existió una identidad de partes, hechos y pretensiones
entre el presente asunto y las acciones constitucionales núm. 2026-00001-00, 2026-
10 Artículo 25. Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la
violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria,
además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio,
tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere
necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La
liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez
que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena será
contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha
mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si la tutela fuere rechazada o denegada por el
juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en
temeridad.
11 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
12 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Decreto 2591 de 1991. Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
00022-00 y 2026-00069-00.
26. En virtud de lo expuesto, determinó que la temeridad del accionante quedó probada,
por lo cual aplicó el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, ya que evidenció un actuar
doloso y de mala fe por parte del demandante, quien interpuso múltiples demandas de
tutela con la intención de hacer incurrir en error al juez de conocimiento y sacar beneficio
o provecho de ello, lo que conllevó a la vulneración del principio de buena fe.
G. Impugnación
27. El accionante presentó dos escritos: el primero, orientado a cuestionar la temeridad
declarada por el Tribunal Administrativo de Risaralda; y el segundo, dirigido a
controvertir la sentencia de primera instancia.
28.Mediante escrito allegado el 8 de mayo de 202613, el accionante impugnó la
temeridad declarada en el trámite de primera instancia.
29. Indicó que la temeridad que se le atribuye es infundada y falsa, toda vez que: desde
que le enviaron la tutela de Consejo de Estado al juez Juan Pablo Apráez, él ha cometido
temeridad en sus acciones, desde su inadmisión el 29 de Enero de 2025, hasta el día
de hoy 7 de julio de 2026.
30. Alegó que la falsa temeridad ha sido desvirtuada mediante sentencia del 3 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Cali, quien ordenó a la Escuela de
Ingeniería de Cali a pagar $800.000.000 de las becas OCAD del doctorado que le fue
otorgado y que la institución hurtó cuando inició clases en 3 de agosto de 2020.
31. Determinó que la declaración de temeridad se ha convertido en acoso por parte de
los operadores judiciales que han conocido las demandas de tutela. Agregó que es la
parte débil del proceso y que se ha vulnerado su garantía al debido proceso, ya que no
se garantizó la equidad jurídica de las partes y tampoco se asignó el amparo de pobreza,
por el contrario, se han emitido múltiples inadmisiones y rechazos y sentencias sujetas
al delito de prevaricato por omisión.
32. Por medio de escrito remitido el 11 de mayo de 202614, el accionante impugnó la
sentencia proferida el 7 de mayo de 2026, en el cual se limitó a manifestar, se transcribe:
urgente se impugna la falsa sentencia en alzada del despacho.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
33. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).
13 Índice 17 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
14 Índice 19 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
I. Cuestión previa
34. Al revisar la providencia impugnada, se constató que el Tribunal Administrativo de
Risaralda no resolvió la solicitud de desvinculación presentada por parte de la
Universidad Tecnológica de Pereira. La Sala desvinculará a la referida universidad, por
cuanto no tiene injerencia en los hechos objeto de controversia.
J. Sentido de la decisión
35. La Sala modificará la improcedencia resuelta en primera instancia y, en su lugar,
rechazará por temeridad la demanda de tutela, toda vez que no concurren los elementos
para que proceda la solicitud de amparo, pues no se evidencia ninguna circunstancia que
amenace o vulnere los derechos fundamentales del señor Quintero Mesa. Además, se
evidenció que la discusión de la presente demanda ya fue objeto de decisión en distintos
procesos constitucionales. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia sólo se hará referencia a la temeridad en las acciones de tutela.
K. La temeridad en las acciones de tutela
36. La Conforme a lo establecido en los artículos 2, 4 -Inc. 2-, 83 y 95 -núm. 1 y 7- de la
Carta Política, los titulares de las acciones constitucionales y legales previstas en el
ordenamiento para garantizar la efectividad de los derechos deben mostrar una lealtad
mínima en el cumplimiento de los deberes y cargas correlativas, así como respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios.
37. Es así, como en aras de garantizar los principios de buena fe y economía procesal y,
para evitar el uso desmedido de la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo
38, previó que era contrario al Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la
acción de tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo
constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.
38. En desarrollo del anterior precepto normativo, la Corte Constitucional ha establecido15
que la “temeridad” consiste en la interposición de tutelas idénticas, sin motivo
expresamente justificado, contrariando el principio de buena fe previsto en el artículo 8316
la Constitución Política; por lo tanto, su prohibición busca garantizar la eficiencia y
prontitud en el funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.
39. Al respecto, en la sentencia T-009 de 2000, la Corte dispuso:
“En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como
aquella que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de
obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del
derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
15 Sentencia T-1014/99.
16 Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
acción", o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los
administradores de justicia".
40. En todo caso, la valoración de la temeridad no puede ser una cuestión meramente
objetiva que se derive de la simple improcedencia de la acción o de que el demandante
acuda, en reiteradas oportunidades, al juez constitucional, con los mismos hechos y
pretensiones. La declaración de temeridad requiere un análisis detallado de la pretensión,
los hechos que la fundamentan y los elementos probatorios que constan en el proceso.
41.Finalmente, la Corte Constitucional ha indicado que para que se configure la
temeridad es indispensable acreditar:
“(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra
el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su
condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de
apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales.
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de
una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho
fundamental17.”
L. La temeridad en el caso concreto
42. La Sala modificará la improcedencia de la demanda de tutela y, en su lugar,
rechazará la solicitud de amparo por temeridad, debido a que del escrito presentado no
se evidencia ninguna actuación u omisión en detrimento de los derechos fundamentales
del accionante. Si bien hizo alusión a algunas circunstancias que presuntamente
vulneraron sus garantías, no precisó ningún aspecto que permitiera avizorar y confirmar
la existencia de una amenaza o vulneración real y cierta a sus garantías
iusfundamentales.
43. Por otro lado, el señor Quintero Mesa ha presentado múltiples demandas de tutela
en las que cuestiona al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, en particular, las
actuaciones adelantadas por el señor Juan Pablo Apráez respecto el pago de unas
incapacidades, el reconocimiento de unos perjuicios y el reintegro de 62 cargos.
44. En efecto, tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo de Risaralda la controversia
que propone el accionante en el presente trámite constitucional guarda una identidad
sustancial frente a los procesos de tutela núm. 66001-23-33-000-2026-00001-00, 6001-
23-33-000-2026-00022-00, 66001-23-33-000-2026-0069-00 y 66001-23-33-000-2026-
00105-00, así como lo explicó el a quo mediante el auto del 5 de mayo de 202618 y como
se expone a continuación:
17 Sentencia T- 1103 de 2005.
18 Índice 9 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
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45. Ahora bien, en el presente trámite constitucional el accionante reiteró, en términos
sustancialmente similares, los mismos cuestionamientos relacionados con la actuación
del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira y del juez Juan Pablo Apráez,
particularmente frente al presunto incumplimiento en el pago de incapacidades, el
reintegro a 62 cargos y la resolución de distintas acciones de tutela. Además, solicitó
dejar sin efectos múltiples providencias judiciales proferidas en procesos
constitucionales tramitados ante distintos despachos judiciales, ordenar el pago de
indemnizaciones, salarios, pensiones e intereses, así como disponer investigaciones y
sanciones contra varios jueces, magistrados, autoridades administrativas y entidades
públicas19.
46. Así las cosas, es evidente que se configura la temeridad en el presente caso, puesto
que: (i) existe identidad de partes, dado que el señor Quintero Mesa fue el accionante
en todas las demandas de tutela referenciadas y demandó a la misma autoridad judicial,
el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, (ii) hay identidad de causa petendi, debido
a que las acciones constitucionales que ha presentado se sustentan en los mismos
hechos, particularmente, respecto el pago de las incapacidades, el reintegro a los 62
cargos y las actuaciones adelantadas, principalmente, por el juez Juan Pablo Apráez
(sin precisar tales fundamentos fácticos) y (iii) se constata una identidad de objeto, ya
que el accionante persigue el pago de una indemnización por los presuntos daños
ocasionados y solicita la nulidad de distintas providencias judiciales y actuaciones que
coinciden entre sí.
47. De tal modo, la Sala comparte la tesis que expuso el Tribunal Administrativo de
19 Las pretensiones fueron transcritas en su literalidad en el numeral 2° de este documento.
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Modifica y rechaza por temeridad
Risaralda al determinar que se denota una actuación dolosa y de mala fe por parte del
demandante, ya que insiste en presentar múltiples demandas de tutela bajo los mismos
supuestos fácticos y jurídicos sin manifestar ningún motivo por el cual ha presentado
varias solicitudes de amparo, lo que conlleva a un abuso del derecho y un desgaste
innecesario en la administración de justicia.
48. Por lo expuesto, la Sala modificará el numeral primero de la decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela y, en su lugar, rechazará
por temeridad la solicitud de amparo y confirmará lo demás resuelto por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONCEDER la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial
formulada por la Universidad Tecnológica de Pereira.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de primera instancia, y en
su lugar, RECHAZAR la solicitud de amparo y confirmar lo demás resuelto en la sentencia
del 7 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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