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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00116-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00116-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2026-00116-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de junio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 66001-23-33-000-2026-00116-01
Demandante: HÉCTOR HERNANDO ZULETA VILLADA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA EN PROCESO DE COBRO
COACTIVO. SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó parcialmente un acto administrativo, en tanto
ordenó notificar a su apoderada judicial del mandamiento de pago proferido dentro de un
proceso de cobro coactivo, pese a que, según afirmó, esta no contaba con poder para ello.
Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por cuanto los reparos contra la
actuación cuestionada fueron planteados dentro del procedimiento administrativo, mediante
la solicitud de nulidad y excepciones.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 13 de mayo de 2026 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda que resolvió:

“1. Declarar la improcedencia de la acción. (...)”. (negrillas del original
– archivo disponible en medio magnético en el índice 00014 del aplicativo
SAMAI en primera instancia)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2026, la parte actora promovió proceso
de acción de tutela, por intermedio de apoderada judicial, en contra de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira (en adelante DESAJ
Pereira) para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso,

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Expediente: 66001-23-33-000-2026-00116-01
Demandante: Héctor Hernando Zuleta Villada
Acción de tutela – Impugnación de fallo

igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29,
13 y 229 de la Constitución Política que consideró vulnerados con ocasión del
artículo 5 de la Resolución no. DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de 2026,
mediante el cual la autoridad pública demandada ordenó notificar a la abogada
Diana Alejandra Morales Calle la Resolución no. DESAJPEGCC22-1657 del 6 de
junio de 2022, por la cual se libró mandamiento de pago dentro de un proceso de
cobro coactivo, seguido contra el actor.

1. Los hechos de la demanda.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Como consecuencia de un proceso penal adelantado en su contra, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Judicial de Pereira le impuso una multa equivalente a 110
salarios mínimos mensuales legales vigentes, obligación que fue remitida el 15 de
marzo de 2022 a la DESAJ Pereira, para lo de su competencia.

2) La Oficina de Cobro Coactivo de esa autoridad inició el proceso de cobro coactivo
no. 66001129000020220009600 contra el señor Zuleta Villada y, mediante
Resolución no. DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022, libró mandamiento
de pago en favor de la Nación – Rama Judicial por la suma de $99.937.869, más
los intereses moratorios y las costas que se causaran en el procedimiento.

3) Según la parte actora, el mandamiento de pago no le fue notificado
personalmente en debida forma, en tanto la administración acudió a la notificación
por aviso el 19 de mayo de 2025, sin haber agotado previamente todas las gestiones
razonables para ubicar al ejecutado, pese a que, a su juicio, la autoridad contaba
con información sobre un inmueble que, según el demandante, permitía intentar allí
la notificación personal.

4) Con posterioridad, la Oficina de Cobro Coactivo profirió la Resolución no.
DESAJPEGCC25-4193 del 16 de junio de 2025, mediante la cual ordenó seguir
adelante con la ejecución, dispuso el avalúo y remate de bienes y ordenó practicar
la liquidación del crédito; decisión que, según la demanda, también fue notificada
irregularmente por aviso el 20 de junio de 2025.

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Demandante: Héctor Hernando Zuleta Villada
Acción de tutela – Impugnación de fallo

5) La administración continuó el trámite coactivo y aprobó la liquidación del crédito
mediante Resolución no. DESAJPEGCC25-9956 del 20 de octubre de 2025, pese
a que, en criterio del demandante, las actuaciones anteriores se encontraban
viciadas por indebida notificación y por la ausencia de conocimiento efectivo del
proceso por parte del ejecutado.

6) El 27 de febrero de 2026, a través de la abogada Diana Alejandra Morales Calle,
el actor presentó solicitud de revocatoria directa y terminación del proceso coactivo
contra las Resoluciones nos. DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022,
DESAJPEGCC25-4193 del 16 de junio de 2025 y DESAJPEGCC25-9956 del 20 de
octubre de 2025, con fundamento, entre otros aspectos, en la presunta vulneración
del debido proceso por la indebida notificación.

7) La Oficina de Cobro Coactivo resolvió esa solicitud mediante Resolución no.
DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de 2026, acto que declaró la nulidad parcial
de lo actuado a partir de la notificación por aviso del mandamiento de pago
contenido en la Resolución no. DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022, salvo
las actuaciones que no se desprendieran necesariamente de aquella.

8) No obstante, en el artículo 5 de esa resolución, se ordenó notificar a la abogada
Diana Alejandra Morales Calle de la Resolución no. DESAJPEGCC22-1657 del 6
de junio de 2022 a su correo electrónico, para que ejerciera el derecho de defensa
y contradicción en nombre del señor Héctor Hernando Zuleta Villada.

9) La parte actora alegó que esa orden de notificación era irregular, porque el poder
conferido a la abogada Diana Alejandra Morales Calle estaba limitado a la
promoción de la solicitud de revocatoria directa y no la facultaba para actuar dentro
del proceso de cobro coactivo, recibir notificaciones del mandamiento de pago,
formular excepciones o disponer de los derechos del ejecutado.

10) El 23 de abril de 2026, la apoderada judicial informó a la Oficina de Cobro
Coactivo que no podía atender las actuaciones derivadas de la notificación del
mandamiento de pago por carecer de poder especial para actuar dentro del proceso
coactivo, sin embargo, la autoridad demandada mantuvo los efectos de la
notificación realizada a través de la abogada.

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Demandante: Héctor Hernando Zuleta Villada
Acción de tutela – Impugnación de fallo

11) Según la parte actora, el señor Héctor Hernando Zuleta Villada solo tuvo
conocimiento material de la Resolución no. DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de
2026, el 29 de abril de 2026, cuando recibió una comunicación remitida por la
empresa ESM Logística, circunstancia que, a su juicio, redujo de manera sustancial
el término para ejercer defensa frente al mandamiento de pago.

2. Los fundamentos de la vulneración

A juicio de la parte actora, el mandamiento de pago contenido en la Resolución no.
DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022 debía notificársele personalmente,
de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario y el Manual de Recaudo
de la Rama Judicial; sin embargo, la autoridad demandada desconoció ese régimen
especial por disponer en el artículo 5 de la Resolución DESAJPEGCC26-2662 del
8 de abril de 2026 que la notificación se surtiera por intermedio de la abogada que
había presentado la solicitud de revocatoria directa.

El poder conferido a la apoderada judicial estaba limitado a promover una solicitud
de revocatoria directa y terminación del proceso coactivo, pero no comprendía
facultades para recibir la notificación del mandamiento de pago, proponer
excepciones, actuar dentro del proceso coactivo o disponer de los derechos del
ejecutado, de ahí que la autoridad pública demandada partió de un supuesto fáctico
inexistente, según el cual ella tenía representación suficiente para recibir esa
notificación.

La Oficina de Cobro Coactivo acudió al artículo 77 del Código General del Proceso
para ampliar el alcance del poder conferido a la abogada, pese a que el cobro
coactivo cuenta con reglas especiales de notificación; en ese caso se omitió aplicar
preferentemente el Estatuto Tributario, luego el CPACA y solo de manera residual
el Código General del Proceso.

La notificación a la abogada hizo correr el término de 15 días para pagar o proponer
excepciones sin que el ejecutado hubiera sido notificado personalmente ni tuviera
conocimiento efectivo del mandamiento de pago, de modo que, cuando recibió la
comunicación remitida por la empresa ESM Logística, el término para ejercer
defensa se encontraba reducido sustancialmente.

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Demandante: Héctor Hernando Zuleta Villada
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La actuación de la demandada configuró un defecto procedimental absoluto, porque
la notificación del mandamiento de pago constituye una etapa estructural del
proceso coactivo y presupuesto indispensable para ejercer defensa.

Así, la Oficina de Cobro Coactivo de la DESAJ Pereira se apartó del procedimiento
previsto en el artículo 826 del Estatuto Tributario y del artículo 7 de la Resolución
2041 de 2020, que remite a esa regla especial.

Se presentó además un defecto fáctico porque la autoridad demandada no valoró
correctamente el expediente, dado que en este no obraba poder especial que
habilitara a Diana Alejandra Morales Calle para recibir notificaciones dentro del
cobro coactivo y tampoco existía autorización expresa del actor para ser notificado
electrónicamente a través del correo de la abogada.

Se ocasionó también un defecto sustantivo porque la Oficina de Cobro Coactivo
aplicó indebidamente el artículo 77 del Código General del Proceso para suplir una
notificación que debía regirse por el Estatuto Tributario, con lo cual desconoció la
jerarquía prevista para el cobro coactivo y desnaturalizó ese procedimiento especial.

Alegó también la ocurrencia de un desconocimiento del precedente judicial y para
sustentar ese cargo invocó varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la importancia de la notificación
personal en procesos de cobro coactivo, la protección del derecho de defensa frente
a irregularidades de notificación y el alcance restrictivo de los poderes especiales1.

Finalmente, reclamó la configuración de un defecto por violación directa de la
Constitución, derivado de la vulneración al artículo 29 de la Constitución Política,
porque se desconocieron las formas propias del procedimiento de cobro coactivo.

3. Pretensiones

1
Para sustentar ese cargo, la parte actora invocó: i) la sentencia STP8060-2018, radicación no.
98937, del 21 de junio de 2018, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia; ii) el fallo de tutela dictado por esa misma Corporación dentro del proceso T-123118,
promovido por Fanny Granados Niño; iii) la sentencia C-383 de 2005 de la Corte Constitucional y iv)
la sentencia del 19 de octubre de 2023 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, radicación no.
11001-03-15-000-2023-04815-00.

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Demandante: Héctor Hernando Zuleta Villada
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Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“(...) SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA - OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA que, dentro del
término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes, DEJE SIN
EFECTOS lo dispuesto en el artículo 5° de la RESOLUCIÓN
DESAJPEGCC26-2662 DEL 8 DE ABRIL DE 2026, frente a la decisión
de notificación personal a través de la profesional del derecho, Diana
Alejandra Morales Calle. (...)”. (negrillas del original – archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

El Tribunal Administrativo de Risaralda por auto del 4 de mayo de 2026 admitió la
acción de tutela, notificó al director seccional de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pereira, con el fin de que presentara un informe sobre los
hechos que dieron lugar a la presente acción.

En esa misma providencia negó la medida provisional solicitada por la parte actora,
dirigida a suspender el término para pagar o formular excepciones contra el
mandamiento de pago, por considerar que no se acreditaban los presupuestos
necesarios para adoptar una orden cautelar.

5. Actuación de la autoridad pública demandada

La coordinadora de Asistencia Legal de la DESAJ Pereira solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela con fundamento en que esa autoridad no
vulneró los derechos fundamentales del actor, toda vez que, mediante la Resolución
no. DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de 2026, accedió a la solicitud planteada
por la abogada Diana Alejandra Morales Calle y declaró la nulidad de lo actuado a
partir de la notificación por aviso del mandamiento de pago, con el propósito de
garantizar el derecho de defensa y contradicción del deudor.

Una vez saneada la actuación, notificó a la apoderada del señor Héctor Hernando
Zuleta Villada la Resolución no. DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022,
mediante la cual se libró mandamiento de pago dentro del proceso de cobro
coactivo, notificación que se surtió el 8 de abril de 2026 al correo electrónico
autorizado y registrado de la profesional del derecho, en aplicación del artículo 77

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del Código General del Proceso, y se le informó que disponía de 15 días hábiles
para pagar o proponer excepciones.

La actuación se ajustó a los principios de buena fe y confianza legítima, porque la
abogada se presentó como apoderada del actor para solicitar la revocatoria directa
y la terminación del proceso coactivo, además, ni el señor Zuleta Villada ni su
apoderada allegaron revocatoria, sustitución o renuncia al poder, razón por la cual
la representación técnica seguía vigente.

Además, la apoderada continuó actuando dentro del proceso coactivo, dado que el
4 de mayo de 2026 presentó excepciones, recurso de reposición y solicitud de
nulidad, razón suficiente para considerar que el actor no podía desconocer la validez
de la notificación practicada a la profesional del derecho y, simultáneamente,
beneficiarse de las actuaciones desplegadas por ella dentro del mismo trámite.

6. Sentencia de primera instancia

El 13 de mayo de 2026, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda profirió sentencia en la cual declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En primer lugar, el a quo advirtió que durante el trámite de la presente acción de
tutela, la parte actora presentó un memorial el 4 de mayo de 2026 en el cual
manifestó su intención de desistir de la demanda con fundamento en la negativa de
la medida provisional solicitada y la proximidad del vencimiento del término para
pronunciarse dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de formular
ante la Oficina de Cobro Coactivo la solicitud de nulidad que, según entendió, el
despacho consideraba procedente para controvertir la actuación administrativa
cuestionada.

No obstante, el tribunal de primera instancia no accedió a esa solicitud con
fundamento en que la autoridad pública demandada ya había sido notificada de la
acción de tutela.

El a quo consideró que el debate planteado por la parte actora, relativo a la presunta
indebida notificación del mandamiento de pago a través de la apoderada judicial,

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podía ventilarse dentro del propio proceso de cobro coactivo, en particular, a través
de una solicitud de nulidad, mecanismo procesal que estimó adecuado para
cuestionar la validez de la notificación y obtener, de ser procedente, el saneamiento
de la actuación administrativa.

Consideró que la comunicación remitida por la apoderada a la Oficina de Cobro
Coactivo el 23 de abril de 2026 no constituía una solicitud formal de nulidad y
sostuvo que ese era el mecanismo adecuado para discutir la presunta irregularidad
en la notificación del mandamiento de pago dentro del propio procedimiento
coactivo.

Con fundamento en la existencia de ese cauce procesal, declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

7. Impugnación

La parte demandante sostuvo que el tribunal erró en declarar improcedente la
acción de tutela por subsidiariedad, en tanto no existía un mecanismo judicial idóneo
y eficaz distinto del amparo constitucional para controvertir la irregularidad derivada
del artículo 5 de la Resolución DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de 2026,
mediante el cual se ordenó notificar el mandamiento de pago a través de la abogada
Diana Alejandra Morales Calle.

En lo demás, reiteró los cargos formulados en la acción de tutela, según los cuales
el poder conferido por el actor estaba limitado al trámite de revocatoria directa y no
facultaba a su apoderada para actuar dentro del proceso de cobro coactivo, recibir
notificaciones del mandamiento de pago, proponer excepciones o disponer de los
derechos del ejecutado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión del artículo 5
de la Resolución no. DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de 2026, mediante el
cual la autoridad pública demandada ordenó notificar a la abogada Diana Alejandra
Morales Calle del mandamiento de pago contenido en la Resolución no.
DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad

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La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar
la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar
a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los
derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme con las especiales circunstancias
del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando,
pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio.

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Demandante: Héctor Hernando Zuleta Villada
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En suma, la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo
y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se
pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio
irremediable.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En el asunto sub examine, la Sala advierte que la parte actora dirigió los
fundamentos de la vulneración, de manera directa, contra el artículo 5 de la
Resolución DESAJPEGCC26-2662 del 8 de abril de 2026, “por medio de la cual se
declara la nulidad de todo lo actuado dentro del presente trámite a partir de la
notificación por aviso del mandamiento de pago expedido mediante Resolución
DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022, excepto las actuaciones que no se
desprendan necesariamente de ella”.

2) En ese artículo, la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Pereira ordenó notificar a la abogada Diana Alejandra
Morales Calle de la Resolución DESAJPEGCC22-1657 del 6 de junio de 2022,
mediante la cual se libró mandamiento de pago contra el señor Héctor Hernando
Zuleta Villada dentro del proceso de cobro coactivo no.
66001129000020220009600.

3) Para el demandante, esa determinación vulneró sus derechos fundamentales
porque la referida abogada no contaba con poder especial para actuar dentro del
proceso de cobro coactivo, recibir la notificación del mandamiento de pago, formular
excepciones o disponer de los derechos del ejecutado en tanto el mandato
conferido estaba limitado a la presentación de una solicitud de revocatoria directa
contra varias actuaciones surtidas en el trámite del proceso coactivo.

4) En esos términos, el reparo constitucional recae sobre una actuación específica
de notificación adoptada dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo;
no obstante, la Sala considera necesario precisar que el cuestionado artículo 5 de
la Resolución no. DESAJPEGCC26-2662, examinado aisladamente, no
corresponde a uno de los actos respecto de los cuales resulte procedente su
enjuiciamiento autónomo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el

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régimen especial del cobro coactivo de conformidad con el artículo 101 de la Ley
1437 de 2011:

“Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte
Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las
excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la
ejecución y los que liquiden el crédito. (...)”.

5) En efecto, el acto administrativo parcialmente cuestionado no decidió
excepciones, no ordenó seguir adelante con la ejecución, no aprobó ni liquidó el
crédito ni constituyó por sí mismo el título ejecutivo; se trató de una orden de
notificación del mandamiento de pago, dictada como consecuencia de la nulidad
parcial previamente declarada por la propia administración.

6) Esa precisión es relevante porque la improcedencia de la acción de tutela no se
funda en que el artículo 5 de la Resolución DESAJPEGCC26-2662, por sí solo,
fuera directamente demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

7) En todo caso, si lo que el actor considera es que no fue notificado del acto y que
este se ejecutó a pesar de no habérsele comunicado previamente, debió acudir al
medio de control de reparación directa para reclamar por la operación administrativa
que, según asegura, constituyó la causa del daño en este caso.

8) Así, el actor no solo podía discutir tal planteamiento al interior del mismo proceso
de cobro coactivo a través de los recursos de ley con los que contaba y que
efectivamente ejerció, sino que, de conformidad con el artículo 140 del CPACA,
también podía acudir al medio de control de reparación directa para reclamar el
daño antijurídico producido por lo que él mismo considera y titula como una falta de
notificación de un acto que posteriormente fue ejecutado en su contra por la
Administración sin habérsele notificado previamente.

9) Adicionalmente, no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención transitoria del juez constitucional, máxime porque la parte
actora alegó que el término para pagar o formular excepciones vencía el 4 de mayo
de 2026 y que, por ello, era urgente suspenderlo; sin embargo, el expediente
demuestra que ese mismo día su apoderada presentó solicitud de nulidad y

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excepciones dentro del proceso coactivo, las cuales fueron resueltas mediante la
Resolución no. DESAJPEGCC26-4721 del 19 de mayo de 2026.

10) Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, una vez retorne el expediente archívese con las
constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

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